Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 124.790
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar los recursos de apelación interpuesto por el Sr. Salvador Alberto Yane, la Municipalidad de General Alvarado y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con costas a cada uno de los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. Nº 124790 - Juzgado Civil y Comercial N°3 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “YANE, SALVADOR ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 31 de mayo de 2021? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 31 de mayo de 2021, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Salvador Alberto Yane contra la Municipalidad del Partido de General Alvarado y la Provincia de Buenos Aires y condenó a estos últimos a que, en el término de sesenta días de quedar firme el fallo, presenten un programa pautado de recomposición ambiental de la parcela identificada catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Chacra 31, Parcela 2, que «cuente con metas definidas, precisión técnica y fijación de índices objetivos que permitan la evaluación de las metas en el control periódico de los resultados». Asimismo, agregó que «para la ejecución de esta sentencia, se determinará la aprobación de dicho plan y se fijará la modalidad y plazos para su cumplimiento y, para el supuesto de imposibilidad total o parcial de la recomposición por haberse configurado daño irreversible, se procederá a determinar la indemnización sustitutiva» (apartado 1° de la parte dispositiva). Impuso las costas por la acción que prospera a la Municipalidad de General Alvarado y a la Provincia de Buenos Aires. Desestimó la demanda promovida contra Enrique Marcelo Honores, Guillermo Perriello, Ernesto Martín, Oscar Karis y Mario Laiuppa, con costas a la actora vencida. Para así decidirlo, detalló en primer lugar los contornos de la controversia. Dijo que Yane pretende que los demandados le paguen una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en su persona y patrimonio por los hechos acontecidos en dos terrenos de su propiedad ubicados en Miramar. El actor alegó que adquirió en febrero de 1998 dos lotes al Sr. Martinez y Acosta y que, al momento de tomar posesión, advirtió que en el límite entre ambos existía una pequeña cava donde se estaba extrayendo tierra y tosca y que, a partir de mayo de 1998, la Municipalidad de General Alvarado comenzó a volcar residuos domiciliarios y de otra especie. Pese a sus reclamos, dijo el actor, el municipio no cesó su conducta en sus terrenos ni le habilitó a extraer tosca.
Reclamó: (1) la reparación del daño patrimonial por la sustracción de suelo; (2) la recomposición ambiental de los terrenos; (3) la pérdida de valor venal de los lotes; (4) el lucro cesante y las pérdidas de chance y (5) el daño moral y psíquico.
Seguidamente, detalló la defensa de los demandados. En particular, expuso que la Municipalidad de General Alvarado negó la calidad de dueño de Yane con relación al espacio donde se asentaba el predio de disposición final de residuos, afirmando que la comuna usa ese lugar desde 1925 y que allí se arroja basura desde 1973, circunstancia que era conocida por el actor cuando adquirió los “derechos de usucapión” por $800. Además, refirió que en la causa “Espiñeryra, Heber L. c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Usucapión” de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N°9 departamental se rechazó la pretensión de Yane relativa a la validez de un acuerdo transaccional allí presentado.
La Provincia de Buenos Aires, por su parte, dijo que el responsable directo de la contaminación es la Municipalidad de General Alvarado por lo que el hecho le resulta totalmente ajeno. Descartó una omisión en el ejercicio del poder de policía y control en materia de preservación ambiental, lo que no podría ser entendido como una obligación de resultado. Invocó, además, la prescripción de la acción.
En el considerando «III.a.», el magistrado analizó la legitimación activa del actor, concluyendo que únicamente está habilitado para reclamar por la parcela n°2 dado que el restante lote (identificado como parcelas 1 “a” o “b”) no se probó el carácter de propietario y la posesión que ostentaría el accionante se encuentra controvertida en un proceso judicial en trámite. En lo que respecta al reclamo de Yane —aunque limitado a la parcela n° 2 de la cual demostró ser propietario— el juez señaló que es menester determinar el estado material en el que se encontraba al tiempo de la adquisición.
Señaló que el relato de Yane es contradictorio con la prueba producida. El actor dijo que al adquirir la posesión de los lotes observó una pequeña cava de donde se extraía tierra y tosca. Luego, dijo, desde mayo de 1998 la Municipalidad comenzó a realizar en forma continua viajes de camiones conteniendo residuos domiciliarios que eran volcados en la cava para ser tapados con un poco de tierra.
Esta narrativa, expuso el magistrado, no es concordante con lo que el propio Yane expresó en la causa penal “Yane, Salvador A. s/ Denuncia” (causa n°57648) donde afirmó que en los terrenos la Municipalidad había realizado una cava precisando que existía “desde no menos de cinco años a la fecha” abarcando un espacio de 120 metros por 120 metros y con una profundidad que variaba entre 3 y 5 metros. Ello llevó al colega a afirmar que “al mes de mayo de 1998 (esto es, sólo tres meses posteriores a la compra) Yane indicó con toda precisión que la cava en el lugar ya existía desde hacía al menos cinco años” a lo que agregó que “el propio Yane había realizado tiempo atrás tareas de remoción de tierra en los mismos terrenos que a la postre había adquirido”. Las declaraciones de Martínez y Acosta y el martillero Ferrero coinciden en que Yane tenía conocimiento del estado de los terrenos al momento de la compra.
En cuanto a la parcela n°2, el juez consideró relevante analizar si luego de la compra en febrero de 1998 la cava continuó ampliándose mediante la extracción del suelo y, en su caso, si se prosiguió arrojando residuos en el interior de la cava ubicada en ese lote.
Indicó que en el expediente administrativo 4038-633 hay un informe suscripto por el Sr. Laiuppa el 30 de abril de 1998 donde refiere que ha cesado toda actividad en el sector mencionado, tanto extracción como relleno, y que la extracción de tosca en ese sector comenzó con la gestión anterior.
Señaló que el perito ingeniero civil determinó que la superficie de la cava a diciembre de 2009 era igual a la registrada en abril de 1998, por lo que a partir de esta última época (concordante con la adquisición de Yane) no se registró variación de la superficie.
Reprochó al actor no haber producido prueba suficiente para demostrar que, como alegó, la cava tenía una dimensión al tiempo de la adquisición que luego cambió. Concluyó por ello que al momento en que Yane adquirió el lote cesó la extracción de suelo y relleno de basura, hipótesis que es además corroborada con la declaración del testigo Panadero, que dijo que después que compró el actor no tiraron más basura.
En el apartado «IV.1» y «IV.2.» de la sentencia, el magistrado desestimó los reclamos por daño patrimonial, disminución de valor venal, lucro cesante y pérdida de chance; lo mismo hizo con el parcial de daño moral y psíquico. Reiteró que al momento de adquirir la parcela Yane conocía perfectamente su estado material y no contaba con permiso alguno para realizar la actividad pretendida. La negativa a otorgarle la habilitación para la actividad tosquera no fue arbitraria, sino que estuvo motivada en que Yane inició el trámite por ambos lotes (uno de los cuales la Municipalidad discute la posesión) y fue eso lo que motivó la denegación. Esos actos administrativos fueron consentidos y adquirieron firmeza.
En el considerando «IV.3» evaluó el pedido de recomposición ambiental del predio con relación a la parcela n°2. Consideró demostrado un daño ambiental en la referida parcela, donde se realizó una cava que fue rellenada con residuos por parte de la Municipalidad de General Alvarado.
Citó el dictamen de ingeniería civil en el que se verificó que hay tierra extraída y reemplazada por basura, mucha de la cual sigue intacta por las bolsas de polietileno que la contienen. Además, hay líquido de olor nauseabundo con potencialidad de contaminar las napas freáticas y el arroyo próximo.
Luego de mencionar diversas normas vinculadas a la temática ambiental, señaló que la realización de la cava sobre la parcela n°2 y el relleno de residuos han sido acciones que contaminaron el predio y generaron un daño ambiental al actor que debe ser enmendado. Ello justifica que se adopten las medidas pertinentes para revertir el daño y recomponer el predio a su estado anterior a su intervención, de modo de garantizar un ambiente sano (arts. 41 CN y 28 CPBA)
En cuanto a los sujetos responsables de la labor de recomposición, argumentó que el rol de la Municipalidad de General Alvarado es incuestionable dado que fue quien ejecutó y llevó adelante los actos y hechos que provocaron la contaminación del predio. Los funcionarios demandados, en cambio, no resultan legitimados pasivos dado que no hubo hechos personales posteriores a la compra de la parcela 2 que comprometan su responsabilidad.
Con fundamento en lo dispuesto en los arts. 41 de la Constitución provincial, 2, 5 y 69 de la ley 11.723, consideró que la Provincia tiene un compromiso ineludible en con la preservación del ambiente y la prevención de riesgos, que no puede ser eludida bajo los pretextos formulados en la contestación de la demanda. Desestimó por improcedente su planteo de prescripción.
Agregó a ello que en del expediente administrativo provincial n°2145-700/00 de la Secretaría de Política Ambiental surge la existencia de otro expediente administrativo de trámite ante el mismo organismo iniciado el 28 de septiembre de 1998 por Yane por contaminación de camiones de recolección de residuos en la ciudad de Miramar.
II.1. El recurso de la parte actora El reclamante apeló el 8 de junio de 2021 y fundó su recurso el 28 de noviembre de 2023, mereciendo la réplica de la Provincia de Buenos Aires (11/12/2023) de Guillermo Enrique Perriello (4/12/2023) y de la Municipalidad de General Alvarado (07/12/2023).
Los agravios de la recurrente pueden sintetizarse del siguiente modo: (a) Considera equivocado el modo en que se apreció la prueba en relación al daño patrimonial sufrido en el inmueble “parcela 2”. Explica que reclamó el daño emergente por la cantidad de metros cúbicos de tierra que se retiraron del inmueble del Sr. Yane de manera ilegal, luego de que adquiriera la propiedad e intimase a la Municipalidad de General Alvarado para que cese en dicha actividad. Dice que lo arbitrario del fallo es que se tomó como válida la declaración de uno de los demandados en el expediente administrativo en la que dice que luego de esa intimación la comuna cesó el retiro de tierra y la utilización de la cava como basura (sic).
Argumenta que se acreditó mediante escritura pública que el municipio siguió con su actividad en agosto de ese mismo año. Cita la escritura n°173 del 06/08/1998 y la n°182 del 18/08/1998 que, dice, prueban sus dichos. La diligencia notarial del 06/08/1998, refiere, da cuenta de que la actividad municipal no había cesado. En la del 18/08/1998 se refleja el mismo estado de cosas. Afirma que ello prueba que varios meses después de que en el expediente administrativo 4038-633 el Sr. Laiuppa expresara que cesó con el retiro de la tierra y la disposición de residuos, la actividad continuaba. (b) En un segundo punto de disconformidad, y también sobre la base de la insinceridad del testimonio administrativo del Sr. Laiuppa, considera que la pericia del ingeniero civil Delucca es equivocada al estimar la dimensión de la cava.
Cuestiona el dato inicial con la que el perito hizo el cálculo, y que consiste en un croquis obrante en el expediente administrativo y suscripto por el Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de General Alvarado. Refiere que no es posible saber qué idoneidad técnica tiene la persona que efectuó ese cálculo y qué procedimientos se utilizaron para arribar a la confección de dicho croquis.
Enfatiza que el modo correcto de saber el valor que representaba la cava en la parcela 2 era, en 2009, partir del volumen total y con los planos de cada inmueble, recorrer el lugar, tomar las mediciones adecuadas para saber por dónde debían ir los alambrados y así arribar a la superficie de cada inmueble y la cantidad de terreno ocupado por la cava, dividiéndola entre inmuebles de modo de saber de ese total cuánto le corresponde a cada una de las parcelas. El perito, en cambio, tomó el total y le restó el número obtenido del croquis administrativo, dando por veraz la declaración de cese del Sr. Laiuppa.
Pide, en definitiva, se ordene una ampliación de la prueba pericial para que calcule la cantidad de metros cuadrados que representa la cava en la parcela 2 y luego su volumen para, de ese modo, obtener la diferencia a partir de la información al año 1998 y conocer la cantidad de tierra que se extrajo y la cantidad de basura que se arrojó.
(c) Finalmente, reconoce que al momento de la compra conocía las condiciones físicas del inmueble adquirido, pero —dice— intentó evitar que ellas se agraven. Alega que al comprar la parcela 2 la cava representaba una pequeña porción, dado que la parte más significativa estaba en las parcelas 1 y 1b.
Estima que la solución del juez —que rechaza la existencia de daño patrimonial dado que la parcela ya tenía una cava y tenía, además, gran cantidad de residuos— es injusta porque importaría aceptar que la Municipalidad de General Alvarado puede actuar de manera ilegal, inclusive ante la intimación del adquirente para que cese.
II.2. El recurso de la Municipalidad de General Alvarado El municipio demandado apeló el 7 de junio de 2021 y fundó su recurso el 1 de diciembre de 2023. Fue respondido por la Provincia de Buenos Aires (11/12/2023) y por la actora (13/12/2023).
Los cuestionamientos de la demandada son los que siguen:
(a) Afirma que no se probó ningún hecho posterior a la adquisición de dominio por parte del actor sobre la parcela 2 y que el actor compró, sabiendo y a su propio riesgo, un lote en el estado en que estaba. Objeta por ello la indemnización sustitutiva propuesta en la sentencia como apercibimiento, la que generará un enriquecimiento sin causa considerando el pleno conocimiento que tuvo Yane del lote que adquirió.
Entiende que si el actor no acreditó haber pagado un precio de plaza o mercado y luego hallar el daño (sic) y por ende reclamar un resarcimiento por menor valor, la demanda debe ser rechazada. El daño sucedió “sobre el patrimonio de los anteriores propietarios”.
(b) En forma subsidiaria, de no prosperar el primer agravio, reclaman que se condene a la Provincia de Buenos Aires a aprobar o establecer las adecuaciones del plan a presentar. El error del juez, alega, está dado porque la aprobación de un plan de recomposición de un predio se encuentra bajo la esfera de competencia del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Cita normativa ambiental y afirma que “la condena debe circunscribirse a presentar el plan de recomposición a la Autoridad de Aplicación y ésta a llevar adelante el trámite administrativo ambiental, tomando una decisión final”. Niega que el poder judicial tenga facultades para arrogarse competencia de otros poderes públicos, incluyendo las prerrogativas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y los plazos administrativos previstos en leyes y decretos.
La aprobación de un plan de recomposición requiere de la intervención de varios Organismos y de una tarea interdisciplinaria, que no constituye competencia del Juez.
II.3. El recurso de la Provincia de Buenos Aires La provincia accionada apeló el 9 de junio de 2021 y fundó su recurso el 27 de noviembre de 2023, mereciendo la réplica de la actora el 11/12/2023. Alega que el fallo no aplica las normas que rigen la responsabilidad por daño ambiental y desconoce los preceptos que instituyen que la obligación de recomponer corresponde en forma directa y objetiva al productor del hecho dañoso, que en el caso es el Municipio de General Alvarado. Invoca la normativa que justifica la legitimación exclusiva del municipio. Entiende que no hay motivo para atribuir responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires ni norma alguna que habilite a ser condenada por una actividad de la cual fue totalmente ajena. Su labor se limita a aprobar los planes de recomposición que están obligados a presentar quienes realizaron la actividad dañosa o los titulares del inmueble y supervisa su correcta ejecución.
Cita jurisprudencia de casos análogos en los cuales se adoptó la solución que estima correcta.
III. Tratamiento de los recursos Por razones de orden lógico evaluaré la procedencia del recurso de la actora y luego el de los demandados.
III.1. Agravios de la parte actora El recurso del Sr. Yane no es procedente.
III.1.a. El juez de primera instancia desestimó parcialmente el reclamo del actor en lo que respecta a su alegado -y no demostrado- carácter de propietario de otras parcelas distintas a la n°2 de la circunscripción VII, sección A, chacra 31.
Esta decisión ha sido consentida por la recurrente y llega firme a esta instancia.
Respecto de la parcela n°2, el colega resolvió: (1) que, contrariamente a lo alegado en su demanda, el actor conocía el estado en el que se encontraba la heredad al momento de celebrar la compraventa con el Sr. Martinez y Acosta, lo cual incluía una cava que afectaba parte de su superficie y en la que había residuos depositados por la Municipalidad de General Alvarado; (2) que no se probó que, luego de que el actor adquiriese dicho lote, el municipio demandado hubiere continuado con la extracción de suelo o con el depósito de residuos afectando la superficie perteneciente a su propiedad.
El accionante cuestiona esta última premisa afirmando que el juez omitió valorar dos actas notariales en las que se prueba que la actividad extractiva y de depósito de basura continuó luego de que comprase la propiedad (esto es, la parcela n°2).
El argumento no es fundado.
Las actas notariales, como buena parte de la prueba producida por la actora, han sido confeccionadas sobre la base de la tesis original que sostiene la demanda; esto es, que Yane es propietario de ambas heredades (la parcela n°2 y también las denominadas 1-a y/o 1-b). En las dos escrituras invocadas por la recurrente la notaria narró la naturaleza y el motivo del requerimiento del Sr. Yane y detalló el dominio que su cliente dice tener respecto de la parcela n°2 y “resto de la parcela 1-a o 1-b” de la circunscripción VII, sección A, chacra 31 (v. escrituras n°173 del 06/08/1998 y n°182 del 18/08/1998).
El problema con estas actuaciones notariales es que en el cuerpo del acta la escribana no identificó en ningún momento dónde estaba ella ubicada y dónde ocurrían, concretamente, los eventos de los cuales pretendió dejar constancia (y que son aquellos de los que ahora el actor pretende valerse). Giros como “me constituya en unos lotes de terreno”, o “me constituyo en las fracciones de terreno referenciadas”, “observamos que sobre el terreno”, “palas mecánicas del municipio proceden al relleno del terreno” (v. escritura n°173), o frases como “observamos que en el inmueble” o “ingresan al terreno tres camiones” (v. escritura n°182) impiden entender a qué terrenos, lotes o inmuebles refiere la notaria.
Esta imprecisión, tal vez intrascendente en aquel entonces, adquiere ahora una relevancia superlativa. Es imposible saber si alguna de esas actividades, hechos o circunstancias descriptas (y, en su caso, cuáles) involucraba, concreta y específicamente a fragmento o porción alguna de la parcela n°2 propiedad del apelante. Y esto es un dato fundamental, puesto que el juez, en decisión consentida por el recurrente, señaló que sobre las parcelas 1-a o 1-b el actor no solo no probó ser dueño, sino que el municipio accionado demostró ser poseedor desde hace muchos años, incluso con anterioridad al acuerdo transaccional celebrado con el Sr. Espiñeyra (v.
considerando «III.a.» de la sentencia). De ello se sigue que las actividades que presenció y narró la escribana bien podrían estar llevándose a cabo en el sector del basural que no afectaba el fragmento de la parcela n°2 de Yane (el cual, a la luz de los croquis y referencias obrantes en la causa, era una porción muchísimo menor en comparación a la que afectaba a lotes linderos).
Por todo ello, las actas invocadas por el apelante no son idóneas para demostrar la actividad extractiva y de depósito de basura en las fechas en las que esas diligencias fueron realizadas y en el fragmento de la parcela 2 propiedad del accionante (6 y 18 de agosto de 1998; art. 384 del CPCCBA). El agravio, por este motivo, no puede ser admitido (arts. cit.). III.1.b. El apelante también cuestiona el dictamen del ingeniero Deluca -en particular, su ampliación de fs. 2709/2712- por contener un error metodológico consistente en utilizar una referencia histórica imprecisa. Se refiere, concretamente, al croquis obrante a fs. 22 del expediente administrativo n° 4038-633 de trámite ante la Municipalidad de General Alvarado.
El agravio tampoco es fundado, por tres motivos.
En primer lugar, porque es tardío el cuestionamiento que la actora hace sobre la referencia histórica utilizada por el perito para definir el tamaño de la superficie de la cava dentro de la parcela n°2.
El ingeniero Deluca no utilizó por primera vez el croquis del Sr. Mario Laiuppa de en su ampliación de dictamen de fs. 2706/2712, sino que ya lo había mencionado en su dictamen original de fs. 2221/2225. En esta oportunidad, pudiendo hacerlo, nada dijo el apelante sobre la validez, rigor técnico o calidad de las conclusiones del experto, que incluían, entre otras, la referencia al mentado dibujo y la superficie allí estimada por el funcionario edil.
Este Tribunal tiene dicho que «el art. 473 del C.P.C. brinda a las partes una concreta y clara oportunidad -hasta el momento de alegar-, para que manifiesten las discrepancias que eventualmente se tengan con el dictamen pericial. Si se deja pasar tal ocasión, mal pueden plantearse cuestiones en la expresión de agravios que no fueron sometidas al juez de primera instancia» (c. 170525 -"Darlien..."- del 10/12/2020, 169141 -"Bravo..."- del 06/07/2020, 154994 -"Moliendas del Sur"- del 21/06/2019).
El principio sentado se funda en que no pueden plantearse cuestiones en la expresión de agravios que no fueron sometidas en el momento oportuno al juez de primera instancia; además, se estaría violentando una etapa clausurada, revisando actos procesales sin escuchar a todos los interesados -particularmente al experto- (argto. y doc. arts. 272 y 473 del C.P.C.). En tal sentido la Casación bonaerense ha dicho que "...las cuestiones que fueron consentidas por el recurrente en la instancia ordinaria no pueden considerarse como agravios..." (Ac. 76.511 S del 5/3/2003 en autos "Banco de Chivilcoy S.A. s/ quiebra"; entre otras). Asimismo, esta Sala ha expresado que "...la pericia que es consentida por las partes, por no haber sido cuestionada en primera instancia en ocasión del traslado pertinente, no puede ser objetada por vía del recurso..." (causas cit.).
En segundo lugar, el agravio no es procedente puesto que fue la propia actora la que invocó a su favor ese croquis y lo ofreció expresamente como parámetro de comparación en su escrito de modificación de demanda y en su ofrecimiento probatorio.
En efecto, en la pieza agregada a fs. 408/441 del 28/11/2001 el Sr. Yane invocó el croquis cuya precisión ahora reprueba, señalando que ese cálculo de Mario A. Laiuppa da cuenta de “la amplitud de la misma por esa época respecto a mi parcela 2, el funcionario la estima -según el croquis- en una superficie de 4.169 m2 (...) Esto evidencia que a pesar de que sabía que la tierra era ajena (...) en relación a esa parcela -sin ningún tipo de tapujos la Municipalidad siguió extrayendo tierra y arrojando basura en mi predio” (sic, fs. 4257). En la página 48 de la misma pieza el actor habló del “croquis descriptivo de la cava de mi terreno en el expte. 4038633 a fs. 21/22” (v. fs. 433/vta, el subrayado me pertenece).
