Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 9445
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada en todas sus partes;
2Hacer lugar parcialmente a la DEMANDA entablada por Coria Argentina Selva y en su consecuencia, condenar a “Nuevo Ideal SA” y a la citada en garantía “La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales”–dentro de los límites del contrato de seguro y con los alcances de lo dispuesto en el considerando IV-, debiendo abonar éstos últimos a favor de la actora, la suma total de pesos DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL ($10.186.000,00), dentro de los diez días de quedar firme la presente con más sus intereses, conforme lo determinado en el considerando IX, bajo apercibimiento de ejecución;
3Rechazar la falta de legitimación planteada por la citada en garantía;
4ACLARAR que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura y la franquicia o descubierto (a cargo del asegurado) serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada;
5Imponer las costas generadas en ambas instancias a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.).
6Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad;
7Rechazar el pedido de actualización monetaria; …
9445 - 2009 - CORIA ARGENTINA SELVA C/ NUEVO IDEAL SAN JUSTO SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "CORIA ARGENTINA SELVA C/ NUEVO IDEAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
LM-9445/2009
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "CORIA ARGENTINA SELVA C/ NUEVO IDEAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" LM-9445/2009 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – POSCA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes de la causa Con fecha 24/09/2022 la sentenciante de grado resolvió: “Rechazar la pretensión interpuesta por la Sra. Coria, Argentina Selva contra Nuevo Ideal S.A. y La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales en carácter de citada en garantía conforme lo establecido en el Apartado V. 2) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la citada en garantía, conforme el apartado IV. 3) Imponer las costas a la demandada vencidas (art. 68 del CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley 8904.”
Contra dicha forma de resolver, apeló la actora con fecha 4/5/2022 - véase escrito firmado en formato PDF de fecha 10/5/2022-, recurso que fuera concedido libremente el día 13/5/2022.
Elevadas las actuaciones, se radicaron ante esta Sala Primera.
El día 02/06/2023 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la accionante con dicha carga procesal el día 05/06/2023.
Habiéndose dado por presentada en legal tiempo y forma, se corrió el respectivo traslado del memorial día 23/06/2023, el cual resultó contestado por la demandada a través de su letrada apoderada, Dra. Viñuela con fecha 04/7/2023.
En consecuencia, el día 11/7/2023 se le dio por decaído el derecho a la citada en garantía, pasando los autos para sentencia con fecha 18/8/2023 y sorteo de orden de estudio en fecha 28/9/2023.
II. Fundamentación de los agravios de la parte actora De la atenta lectura de las quejas articuladas por la accionante, se observa que esta queja por el rechazo de la acción.
Que “conforme constancia de autos surge que la suscripta producido el hecho dañoso narrado en la demanda interpone denuncia policial ante la comisaria del radio del lugar donde ocurrieran los hechos. Que obra agregados en los autos, la causa penal instruida al efecto”.
Que “la demandada Nuevo Ideal S.A oportunamente no contesto la demanda entablada lo que hace presumir su conformidad con los hechos narrados en el inicio, situación que surge de las constancias de autos”. Que “existe directa relación temporal y causal entre los daños producidos a la suscripta por el evento dañoso ello oportunamente denunciado (ver prueba pericial médica producida) y el relato de la denuncia policial realizado por mi parte”.
Que se encuentra acreditado en autos, la relación causal entre el hecho y las lesiones padecidas.
Que “No obsta a ello, que la citada en garantía hubiere negado en su responde los hechos acaecidos, toda vez que su asegurado Nuevo Ideal S.A quien participara realmente de los hechos denunciados omitió expresamente contestar la demanda originando su rebeldía (ver fs.50 y notificación de fs.41/42) al vencimiento del término procesal que para ello tenía”. Por lo cual, peticiona se valore adecuadamente las constancias probatorias. Que el archivo de las actuaciones penales decidido por el Fiscal actuante en la causa traída "ad effectum videndi" no obsta a la existencia de los hechos y por ende, de los daños que surgen del reclamo de la presente litis, toda vez que dicha resolución jurisdiccional lo es respecto solo al posible delito penalmente denunciado.
Que a mayor abundamiento, la sentencia rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la citada en garantía merituando para ello la rebeldía dictada a fs.50 y la presentación posterior (ver fs.68/69) de la demandada Nuevo Ideal S.A, manifestando la misma que a la fecha del hecho denunciado tenía contratado cobertura asegurativa conforme el art.118 de la ley 17.418 en "LA ECONOMIA COMERCIAL S.A DE SEGUROS GENERALES" solicitando expresamente sea citada en garantía del reclamo de autos.
En consecuencia, solicita se decrete la atribución de responsabilidad en el acaecimiento de los hechos que dieran origen a los daños y perjuicios a la demandada Nuevo Ideal S.A y la citada en garantía.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos y que fueran expuestos por la accionante, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. Rebeldía, declaración de rebeldía, presunción legal. Carga procesal, falta de contestación de la demanda, presunción juris tantum El art. 356 inc 1º CPCC establece que el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por el actor en su demanda como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Si bien el texto de la ley procesal resulta más contundente en orden a que el juez deberá presumir la veracidad de los hechos -a diferencia del "podrá" consignado en el art. 356 inc 1º CPCCN- lo cierto es que la norma lo único que genera es una presunción de verdad que puede ser destruida por prueba en contrario. Fuente del sumario: OFICIAL. (“Arancibia Silvia Rita c/ Fernández María Eugenia y otros s/ ordinario”, SENTENCIA 4 de mayo de 2016.CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL. PARANA, ENTRE RÍOS. Sala 03.
Magistrados: Galanti - Ramírez Amable. Id SAIJ: FA16080081).
Se es rebelde o contumaz, cuando no se comparece a estar a derecho habiendo sido debidamente notificado y absteniéndose de participar en el proceso que se le sigue. La rebeldía no importa sanción contra el rebelde, pues las partes no tienen la obligación ni el deber de comparecer al proceso, sino que se trata de una carga procesal establecida en su propio interés. En la ley ritual no solo se confirma la facultad acordada a los jueces en el caso de contestación, sino que se le agrega en contra del remiso una presunción iuris tantum. Una vez declarada la rebeldía siempre que lo haya sido por incomparecencia a la citación para contestar la demanda y no por abandono del juicio después de contestada, los hechos expuestos en el escrito de inicio tienen el beneficio legal de presunción de verdad, por disposición expresa de la ley y no por delegación de ella al arbitrio del Juez, presunción que solo habrá de funcionar en caso de duda, es decir que todo lo expuesto en la demanda se presume en principio cierto, salvo las circunstancias de su inverosimilitud, contradicción o de falsedad (OFICIAL FALLO AL QUE APLICA. La Equitativa del Plata S.A. de Seguros c/ Patron, Carlos s/ Cobro de pesos. SENTENCIA.CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL, 30/11/1993. Id. SAIJ: SUD0007689). La declaración de rebeldía sólo crea una presunción a favor del actor de la veracidad de los hechos lícitos y pertinentes que constan en la demanda, (conf. arts. 354 inc. 1 y 60, C.P.C.C.). Es decir que la falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1°, C.P.C.C.). La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.).
Sentada la doctrina legal aplicable al presente “sub-judice” sometido a esta jurisdicción de Alzada, pasaré a considerar el escrito de los agravios propuestos por la actora, que ponen en crisis el fallo recurrido. En efecto, la parte actora promueve una acción de daños y perjuicios contra “Nuevo Ideal S.A.” originada con motivo de un hecho ilícito objetivo cometido por un colectivo de la línea 620, interno 89, perteneciente a la empresa demandada y/o contra quien resulte titular de dicha unidad, por la suma de $32.000,00, con más sus intereses y costas. Relata que el día 17/3/08, siendo aproximadamente las 06.55 hs., circulaba en bicicleta por la calle Sáenz de sur a norte y al atravesar la intersección con la calle Bilbao dicho colectivo gira bruscamente para retomar Sáenz, momento en que con la parte trasera de dicha unidad golpea a la actora logrando así tirarla a la vereda, sufriendo lesiones en ambas piernas, brazos y un resentimiento en columna vertebral. En su demanda reclama los siguientes daños: a) gastos médicos futuros, b) ropas deterioradas, c) gastos de traslados, d) incapacidad física psíquica y daño estético, d) daño moral, e) daños al biciclo.
A fs. 50, y en virtud de no haber contestado la demanda, se declara la rebeldía a la accionada “Nuevo Ideal S.A.”.
A fs. 103/107 se presenta la citada en garantía “La Económica Comercial Sociedad Anónima de Seguros Genérales”, contestando la demanda, reconcomiendo que a la fecha del hecho denunciado tenía contratada la accionada una póliza de seguro que amparaba a la flota de internos pertenecientes a dicha empresa de transporte y que la cobertura se encontraba vigente a la fecha mencionada. Del mismo modo, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, en razón de que la garantía que asume se encuentra subordinada a la efectiva traba de la litis con el asegurado y su permanencia en el proceso hasta su culminación.
Así las cosas, por una cuestión estrictamente metodológica, en primer término, corresponde legalmente considerar y resolver los efectos que producen la no contestación de la demanda y la declaración de rebeldía de la demandada.
III. a.- La incontestación de la demanda Conforme la doctrina legal esbozada precedentemente dispone el art. 354 inc 1º CPCC que el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por la actora en su demanda como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Si bien el texto de la ley procesal resulta más contundente en orden a que el juez deberá presumir la veracidad de los hechos -a diferencia del "podrá" consignado en el art. 354 inc 1º CPCCN- lo cierto es que la norma lo único que genera es una presunción de verdad que puede ser destruida por prueba en contrario.
El art. 60 del C.P.C.C., indica que la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido por el art. 354 inc. 1°. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.
En la especie no escapa a este juzgador que el rebelde compareció en este juicio y fue admitido como parte, cesando el procedimiento en rebeldía, entendiéndose con él la sustanciación, sin que esta retrotraiga el juicio (art. 64 del C. P. C. y C.).
Ahora bien, pasando revista a los hechos invocados por la parte actora en su escrito de demanda, considero y así lo estimo, calificándolos como hechos lícitos, y por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes invocados por la misma en su libelo introductorio y como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Desde ya adelanto que no se ha probado lo contrario. Es decir, que el silencio puede estimarse como admisión tácita de los hechos expuesto por el actor. Este es un efecto del incumplimiento derivado de la carga de comparecer y pronunciarse categóricamente sobre los hechos y que encuentra su correlación con el art. 919 del Cód. Civ y su conc. externo, el art. 263 del Cod. Civ., y Com. que solamente considera al silencio como una manifestación tacita de la voluntad en los casos en que haya una carga de expedirse.
Que esta presunción de veracidad de los hechos invocados y pruebas documentales acompañadas por la parte actora, se encuentran avalados y corroborados por los siguientes elementos probatorios producidos en autos, a saber: a) denuncia en sede policía, de la cual surge el relato de los hechos ilícitos, fecha, hora y el lugar en donde se produjo el accidente, los datos del colectivo y la línea, la identificación del chofer (nombre y apellido) Jorge Paz, su número de documento de identidad y las lesiones sufridas por la victima calificadas como culposas. Del reconocimiento médico realizado a la Sra. Selva en fecha 20/3/08, se extrae del examen físico que presenta esquince rodilla excoriación en cara lateral externa…”. Las lesiones tienen aproximadamente 4 días siendo el probable mecanismo de choque con o contra superficie dura de bordes romos (…) bordes rugosos, para las excoriaciones”. Las lesiones determinan una inutilidad laboral menor de 30 días. (Todas estas actuaciones constan en el I.P.P. nro. 13.706, imputado Paz Jorge s/ lesiones culposas, que tengo ante mí vista). B) las placas fotográficas tomadas a la actora que lucen a fs 6/8 que dan cuenta de las lesiones causadas a la misma. c) La H. C. de fs. 195/199, y fs. 215/222; d) Pericia médica presentada con fecha 21/3/16 (véanse fs. 235/237), en la que se explica el nexo causal con el hecho de autos, y que el objeto del reclamo deviene por la colisión entre un colectivo y una bicicleta en la que la actora se trasladaba. Se determina el grado de incapacidad física parcial y permanente en el porcentaje del 28/%; donde sólo el 50% corresponde al accidente denunciado, pues concurren concausas; e) La pericia psiquiátrica presentada en fecha 16/9/19 en la que se dictamina una incapacidad psíquica del 10% de tipo permanente, parcial y definitiva, aconsejando un tratamiento psicoterapéutico para evitar peoría o profundización.
III. b.- El rol procesal y sustancial asumido por la empresa aseguradora Por su parte la empresa aseguradora de la accionada, se presentó en autos contestando demanda y como citada en garantía, invocando el art. 118 de la ley 17.418, afirmando que, a la fecha del hecho, la accionada tenía contratado un seguro que amparaba a la flota de los internos pertenecientes a la demandada y que se encontraba vigente a la fecha aludida. Destaca que en la cláusula 4° de las condiciones generales (anexo II) del contrato de seguro se estipula una franquicia o descubierto a cargo del asegurado, mediante la cual esta participa con un importe obligatorio a su cargo de $40.000.
Considero que la aseguradora al ejercer su derecho de defensa en juicio es parte en el proceso. Respecto al rol procesal que cumple, tiene las características de un litisconsorcio pasivo. La aseguradora compareció en juicio y de esta forma lo hace interviniendo de carácter de adhesiva y coadyuvante.
Juzgo que el asegurador –como ya dije- en nuestro caso es parte en el proceso. Ello, toda vez que el asegurador defiende un interés propio, más allá del interés de su asegurado. En efecto, dicho interés se traduce en la facultad que tiene la compañía aseguradora de interponer todas las excepciones al progreso de la pretensión del damnificado que estime convenientes, incluso aquéllas que no se refieren a su relación contractual con el asegurado. Ello nos lleva a pensar que la pretensión de la aseguradora se ejerce de manera independiente y en miras a su propio interés, erigiéndose como autónoma. (Eduardo Cima. La citación en garantía del asegurador: aspectos sustanciales y procesales. Trabajo recibido el 27 de agosto de 2013 para su publicación y aprobado el 1 de octubre del mismo año. Abogado, Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Derecho Empresario, Universidad Empresarial Siglo 21. Adscripto a la cátedra de Derecho Privado IV (Sociedades) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Revista de la Facultad, Vol. IV N° 2 Nueva Serie II (2013) 273-286).
Por otro lado, no puede dejarse de ponderar la especial relación existente entre damnificado y asegurador, propia del régimen del derecho del seguro, en el cual el principio general de que las convenciones hechas en los contratos solo afectan a las partes se diluye de manera notable para dar lugar al nacimiento de una relación jurídica plurisubjetiva a la que están expuestos no sólo el asegurador y su asegurado, sino los terceros damnificados por el accionar ilícito de este último, y más teniendo en cuenta que el seguro de responsabilidad civil hacia terceros, es obligatorio contratarlo, de allí la función económica social que cumple la télesis de la norma (arg. art . 68 del Decreto ley 40/2007 vigente a la fecha del hecho), siendo una obligación legal autónoma. De este modo, se cumple un paso decisivo en pos de alcanzar en la forma más acabada, el fin social que siempre ha de caracterizar a este valioso instrumento que es el seguro de garantía obligatorio.
En suma, el tercero adhesivo litisconsorcial (la aseguradora) reviste el carácter de una parte autónoma en cuanto a la gestión del proceso. Veamos entonces el rol que asumió la aseguradora en la presente contienda judicial, de conformidad a su escrito de fs. 103/107, a saber: a) Invoca el art. 118 de la ley 17.418; b) denuncia una franquicia o descubierto a cargo del asegurado; c) Según ella, la garantía que asume se encuentra subordinada a la efectiva traba de la litis con el asegurado y su permanencia en el proceso hasta su culminación, amén de la demostración de su responsabilidad en el hecho investigado. Sin embargo, estimo que, sobre la base de la nueva doctrina legal, considero a mi juicio, que la aseguradora actúa en autos de forma y modo autónomo y como litisconsorte pasivo; d) En particular adhiere a la negación expuesta por la empresa de transporte; e) Destaco que no negó categóricamente el hecho ilícito causante del daño en perjuicio de la actora. f) Que a la demandada y su aseguradora le corresponde desvirtuar la presunción de responsabilidad legal que pesa sobre si, acreditando la culpa de la víctima o la de un tercero por el cual no se debe responder o la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor que fracture la relación causal entre el riesgo y el daño inferido; g) Finalmente se adhiere a lo que exponga la demandada en su contestación y ofrece elementos probatorios.
Como ya expuse y fundamente “ut supra” la no contestación de la demanda por parte de la accionada hace presumir legalmente la licitud y veracidad de los hechos relatados por la misma en su escrito, como también considerar como autentica la prueba documental aportada, estimando al silencio como un reconocimiento tácito de la voluntad expresada por la accionante en su acto jurídico inaugural del proceso.
Es decir, que habiendo sido notificada correctamente la empresa de transporte y guardar silencio al no responder la demanda, aquí -a mi juicioes donde queda trabada la litis con la demandada y su silencio. Luego de ser declarada rebelde, se presentó cesando su estado de rebeldía.
Por ello, deduzco que el silencio guardado por la accionada y su reconocimiento tácito, le alcanza no solamente a ella, sino que propaga sus efectos a la aseguradora alcanzándola jurídicamente también a la misma. Es decir, que los efectos de la incontestación de la demanda producen efectos entre las partes y frente al tercero asegurador, precisamente porque la compañía aseguradora se está adhiriendo al silencio de la demandada. Así lo juzgo y declaro en el presente voto.
Desde el punto de vista procesal, el litisconsorcio pasivo constituido por asegurador-asegurado, conforma una relación procesal única con pluralidad de partes principales, cada una de ellas actúa autónomamente y de allí que, si el asegurado no propone determinadas defensas, el asegurador puede igualmente hacerlo o puede oponer defensas distintas a las opuestas por el asegurado.
Por todo ello, una vez declarada admisible su intervención por el órgano jurisdiccional, el tercero deja de ser un extraño al proceso y pasa a asumir la calidad de parte, con las facultades y deberes que tal calidad conlleva. Es el caso de las aseguradoras, el tercero tiene también la misma calidad de parte, pues de otro modo sería ilógico que quien voluntariamente concurre y participa en el juicio sea parte, y no lo sea quien ha sido convocado a hacerlo. Al contestar la citación "asumen" el carácter de demandados, oponen defensas, ofrecen y producen las pruebas, alegan, expresan y contestan agravios, haciendo valer los principios de debido proceso y de derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), no existen motivos para negar la ejecutabilidad de la sentencia contra ellos. Una vez que la aseguradora se incorpora a la litis, goza de autonomía procesal en lo que hace al carácter del litigio, pues precisamente porque tiene que mantener indemne el patrimonio del asegurado, de allí que está facultada para apelar la sentencia consentida por el asegurado. En consecuencia, la aseguradora en su escrito de responde invocó la aplicación el art. 118 de la ley 17.418, el cual prevé que la sentencia hará cosa juzgada respecto de la aseguradora y será ejecutada contra ella en la medida del seguro, esto es, en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa. En suma, haciendo mérito al diálogo de fuentes del derecho, al presente caso se le aplican las normas del Código de fondo (Civil) y de forma (C. P. C. y C.) y los micro sistemas jurídicos de la ley de seguros nro. 17.418 y la Ley de defensa del Consumidor 24.240 y sus leyes modificatorias.
Dentro del mismo orden de ideas, se advierte la presentación del demandado, que compareció en autos como parte, constituyendo domicilio legal, acreditando la personería a través de su abogado apoderado, y peticionó se levante su estado de rebeldía, permaneciendo en el juicio hasta su culminación.
De este modo, deviene improcedente la defensa articulada por la aseguradora, de falta de legitimación pasiva, que fue rechazada por la Sra. Juez de Primera Instancia y que ha adquirido firmeza.
Ahora bien, la aseguradora es coadyuvante adhesiva del demandado y como tal –por el rol que asume en el proceso- se le aplica el art. 53 de la ley de Defensa del Consumidor, de cuya doctrina legal se desprende la siguiente jurisprudencia que comparto y aplico a este “sub-judice” y que dice: “La carga probatoria incumbe a ambas partes y, principalmente, a la que está en posición de mayor facilidad para producirla. En consecuencia, puede configurar una presunción en contra del interesado el retaceo de la información necesaria (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 1994/09/09, "Borré, Dante O. c. Estadonacional --Ministerio de Defensa", La Ley, 1995-A, 191). (Osvaldo Alfredo Gozaíni CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. TOMO II, Ed. La Ley).
A mayor abundamiento, he sentenciado reiteradamente que las empresas –como en el caso la aseguradora- están en mejores condiciones, económicas, técnicas, administrativas, contables, jurídicas, etc. para acreditar los fundamentos expuestos en su escrito de contestación de demanda, ello de conformidad al principio del derecho procesal de la “distribución dinámica probatoria” (art. 1735 del C. C. y C., y art. 53 de la ley 24.240). El tercer párrafo del artículo 53 de la reformada ley 24.240 expresamente establece que: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”. En la especie, la citada en garantía, quien se encuentra vinculada contractualmente con la demandada, no ha desplegado esfuerzo probatorio alguno, máxime al tener el contrato de seguro una función social, cuya finalidad no solo es mantener indemne el patrimonio del asegurado sino también permitir a las víctimas de un siniestro vial la obtención del resarcimiento por el daño injustamente sufrido.
De este modo, entiendo que bien podría haber desarrollado una actividad procesal probatoria tendiente a demostrar –siempre con el ojo puesto en búsqueda de la verdad objetiva- que el microómnibus coprotagonista del accidente de autos, el día y hora del hecho ilícito se encontraba circulando por otro lugar, ofreciendo compulsar la prueba documental archivada en la empresa demandada de la cual surge logísticamente el recorrido de dicho interno, sus días y horarios, mediante una pericia contable, a esos efectos. Y no lo hizo, así que su omisión prueba en su contra. Además, advierto que ofreció prueba pericial contable y en el punto g) pide: “Si existe denuncia del hecho y en caso afirmativo con que fecha”. Este medio probatorio no fue proveído y tampoco fue reiterado por dicha parte, así que debe cargar con las consecuencias de su omisión e inactividad procesal (véase auto de prueba y la certificación de pruebas). Sin perjuicio de lo expuesto en último término, “obiter dicta” o a mayor abundamiento, constituye una doctrina uniforme la circunstancia de que el no cumplimiento por parte del asegurado de efectuar la denuncia de siniestro ante su aseguradora, no le es oponible al tercero damnificado. Y con mayor razón, considerando que el contrato de seguro de responsabilidad civil es obligatorio.
Califico como concurrentes a las obligaciones que asume la aseguradora y la empresa de transporte demandada, por cuanto esos dos deudores deben el mismo objeto en razón de causas distintas, pues el acreedor tiene el derecho subjetivo de requerir el pago simultáneamente a los dos deudores.
En su consecuencia, la aseguradora responde civilmente frente a la acreedora víctima del daño (actora) y en modo concurrente (art. 118 de la ley 17.814), toda vez que la sentencia dictada hace cosa juzgada respecto del asegurador y es ejecutable contra él en la medida del seguro, sin perjuicio de que “ut-infra”, será actualizado el límite de la cobertura y su correspondiente franquicia o descubierto a cargo del demandado.
III. c.- La presunción legal de responsabilidad objetiva de la demandada. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de cosas riesgosas, sobre la base legal de un micro sistema jurídico integrado con el Código Civil El hecho ilícito dañoso de autos que se investiga, resulta de la intervención de un microómnibus perteneciente a la empresa demandada y una bicicleta conducida por la actora.
En este caso y de conformidad a lo dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil reformado por el Decreto Ley 17.711 se aplica la teoría de los riesgos recíprocos. Esta postura fue sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud, y su actualizador André Tunc. En la especie, la ley presume que la demandada es responsable de los daños que haya causado a la bicicleta que conducía la actora y presume por otra parte, que la accionante es responsable de los daños que hipotéticamente habría causado su bicicleta. En autos: “Sacaba de Larosa c/ Vilches” el Superior Tribunal Provincial aplica la tesis “de los riesgos recíprocos” en los casos de colisión entre automotores, fallo de la S.C.J.B.A., Pub. La Ley 1986-D-479, con nota de Félix Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial de la tesis de los “riesgos recíprocos” en la colisión de automotores”. Se refirió también respecto a este tema Atilio Aníbal Alterini, comentando un fallo de la Corte Suprema Nacional, de diciembre 22 de 1987, caratulado: Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As., bajo el título: “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”, (pub. en La Ley 1988-D-297). Cuando en la producción del daño interviene activamente una cosa riesgosa son responsables su dueño y su guardián, salvo que demuestren la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista, que lo exima total o parcialmente de responsabilidad. La Corte Federal en su integración anterior y en la actual ha reiterado que en esta materia el encuadre legal es el del riesgo creado del art. 1.113, párr. 2° “in fine” del Cód. Civ.
Por lo cual, en la responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de los automotores o vehículos riesgosos, se presenta como un microsistema jurídico (denominado así al Código o Ley de Tránsito) que se integra y armoniza legalmente con la aplicación de los arts. 512, 513, 902, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil, con dichos Códigos de Tránsito locales.
Que al respecto es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “Cuando el artículo 1113 del Código Civil establece que el dueño o el guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad el riesgo creado. Y así la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño. Así, y como sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuya al responsable, es el actor quien soporta el "onusprobandi", estándose en el supuesto, ante la aplicación del principio de que la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado corresponde a quien lo hace valer”. (CC0203 LP 118097 RSD-54-19 S 20/03/2019, Linas Jorge Juan c/ Bois Luciano Enrique y otro/a s/ Daños y Perjuicios autom. s/ lesiones. B357057); La carga de la prueba respecto de la existencia del hecho, de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del CCyC y 375 del CPCC) CC0203 LP 124501 RSD-12-19 S 07/02/2019, Castro Tarifa Armando Y Otros C/ Olheiser Jorge Y Otro/A S/ Daños y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)"B357032).
Qué, asimismo, el Decreto ley 40/07 –vigente a la fecha del hecho, dispone en su artículo 66 que: “Los conductores deben: (…) b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas en que se basa la aplicación de la teoría de los riesgos recíprocos, serian –entre otras- las siguientes: a) la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y constituye un principio que ilumina este sistema de responsabilidad objetiva; b) pesan presunciones concurrentes de causalidad y/o de responsabilidad, contra cada dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, quien debe afrontar los daños causados a la otra cosa y/o a la persona humana, salvo que pruebe la existencia (total o parcial) de eximición de responsabilidad; c) Que las presunciones de responsabilidad o de causalidad no son contrarias entre sí; d) Que las eximentes legales de liberación total o parcial son la culpa o el hecho de la propia víctima (art. 1.111 del Cód. Civ.) o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder, el caso fortuito o la fuerza mayor y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa del su dueño o guardián. Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; e) La carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivo-deudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; f) Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián de cualesquiera de los vehículos co-protagonistas del accidente de tránsito.
Finalmente, conviene recordar que no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera. (artículos 31 y 18 C.N. y 15 Constitución Provincial, Suprema Corte Bs. As., 21/9/1984, - Aspron, José Hernán v. Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios), es decir, carece de relevancia en sede civil; máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).(Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, 0001, 21-3- 91,”Martín, Ángel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios”). En su consecuencia, considero que, en este expediente principal de daños y perjuicios, existen indicios suficientes que me llevan a tener por acreditado la existencia del hecho y responsabilizar a la demandada. (art. 163 inc. 5 CPCC). La actora ha brindado elementos y datos concretos que, valorados como indicios serios, graves, precisos y concordantes, determinan la responsabilidad de la accionada “Nuevo Ideal S.A”.
Dentro de otro orden de ideas aplico los siguientes principios jurídicos y que constituyen la base del Derecho de Daños: a saber: a) juega aquí sustancialmente el principio “pro víctima” y en caso de duda, la solución más favorable para la víctima del daño, d) la distribución de la carga probatoria dinámica, por la postura de la accionada y citada en garantía, quienes contando con mejores condiciones económicas, logística, financiera y de organización no han presentado ningún elemento tendiente a desvirtuar lo acreditado por la actora; g) y finalmente, no se ha probado eximente alguno de responsabilidad.
Por lo cual, reitero que existen indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia (arg. art. 163 inc. 5 del CPCC), producen convicción en el juzgador, que según la naturaleza del presente juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se presuma “pro-homine” la existencia del hecho denunciado por la accionante y la responsabilidad legal objetiva de la demandada, todo ello interpretado bajo la lupa de la “sana crítica” (art. 384 del Cód. Proc.), la libre convicción del juez, las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano, la experiencia de la vida diaria o el conocimiento de la vida y de los hombres y las máximas de experiencia del juez, sin descartar la aplicación de la “prueba compuesta”, denominada también como “apreciación global”.
En suma, se da por demostrado el hecho ilícito y el nexo causal existente entre el hecho -con participación activa del rodado de la accionada y el daño causado a la persona humana, esta última con participación pasiva-, según el curso ordinario y natural de las cosas, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del juez. (375 del CPCC), sin que la demandada acreditara algún hecho ajeno (culpa o hecho de la víctima, de un tercero por el que no debe responder, caso fortuito o fuerza mayor), como eximente de responsabilidad. Frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente, es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos que demuestren algún eximente permitido por la legislación de fondo .
Así las cosas, importa preguntarse: 1.- ¿Está probado el hecho ilícito de autos causante de daños a la persona de la actora? 2.- ¿Qué ha ocurrido realmente en el teatro de los hechos?
Para ello comenzaré por dar lectura, estudio y valoración del escrito de inicio de demanda, adelantando desde ya que los hechos relatados en la demanda, los daños causados a la persona humana (actora), el derecho invocado por la misma, al igual que la documentación aportada se encuentran reconocidos por la accionada al no haber contestado la demanda y guardando silencio. Además, como se fundó “ut-supra”, esa presunción de veracidad se encuentra avalada y corroborada por los elementos probatorios ya descriptos.
En efecto, doy por acreditado que el día 17/3/2.008 siendo aproximadamente 06.55 hs. la Sra. Coria circulando en una bicicleta por la arteria Sáenz al llegar a la intersección de Bilbao un colectivo de la linea 620 interno 89 empresa Nuevo Ideal S. A., al llegar a la intersección en que se hallaba a la Sra. Coria gira bruscamente para retomar Sáenz y en ese instante con la parte trasera de la unidad golpea a la actora y cae sobre la vereda, sufriendo lesiones en ambas piernas y brazos, etc.
También doy por probada la responsabilidad objetiva extracontractual de la empresa demandada y las lesiones físicas y psíquicas padecidas por la misma a causa de dicho accidente. Todo ello –como se expuso precedentemente- corroborado con las actuaciones en sede penal, de la cuales surge: la denuncia formulada por la actora, el parte médico forense con descripción de las lesiones físicas y sus conclusiones medico legales., etc. las placas fotográficas tomadas a la actora, obrantes en fs. 6/8 en estos autos, que ilustran sobre las lesiones físicas, certificado médico de fs. 10 y estudio ecográfico de fs. 12; estudios realizados a la accionante que corren en fs. 195/199, HC de fs. 205/222. Y pericia médica de fecha 21/03/2016 y explicaciones de fecha 26/02/2019; y psicológica que fue presentada en fecha 16/09/2019.
En suma, la parte actora ha acreditado los cuatro extremos legales, requeridos como elementos o requisitos de la responsabilidad civil, a saber: a) El daño, cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico y para su procedencia debe existir un perjuicio directo o indirecto y el daño debe ser actual o futuro, cierto y subsistente en el momento de dictar la sentencia.; b) La antijuridicidad, como cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. O también la violación de todo el ordenamiento jurídico en sentido material; c) La relación o nexo de causalidad adecuada existente entre el hecho productor del daño, que acostumbran a suceder según el curso natural u ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez. La carga de la prueba de este requisito, le incumbe a la actora que lo alega. De este modo –este extremo legal- tiene las siguientes características: 1.- Es “in-abstracto”, porque el juez no se encuentra presente en el momento en que se produce el hecho, 2.- Es “expost facto”; 3.- Es probabilístico: 4.- Es empírico. Además, a los efectos de acreditar este requisito legal de la responsabilidad el Juez debe retrotraerse mentalmente al lugar o teatro o escena de los hechos y se pregunta: ¿Está acreditada la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el resultado daño a la persona humana?, la respuesta es “SI”, porque concomitante a ello analizó y consideró todos los medios probatorios producidos en autos; d) El factor de atribución de responsabilidad y la carga de probarlo le incumbe a la actora, que es quien lo alega, conforme a lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina.
De esta manera, atento a la normativa, doctrina y demás fundamentos expuestos a lo largo de la presente, concluyo que corresponde hacer lugar a esta parcela del recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar en todas sus partes el pronunciamiento en crisis; lo que así dejo propuesto a mis distinguidos colegas de Sala. Así las cosas, corresponde condenar a la empresa de colectivos “Nuevo Ideal SA” haciendo extensiva la condena a la citada en garantía “La Economía Comercial SA de Seguros Generales”. (arts. 512, 901, 902, 903, 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.083, 1.113 y cdtes. del Código Civil; Decreto ley 40/07; cfr. arts. 168 y 171 de la Const. Provincial y arts. 34 inc. 4to., 163, 354, 375, 384 y cc. del Cód. Proc.).
IV. Adecuación del límite de cobertura He tenido oportunidad de expedirme sobre un caso similar al presente, en los autos caratulados: “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020. En efecto, en dicha sentencia expuse que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado.
De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.
“Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios. El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C.
C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para lograr un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”. “De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”. No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que: “Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…). “Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…) “II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)
“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…) “II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).
“Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)
39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente:
mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados. Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (17/03/2008) hasta el día de hoy, han transcurrido más de quince años, sin que se le indemnizaran los daños a la actora, así que de limitarse el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro, constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago.
Así las cosas, entiendo que, en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, resuelvo que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura y franquicia o descubierto (a cargo del asegurado) serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
Atento a la forma que se resuelve, corresponde dar tratamiento al resto de las pretensiones deducidas por la actora, veamos:
V. El derecho a la indemnización por la incapacidad psicofísica sobreviniente de una persona adulto mayor a la fecha del pronunciamiento de Cámara Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana. Estamos en presencia de un daño que afecta a la persona humana, en su vida de relación familiar, social, deportiva, de recreación, de esparcimiento, etc.-
En el caso bajo examen, la parte actora estaba por cumplir 60 años de edad a la fecha del hecho, sin perjuicio de ello no puede pasar desapercibido que actualmente a la fecha de esta sentencia cuenta con 75 años, por lo cual a la hora de valorar su incapacidad psicofísica debe tomarse en cuenta también sus posibilidades y circunstancias actuales, porque el daño, tal como se desarrolló en el capítulo de la responsabilidad y se destacará “ut infra”, se encuentra subsistente al momento de este pronunciamiento judicial.
Dice el Dr. Norberto Luis Valentini, en un trabajo monográfico intitulado: “El adulto mayor, su debida protección…”, presentado en fecha julio 2021, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Católica de La Plata, que en fecha 9 de mayo de 2017 el Poder Legislativo, sanciona la ley 27.360 aprobando la Convención adoptada por la cuadragésima quinta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre “LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES” dictada por dicho organismo internacional el 15 de junio de 2015”.
“En cuanto al objeto y ámbito de aplicación sostiene que: es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad (art.1).
El autor citado refiere, que en el artículo 2º, se denomina al sujeto a proteger como: “Persona mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor".
Los documentos internacionales que contienen disposiciones directa o indirectamente vinculadas al derecho de las personas de mayor edad son muy numerosos. Por ej., la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. El título XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos de 1948 dice: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". Con un criterio más amplio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (art. 25). El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 enumera los mismos parámetros normativos y remarca que el Estado se obliga a proveer los recursos necesarios "hasta el máximo de que disponga" (Kemelmajer de Carlucci, Aida, Las personas ancianas en la jurisprudencia argentina. ¿Hacia un derecho de la ancianidad?, Publicado en internet, página web. http://www.scielo.cl).
Los ancianos no estaban mencionados en el texto originario de la Constitución Argentina sancionado en 1853. Mucha agua pasó debajo del puente hasta la reforma de 1994 que entre las facultades del Congreso introdujo la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad " (art. 75 inc. 23). Pese a la fortaleza de la formulación, se ha dicho que "el reconocimiento de los derechos de la ancianidad resulta extremadamente débil en la Constitución Nacional y solo se cuenta con alguna referencia específica en un artículo que cuenta con escasa proyección inmediata, el art. 75 inc 23, y el inc 22 referido a la vigencia de los tratados y pactos internacionales". En la Argentina, aun antes de la reforma de 1957, un sector doctrinal consideró que los derechos de la ancianidad tenían rango constitucional por ser uno de los derechos implícitos mencionados en el art. 33 de la CN que dispone: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Esta norma no figuraba en el texto originario de 1853; se incorporó en la reforma de 1860, y tuvo como fuente directa la enmienda IX de la Constitución Norteamericana. La doctrina ha señalado que la fórmula argentina es defectuosa porque parece referirse solo a los derechos políticos, no a los llamados derechos civiles. Sin embargo, hay acuerdo en interpretar el texto a la luz de su fuente y, consecuentemente, comprende a ambos tipos. Esta es también la solución del art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno". (Kemelmajer de Carlucci, Aida, Opus Cit.)
El damnificado enfermo y de edad avanzada que reclama la indemnización por incapacidad económica sobreviniente, respecto a la incapacidad en sí misma, como minoración de la integridad física, debe tenerse en cuenta que para una persona mayor o anciana, es normal que las molestias se agranden; es decir, que al disminuir su fondo físico y mental de tolerancia, lo que para una persona joven significa una molestia más o menos vencible soportable se convierta para ella en una causa de sufrimiento psíquico, sufrimiento teóricamente indemnizable a título de pecunia dolores. No se trata de la pérdida de la capacidad laboral sino del comportamiento doméstico, la pérdida o disminución de autonomía para la realización de los más elementales actos de cuidado de su propia persona o de atender a las tareas más fáciles como es vestirse o desnudarse, coser, limpiar, preparar algún alimento en la cocina, etc. (Audiencia Provincial de Valencia, 2/9/1996, Rev. General de Derecho, año LII n° 627, Dic. 1996, pág. 13.743, cit. por. Aida Kemelmajer de Carlucci, Daño a la Persona, Mendoza 2010, Presentación de Power Point).
La Convención de los derechos de las personas con discapacidad dispone que “Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”; “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad” (art. 25, 26).
Paralelamente, el daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio, del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente o la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámese patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04). Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene un origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica.
Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable o reversible. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC.) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio, el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad, sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) Parámetros para su fijación: se tendrá en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Así las cosas, abocándome al tratamiento del rubro daño físico, el perito médico Dr. Hermida en fecha 21/3/06 determinó que “La actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 28% según el tratado de traumatología médico-legal de lso Dres. Defilippis Novoa-Sagastume, (eventración simple). El 50% corresponde al accidente denunciado. Agrega que: “dicha afección guarda relación de concausalidad con el accidente denunciado, por las cirugías preexistentes y su obesidad”. Asimismo, en fecha 26/2/19 dicho experto brinco explicaciones que le fueron requeridas, como complemento de la experticia presentada oportunamente.
Por otra parte, en fecha 16/9/19 el perito psiquiatra Moscardi, presenta su dictamen concluyendo en sus consideraciones psiquiátrico legales que: “...la actora es portador trastornos de adaptación 309.28 (F43.23) con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido persistente”. “Determina una incapacidad del 10% (diez por ciento) de tipo permanente, de grado parcial, y de carácter definitivo. “Presenta un síndrome psiquiátrico coherente (…) relacionado causalmente con el accidente sufrido, que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas de carácter crónico y juridicamente consolidado”.
Ahora bien, en función de los argumentos y las explicaciones brindadas por los peritos, no encuentro motivo para apartarme de dichas experticias pues a mi juicio se encuentran suficientemente fundadas en los términos del art. 472 y 474 del CPCC, e incluso avaladas y corroboradas por la historia clínica glosada en autos (véase fs.195/199, 203, 205/222), las placas fotográficas tomadas a la actora de fs. 6/8, la causa penal ampliamente analizada, certificado de fs. 10 y 12, estudios complementarios, entre otros.
Considero (esto dentro de la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencias del juez), que una persona expuesta a un evento traumático violento como el denunciado en autos (persona que es embestida por un colectivo mientras circula en bicicleta) va a manifestar secuelas físicas inmediatas y secuelas mediatas, dentro de las primeras: pueden ser valoradas fracturas, heridas o déficits sensoriales/motores, como pérdida de la conciencia o alteraciones en el aparato locomotor. Dentro de la segunda: alteraciones y disfunciones residuales que si bien pudieron no tener una expresión clínica de inicio –es decir en el momento mismo del hecho-, han tenido como punto de partida el violento traumatismo padecido, todas estas imputables –en principio- al autor del daño. Tales consideraciones se refuerzan en virtud de la mecánica misma del accidente (art. 901, 903, 904 del CC). Por lo cual, considero que el daño sufrido y detectado por la prueba pericial se encuentra avalado por las constancias y reconocimiento de autos. Las conclusiones médico legales arribadas, no han sido una simple expresión o manifestación de la accionante, sino que ha estado fundamentada entre la relación concordante y coincidente de las pruebas clínico-semiológicas practicadas y los estudios complementarios aportados. Máxime cuando la contraria tuvo la oportunidad de producir prueba de descargo y no lo hizo.
A mayor abundamiento, cabe destacar que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo. En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además, no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual". (CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30).
Los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica. (Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.
Distrib..yComer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsdn17/07 sentencia del 22/03/07).
Como vemos, en el caso bajo examen existe relación causal entre el hecho y la incapacidad psicofísica detectada a la actora (arts. 901 y 906 del CC).
Por otra parte, no hay responsabilidad sin daño, es decir que probado el daño se presume la responsabilidad civil.
En consecuencia, ha quedado debidamente acreditado (no solo por las pericias sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que la actora Coria Argentina ha sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud psicofísica, que ha sido graduado en el porcentaje del 28% de incapacidad física parcial y permanente, y que con-causalmente corresponde el 14% atribuible al accidente de autos, y en el porcentaje del 10% de incapacidad psicológica en relación causal con el accidente – dando un total de 22,6% de incapacidad psicofísica parcial y permanente, conforme el principio de la capacidad restante- disminución psicofísica que llevará toda su vida y sin perjuicio de las actividades que realizaba o pueda seguir realizando, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud, por ello este daño es totalmente resarcible, (art. 1083 del CC).
Toda vez que el juez al preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuado existente entre el acto ilícito generador del daño causado a la salud de la actora?; la respuesta es que sí, se encuentra acreditado este extremo legal, debiendo el juez retrotraerse mentalmente en su pensamiento razonable, lógico y prudente al día en que se produjo el accidente y ubicarse en el teatro o escenario de los hechos, recreando los mismos, demostrando y comprobando con los elementos probatorios incorporados en el juicio, que avalan la plataforma fáctica, que el hecho ilícito fue la causa adecuada, idónea y con aptitud suficiente para generar daños a la salud de la actora.
Finalmente, cabe recordar la distinción entre qué significa: “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”. En tal sentido, he expresado en otros votos que valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista. En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad psicofísica sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho y actualmente, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente, estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera.
Así las cosas, considerando que la actora estaba por cumplir 60 años de edad a la fecha del accidente y actualmente a la fecha del presente voto tiene 75 años, su estado civil soltera, con hijo, de profesión auxiliar de escuela, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente (conforme las constancias obrantes en el beneficio de litigar sin gastos), el grado de incapacidad psicofísica del 22,6% % parcial y permanente, relacionadas con el hecho de autos (arts. 901 y 906 del Cód. Civ); estimo que corresponde liquidar y fijar el rubro de incapacidad psicofísica sobreviniente, en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000,00) por los fundamentos dados en el presente voto. (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384, 456, 472 y 474 del Cód. Proc.).
V.a. Tratamiento psicológico Ahora bien, en torno al tratamiento psicológico, solicitado por la accionante a fs. 13 vta., bajo el título tratamientos médicos futuros, observo que el perito psiquiatra Moscardi ha detallado en su experticia que aconseja el mismo para evitar peoría o profundización del cuadro constatado. En torno a esta cuestión, destaco que esta Alzada ha manifestado: “La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: ‘No genera doble indemnización las sumas reconocidas por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro, pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9-5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de agosto de 2007).
En consecuencia, no importando en la especie doble indemnización el otorgamiento del presente rubro, y considerando que el experto recomendó dicha terapia propongo fijar equitativamente (atento al daño padecido) el rubro tratamiento psicológico en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($156. 000,00) (art.165 del CPCC).
Por otra parte, respecto al tratamiento kinésico futuro, toda vez que el Dr. Hermida no lo ha aconsejado, corresponde su rechazo por insuficiencia probatoria (ar. art. 375 y 384 del CPCC).
V.b. El daño estético En el escrito de inicio, advierto que la parte actora ha reclamado por el accidente sufrido la reparación del daño estético.
En cuanto a la lesión o el daño estético, éste constituye un menoscabo a un bien jurídico que afecta a la salud de la persona humana, que el orden normal de las cosas, puede provocar perjuicios patrimoniales y quedar subsumido ya en la incapacidad física sobreviniente, en tanto la apariencia física aparezca relevante –como secuela- en el plano laboral o en la vida de relación social, ya en el agravio moral, si es indiferente a la actividad laboral, o al normal desenvolvimiento de la vida de relación, el defecto altera el espíritu, las afecciones o el sentimiento de la víctima. El daño estético constituye todo menoscabo a la armonía corporal, es el que se sufre en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo, afeando el mismo al disminuir su perfección o belleza, e influye en su psiquis a quien lo padece en virtud de los sufrimientos, y mortificaciones que le causa, derivados de la pérdida de su normalidad, armonía corporal, belleza, etc., causando en la victima detrimento de carácter patrimonial y/o moral, lo cual hará procedente, su reparación a título material, como daño emergente (gastos destinados a su disminución, mejoramiento o eliminación) ya como lucro cesante (disminución de ganancias ciertas o probables, pérdida de ingresos originada en las mayores dificultades que tendrá que vencer para conseguir trabajo).
La lesión estética configura un daño a la persona humana, sus derechos o facultades. Es decir, que según los casos a resolver, puede que el daño estético genere en la persona humana, como consecuencias disvaliosas: a) daño patrimonial (que será objeto de prueba) o daño moral (presumiéndose legalmente el mismo por resultar ser un daño “re ipsa”, b) O bien se generan ambos daños a la vez: lesión estética con repercusiones de carácter patrimonial, al incidir en las posibilidades económicas de la víctima y a la vez con influencia negativa en la faz espiritual o moral y nada obsta a que se acumulen los reclamos por ambos concepto Dentro de las reparaciones por daños y perjuicios, el daño estético está adquiriendo una importancia cada vez mayor; progresivamente se tiende a considerar la necesidad de reparar toda alteración que lo afecte, bajo el criterio del resarcimiento integral del daño.
El daño estético, vulnera el derecho constitucional a la integridad personal y prefigura la necesidad de que sea indemnizado por el responsable. Debe tenerse en cuenta el creciente cuidado y valorización que se da en nuestros días a los factores estéticos, dedicando tiempo y dinero al cuidado del cuerpo. Para asegurar la equidad de la indemnización, se hace indispensable medir ese daño estético y saber cómo cuantificarlo; tratando de disminuir en lo posible la presencia de criterios subjetivos de valoración. Medir es una de las actividades fundamentales del médico valorador, pues tras medir es cuando se puede evaluar, calificar y dar elementos de juicio para quien tenga que tomar decisiones.
(Dr. Jorge Bermúdez. VALORACIÓN DEL DAÑO ESTÉTICO POR CICATRICES. Especialista en Medicina Legal. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Legal y Deodontología Médica e Iberoamericana de Ciencias Forenses).
En cuanto a las cicatrices, se trata de valorar exclusivamente el impacto estético de la misma, es decir la deformidad producida, dejando de lado las implicancias que pueda tener sobre otros daños, y que deben ser evaluadas dentro de los daños correspondientes. R especto a los parámetros de valoración se observa: la extensión resulta de la longitud y el ancho de la cicatriz; la localización: es importante describir si la zona es visible de forma permanente o no, ya que la valoración será distinta según el caso; relación con los pliegues y arrugas las líneas de mínima tensión dentro la piel. Estas líneas normalmente corren perpendiculares a los ejes mayores de los músculos. Cuando una cicatriz está situada dentro estas líneas no es sometida a la fuerza de los músculos, que pueden ensancharla.
Estas líneas de mínima tensión son reconocidas fácilmente en la cara, porque con la contracción repetida de los músculos se forman las arrugas de expresión facial, tal como el surco nasolabial, las arrugas en el lateral externo del ojo y las arrugas de la frente; morfología: si bien nunca se produce una restitución “Ad Integrum”, puede considerarse a una cicatriz como normal o aceptable, cuando presenta un correcto afrontamiento de sus bordes, conformando una cicatriz lineal. El tegumento se observa plano, sin depresiones o elevaciones, no se advierten cambios significativos de coloración y no presenta adherencias, manteniendo cierta flexibilidad. Sin embargo, cuando esto no ocurre, se da origen a las cicatrices denominadas “viciosas”, que observan algunas de estas alteraciones: aspecto: puede ser retráctil, cuando la pérdida de piel es extensa, y no hay un adecuado afrontamiento de bordes, entonces la piel se retrae.
También puede presentarse radiada o estrellada por la formación de fisuras; esclerosa, adherida a planos profundos, e infinidad de otras formas anormales; superficie: es deprimida cuando la herida destruye la capa basal de la epidermis y la parte superficial de la dermis, entonces el epitelio cicatrizal se hunde entre los bordes separados, muchas veces se torna discrómico; hipertrófica, por una proliferación anormal de las fibras colágenas, que no llega a sobrepasar los límites de la cicatriz. Queloide por hiperplasia del tejido conjuntivo intradérmico que sobrepasa los límites de la herida, de color rojizo, acompañada frecuentemente de prurito o dolor; Coloración: Normocrómica ó discrómica (hipo o hipercrómica).
(ob. Pub.cit). Por otra parte, como principio general que ilumina todo el sistema de responsabilidad civil, para que el daño sea resarcible debe ser cierto, esto es, no meramente hipotético o conjetural sino real y efectivo corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente, siendo ineficaz la mera posibilidad de producción de ese perjuicio. (CC0003 LZ 1593 04 234 S 25/10/2019 Fahoa SRL C/ Municipalidad de Almirante Brown s/ daños Y perjuicios. B3751677). Para que el daño sea resarcible debe ser probado; sin daño no hay responsabilidad (SCBA C 107990, S 12/10/2011). Ello es así, porque el presupuesto básico de la responsabilidad consiste en la existencia del daño, el cual debe ser probado para que adquiera sustantividad para el derecho.
Esa prueba debe producirse a instancias de quien la invoca (art. 375 del CPCC.). De allí que, si el daño no está acreditado de modo cierto, no es un daño jurídico y por lo tanto no es resarcible (SCBA B 55095, S 28/3/201; Esta Sala C 18844, S 20/03/2018). B2953426).
Así las cosas, adentrándome a las constancias de autos, observo que a fs. 14 la accionante ha manifestado “daño estético: también forma parte integrante de este rubro reclamado el daño estético al que se ve sometido el actor. La lesión ha dejado huellas visibles a simple vista en una zona que el ser humano deja expuesta a la mirada de terceros. La horrible cicatriz visible produce un daño estético que solo podría ser parcialmente reparado por medio de cirugía estética ya que al decir de los especialistas ya es imposible ocultar dichas secuelas. Conforme a ello, se quiere que V.S. valorice al momento de indemnizar, este rubro como muy importantes y valioso”. Del mismo modo, en la pericia médica presentada por el Dr. Hermida a fs. 235/237 vta. -a la cual ya le he otorgado pleno valor y fuerza probatoria, se observa que éste ha informado: “Examen abdominal: Inspección: se observa un abdomen globoso, se aprecian tumoración supraumbilical en decúbito y de pie, se ponen de manifiesto al esfuerzo o al toser. Presenta cicatrices quirúrgicas paralela arcada inguinal izquierda con tumoración por eventración de 2 x 2 cm. de longitud. Palpación: blando e indoloro. A la superficial, la cicatriz referida ut supra es como un cordón fino con relieve que deslizan por los planos profundos y es dolorosa en su extremo distal donde emerge eventración. A la profunda, no se constatan aumento de las vísceras huecas ni organomegalias. En los conductos inguinales, en las distintas posiciones sin y con esfuerzos, no permiten apreciar hernias”. Sin perjuicio de ello, el perito médico no ha determinado la existencia de incapacidad física a causa del daño estético (cicatrices) denunciado por la actora, lo cual sella su suerte adversa al resarcimiento dentro del daño físico.
No obstante, no puede ignorarse, la alta significación que reviste la dimensión estética del cuerpo humano, expresiva de un valor de goce espiritual y que es también frecuente presupuesto, explícito o solapado, para la obtención de bienes económicos. La estructura somática de la persona es tanto cárcel de la propia individualidad como la necesaria plataforma a través de la cual el sujeto se proyecta hacia los demás. En la dialéctica, unidad inexorable entre materia y espíritu constituyen atributos deseables no sólo la salud, y la posibilidad de cumplir diversas funciones existenciales; también interesan la regularidad y armonía de la composición anatómica, la normalidad y gracia de la dinámica corporal” (Comisión 4: Derecho de Daños: “Función preventiva y sancionatoria de la responsabilidad civil” El resarcimiento del daño estético Autor: Juan Carlos Pandiella Molina). En efecto, la Cámara Apelación en lo Civil y Comercial Séptima Nominación de Córdoba, ha tenido oportunidad de resolver que “…una lesión estética es la pérdida de posibilidades económicas, sentimentales, sociales y que hacen a la felicidad personal. Este es un daño cierto, presente, real y que da un “handicap” social a la vida. Es una desventaja notoria en la lucha por vivir (…) porque el derecho a la felicidad, el derecho a la armonía etc., son todas variantes fenoménicas donde aflora el primero de todos los derechos: “el derecho a la vida”. Por otro lado, la lesión corporal, hiere la armonía estética; lesiona el derecho a una armonía estética, ataca el derecho a un desarrollo pleno de la persona en sus ámbitos sentimentales, afectivos, culturales, económicos y sociales”. (Voto Money). (“Iturri Luis F. c/ Alicia Roteda y otro – Daños y Perjuicios y sus Acum.: Ceballos Edgardo Gustavo c/ Alicia J. Roteda y otro – Daños y Perjuicios y Gómez Ana María c/ Alicia J. Roteda y otros – Daños y Perjuicios”. 08/05/2000, Sent. Nº 34). En consecuencia, considero que en la especie corresponde que la cicatriz informada por el perito a causa de la eventración y reclamada por la accionante a fs. 14, deba ser indemnizada dentro de la esfera del daño extrapatrimonial o daño moral, en virtud de las afecciones espirituales generadas a la víctima y principio de reparación integral. (arg.art 18 de la CN, 15 de la CPBA, 1068, 1078 del CC).
VI. Daño Moral Continuando con el tratamiento de los rubros solicitados por la actora, advierto que también ha requerido indemnización por daño moral, por lo cual dicha parcela resulta procedente en función de los antecedentes de la causa.
Surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).
En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc... Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico. Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B- 277).
Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima analizadas al tratar la procedencia del rubro daño psicofísico, la cicatriz constatada por el experto médico y considerando también el daño causado en su vida de relación familiar, social, de esparcimiento, etc., que la afectó moralmente, estimo que corresponde fijar el rubro daño moral en la suma de pesos CUATRO MILLONES ($4.000.000,00), la cual considero justa y equitativa. (art. 1078 del CC).
VII. Gastos concurrentes: médicos-asistenciales, farmacéuticos y de traslado A fs. 13 vta. la parte actora ha solicitado “gastos médicos futuros (…) adquisición de remedios y gastos de traslado”.
Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal. En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, constancias de atención médica fs. 10,12, 195/199, 205/222, pericia psicológica, constancias de la causa penal etc.) las afecciones que sufriera la actora y de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo fijar el presente rubro a la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000,00) por dichos conceptos a favor de la actora Coria, la cual considero justa y equitativa (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ. y 165 del CPCC).
VII.-a.- Gastos por vestimenta De las constancias de autos, se observa que la actora ha solicitado el resarcimiento del presente rubro.
Ahora bien, toda vez que conforme expusiera el presupuesto básico de la responsabilidad consiste en la existencia del daño, cuyos caracteres son: personal, cierto, presente y subsistente; el cual debe ser probado para que adquiera sustantividad para el derecho. Del mismo modo, que esa prueba debe producirse a instancias de quien la invoca (art. 375 del CPCC.). De allí que, si el daño no está acreditado de modo cierto, no es un daño jurídico y por lo tanto no es resarcible (SCBA B 55095, S 28/3/201; Esta Sala C 18844, S 20/03/2018). B2953426); por lo cual, dichas consideraciones me llevan sin más a razonar que en la especie corresponde rechazar la presente partida, por insuficiencia probatoria, pues no existe en autos elementos que hagan presumir la existencia del mismo. (arg. art. 375 y 384 del CPCC).
VIII. El daño material. Daño a la bicicleta A fs. 14 vta. la accionante ha solicitado el pago de los daños ocasionados a la bicicleta.
Como primera cuestión, debemos recordar que el nacimiento de la responsabilidad civil tiene como uno de sus presupuestos esenciales que se haya infringido un daño al agraviado. Pero no cualquier daño, sino un daño cierto -tanto en lo referente al interés que afecta, como al hecho que lo produce- y no un daño meramente eventual o hipotético. Esto implica que para que el daño sea indemnizable, debe necesariamente existir certidumbre en cuanto a la existencia misma del agravio, ya sea presente o futuro, aunque su monto no pueda ser determinado con precisión al momento de la expedición de la sentencia. Ahora bien, sin perjuicio del carácter esencial de este requisito, es preciso señalar que el daño, entendido como consecuencia de una conducta antijurídica, es siempre posterior en el tiempo al hecho que lo produce. No obstante, el daño es susceptible de presentarse de distintas maneras y en diferentes circunstancias, sin que por ello deje de ser cierto e indemnizable. En este sentido, tomando como punto de referencia el momento en que el órgano jurisdiccional dicte sentencia, lo cual evidentemente ocurre con posterioridad a la verificación del evento dañoso, es posible identificar, entre otros, distintos tipos de daños. (Felipe Osterling Parodi, Alfonso Rebaza González, INDEMNIZANDO LA PROBABILIDAD:
ACERCA DE LA LLAMADA PÉRDIDA DE LA CHANCE O PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD)
El daño actual: aquel que emana de un hecho ya acontecido y que ha producido todas sus consecuencias al momento de reclamarse la indemnización. En este supuesto, se entiende que el daño ya se ha producido y que, por tanto, existe en el acto, en el instante en que nace la responsabilidad. (ob. pub. citada)
El daño futuro: cuando resulta de un hecho ya ocurrido, cuyos efectos nocivos no han desarrollado aún todas sus consecuencias, pero que se espera que de acuerdo al curso ordinario de los acontecimientos lo hagan. En este caso, las consecuencias futuras del evento dañoso son indemnizables siempre que exista la certidumbre o alta probabilidad de que éstas ocurran. (ob. pub. citada)
Este tipo de daño se contrapone al daño hipotético o eventual, referido a la situación en que, al momento de reclamarse la indemnización, aún no se ha producido el evento dañoso y lo único que existe es una posibilidad de que éste acontezca, en cuyo caso no se tiene derecho a reclamar indemnización alguna. De este modo, cuando la consecuencia del hecho que se alega no es necesariamente dañosa, sino contingente o puramente temida, entonces el daño es incierto. (ob. pub. citada) En consecuencia, -tal como se expusiera- el daño para resultar resarcible debe ser cierto, y no meramente hipotético o conjetural, corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, pues un daño no probado, es un daño inexistente, no correspondiendo resarcimiento alguno. (CC0003 LZ 14417 2008 119 S 26/06/2018 Cáceres Luis Alberto C/ Carreño Cristian S/ Daños y Perjuicios. B3751360).
Ahora bien, sentando dicho marco de consideración, toda vez de las constancias de autos no se encuentra acreditado -a mi juicio- dicho daño material (incluso la pericia mecánica se encuentra desistida, conforme se constata de la certificación de prueba), corresponde rechazar sin más dicha pretensión por insuficiencia probatoria. (arg. 375, 384 del CPCC).
IX. Cómputo de los intereses . Así las cosas, teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “…deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV- 2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde fijar que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 17/03/2008 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de Segunda Instancia-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
X. De los honorarios En lo atinente a la solicitud de aplicación del art. 505 del Código Civil de la Nación que fuera efectuada por la citada en garantía “La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales” (véase fs. 106 vta)
corresponde diferir su tratamiento para el momento procesal oportuno.
XI. La actualización monetaria. Su improcedencia El actor solicitó en su escrito de demanda -véase fs. 14 vta.- se proceda a la actualización monetaria.
Resulta que en los períodos de crisis y emergencia económica, social y financiera se requiere por parte del juzgador suma prudencia y razonabilidad, con el objeto de no convertirse en un factor que profundice y agudice aún más esa crisis, y vaya en desmedro del interés general y el orden público económico.
Sobre la base de estos dos principios esenciales y los que más abajo continúan edifico mi voto en este sentido. En efecto, la pretensión del accionante de que la suma que se obtenga en la condena se actualice hasta su efectivo pago no puede ser acogida en tanto, no obstante, las sustanciales modificaciones operadas recientemente en los regímenes financiero y cambiario, se ha decidido la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria.
Así, la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7° de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además, ratificó la derogación dispuesta por su art. 10, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Entiende este Juez que el acogimiento de una pretensión como la expuesta y solicitada por la accionante, además de ser contraria a las normas de referencia en el párrafo anterior, no haría más que contribuir a ese proceso, que es obligación del juzgador evitar.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. sentó doctrina judicial en el sentido de no hacer lugar a lo solicitado por la actora en cuanto a la actualización monetaria del crédito que allí se le reconoció no aprobando la liquidación efectuada por la demandada, quien dentro de los diez días de notificada la presente debería practicar una nueva ajustada a las pautas fijadas en el decisorio de fs. 102/109 y a las disposiciones de la mencionada ley 11.192 (arts. 25, C. P.C. A.; 501, 502 y conc., C. P. C. y C., y 10, ley 23.928- texto según ley 25.561) (S.C.J.B.A, B- 49.193 bis, Fabiano Julio Esteban c/ Provincia de Bs. As. (P. Ejec.), incidente de determinación de indemnización", sentencia dictada el 2 de octubre de 2.002).
Del mismo modo, nuestro máximo Tribunal Provincial también resolvió recientemente: “La pretensión concerniente a que el monto de condena sea sometido a mecanismos de actualización, no puede tener favorable acogida pues, pese a las modificaciones sufridas en los regímenes financiero y cambiario, ha sido ratificado expresamente el principio nominalista consagrado en el año 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de cualquier mecanismo de actualización monetaria. (SCBA LP B 65033 RSD-98-21 S 27/05/2021 Ovelar, Silvia Noemí y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Demanda contencioso administrativa).
Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del pedido de actualización monetaria.
XII. Las costas de primera y segunda instancia Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA Por análogos fundamentos el Doctor Posca también VOTA POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas:
1. SE REVOQUE la sentencia apelada en todas sus partes; 2°) SE HAGA LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA entablada por Coria Argentina Selva y en su consecuencia, se condene a “Nuevo Ideal SA” y a la citada en garantía “La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales”–dentro de los límites del contrato de seguro y con los alcances de lo dispuesto en el considerando IV-, debiendo abonar éstos últimos a favor de la actora, la suma total de pesos DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL ($10.186.000,00), dentro de los diez días de quedar firme la presente con más sus intereses, conforme lo determinado en el considerando IX, bajo apercibimiento de ejecución; 3°) SE RECHACE la falta de legitimación planteada por la citada en garantía; 4°) SE ACLARE que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura y la franquicia o descubierto (a cargo del asegurado) serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 5°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.). 6°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad; 7°) SE RECHACE el pedido de actualización monetaria; 8°) SE DIFIERA para la etapa procesal oportuna la aplicación del art. 505 del Cod. Civ.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, el Dr. Posca adhiere y VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. REVOCAR la sentencia apelada en todas sus partes; 2°) HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA entablada por Coria Argentina Selva y en su consecuencia, condenar a “Nuevo Ideal SA” y a la citada en garantía “La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales”–dentro de los límites del contrato de seguro y con los alcances de lo dispuesto en el considerando IV-, debiendo abonar éstos últimos a favor de la actora, la suma total de pesos DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL ($10.186.000,00), dentro de los diez días de quedar firme la presente con más sus intereses, conforme lo determinado en el considerando IX, bajo apercibimiento de ejecución; 3°) RECHAZAR la falta de legitimación planteada por la citada en garantía; 4°) ACLARAR que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura y la franquicia o descubierto (a cargo del asegurado) serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 5°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.). 6°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad; 7°) RECHAZAR el pedido de actualización monetaria; 8°) DIFERIR para la etapa procesal oportuna la aplicación del art. 505 del Cod. Civ. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia