Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 31.088-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución 198/07 apelada en autos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-35075700-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Abril de 2022 agregado”,- SENTENCIA En la ciudad autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 31.088-I, caratulado “12 de Octubre S.A. S/ recurso de apelación- impuesto al valor agregado”, La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 25/52 la sociedad anónima 12 de Octubre interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 198/2007 suscripta por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, en virtud de la cual se impugnan las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado corresponciente a los períodos junio y julio de 2004 y se le determinan de oficio los créditos rectificados, resultando saldos a su favor. La recurrente se agravia del criterio fiscal que redujo sus saldos de libre disponibilidad en el citado gravamen, al considerar que carecían de autenticidad las facturas que emitiera Morlak S.A., por los servicios que prestara a la apelante durante los meses impugnados, consistentes en la realización de trabajos de albañilería e instalaciones eléctricas en su fábrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización de los cuales el ente recaudador estimó que la proveedora no tenía capacidad operativa y que era una usina de documentación apócrifa.
Disiente con la resolución en crisis en cuanto al alcance que le atribuye al principio de la realidad económica al consignar que no bastarían las facturas para computar el crédito fiscal, dado que no se acreditó la efectiva existencia de la operación comercial. Contrariamente, sostiene la apelante que en el presente caso se probó suficientemente la realización de los servicios, obras de albañilería y refacción edilicia mediante las facturas emitidas por la proveedora que avalan la veracidad de los mismos, por lo que entiende que el Fisco debió reconocerlos aunque le resultara dificultoso ubicar al proveedor que los prestó. Al respecto, señala que el ente recaudador no desconoce que las tareas de refacción se hayan efectuado, sino que con sustento en inconsistencias que no resultan imputables a la actora o en argumentos sin asidero, estima que Morlak S.A. no fue la proveedora. Niega que la forma en que pagó los servicios contratados constituya indicio respecto del desconocimiento de autenticidad de las facturas ni de su efectiva prestación y sostiene que su parte cumplió con los medios o procedimientos de cancelación de obligaciones de pago establecidos en la Ley Antievasión N° 25.345 y en la Res. Gral. N° 1547/03 que la reglamenta, cancelando con cheques de pago diferido sus deudas con el proveedor observado cuando el importe de la operación superaba los $1.000.-.
Señala que, más allá del defecto en el libramiento de los cheques por no haberlos cruzado, los mismos sólo contienen un endoso por el apoderado de la empresa y luego fueron depositados en la cuenta bancaria de un proveedor de Morlak S.A., lo que permite comprobar cabalmente la cadena de pagos y la efectiva cancelación de las facturas observadas, constando en los recibos el número de factura cancelada y el de cheque, el banco librador, el importe y, en su caso, la constancia de retención de ganancias.
Afirma que el hecho de que su proveedora no presente las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, sólo implica el incumplimiento de los deberes formales que pesan sobre aquélla, pero ello no puede perjudicar la buena fe de su parte que la contrató. Del mismo modo ataca el argumento de que Morlak durante el ejercicio fiscal 2002 abonó ínfimas sumas en concepto de impuesto al valor agregado, dado que los montos involucrados en autos pertenecen a períodos posteriores.
Asimismo niega validez al argumento de la Administración que desconoce la realidad de las operaciones, entre otras consideraciones, porque la proveedora no se encontraba inscripta como empleadora. Al respecto afirma que para prestar los servicios podría haber recurrido a otras formas de contratación de personal como la subcontratación o tercerización del mismo, o, incumplir la normativa laboral, sin perjuicio de que hace notar que la propia AFIP inició en el 2003 un proceso de ejecución contra la empresa Morlak S.A. por deudas de aportes y contribuciones de la seguridad social del período 2000, que tramitara ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8. A la misma conclusión arriba con relación a la presunta carencia de bienes registrables o de uso a nombre de la proveedora.
En cuanto a la falta de correlatividad de las facturas de Morlak S.A., afirma que son observaciones no imputables a su parte y aclara que las acompañadas con el escrito de descargo guardan un correcto orden en su numeración.
Respecto del argumento referido a que el servicio prestado por la proveedora fuere ajeno al objeto social declarado en sus estatutos, considera que no implica que la prestación no haya existido, configurando sólo una infracción a la normativa societaria o impositiva por la que aquélla sería pasible de sanción.
Sostiene que por la presunta falta de capacidad económica u operativa de Morlak S.A., no se puede responsabilizar a su parte, ya que su mandante verificó en la página de la AFIP, al momento de concertar las operaciones, que las facturas emitidas cumplieran con los requisitos extrínsecos exigidos por la normativa vigente, verificando que aquélla contaba con la autorización de CAI, por lo que las canceló de acuerdo a los medios de pago establecidos por la ley antievasión.
Se agravia de que en la instancia administrativa se denegaron las pruebas, informativa, pericial y testimonial que ofreciera y que nuevamente propone ante este Tribunal, así como de que no se aceptaran los argumentos de su escrito de descargo en el sentido que el proveedor no se encontraba registrado en la base APOC del organismo fiscal al momento de concertar las operaciones impugnadas.
Finalmente, con sustento en las razones de hecho y de derecho que expuso, la prueba que ofrece y la jurisprudencia que invoca, peticiona que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con expresa imposición de costas. Formula reserva de caso federal.
II. Que a fs. 65/76 contesta el recurso interpuesto la representación fiscal, quien manifiesta que su mandante no impugna la validez formal de las facturas utilizadas, sino que la documentación con la que la contraria pretende acreditar las operaciones comerciales con el proveedor cuestionado no responden a operaciones reales y afirma que en caso de haber existido no pudieron ser realizadas con quien se dice.
Indica que hoy el empleo de facturas apócrifas constituye una modalidad evasiva, consistente en un documento formalmente correcto que sirve para encubrir una operación comercial que nunca existió, al sólo efecto de generar crédito fiscal en el impuesto al valor agregado o deducir gastos en el gravamen a las ganancias que en ambos casos son inexistentes, por lo que concluye que la factura per se no tiene entidad suficiente para generar la procedencia de la utilización del crédito fiscal, sino que lo que se debe examinar es la real efectivización de las operaciones que las sustentan.
Señala que la apelante no aportó ningún comprobante de su circuito financiero que demuestre el pago de los servicios recibidos, comprobantes de contratación del servicio de mano de obra por medio de la empresa ni información respecto de las personas con las cuales mantenía relaciones comerciales, como domicilios o cualquier otro dato.
Manifiesta que la actora erró al tratar de imputar los trabajos contratados a una sociedad cuya actividad es distinta a la declarada.
Expresa que por aplicación del principio de la realidad económica consagrado en el art. 2° de la ley 11.683, si una factura o documento no refleja una operación real, el organismo fiscal puede impugnar la existencia de la operación y consecuentemente el instrumento ficticiamente emitido como soporte documental de aquélla, estando a cargo del contribuyente probar la realidad de las mismas, aportando las pruebas que hagan a su derecho, lo que no fue hecho por la recurrente, que sólo se limitó a sostener el valor formal de la documentación aportada. Finalmente, se opone a la prueba ofrecida por la contraria y con sustento en los argumentos que esgrime y la jurisprudencia que invoca, peticiona que se confirme la resolución apelada en todas sus partes y que se impongan las costas a cargo de la apelante. Hace reserva de caso federal.
III. Que a fs. 91 no se hace lugar a la oposición fiscal y se dispone la apertura del período probatorio en el que debían producirse pericial, testimonial e informativa . A fs. 108/109 la recurrente desiste del dictamen de los expertos en virtud de la pérdida absoluta de toda la documentación respaldatoria y de las registraciones contables de la firma a raíz de dos graves inundaciones en el subsuelo de su fábrica, lo que acredita con fotocopias legalizadas de las actas de constatación obrantes a fs. 101/107. A fs. 113/115 se encuentran agregadas las actas correspondientes a la testimonial. A fs. 122 habiendo vencido el período probatorio se clausura el mismo. A fs. 129 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “C” . A fs. 133/135 obra el alegato producido por el Fisco Nacional, sin que haya hecho uso de su derecho la constribuyente, según constancia de fs. 135.A fs.137 pasan los autos para dictar sentencia.
IV. Que si bien la apelante no ha planteado expresamente excepción de nulidad, en su escrito recursivo se agravia de que en sede fiscal se hayan desaTendido las explicaciones que brindara y denegado, a su entender arbitrariamente, las medidas de prueba que ofreciera al formular su descargo, vulnerando el derecho de defensa de su parte así como el debido proceso adjetivo, por lo que considera que el acto administrativo en crisis carece de finalidad.
Que más allá de las razones dadas por la actora sobre la procedencia de las probanzas que se rechazaran en la instancia administrativa, lo cierto es que reiteró su ofrecimiento ante esta instancia jurisdiccional, ordenándose a fs. 91 la producción en su totalidad por considerarlas conducentes para la dilucidación de la causa, circunstancia que torna inoficioso pronunciarse sobre el referido agravio, toda vez que, el perjuicio que podría haberle ocasionado el estado de indefensión al que entiende la sometió el proceder fiscal, fue subsanado en esta instancia. Que en esta línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala II del Fuero en la causa “Delia, Carmelo Franco c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo, sentencia del 14/06/2016, al recordar que: “….es inveterada y pacífica la doctrina judicial –ratificada recientemente− que señala que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite jurisdiccional subsiguiente (cfr. C.S.J.N., Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134 y, en particular, Fallos 331:2769; Sala III, in re, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro Previo para Fines Deter. C. D.N.C.I.”, del 20/11/2012, entre otros)”.
“De este modo, el hipotético gravamen que le habría ocasionado la denegación de las pruebas en sede administrativa…. pierde toda entidad ya que, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, en la instancia jurisdiccional posterior pudo ejercer plenamente su derecho de defensa (cr. Fallos: 310:360), ofreciendo todas las pruebas que hicieran a su derecho y alegando sobre su mérito. Así, se satisface la exigencia de la defensa en juicio brindando la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. Fallos 205:549 y Sala IV, en autos: “Ex Entidad Tarraubella S.A. Cía Financiera y otros c. B.C.R.A.”, sentencia del 10/03/2009, entre otros).”
“Es que, la omisión de un trámite en el expediente administrativo no acarrea sin más la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que deberán ponderarse en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal situación a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente pudiere haber originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo en caso de observarse el trámite omitido (cfr. esta Sala, en una integración anterior, “Armadores Pesqueros Patagónicos M.I.C.S.A. c. P.N.A.”, 14/10/1997 y sus citas y Sala III, causa: “Rollero, Guillermo Rubén”, del 07/02/2012)”
Debe destacarse que la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, también menciona las circunstancias de hecho que la motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
En virtud de las consideraciones efectuadas “supra”, procede rechazar este agravio de la recurrente. Que como consecuencia de lo expuesto no se advierte que haya sido vulnerado el derecho de defensa ni el debido proceso adjetivo de la apelante, por lo que procede desestimar dichos agravios.
Que al respecto procede puntualizar que, toda vez que, las quejas nulidificatorias no fueron tratados como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no pueden considerarse de forma autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re “Colorin IMSSA”, 02/07/2013).
V. Que en relación con la cuestión de fondo, la controversia radica en que , mientras la recurrente considera que la veracidad de las operaciones cuestionadas se encuentra probada con las facturas que exhibiera el organismo fiscal, el Fisco Nacional, si bien no niega que los trabajos de refacción y mantenimiento de la sede de la actora en la Ciudad de Buenos Aires se hayan efectuado, lo que imputa es la carencia de sinceridad de dichos comprobantes . En tal sentido, entiende que la serie de indicios que se detallan demuestran que tales operaciones no fueron llevadas a cabo con el proveedor que figura en las facturas exhibidas.
Según luce en las actuaciones administrativas acompañadas por la representación fiscal con su escrito de responde, el 03/05/2007 mediante O.I N° 222.281, notificada en la misma fecha, se dio inició a la fiscalización de la empresa recurrente –fs. 2 y 3 del cpo. Ppal ̶ , la que luego fue ampliada según consta a fs. 57 del citado cuerpo de antecedentes.
En el marco de dicha fiscalización la inspección impugnó dos facturas, la N° 00002053 del 23/06/2004 (recibo n° 00001223 del 09/08/2004) y la N° 00002063 del 28/07/2004 (recibo n° 00001232 del 15/09/2004), obrantes en fotocopias a fs. 19/21 del 1er cpo. de antecedentes acompañados, en cuyo detalle se consigan trabajos de reparación, mampostería y pintura, instalación de luces, pintura, reparación de mampara, instalación de teléfonos, red de computación , aire acondicionado y televisores etc.
Los funcionarios actuantes fundaron su impugnación en que la apelante no habría acreditado la existencia de las operaciones comerciales con Morlak S.A. Para arribar a tal conclusión se valieron de una serie de indicios respecto de la empresa proveedora: a) no presentó declaración jurada de impuesto a las ganancias y en 2002 abonó ínfimas sumas de impuesto al valor agregado; b) no estaba inscripta como empleadora; c) carecía de bienes registrables o de uso a su nombre; c) sus facturas no guardaban correlatividad y d) su objeto social, según los estatutos, era distinto del servicio que prestó.
Asimismo, del cuerpo de antecedentes relativo a la empresa proveedora , a fs. 5 lucen los “Datos referenciales de Morlak S.A.” , figurando como actividad principal la venta al por mayor de cereales y como secundaria la venta al por mayor de semillas , siendo ambas ajenas al servicios presuntamente prestado por la actora, que consistía en el mantenimiento y refacción de edificios.
Que por otra parte del informe final de inspección obrante a fs. 74/76, acápite “Observaciones” -en lo que aquí interesa- se consigna: “ Del análisis de los antecedentes aportados por la Dirección Regional Centro surge que la formación de MORLAK S.A. fue realizada para evadir impuestos, como se desprende de las escuchas telefónicas y demás pruebas obrantes en el legajo de antecedentes aportado a la inspección.”
Por otra parte, del informe de investigación relativo a esta última, se desprende que en domicilios legal, fiscal y alternativo informados por la firma, no se encontró a ésta ni a sus directivos. Asimismo se hace constar que la única declaración jurada que presentó la empresa en el impuesto a las ganancias fue en el año 2000; en relación al impuesto al valor agregado presentó las relativas a los meses noviembre de 1999 a marzo de 2002 y enero de 2003 a febrero de 2004, siendo presentadas sin movimientos desde el 01/2003 en adelante y respecto del Régimen Nacional de Seguridad Social la última presentada lo fue por el período diciembre de 2000. Surge también que entre la nómina de sus clientes figura la actora.
Concluye el informe consignado que con sustento en las tareas realizadas por los funcionarios actuantes y la información de las bases informáticas del organismo, se reúnen indicios suficientes que ameritan que la misma sea considerada como usina de facturas apócrifas y se sugiere remitir copia del informe a las Direcciones Regionales de los contribuyentes que realizaron operaciones con la empresa (entre las que se encuentra 12 de Octubre S.A.), según información relevada de las bases Citi Compras y Retenciones Sufridas, para su consideración.. (ver fs. 10/13 del cpo. de antecedentes “Usina Penal: Morlak S.A.)
Que al respecto , si bien es pacífica la jusrisprudencia que sostiene que “ … no se trata de hacer cargo a la recurrente de los efectos del incumplimientos de su proveedor sino exigirle que acredite la supuesta existencia de las operaciones en cuestión en función de los cuestionamientos del Fisco Nacional ...”, también lo es que “... cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados , graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos especto de validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidios que menciona la facturación que se emitiera a su nombre...” (ver entre otros, CNACAF, Sala IV, in-re: “ Leones de Bleek Saayc”, sentencia del 19/04/2018).
Que en el caso de autos el Fisco se valió de una serie de indicios para impugnar las facturas atribuidas a Morlak S.A., tales como que la actora no aportó ningún comprobante de su circuito financiero que demuestre el pago de los servicios recibidos, ni comprobantes de contratación del servicio de mano de obra por medio de la empresa ni información respecto de las personas con las cuales mantenía relaciones comerciales, asi como que la proveedora no se encontraba inscripta como empleadora, carecía de bienes registrables a su nombre, falta de correlatividad de sus facturas y que la actividad declarada no se correspondía con los trabajos realizados en sede de la recurrente. Ello así, tomados cada uno de los indicios individualmente no revisten la gravedad suficiente para imputarle responsabilidad a la actora por haber contratado con aquélla, sin embargo le incumbe a la contribuyente probar no sólo la veracidad de las operaciones sino que ellas fueron efectuadas con el proveedor que surge de las facturas, en especial al tomar conocimiento de la calificación que el informe final de inspección efectúa respecto del proveedor en cuestión.
Que en tal sentido, corresponde a los fines de analizar la procedencia o no del ajuste fiscal efectuado a la recurrente en el impuesto a valor agregado, que se trata de una cuestión de hecho y prueba.
Para que proceda el cómputo de un crédito fiscal en el impuesto al valor agregado deben cumplirse tres requisitos conjuntamente: a)debe existir un hecho o acto que haga nacer la obligación de pago del gravamen; b) salvo excepciones, ese hecho o acto debe estar documentado de acuerdo a las disposiciones legales, debiendo cumplirse con las formalidades y requisitos adicionales exigidos por las mismas, tales como que surja de una factura o documento equivalente emitido de manera correlativa y que se abone con los medios de pago establecidos en las normas vigentes, entre otros y c) la factura o documento equivalente debe ser emitido por quien realizó el hecho o acto jurídico que generó la obligación tributaria, quien a su vez debe estar habilitado para ello por el organismo fiscal. Es decir que la posibilidad de computar el crédito fiscal depende de la observancia de los requisitos sustanciales y formales enunciados “supra”. Ello es así toda vez que debe existir un hecho imponible como causa eficiente de la obligación tributaria y los instrumentos en los que se plasma dicha obligación deben respetar los requisitos formales que requiere la normativa vigente para que sean considerados válidos por la Administración fiscal.
En definitiva, por “factura apócrifa” debe entenderse la utilización de una factura o documento equivalente que no representa la realidad económica sino que la finge, sea porque el hecho o acto que representa no existió o porque habiendo existido el emisor no es quien lo realizó. (Fenochietto, Ricardo; “El Impuesto Al Valor Agregado” , Edición 2; La Ley; Bs. As. 2007, págs. 613 y 614).
Que sentado lo expuesto, corresponde analizar las pruebas ofrecidas por la recurrente a los fines de controvertir el criterio fiscal.
En este sentido, lo cierto es que de la prueba ofrecida en esta instancia sólo se produjo la testimonial. Al respecto, procede puntualizar que todo testimonio si no es acompañado de documental u otro tipo de probanzas que esté en consonancia con dicha declaración, la misma carece de fuerza suficiente para que la actora demuestre los hechos que intenta probar . En autos obran a fs. 113/115 el testimonio de tres empleados de la apelante, que si bien no son testigos excluídos del imperativo legal , relativiza sus dichos la circunstancia de encontrarse en relación de dependencia respecto de la interesada.
Por otra parte con relación a la informativa ofrecida a la empresa proveedora, la recurrente no sólo no acreditó el diligenciamiento del oficio respectivo, sino que producido el vencimiento para acompañar la contestación, no urgió su producción. En tal sentido, cabe recordar que si bien en el procedimiento ante este organismo jurisdiccional rige el impulso de oficio, ello no implica que deba suplirse la inactividad de las partes en detrimento del principio procesal de igualdad de las partes.
Finalmente, respecto a la pericia contable, la actora desistió de su producción, limitándose a acompañar tres actas de constatación de siniestros ocurridos en la empresa, en las que se consigna que como consecuencia de las inundaciones sufridas en el subsuelo del edificio se destruyó la totalidad de la documentación sobre la que debía efectuarse la pericia contable ofrecida oportunamente, sin intentar sustituir dicha probanza en el entendimiento que lo que pretendía demostrar con ella ya se encontraba suficientemente acreditado en las actuaciones administrativas.
En virtud de lo expuesto, si bien se encuentra acreditada la validez extrínseca de las facturas en crisis –lo que no fue objetado por el organismo fiscal−, la inactividad de la recurrente para probar que la proveedora que emitió las facturas es la que realizó los trabajos por ella contratados, lleva a que cobren relevancia los indicios utilizados por el organismo fiscal, sobre todo luego de los intentos infructuosos de localizar a la proveedora, en atención a la falta de coincidencia entre los domicilios y sus directores, salvo el caso de uno de ellos y de un domicilio vinculado al Sr. Eduardo Corrado y el estudio contable del mismo (ver informe, secuestrándose en el primero documentación relativa a Morlak y en el segundo recibos de sueldo de la misma (ver fs. 1/24 del cpo Morlak S.A., en especial fs. 12). Además, del citado informe se desprende la existencia de un grupo de empresas cuyos directores tenían cargos de dirección o empleo en más de una de las pertenecientes al grupo e incluso en algún caso también integró el cuerpo directivo la proveedora en cuestión. Es más, a todo lo reseñado se suma la falta de interés de la actora de urgir el oficio dirigido a la misma, cuya contestación hubiera sido una prueba conducente para la resolución de la causa.
Finalmente, en relación al agravio vertido por la recurrente en el sentido que el proveedor cuestionado no figuraba en la base APOC al moneto de contratarse los servicios impugnados, debe señalarse que dicha circunstancia, per se no resulta un elemento que resulte suficiente para acreditar las veracidad de las operaciones involucradas, pues se trata de un indicio que debe ir acompañado de otros elementos probatorios ( conf. Sala III in re Enersystem Arg. S.A., 13-3-2015, Sala I en Papelera San Andrés de Giles S.A., - 18-6-2017 y Sala IV en autos Ruta 51 S.A. , 20-8-2015 , entre varios otros.
Que en consecuencia, corresponde confirmar la resolución controvertida en autos en todas sus partes, con costas.
Los Dres. Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución 198/07 apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.07 18:21:28 -03:00 Date: 2022.04.07 19:49:26 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.11 13:50:49 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.11 13:50:50 -03:00
Fin de la sentencia