Fue también el apelante quien invocó ese croquis y las mediciones allí realizadas por el funcionario municipal para que sea el parámetro de comparación al momento de realizar la pericia en agrimensura. En el punto de pericia denominado “g-d” (v. fs. 438), respondido por el perito como el n°4 a fs. 2223/vta, Yane le requirió al perito en agrimensura que “[c]ompare las dimensiones y la ubicación de la cava actual con la que obra en el croquis de fs. 22 del expte. administrativo nro. 4038/633” (v. fs. 438 de la ampliación de demanda, el subrayado me pertenece).
Quiero decir con todo ello que mal puede la actora invocar ese croquis para demostrar hechos que dan soporte a su demanda (v. fs. 427) o considerarlo “descriptivo de la cava de mi terreno” (fs. 431/vta), ofrecerlo como parámetro para que el experto haga su primer dictamen (fs. 438), no cuestionar la respuesta del perito cuando utiliza la referencia que el propio apelante le pidió que use (v. fs. 2223/vta, punto de pericia 4°), y luego, volviéndose en contra de sus propios actos, objetar las conclusiones de la ampliación del dictamen original por considerar que las mediciones contenidas en aquel bosquejo resultaban en verdad imprecisas o alegar que el funcionario no tiene formación suficiente para realizar el cálculo.
En tercer y último lugar, el agravio no prospera porque aún asumiendo por hipótesis que el mentado croquis contiene una estimación imprecisa o inidónea para ser utilizado como referencia histórica del estado de la cava al momento de la adquisición (y su alegada modificación posterior), lo cierto es que era carga de la actora aportar los elementos necesarios para demostrar el hecho que da soporte a su pretensión: esto es, la modificación del tamaño de la cava luego de la fecha en la que adquirió su propiedad (art. 375 del CPCCBA).
Cabe recordar que, de conformidad con lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, in re "Alonso, Ernesto Ariel contra Municipalidad de Junín. Daños y perjuicios", L.118441, del 14/10/2015).
En otras palabras, las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA, Ac 45068 S 13-8-1991, AC 73932 S 25-10-2000, AC 83124 S 5-3-2003, Ac 91961 S 20-12-2006, C 94338 S 16-9-2009).
Es el actor quien, para fundar sus pretensiones resarcitorias, tenía la carga de: (a) probar la modificación del tamaño de la cava luego de la fecha de la adquisición y (b) proveerle al perito de información precisa para demostrar esa circunstancia.
En principio, no veo qué otra información o referencia puede utilizarse para evaluar la evolución del tamaño de la cava que no sea la que el perito Deluca halló en los documentos que la propia reclamante ofreció como prueba instrumental: esto es, las constancias del expediente administrativo 4038/633. Pero si esta última no fuera idónea, como ahora afirma el apelante, la pregunta es qué otro elemento de convicción aportó el Sr. Yane para demostrar la alegada ampliación de la cava luego de la compra del lote. El memorial nada dice sobre este tema y se limita a exigir una nueva ampliación del dictamen pericial, por lo que debo inferir que en ninguno de los cientos de documentos que obran anexados a este expediente hay un dato histórico de la superficie de la cava en la parcela 2.
Concuerdo plenamente con el juez cuando señaló que «era carga del pretensor la prueba del estado de las cosas al tiempo de demandar, lo que bien podría haber procurado fácilmente, en especial si tenemos en cuenta los numerosos requerimientos notariales que efectuó previo a la promoción de esta acción, aunque en ningún punto se intentó constatar en forma precisa los límites, superficie y volumen de la cava sobre la específica porción que corresponde a la parcela 2» (último párrafo del considerando «III» de la sentencia). Este argumento no es refutado por la actora en su memorial, lo que termina de definir la suerte adversa de su embate en lo que a este tópico refiere (art. 375 del CPCCBA).
Por lo demás, la solicitud de la recurrente para que se ordene una nueva ampliación de la prueba pericia resulta improcedente. No solo no se verifica el escenario regulado en el art. 255.2 del CPCCBA, sino que este proceso judicial lleva casi un cuarto de siglo en trámite y la actora ha tenido oportunidad más que suficiente para cumplir la carga enunciada en párrafos precedentes, brindándole al experto la referencia que considere adecuada para la labor encomendada al ingeniero y a los fines de demostrar los hechos en los que sustenta su demanda (art. 375 del CPCCBA).
El agravio, por todo lo dicho, debe ser desestimado (art. cit.). III.1.c. En su tercer y último punto de disconformidad, la actora cuestiona el rechazo del daño patrimonial, la disminución de valor venal, el lucro cesante y la pérdida de chance.
La queja no es fundada.
El actor reconoce que sabía el estado de la parcela adquirida, pero “se presentó ante el MGA para que cesara en su actividad manifiestamente ilegal. Nadie se detuvo. Esto queda acreditado por varias pruebas, pero sobre todo las actas notariales del año 1998”.
Si bien valoro la tardía sinceridad del actor, lo cierto es que su reconocimiento versa sobre un punto fundamental de su demanda y respecto del cual argumentó extensamente en su presentación postulatoria. Esa supuesta sorpresa sobre el estado del lote y la actividad en los linderos fue un hecho determinante en la narrativa que daba justificación a los diversos rubros resarcitorios cuyo rechazo ahora cuestiona. El conocimiento efectivo de las características del lote adquirido -negado al demandar, y ahora reconocido al apelar- es la razón principal por la que el juez desestimó su reclamo de daño patrimonial. El súbito cambio en su relato hiere fatalmente la fundabilidad de su agravio.
En cualquier caso, y dejando de lado la contradicción del accionante, la idea de que “nadie se detuvo” luego de sus denuncias constituye una circunstancia que, como bien se dijo en la sentencia y se evaluó más arriba, no fue acreditada. El valor probatorio que las actas notariales tienen en orden a demostrar esa circunstancia también fue analizado en apartados precedentes, a cuyo tenor me remito.
Alega también el apelante que el argumento del juez -conforme el cual no hay daño patrimonial en el actor si compró el terreno sabiendo que estaba afectado por la cava y por la actividad previa del municipio- significa “aceptar que la MGA puede actuar de manera ilegal, porque así lo venía haciendo, inclusive ante la intimación del adquirente para que cese. Este razonamiento consiente la ilegalidad”.
La decisión del juez no tiene el significado que el apelante pretende endilgarle.
Aquí no se ha absuelto a la Municipalidad de General Alvarado ni se ha consentido ilegalidad alguna; por el contrario, la actuación pasada de la comuna demandada en relación a la mentada cava y el depósito de basura le ha valido una condena que importa un complejo entramado de obligaciones de hacer y un objetivo ambiental concreto (la recomposición del ambiente en la zona de la parcela n°2 afectada).
Lo que el actor cuestiona, en verdad, es el rechazo de su reclamo patrimonial y los diversos rubros que lo componían. Y aquí vuelvo a lo dicho en párrafos precedentes sobre el conocimiento efectivo del estado en el que se hallaba la heredad al momento de su adquisición. Insisto: el juez consideró que esos perjuicios patrimoniales no existieron en la medida en que el accionante compró sabiendo perfectamente lo que en su demanda afirmó enfáticamente que desconocía. No solo esta premisa, central en el razonamiento del juez, no ha sido cuestionada, sino que el actor reconoce ahora que la conclusión del colega fue correcta y que faltó a la verdad en su escrito inicial. La queja, por ello, no resulta admisible.
Por lo demás, los párrafos finales del memorial hablan de la prescripción adquisitiva, la ley 21.477 y los requisitos que esa norma contempla. Habiendo consentido la falta de legitimación para reclamar con relación a las demás parcelas de las que Yane dijo ser dueño, estos apartados -que evidentemente no refieren a la parcela n°2 y no guardan correlación con los restantes agravios- resultan difíciles de comprender y no logro entender qué quieren significar o qué fragmento del fallo pretenden objetar.
Esta Sala tiene dicho que «no cabe al Tribunal hacer esfuerzos para comprender lo que, en rigor, debió ser una fundamentación clara e inteligible que permita interpretar cuál es el error en el que habría incurrido el juzgador y cuáles son los motivos para así considerarlo» (mi voto en causa 161241 -"Figliuelo, Armando N."- sent. del 25/08/2016; arg. art. 260 del CPCCBA).
III.2. Agravios de la Municipalidad de General Alvarado El recurso del municipio contiene dos agravios que analizaré seguidamente siguiendo el orden propuesto por la recurrente.
III.2.a. El juez de primera instancia condenó a la Municipalidad de General Alvarado a una serie de obligaciones de hacer consistentes, primero, en presentar un programa de recomposición ambiental de la parcela n°2 (circ. VII, secc. A, ch. 31) que cuente con metas definidas, precisión técnica y la fijación de índices objetivos que permitan la evaluación de las metas en el control periódico de los resultados. A su vez, el colega supeditó a la etapa de ejecución de sentencia la aprobación de ese plan, la modalidad y plazos de cumplimiento y aclaró: «para el supuesto de imposibilidad total o parcial de la recomposición por haberse configurado daño irreversible, se procederá a determinar la indemnización sustitutiva (art. 511 del CPCCBA)» (punto 1° de la parte dispositiva).
La comuna cuestionó esta última parte de la decisión, por entender que el actor no demostró detrimento patrimonial alguno que lo haga acreedor de esa indemnización sustitutiva. Destacó que Yane compró sabiendo el estado del terreno, su valor de mercado y que recibir el resarcimiento sustitutivo importaría un enriquecimiento sin causa.
No comparto esta objeción.
El argumento de la apelante parte de una indebida identificación entre la indemnización sustitutiva fijada en la sentencia con motivo de un daño ambiental irreparable y las indemnizaciones particulares que el Sr. Yane reclamó en su demanda y que fueron íntegramente desestimadas en la sentencia recurrida (daño moral, daño psíquico, daño patrimonial por menor valor de reventa, lucro cesante, etc.).
Esta identificación es incorrecta. En materia de daño ambiental, no debe confundirse el daño ambiental puro del daño ambiental individual. El primero es aquel que regula el art. 27 de la Ley General del Ambiente: «toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos». El segundo, refiere al perjuicio personal que tiene su génesis en el daño al medio ambiente, pero afecta a la esfera individual del sujeto (art. 1737 del CCyC; v. Saux, Edgardo I. "El daño ambiental individual", La Ley RDAmb 46, 37).
La indemnización sustitutiva prevista por el juez en el apartado 1° de la parte dispositiva de la sentencia no ha sido establecida como un derecho creditorio del Sr. Yane referido a un daño ambiental individual, sino que ha sido contemplado como la modalidad supletoria en la ejecución de una recomposición ambiental potencialmente frustrada por la irreparabilidad del perjuicio ocasionado al ambiente. En otras palabras, esa reparación sustitutiva es aquella que regula el art. 28 de la Ley 25.675 para el supuesto en que no sea técnicamente factible el restablecimiento del ambiente al estado anterior a la producción del daño.
De ello se sigue que, en la hipótesis en que la recomposición «no sea técnicamente factible» en los términos de la norma citada, corresponderá la determinación de la indemnización sustitutiva la cual -reitero- no tendrá al Sr. Yane como acreedor, sino que el destino deberá ser determinado por el juez en la etapa ejecutoria (arts. 28 LGA, . 52 inc. "ñ" de la Ley 27.431, 24 de la Ley 14.343 -considerando para ello las observaciones contenidas en el decreto de Promulgación Nº 148/11- y 21 de la Ley 13.592).
El agravio, por este motivo, debe ser desestimado (arts. 41 CN, 28 CPBA, arts. 27 a 31 de la Ley 25.675, y 1, 2 inc. “a”, 3 inc. “a” y b”, 4, y cctes. de la Ley 11.723).
III.2.b. La comuna también cuestionó la decisión del juez de ordenar que, en la etapa ejecutoria, se determine la aprobación del plan de recomposición y se fije la modalidad y plazos para su cumplimiento.
Alega la recurrente que la aprobación de un plan se encuentra bajo la esfera de competencia del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Pide que se indique o condene a la Provincia de Buenos Aires a aprobar y/o establecer las adecuaciones del plan a presentar.
Nuevamente, no concuerdo con la lectura que el apelante hace del fallo apelado.
Si bien, cierto es, el juez utilizó un modo verbal impersonal al decir «se determinará la aprobación de dicho plan» (punto 1° de la parte dispositiva de la sentencia), ello no significa que el colega se haya adjudicado la prerrogativa de ser él quien finalmente apruebe el plan de recomposición.
Por el contrario, la aprobación de dicho plan se hará en la etapa ejecutoria y será el juez quien supervise todos los pasos que se efectúen con ese fin, pero la decisión final, como tal, será resorte exclusivo de las agencias provinciales cuyo cargo se ha asignado tal competencia, sea la que menciona la apelante, o cualquier otra que en el futuro tenga asignada esa función (arts. 41 CN, 28 CPBA, 1, 2, 4, 5, 10, 26, 69, 70 y cctes. de la Ley 11.723, 4 inc. "b" y "c", 5 y cctes. de la Ley 14.343, 31 de la Ley 13.757 y su reglamentación).
Por ello, fundándose el agravio en una lectura equivocada del alcance de la condena, también corresponde su desestimación (arts. cit.).
III.3. Agravios de la Provincia de Buenos Aires El primer juzgador resolvió que hubo un actuar omisivo de la Provincia de Buenos Aires en la fiscalización y control a través de órganos administrativos competentes sobre la actividad contaminante de la Municipalidad de General Alvarado realizada en la parcela n°2 del actor, inmediatamente próxima al predio que entonces utilizaba la comuna para la disposición final de residuos. Consideró que ello representó «un patente incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por parte del Estado Provincial, y ello compromete su responsabilidad en la reparación del daño causado y el correlativo deber de recomponer el ambiente afectado».
La Fiscalía de Estado cuestiona en su memorial la condena en su contra afirmando que la recomposición ambiental está a cargo del titular de la actividad contaminante. Entiende que no hay factor de atribución ni norma que habilite condenar a la Provincia por una actividad ajena. Cita diversas causas judiciales donde la provincia reclamó el saneamiento del ambiente afectado por actividad contaminante similar a la que motiva esta controversia (partidos de Madariaga, Villa Gesell, Pinamar y José C. Paz).
El argumento de la provincia no logra demostrar un error en la decisión apelada.
Encuentro en el planteo recursivo un déficit argumental y narrativo similar al que evidencia la contestación de la demanda glosada a fs. 1246/51. Al responder la pretensión del Sr. Yane, la Provincia de Buenos Aires se limitó a realizar una genérica negativa de los perjuicios que el actor dijo haber sufrido y nada dijo -ni nada alegó- sobre el conocimiento que tenía sobre la actividad contaminante llevada a cabo por el Municipio de General Alvarado en la zona en la que se ubica la ya mencionada parcela n°2. No explicó si alguna de sus dependencias -incluyendo a las que integran la autoridad de aplicación de la Ley 11.723- estaban al tanto de la actividad edil en el vertedero y, en su caso, cuáles fueron las medidas adoptadas (si es que las hubo) para cumplimentar los cometidos públicos previstos en la legislación local y nacional (arts. 27 a 31 de la LGA, 1, 2, 4, 5, 10, 26, 69, 70 y cctes. de la Ley 11.723).
Tampoco dijo cuáles fueron las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación en materia ambiental -o cualquier otra agencia estatal con competencia en la materia- a partir de la denuncia de Yane al Instituto Provincial de Medio Ambiente (fs. 70), o -en su caso- qué otras diligencias fueron realizadas (distintas a las que reflejan el expte. 2145-700/00 agregado a la causa penal n° 57.648, en las que se sancionaron a laboratorios y geriátricos) para regularizar el depósito municipal o, cuanto menos, impedir que contamine parcelas ajenas al dominio o posesión del municipio. El recurso guarda absoluto silencio sobre estos puntos, lo cual -reitero- no puede sino perjudicar a aquel a quien se le reprocha un actuar omisivo en el ejercicio de un poder de policía.
Concuerdo con el juez en que este llamativo silencio de la provincia es revelador, en el mejor de los casos, de un indebido cumplimiento del deber de control regulado en el ya citado art. 69 de la Ley 11.723, frente a una actividad contaminante que, según el propio municipio ha argumentado, se ha extendido durante muchísimos años.
Esta pasividad, además, adquiere un cariz tanto más grave si se repara en las fotografías acompañadas por el actor y de las que surge que el depósito de basura excedía al residuo sólido urbano, dado que allí se arrojaban residuos especiales, tóxicos y patogénicos que tienen previsto una regulación especial, cuya autoridad de aplicación también es un organismo del Poder Ejecutivo provincial (arts. 1, 2, 3 y cctes. de la Ley 11.347 y 1, 3, 11 y cctes. de la Ley 11.720; v. fotografías de fs. 28 y sig. de la causa “Yane, Salvador Alberto s/ denuncia”, de trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°7 departamental, N°57.648).
Entiendo por ello que es justa la decisión adoptada en la instancia anterior puesto que, por sobre la responsabilidad primaria de la comuna por su actividad contaminante, surge palpable una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por la omisión en ejercer sus prerrogativas de control y vigilancia y, de ese modo, permitir que esa actividad se realice con las consecuencias que ahora se ordenan revertir (art. 27 a 31 de la LGA, 1112 del CC, 68 de la Ley 11.723).
Cabe recordar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho en reiteradas oportunidades que «la mera alegación de un incumplimiento genérico del poder de policía por parte del Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad, pero tal caracterización de la irresponsabilidad estatal por omisión debe ceder en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando mediare desatención negligente o irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública o si se acreditare que ésta tenía cabal conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de clara potencialidad dañosa y, no obstante, descuidó la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos (A.73628, "Mercadante, María Inés contra Scarpato, Antonio y otros. Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.", sent. del 03/10/2018; en igual sentido, C. 87463 -"Zárate, Norma..."- del 27/06/2012, C.101243 -"Zago, Silvana..."- del 07/10/2009, Ac. 90664 -"Acuña, Luis."- del 11/04/2007).
En lo que respecta a la responsabilidad del estado en materia ambiental se ha dicho -en criterio que comparto- que "si bien corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental, como ser la sanción de marcos normativos que fijen parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades económicas y el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control, ello no alcanza a fin de dar cumplimiento a la obligación fundamental del Estado de cuidar el entorno humano pues es menester que esos controles sean verdaderamente operativos y activos" (Sabatino Arias, María Agostina, "Responsabilidad ambiental del estado: para que la ley no sea letra muerta", La Ley 2008-F, 320).
Este criterio ya había sido propuesto en doctrina en las II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, de diciembre 1992, en las que se concluyó, en materia de legitimación pasiva del deber de recomponer el ambiente, que "corresponde a quienes degradan al medio ambiente, al Estado, cuando autoriza o consiente la actividad degradante, u omite ejercer el poder de policía correspondiente y, eventualmente a los funcionarios públicos; en todos los casos, en la medida en que hayan concurrido a la causación del daño" (en idéntico sentido, IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 1983, cit. por Alterini, A. A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1996, pág. 832).
Cabe mencionar, que esta problemática no ha sido ajena a la atención por parte de los órganos del sistema interamericano. El tribunal regional, en un caso en el que nuestro país resultó condenado, ha enfatizado la importancia del adecuado ejercicio del poder de policía ambiental. Concretamente, expresó que «en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”» (Corte IDH "Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina", sentencia de fondo, reparaciones y costas, 06/02/2020, párrafo n°208).
Por lo demás, advierto que buena parte de los argumentos de la provincia se sustentan en los caminos de acción que prescribe una legislación posterior a los hechos que motivan esta controversia (Ley N°14.343 sobre pasivos ambientales, que entró en vigencia en enero de 2012, o las reglas que definen la actuación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, creado por Ley 13.757 -de diciembre de 2007- y su Decreto N°23/07).
También menciona dos causas judiciales con las que -infiero- se pretende demostrar el actuar de la nueva autoridad de aplicación en materia ambiental, con un activo rol de la demandada en el control y denuncia contra empresas y municipios que realizan actividad contaminante.
Tengo serias dudas de que la mención a estos procesos judiciales pueda ayudar al objetivo recursivo que la apelante se propone. Esas causas dan cuenta de que la Provincia de Buenos Aires, en esos supuestos en particular, ejerció activamente su deber de control, fiscalización y denuncia derivado de su poder de policía en materia ambiental, accionando judicialmente contra los responsables de las actividades contaminantes. Pero a su vez, la lectura de las denuncias y pretensiones allí formuladas permiten advertir que los hechos que dieron origen a esos pleitos resultan similares a los que motivan esta controversia, sobre todo la demanda dirigida contra la Municipalidad de José C. Paz por la afectación al medio ambiente derivada de la irregular actividad en el predio donde deposita los residuos urbanos.
No puedo sino preguntarme: ¿qué medidas, similares a las que ahora adoptaron contra el municipio de José C. Paz, se realizaron contra el Municipio de General Alvarado en el caso que motiva esta controversia? ¿De qué modo el Instituto Provincial del Medio Ambiente fiscalizó y controló en alguna forma o medida la actividad del Municipio de General Alvarado y la zona afectada durante 1998 (época en la que Yane adquirió el lote) y en los años anteriores (en los que el municipio contaminó el sector), o qué medidas, similares a las que se aprecian en los procesos judiciales citados por la apelante, se pusieron en marcha para detener la actividad contaminante en el basural que afectó parte del lote que hoy pertenece a Yane?
De nuevo: nada dice la contestación de la demanda y nada aclara el recurso que aquí se dirime. Por fuera de una serie de sanciones a empresas privadas a partir de febrero de 2000 (que no las mencionó la demandada, sino que surgen de fs. 246 y sig. de la causa penal N° 57.648) la Provincia no ha invocado ni acreditado haber realizado alguna diligencia, actuación o procedimiento de control, fiscalización o denuncia que pueda considerarse siquiera tangencialmente relacionado con el ejercicio del poder de policía ambiental regulado en los arts. 2, 4, 5, 10, 26, 69, 70 y cctes. de la Ley 11.723.
Considero por ello que la decisión del juez ha sido la correcta y el recurso, en lo que a este punto refiere, debe ser desestimado (art. 242 y cctes. del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar los recursos de apelación interpuesto por el Sr. Salvador Alberto Yane, la Municipalidad de General Alvarado y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con costas a cada uno de los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar los recursos de apelación interpuesto por el Sr. Salvador Alberto Yane, la Municipalidad de General Alvarado y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con costas a cada uno de los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia