Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de La Matanza · Causa LM-30856-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. ORTIZ RODRIGUEZ ABEL condenándose a EXPERTA ART SA a pagar la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.259.412) en concepto de prestación dineraria del artículo 14 apartado segundo, inciso "a" de la ley 24.557. Ello, conforme piso proporcional a la incapacidad determinada para el accionante por la Resolución S.R.T. 39/2026, decretándose para ello la inaplicabilidad del artículo 12 de la ley 24.557, modificado por art. 11 de la ley 27.348, por devenir en el caso que nos ocupa irrazonable y arbitrario, e incremento indemnizatorio art. 3 ley 26.773. Se deja aclarado que el monto de la sentencia es a valores actuales.
Corresponde decretar asimismo la inconstitucionalidad del decreto 669/19 conforme reciente doctrina de la S.C.B.A. en causa L. 129.800 "MUZYCHUK" del 14/07/2025 (arts. 1, 4, 11, 12, 13, 14 y ccdtes de la ley 24.557, decretos 1278/00, 1694/09, ley 26.773, ley 27.348)
2El importe por el que procede la demanda, intereses y las costas, deberàn ser depositados dentro del plazo establecido de 10 días día de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución en las siguientes CONDICIONES:
A) La demandada DEBERÁ DEPOSITAR EL CAPITAL EN FORMA DIRECTA en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 17 de la ley 27.348, ley 26.950. …
San Justo, en la fecha de suscripción digital, reunidos los Sres. Jueces que integran al efecto el Tribunal de Trabajo Nro 1 La Matanza, Dres. ALEJANDRA NOEMI GROSSO, MARIA EUGENIA PIERAZZOLI y MARCELO CLAUDIO MOLARO, (Juez este último integrante del Tribunal de Trabajo Nro 3 de La Matanza), en los autos "ORTIZ RODRIGUEZ ABEL C/ EXPERTA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", Lm 30856/2022 , a fin de dictar SENTENCIA , y conforme al siguiente orden: GROSSO, PIERAZZOLI Y MOLARO, se resolvió plantear las siguientes
PRIMERA: ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. ALEJANDRA NOEMI GROSSO DIJO :
I. ANTECEDENTES :
Con fecha 22 de agosto de 2022, el Dr. Alexis Gabriel Yebne, en su carácter de letrado apoderado del Sr. Ortiz Rodriguez Abel inicia formal demanda contra Experta ART SA por cobro de pesos, con fundamento en el accidente de trabajo que denuncia haber sufrido su cliente el 22 de septiembre de 2021. Plantea la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley 24.557 que detalla. Funda en derecho y ofrece prueba.
Corrido el traslado de ley, el Dr Antonio Gerardo Mongiello, en su carácter de letrado apoderado de Experta ART SA, responde los planteos de inconstitucional formulados en el escrito inicial por la contraparte. Contesta demanda, funda en derecho y ofrece pruebas, tal como surge de su presentación de fecha 24 de octubre de 2022.
Evacuado el segundo traslado por la parte actora, el Tribunal abre a prueba las presentes actuaciones, ordenándose entre otros medios probatorios la designación de perito médico y contador, tal como surge del auto de fecha 02 de febrero de 2024.
La parte actora presenta los estudios médicos y el psicodiagnóstico requeridos por el galeno el 26 de abril de 2024.
La entonces AFIP, hoy ARCA contesta el oficio cursado por el Tribunal el 22 de diciembre de 2023, y Superintendencia de Riesgos del Trabajo responde el oficio cursado el 12 de marzo de 2024,
El 12 de abril de 2024 se presenta nuevo abogado de la parte actora Dr. Tomás Makintach.
El 02 de noviembre de 2024 se presenta nuevo letrado apoderado de la parte demandada Dr. José Marco Fernandez Jereb.
El perito médico, Dr. Juan Carlos Araujo, presenta su dictamen con fecha 13 de junio de 2023, respondiendo las impugnaciones formuladas por la parte demandada el 20 de agosto de 2023.
La perito contadora, Licenciada Mariela Mercedes Converti, presenta su dictamen pericial el 31 de octubre de 2024.
Finalmente las partes desisten de toda prueba pendiente de producción, se hace saber la integración del Tribunal, y pasan las actuaciones al dictado de Sentencia.
II. RELACIÓN LABORAL y CONTRATO DE AFILIACION:
Tal como surge del contenido y alcance de los escritos constitutivos del proceso, se encuentra reconocido en autos la existencia de una relación laboral entre el actor, Sr. Abel Ortiz Rodriguez, y la firma Reparaciones y Obras Nuevas SRL.
Dicho vínculo laboral, por su parte, quedó corroborado por las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, expediente S.R.T. Nro 130477/22, por el dictamen pericial contable presentado por la profesional el 30 de octubre de 2024, e informe de la entonces AFIP, hoy ARCA, de fecha 22 de diciembre de 2023.
De idénticos medios probatorios que los señalados precedentemente, tengo por acreditado que el Sr. Ortiz Rodriguez se desempeñó como ayudante de la construcción, bajo subordinación y dependencia de la firma Reparaciones y Obras Nuevas SRL. desde el 10 de agosto de 2021. (arts 31, 34, 44, 45, 89 ley 15.057 y arts 354, 375 y ccdtes del C.P.C.C5, 21, 22, 23 y ccdtes de la L.C.T.)
Asimismo, se encuentra verificada la existencia de un vínculo contractual en los términos de la ley 24.557, entre la firma Reparaciones y Obras Nuevas SRL, empleadora del accionante, y Experta ART SA por el contenido y alcance del escrito de contestación de demanda y constancias obrantes en el expediente administrativo S.R.T. 130477/22.
Finalmente, tengo por probado que dicho contrato se hallaba registrado bajo el número 5134645, y que se encontraba vigente desde el 07 de agosto de 2021 hasta por lo menos, la fecha de la presentación del dictamen pericial contable, y por ende, se encontraba vigente a la fecha de los hechos ventilados en autos, septiembre de 2021. (arts. 31, 34, 44,45, 89 ley 15.057 y 354, 375 y ccdtes del C.P.C.C., 1, 2, 3 de la ley 24.557)
III. ACCIDENTE de trabajo - SECUELAS INCAPACITANTES:
Por el contenido del escrito de responde, dictamen pericial contable presentado el 31 de octubre de 2024, y constancias de las actuaciones administrativas, expediente S.R.T. Nro 130477/22, puedo afirmar que, llega firme a esta instancia judicial que el Sr Ortiz Rodriguez, con fecha 22 de septiembre de 2021, sufrió un accidente de trabajo, cuando encontrándose subido a una escalera de 2 metros de alto con una amoladora esta última se desliza a toda velocidad hacia su cuello provocándole una importante cortadura en su garganta. (arts.6 ley 24.557; 31, 34, 44,45, 89 ley 15.057; 354, 375 y ccdtes del C.P.C.C., y decretos 717/96 y 1475/15)
Asimismo considero demostrado, por el contenido y alcance del dictamen médico presentado por el Dr. Juan Carlos Araujo el 13 de julio de 2023, que en relación directa y causal al mencionado infortunio referido, el actor padece UNA CICATRIZ EN EL TERCIO INFERIOR DEL CUELLO CON IMPRONTAS DE SUTURA DE APROXIMADAMENTE 4,5 CM DE LARGO POR 8MM DE ANCHO, CICATRIZ SECULAR QUE TIENE ENTIDAD PARA ALTERAR LA ESTÉTICA Y OCASIONAR MOLESTIAS CON EL USO DETERMINADO DE PRENDAS Y PERÍODOS DE ALTA TEMPERATURA, Y DAÑO PSÍQUICO, REACCION VIVENCIAL ANORMAL NEUROTICA GRADO II.
Por idéntico dictamen tengo por acreditado que los padecimientos referenciados precedentemente le ocasionan, en relación de causal directa con el infortunio padecido, el 22 de septiembre de 2021, un 11,12% de incapacidad psicofísica, de la total obrera . (6% incapacidad física, más factores de ponderación: edad 2%: 6,12%, más 5% de incapacidad psíquica). (arts. 354, 375, 386 del C.P.C.C.; 1, 2,6, 21, 22, 14 y ccdtes L.R.T., dctos reglamentarios 659/96 página 59, 63 y 64, y 717/96) Ello, en el marco establecido en el decreto 659/96 que resulta de aplicación obligatoria al caso de autos, atento el fundamento jurídico en el cual se sustenta la presente acción. (C.S.J.N. "Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART SA s/ accidente - ley especial" del 05/08/2021) y que dadas las particularidades de las actuaciones que nos ocupan, en particular tipo de secuelas que posee el accionante, guarda concordancia con las actuales disposiciones del decreto 549/2025 y nueva Tabla de evaluación de incapacidades laborales, vigente a la fecha del dictado de la presente sentencia. Allí se contempla expresamente las cicatrices de origen traumático y postquirúrgicas y establece que su valoración depende de la región anatómica afectada y de la longitud o superficie de la cicatriz. (arts 6, 8 apartado 3 y 40 de la ley 24.557, y 9 de la ley 26.773)
Contando tal dictamen pericial, como así también su presentación de fecha 20 de agosto de 2023 con debido fundamento técnico, encontrándose basado en la ciencia, con más haber brindado el perito médico en forma idónea todas las explicaciones necesarias requeridas en relación al objeto de la pericia que le fuera encomendada (sumado a los antecedentes médicos obrantes en el expediente administrativo, con más los estudios médicos agregados por la parte actora el 26 de abril de 2024, no impugnados por la parte demandada) no encuentro argumento válido alguno para apartarme del mismo, correspondiendo desestimar sin más las impugnaciones formuladas por la parte demandada. Es que no estamos ante una mera cicatriz estética, sino ante una secuela anatómica permanente derivada de una herida cortante localizada en cuello, que presenta además repercusiones molestas en su vida cotidiana
Cabe mencionar que es doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que la pericia médica es el medio más apto para determinar las características de las dolencias que padece el trabajador y que si bien, la pericia médica no es vinculante para el juez, el apartamiento de la misma debe obedecer a razones científicamente fundadas. (SCBA, L 94498 S, 15-7-2009; SCBA, L 94424 S 6-10-2010; SCBA L 106998 S 3-7-2013, entre otros)
Por su parte, de la copia del documento nacional del accionante adjuntado al escrito de demanda, y constancias documentales agregadas a las actuaciones administrativas, tengo por acreditado que el Sr. Ortiz Rodriguez nació el 19 de agosto de 1991, por lo que a a fecha del infortunio - 22 de septiembre de 2021 - el mismo contaba con 30 años.
IV. COBERTURA L.R.T. - INGRESO BASE - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE - PRESTACIONES DINERARIAS:
Encontrándose acreditado que la empleadora del accionante, Reparaciones y Obras Nuevas SRL , se encontraba vinculada a Experta ART SA por un contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557 (contrato número 5134645), determinada la incapacidad física que padece el actor, la que ha quedado establecida en el orden del 11,12% de la total obrera que reconoce como fuente de causal directa el accidente de trabajo padecido el 22 de septiembre de 2021, y no encontrándose acreditado la percepción por parte del trabajador de la prestación dineraria por incapacidad pertinente, considero la reparación reclamada debe encuadrarse en el ámbito del régimen integrado por la ley 24.557 texto vigente a la fecha de los hechos ventilados en autos, decretos 1.278/01, 1964/09; leyes 26.773 y 27.348 .
Cabe aclarar que no corresponde aplicar disposiciones del decreto 669/19, reglamentario de la ley 27.348, en orden a la inconstitucionalidad del mismo decretada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en autos "MUZYCHUK", causa L129.800 del 14/07/2025, cuyo lineamiento corresponde adoptar en virtud de constituir doctrina legal obligatoria (art. 279 del C.P.C.C.)
En apretada síntesis ha fundado la Corte Suprema tal inconstitucionalidad en las siguientes consideraciones:
"La invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo".
"De la lectura de los considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, aquellos traducen la decisión del poder administrados de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN, Fallos: 322:1726 y 333:633)..."
"En suma: el decreto de necesidad y urgencia 669/19 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional establece - inexorablemente - para su dictado...".
En dicho orden de ideas, a los fines de establecer el ingreso base del actor, resulta de aplicación el artículo 12 de la ley 24.557, conforme modificaciones introducidas por artículo 11 de la ley 27.348, y en consecuencia he de considerar:
a) El promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Convenio 95 de la O.I.T.- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicios si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)
b) Al ingreso base determinado corresponderá luego añadirle el interés que prevé el apartado segundo de la norma desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, correspondiente al promedio de la tasa activa cartera general vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Concretamente, en el caso que nos ocupa la ex AFIP, hoy ARCA, como así también el dictamen pericial contable, nos brinda la remuneración bruta sujeta a cotización percibida por el actor durante el único mes laborado con anterioridad al infortunio, puedo determinar que, en principio, el "ingreso base" asciende a $33.339,63.
Resta ahora aplicarle, la tasa activa del Banco Nación establecida en la ley 27.348, y es así que el ingreso base del accionante finalmente asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($141.397). (arts. 34, 44, 45, 46, 51, 89, ley 15.057 y 354, 375 del C.P.C.C., 11, 12 ley 24.557 por modificación ley 27.348 y doctrina legal de la SCBA en autos "MUZYCHUK" del 14/07/2025).
En dicho orden de ideas, el accionante resultaría acreedor a las siguientes prestaciones dinerarias:
a) Artículo 14 inc. a) ley 24.557: prestación dineraria que resulta de calcular cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que surge de dividir el número sesenta y cinco por la edad del damnificado a la fecha de consolidación del daño:
53 x $ 141.397 (IB) x 2,16 (coeficiente 65/30) x 11,12 %
Ello arroja la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL OCHO PESOS ($1.800.008)
Cabe destacar que dicha suma resulta superior al monto mínimo garantizado por Resolución NOTA G.C.P. 49/21 para el período que abarca la fecha del siniestro reclamado en autos -septiembre 2021- de $560.938 ($5.044.408 x 11,12 %) .
b) Art. 3 ley 26.773: corresponde se adicione por este concepto, la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL UN PESOS ($360.001), que resulta de efectuar el 20% del monto de la prestación liquidada en el punto anterior.
Es así que la suma de ambas prestaciones asciende a DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NUEVE PESOS ($ 2.160.009); suma que resulta a valores actuales conforme ley 27.348 y doctrina legal de la S.C.B.A. "L 129.800 "MUZYCHUK".
V REPARACIÓN JUSTA - PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD - PISO MINIMO GARANTIZADO POR DECRETO 1694/09 art. 3, RESOLUCION SRT 39/2026:
Llegados a esta instancia no puedo dejar de advertir que el monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NUEVE PESOS ($ 2.160.009), arrojado por la liquidación practicada en el punto IV de la presente sentencia conforme la leyes 24.557, 26,773, decreto 1694/09 y 27.348, texto vigente a la fecha del siniestro que se reclama en autos como determinante de consolidación del daño, y reciente doctrina legal de la S.C.B.A. en la materia, causa L.129.800, "Muzychuk", del 14/07/2025, resulta por las particularidades de autos, a todas luces, insuficiente, inequitativo e irrazonable para reparar las secuelas incapacitantes que posee el accionante; violentando de esta forma derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional para el trabajador, sujeto por cierto, de preferente tutela constitucional (conforme fallo "Aquino" de la C.S.J.N., sent. del 21/09/2004)
Toda indemnización establecida por ley, debe respetar la garantía de indemnidad del trabajador establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, como así también, el valor de la salud y la vida humana que deriva del artículo 19 de la misma, sin dejar de tener presente jamás, el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Carta Magna; circunstancia por cierto que no queda verificada en el presente caso de aplicarse lisa y llanamente la ley 24.557 modificada por ley 26.773 y 27.348.
Por ello, y tal como lo expresara oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso análogo al presente, "LUCCA DE HOZ, MIRTA LILIANA C/TADDEI, EDUARDO Y OTRO S/ACCIDENTE", sentencia del 17/08/2010, haciendo suyos los fundamentos utilizados por la Sra. Procuradora Fiscal, Dra. Marta A. Beiró de Goncalvez en su Dictamen, puede concluirse que la indemnización tarifada prevista para el caso concreto por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) es irrazonable e impugnable por el escaso monto que arroja.
A todas luces, en las presentes actuaciones, surgen harto evidentes, las falencias en el cálculo de la prestación económica arrojada por la Ley de Riesgos del Trabajo, texto vigente a la fecha del infortunio cuya reparación se pretende, llevándonos a determinar, un monto absolutamente irrisorio y escaso que lejos importaría una reparación de la incapacidad de una víctima de un daño.
Por cierto, no puede olvidarse que dichas falencias en la ley originaria 24.557, fueron declaradas oportunamente por gran cantidad de fallos judiciales de todas las instancias, dictados sostenidamente, que acompañados en idéntico sentido por la más distinguida doctrina jurídica en la materia, condujeron inexorablemente a las modificaciones sufridas por el régimen de riesgos del trabajo a través del dictado del decreto 1694/09, que entre otras modificaciones estableció mínimos razonables garantizados según el porcentaje de incapacidad padecido por la víctima; la ley 26.773 que agregó, entre otras disposiciones, el incremento indemnizatorio del 20 % establecido en su artículo 3; la ley 27.348 que reconoció la necesidad de actualizar el ingreso base, entre otras modificaciones que acontecieron.
El monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NUEVE PESOS ($ 2.160.009), arrojado por la aplicación mecánica de la ley originaria resulta inequitativo, por no respetar siquiera mínimamente un "criterio reparador", ni el valor salud o vida humana, aún dentro de un sistema tarifado, violentando de esta forma derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional para el trabajador, sujeto por cierto, de preferente tutela constitucional. (conforme fallo "Aquino" de la C.S.J.N.)
En el precedente mencionado, "LUCCA DE HOZ", que entiendo resulta totalmente aplicable al caso que nos ocupa, se ha expresado que : "...las deficiencias del método del cálculo de la fórmula utilizada en ella, por el legislador, ya había sido anunciada por VE en los diferentes votos del precedente "Aquino" (r. Fallos 327:3753, considerando 6°, del voto de Petracchi y Zaffaroni,, considerando 9° del voto de Belluscio y Maqueda; considerando 11° del voto de Highton de Nolasco). En concreto, entre otros argumentos se señaló allí que la Ley de Riesgos del Trabajo, mediante la prestación del artículo 15, inc. 2, segundo párrafo y la consiguiente exención de responsabilidad del empleador de su artículo 39, inc. 1, sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancia, que, asimismo, avalúa menguadamente".
Toda indemnización establecida por ley, debe respetar la garantía de indemnidad del trabajador establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, como así también, el valor de la salud y la vida humana que deriva del artículo 19 de la misma, sin dejar de tener presente jamás, el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Carta Magna; circunstancia por cierto que no se encuentra verificada en el presente caso.
En dicho orden de ideas, no puedo dejar de señalar que aplicar literalmente la fórmula establecida en el artículo 12 de la ley 24.557 (modificado por art 11 de la ley 27.348), importaría no sólo violentar las garantías constitucionales precedentemente detalladas para el actor, sino también, a uno de los propios objetivos perseguidos por la Ley de Riesgos del Trabajo establecidos en el artículo 1 de la misma: "...b) reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades profesionales" (el destacado es propio)
Concretamente, la prestación económica establecida en la ley 24.557 para el presente caso, por las particularidades que presenta, desde una perspectiva humana, no cumple con la finalidad legal ni constitucional de reparar el daño, y por ende, no resulta aceptable su determinación en forma literal.
Tomando una vez más, y para concluir, las palabras de la Sra. Procuradora Fiscal ante la Corte de Justicia de la Nación en el precedente mencionado "La doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres pérdida real de ingresos que sufre el trabajador a consecuencia del infortunio..."
Por todo lo expuesto, propicio:
Que el artículo 12 de la ley 24.557, por modificación del artículo 11 de la ley 27.348, deviene inaplicable en el caso de autos, por violentar derechos y garantías constitucionales del actor. (arts. 14 bis, 17, 18, 19, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 11, 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Convención Americana sobre derechos Humanos, en particular, art. 21 inciso 2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) art 7; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/Taddei, Eduardo y otro s/accidente", sentencia C.S.J.N. del 17/08/2010; "Aquino, Iscacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente de trabajo, sent. SCBA del 21/09/2004; entre otros)
Por ello, y en atención al pedido de actualización formulado por la parte actora, y a los fines de que el crédito del trabajador no se vea pulverizado, entiendo corresponde aplicar a los fines de establecer una indemnización reparadora y justa:
a) como prestación dineraria establecida en el artículo 14 inciso segundo apartado a) el piso mínimo garantizado por el decreto 1.694/09, reglamentario de la ley 24.557, actualizado al día de la fecha conforme Resolución S.R.T. 39/26 que determina para el 100% de incapacidad un mínimo garantizado de $ 114.354.110, por lo que en el presente caso la suma final para el 11,12% de incapacidad de la total obrera ascendería a DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($12.716.177)
b) como incremento indemnizatorio establecido en el artículo 3 de la ley 26.773 , la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.543.235)
Es así que la SUMA FINAL , por la que propicio prospere la presente acción asciende a QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.259.412) ( leyes 24.557, 26,773, decretos 1.278/00, 1694/09 y 27.348). Se deja aclarado que es a valores actuales.
Para así decidir, ante la situación discapacitante que atraviesa el actor, y en orden a encontrar alguna respuesta razonable a esta particular circunstancia, teniendo en cuenta la índole y naturaleza de la petición incoada, así como el hecho de encontrarse también involucrado en el caso sub examine el derecho a la salud, el tiempo excesivo transcurrido desde el accidente hasta el dictado del presente decisorio, procurando que ello impacte en la menor medida sobre la eficacia de la decisión jurisdiccional a brindarse, es menester señalar que "existe en nuestro ordenamiento jurídico positivo un completo sistema de tutela de las personas con discapacidad, que tiene su vértice en la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en especial, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad (CDPD) aprobada por la ley 26.378 (BO 9.6.2008), ..sus derechos están protegidos de modo preferente y el estado a través de todos sus poderes y organismos debe promover medidas de acción positiva para garantizar su concreta, real y efectiva tutela (art. 75 inc. 23 in fine de la Constitución Nacional).." conjugándose lo ante dicho con lo previsto en la ley 27360 Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, también de jerarquía constitucional, se debe promover la búsqueda de una solución adecuada.
En ese piso de marcha, en su art 4 inc. C) la ley prescribe que los Estados partes: Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos".
Es decir, en el caso de autos, convergen dos situaciones particulares que ameritan ser ponderadas, por un lado la incapacidad producto del accidente y por el otro lado la mayor edad del causante: "la incorporación del "dialogo de fuentes" en el Código Civil y Comercial, importa un sistema de fuentes de manera integral, donde toman especial consideración los tratados de derechos humanos y derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad, receptando la constitucionalidad del derecho privado y estableciendo una comunidad de principio entre la constitución, el derecho público y el derecho privado" (Yuba Gabriela Transversabilidad de derechos humanos en el Código Civil y Comercial. Construcción de un nuevo paradigma, publicado en SJA 13/12/17).
"La clave justamente de esa adecuada ponderación es analizar los contextos, para que la tutela diferenciada y esforzada se aplique en su justa medida. .los principales factores de detección de sujetos con condición y/o en situación de vulnerabilidad con relevancia jurídica son: imposibilidad, dificultad, desproporción y excesivo sufrimiento (Sosa Guillermina Leontina "La especial atención a vulnerbles como mandato convencional. Desafios de siempe y de pandemia, publicado en La Ley 25/6/21) ASÍ LO VOTO.
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA SRA. JUEZA DRA. MARIA EUGENIA PIERAZZOLI DIJO:
Por compartir los fundamentos y consideraciones, adhiero al voto de la Dra. ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO emitido en primer voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. MARCELO CLAUDIO MOARO DIJO:
Por compartir los fundamentos y consideraciones, adhiero al voto de la Dra. ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO emitido en primer voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. ALEJANDRA NOEMI GROSSO DIJO:
DECISION:
En atención al resultado arribado en la cuestión anterior, considero corresponde HACER LUGAR a la demanda entablada por el Sr. ABEL ORTIZ RODRIGUEZ contra EXPERTA ART SA, por la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.259.412) en concepto de prestación dineraria del artículo 14 apartado segundo, inciso "a" de la ley 24.557, conforme piso mínimo garantizado por Resolución S.R.T. 39/2026 conforme disposiciones del decreto 1694/09; decretándose para ello la inaplicabilidad del artículo 12 de la ley 24.557, por modificación del artículo 11 de la ley 27.348, por devenir en el caso que nos ocupa arbitrario e irrazonable. (arts. 14 bis, 17, 18, 19, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 11, 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Convención Americana sobre derechos Humanos, en particular, art. 21 inciso 2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) art 7; "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/Taddei, Eduardo y otro s/accidente", sentencia C.S.J.N. del 17/08/2010; "Aquino, Iscacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente de trabajo, sent. SCBA del 21/09/2004; entre otros) e incremento indemnizatorio art- 3 ley 26.773.
Asimismo, declarar la inconstitucionalidad del decreto 669/19 por doctrina legal de la SCBA L 129.800, del 14/07/2025 en la causa "MUZYCHUK". Se deja aclarado que la suma determinada en la sentencia es a valores actuales. (arts. 1, 4, 11, 12, 13, 14 y ccdtes de la ley 24.557, decretos 1278/00, 1694/09, ley 26.773, ley 27.348, Resolución 62829/2025)
SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO
Para el supuesto en que la demandada incurriera en mora, a partir de ella y hasta su efectivo pago, la suma de condena devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina. (arts. 770 del C.C.C.N., por art. 12 apartado tercero de la ley 24.557)
INCONSTITUCIONALIDADES PLANTEADAS:
Corresponde desestimar los diversos planteos de inconstitucionalidad planteados por las partes en sus escritos constitutivos del proceso, por devenir abstractos al dia de la fecha atento lo actuado hasta el día de la fecha, como así también los hechos tenidos por acreditados. (art. 726 del C.C.y C.)
COSTAS - HONORARIOS PROFESIONALES:
Propongo se impongan las costas por el progreso de la acción, como así también de todas las incidencias planteadas en autos, a la demandada en su condición de vencida. (arts. 24, 89 ley 15.057 y art 68 del C.P.C.C.)
Finalmente, tomando en consideración la fecha, cantidad y calidad de las actuaciones realizadas en autos, el mérito de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, como así también, el monto de la condena, y mínimos garantizados por las leyes arancelarias profesionales locales , propicio regular los honorarios del siguiente modo:
LETRADOS:
Dr. Alexis Gabriel Yebne (parte actora, Tª LXVIII F° 438 CALP) en 10 jus arancelarios.
Dr. Tomás Makintach (parte actora, Tª XLV F° 407 CASI) en 31 jus arancelarios.
Dr. Antonio Gerardo Mongiello (parte actora T° XXXVI F° 390 CASI) en 20 jus arancelarios.
Dr.José Mario Fernandez Jereb (T XII Fª 243 CALM) en 7 jus arancelarios.
PERITOS:
MÉDICO: JUAN CARLOS ARAUJO (CUIT 23-04200547-9) en la suma de $460.000.
CONTADORA: MARIELA MERCEDES CONVERTI (CUIT 27- 253169562) en la suma de $460.000.
Ello, con fundamento en los artículos 1, 2, 15, 16, 21, 23, 51 de la ley 14.967, ley 10.620, modificada por ley 13.750; ley 6742, ley 9383 y decreto 1521/81; Ley 5.920, decreto 784/71 y decreto 6964/65.
Propongo también que los honorarios regulados en autos lleven aportes e IVA, si correspondiere (art. 12 inciso a y 22 de la ley 6716; arts. 106 inc. C) 193 y concordantes de la ley 10.620 modificada por la ley 13.750)
Finalmente se hace saber a los letrados que deberán acreditar el pago de los aportes por honorarios regulados conforme lo establece el artículo 22 de la ley 6716, bajo apercibimiento de comunicar a la caja y organismos pertinentes. ASÍ LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA SRA. JUEZA DRA. MARIA EUGENIA PIERAZZOLI DIJO:
, Atento el resultado arribado en la cuestión anterior, adhiero al voto de la Dra. ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. MARCELO CLAUDIO MOLARO DIJO:
Por compartir los fundamentos y consideraciones, adhiero al voto de la Dra. ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO emitido en primer voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, firmando Ss.Ss., ante mí.
Lm 30856/22
//San Justo, en la fecha de suscripción digital
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
Lo que resulta del Acuerdo precedente,
El Tribunal del Trabajo N° 1 de La Matanza
1. HACER LUGAR a la demanda entablada por el Sr. ORTIZ RODRIGUEZ ABEL condenándose a EXPERTA ART SA a pagar la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.259.412) en concepto de prestación dineraria del artículo 14 apartado segundo, inciso "a" de la ley 24.557. Ello, conforme piso proporcional a la incapacidad determinada para el accionante por la Resolución S.R.T. 39/2026, decretándose para ello la inaplicabilidad del artículo 12 de la ley 24.557, modificado por art. 11 de la ley 27.348, por devenir en el caso que nos ocupa irrazonable y arbitrario, e incremento indemnizatorio art. 3 ley 26.773. Se deja aclarado que el monto de la sentencia es a valores actuales.
Corresponde decretar asimismo la inconstitucionalidad del decreto 669/19 conforme reciente doctrina de la S.C.B.A. en causa L. 129.800 "MUZYCHUK" del 14/07/2025 (arts. 1, 4, 11, 12, 13, 14 y ccdtes de la ley 24.557, decretos 1278/00, 1694/09, ley 26.773, ley 27.348)
2. El importe por el que procede la demanda, intereses y las costas, deberàn ser depositados dentro del plazo establecido de 10 días día de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución en las siguientes CONDICIONES:
a) La demandada DEBERÁ DEPOSITAR EL CAPITAL EN FORMA DIRECTA en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 17 de la ley 27.348, ley 26.950. A tal efecto, queda INTIMADA LA PARTE ACTORA para que EN EL TERMINO DE DOS (2) DÍAS, denuncie y acredite en autos titularidad y los datos de la cuenta sueldo respectiva (CUIL, BANCO, CBU y ALIAS), a efectos de hacerle saber a la parte obligada al pago, a sus efectos.
b) Para el supuesto en que el/la accionante no posea cuenta sueldo activa, queda INTIMADA LA PARTE ACTORA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOS (2) DIAS, acredite en el expediente la titularidad exclusiva de una cuenta abierta a su nombre, donde la demandada deberá efectuar los depósitos pertinentes. Cumplido ello, en orden al principio de economía procesal y en uso de las facultades conferidas por ley al Tribunal, autorízase a la condenada a efectivizar el pago mediante depósito directo en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora en autos (conf. art 17 ley 27.348)
Se hace saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del/a actor/a, EL PLAZO PARA EL PAGO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
El pago en la forma indicada deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su efectivización dentro de los cinco (5) días de cumplidos.
3. En caso de MORA, a partir de ella y hasta su efectivo pago, la suma de condena devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina. (art. 12 apartado tercero de la ley 24.557)
4. CONDENAR en costas a la demandada en su condición de vencida (art. 24 ley 15.057)
5. REGULAR a tenor de la ley 14.997 los honorarios profesionales tomando en consideración la fecha, cantidad y calidad de las actuaciones realizadas en autos, el mérito de la labor desarrollada, como así también, el monto de la condena, respetando los mínimos arancelarios establecidos en las leyes arancelarias locales , del siguiente modo LETRADOS: Dr. Alexis Gabriel Yebne (parte actora, Tª LXVIII F° 438 CALP) en 10 jus arancelarios, Dr. Tomás Makintach (parte actora, Tª XLV F° 407 CASI) en 31 jus arancelarios, Dr. Antonio Gerardo Mongiello (parte actora T° XXXVI F° 390 CASI) en 20 jus arancelarios. y Dr.José Mario Fernandez Jereb (T XII Fª 243 CALM) en 7 jus arancelarios. PERITOS: MÉDICO: JUAN CARLOS ARAUJO (CUIT 23-04200547-9) en la suma de $460.000, CONTADORA: MARIELA MERCEDES CONVERTI (CUIT 27- 253169562) en la suma de $460.000. Ello, con fundamento en los artículos 1, 2, 15, 16, 21, 23, 51 de la ley 14.967, ley 10.620, modificada por ley 13.750; ley 6742, ley 9383 y decreto 1521/81; Ley 5.920, decreto 784/71 y decreto 6964/65. Todos ellos con más los aportes e IVA, si correspondiere.
Los HONORARIOS de los profesionales intervinientes (letrados y peritos) DEBERÁN SER ABONADOS DIRECTAMENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES DE LOS MISMOS. A tal efecto, quedan intimados dichos profesionales para que en el término de dos (2) días denuncien en autos los datos de sus cuentas bancarias (BANCO, SUCURSAL, CBU, ALIAS, CUIT/CUIL, CONDICION ANTE LA AFIP y/o CONVENIO MULTILATERAL / SIFERE / OTROS ), a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago.
Se hace saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del profesional, EL PLAZO PARA EL PAGO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado ut supra, deberá la condenada, acreditar el pago correspondiente, así como el pago de los aportes a su cargo. También el beneficiario deberá acreditar en el plazo de 60 días subsiguientes el pago de los aportes a su cargo, bajo apercibimiento de hacer saber dicho incumplimiento a la Caja de Previsión que corresponda.
6. INTIMAR a los profesionales intervinientes en autos para que en el plazo estipulado para el cobro de sus honorarios acrediten el pago de los aportes correspondientes, bajo apercibimiento de comunicar a las autoridades y organismos pertinentes. (art. 12 inciso a y 22 de la ley 6716; arts. 106 inc. C) 193 y concordantes de la ley 10.620 modificada por la ley 13.750)
7. LÍBRESE OFICIO a la Receptoría General de expedientes Departamental por Secretaría a fin de que tome conocimiento que se ha dictado la presente Sentencia.
Firmas
Funcionario firmante: GROSSO Alejandra Noemi - JUEZ
Funcionario firmante: PIERAZZOLI Maria Eugenia - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: MOLARO Marcelo Claudio - JUEZ
Funcionario firmante: VESPRINI Gisela - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 253-2026
Fin de la sentencia