Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 133.134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 15/6/2023 con costas (art 68, CPCC).
MFA
Sentencia Definitiva Causa N° 133134-2; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA SIMONET GUILLERMO LUIS S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION) (DIGITAL)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133134-2, caratulada: "SIMONET GUILLERMO LUIS S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION) (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 15/6/2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el incidentista el día 26/6/2023 contra la sentencia de fecha 15/6/2023, en cuanto rechaza el incidente impetrado. El memorial se presentó el 7/7/223 y recibió contestación del quebrado (escrito del 5/8/2023) y del síndico (escrito de fecha 7/8/2023). El 13/9/2023 se presentó dictamen del señor Fiscal de Cámaras.
2. Sostiene el recurrente que previo a entrar en el análisis de la resolución atacada resulta sustancial ir unos pasos procesales atrás, particularmente al proveído por el que se declara la cuestión de puro derecho, pues ese decisorio es el que actúa como antecedente directo y justificativo de la sentencia impugnada. Refiere que el negocio jurídico data del año 2008, que fue documentado mediante un boleto de compraventa que posteriormente fue extraviado, lo cual resulta irrelevante, dado que años más adelante -el día 16/9/2019-, con importante antelación a la quiebra -20/2/2020-, las partes suscribieron uno idéntico al original ante la Notaria Pública Andrea Molla de La Plata, por lo que la ponderación que hace el juez en relación a la supuesta falta de prueba para acreditar la existencia del boleto realizado en el año 2008 carece de sentido. Agrega que se pone en duda su buena fe, la cual se presume y que además se halla en posesión del inmueble, en el que construyó una iglesia que actualmente funciona y que para acreditar lo expuesto deben meritarse los mandamientos de constatación que se efectuaron en el marco del expediente caratulado:
“PEREZ JULIO CESAR S/ INCIDENTE DE REALIZACION DE BIENES
(QUIEBRA)” de los que surge que tanto el síndico como el martillero dan cuenta de la efectiva existencia de la iglesia, la que, por lógica y deducción, en virtud de las fotos que se acompañan y las descripciones vertidas, surge que no es una construcción nueva. Refiere que con el mandamiento de constatación de fecha 7/12/2021, se acredita la larga existencia de la iglesia, al constar que hacía más de dos años que se encontraba sin actividad, ello por cuestiones organizacionales y posteriormente por la pandemia; que si en el año 2021 hacía dos años que no funcionaba, el inicio de su construcción comenzó varios años antes del 2019, es decir, antes del nuevo boleto de compraventa, lo que comprueba que el negocio jurídico es anterior y que se hallaba en posesión del inmueble y que por todo lo que expone surge que se encuentran cumplimentados los recaudos exigidos por art. 146 de la ley 24.522, esto es el pago del 25% del precio con anterioridad a la sentencia de quiebra. Aduna que como prueba del pago no solo está el instrumento con firmas certificadas que sirve de suficiente recibo, si no que tampoco fue un hecho controvertido; el fallido lo reconoció tanto en la petición de propia quiebra, como al momento de contestar el traslado y, por otro lado, el síndico tampoco atacó su buena fe.
3. Primeramente cabe señalar que el recurrente consintió la resolución que declaró la cuestión de puro derecho. Al ser notificado no opuso reparo, lo que cerró toda posibilidad -desde el punto de vista procesal-, de discusión al respecto (arg. arts. 150, 155, 357 del CPCC; arts. 278, 280, 281, 282, 285, ley 24.522) por lo que la queja esbozada al respecto es improcedente.
Por otro lado se advierte que la única prueba ofrecida -además de la documental acompañada en su escrito inicial- fue la informativa a fin que se libre oficio a la escribanía que intervino en la certificación de las firmas del boleto presentado, apreciándose al respecto que dicha prueba es inconducente para acreditar los extremos cuya orfandad probatoria motivó el rechazo del incidente.
4. El artículo 146 de la ley concursal - segunda parte- en consonancia con el anteriormente vigente art. 1185 bis del Código Civil (actual 1171 del Código Civil y Comercial de la Nación) establece un régimen específico respecto del boleto de compraventa de inmuebles suscripto por el quebrado antes de la declaración de la quiebra que posibilita su cumplimiento, condicionado a que el contrato pueda ser cumplido por el concurso y a la autorización judicial.
Concretamente dispone que los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el 25% del precio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente. El comprador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso que la prestación a cargo del comprador fuere a plazo deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de precio. Los requisitos que debe reunir el adquirente de un inmueble mediante boleto de compraventa para que su derecho sea oponible al concurso deben respetar el espíritu protectorio de los compradores de inmuebles plasmado en la ley, pero a su vez deben impedir colusiones entre el deudor y dicho adquirente con el fin de sustraer del patrimonio de aquél los bienes que son prenda común de los acreedores.
Se ha debatido la necesidad de fecha cierta del boleto de compraventa suscripto entre el adquirente y el concursado/quebrado para que sea oponible al concurso.
La SCBA consideró al respecto que dicha exigencia “(…) viene impuesta legalmente, aún cuando no sea mencionada en el art. 1185 bis del Código Civil ni en el art. 146 de la Ley de Concursos, tratándose de oponibilidad a terceros” y que “(…) la "certidumbre fáctica" respecto a la fecha en que se ha suscripto el boleto constituye un arbitrio de excepción que permite sortear la ausencia de fecha cierta. La exigencia de fecha cierta se relaciona directamente con la oponibilidad del instrumento en cuestión a la masa de acreedores, quienes claramente resultan terceros en relación al boleto, pero se encuentran directamente interesados en la procedencia o no de la pretensión incidental pues se afectan con ello sus derechos (…)” “(…) La falta de mención de fecha cierta por parte de los arts. 146 de la ley 24.522 y 1185 bis del Código Civil no implica que el boleto de compraventa haya dejado de ser un instrumento privado y por tanto no le sea plenamente aplicable la normativa específica de los mismos (art. 1035, C.C.) -salvo que expresamente se disponga por una norma especial su dispensa-.
Tal criterio sistemático de interpretación se impone, máxime cuando nos encontramos en el marco especial del proceso falencial. Lo dicho no implica que en función de los bienes tutelados y los intereses comprometidos se realice en este ámbito y frente a la situación de excepción que plantean los arts. 1185 bis del Código Civil y 146 de la ley falencial una interpretación flexible del art. 1035 del Código Civil por lo que cabe admitir que dicho texto no contiene una lista cerrada y limitada que impida el reconocimiento judicial de otros casos en los que la certidumbre fáctica se imponga fuertemente a la conciencia de los jueces, porque el negarlo importaría hacer prevalecer el formalismo hueco, violatorio de la justicia, frente a la verdad real (…)".
“(…) el recaudo en examen excede a las partes y se impone como un extremo a probar frente al juez, quien debe decidir respecto del crédito dentro del proceso universal en el que se encuentra involucrada además de ellas, la masa de acreedores. Partiendo del concepto precedente, se advierte de todos modos que no cabe exigir el extremo en examen de manera puramente ritual o con excesivo rigor formal. En función de ello, con carácter de excepción puede admitirse en algunos casos y frente a la imposibilidad de comprobar lo que técnicamente se denomina "fecha cierta", la equiparación a la misma de lo que podemos denominar una "certidumbre fáctica" respecto al momento en que fue suscripto el instrumento (…)”.
Asimismo, en el mencionado pronunciamiento se estableció que “la certidumbre fáctica implica la reunión de un conjunto de hechos y circunstancias, debidamente acreditado, que conduce a advertir sin esfuerzo la oportunidad y sinceridad del acto (S.C.B.A., 97.118, “Flamini, Andrés. Incidente de verificación tardía en “Fernández, Eduardo s/Concurso Preventivo”, voto del Dr. De Lázzari que hizo mayoría, sent. del 4/5/2011; el destacado no luce en el original).
La cuestión atinente a la fecha cierta ha sido solucionada en favor de la necesidad de tal recaudo por una norma posterior y especial, el art. 1171 del CCCN, que establece que: “Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de precio”.
Asimismo, el art. 1170 del mismo Código de derecho sustancial prescribe que: “El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta; d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria”.
A partir de la vigencia de los arts. 1170 y 1171 del CCCN, corresponde seguir aplicando la doctrina de la SCBA sentada en la causa C. 97.118 “Flamini, Andrés. Incidente de Verificación Tardía en “Fernández, Eduardo s/Concurso Preventivo” del 4/5/2011, en cuanto a que la “certidumbre fáctica” constituye un arbitrio de excepción que permite sortear la ausencia de fecha cierta. Por otro lado siendo que el art. 1171 del CCCN no requiere publicidad suficiente (registral o posesoria) -a diferencia del art. 1170 precitado-, es lo cierto que una interpretación sistemática de la norma requiere la exigencia de publicidad posesoria (Sosa Aubone, Ley de Concursos y Quiebras. Comentada. Anotada. Concordada”, 1ra. Edición, Hammurabi, 2021, comentario al art. 146 de la Ley 24.522, pag. 671 a 673). En la especie advierto que el recurrente no logra desvirtuar los argumentos centrales del decisorio apelado en cuanto a que no se ha producido prueba suficiente tendiente a acreditar que efectivamente ha existido un boleto realizado en el año 2008 (pues no surge de la causa un conjunto de hechos y circunstancias, debidamente acreditados, que conduzcan a advertir sin esfuerzo la oportunidad y sinceridad del acto -en los términos de la doctrina casatoria citada), que el mismo se ha extraviado y que se ha realizado el pago de la suma de seis mil dólares.
Como puntualizara la sentenciante, sólo se presentaron fotografías de lo que sería el inmueble en cuestión y lo que sería un idéntico ejemplar del Boleto de compraventa inmobiliaria original extraviado suscripto ante la Notaria Pública Andrea Molla (titular del registro 402 del Partido de La Plata) el 16/09/2019 -5 meses antes del pedido de propia quiebra-, sin que se haya producido prueba que brinde certidumbre fáctica acerca de la fecha en que fue suscripto el boleto para que el mismo pueda oponerse en el ámbito concursal y por sobre el interés de los demás acreedores del concurso (arts. 375, 384, CPCC).
El mero reconcomiendo del deudor -sin estar corroborado de manera verosímil por eficaces elementos de convicción- no basta para que el negocio sea válidamente oponible al concurso (doct. art. 146, ley 24522). Por otro parte, la manifestación de las partes efectuada en el boleto acompañado -al que se le pretende atribuir como fecha de suscripción el día 15 julio de 2008- atinente al pago del precio, por sí sola no resulta suficiente para acreditarlo, dado que se trata de una simple manifestación que, si bien ha sido realizada por las partes ante un escribano, carece de cualquier otro medio de prueba que la confirme. No resulta arbitrario ni ilógico exigir algún otro tipo de probanza dado que se trata de un negocio de gran envergadura, la compra de un inmueble, por lo que la mera manifestación de las partes efectuada en el documento acompañado al escrito inicial no puede llevar a la certeza acerca del cumplimiento de un requisito esencial, como es el pago del 25% del precio.
Por otro lado tampoco se ha acreditado que el recurrente se encuentre en posesión del inmueble (arts. 1908, 1909, 1924, 1928, CCCN;
375, CPCC).
De los mandamientos de constatación a los que hace referencia el quejoso solo surge que en el lugar habría funcionado una iglesia pero ello no acredita de manera alguna su posesión en cabeza del incidentista, quien no ha aportado prueba alguna al respecto.
En opinión y fundamentos que comparto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno (voto de la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci) en la causa “Fernández Angel c/Coviram Ltda. s/Inc.Rev. s/Casación” de fecha 30/5/1996, JA, 1997-I, 83) ha dicho que el recaudo de la publicidad (sea posesoria o registral) está implícitamente requerido en el art. 146 de la ley concursal, indicando que ello es así porque:
“a) El art. 146 de la ley 24.522 al igual que el antiguo 150 del mismo ordenamiento general, establece una prioridad excluyente y, por lo tanto, la interpretación en favor del comprador debe ser restrictiva. En tal sentido se ha dicho sobre el nuevo art. 146: "Sólo resta aguardar una escrupulosa aplicación por los jueces que, en la medida de las posibilidades, eviten maniobras perjudiciales" (FassI-Gebhardt, Concursos y quiebras, 5ª ed., Bs. As., Astrea, 1996, pág. 345).
b) El art. 146 de la ley concursal forma parte de un sistema normativo y, por lo tanto, no puede ser interpretado aisladamente. En ese sistema normativo, la oponibilidad de los derechos (sean personales o reales), exige siempre algún grado de publicidad (por imperfecta que sea); de otro modo, la inseguridad reinaría por doquier y el crédito, motor de la economía capitalista, habría sufrido un golpe mortal. En tal sentido, recuerdo que la doctrina más jerarquizada sostiene que los derechos ya no deberían clasificarse en personales y reales sino en oponibles y no oponibles. Ahora bien, la oponibilidad exige publicidad, más o menos perfecta según los casos, pero siempre requiere de algún sistema por el cual ese derecho tenga aptitud para ser conocido, desde que no se puede exigir el respeto de algo que no se tiene posibilidad de conocer; de otro modo, la oponibilidad resultaría una trampa contra la que no hay defensas.
c) Es cierto que, en nuestro derecho, la oponibilidad de los créditos privilegiados no exige registración; sin embargo, casi todos ellos ostentan algún grado de apariencia, algún modo de hacerlos fácticamente visibles; así por ej., los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación son fácilmente verificables por un perito; los trabajadores de la empresa prestan servicios determinables, figuran en los libros y asientos contables del deudor; los impuestos y tasas son obligaciones de origen legal; las hipotecas, prendas, etc., tienen algún tipo de registración; el retenedor se encuentra en contacto con la cosa, etc.. O sea, créditos laborales, de construcción, fiscales, etc. no se pueden "inventar", ni "dibujar" eficazmente sin un mínimo de realidad. De igual modo, el destino vivienda estaba basado en un dato fáctico verificable: que el tercerista habita en el inmueble.
d) La oponibilidad amplia del boleto de compraventa, sin exigir ningún tipo de publicidad (ni posesoria, ni registral) configuraría una ruptura absurda, ilógica, irracional del sistema porque:
- Lejos de favorecer la justicia distributiva (propia de los conflictos entre acreedores), beneficiaría el fraude y la colusión. - Cuando la jurisprudencia anterior a la sanción de la ley 24522 extendió los alcances del art. 150 a todo tipo de boletos, lo hizo en los casos en que el adquirente tenía posesión; ello tiene sentido lógico, pues al momento de la declaración de la quiebra o de la traba del embargo el o los acreedores han encontrado, en el patrimonio del deudor, un derecho que podría denominarse incompleto, dado que habiendo adquirido legítimamente la posesión, el tercero detentador ejerce, como si fuese un propietario las facultades de usar y gozar.
- El adquirente por boleto sin posesión ni acceso registral sólo titulariza una mera obligación de hacer; ¿cuál es el sentido lógico por el cual la ley le otorgaría el derecho a separar de modo excluyente un bien del patrimonio del deudor común (quizás el más valioso)? Semejante resultado se justificaba cuando la oponibilidad del boleto estaba restringida al inmueble destinado a vivienda, por la especial protección constitucional del acceso a una vivienda digna, pero no cuando la prioridad excluyente se consagra sin ningún tipo de distinciones. Compárese la diferencia que existiría entre el vendedor a quien no se le pagó el precio, que hizo ingresar en el patrimonio una cosa que servirá de garantía a todos los acreedores y este comprador. El primero cobra a prorrata, el segundo, separa el bien en su exclusivo beneficio. ¿Puede pensarse en un resultado más contrario a la equidad?
e) Una interpretación amplísima de la ley, que no requiriese la publicidad del boleto (sea posesoria, sea registral) violentaría, entonces, la jurisprudencia de la Corte Federal, que desde antiguo enseña a los tribunales inferiores que "si bien es cierto que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema al que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias" (Fallos 234-482; 295-1001; 303-917; 302-1293, etc.); que "cuando la inteligencia de una norma basada exclusivamente en la literalidad de sus términos conduzca a resultados que sean adversos a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho o provoque consecuencias notoriamente injustas, es posible arbitrar otras de mérito opuesto, lo cual resulta compatible con el común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos 308-1655). Es que la ilogicidad y la imprevisibilidad no pueden presumirse, ni en el legislador ni en el juez; por eso, la norma no debe ser interpretada aislada e individualmente, como si se tratara de una mera proposición lógica, sino formando parte de un contexto normativo-sistemático-histórico y teleológico, en el cual cabe suponer se integra coherentemente y sin contradicciones.
f) La oponibilidad irrestricta contradice de manera palmaria las soluciones de las legislaciones a las que nos une una tradición común. Ni en el derecho concursal, ni en la ejecución individual, como se ha visto, se admite el derecho de separación en términos tan indiscriminados como a los que llevaría la oponibilidad irrestricta; por el contrario, o la posesión, o el registro, deben acompañar a quien adquiere por instrumento privado (…)” (el resaltado no luce en el original).
Cabe señalar además que en el marco una demanda de verificación tardía impetrada en un proceso concursal, el mero reconocimiento del derecho por parte del concursado no tiene la fuerza de convicción calificada que es inherente a la confesión judicial en cualquier otro proceso (la de la "proba probatíssima"), ya que ello podría llevar a la admisión de una eventual colusión entre el pretenso acreedor y deudor fallido para excluir bienes de la masa y perjudicar los intereses de los otros acreedores verificados; y si bien ello no puede llevar al extremo de prescindir absolutamente de la misma y neutralizarla en sus proyecciones generadoras de la convicción judicial, sino que la misma debe ser valorada dentro del conjunto de otros medios de prueba que sean aptos para generarla, debiendo la confesional ser valorada integralmente en todo el contexto de la prueba, es lo cierto que en este especial caso la prueba producida deviene totalmente insuficiente para hacer lugar a la pretensión. Precisamente, recordó nuestra Suprema Corte provincial, “El valor probatorio de la prueba confesional, debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material. Y ello no solo en el ámbito de la confesión ficta, cuya virtualidad probatoria, no es de plena prueba (art. 417 del C.P.C.), sino también en relación a la confesión expresa, de fuerza insuperable que la constituye en la probatio probatíssima” (art. 421 del C.P.C.C.; SCBA C 77802, sent. del 6-IV-2016; C 109072, sent. del 12-XII-2012).
Por todo lo expuesto y en consonancia con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras, corresponde confirmar la resolución atacada con costas (art 68, CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 15/6/2023 con costas (art. 68, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 15/6/2023 con costas (art 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia