Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 7794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2º) modificar la sentencia apelada de la siguiente manera: a) elevar el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado al proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de G.I.R; b) elevar el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado al proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de M.C.M; c) elevar el rubro daño psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($19.250.000,00); d) elevar el rubro tratamiento psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00); e) elevar el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de G.I.R; f) elevar el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de M.C.M; 3°) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde el día 02/04/2007 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), quedando constituidos en mora los deudores de pleno derecho con la consumación del acto ilícito y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de Cámara- a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta …
7794 - 2009 – G.I.R Y OTRO/A C/ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS- HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS- CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "G.I.R Y OTRA C/ ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESPONSABILIDAD MÉDICA"
LM-7794-2009 JUZ. CIV. Y COM. N°1
En la localidad de San Justo, en la fecha de firma digital, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera -, celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados " G.I.R Y OTRA C/ ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESPONSABILIDAD MÉDICA" LM-7794-2009 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – PEREZ CATELLA - POSCA (se deja constancia que el Dr. Pérez Catella no integra el acuerdo por uso de licencia) resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. Cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte actora?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR TARABORRELLI, dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 17/10/2023, la sentenciante de grado resolvió: “1º) Hacer lugar parcialmente a la misma instaurada por G.I.R y M.C.M, y, en consecuencia, condenar a ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS - HERMANO HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS - CASA HOSPITAL SAN JUÁN DE DIOS .- INSTITUTO PEDIÁTRICO CASTELAR SRL DRA. A.V.A y OSDE ( ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS) y - NOBLE SOCIEDAD ANONIMA ASEGURADORA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL- FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA y PRUDENCIA COMPAÑIA ARG. DE SEGUROS LIMITADA, conforme la incidencia causal determinada en este decisorio, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL. ($ 27.170.000.-), con más los intereses establecidos en el Consd. "Intereses", desde la fecha de su exigibilidad (02/04/2007) y hasta su efectivo pago. 2º) Imponer las costas del proceso a los demandados y citadas en garantías en su calidad de vencidos, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (Cfr. art. 51 Ley 14.951).”
Contra dicha forma de resolver, en fecha 18/10/2023, 20/10/2023, 24/10/2023, 25/10/2023 y 26/10/2023 (Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.; OSDE; actores; A.V.A; Instituto Pediátrico Castelar S.R.L.; Casa Hospital San Juan de Dios y Noble Compañía de Seguros S.A.; Federación Patronal Seguros S.A., respectivamente), interponen recurso de apelación, los que se conceden libremente el día 27/10/2023.
Elevadas las actuaciones, fueron radicadas ante esta Sala Primera. Una vez en condiciones en fecha se llamó a expresar agravios, cumpliendo con dicha carga procesal los apelantes el día 1/2/2024, 6/2/2024, 9/2/2024, 15/2/2024, 16/2/2024 y 19/2/2024, dándose por presentada en legal tiempo y forma mediante el despacho del día 19/4/2024. En consecuencia, se corrió el traslado de los agravios siendo contestados en fecha 22/4/2024, 30/4/2024 y 3/5/2024 -véase despacho de fecha 17/5/2024-. Posteriormente se dictó el respectivo Autos para Sentencia y se practicó el sorteo de orden de estudio el día 30/7/2024.
II. a) Fundamentación de los agravios expresados por Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A De la atenta lectura de la expresión de agravios de fecha 1/2/2024 presentada por el letrado apoderado Dr. César Justo Blasco, se observa que el apelante resalta como primer agravio que la jueza de grado habría considerado que en autos existía “… una conducta culpable de la médica tratante, atribuyéndole el consiguiente vínculo obligacional a la entidad sanatorial asegurada por mi representada, por la dependencia funcional que la vincula con la profesional…”
Agrega que, al momento de presentarse la pericia médica, habría efectuado diversas observaciones y pedido de aclaraciones que no han sido debidamente aclarados. “Así sostuvimos que el perito médico incurría en contradicciones en su informe, utilizando tiempos verbales conjeturales que convierten a sus afirmaciones en hipotéticas.”
Que los dichos del perito no permiten afirmar con certeza que la conducta de la médica interviniente se haya apartado de la "lex artis". Así manifiesta que en autos se omite considerar que la prueba sobre la culpa no puede ser presuncional, que debe ser cierta, categórica y su acreditación se encuentra en cabeza de quien la invoca. Y que tales extremos no se verifican en este proceso; es por ello que solicita el rechazo de la demanda por inexistencia de culpa médica y por la ruptura del nexo casual que permita atribuir responsabilidad a la asegurada de su representada.
En su segundo agravio cuestiona los montos diferidos a condena por considerarlos elevados. Así, se refiere al valor vida por la pérdida del hijo nonato, por considerar que el mismo excede el criterio reparatorio, convirtiéndose en un enriquecimiento incausado, en tanto no guarda relación con la pérdida de chance sufrida.
Entiende que no ha quedado acreditado que los supuestos padecimientos y secuelas hayan afectado los futuros ingresos de la parte actora en modo alguno. Y que tales sumas generan una renta superior a las pérdidas hipotéticas de ingresos que pudiera sufrir la parte actora. “Por ello deben merituarse en función del carácter sustitutivo que debería tener una indemnización reparatoria.”
Refiere también al monto asignado al daño moral, psicofísico, y tratamiento psicológico considerándolos excesivos. En relación al segundo, manifiesta que no existen patrones objetivos que permitan mensurar la afectación actual de la parte actora en su esfera psíquica y el impacto de ello en su capacidad productiva.
Respecto del tratamiento, señala que no existe constancia alguna que la parte actora lo haya efectuado “…y, transcurridos 11 años de la fecha del hecho, el tratamiento no surtirá efecto, pues el actor habrá elaborado su patología y consolidado su estado de salud.” Y que “…Si fuese probable que el tratamiento psicológico funcionara, no debería concederse la incapacidad psicológica, pues de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa…”
En su tercer agravio, cuestiona la fecha de cómputo de intereses y la tasa de interés. Así manifiesta que, si los rubros se fijaron a valores actuales, se genera un enriquecimiento sin causa a favor del actor que se ve doblemente compensado.
Por lo que solicita se deje sin efecto la aplicación de intereses desde la fecha del hecho hasta la sentencia de 1ra instancia, “atento lo valores por los que prosperó la misma son actualizados a la fecha de sentencia de grado o en su defecto, se fije una tasa de interés menos gravosa, atento los valores ya están actualizados.”
En su cuarto agravio, cuestiona el ajuste de la suma asegurada. Allí refiere que no existe normativa de la SSN que establezca límites o valores mínimos de sumas aseguradas para la cobertura de responsabilidad civil profesional o responsabilidad civil comprensiva, y entiende que la resolución incurre en un evidente error “…pues remito a normas que no resultan de aplicación al ramo del seguro en cuestión.”
Advierte que la intervención de su mandante en el proceso se limita a su carácter de aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418, con los alcances y límites establecidos en el contrato de seguro instrumentado por póliza N°19.390, fuente de las obligaciones de la aseguradora. Que el seguro de responsabilidad civil, por el que su representada es traída a este proceso, no constituye uno de los "seguros obligatorios" regulados en nuestra legislación.
Afirma que la resolución en crisis resulta manifiestamente errada - ya que remite a la aplicación de normas inexistentes (resoluciones de la SSN que establezcan límites mínimos de sumas aseguradas para el ramo de responsabilidad civil profesional) lo que la convierte en arbitraria, pues se aparta sin causa justificada alguna de la recta aplicación de las leyes, en abierta violación a los principios constitucionales del debido proceso y de propiedad.
Concluye en que la resolución en crisis vulnera el derecho constitucional de propiedad, puesto que pretende modificar sustancialmente el contenido del contrato celebrado entre su mandante y el asegurado, celebrado ejerciendo una industria lícita, conforme a la ley y reglamentaciones fijadas por el Estado.
II. b) Fundamentación de los agravios expresados por Instituto Pediátrico Castelar S.R.L.
De la atenta lectura de la expresión de agravios de fecha 6/2/2024 presentada por el letrado apoderado Dr. German Pablo Luengo, se observa que el apelante resalta como primer agravio que a criterio del a quo su mandante incumplió el deber de seguridad o garantía o diligencia o vigilancia dentro de su organización.
Así refiere que, en materia de responsabilidad médica, resulta fundamental la prueba de la culpa o negligencia del profesional, que a su vez generará la del establecimiento asistencial.
Agrega que en relación a la actuación profesional de la Dra. A.V.A ocurrida en las dos oportunidades en que la actora fue asistida en la sede de su mandante, aquella lo hizo diligentemente.
Describe que de la pericia obstétrica realizada en autos se desprende que la primera atención que la Dra. A.V.A realiza a la actora en los consultorios de su mandante ocurre el día 13/3/2007 cuando presentaba contracciones uterinas. Y la segunda y última consulta dentro del establecimiento, fue la correspondiente al 20/3/2007 en la cual la Dra. A.V.A decide la internación de la paciente por parto prematuro y frente al resultado de los análisis de laboratorio que se realizara la Sra. M.C.M.
Considera que no puede ser imputada a su mandante la detección de la incompatibilidad RH en forma tardía, pues la Sra. M.C.M no había sido atendida en el establecimiento de su mandante con anterioridad al 13/3/2007. Y que por lo tanto no existe responsabilidad alguna que pudiese hacerse extensiva a su representada como consecuencia de aquella. En su segundo agravio, cuestiona la asignación del 50% de culpa a su mandante, fijando el otro 50% en cabeza de la Casa Hospital San Juan de Dios.
Refiere que su mandante sólo brindó un consultorio a la profesional que atendió a la demandante en dos oportunidades, cuando cursaba un embarazo de 31 semanas, de allí que de existir responsabilidad alguna sería injusto que deba asumir “semejante” porcentaje cuando Casa Hospital San Juan de Dios brindó atención de internación a la requirente en dos oportunidades. Entiende que resulta correcto, en última instancia, ajustar dichos porcentajes de responsabilidad a la proporción de atención médica específicamente brindada a la accionante, disminuyendo la responsabilidad al mínimo.
En su tercer agravio, cuestiona los rubros y montos sentenciados atento la inexistencia de factor alguno de responsabilidad que pueda ser reprochable a su representada, “…pues el accionar médico de la Dra. A.V.A brindado a la actora en el establecimiento de mi parte ha sido el adecuado”. Es así que, ante la inexistencia de mala praxis en el desarrollo profesional que la misma brindó a la requirente en los consultorios de su mandante, corresponde rechazar la demanda y la totalidad de los rubros reclamados en el expediente.
Así solicita el rechazo del valor vida, daño moral, daño psicofísico y tratamiento psicológico. Puesto que, de lo contrario, se estaría consintiendo un enriquecimiento sin causa.
Afirma que, en el peor de los supuestos para su mandante, se adecúen los montos a la proporción correspondiente a la efectiva intervención del establecimiento de su mandante en la atención de la actora, “…pues resulta confiscatorio el 50% de atribución de responsabilidad fijado en la sentencia que se ataca por el presente por haber sido atendida en consultorio únicamente en 2 oportunidades cursando la semana 31 de embarazo. Ya en el fin de su embarazo, con el daño causado.”
En su cuarto agravio, refiere a la condena de abonar los intereses fijados en la sentencia de primera instancia, los que a su entender deberían ser rechazados en relación a su mandante atento la inexistencia de factor alguno de responsabilidad a su respecto.
Finalmente, en su quinto agravio cuestiona la imposición de costas a su cargo y solicita que las mismas sean dispuestas en cabeza de la parte peticionante en forma íntegra.
II. c) Fundamentación de los agravios expresados por los actores G.I.R y M.C.M.
De la atenta lectura de la expresión de agravios de fecha 9/2/2024 (22/3/2024) presentada por el letrado apoderado Dr. Héctor Armando Nattero, se observa que el apelante resalta como primer agravio el monto asignado al valor vida en la suma de $3.750.000 para cada uno de los padres, considerando que la misma resultaba completamente reducida. Lo mismo en relación al daño moral, así refiere que luego del fallecimiento del anterior neonato F., sucede a posteriori la de L., lo que es causa de legítima aflicción y sufrimiento, máxime que luego del parto, la actora sufre la ablación del útero, por lo que a joven edad, ya no podrá engendrar más hijos.
Manifiesta que, en atención a la gravedad de la negligencia e impericia médica reiterada y acreditada en la ocasión, resulta insuficiente la cantidad de $5.460.000 fijados para cada uno de los accionantes por la juzgadora, por lo que solicita su elevación.
Se agravia a su vez por la desestimación de la incapacidad sobreviniente (daño físico) “… ya que toma parcialmente una inferencia del perito médico obstetra, quien dictamina que el análisis del grupo sanguíneo y factor RH, debió repetirse en cada embarazo y basarse en el del primer parto, porque no varía…”.
Relata que la histerectomía a que fue sometida la accionante, según el experto, guarda relación con el acretismo placentario, con las cesáreas anteriores y la placenta previa, no con la incompatibilidad RH ni con el polihidramnios, “….empero ello la negligencia e impericia de los profesionales tratantes no sospecharon, ignoraron y no se plantearon la duda de que por sensibilización del primer embarazo, el desenlace ominoso del segundo y el que cursaba, el mismo tendría una alta posibilidad de complicaciones”.
Infiere que el conocer en forma precoz esa sensibilización, los antecedentes obstétricos de la paciente como la hiperbilirrubinemia el polihidramnios y la prueba de Coombs de los embarazos anteriores, hubiera permitido apelar a algunas conductas terapéuticas que no sólo hubieran evitado el letal alumbramiento sino una más eficaz praxis médica para preservar la matriz generadora de vida de la joven M.C.M Respecto al daño psicológico, la sentencia estimó la cifra de $8.174.000,00 para la Sra. M.C.M denegándolo para el Sr. G.I.R el cual no se sometió a la pertinente peritación debido al estrés post-traumático que manifestó “…se le repotenciaba al revivir esos episodios sombríos.” También se manifestó que el monto a percibir por la frustrada madre damnificada solo atenúa parcialmente tamaña tragedia personal, incrementada por la esterilidad adicionada que opera como una concausa del primigenio shock post-traumático, con una subsiguiente depresión reactiva, trastorno que guarda una relación de adecuada causalidad con el hecho de autos, marcando un corte disruptivo en la estabilidad anímica, social, laboral y familiar de la coactora M.C.M, padecimientos de índole psico-somáticos, que en lo emocional dejó secuelas inmediatas en su psiquismo que la perjudicaron incluso en su matrimonio que desencadenó el divorcio.
En relación al tratamiento psicológico, refiere que la terapia psicológica está ayudando a elaborar el duelo sufrido por la Sra. M.C.M, aunque por ser profunda es de largo plazo y costosa. Es así, que solicita se modifique el “quantum” por el cual fue acogido el rubro en estudio, atento el costo de vida, al que acompaña el servicio psicoanalítico.
Finalmente, agravia a los actores la fijación de intereses. Allí refiere que los tribunales siguen justipreciando los mismos como en épocas de relativa estabilidad monetaria, a partir de la sanción del Código de Vélez, sufriendo pocas mutaciones en las leyes modificatorias que trataron tangencialmente el tema. Es así que, a su entender fijar un 6% de interés puro anual desde la fecha del hecho dañoso (2/4/2007) resulta irrisorio, lindando con lo vil, y lo mismo cabe para la tasa pasiva para los depósitos a plazo fijo a 30 días que aplica el BAPRO, ya que la realidad demuestra cuando se hacen las pertinentes liquidaciones, que la cifra que arrojan las mismas queda muy rezagada respecto al índice de precios inflacionario sufrido por la sociedad.
II. d) Fundamentación de los agravios expresados por OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios De la lectura de la expresión de agravios de fecha 9/2/2024 presentada por el letrado apoderado Dr. Hernán Pablo Magallanes, se observa que el apelante refiere que el sentenciante “…se basa pura y exclusivamente en los informes periciales de modo alguno en modo concluyente indicasen un obrar medico inadecuado…”.
Así expresa que carece de fundamento la sentencia de grado cuando asigna responsabilidad a su mandante. Explica que no se aplica este factor de atribución “… (i) porque la sentencia responsabiliza a mi mandante por un acto médico supuestamente defectuoso…(ii) porque para ese tipo de imputaciones debió haberse probado el defecto en el acto médico en sí (o sea, debe probarse la mala praxis). Ello no ha ocurrido.”
Relata que en el ámbito médico la obligación es de medios y no de resultado y que la simple circunstancia de no haberse logrado el resultado buscado no es suficiente para generar responsabilidad civil.
Entiende que la sentencia de grado habría efectuado una evidente apreciación parcial de la prueba realizando una errónea interpretación de los hechos y la pericia del experto en Obstetricia.
Manifiesta que en el embarazo que motiva esta Litis, no existía ninguna sospecha de la existencia de isoinmunización Rh hasta el momento en que se detectó la presencia de polihidramnios y, con absoluta corrección, se solicitaron los estudios tendientes a conocer su origen.
Agrega que resultó imposible realizar algún tratamiento, toda vez que frente a la avanzada edad gestacional y al error cometido al agrupar a la paciente en el primer y segundo embarazo (ninguno de ellos seguidos a través de la cobertura de OSDE), no pudo sospecharse la existencia de la incompatibilidad que derivó en el hidrops fetal.
Describe que “La Dra. A.V.A asistió el primer embarazo de la actora. Luego del nacimiento, el neonato presentó hiperbilirrubinemia. La presencia de ictericia en la etapa neonatal puede responder a diversas causas, desde situaciones fisiológicas hasta enfermedades graves. La actividad de la enzima UDP-GT hepática es baja al nacer. Una gran proporción de los recién nacidos, cerca del 50 %, presentan hiperbilirrubinemia indirecta en la primera semana de vida, mientras que la fracción conjugada es indetectable. Los factores asociados con ictericia marcada (bilirrubina total > 10 mg/dl) son la lactancia materna, la pérdida de peso perinatal (> 7 % del peso), la diabetes materna, la presencia de hematomas y la inducción del trabajo de parto con oxitocina (Consenso de hiperbilirrubinemia del primer trimestre de la vida. Sociedad Argentina de Pediatría).”
Así infiere que la presencia de hiperbilirrubinemia neonatal en el primer hijo de la actora de ninguna manera se asocia, como erróneamente se pretende, con la patología isoinmunización Rh.
En sus agravios refiere que OSDE no habría incurrido en incumplimiento contractual alguno, y cuestiona el hecho de no distinguir entre la prestadora del servicio y su mandante. Que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta lo consignado por su representada al momento de contestar la demanda en relación a que la Dra. A.V.A no se encontraba en la cartilla de prestadores de su mandante.
Se agravia también por la falta de fundamentación cuantitativa, considerando que la sentencia se ha limitado, sin más, a conceder una suma de dinero sin aportar un solo argumento que explique el porqué de esa suma.
Por otra parte, se agravia por los rubros valor vida - daño psicofísico – tratamiento psicológico. Cuestiona la atribución de responsabilidad a su mandante por la incapacidad señalada para con la menor como así también por el excesivo y desproporcionado monto que le fuera asignado.
Afirma que, si el daño psíquico no tiene elementos concretos demostrativos de haberse padecido y de la entidad del padecimiento, como ocurre en el caso de autos, el rubro debe ser revocado. Y que para determinar la existencia de daño psicológico debió atenderse especial y detenidamente a la personalidad de base de los actores, y que el supuesto perjuicio psíquico no sea anterior al suceso por el cual reclama. Pero que en el caso de autos en ningún momento del referido rubro se fundamenta su otorgamiento.
En relación al daño moral, también se quejan porque la sentencia de grado habría otorgado la suma de $ 5.460.000 para cada uno de los actores, concepto indemnizatorio y suma que impugna por desmedida y arbitraria. Así entiende que resultan de aplicación las reglas generales en cuanto a la prueba del daño, y por tanto la parte actora debió demostrar que padeció un perjuicio de tipo extrapatrimonial y dicha cuestión no se encuentra cumplida en autos.
Se agravia asimismo porque la aplicación de la tasa reviste a su criterio un enriquecimiento indebido en cabeza de los actores.
Explica que no cabe duda que la obligación de resarcir un daño de fuente contractual o extracontractual tiene naturaleza de una deuda de valor y que en el caso de marras nos encontramos ante típicas deudas de valor, esto es, no son obligaciones de dar sumas de dinero.
Cuestiona que el judicante haya establecido que el estado de mora se haya configurado al momento de la ocurrencia del hecho objeto de autos. Que inevitablemente, las partidas las ha fijado al momento del dictado de la sentencia, esto es, a valores actuales, por lo cual ha tenido en cuenta, entre otros factores, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y es por ello que, si dichas partidas se han de fijar a valores actuales, no corresponde aplicarle una tasa de interés, que tiende a mantener el valor de la moneda, lo cual generaría una alteración del capital configurando un enriquecimiento indebido en cabeza de la parte actora.
Por otro lado, también se agravia respecto de la póliza y extensión de cobertura asegurativa. Así explica que, si bien no se ha opuesto al límite de cobertura, al condenarse a las citadas en garantía, los términos limitativos de cobertura no implican meramente que ésta deposite en el expediente la suma de la póliza actualizada conforme los intereses que indique la sentencia.
Razona que en lo que respecta a los intereses, la eventual confirmación de la sentencia recaída en la instancia de grado debiera considerar a las citadas en garantía como responsables solidarias de la misma.
Concluye que nadie puede fundadamente negar que los intereses, dentro de sanas pautas de razonabilidad jurídica, deben seguir la misma suerte que los gastos de defensa y de igual forma en que éstos últimos son a cargo del asegurador, aún por encima de la suma asegurada, los intereses devengados en el juicio pertinente deben correr la misma suerte, aun cuando con tal pago se exceda la suma asegurada.
Y que por lo tanto, el pago de los intereses que pudieran llegar a fijarse en una sentencia desfavorable, deberán ser asumidos de forma solidaria tanto por los codemandados como así también las citadas en garantía.
Por otra parte, solicita que, para el hipotético caso de confirmar la sentencia de grado, resulta evidente a su entender que no todos los aquí demandados habrían contribuido de igual forma al supuesto hecho dañoso que se atribuye en la sentencia que es objeto de agravios.
Agrega que la responsabilidad que se le atribuye a su mandante no resulta ser refleja de la del galeno y/o institución aquí demandada. Analiza si la existencia del contrato de asistencia médica que amparaba a la actora posee la fuerza suficiente como para extender una eventual sentencia condenatoria de forma solidaria para con su mandante. La respuesta que encuentra es claramente negativa, y reitera que, si eventualmente se considerara que la responsabilidad resulta solidaria, se estaría condenando a su mandante en la misma proporción de generador material del daño siendo ello injusto a todas luces.
Finalmente se agravia por la imposición de costas, solicitando que sean dispuestas en cabeza de la parte actora.
II. e) Fundamentación de los agravios expresados por A.V.A.
De la atenta lectura de la expresión de agravios de fecha 15/2/2024 presentada por la letrada apoderada Dr. Isabel Graciela Calligo, se observa que la apelante resalta que su queja se basa que se haya considerado responsable a su mandante por no haber efectuado el tratamiento correcto, y se lo condene a reparar los daños consiguientes.
Asimismo, constituye agravio la recepción de los rubros daño psicológico, tratamiento psicológico, gastos médicos y de traslado, gastos futuros, daño moral y sus montos; la aplicación de la tasa de interés, su tipo y la fecha desde la que deben calcularse; y las costas impuestas a su mandante.
En primer lugar, considera erradas las manifestaciones de la pericia médica. “Se advierte y resalta que el experto ha señalado en autos que la accionante ya se encontraba sensibilizada desde su primer embarazo y la probabilidad de que el embarazo del caso de autos cursase con complicaciones era alta.”
Así explica que el perito habría afirmado que el grupo sanguíneo y RH no varía a lo largo de la vida, pero que podría existir un error en el informe del laboratorio tanto en lo técnico como en la transcripción de su resultado. Manifiesta que “Sin embargo, estos supuestos “datos errados”, POR HABERSE DESARROLLADO EN OTRO ESTABLECIMIENTO Y A CARGO DE OTROS PROFESIONALES, NO ERAN CONOCIDOS POR MI MANDANTE y mucho menos mi representada es la RESPONSABLE DE DICHO ERROR EN LA CONSIGNACION DEL GRUPO SANGUINEO Y RH DE LA ACTORA.”
Reitera que su mandante desconocía la incompatibilidad sanguínea y las antecedentes obstétricos emergentes del segundo embarazo y parto, ni que en éste (segundo embarazo y parto) se había detectado la incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo.
Se agravia asimismo por las consideraciones del experto en cuanto a que debió haber realizado un nuevo análisis de grupo y factor, pues ello se contradice con lo sostenido por el perito cuando concluye que el análisis de grupo y factor se realiza "EN LA PRIMERA CONSULTA JUNTO CON EL RESTO DE LOS ANÁLISIS DE INICIO DEL CONTROL OBSTÉTRICO".
Afirma haber cumplido con la prerrogativa de realizar ese estudio al inicio del control obstétrico y que el tercer embarazo - como surge de autos - fue controlado también en Institutos Médicos Constituyentes, donde ya constaba el grupo y factor pertinentes.
Asegura que cuando su mandante inicia el control del tercer embarazo, no había elementos que permitieran hacerle dudar de la veracidad de los datos consignados en la historia clínica.
Que recién en oportunidad de la ecografía del 12/3/2007 surgió la necesidad de efectuar un nuevo análisis, lo que fue prontamente indicado por su mandante, implementándose entonces el tratamiento pertinente. Resalta que el experto habría señalado que, aunque se hubiera conocido la incompatibilidad sanguínea, no se puede garantizar o asegurar que se podría haber evitado el fallecimiento del bebé.
En su segundo agravio cuestiona los montos de la condena de la totalidad de los rubros que acoge, resultando por demás elevados y desproporcionados.
En relación al valor vida solicita se desestime el rubro y sus montos, o en su defecto, se lo reduzca a sus justos límites.
Expresa que lo que se está reconociendo con esta indemnización es el dolor que la pérdida del hijo de los actores pudo haber generado, por lo que estaríamos frente a un doble reclamo, ya que se demanda y se hace lugar al rubro "daño moral" y sabido es que, dentro de éste, se incluye el dolor en los sentimientos y el padecimiento sufrido.
En referencia al rubro "pérdida de la chance” considera notoriamente desproporcionado lo dispuesto en la sentencia de grado y así resalta que “La indemnización - mas allá que no se ha probado los presuntos trabajos y remuneraciones denunciadas- no pueden calcularse en base a una "expectativa de vida" no acreditada y, por tanto, el Quantum no es un algoritmo ni una simple operación matemática.”
En relación al daño psicológico refiere que se ha fijado un valor por daño moral y otro por daño psicológico como si fueran dos cosas distintas, cuando la doctrina y jurisprudencia consideran que el daño psicológico no constituye un tercer género indemnizable, sino que queda comprendido dentro del perjuicio moral y/o patrimonial.
Así también cuestiona el rubro tratamiento psicológico y su importe, considerando que este reclamo se superpone con el de incapacidad psicológica.
Infiere que en caso de indicarse una terapia de recuperación se descarta el daño psicológico como una lesión irreversible y, en consecuencia, indemnizable. Y viceversa, considerar la afección psicológica como una incapacidad permanente implicaría descartar el tratamiento psicológico.
Concluye que resulta improcedente reclamar por un lado el daño psíquico y por otro lado, el costo del tratamiento psicológico. Tales conceptos son excluyentes entre sí.
Asimismo, considera elevada la suma otorgada en concepto de daño moral y refiere que tratándose de un concepto cuya valoración y cuantía resultan siempre de parámetros subjetivos, debe extremarse el cuidado y la prudencia al otorgar una indemnización por este rubro, dado que se puede incurrir en una evidente arbitrariedad y hasta en un enriquecimiento incausado de la víctima.
En relación a los intereses, también se agravia por la imposición de los mismos, y se opone a la tasa de interés fijada por resultar su aplicación perjudicial para su mandante, en atención a que es más gravosa para ésta, lo que constituye una violación del derecho de propiedad y de igualdad ante la ley. Asimismo, también se agravia toda vez que los intereses deban ser calculados “…desde la fecha del ilícito (2/4/2007) y hasta el día de la fecha…”.
Considera que de esta manera se afectaría el derecho de propiedad, y en atención a ello peticiona que los intereses se calculen desde ese momento (sentencia) y no desde el hecho.
Para el supuesto que se determine la aplicación de intereses, solicita que éstos corran desde la mora de los obligados y no desde la fecha del hecho. Por ello, afirma que “…los intereses se computen desde la fecha de notificación de la demanda, pues no hay otra prueba que se hubiere constituído en mora con anterioridad a la indicada.”
Por otro lado, requiere que, al momento de dictar sentencia, se tenga especialmente en cuenta la normativa de la ley 24.432 Finalmente, en relación a las costas, expresa que varios conceptos peticionados en la demanda habrían sido rechazados, lo que a su entender convierte también en perdidoso al accionante, por lo que corresponde la reducción proporcional de las costas pertinentes.
Es así que solicita la aplicación de la doctrina de la SCJB en la materia, en relación a la imposición de costas por haber prosperado parcialmente la demanda.
II. f) Fundamentación de los agravios expresados por Federación Patronal Seguros S.A.
De la lectura de la expresión de agravios de fecha 16/2/2024 presentada por el letrado apoderado Dr. Germán Alberto Stopiello, se observa que el apelante resalta como agravios la errónea aplicación de los límites de cobertura conforme la póliza de seguro nº 183 y la errónea aplicación de la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires, "Martinez"; los valores indemnizatorios juzgados por el a quo en los rubros valor vida, daño moral, daño psicológico y tratamiento psicológico, por exceder el principio de reparación integral. Asimismo, la tasa de interés establecida, por cuanto no respeta la doctrina unánime emanada de la SCBA.
En relación al primer agravio, manifiesta que, la limitación a la garantía de indemnidad está determinada por el costo de la prima debida por el asegurado, en el marco de la relación negocial expresamente establecida entre las partes.
Que la limitación de la cobertura pactada entre las partes por la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad profesional, reconoce protección constitucional en el derecho argentino. Así, el límite responde a necesidades subjetivas derivadas de la actividad de los contratantes, lo que define también la prima.
En consecuencia, infiere, no puede la aseguradora asumir un monto mayor que el aceptado de común acuerdo en el contrato celebrado con los asegurados. Y que, en atención a ello, la sentencia incurrió en un error violando el art. 118 de la Ley 17.418. Esto por confiscatorio, indiscutiblemente afecta la propiedad de su mandante.
Al disponer el sentenciante la actualización de la póliza según "el límite más alto que se hubiera contratado de las diez últimas que puedan localizar" distorsiona y torna inoperante el contrato acordado en el caso en específico. El sentenciante viola lo dispuesto por los artículos 109 y 118 de la Ley 17.418 -de orden público- en lo que respecta a la medida del seguro. En segundo orden, destaca que el fallo efectúa un erróneo paralelismo del caso con la doctrina legal del precedente de la Suprema Corte dictado en los autos “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto s/ Daños y Perjuicios” (causa 119.088), puesto que el mismo trata sobre un supuesto de seguro automotor obligatorio, en el marco de la Ley 24.449, donde los límites del seguro los dispone la autoridad administrativa. Explica que, en este caso en concreto, siendo un seguro de responsabilidad médica, protege por la sola voluntad al asegurado en la medida pactada.
Finaliza resaltando que, disponer que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato, carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil.
En su segundo agravio cuestiona la valoración del rubro valor vida considerando que resulta excesivamente elevada la suma dispuesta. A su entender, no hay un solo elemento que explique la razón del número juzgado por el a quo tratándose de las circunstancias particulares.
Agrega que para calcular el momento a indemnizar el a quo solo hace referencia a que de las constancias de los autos sobre Beneficio de Litigar sin gastos emerge que la Sra. M.C.M era ama de casa y el Sr. Changarín. Y que, por lo tanto, las condiciones particulares (edad, condición social) no permiten llegar a tan excesiva indemnización.
En relación al rubro daño moral, también considera que excede las pautas que emergen de la adecuada valoración del caso. Que supera holgadamente los valores dispuestos en antecedentes jurisprudenciales, lo que importa un resarcimiento muy superior al que la ley autoriza -arts. 1068, 1069, 1083, 1084, 1085 y 1086 del Cód. Civil.
Siguiendo con la misma argumental del agravio anterior, las condiciones particulares de la víctima, es decir, la edad, actividad desarrollada, como así también la edad y condición económica de los reclamantes, hace que la indemnización otorgada por el a quo en concepto de daño moral resulte excesiva.
Por otra parte, también se agravia por el valor fijado para el rubro daño psíquico y tratamiento psicológico, considerando que ha habido en la sentencia de grado una deficiente valoración de la prueba pericial psicológica, la que por deficiencias formales flagrantes “carece de valor convictivo”, e improcedencia del daño psicológico como rubro indemnizable autónomo.
Agrega que, con la admisión de ambos rubros indemnizatorios, no hace más que duplicar indemnizaciones, sin fundamentación alguna, violando el principio de enriquecimiento sin causa.
En su tercer agravio, cuestiona la tasa de interés establecida conforme tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires desde la fecha de la sentencia de primera instancia. Considera que deberían fijarse los intereses conforme tasa pasiva digital y que se calculen desde la fecha de la sentencia de cámara.
II. g) Fundamentación de los agravios expresados por Noble Compañía de Seguros S.A. y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios – Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios – Casa Hospital San Juan De Dios De la lectura de la expresión de agravios de fecha 19/2/2024 presentada por el letrado apoderado Dr. Pablo Marcos Luna, se observa que el cuestionamiento reside en la prescindencia que hace la sentencia de grado de la prueba decisiva y la contradicción en que incurre con constancias indubitables de la prueba rendida en la causa en opuesta correspondencia al incumplimiento de la actora de toda la carga probatoria para la atribución de culpa.
En su primer agravio, se refiere a la imputación que realiza el sentenciante a Casa Hospital San Juan de Dios. Entiende que desde un punto de vista objetivo y en lo que hace a la prueba producida en autos -en especial la pericia médica obstétrica- no existen elementos a partir del cual se pueda establecer responsabilidad civil de su mandante.
Refiere que las inferencias que realiza el fallo en crisis respecto a la supuesta falta de cuidado de dicha institución en el tratamiento del embarazo cuestionado en autos, carecen de fundamentos suficientes. Ello es así, atento a que, tal cual lo dice el perito médico obstetra oficial, Casa Hospital San Juan de Dios actuó conforme lo establece el protocolo médico. Por ende, no está probada una omisión del diagnóstico, ni negligencia en el modo de actuar de dicha entidad médica conforme surge claro de la pericia médica del perito médico obstetra.
En su segundo agravio, expresa que si bien es cierto que frente a una eventual condena indemnizatoria Casa Hospital San Juan de Dios no debe responder solidariamente en la misma proporción que otras entidades medicas ajenas, que actuaron en tiempos y lugares diferentes en relación a la atención de la actora, entiende que su mandante no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el controvertido caso medico de autos.
Manifiesta al respecto que, la pericia médica es clara cuando dice que la isoinmunización fue previa al ingreso a Casa Hospital San Juan de Dios. Asegura que, las conclusiones a la que llega el juez de grado sobre su mandante, no se encuentran probadas a través de la pericia medicas producidas en autos y que resultan vinculantes para el Juez de grado si las mismas contienen fundamento científico medico en sus apreciaciones de los hechos médicos.
Afirma que la actora no ha probado el incumplimiento por responsabilidad médica de Casa Hospital San Juan de Dios a luz de la pericia médica producida y las registraciones médicas aportadas al proceso y demás prueba producida en autos En su tercer agravio, cuestiona la suma de $ 27.170.000 a favor de la parte actora en concepto de los rubros indemnizatorios valor vida, daño moral, daño psicofísico y, tratamiento psicológico.
Así reclama que, el Juez de grado no aclara debidamente cual ha sido el cálculo o el método seguido para obtener los montos de condena por los conceptos indicados, distribuyendo la indemnización entre los accionados sin fundamentos validos que lo justifiquen en valores que resultan excesivamente elevados.
Concluye que, existiendo un agravio al legítimo ejercicio del derecho de defensa, al debido proceso, y al derecho de propiedad, solicita se haga lugar al agravio expresado en todas sus partes, disponiendo ajustar los montos diferidos a condena a su justo y equitativo valor como también a distribuir el monto de la condena en función del grado de responsabilidad que tuvo cada parte -atento a que Casa Hospital San Juan de Dios respecto de otras entidades demandadas, brindó su atención en tiempos y espacios distintos respecto de otros accionados.
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por los actores Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formuló la parte co-demandada (OSDE) al contestar los agravios -véase presentación de fecha 22/4/2024 -, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la contraria, toda vez que –según su opinión- los fundamentos expresados no se ajustarían a las prescripciones legales de los artículos 260 y 261 del Cód. Proc.
Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 9/2/2024 (22/3/2024) surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes –desde su ángulo de visión subjetivo- consideran equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio. Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca también VOTA POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
1. Precisiones sobre la relación jurídica contractual entre el médico y el paciente. “Obligación intuito personae”. Valoración de las pericias médicas. Culpa médica.
Dispone el (art. 512 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 1.724 del C. C. y C.) que la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Y cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 1.725 del C. C. y C.). Además, para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes (art. 909 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 1725 del C. C. y C.); estableciendo con aplicación en las relaciones contractuales el art. 1.198 del Cód. Civ. y sus concs. externos los arts. 961, 968, 1.061 y 1.063) que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Que la relación jurídica existente entre la actora y la demandada Dra. A.V.A (médica) es contractual (arts. 1137, 1.623, y 1.197 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 957 del C. C. y C,), sobre la base de un contrato o estipulación a favor de terceros (art. 504 del C.C. y su conc. externo el art. 1.027 del C. C. y C.) existente entre OSDE y la Dra. A.V.A (médica), porque el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, y el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. De este modo y forma, también los une un contrato de asistencia o prestación médica, en donde intervienen dos sujetos, una médica profesional universitaria que cuenta con matricula que la faculta y habilita a ejercer su profesión dentro de sus incumbencias profesionales y por la otra parte el sujeto acreedor de la prestación de servicios médicos, que es profano en el arte o praxis médica, que es materia del facultativo galeno. Se vislumbra una desigualdad natural entre los sujetos, según el curso natural y ordinario de las cosas, porque como es obvio el profesional universitario cuenta con capacitación e idoneidad científica técnica en el arte de curar y/o praxis médica, frente al paciente, que como dije, es un profano en la materia. Se le exige legalmente a dicho profesional, un mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, referido al conocimiento teórico-practico en la praxis médica, por su condición o facultad intelectual de esa persona determinada, en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes, estimándose en estos casos el grado de responsabilidad de esos agentes médicos, pues los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Este aspecto jurídico esbozado es con respecto a las circunstancias de los sujetos intervinientes, como partes en el contrato asistencia médica. Sin embargo, existen otras dos circunstancias más, me refiero al tiempo oportuno en que el galeno debe necesariamente cumplir con sus obligaciones o deberes médicos impuestos por la ley nacional 17.732/67 y la ley 4534, mod. por las leyes 5755, 6137, y 10606 y Dec. 6473/44 de la Pcia, de Bs. As. y por los procedimientos o por los protocolos médicos en el arte de curar y el lugar en donde cumplir sus obligaciones.
En el caso de autos, nos encontramos frente a un contrato “intuito personae”, donde la prestación debe ser ejecutada por la persona elegida por el acreedor en la convención, o por la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial.
La Dra. A.V.A fue elegida por los actores como médica obstetra, para que asista a la Sra. M.C.M, de lo cual se infiere que de la relación contractual existente entre ellos, surge que la accionada medica obstetra asumió una obligación “intuito personae”, presumiéndose que en estos contratos suponen una confianza especial, donde la prestación de hacer es infungible, pues su persona es relevante para la ejecución de la obligación, teniendo en cuenta el acreedor la aptitud, la industria, arte o cualidades personales o confianza especial y por ello la eligió. Repárese que había atendido y asistido durante su primer embarazo a la co-actora M.C.M (conf. se informa a fs. 937 vta.).
En el año del Libertador General San Martín (1.950) Héctor Lafaille nos decía que el hecho o la obligación podrá ser ejecutada por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte, profesión o por sus cualidades personales. No es necesario establecer tal reserva en el contrato, ya que puede revelarla el simple carácter de la prestación (obras científicas, literarias o artísticas, o surgir del orden profesional, cuando el paciente o el litigante contratan a determinado médico o abogado por su especial competencia, o en razón de la confianza que le dispensan (Lafaille, Héctor, Tratado de las Obligaciones, Vol. II, Ed. Ediar S. A., Bs. As. año 1950, pág. 84/85).
Sentadas las premisas legales aplicables en el presente caso, para resolver la responsabilidad de la Dra. A.V.A, comenzaré a considerar las pericias médicas producidas en autos, a saber.
El perito Signorelli, médico obstetra, en su dictamen de fs. 929/946 teniendo a su vista las Historias Clínicas ambulatoria y de internación de la actora M.C.M, de la Clínica Constituyentes de fs. 1025/1078; del Instituto Pediátrico Castelar y del Htal. San Juan de Dios de fs. 997/1020, dictaminó que: "Lo cuestionable del accionar médico, fue confiarse en el primer análisis de grupo sanguíneo y factor Rh, estudio este que debió repetirse en cada embarazo, ya que si bien el grupo sanguíneo y Rh no varía a lo largo de la vida, puede existir un error en el informe del laboratorio tanto en lo técnico como en la transcripción de su resultado". "Esto es lo que ocurrió en el caso de autos, y si bien la paciente ya estaba sensibilizada del primer embarazo y la probabilidad de que el mismo cursase con complicaciones era alta, el conocer precozmente esta sensibilización hubiese permitido apelar a algunas conductas terapéuticas, durante el embarazo, como las descriptas en las consideraciones medico legales del presente informe y de esta forma darle la chance de evitar un ominoso final. Tampoco despertó sospechas al respecto, los antecedentes obstétricos de la paciente como fueron la hiperbilirrubinemia y el polihidramnios en los embarazos anteriores, ni la prueba de Coombs directa positiva del segundo bebé".
Al contestar los puntos de la parte actora a fs. 939, dijo que "Los antecedentes obstétricos de la actora sumado a la confirmación de que poseía un grupo y factor Rh negativo, habría creado la necesidad de investigar la presencia de anticuerpos and D, y confirmada su presencia condicionaba la necesidad de adoptar una conducta activa respecto al diagnóstico y tratamiento adecuado a las características del embarazo en cuestión. Véase consideraciones medicolegales IS.9-12 del presente informe". A fs. 939 vta. informa que: "Según recomiendan los diversos autores y así lo expresa en concordancia, la Guía de Procedimientos de Obstetricia Basado en las Evidencias año 2009 del Colegio Médico de la Pcia. de Buenos Aires Distrito III (fs.402), se debe efectuar ante un nuevo embarazo, un análisis de grupo sanguíneo y Rh, porque si bien se nace con un determinado grupo y factor y el mismo no cambia a lo largo de toda la vida, cabe la posibilidad que pueda existir un error de laboratorio en su determinación inicial, como realmente ocurrió en el caso de autos".
A fs. 942 y 942 vta. el experto expresa que: “La asistencia médica recibida por la madre presentó como falencia el no habérsele diagnosticado precozmente una incompatibilidad Rh. Se confió en el informe de laboratorio realizado durante el primer embarazo, que consignaba grupo A Rh positivo. Habiendo tomado conocimiento de las complicaciones que acontecieron en los dos embarazos previos, no se pensó en la posibilidad de un error en el informe antes mencionado y por ende no se lo reconfirmó. Por todo ello el embarazo cursó con una incompatibilidad Rh diagnosticada tardíamente".
A fs. 941 y 941 vta. responde sobre el fallecimiento del bebé al afirmar que "El deceso se produjo por una incompatibilidad Rh, no prevista, por no haberse realizado la confirmación del grupo y Rh materno hasta la semana 31 del embarazo. Existen alternativas terapéuticas, citando se conoce precozmente la incompatibilidad Rh, que podrían evitar la muerte del recién nacido. Aunque esto último no se puede garantizar de manera absoluta. (Véase informe pericial fs. 9-12)".
Desde ya destaco que no encuentro merito suficiente como para apartarme de este dictamen pericial producido por el perito obstetra, toda vez que el mismo cuenta con: a) Estudio de los antecedentes de interés médico legal, basados en las cuatro historias clínica antes referenciadas, en donde se describen los motivos de internación, evolución y egreso. b) El protocolo obstétrico-quirúrgico; c) Evolución postparto (puerperio); d) Consideraciones médico- legales; d) Hechos, definición, descripción y fisiopatología; e) Examen médico pericial; f) Conclusiones. G) Bibliografía utilizada por el experto (ver fs. 934/935).- O sea que dicha pericia cuenta con una introducción, con sus respectivos fundamentos técnicos-científicos. A los cuales me remito y sus conclusiones. En suma, se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., al contar con las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que el perito funda su opinión. De este modo declaro a este dictamen con fuerza probatoria al considerar este juzgador la competencia del perito, la uniformidad de su opinión, los principios científicos en que se funda, y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás elementos de convicción que la causa ofrece, todo ello corroborado por las conclusiones de la pericia médica, elaborada en las actuaciones " M.C.M y ot c/Clínica Modelo s/ daños y perjuicios", remitidas ad effectum videndi et probandi” del Juzgado Civ. y Com. nro. 6 del Dpto Judicial de Morón. En síntesis, se concluyó que el factor sanguíneo de la actora M.C.M era RH (-) negativo.
A su turno se expidió el perito Dr. Rocco a fs. 1080/1082, informando que según las constancias de la historia clínica del recién nacido se: "...demuestra que la madre estaba sensibilizada al factor RH que produce la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad maternofetal. De tal manera esta fue la causa principal del grave deterioro clínico del recién nacido. Esta observación fue realizada -en la hoja de admisión del recién nacido, como causa de la interrupción del embarazo a las 34 semanas por operación cesárea" (“…”) lo que provocó un fallo multiorgánico y óbito del recién nacido” (conforme consta a fs. 1.081) es decir su posterior fallecimiento.
En relación a los protocolos médicos aplicables al caso, señaló a fs. 1.081 que "...debieron realizar controles clínicos-obstétricos periódicos con estudios de laboratorio de hemoterapia, para la posible detección de patologías que pudiesen afectar al binomio madre-feto, como también registros ecográficos para determinar: edad gestacional, curva de peso, patologías congénitas, sexo y otros datos de utilidad para el obstetra. En el caso que nos ocupa las determinaciones del servicio de hemoterapia (grupo sanguíneo madre-hijo), como las pruebas de sensibilidad (coombs), hubiesen ayudado a evitar la enfermedad hemolítica que afectaron gravemente a los descendientes de la Sra. G.M".
El neonatólogo Dr. Rocco dictaminó que la detección de la incompatibilidad Rh fue muy tardía, "...ya que no se habían efectuado estudios hemolíticos de madre e hijo, es decir, cuando ya no se podía evitar el desarrollo de la patología que culminó con la temprana muerte del neonato" (conf. fs. 1137/8 y fs. 1161 vta.). Tampoco encuentro mérito suficiente como para apartarme de este dictamen pericial por cuanto se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 384, 472, 473 y 474 del Código Procesal, y que lo declaro con fuerza y valor probatorio, encontrándose avalado con las dos pericias descriptas precedentemente.
2. La culpa profesional y su apreciación judicial Se entiende por culpa profesional a aquella por la cual una persona que ejerce una profesión liberal dentro de sus incumbencias profesionales, falta a los deberes especiales que ella le impone (arts. 1724 y 1768 del Cód. Civ. y Com.). De este modo se daría una infracción típica, que concierne a ciertos deberes que son propios de una determinada actividad, actuando con impericia y resultando antijurídica su conducta o comportamiento humano. En el régimen general de la responsabilidad civil las directivas jurídicas sobre la cuestión de la culpa, en el Código Civil de Vélez Sarsfield son particularmente claras, pues mayor será la responsabilidad cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902 del Cód. Civ.), y en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes el grado de responsabilidad se estima por la condición especial de los agentes (art. 909 del Cód. Civ.). Es decir, que se requiere la culpa en la responsabilidad profesional médica contractual para atribuir la responsabilidad civil.
Por su parte el Cód. Civ. y Com. en el art. 1725 bajo el sub-título. “Valoración de la conducta”, ensambla un solo precepto jurídico el contenido legal de los arts. 902 y 909 del citado Cód. Civ.
Contemporáneamente Aída Kemelmajer de Carlucci y Carlos Parellada nos enseñan que apreciar la culpa es establecer sí en un caso concreto, el agente ha obrado culposamente. Se trata de juzgar si para el sujeto era previsible la dañosidad de su conducta. Los criterios de apreciación de la culpa difieren según cuál sea el sujeto que se tiene en miras para realizar el juicio de previsibilidad: si un modelo abstracto, o el propio sujeto actuante (art. 512 del C.C., que se refiere a la culpa “inconcreto”). En el criterio abstracto u objetivo, se toma en consideración la previsibilidad general de un sujeto-modelo o tipo (el hombre medio, el buen padre de familia, el buen profesional, el buen médico, el buen trabajador, el buen funcionario, etc. La conducta se valora por comparación con la del ente creado idealmente por medio de la abstracción, partiendo del proceder que se estima socialmente adecuado. Resulta que para juzgar si un abogado ha llevado un proceso adelante en forma diligente, el juez toma en cuenta el ritmo al que hubiese trabajado un buen profesional (Kemelmajer de Carlucci Aída, y Parellada Carlos, en la obra colectiva Responsabilidad Civil, de Jorge Mosset Iturraspe (Director) y Aída Kemelmajer de Carlucci (coordinadora) y otros co-autores, Ed. Hammurabi (Bs. As. 1992), Capítulo VII, Los factores subjetivos de atribución, págs. 145 y 146. Taraborrelli José Nicolás, Tesis doctoral (UCA); Titulo: La culpa (pasado, presente y futuro). Su supervivencia en la imputación de responsabilidad, págs. 113/4. Publicada en https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13.715).
En realidad, ambos criterios no se contraponen, sino que se complementan. En la apreciación práctica, ni el sistema objetivo abstracto prescinde de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, ni el sistema subjetivo o concreto deja de comparar la conducta del agente con la del individuo de diligencia normal u ordinaria (Kemelmajer de Carlucci, Aída, y Parellada Carlos, op. cit. pág. 145. Taraborrelli José Nicolás, op. cit., págs. 113/4).
En la especie, el adiestramiento específico que requiere la condición de profesional importa un especial deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 1725 del Cód. Civ. y Com.). Y en lo que se refiere a la aplicación del art. 909 del Cód. Civ. y su conc. externo el art. 1725 del Cód. bien Civ. y Com.), se advierte que la suposición de ese adiestramiento que aconseja la faz técnica del ejercicio profesional y de la consiguiente pericia que implica, genera por sí una actitud de confianza en el cliente –profano en la materiaque contrata con el profesional, la que se resalta con mayor nitidez en las actividades regladas, por la garantía o respaldo que induce el ejercicio del poder de policía estatal; más aún esa confianza específicamente deriva de las circunstancias personales del profesional, determinantes de la elección que de él hace el cliente (Alterini-Ameal-López Cabana, Derecho de las Obligaciones, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., año 2.006, pág. 785.). De este modo, valorando las pruebas periciales médicas antes referenciadas, ha quedado demostrado –aplicando la doctrina legal desarrollada- que la demandada médica obstetra, han incurrido en culpa profesional, toda vez que actuó con negligencia e impericia, sin obrar y actuar con cuidado y previsión, al no haber ordenado –oportunamente- un estudio de laboratorio para determinar el grupo sanguíneo y el factor Rh de la actora que debe repetirse en cada embarazo.
Es que la obligación del facultativo de ordenar en cada embarazo estudios previos de laboratorio para determinar el grupo sanguíneo y el factor Rh, es una obligación de resultado. Me refiero al resultado de ordenar y practicar el estudio por el laboratorio, como también del contenido intrínseco o endógeno del resultado que arroje el informe del laborario, que también es de suma importancia médica. Por ello, se presume “pro-homine”, su responsabilidad o culpa (art. 163 inc. 5° del Cód. Proc.).
En tal sentido jurídico, todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil (art. 1.109 del Cód. Civ.).
3. Responsabilidad de las clínicas, de las obras sociales y de las entidades de medicina pre-paga. Obligación de seguridad.
Responsabilidad concurrente. Prestadores médicos Se ha resuelto que: “Demostrada la culpa del médico, deberá responder por su obligación tácita de seguridad la prepaga que contrató los servicios de los mismos, pues lo cierto es que incumplió en prestar la debida atención a la que se había comprometido conforme el injustificado daño sufrido por la accionante (conf. art.1 inc. b) ley 24.240). FALLOS A LOS QUE APLICA. N., V. A. S. c/ Casa Hospital San Juan de Dios y otros s/ daños y perjuicio. SENTENCIA.CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. 9/9/2022. 9 de septiembre de 2022. Id SAIJ: SUC0411048). Otro Tribunal Colegiado se pronunció judicialmente que:
“Corresponde revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda contra la prepaga, haciendo lugar a la misma y quedando condenada en los mismos términos que los restantes accionados, ello en razón de la responsabilidad de las obras sociales o entidades de medicina prepaga por lo actuado por sus prestadores, pues si bien el paciente tiene por lo general la facultad de optar entre diversos prestadores, la inclusión de cualquiera de éstos en el listado de opción hace a la obligación de garantía y de seguridad de la entidad médica por lo actuado por cualquiera de sus prestadores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha consagrado la responsabilidad ante errores de los médicos tratantes. Si el prestador genera algún daño al afiliado, parece de toda justicia que la entidad, que fue quien seleccionó a determinado prestador para incluirlo en su lista -lo que implica que también podía haberlo no incluido o excluido- responda concurrentemente frente a la víctima. En definitiva, la obra social o prepaga al vincularse con determinada clínica está celebrando un contrato, en virtud del cual surge una estipulación en favor de un tercero -art. 504 C. Civil- que la hace responsable de los daños que su co contratante pudiera causar. Fuente del sumario: SAIJ. FALLOS A LOS QUE APLICA. (“G. G. y otro c/ G. A. S.A s/ daños y perj.resp.profesional (excluido estado”). SENTENCIA.CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL. 21/12/2021. SUMARIO DE FALLO. 21 de diciembre de 2021. Id SAIJ: SUB0962829).
La teoría de la apariencia tiende a proteger al contratante que actuó de buena fe. Según el principio de la apariencia, la existencia y alcance de un acto debe juzgarse sobre la base de su manifestación exterior o forma externa con la cual sus autores lo han hecho conocido, de modo que produzcan convicción respecto de su regularidad y realidad (CNCom, Sala B, "Plus Computers SA c/ HitachiData- Systems SA", del 04/10/00, en igual sentido, "Gismondi, Adrián Alejandro y otro c/ Ascot Viajes SA", del 17/12/99). La protección de la apariencia deriva de la finalidad de cubrir las necesidades del tráfico y la buena fe (cfr. Gregorini Clusellas, Eduardo L., "La apariencia y la buena fe en la relación del agente comercial con un tercero", LL 1997-E-301); en tanto acarrea como consecuencia la legitimación de quien aparece como titular de una relación jurídica (cfr. Lorenzetti, Ricardo, "Problemas actuales de la representación y el mandato", Revista de derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, N° 6, pag. 74 y ss.; Tobías, José W. "Apariencia jurídica", LL 1994- D316). Fuente del sumario: OFICIAL.FALLOS A LOS QUE APLICA. Garda, Jorge Luis y otro c/ Fernándes Pedra de Serrano, Carmen Mercedes y otros s/ ordinario. SENTENCIA.CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, 12 de marzo de 2020. Id SAIJ: SUN0027280 Por su parte ha sentenciado la Cámara Nacional Comercial que:
“Es responsable el ente sanatorial por la deficiente prestación de servicios médico-quirúrgicos efectuada allí por un profesional, aun cuando este no pertenezca al personal médico de la entidad, cuando las constancias de la causa en base a las cuales pretende el sanatorio deslindar responsabilidades, distan mucho de ser inequívocas y, ante la equivocidad ha de prevalecer el principio de apariencia (C.C.I.V. art. 1198 y ley 24240, art. 4, 5, 19, 37 y ss.), a lo que debe agregarse la responsabilidad derivada de la ley 17132, arts. 39 y 49 y su reglamentación (dec 6216/67). (En el caso, el paciente eligió para atenderse el sanatorio demandado, por encontrarse incluido en la cartilla de su obra social, y allí fue asistido por el médico en cuestión, que no figuraba en dicha cartilla, las declaraciones testimoniales carecen de certeza, de la pericia contable surge que no aparecía como dependiente de la clínica, ni aparece en el registro de empleados enmarcados en el régimen de contrato de trabajo, pero nada se alude respecto de un virtual listado de médicos. Además, el director y único propietario de la institución integró el equipo quirúrgico que opero al paciente”). FALLOS A LOS QUE APLICA. GARCIA DE HERNANDO, MARIA JULIA c/ A.P.S. s/ SUMARIO. SENTENCIA.CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. 29/10/1998. 29 de octubre de 1998. Id SAIJ: SUN0008211.
El autor Roberto A. Vázquez Ferreyra, ha escrito que: “La responsabilidad médica y hospitalaria es de tipo contractual. Sin perjuicio de que existen supuestos de excepción, como la posibilidad de optar por la vía extracontractual en caso de delito penal, siendo la relación médico-paciente un contrato proteiforme, multiforme, en el caso concreto habrá que ver la vinculación y aplicar por analogía las normas de los contratos más parecidos. En el caso de la responsabilidad de los centros asistenciales en general, esta deviene casi en forma automática en la medida en que un médico que pertenezca al plantel del centro asistencial, haya ocasionado un daño en forma culpable. Para justificar la responsabilidad del centro asistencial hay innumerables teorías, pero la que más predicamento tiene es la que recurre al contrato en favor de tercero, entre la clínica, estipulante y el médico promitente se celebra un contrato a favor de tercero, ese tercero es el beneficiario, paciente, de este doble juego de relaciones surge que las responsabilidades del médico y del ente asistencial frente al paciente, son directas y de naturaleza contractual. El paciente tiene acción contra el médico que es el autor del daño, y contra el sanatorio porque este asume, en virtud del principio de buena fe, un deber de protección al lado del deber de prestación, es decir que garantiza que la atención dada por ese médico va a ser conforme a la lex artis. En definitiva, los centros asistenciales responden de modo irrefragable sin poder liberarse probando que eligieron o vigilaron correctamente a los médicos. El deber de los centros asistenciales alcanza a los actos culposos y dolosos de los profesionales de la salud. Cuando es imposible individualizar cual fue el médico que ha incurrido en culpa porque el origen del daño desaparece en el anonimato propio del ejercicio de la medicina actual, hay responsabilidad del ente asistencial por mala organización, la causa del perjuicio está dentro del establecimiento. (Vázquez Ferreyra Roberto Antonio, en Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, de fecha 4 de marzo de 1996.REVISTA ZEUS Nro. 5375, pág. 2. ZEUS EDITORA S.R.L Id SAIJ:
DASA960283).
El ex-camarista Dr. Jorge Mario Galdós, en un trabajo titulado:
(Responsabilidad de las obras sociales por mala praxis médica, de fecha 24 de octubre de 1996, REVISTA LA LEY Nro. 204, pág. 3, LA LEY S.A.E. e I. Id SAIJ: DACA970064. TEMA Obras sociales, mala praxis, responsabilidad civil), nos adoctrina que: “Respecto de la responsabilidad de las obras sociales por mala praxis médica, la obra social asume una tácita obligación de seguridad derivada del artículo 1198, 1er. párrafo del Código Civil, debiendo responder por los daños que puedan originarse en la defectuosa prestación del servicio de salud a su cargo. Dicha obligación tácita de seguridad se potencia cuando el afiliado pertenece a un sistema "cerrado", en donde carece del derecho a la libre elección, debiendo elegir entre los profesionales o establecimientos de salud seleccionados por la obra social.
En estos casos, la obra social tiene a su cargo la selección y vigilancia de las clínicas prestadoras del servicio médico, debiendo entonces responder por los daños ocasionados por la actuación culposa de los médicos, en su condición de garante de la correcta prestación de los servicios. Además de la responsabilidad de la obra social, la autoridad de aplicación también responde, dado que tiene a su cargo la dirección y control del sistema, cuando existe deficiencia en la prestación del servicio” REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Galdos, Jorge mario "Culpa médica, obras sociales y sindicatos", en comentario a fallo de la Cámara Nacional Civil, sala J, 10/7/95, "Triviño, Delia Cristina y otro c/Sindicato de la Unión de Cortadores de la Indumentaria y otros s/daños y perjuicios", La Ley, 1996-C, 739.
Kemelmajer de Carlucci, Aída "Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de responsabilidad médica", JA, 1992-II-815. Vazquez Vialard, Antonio "Relaciones entre las obras sociales y los prestadores de servicios médicos", JA, Doctirna 1974-151. Trigo Represas, Félix "Reparación de daños por mala praxis médica", p. 396. Bueres, Alberto "Responsabilidad de los médicos", t.I, p.466. Garay, Oscar "Régimen legal de las obras sociales y del seguro de salud", p. 207. Mosset-Iturraspe, Jorge- Lorenzetti, Ricardo "Contratos médicos", p.30. Casiello, Juan "Responsabilidad de las clínicas y de las obras sociales por mala praxis médica", La Ley, 23/10/95, p.12, en anotación a fallo CNFed.Civ. y Com., sala II, 2/10/94, "W. de F.
M.T. y otros c/Obra Social de la Industria Maderera". Mosset Iturraspe, Jorge "Responsabilidad civil del médico", p. 114, Ed.Astrea, Buenos Aires, 1985. Galdos, Jorge Mario "Responsabilidad profesional y culpa médica (en la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires)", La Ley, Buenos Aires, 1995.
La Cámara Nacional Civil de la Capital Federal Sala H., sentencio en: “Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2017, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos «M., M. I. C/ O.S.D.E. y otros S/ daños y perjuicios. Resp. Prof. Médicos y Aux. – ordinario» y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo: Así, entendió que, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación (3/13/2001, «E., R. E. c. Omint S.A. de Servicios, LA LEY, 2001-B, 687; por remisión, en el caso, al dictamen del Sr. Procurador General de la Nación), y fuera luego ratificado por el legislador a través de la sanción de la ley 26.682 (arts.4, 27 y cc.)-, «es aplicable el régimen de defensa del consumidor al contrato de cobertura médica celebrado con una empresa de medicina prepaga, habida cuenta que se trata de un contrato de adhesión y consumo».
Ha señalado también el señor magistrado con cita de Lorenzetti, La empresa médica, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 355; Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 102 y 114, que como es sabido, si bien los servicios de los profesionales liberales se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la ley 24.240 (art. 2), no ocurre lo propio con los contratos celebrados entre los pacientes y las clínicas, que -en tanto importan la prestación del servicio de salud para el consumo final de los enfermos- deben regirse por esa normativa, por lo que concluyó que «. debe aplicarse la ley 24.240 y las normas que con ella se integran, no obstante, la fundamentación de derecho que hubieran invocado las partes (art. 163 inc., 6 del Código Procesal), si además se pondera que se trata de una norma de orden público y por ello debe aplicarse de oficio (art.65).
El S. G. S. C. P. S.R.L.y O.S.D.E. son personas jurídicas privadas, y proveedoras del servicio de salud, esta última además, como obra social, está autorizada a tomar dentro del sistema, beneficiarios autónomos, denominados afiliados adherentes u optativos otorgándoles los mismos planes y prestaciones que a sus afiliados obligatorios, motivo por el cual se encuentran comprendidos en la ley 24.240 que si bien excluye de su ámbito de aplicación a los profesionales liberales, no excluye a la empresa de medicina (conf. Lorenzetti Ricardo, «La Empresa Médica», p. 356, Farina Juan, «Defensa del Consumidor y del Usuario», p. 83, Ed. Astrea 1995). Los servicios actuales, prestados a gran escala, son sometidos a estándares objetivos que lo independizan de su autor.
Los procedimientos de actuación, las técnicas, y los métodos, se repiten de modo tal que permiten incluso su patentabilidad y su comercialización, pudiendo ser medidos, apreciados, determinados. El servicio actual responde entonces a condiciones normales susceptibles de estandarización. Por esta razón, la ley 24.240 dispone que los servicios deben ser prestados de modo tal que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios (art. 5°) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, Desulovich, Analía c. Obra Social de los Aeronavegantes y otros, 26/09/2005, RCyS 2006, 685, AR/JUR/4639/2005).
Ahora bien, a mayor abundamiento y tal como lo señala la propia codemandada, reitero, OSDE como obra social está autorizada a tomar dentro del sistema, beneficiarios autónomos, denominados afiliados adherentes u optativos otorgándoles los mismos planes y prestaciones que a sus afiliados obligatorios. De este modo entiendo que nada impide considerar que la eventual responsabilidad de la obra social frente a los daños que puedan sufrir sus afiliados derivados de una deficiente prestación de salud pueda también enmarcarse en la órbita contractual. Desde esta perspectiva, es claro que la obra social asume la obligación tácita de seguridad en los términos del art.1198, frente al accionar de los médicos y establecimientos incluidos en su cartilla, cuya idoneidad garantiza al haberlos escogido, dentro de los que está el sanatorio codemandado, y precisamente por esta razón, es que la circunstancia que la actora haya elegido un ente asistencial dentro de la nómina predispuesta OSDE, porque otra alternativa no tenía, dado que no se acreditó que su plan contara con el sistema de reintegro, en modo alguno releva a esta última de la responsabilidad que le cabe por la prestación médica debida.
Se ha expresado que la obra social debe poner en marcha todos los recaudos necesarios para evitar que se ofrezca al paciente una atención médica deficiente, quedando dentro de esa esfera de responsabilidad aquellas prestaciones médico-asistenciales que son contratadas mediante terceros. La obra social asume la obligación asistencial, por lo que responde por su incumplimiento, más cuando el tercero a quien contrata es elegido por ella (conf. CNCivil sala E, in re «Paredes, H. c/Sanatorio Humboldt S.A. y otro s/daños y perjuicios» del 14/08/1996)”.
En suma, OSDE responde civilmente sobre la base del deber tácito de garantía que pesa sobre su cabeza, a saber: a) por la culpa del médico tratante; b) por el Instituto Pediátrico Castelar S.R.L., y c) por el Hospital San Juan de Dios (arts. 42, 43, 504, 1113 primer párrafo (aplicado por analogía) y 1198 del CC; y en los arts. 1, 2, 3, 5, 19, 37, 38, 40, 40 bis y siguientes y concordantes de la Ley 24240 y sus leyes modificatorias).
Ahora bien, con referencia a la responsabilidad civil objetiva que le cabe al Instituto Pediátrico Castelar y al Hospital San Juan de Dios, sobre la base del deber tácito de garantía legal o deber de seguridad en cabeza de cada uno de ellos, causada por el hecho culposo de otra persona la Dra. A.V.A, se encuentra debidamente acreditado con la pericia médica obrante a fs. 930 vta. y fs. 931 que mediante H. C., labrada en el Instituto Pediátrico Castelar se describen las consultas ambulatorias realizadas durante el embarazo de la actora, como también los informes médicos realizados a la misma. Asimismo, se informa que se interna por amenaza de parte prematuro. Las consultas en este centro médico fueron realizadas por intermedio de Dra. A.V.A. A fs. 35 existente un recetario de internación en este instituto a favor de M.C.M suscripto por la. Dra. A.V.A, que dice se interna con diagnostico gesta de 32 semanas, amenaza de parte prematuro. Además, obran informes de controles ecográficos. Signos de sospechas de acrotismo líquido amniótico ligera ha moderadamente aumentado.
Asimismo, las prestaciones medica realizadas por el Instituto Pediátrico Castelar SRL y por el Hospital San Juan de Dios constan en las historias clínicas glosadas a fs. 718, 757 a 843, 1002/1020 respectivamente, e informes de consumo de fs. 1188/1191.
A fs. 931 el experto dictamina que la actora fue internada por presentar embarazo de 28,1 semanas con contracciones uterinas- Luego cedieron las contracciones y se le dio el alta con medicación. Y se la citó por consultorio interno a la semana por primera vez en el Hospital San Juan de Dios y de su H.C. consta además una segunda internación en dicho nosocomio con diagnóstico de embarazo de 32,2 semanas, realizándosele una cesaria segmentaria con posterior histerectomía toral, actuando la Dra. A.V.A como cirujana. El recién nacido con evolución desfavorable, falleció el 2 de abril de 2.007.
En fecha 1/7/2.018 el perito contador presentó su dictamen informando de acuerdo a lo que surge de la revisión selectiva: Como dato complementario, se verificó la CONSTANCIA DE OPCIÓN – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, emitido con fecha 29-06-2.018 con los siguientes datos: A nombre de: A.V.A FECHA DE INICIO MONOTRIBUTO: 01-07-2.004. PUNTO 2): Si la mencionada, figura relacionada con contrato alguno de locación de servicios profesionales y en su caso facturó servicio alguno por el parto objeto del presente ocurrido en el mes de marzo de 2007. RESPUESTA: Si la mencionada figura relacionada con contrato alguno de locación se servicios profesionales: No existe contrato firmado que legalice la relación profesional entre la Dra. A.V.A y la demandada. Y en su caso facturó servicio alguno por el parto objeto: Se verificó la existencia del RECIBO Nº 0001 – 00000336: emitido por: A.V.A. MÉDICA. M.N. 101052 – M.P. 330987. DOMICILIO: Berutti 1.093 –Morón. IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO. A favor de: Fecha:
03-08-2.007. A nombre CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. Domicilio: Ardoino 714. Localidad: Ramos Mejía. CUIT: 30-69404450-2. Importe: $ 666.32. Honorarios (ilegible). Firma: ilegible. Aclaración: A.V.A. De acuerdo a lo informado por la responsable a cargo de mi atención, este recibo incluye los honorarios profesionales devengados en marzo de 2.007. Al respecto, se ha verificado la existencia del comprobante interno de la demandada: G c/ Hospital San Juan de Dios. Nombre: Liquidación de Honorarios Profesionales y Certificado de Retención y Aportes Ley 12207 – Art. 35. Número: 707183. Fecha 26-07-2.007. Profesional: 612 – A.V.A. Matrícula: 330987 – CUIT: 27-224836495. Y según detalle: Concepto Importe abonado Honorarios y Gtos. Profesionales (int 60.29 Módulo de atención 663.20 PRODUCCIÓN0.00 Caja de Prev. y Seg. Médico, Débitos de Clientes x Prestaci. Descuento Playa de Estacionam.
TOTALES: ……723.49……. TOTAL, LIQUIDACIÓN HONORARIOS:
…………………… Seiscientos sesenta y seis con 32/100.Recibí original:
firma y aclaración………. (Firma ilegible, sin aclaración). Duplicado: Hay un sello: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.FIRMA Y SELLO: ………….(Está en blanco).
Asimismo, se ha verificado la existencia de los siguientes recibos emitidos por la Dra. A.V.A a favor de la demandada: Número: 0001 – 00000327. Fecha: 06-06-2.007. Importe: $ 1.124.56. Número: 0001 – 00000331. Fecha: 10-07-2.007. Importe: $ 1.459.19. PUNTO 3): Si de las prestaciones vinculadas al parto fueron facturadas y cobradas por el Hospital a OSDE. RESPUESTA: Del sistema computadorizado de la demandada, surge la siguiente información: Si fueron facturadas a OSDE: Si, fueron facturadas, según detalle: Factura:
0000100047902.FACTURACIÓN DE PRESTACIONES EN
INTERNACIONES POR PACIENTE. Paciente: 401172 De acuerdo la documentación presentada y las aclaraciones correspondientes, la Paciente: 401172, historia Clínica: 302155 e Internación Nº 61.925, corresponde a la Sra. M.C.M. Cubre el periodo: 26 de marzo al 1º de abril de 2.007 importe: $ 8.016.15. Si fueron cobradas a OSDE: De acuerdo a lo informado por la responsable a cargo de mi atención: Si, fueron cobradas. OSDE abona periódicamente total o parcialmente un conjunto de facturas que agrupan varios periodos y una suma de pacientes. OSDE no registra deuda alguna con la demandada. Dr. Nilo M. S. Converso. Contador Público (U. Morón). Este dictamen lo declaro con fuerza probatorio por cuanto cumple debidamente con las prescripciones legales de los (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.).
No hay dudas entonces, que dichos institutos clínicos responden objetivamente y en torno a la responsabilidad de las clínicas –dice Bueresque es objetiva, pues revelada la culpa del médico, dicha responsabilidad se torna inexcusable o irrefragable (queda de manifiesto la violación del crédito de seguridad, el establecimiento sanitario no puede probar su no culpa en la elección o en la vigilancia). Agrega, asimismo que está permitido a las clínicas probar la ausencia de culpa del facultativo, cuando estén en juego obligaciones de medios, puesto que, aunque ese factor de imputación (la culpa) no hubiere de proyectarse reflejamente sobre la entidad, su prueba en sentido negativo impedirá el nacimiento de la obligación de seguridad por falta de una exigencia: la culpa del médico. Sin embargo, podrá la clínica tanto en los supuestos de obligaciones de medio como de resultado, hacer patente que el daño no es imputable a la culpa del galeno, sino que el daño proviene de un caso fortuito, con lo cual quedará destruida la relación de causa a efecto (Bueres Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Tº I, Ed. Hammurabi, Bs. As., año 1.994, págs. 385/390).
Coincido con la Sra. Jueza de Grado en distribuir el porcentaje de responsabilidad en Cabeza del Instituto Pediátrico S.R.L. y del Hospital San Juan de Dios, en un cincuenta por ciento (50%) para cada uno de ellos, ampliando el suscripto la fundamentación de dicha conclusión, sobre la base de estos aspectos legales. En primer lugar, se tiene en cuenta la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que se corresponden a las circunstancias de las personas (las clínicas como instituciones y el médico (expertos en la materia) frente al profano (el paciente); el tiempo u oportunidad en que deberían haberse cumplido debidamente las prestaciones médicas, según los protocolos médicos y la experiencia y el lugar en donde se cumplen dichas obligaciones. En segundo lugar, habida cuenta del grado de incidencia de la actuación médica que le cupo, a cada uno de dichos nosocomios asistenciales, corresponde –a mi juicio- aplicar el concepto de “paridad”, toda vez que no se acreditó con prueba idónea al efecto -me refiero a prueba pericial- el grado de incidencia causal de responsabilidad que le cabe a cada uno de ellas, de allí que el juez se encuentra facultado para aplicar el principio jurídico de “paridad”, con basamento en el “esfuerzo o sacrificio compartido” entre ambas instituciones. Y, en tercer lugar, con aplicación del instituto de la “equidad” (como principio y valor jurídico), todo ello con fundamento en los arts. 1, 2 y 3 del Cód. Civ. y Com.).
En suma, se considera judicialmente la responsabilidad que le cabe a OSDE, como obra social, al Igual que las entidades de medicina prepaga y las clínicas responden civilmente por lo actuado por sus prestadores de servicios médicos. Toda vez que las actividades que desarrollan las obras sociales se enmarcan en los principios de la seguridad social, al disponer el art. 14 bis de la C.N. que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá el carácter de integral e irrenunciable y su concordante externo el art. 36 inc., 8 de la Const. de la Pcia. de Bs. As, que reconoce el derecho a la salud, disponiendo que la Provincia garantizará a todos los habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud.
La obra social o las empresas de medicina prepaga al relacionarse jurídica, económica y financieramente con determinadas Clínicas, está celebrando un contrato o estipulación a favor de terceros (en este casos los pacientes (art. 504 del Cód. Civ.), que la hace responsable civilmente a las obras sociales por los daños causados por su cocontratante por culpa médica producido en perjuicio de un tercero beneficiario, desde que asume una obligación legal tácita de seguridad o de garantía, basado en el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones (conf. art. 1.198 del C.C.), teniendo en consideración el derecho a la vida y a la salud con trascendencia social, tutelados por el orden público.
En efecto, examinando la pericia contable producida a fs. 1227/30 (dictamen que lo declaro con fuerza y validez probatoria por ajustarse a las prescripciones de legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc.), surge del mismo que: “La actora siempre se mantuvo en el en el plan 210 desde el 2/6/ 2.006”, corroborado con el dictamen de fs. 960 que dice: “La actora comenzó el control de su tercer embarazo por intermedio de su obra social OSDE””: Por su parte, del dictamen pericial contable obrante en el escrito de fecha 1/7/2.018, a la pregunta del (PUNTO 3.) que dice: Si de las prestaciones vinculadas al parto fueron facturadas y cobradas por el Hospital a OSDE, se evacuó esta respuesta: “Del sistema computadorizado de la demandada, surge la siguiente información: Si fueron facturadas a OSDE: Si, fueron facturadas, según detalle: Factura:
0000100047902.FACTURACIÓN DE PRESTACIONES EN
INTERNACIONES POR PACIENTE. Paciente 401172 De acuerdo la documentación presentada y las aclaraciones correspondientes, la Paciente: 401172, historia Clínica: 302155 e Internación Nº 61.925, corresponde a la Sra. M.C.M. Cubre el periodo: 26 de marzo al 1º de abril de 2.007 importe: $ 8.016.15. Si fueron cobradas a OSDE: De acuerdo a lo informado por la responsable a cargo de mi atención: Si, fueron cobradas. OSDE abona periódicamente total o parcialmente un conjunto de facturas que agrupan varios periodos y una suma de pacientes. OSDE no registra deuda alguna con la demandada. Dr. Nilo M. S. Converso. Contador Público (U. Morón)”. Este dictamen lo declaro con fuerza probatoria, por cuanto cumple debidamente con las prescripciones legales de los (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.).
Además “obiter dicta” o a mayor abundamiento, en el escrito de expresión de agravios OSDE reconoce la cobertura médica, al expresar textualmente: “Como ha quedado probado en autos, mi mandante puso a disposición de la parte actora los recursos médico-asistenciales para materializar cada una de las prestaciones que ha requerido”. En otra parte del mismo escrito, expone corroborando lo primero y dice: “En tal sentido mi representada cumplió con todas las obligaciones a su cargo, dado que puso a disposición de la actora la diversidad de servicios y profesionales que ella ha requerido”. Por todo ello, presumo “pro-homine (art. 163 inc. 5 del Cód. Proc.) que la Dra. A.V.A figuraba y figura en la cartilla de profesionales médicos obstetra que ofrece la co-demandada OSDE, que producen convicción judicial en la persona del juzgador, según la naturaleza del juicio y de conformidad con las reglas de la sana critica (art. 384 del Cód. Proc.).
Continuando con la resolución de los agravios expuestos por OSDE, entiendo que le asiste razón jurídica, al criticar la calificación de la condena como una obligación solidaria, pues según mi criterio debe clasificársela como “obligaciones concurrentes”, a las asumidas en el fallo condenatorio por todos los demandados, entendiéndose por tal, a aquellas obligaciones en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. De este modo, si las obligaciones principales son concurrentes las accesorias, llámense intereses, costas, etc., siguen la misma suerte de las principales.
4. El acretismo placentario y la extirpación del útero. Improcedencia del rubro incapacidad sobreviniente El perito médico en su dictamen informo que los estudios realizados mostraban la existencia de un posible acretismo placentario. Y además agregó que las principales causas de acretismo placentario, son la existencia de varias lesiones cicatrizales uterinas, en el caso de autos, fueron las dos cesarías anteriores, sobre la que se implanta la placenta y pone en marcha su capacidad histotrofica invadiendo la pared uterina. Esta patología no guarda ninguna relación con la incompatibilidad Rh feto-materna. Finalmente agregó en su experticia que la Sra. M.C.M tenía un acretismo placentario que comprometía el segmento y cuello uterino y no brindaba otra alternativa que la extirpación del útero. En sus conclusiones el perito médico forense dictaminó que: “Respecto al acretismo placentario y su resolución, el accionar de la profesional fue el adecuado y se actuó con idoneidad tanto en el diagnóstico como en la terapéutica aplicada y especialmente en los recaudos tomados para evitar una lesión de órganos vecinos (uréteres). Entonces frente a la parcela de este dictamen pericial objeto de consideración juridicial por parte del juzgador, cabe preguntarse: ¿Se encuentra acreditada debidamente la relación de causalidad adecuada existente entre la extirpación del útero y su consecuencia dañosa como afirma la actora?, La respuesta es que NO se encuentra probado el nexo causal, por cuanto teniendo en cuenta lo informado por el experto “ut supra”, está debidamente justificado, en sentido médico-legal, que el accionar de la Dra. A.V.A fue el adecuado a la patología que presentaba la paciente, toda vez que el juez se retrotrae mentalmente al escenario o teatro de los hechos y se formula dicha pregunta, llegando a la conclusión de que no está acreditada la relación de causalidad adecuada según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria (arts. 901 y 906 del Cód. Civ.). El sistema jurídico del nexo de causalidad adecuado tiene los siguientes caracteres jurídicos, a saber: a) es probabilístico, b) resulta ser ex–post-facto; c) es empírico; d) es in-abstracto; y e) el hecho causante del daño debe ser adecuado, apto o idóneo para producir un resultado disvalioso (un daño).
En suma, se denominan causas o fundamentos de justificación a determinadas situaciones de hecho y de derecho cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de la acción, siendo lícita para todo el ordenamiento jurídico. Dicho acto médico no acarrea consecuencias penales, ni puede haber daño resarcible. Fue un estado de necesidad (art. 34 inc.3° del Cód. Penal, cuyo texto dice: “No son punibles: 3° El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”) realizar dicha práctica quirúrgica por parte de la Dra. A.V.A.
Por todo ello, debe confirmarse esta parcela de la sentencia recurrida por la parte actora, en la cual se rechaza el rubro incapacidad sobreviniente, en virtud de que dicha práctica fue realizada de conformidad a los protocolos médicos que así lo aconsejan, sin que genere responsabilidad alguna en la persona de la Dra. A.V.A.
5. Adecuación del límite de la cobertura A los efectos de la adecuación del límite de la cobertura el Máximo Tribunal Provincial in re: “Martínez” (Causa: 119.088 sentencia del 21/2/18), interpreto que dijo, que se desnaturaliza el vínculo asegurativo, la ecuación económica del contrato, la equivalencia de sus prestaciones, la finalidad social del seguro, su función preventiva, su sentido solidarista y su criterio a la luz del principio de mutualidad, si se aplican los límites de la cobertera contratada (me refiero como juzgador en este sub-judice) con las tres empresas de seguros presentadas en autos, toda vez que el hecho dañoso aconteció hace más de diez y seis años (más de 16 años) y la situación socio-económica, financiera, cultural, política, institucional, y jurídica, eran otras y diferentes a la época actual en esos aspectos, constituye todo ello un verdadero abuso de derecho tutelado por los (arts. 10 y 11 del Cód. C. y C. y su conc. externo el art. 1.071 del Cód. Civ.), pues el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraria los fines del ordenamiento jurídico, el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y procurar su reparación... De este modo los derechos deben ser ejercidos de buena fe (art. 9 del C. C. y C.), sin abusar de los mismos (art. 10 del C. C. y C,), y considerando que en el presente “sub-judice”, los mentados art. 9 y 10 de dicho ordenamiento legal se aplican cuando se abusa de una posición dominante en el mercado. Además, dicha conducta asumida por las empresas aseguradoras de daños, constituyen –insistiendo en la aplicación de límite de la cobertura convenida a la fecha de contratación del seguro, constituyen un enriquecimiento sin causa previsto los. arts. 1794 y 1795 del C. C. y C.) y atentar en contra del principio de la buena fe (previsto en el art. 9 del C. C. y C.), al establecer que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, considerando fundamentalmente la incidencia del proceso inflacionario producido en nuestro país durante esos diez seis (16) años. Por otra parte, el límite de la cobertura era proporcional y equivalente al monto de la prima abonada por el asegurado.
También a los efectos de la adecuación del límite de la cobertura de cada una de las pólizas obrantes en autos, aplico el diálogo de fuentes existente entre la ley de seguros 17418 y la ley de defensa del consumidor 24240 y sus modificaciones, que en su art. 1 al prescribir que queda comparado al consumidor, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ello, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. En tal sentido, interpreto que al indicar dicha disposición legal que lo es con beneficio propio o de su grupo social, precisamente ese grupo social estaría integrado por las victimas de daños que deben recibir también el mismo trato como si fueran consumidores, en este caso terceros beneficiarios del contrato de seguros, sobre una base de un contrato a favor de terceros.
Ha sentenciado la Excma. Cámara Primera de Apelación de San Nicolás en los autos caratulados: “PRINZIO, ROSA ELIZABETH c/MANFREDI, OSCAR ALFREDO y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS.
RESP. PROFESIONAL (EXC. ESTADO)”, en fecha 29/12/2.023, cuyo fallo jurisprudencial aplico al ocaso de autos, que: “Atendiendo que el importe a asegurar depende del acuerdo de las partes, resultan a mi juicio aplicables aquellas razones invocadas por el Cimero Tribunal en el precedente citado, en tanto mantener aquella cifra de tope acordada en el marco de una situación económica diferente importa de suyo frustrar o desvirtuar el sinalagma contractual por desinencia del proceso inflacionario y a tenor de la valoración actual que de los daños ha efectuado el sentenciante primero. Claramente la irrazonabilidad se configura en el intento de mantener incólume el resultado de uno de los extremos de la ecuación económica expresada por el contrato según su concertación inicial, pese al transcurso de un extendido periodo de tiempo en el cual justamente aquella ecuación se vio claramente alterada por el envilecimiento de nuestra moneda.
En tal sentido debe repararse que entre el momento de su entrada en vigencia: 1/10/2.016 y la fecha de la sentencia apelada, transcurrieron casi siete años, con una inflación que produjo un incremento del 1.589,66%, que aplicada al límite de cobertura lo llevaría a la suma de $ 12.672.420,41 (cfr. fuente INDEC, Calculadora de inflación – Argentina (calculadoradeinflacion. com). Repárese que las prohibiciones del art. 10° de la ley 23.928 no eximen al Tribunal de consultar elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible. Lo contrario equivaldría a premiar el accionar de una parte que impone a la otra la necesidad de llevar adelante un proceso judicial por largo tiempo, partiendo de la certeza de que su obligación habrá de encontrarse circunscripta sine die a una determinada suma de dinero inalterable en el tiempo.
Esta conducta, resulta reñida con el principio de buena fe y hace nacer el deber oficioso de los jueces tendiente a evitar las consecuencias de tal proceder emergente de las prerrogativas dimanadas de los arts. 1, 2 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pretender honrar la garantía de indemnidad asumida ante el tomador según los términos bajo los cuales fue inicialmente delimitada la cobertura, cuya extensión quedó en su momento nominalmente definida de acuerdo con pautas adoptadas en función de circunstancias por completo diferentes, cuando a posteriori se ingresó en procesos inflacionarios que hasta hoy perduran con niveles cada vez más altos, implica alterar claramente la reciprocidad sinalagmática de las prestaciones propias de la justicia conmutativa, lo que repercute en el imperativo de preservar la equivalencia (equilibrio contractual) entre el objeto de ambas obligaciones (cfr.
Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, La Ley, t. III, pág. 179/180, y 182/183, cuarta edición actualizada y ampliada), ya no inicialmente, sino en la etapa de la ejecución de la tutela a cargo del ente asegurador.
El resultado de un litigio judicial cuya definición se dilata en el tiempo, genera una inocultable licuación de la suma asegurada que, como fenómeno sobreviniente y contingente, no puede ser obviado en su consideración, por lo que la expresión “hasta el límite de la garantía” o sus equivalentes “en la medida del seguro” o “en el límite de la cobertura” contratada, no deben ser entendidas como un congelamiento perpetuo de la importancia económica del riesgo asegurado en la suma nominal fijada en la póliza.
En la especie, el límite de cobertura o suma asegurada convenido entre asegurador y asegurado se ha convertido en un obstáculo para que el damnificado pueda obtener en tiempo oportuno el resarcimiento que la normativa civil consagra a su favor y que hoy se ve reforzada tras la incorporación de los tratados internacionales que se han sumado así al bloque de derechos constitucionales que protegen a la persona humana, su salud y su integridad física, psíquica y estética, a través de la recepción que de aquéllos ha hecho el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Su operatividad no atañe sólo al Estado sino también a los particulares y ello ha implicado ensanchar el enfoque meramente patrimonialista del Código Civil, considerando a la salud, la integridad y la vida como valores en sí mismos” (CNCivil, Sala C, 26.05.16, “Aimar, María C. y ot. c/ Molina, José A. y ots. s/ daños y perjuicios (acc. trans. c/ les. o muerte) y “Aldasoro y Compañía S.A y otro c/ Molina, José Alfredo y otros s/ daños y perjuicios (acc. trans. sin lesiones)”, acumulado al primero. (elDial.com – AA999B). En situaciones regidas por los principios de la justicia conmutativa, ha de estarse a la igualdad estricta de las prestaciones recíprocas conforme a las circunstancias del caso, y no siendo el dinero un fin ni un valor en sí mismo sino un medio que, como denominador común, permite conmensurar cosas y acciones muy dispares en el intercambio, aquella igualdad exige que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas; situación equitativa que resulta alterada cuando, como en el caso, por culpa de la falta de pago en término de la prestación nominal ha disminuido notablemente su valor real, su poder adquisitivo, por influencia de factores que no dependen del acreedor (CSJN, 23.09.76, “Vieytes de Fernández, Juana c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 295:973, TR LA LEY AR/JUR/429/1976).
Por ende, para componer esta situación, considero razonable efectuar un nuevo análisis del límite de la cobertura a cargo de la aseguradora, cotejando la reparación a la fecha del hecho y la actual realidad económica para arribar a un resultado justo y equitativo”.
Del mismo modo, he tenido oportunidad de expedirme respecto a la actualización de los límites de cobertura fijadas en las pólizas de seguro, cuyos fundamentos entiendo aplicables –desde una visión analógica- al caso bajo examen.
En efecto, en los autos caratulados: “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020 expuse que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.
“Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios. El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C.
C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”. “De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”. No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro Y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que: “Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…).“ Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)“ II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)“ II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).“ Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)
39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
“Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (…) hasta el día de hoy, han transcurrido más de trece años, sin que se le indemnizaran la totalidad de los daños a la parte actora, así que de limitarse el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro, constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago”.
“Así las cosas, entiendo que, en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros de (…) de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación”. –Fallo de esta Sala Primera-.
Por lo cual, coincido con la Sra. Jueza sentenciante de Primera Instancia, que acertadamente dispuso la aplicación –por analogía- del precedente jurisprudencial de la S.C.J.B.A. caratulado: “Martínez”, causa; 119.088, que si bien se refiere al seguro obligatorio, sus fundamentos se asemejan a la situación o relación jurídica de estos autos. Y en tal sentido debe confirmarse –como así se dispuso en el fallo recurrido- que en la etapa pertinente la adecuación de la cobertura se efectúe por medio del perito contador -.ya interviniente en autos- en función del límite de cobertura actual de las aseguradoras para las pólizas que porten similares características a las de autos (Pólizas: 183.715, 8027749, y 31.465), tomándose -al efecto- el límite más alto que se hubiere contratado dentro de las diez últimas que pueda localizar el experto contable (arts. 17, 18, 42 75 inc, 22 de la C. N.; 10, 11 y 15 Const. Pcia.de Bs. As., arts. 953, 1071, 1198 del C. C.; arts. 960, 961, 772, 1092 y 1094 del C. C. y C.; Ley 24.240 y sus modificaciones y 163 del Cód. Proc.).
En tal sentido, ampliando lo resuelto por S.S., se dispone que en la etapa de ejecución de sentencia, el perito contador se constituya en el domicilio social de las tres empresas aseguradoras presentadas en autos, a los fines de requerirles el libro de emisión de pólizas o registro de pólizas y verificar las últimas 10 contratadas por cada una de ellas; debiendo seleccionarse aquella que contenga el límite de la cobertura más alta; lo cual será informado en autos, acompañándose asimismo copia certificada por el contador de cada una de los contratos de seguro seleccionados Cierro este capítulo proponiendo a mis colegas de Sala el acogimiento y la confirmación en lo que concierne a lo resuelto por la Sra. Jueza de Primera Instancia con referencia a la adecuación del límite de cobertura de conformidad con lo expresado en el Considerando 3°, última parte de su pronunciamiento judicial.
6. Pérdida o frustración de chance de la vida humana y su relación con el daño al proyecto de vida El autor Eduardo Mertehikian en fecha julio de 2008, en la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública -Rap- Nº 370 pág. 177, pub. en Id SAIJ: DACF130233, bajo el título: Breves anotaciones acerca de la indemnización por "pérdida o frustración de la chance" y de su relación con "el daño al proyecto de vida" en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuso que: “El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia es, por su propia naturaleza, una posibilidad, y no cabe exigir de ella una certidumbre extraña al concepto mismo del daño de cuya reparación se trata.
"La frustración de una chance es la pérdida de la posibilidad de un beneficio probable futuro, integrante de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privarlo de esa esperanza conlleva un daño aun cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de este daño, porque lo perdido, lo frustrado, es en realidad la chance y no el beneficio esperado como tal. El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierde la posibilidad o expectativa de conseguir o de tener un bien, material o inmaterial". Con todo, hay que decir que el criterio con el que debe juzgarse la pérdida de la chance -según así lo exponen la doctrina y la jurisprudencia- debe ser estricto”.
“El concepto de pérdida de chance se inscribe dentro de la diferenciación entre los conceptos de daño actual, daño futuro y daño eventual. Mientras el primero consiste en el detrimento patrimonial ya ocurrido que aún subiste sin reparar, el segundo podría serlo en el supuesto que desde el mismo momento de su producción pudiera ser estimado pecuniariamente (artículo 1067, Código Civil). "La pérdida de chance es un daño actual resarcible cuando implica probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable” (…) El daño al, así llamado, "proyecto de vida", como anticipamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la decisión recaída en el "Caso Loayza Tamayo vs.
Perú", sentencia del 27-11-1998 (vid Capítulo XII numerales 144 a 154), admitió la reclamación del daño al "proyecto de vida", señalando que se trataba de una noción distinta del daño emergente y del lucro cesante, pues lo entendió como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, que implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable y, por lo tanto, consideró perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito. “El criterio fue reiterado en la sentencia recaída el 18 de septiembre de 2003 en la causa "Bulacio vs.
Argentina" (vid Capítulo X, numerales 78 y 79 y Capítulo XI, numerales 80 a 104). Allí sí la Corte Interamericana fijó montos indemnizatorios sobre la base de los ingresos que la víctima habría tenido durante su vida laboral, tomando en consideración una estimación de ingresos en orden a distintos estadios de su posible evolución laboral (estudios secundarios y universitarios). Ahora bien, sin perjuicio de la obligatoriedad de las decisiones del Tribunal Internacional en el ordenamiento jurídico interno, conforme el criterio no sólo del propio Tratado (Arts. 68, Ley Nº 23.054, y 75, inc. 22, Constitución Nacional), sino desprendido de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (vid, entre otras, causa "Simón", del 14 de junio de 2005), hay que decir que existen suficientes elementos en esta última que permitirían sostener que el reconocimiento por parte del Tribunal Internacional del así denominado "daño al proyecto de vida" ya había tenido recepción en los precedentes de nuestro Alto Tribunal, o que, al menos, entre los precedentes jurisdiccionales de uno y otro hay suficientes puntos de conexión”.
“Si -como quedó dicho- la pérdida o frustración de la chance es resarcible cuando dejando de ser un daño eventual se convierte en un daño actual, por cuanto esa probabilidad futura es suficiente y el "proyecto de vida" es la pérdida de opciones por parte de la víctima, según la estimación que ha efectuado la jurisprudencia de la Corte Internacional, o bien es -en la terminología de nuestra Corte Suprema- la frustración del desarrollo pleno de la vida, puede afirmarse que en tanto esa pérdida de opciones o frustración de desarrollo deja de ser eventual, pues la "probabilidad" de su ocurrencia se ha tornado en "certeza" de su ocurrencia, entonces estamos en presencia de un daño actual que bien puede inscribirse en el concepto anteriormente desarrollado de la pérdida o frustración de la chance, o al menos que participa con él de elementos o caracteres comunes”.
(*) Trabajo elaborado sobre la base de la exposición del autor en las XXXIV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y el IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que bajo el título La Responsabilidad en el Ámbito del Derecho Público, fueron organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en la Ciudad de Santa Fe, los días 22, 23 y 24 de octubre de 2008. El mismo ha sido publicado en la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública -Rap- Nº 370 (Julio 2008), pp. 177-183.
La vida humana no tiene un valor económico por sí misma, sino en consideración a lo que podría o puede producir; por ello la indemnización por la pérdida de la vida humana no se debe título de lucro cesante, sino de reparación de daño emergente que el hecho produce a los damnificados al privárseles de la compañía, del sostén familiar y atención de las necesidades morales y materiales de la vida en común (Cámara Nac. Fed. Civil y Com., Sala II, 13/8/90, "Valdez Peralta c/ Bco. Nacional", en LA LEY, 1991-A, 229 (Bianchi Silvia Noemí, Taraborrelli José Nicolás, en Cuantificación de la indemnización por perdida de la vida humana, TR La ley 200-A, 882, 4/1/2.0008, AR, DOC/3556/2.007).
En el caso de la muerte de un hijo menor lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto o probable que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para sus padres la vida de un hijo que muere a consecuencia de un hecho ilícito; resarcimiento que cabe, si no a título de lucro cesante, por lo menos como la pérdida de una chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir el hijo, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para ellos, daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual, que posibilitan determinar la cuantía del perjuicio (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. , Sala II, 13-8-90, LA LEY, 1991-A, 229. (Bianchi Silvia Noemí, Taraborrelli José Nicolás, en Cuantificación de la indemnización por perdida de la vida humana, TR La ley 200-A, 882, 4/1/2.0008, AR, DOC/3556/2.007).
No hay dudas de que la muerte de un hijo recién nacido –aparte de constituir dicha perdida de la vida una frustración o chance de ayuda o sostén económico- se expande y lesiona al proyecto de vida familiar, causando un daño precisamente a ese proyecto de vida familiar, producido por el hecho ilícito a los damnificados (en nuestro caso a los padres del hijo fallecido, recién nacido) al privárseles a los mismos de la compañía, de la vida familiar, del sostén familiar y atención de las necesidades morales y materiales de la vida en común, especialmente cuando dichos progenitores sean adultos mayores y que necesitan de la ayuda material, económica, espiritual y moral de sus hijos, considerado como un daño a la vida de relación familiar y social.
6.-a) Daño al proyecto de vida familiar El Proyecto de Código Civil para la República Argentina Unificado con el de Comercio para el año 2000 preceptúa en el art. 1600, inc. b, en su parte pertinente, que: "El daño extrapatrimonial comprende al que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando a la salud física o psíquica o impidiendo el pleno disfrute de la vida. Así como al que causa molestias a la libertad, en su seguridad personal, en la dignidad personal, o en cualesquiera otras afecciones legítimas", disponiendo, por su parte, el art. 1601 del mismo proyecto que "Son reparables el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, sea directo y indirecto, así como el daño futuro cierto, y la pérdida de probabilidades en la medida en que la contingencia sea razonable" (Taraborrelli José Nicolás, Bianchi Silvia Noemí, en Legitimación activa de los daños derivados por los delitos y cuasidelitos de homicidio, TR, La Ley, 0003/014976.
Noción. Existe un daño al proyecto de vida familiar, se trata de un daño profundo, que compromete al ser humano en función de la vida de relación familiar; es un daño que afecta, trastoca o frustra el proyecto de vida familiar a través del cual se proyecta y realiza el ser humano desde la concepción en el seno materno. Se trata de un menoscabo que impide el desarrollo de ese proyecto para el desenvolvimiento o despliegue en el futuro integrando una familia. No resulta imposible imaginar que, frente al vacío existencial, producido como consecuencia de la pérdida de la vida humana, de quien no sólo era el sostén económico del grupo familiar o bien podría serlo en el futuro, sino también quien daba protección moral y afectiva y colaboraba en la contención familiar, repercute en el bienestar integral.
La interrupción abrupta de la vida de la persona humana lesiona el interés legítimo de otras personas que vivían integrando una familia constituida con el fallecido a causa de un delito o cuasidelito de homicidio. Es que los integrantes de esa familia de sobrevivientes, llámense cónyuge, hijos menores de edad, nietos, hermanos discapacitados, etc., sufren -entre otros perjuicios- un daño que denominamos "al proyecto de vida familiar", pues la familia se desintegra parcialmente por la pérdida de ese ser querido. Todos los miembros de una familia tienen en común un proyecto de vida familiar unidos o no biológicamente, que se elabora de modo natural y constante. El concepto de proyecto de vida familiar surge de modo implícito al considerar armónicamente el sistema jurídico como plexo normativo (art. 14 bis, in fine, CN), que se refiere a "la protección integral de la familia", y también del art. 265, CCiv., en el cual se observa la voluntad del legislador de proteger la familia constituida.
Por su parte, los tratados internacionales de derechos humanos, como el art. 17, CADH (Pacto de San José de Costa Rica), con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), garantizan la protección de la familia, disponiendo que "Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo". El art. 12, inc. 1, PIDESC reconoce el "derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". El art. 16, DUDH reconoce que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, a casarse y fundar una familia.
El art. VI, DADDH reconoce que "Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ello. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten". El art. 10, PIDESC se ocupa de la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, y al que se le debe dispensar la más amplia protección, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. También el art. 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos repite que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene el derecho a su protección.
La Convención sobre la Discriminación Contra la Mujer asegura a las mujeres el "acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre la planificación de la familia" (art. 4, inc. h). El art. 17, inc. 5, CADH dice que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Es en la Convención sobre los Derechos del Niño donde estas normas protectoras de la infancia están más desarrolladas. En su preámbulo la Convención plantea la importancia de la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños.
Indica que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Las convenciones internacionales del art. 75, inc. 22, CN han incorporado la previsión de la Enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos y del art. 33 , Constitución argentina en cuanto al reconocimiento de otros derechos implícitos, que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, además de los que están expresamente mencionados. En tal sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles dice: "...no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado" (art. 5, inc. 2).
Por su parte, el art. 36, incs. 1, 2 y 7, Const. Bs. As. tutela: "La protección de la familia, y de la niñez". El art. 264, CCiv. regula la protección y formación integral de los hijos. El art. 1277 del mismo cuerpo de normas garantiza "el interés familiar"; y las leyes 13352 y 24779 procuran dar un hogar regular a quienes no lo tienen naturalmente, como así también la ley 14394 sobre el Bien de Familia y diversas leyes nacionales y provinciales sobre protección de la familia y los menores” (Taraborrelli José Nicolás, Bianchi Silvia Noemí, en Legitimación activa de los daños derivados por los delitos y cuasidelitos de homicidio, TR, Las Ley 0003/014976).
Que a los efectos de cuantificar económicamente este rubro, corresponde tener en consideración las siguientes pautas, a saber: a) la pérdida de chance de los padres de que el hijo los ayudara económicamente al alcanzar los mismos la categoría de adultos mayores; b) dicha pérdida de chace es causada por la muerte del hijo; c) Se resarce la frustración o chance que se perdió; d) la co-actora M.C.M es ama de casa, y su esposo se desempeña como changarin: e) Los pocos días de vida del recién nacido; f) La posición socio-económica de los padres del fallecido hijo; g) la edad de los progenitores; h) Edad de jubilación de la mujer 60 años y el varón 65; h) Esperanza de vida que actualmente ronda los 80 años; i) la frustración al proyecto de vida familiar.
En suma, teniendo en consideración que el hijo contribuiría con su patrimonio a la ayuda económica y sostén de sus padres, desde los 60 años a la madre y desde los 65 años al padre hasta la esperanza de vida de los 80 años y habida cuenta de las pautas esgrimidas precedentemente, la experiencia de la vida diaria y las máximas de experiencia del juez justiprecio dicho rubro, de modo y forma equitativa, con razonabilidad, y prudencia elevarlo al importe de pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) para cada uno de los actores (arts. 1.079, 1.083, 1.085 del Cód. Civ., y la doctrina elaborada por el suscripto conjuntamente con la Dra. Bianchi en la monografía intitulada: “Cuantificación de la indemnización por pérdida de la vida humana”, Las Lay 2.008-A, 882 y art. 165 del Cód. Proc.).
7. Daño psicológico causado a la Sra. M.C.M.
El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio, del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente o la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04). Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene un origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica.
Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable o reversible. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC.) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio, el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) Parámetros para su fijación: se tendrá en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
En efecto, de la pericia psicológica obrante a fs. 878 el experto dictaminó que: “En cuanto a la evaluación de la incapacidad psíquica a V.S. digo que de acuerdo a la sintomatología padecida por la actora a raíz del hecho de autos, y utilizando la “Tabla de incapacidad psicofísica integral” de los Dres. Prof. Mariano Castex y Prof. Daniel Silva, del libro Daño Psíquico y otros temas forenaes de Ed. Tekné, le corresponde un 35% de incapacidad, grave severo”. No se constató incapacidad previa al hecho de autos en la actora. La incapacidad resultante a partir del hecho de autos es parcial y permanente, en el momento de la evaluación diagnóstica”. Además dicho daño psicológico se encuentra consolidado –porque lleva más de dos (2) años- y se aconsejó la necesidad de un tratamiento psicoterapéutico. Con aplicación de las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., juzgo que dicha pericia se ajusta a las pautas reglamentarias, prescriptas en dichas normas jurídicas, y que la misma goza de validez y fuerza probatoria (art. 384 del Cód. Proc.).
En su consecuencia, y calificando a dicho daño como una deuda de valor, que el Juez liquida y fija a la fecha de su pronunciamiento judicial y temiendo en consideración, el sexo y la edad de la víctima del daño a la fecha del acto ilícito, ama de casa, su posición socio económica, divorciada con un solo hijo, la esperanza de vida que ronda los 80 años, su estado de salud, el grado de incapacidad psíquica parcial y permanente (irreversible) asignado por el perito en el porcentaje del 35% (tomado por el juzgador como una pauta de referencia), valorando aquello que representa en la psiquis de una madre la pérdida de un hijo recién nacido, constituyendo una de las experiencias más penosa por la que un ser humano puede pasar sin consuelo, porque se ha alterado el orden cronológico de la vida, estimo con razonabilidad, prudencia y justicia cuantificar económicamente elevando hasta su justo precio el importe da daño psicológico a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($19.250.000,00) a favor de la co-actora M.C.M (arts. 901, 906 y 1.068 del Cod. Civ., y arts. 165 y 375 del Cód. Proc.).
8. Tratamiento psicológico Que de la experticia practicada en autos a fs. 877 vta., se desprende que es necesario un tratamiento psicoterapéutico individual con una duración no menor a dos años, con frecuencia semanal. Este tratamiento contribuiría a resolver, atemperar y/o ayudar a sobrellevar la situación traumática. Además, aconseja la perito, controles posteriores que sí son recomendables. El objetivo principal del tratamiento, es intentar neutralizar la resonancia de los trastornos permanentes en la vida cotidiana y proyecto vital de la co-actora.
Cuando se trata de un daño psicológico parcial y permanente (consolidado) la victima tiene el derecho subjetivo no solo al resarcimiento de la minusvalía o secuela incapacitante, sino también goza del derecho subjetivo a que se le compense ese daño emergente, mediante el reconocimiento y resarcimiento y la declaración judicial del pago de gastos y honorarios en concepto de tratamiento psicoterapéuticos que la ayude a la víctima a sobrellevar y paliar en alguna medida los efectos producidos por la pérdida del hijo.
En efecto, habiéndose acreditado el daño (actualmente consolidado) y la necesidad del tratamiento, el presente rubro prospera.
“La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: ‘No genera doble indemnización las sumas reconocidas por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro, pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9-5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de agosto de 2007).
Así las cosas, resta por señalar que, en torno al valor actual de cada sesión indicada por la Licenciada, las mismas actualmente oscilan para este juzgador en la suma de $20.000,00 por sesión.
En consecuencia, estimo con prudencia y razonabilidad elevar el monto en concepto de gastos y honorarios de tratamiento psicoterapéuticos a la suma de en la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00) a favor de la co-actora M.C.M (a razón de 104 sesiones a $20.000,00 cada una, atendiendo que el año tiene 52 semanas). (arts. 1.069 del Cód. Civ. y 165, 375, 384, 472 y 474 del Cód., Proc.).
9. El daño moral El llamado daño moral no es, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss., Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).
La autora Graciela B. Ritto, en un artículo Publicado en la Revista Doctrina Judicial 21/12/2011, bajo el título el Daño moral en la relación de consumo, esboza algunas conclusiones finales relativas al daño moral y la defensa del consumidor y dice: “… hay una tendencia jurisprudencial favorable a su reconocimiento con raigambre constitucional y en la normativa de orden público de defensa del consumidor. Coincidimos con Graciela Lovece que pretende que el alcance restrictivo de la reparación a partir de la redacción del art. 522 del Código Civil merece un margen de razonabilidad y especialmente en las relaciones de consumo no procede su aplicación dogmática (Graciela Lovece, La Ley, 2005). (…) El agravio moral frente al incumplimiento empresarial en las relaciones de consumo surge per se resultando innecesaria su prueba específica, mereciendo una apreciación autónoma que no tiene por qué guardar relación con el daño patrimonial. Ese carácter autónomo del daño moral ha sido consagrado por nuestra Corte Suprema en Santa Coloma. (JA, 1986, IV -624).
Ahora bien, cuando comenzamos a tratar, conforme el texto del artículo, cuáles son las consecuencias de las afecciones espirituales legítimas, debemos recordar que este perjuicio fue descripto como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés generado por un hecho antijurídico y reprochable. (Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. TVIII. Arts. 1738/1741, pág. 246).
El daño extrapatrimonial (o moral) (art. 522 y 1078 del C.C.), que en este caso se presume, pues es un daño “Res ipsa loquitur”, que significa “la cosa habla por sí misma” y que implica la modificación disvaliosa del espíritu de una persona, también productor (“consecuencia”) de la lesión a un interés extrapatrimonial y que reposa sobre un derecho de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial; el cual se traduce en un modo de estar de la persona distinto producto de ese hecho lesivo, y anímicamente perjudicial. No cabe duda que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de este, y anímicamente perjudicial. Así las cosas, son dos las operaciones que deben realizarse: en primer lugar, determinar la entidad cualitativa del daño moral (su “valoración”). Luego de ello, sigue lo más difícil: determinar su entidad cuantitativa (esto es, la cuantificación). (Ossola, op.cit. págs. 156).
En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición, prudencia y discrecionalidad judicial. Por otra parte, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de los reclamantes, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, gravedad del daño, repercusión en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas como consecuencia de la conducta antijurídica de las demandadas y los demás sufrimientos y padecimientos, etc.
Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de las víctimas, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos (destacados al tratar el capítulo de la responsabilidad) y considerando también el daño causado en su vida de relación familiar, social, deportiva, de esparcimiento, etc., que los afectó moralmente, estimo que corresponde elevar al rubro daño moral en la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de cada uno de los accionantes, importes que considero justos y equitativos (art. 522 del CC).
10. Intereses Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en autos "BARRIENTOS MARCELA C/ GUEVARA OSVALDO Y OTROS/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
(CAUSA NRO.: 4562/1, RSI: 33/20, FOLIO NRO: 48, en fecha 12/3/2020), entre otros, en este sentido: "que las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor, que el juez cuantifica y califica al momento de sentenciar. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no se sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquel satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Solo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en una deuda de dinero" ("Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo José s/ Daños y Perjuicios", CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017).
Asimismo, esta Sala reiteradamente ha sostenido que siendo que los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, resulta irrelevante que el perjudicado haya o no desembolsado el dinero necesario para restañar algún perjuicio o para compensar alguna pérdida o deterioro, o bien que la taxatio de algún desmedro se sitúe con referencia a una fecha posterior a la del hecho que lo generó, pues como la indemnización será percibida tardíamente por el acreedor, éste debe ser resarcido por la indisponibilidad de ese capital desde la causación del daño; por ende, teniendo en mira la función retributiva que esos accesorios cumplen como contraprestación por el uso de un capital ajeno -pues su finalidad es mantener o restablecer un equilibrio patrimonial, con independencia del estado de mora del deudor-, su procedencia desde el instante mismo del siniestro es incuestionable, más allá de la iliquidez de la deuda. (CC0101 LP 248626 RSD-152-7 S 30/08/2007. Sansone, Viviana M. c/Tejeda, Laura M. s/Daños y Perjuicios. B101967, esta sala “in re” Sanchez, Gustavo Dario c/ Transporte Ideal San Justo SA y otro s/ daños y perjuicios: c LM 29830/2014, sentencia 23/12/2020). (Esta Sala, en autos “ASCONA MAXIMILIANO Y OTRO/A C/ SALTO EDUARDO JAVIER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. LM 16638/2016, RSD 021 de fecha 02/03/2021).
A mayor abundamiento, se ha expedido al respecto, mi distinguido colega de Sala, el Dr. Posca, en los autos caratulados "GRASSO JORGE LUIS C/ RAMOS CARLOS RAMON Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (Expte. LM-18531-2020, RS-4-2024 de fecha 8/2/2024) señalando que “…a mi entender, si bien es cierto que los intereses deben correr desde cada perjuicio, resulta indudable que no corresponde distinguir entre rubros para modificar en cada caso el inicio del cómputo de los accesorios porque todos los menoscabos se proyectan desde un ilícito donde el damnificado experimentó daños y secuelas. En consecuencia, no debe apartarse la solución de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde no se distingue sobre la materia y se afirma el principio general que los intereses corren desde la fecha del hecho controvertido”.
Así ha explicado que “Los intereses moratorios deben liquidarse desde el día del hecho dañoso (es decir, y utilizando la terminología del nuevo digesto civil: desde que se produce "cada perjuicio"; art. 1748 del C.C.C.) sin que quepa efectuar distinciones según el tipo de rubro indemnizatorio que se trate o el valor actual o histórico que hubiere sido tenido en cuenta para su cuantificación dineraria. La S.C.J.B.A. ha entendido innecesario efectuar distingos entre rubros estimados a valores vigentes a la fecha del reclamo y aquellos que se cuantifican al momento más cercano a la sentencia, estableciendo -en cambio- un único punto de partida para el cálculo de los intereses moratorios: el día en que se produce el daño.” (CC0102 MP 161257 237-S S 06/10/2016 Pelizzi, Christian Marcelo C/ Pérez, Ricardo A. S/ Daños Y Perjuicios JUBA B5025421).
Así las cosas, conforme la suerte que han corrido los agravios esgrimidos por la parte actora, demandadas y citadas en garantía y teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “…deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V- 2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde fijar que los intereses habrán de computarse desde el día 02/04/2007 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), quedando constituidos en mora los deudores de pleno derecho con la consumación del acto ilícito, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de Cámara- a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y, de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
Dicha forma de resolver, implica descartar los agravios de las partes debiendo estarse a la tasa fijada por nuestro Tribunal Provincial y desde la fecha de la mora fijada en la instancia de grado.
11. Agravios inoficiosos Estimo que el resto de los agravios expuestos por todas las partes en el presente pleito, objeto del recurso de apelación, no resultan ser esenciales ni conducentes atento a la forma, modo y metodología aplicada para la resolución de las criticas producidas por los litigantes en contra del fallo apelado, por todo ello devienen inoficiosos su tratamiento. Así lo declaro y propongo a mis distinguidos colegas de Sala. 12.- Costas de Primera y Segunda Instancia Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, por aplicación del criterio objetivo de la derrota y del principio de reparación integral, estimo que las costas generadas en esta instancia deben ser impuestas a las demandadas y sus aseguradoras -en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.). Del mismo modo, se aclara que las costas de Primera y Segunda instancia respecto a ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS - HERMANO HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS - CASA HOSPITAL SAN JUÁN DE DIOS e INSTITUTO PEDIÁTRICO CASTELAR SRL y sus respectivas aseguradoras deberán ser impuestas en igual proporción o porcentaje que las responsabilidades asignadas (art. 163 inc. 9 del CPCC).
13. Aplicación del art. 505 del C.C.
Que con respecto al pedido de aplicación del art. 505 ultimo párrafo del Código Civil, según ley 24432, atento al estado de las presentes actuaciones se difiere su tratamiento para la etapa procesal oportuna. Por las consideraciones legales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos, el Dr. Posca también VOTA PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE RECHACE el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2º) SE MODIFIQUE la sentencia apelada de la siguiente manera: a) SE ELEVE el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado con el proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de G.I.R; b) SE ELEVE el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado al proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de M.C.M; c) SE ELEVE el rubro daño psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($19.250.000,00); d) SE ELEVE el rubro tratamiento psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00); e) SE ELEVE el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de G.I.R; f) ELEVE el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de M.C.M; 3°) SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde el día 02/04/2007 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), quedando constituidos en mora los deudores de pleno derecho con la consumación del acto ilícito y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda – sentencia de Cámara- a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 4°) SE DISPONGA que en la etapa de ejecución de sentencia, el perito contador se constituya en el domicilio social de las tres empresas aseguradoras presentadas en autos, a los fines de requerirles el libro de emisión de pólizas o registro de pólizas y verificar las últimas 10 contratadas por cada una de ellas; debiendo seleccionarse aquella que contenga el límite de la cobertura más alta; lo cual será informado en autos, acompañándose asimismo copia certificada por el contador de cada una de los contratos de seguro seleccionados. 5°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 6°) SE IMPONGAN las Costas de Primera y Segunda Instancia, a las demandadas y sus aseguradoras -en la medida de la cobertura contratada-.
(arts. 68 y 274 del C.P.C.C.), atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, por aplicación del criterio objetivo de la derrota y del principio de reparación integral, aclarándose que las costas de Primera y Segunda instancia respecto a ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS - HERMANO HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS - CASA HOSPITAL SAN JUÁN DE DIOS e INSTITUTO PEDIÁTRICO CASTELAR SRL y sus respectivas aseguradoras, deberán ser impuestas en igual proporción o porcentaje que las responsabilidades asignadas (art. 163 inc. 9 del CPCC). 7°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad y lo dispuesto por el art. 505 del C.C..
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca adhiere y VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2º) MODIFICAR la sentencia apelada de la siguiente manera: a) ELEVAR el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado al proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de G.I.R; b) ELEVAR el rubro pérdida de chance de la vida humana integrado al proyecto de vida familiar en la suma de pesos DIEZ MILLONES a favor de M.C.M; c) ELEVAR el rubro daño psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($19.250.000,00); d) ELEVAR EL rubro tratamiento psicológico a favor de M.C.M en la suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00); e) ELEVAR el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de G.I.R; f) ELEVAR el rubro daño moral en la suma de pesos NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($9.500.000,00) a favor de M.C.M; 3°) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde el día 02/04/2007 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), quedando constituidos en mora los deudores de pleno derecho con la consumación del acto ilícito y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de Cámara- a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 4°) DISPONER que en la etapa de ejecución de sentencia, el perito contador se constituya en el domicilio social de las tres empresas aseguradoras presentadas en autos, a los fines de requerirles el libro de emisión de pólizas o registro de pólizas y verificar las últimas 10 contratadas por cada una de ellas; debiendo seleccionarse aquella que contenga el límite de la cobertura más alta; lo cual será informado en autos, acompañándose asimismo copia certificada por el contador de cada una de los contratos de seguro seleccionados. 5°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 6°) SE IMPONGAN las Costas de Primera y Segunda Instancia, a las demandadas y sus aseguradoras -en la medida de la cobertura contratada-.
(arts. 68 y 274 del C.P.C.C.), atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, por aplicación del criterio objetivo de la derrota y del principio de reparación integral, aclarándose que las costas de Primera y Segunda instancia respecto a ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS - HERMANO HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS - CASA HOSPITAL SAN JUÁN DE DIOS e INSTITUTO PEDIÁTRICO CASTELAR SRL y sus respectivas aseguradoras, deberán ser impuestas en igual proporción o porcentaje que las responsabilidades asignadas (art. 163 inc. 9 del CPCC). 7°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad y los dispuesto por el art. 505 del CC.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente,
Fin de la sentencia