Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 36274
LM - 36274 - 2010 - OLIVERA NORA DEL VALLE Y OTROSC/ TOLEDO NELIDA BEATRIZ Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "OLIVERA NORA DEL VALLE Y OTROSC/ TOLEDO NELIDA BEATRIZ Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
LM-36274-2010 JUZ. CIV. Y COM. N 1
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “OLIVERA NORA DEL VALLE Y OTROSC/ TOLEDO NELIDA BEATRIZ Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)” LM-36274-2010 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - PEREZ CATELLA – POSCA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 9/09/2020, la sentenciante de origen resolvió: “1-)
Hacer lugar a la demanda promovida por Nora Del Valle OLIVERA, Elina del Carmen OLIVERA y Elva Susana OLIVERA contra Nelli Beatriz TOLEDO y/o terceros ocupantes y, en consecuencia, condenar a éstos últimos a desalojar - libre de ocupantes - en el plazo de DIEZ (10) días de consentida o ejecutoriada la presente, el inmueble sito en la calle Basualdo N° 652 - FONDO- de la localidad de Villa Luzuriaga del partido de La Matanza provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, si fuere menester. 2-) Imponer las costas del proceso a la parte demandada, que resulta vencida en la contienda (art. 68 y ss del C.P.C.C). 3-) Diferir la regulación de honorarios por las labores desarrolladas por los letrados intervinientes para la oportunidad en que exista base patrimonial a tales fines (SCBA "Morcillo"; Ley 14.967 art. 40)”. Contra dicha forma de resolver, el día 11/02/2022 se presentó en autos e interpuso recurso de apelación el Sr. Olivera Marcos Agustín, remedio que fuera concedido libremente el día 21/02/2022.
II.a. Actuaciones en esta Alzada Con fecha 20/04/2022 se elevaron los autos a esta Alzada, siendo radicados ante esta Sala Primera el día 27/04/2022. Mediante el despacho del día 20/05/2022 se llamó a expresar agravios y se tuvo por presentada en legal tiempo y forma la fundamentación efectuada con anterioridad por el apelante en fecha 6/05/2022.
Habiendo el recurrente acompañado documental junto a sus agravios, mediante la resolución de fecha 30/06/2022 se admitió su agregado al expediente, por los fundamentos allí expuestos, a los cuales me remito por cuestiones de brevedad. Asimismo, en dicha oportunidad, se ordenó una medida para mejor proveer, requiriéndose al Juzgado Civil y Comercial n° 5 Departamental la remisión de los autos: "OLIVERA AGUSTIN S/ SUCESION AB-INTESTATO" (LM-44165/2021), cuya radicación electrónica fuera recibida en esta Sala en fecha 7/07/2020.
Una vez en condiciones, se corrió el respectivo traslado de ley - véase pto. II del proveído dictado el día 17/08/2022-, el cual se tuvo por evacuado únicamente por la Sra. Nora del Valle Olivera a través de la presentación electrónica de fecha 9/05/2022. Dándose a las Sras. Elina del Carmen Olivera, Elva Susana Olivera (quienes se han presentado por derecho propio), Nelli Beatriz Toledo y terceros ocupantes por decaído el derecho que han dejado de utilizar (v. proveído de fecha 7/09/2022). Con fecha 30/09/2022 Pasaron los autos para dictar sentencia y posterior sorteo de orden de estudio el día 7/11/2022.
Mediante la resolución de fecha 13/12/2022 se suspendió el llamado a dictar sentencia, ordenándose como medida para mejor proveer, requerir al Juzgado de Paz de 1º Nominación de Santiago del Estero, la remisión en forma electrónica de copias certificadas de todo lo actuado en el marco de los autos caratulados: "Olivera Enrique Horacio s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. N° 398545) y "Sosa Rita Marcolina y/o Sosa Marcolina Rita s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. N° 600.131). Requerimiento que fuera cumplido con fecha 29/06/2023 (v. archivos adjuntos al trámite de fecha 30/06/2023).
De dicha documental se corrió traslado a las partes en fecha 6/07/2023, obrando contestaciones en fecha 13/07/2023 y 14/07/2023. II.a.- Fallecimiento de uno de los accionados Por otra parte, denunciado el fallecimiento del accionado Marcos Agustín Olivera, en fecha 11/08/2023 se tuvo por presentadas en autos a Jesica Daiana Rosales -en representación de Genaro Ezequiel Olivera- y a Daniela Elisabet Zeiner -en representación de Luana Agustina Olivera Zeiner- en carácter de herederos.
Con fecha 29/08/2023 se ordenó, como medida para mejor proveer, librar mandamiento a los efectos de constatar la ocupación del inmueble objeto de autos sito en la calle Basualdo N° 652 -fondo-, entre las calles Remedios de Escalada y Granaderos, de la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, a los fines de que el Oficial de Justicia identificara a todos los ocupantes, requiriendo que justifiquen su identidad e informen el carácter en que lo hacen. Con fecha 30/10/2023 consta adunado en el expediente el resultado de dicha diligencia. Con fecha 1/11/2023 se corrió traslado de todo lo actuado al Ministerio Pupilar, obrando dictamen de la Asesora de Menores con fecha 12/11/2023.
Finalmente, mediante la resolución dictada el día 12/12/2023 se reanudó el plazo para dictar sentencia en las presentes.
III.-Los agravios De la atenta lectura de la expresión de agravios presentada por el apelante, primeramente, se vislumbra que el mismo sostuvo: “…no revistiendo el suscripto el carácter de comodatario, como se encuentra expresado en la sentencia recurrida, ni habiendo ingresado al bien contra la voluntad del poseedor, lejos de ello soy hijo del primer poseedor y nieto de los titulares de dominio, no existiendo intrusión, cabe concluir que no existe obligación de restituir el bien, motivo por el cual debe procederse al rechazo de la demanda”.
En miras a ello, el apelante relató: “…soy poseedor del inmueble objeto de autos y a la vez ostento el título de co-heredero en representación de mi padre, quien en vida fuera Agustín Horacio Olivera, vivo en el mismo desde hace 30 años, continuando con la posesión de mi padre que comenzó en el año 1072, es decir que junto a mi familia, hace 50 años que vive conforme se desprende de las constancias de autos.- Brevemente la historia del inmueble de autos comienza en el año 1970 aproximadamente, cuando mi padre adquiere el lote de terreno tenía 17 años de edad y por tal motivo le fue imposible poder realizar escritura a su nombre, por ello la misma se encuentra a nombre de mi abuela. Dicho inmueble, en esa época, se trataba de un lote pelado digamos, sin construcción alguna. Luego mi padre cuando regresa del servicio militar obligatorio en el año 1972, comienza su posesión junto con mi madre Toledo Nelida, e instalan una casilla, con el tiempo se realizó la cocina luego el comedor, en el año 1987 se hizo toda la estructura de columnas, cimientos y encadenados. En el año 1990 se realizó el techo de material porque hasta ese momento era de chapa, todo se realizó con el esfuerzo de mis padres, al día de hoy la propiedad está compuesta por un comedor de 6x3 metros, una cocina de 3x3 metros, completamente instalada con bajo mesada, alacena, gas, piso de cerámica y agua; Un dormitorio de 4x4 metros, dos dormitorios de 4x3 metros, todos con pisos de cerámica y baño completo”.
Acto seguido, el recurrente expresó: “Duele pensar que mis tíos, al día de hoy se hayan olvidado no solo de la existencia de mi padre, al no incluirlo en la sucesión de mis abuelos negando su existencia y por ende, dejarlo fuera de la declaratoria de herederos, excluyéndolo de la herencia de los mismos, como si nunca hubiera sido parte de su familia, tampoco recuerdan que mi padre fue, quien con solo 17 años, compro este lote que hoy reclaman, ni tampoco recuerdan el esfuerzo que realizó para poder construir de a poco esta vivienda, mi casa, la de mi mama, la de mis hermanos, porque todos de alguna manera fuimos participes de este esfuerzo".
Asimismo, el quejoso manifestó: ”Entendemos, que V.S., para llegar a la sentencia que hoy nos ocupa, se ha limitado a valorar una declaratoria de herederos y que en teoría lo único que faculta a las accionantes a recuperar la tenencia del inmueble objeto de autos, ese mismo derecho también me pertenece, lo que me diferencia a mis tíos y a diferencia de ellos, es mi calidad de poseedor, que ellas jamás ostentaron, porque nunca vivieron en la propiedad, por ende no puede S.S., hablar en la sentencia de recuperar la tenencia, tenencia que nunca ostentaron, porque con mi familia habitamos la vivienda desde hace 50 años”.
Para finalizar, el recurrente solicitó: “…se haga lugar a los presentes agravios rechazando el decisorio de autos, haciéndose lugar a mi condición no solo de heredero de los titulares registrales, conforme la documentación obrante en autos, sino también a mi calidad de poseedor, desde hace 50 años, si se considera la unión de posesiones, que en parte también ha sido sucedida por mi padre Agustin Olivera, quien se encargó de comprar y construir nuestra vivienda junto con mi madre Toledo Nelida”.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
1. Obligación legal de denunciar la existencia de herederos Dispone el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santiago del Estero, los requisitos legales requeridos para la iniciación de un juicio sucesorio “ab-intestado”, imponiendo a quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, que deberá justificar “prima facie” su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante. Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo, cuando estuviese en su poder, o indicar el lugar donde se encontrare, si lo supiere. Cuando el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos.
Por su parte el art. 714 del mismo cuerpo legal establece que cuando el causante no hubiere testado o el testamento no contuviese institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez dispondrá la citación de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten. A tal efecto ordenará: 1) La notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieren domicilio conocido en el país; 2) La publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial y en otro diario del lugar del juicio, salvo que el monto del haber hereditario no excediere, prima facie, de pesos un mil ($1.000), en cuyo caso sólo se publicarán en el Boletín Oficial. Si el haber sobrepasare, en definitiva, la suma precedentemente indicada, se ordenarán las publicaciones que correspondan. El plazo fijado por el artículo 3.539 del Código Civil comenzará a correr desde el día siguiente al de la última publicación y se computará en días corridos.
El juicio de sucesión “ab-intestato” tiene una especie de antejuicio, como podría llamarse a aquellas etapas que llevan a la declaratoria de herederos y que Rébora llama “los caminos de acceso” (Goyena Copello H. R. Procedimeinto sucesorio, Astrea, 1987, pág. 417). Dispone el art. 689, párr. 3ro., del C.P.N. que. “Cuando el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos”.
La télesis de la norma es salvaguardar, garantizar y dar seguridad jurídica, dentro de sus posibilidades a los derechos de los legítimos herederos que por cualquier razón no se hubieren presentado a reclamar lo que les corresponde por derecho. El presentante y los intervinientes no pueden ni deben ignorar la existencia de otros herederos de igual grado o preferentes, que no fueron denunciados como existentes, serán los responsables de dicha omisión que por su actuación les hubiere causado, debiendo en tal caso probar debidamente el perjuicio generado. El reclamante que oculta a sabiendas de la existencia de otros herederos, con vocación hereditaria, es el responsable de ello.
En el auto de apertura del sucesorio se ordena la publicación de edictos, se decreta la citación por cedula de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante denunciados en el expediente, con domicilio conocidos en el país La citación de los herederos, cuya existencia no se puede desconocer, debe hacerse por un medio fehacientes, que permita acreditar sin lugar a dudas el conocimiento de que este tuvo de la apertura de la sucesión en la cual le puede corresponder derechos, para que se le apliquen los efectos que su presentación o falta de presentación pueda tener con respecto a los bienes y el proceso sucesorio (Goyena Copello, opus cit. pág. 423).
Ello se basa en razones procesales que caracterizan al juicio sucesorio en general, sino también en obligaciones morales y legales de mayor envergadura, que imponen esta obligación (CCiv. 2° Cap. 15/4/42, La Ley 26.423. Cit. por Goyena Copello, op. cit. pág. 4239: Debe ser citado por cédula con domicilio en el país, ya que conocida su existencia debe ser citado personalmente al juicio, pues en este caso la citación por edictos es ineficaz (CCiv. 1°, Cap. 28/7/42, JA. 1943-III-350; CCiv. 2°, Cap. 8/345, L.L:37-794; CCiv. 2°, Cap. 8/7/45 LL 37-794, cit por Goyena Copello, op. cit, ´pág. 424). Tampoco basta que se haya publicado los edictos, ya que estos crean una simple presunción de que los interesados han tomado conocimieno de la iniciación del juicio (Cam. Nacional Civil Sala A, 4/13/62, LL 14-789, cit. por Goyena Copello op. cit. pág. 424).
Quien solicita la apertura del sucesorio debe denunciar el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos en el país. No puede ser reemplazado por la ficticia que tiene lugar por edictos, conforme el inciso 2°del art. 689 del C.P. C. y C. pues esta surte eficacia legal con referencia a herederos o interesados desconocidos o conocidos, pero sin domicilio ubicable (Kiper-Colombo, C. P. C. y C., anotado y concordado, T°VI, La Ley, año 2.006, págs. 498/9).
El heredero que ha tomado intervención en el sucesorio está obligado a citar a sus coherederos ausentes (C 1°, Civ. y Com. La Plata, Sala II, 16/7/63, DJBA 70-169). De no ser así, el trámite estará viciado al prescindir de ellos, pudiendo calificarse al presentante de poseedor de mala fe de la herencia (Conf. Colombo, Código Procesal, 4° ed., II., p. 372, cits. por Fenochietto-Arazi, C. P. C y. C., anotado, T° 3, Astrea, año 1987, pág. 422).
Ahora bien, de conformidad con la declaratoria de herederos que tengo ante mí vista a fs. 43, dictada en los autos: “Sosa Rita Marcolina s/ sucesión”, causante fallecida el 9/6/2.014, de estado civil casada con Enrique Horacio Olivera (fallecido el 7/8/86), cuya declaratoria de herederos consta glosada a fs. 24; fueron declarados herederos solo diez hijos descendientes identificados en dichos actos jurisdiccionales, omitiéndose al heredero Agustín Olivera , quien no fue denunciado como sucesor. Que de dicha declaratoria de herederos de fs. 43, dictada en la sucesión de Rita Marcolina Sosa, no surge ni consta que se haya denunciado la existencia de otro descendiente, aparte de los que se presentaron haciendo valer sus derechos; siendo otro hijo premuerto del matrimonio formado por Enrique Horacio Olivera y Rita Marcolina Sosa, según se acredita debidamente con el certificado de defunción glosado digitalmente en los autos: “Olivera Agustín s/ sucesión “ab-intestato”, que tengo ante mi vista “ad effectun videndi et probandi”, del cual se desprende que falleció el 1° de setiembre del año 2.004. Tampoco fue denunciado como heredero en la sucesión de su padre, caratulada: “Olivera Enrique Horacio s/ sucesión”, que tengo ante mi vista “ad effectun videndi et probandi”.
Que de la unión convivencial existente entre el premuerto Agustín Olivera y Nelli Beatriz Toledo, nacieron sus hijos Carolina Elizabeth, Nancy Leonor, Marcarla Elina, Marcos Agustín, y Natalia Alejandra Olivera, que se acreditan con los certificados de nacimiento agregados digitalmente. Decíamos que Agustín Olivera (domiciliado en vida en Basualdo nro. 652 de La Matanza, acreditado con el D.N.I.11.107.715 acompañado digitalmente), es heredero pre-muerto pues falleció en fecha 1° de septiembre de 2.004, y el deceso de su madre se produjo en fecha 9 de julio de 2.014, ocupando el bien de autos en su carácter de heredero. También dijimos que por el fallecimiento de Agustín Olivera le sucedan sus cinco hijos (arts. 3549, 3550, 3554 y 3562 del Cód. Civ.) producto de la unión convivencial con la Sra. Toledo.
De este modo y forma, queda en evidencia que los herederos que promovieron los juicios sucesorios de la madre y del padre de los mismos, quienes fueran en vida Rita Marcolina Sosa y Enrique Horacio Olivera, han ocultado la existencia de un hermano heredero pre-muerto al fallecimiento de su madre, y con la agravante de esa conducta omisiva y antijurídica, de que a Agustín Olivera le suceden “mortis causa”, sus cinco hijos también omitidos en denunciar su existencia en dicho sucesorio, toda vez que todo ello no consta ni surge de dichas declaratorias de herederos. Que de conformidad al art. 3410 del Cód. Civil y su concordante externo el art. 2337 del C. C. y C.) cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge; el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad ni intervención de los jueces, aunque ignoren la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. El heredero, aunque ignorase que la herencia se le ha diferido, es sin embargo propietario de ella, desde la muerte del autor de la sucesión (art. 3420 del Cód. Civil). La sucesión o el derecho hereditario se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión (art. 3282 del Cód. Civ, y su conc. externo el art. 2.277 del C. C. y C.). Es decir, que los herederos forzosos entran en posesión de la herencia de pleno derecho o “ipso iure” desde la muerte del causante, sin intervalo de tiempo y sin necesidad de declaración judicial alguna al efecto.
2. Ocultamiento de heredero El heredero que inicia una sucesión debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros herederos y deben denunciarse en el expediente, indicando sus nombres, domicilio y citárselos por cédula para que se presente en la sucesión. No basta con la publicación de edictos. Ahora bien, la omisión de denunciar a otros herederos es de mala fe y para violar sus derechos. La mala fe tiene como finalidad – omitiendo su denuncia y citación- que los coherederos conocidos reciban lo suyo, ese ocultamiento en sí es ilícito a nivel sucesorio.
Como juzgador presumo “pro-homine” (art. 163 inc. 5° del Cód. Procesal) que los herederos que iniciaron las sucesiones tanto de su padre como la de su madre por ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santiago del Estero, no podían ignorar la existencia de su otro hermano Agustín Olivera y que el mismo había fallecido, quien en vida tuvo cinco hijos producto de la unión convivencial con la Sra. Toledo y que estos descendientes, heredan por derecho de representación de su padre premuerto (art. 3549 del Cód. Civil y su conc. externo los arts. 2427 y 2428 del C. C. y C.).
Obsérvese que en el juicio de desalojo los actores al promover la acción de desahucio y al relatar los hechos sostienen que, por razones personales y familiares, los citados propietarios, debieron viajar y radicarse en la Provincia de Santiago del Estero. Ante ello decidieron para evitar que alguien desconocido ocupara el inmueble, facilitar el mismo la Sra. Nélida Beatriz Toledo, para que lo ocupara temporariamente hasta que se necesitara el inmueble en cuestión. Indican que, en tal momento, la Sra. Toreado y todos aquellos que vivieran allí, debieran desalojar inmediatamente el bien. Hecho que no se cumplió, ya que se intimo verbalmente en reiteradas oportunidades a que restituyan el inmueble, en virtud de ser habitado por otro heredero de los propietarios, haciendo los demandados oídos sordos a tales intimaciones”. Por lo cual, ante el fallecimiento de uno de los propietarios, se ven en la necesidad y obligación (…) de recurrir a la justicia a efectos de solicitar el inmediato desalojo de la demandada y terceros ocupantes.
Oportunamente la Sra. Toledo al contestar la demanda a fs. 100/1, y su ampliación de fs. 102, niega todos los hechos expuestos en el escrito liminar, sin perjuicio de aquellos que fueren reconocidos en su responde. Seguidamente procede a narrar que la misma estaba unida en unión convivencial con quien, en vida fuera su compañero el Sr. Agustín Olivera. Y que de dicha unión nacieron sus cinco hijos de acuerdo a las partidas de nacimiento que aneja. Y que con gran sorpresa las actoras aparentan desconocer la condición de herederos en representación de su padre Agustín Olivera. Que en ambas sucesiones de los padres de Agustín Olivera se ha omitido denunciar la existencia de otros co-herederos. Que el escrito de contestación de demanda que luce a fs. 100/2 presentado por la Sra. Toledo y el escrito de expresión de agravios en contra del fallo de primera instancia adjuntado en autos mediante presentación electrónica de fecha 6/5/22 y que lleva la firma del Sr. Marcos Agustín Olivera (hijo de la Sra. Toledo y Agustín Olivera) se complementan entre sí, enlazándose los mismos al relatar los hechos y se coadyuvan recíprocamente, a tal punto que ambos demandados constituyen un litis consorcio pasivo, ocupando ellos mismos, el lugar de parte accionados. Que Agustín Marcos Olivera es heredero y sucesor de su difunto padre Agustín Olivera, y ocupaba –en vida- el inmueble de autos en el carácter de heredero, según se acredita con su D. N. I. digitalizado, en el cual consta su domicilio de la calle Basualdo nro. 652 de La Matanza. El mismo entro en posesión de la herencia desde la muerte de su causante, sin ninguna formalidad expresa, y a partir del fallecimiento del causante se le transmitieron los derechos, pues es el hijo del fallecido.
En suma, como afirmo “ut supra” presumo “pro-homine”, que los accionantes en el juicio de desalojo ni en los procesos sucesorios podían ignorar la existencia de su otro hermano Agustín Olivera (coheredero), que el mismo pre-falleció y que sus cinco hijos lo heredan por derecho de representación, todo ello por la forma y el modo como ha quedado trabada la litis, con respecto a la versión de los hechos tanto de las actoras como de los accionados, con aplicación del método de interpretación de los hechos, bajo la lupa de la “sana critica”, estimo y considero que hay suficientes indicios expresos y tácitos, reales y probados que por su número, precisión, gravedad y concordancia, producen convicción judicial sobre la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la saña critica (art. 163 inc5° del Cód. Proc,).
Que según escrito electrónico de fecha 2/8/23 se presentan los menores de edad Genaro Ezequiel Olivera y Luna Agustina Olivera Zeiner, por intermedio de sus representes legales y denuncian que son hijos de Marcos Agustín Olivera y que el mismo falleció 6/1/23 acompañando el respectivo certificado de defunción digitalizado. Además, acreditan mediante certificados de nacimiento digitalizados que Launa Agustina Olivera Zeiner, es hija de Marcos Agustin Olivera y de Daniela Elisabeth Zeiner, y que Genaro Ezequiel es hijo de Marcos Agustín Olivera, ratificando en su totalidad la presentación efectuada por la Defensoría Oficial 13/7/23. De este modo, interpreto que los mismos están invocando la calidad de herederos del padre fallecido.
A mayor abundamiento, en fecha 11/8/26 se resolvió que:
“Atento a la documentación acompañada tienese por ratificada la gestión y por acreditado el fallecimiento de Marcos Agustín Olivera. Asimismo, en virtud de los vínculos acreditados ténganse por presentadas a Jesica Daiana Rosales en representación de Genaro Ezequiel Olivera, y a Daniela Elizabet Zeiner en representación de Launa Agustina Olivera en carácter de herederos y por constituido los domicilios físicos y electrónicos”. De este modo, discrepo con lo dictaminado por la Sra. Asesora de Menores, al manifestar que dichos niños no son parte en este proceso, por cuando –los mismos- son herederos sucesores continuadores de la persona de su difunto padre y en ese sentido jurídico se los tuvo por presentados, por parte y por constituidos sus domicilios.
Que de conformidad al art. 3410 del Cód. Civil y su concordante externo el art. 2337 del C. C. y C.) “Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge; el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad ni intervención de los jueces, aunque ignoren la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia”. El heredero, aunque ignorase que la herencia se le ha diferido, es sin embargo propietario de ella, desde la muerte del autor de la sucesión. La sucesión o el derecho hereditario se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión (art. 3282 del Cód. Civ, y su conc. externo el art. 2277 del C. C. y C.). Es decir, que los herederos forzosos entran en posesión de la herencia de pleno derecho o “ipso iure” desde la muerte del causante, sin intervalo de tiempo y sin necesidad de declaración judicial alguna al efecto.
Que, según el resultado del mandamiento de constatación realizado en el bien inmueble objeto del presente juicio, le manifestó Carolina Olivera al Oficial de Justicia, que en el lugar se domicilia su madre Toledo Nélida Beatriz y su cuñada Jesica Rosales junto al hijo menor de edad en el carácter de propietarios desde hace cuarenta años.
En tal sentido presumo “pro-homine” (art. 163 inc. 5° del Cód. Proc..) que sobre la base del certificado de nacimiento de Genaro Ezequiel Olivera y su D.N.I., aportados en autos digitalmente por su madre Jesica Daiana Rosales en su calidad de representante legal y necesaria del mismo y que dicho niño cuenta actualmente con siete (7) años de edad, es el menor (heredero) que se domicilia y habita junto a su madre Jesica Daiana, que se menciona en el respectivo mandamiento de constatación, al cual tampoco se lo puede desalojar por cuanto es un heredero que ocupa el bien raíz de autos en el carácter y calidad de sucesor de su difunto padre, me llevan a la convicción judicial de que el menor de edad ocupa en el carácter de propietario co-heredero el bien inmueble, por el orden de transmisión hereditaria, a saber: a) Sus bisabuelos Olivera-Marcolina le transmiten “mortis causa” –entre otros herederos- a su hijo Agustín Olivera pre-muerto; b) Este ultimo fallecido le transmitió sus derechos hereditarios “mortis causa” a su hijo Marcos Agustín Olivera, c) Fallecido Marcos Agustín le sucede su hijo Genaro Ezequiel.
Además tengo en consideración: 1°) Los correspondientes certificados de nacimiento y defunción agregados digitalmente; 2°) El Documento Nacional de Identidad perteneciente a Genaro Ezequiel; 3°) El resultado del mandamiento de constatación antes referenciado al cual me remito; 4°) La circunstancia de que el niño menor de edad –por ser menorvive y habita el inmueble junto a su progenitora madre y representante legal (quien ejerce su responsabilidad parental art. 638 del C. C. y C.), estando el mismo a su amparo, protección y cuidado personal (art. 640 inc. b del C. C. y C.), toda vez que según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez, nos conducen a inferir que el niño está bajo el cuidado personal de su madre. Todos estos elementos directos e indirectos (indicios) reúnen los siguientes caracteres al fundarse en hechos reales y probados y que por su número, precisión, gravedad y concordancia, producen convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana critica. De este modo y forma, concluyo que resulta improcedente condenar a la Sra. Jesica Daiana Rosales (como una demás ocupante) a desalojar el bien inmueble objeto de este juicio de desalojo, por cuanto si ello se produjera, su hijo menor de edad quedaría en el desamparo y sin su cuidado personal y protección, ejerciendo la misma su responsabilidad parental.
Fundamento los derechos subjetivos del niño menor de edad en las siguientes disposiciones legales: a) art. 36 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., al prescribir que: “La provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales: De la familia 1. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. La provincia establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material. De la niñez 2. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos.
A la vivienda 7. La provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos. Una ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la garantía consagrada en esta norma. b) art. 14 bis de la C. N. que asegura la protección integral de la familia, y el acceso de una vivienda digna, el art. 17 de la C.N. que garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad; c) Art. 75.
Inc... 22 del la C. N., que enumera los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional; d) los arts. 27 inc. 3 y 4 de la Convención Internacional de del Derechos del Niño: En tal sentido dispone el artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3.
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.
Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Artículo 5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención; e) art. 11 inc., 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de N.
U. “El Derecho a una vivienda adecuada”, 1991 y O.G. n°7. Desde ya adelanto que la demanda de desalojo iniciada por coherederos en contra de otros co-herederos, es improcedente (Colombo- Kiper, C. P. C. y C. anotado, Ed. La Ley, T°VI, pág. 521, punto 5°).
3. El fraude procesal en el derecho civil Se entiende por buena fe a la intención de las personas hacia otras, en sus relaciones humanas y la adecuación de su conducta a las normas establecidas entre ellas. Las normas jurídicas implican un ajuste a normas de la moral, que se violan, por las que se realiza un acto equívoco creándose una apariencia jurídica que la contradice.
El Código Civil y Comercial de la Nación contiene dos disposiciones de suma importancia jurídica, en su título preliminar: “El principio de buena fe”, según el cual los derechos deben ser ejercidos de buena fe (art. 9), y la prohibición del abuso del derecho: el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación abusiva (art. 10). El Código Civil disponía que la ley no amparaba el ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071, texto según Decreto-Ley 17711/68), y este precepto legal se encontraba diseñado dentro del título sobre los hechos ilícitos. Actualmente está incorporado en el título preliminar, correspondiendo su aplicación a todo el ordenamiento jurídico, incluso a la actuación en el proceso, lo mismo sucede con el principio de buena fe Todo comportamiento o conducta humana, realizada ya sea por acción o por omisión que sobrepasa los límites en el ejercicio de un derecho y que dañe a un tercero, da lugar a la adopción de herramientas judiciales que impidan que ese abuso o conducta antijurídica persista.
Cuando el magistrado estime que alguna de las partes intervinientes haya actuado afectando las reglas de la buena fe procesal, se puede actuar frente a ese litigio, de oficio y de modo preventivo (arts. 1710, 1711 y 1713 del C. C. y C.), con el objeto de evitar un daño o que el mismo se agrave, todo ello sobre la base de un mandato legal preventivo. Frente a los organismos judiciales se debe ser veraz en todo momento, aportando todo lo que esté a nuestro alcance para que la Justicia actúe, colaborando en búsqueda de la verdad objetiva.
Se considera un fraude procesal cualquier hecho que se interponga en un proceso judicial por medio del que se intente obtener un beneficio indebido para la persona o para otro, que simule un acto jurídico (en nuestro caso se invoca falsamente en la demanda de desalojo un contrato de comodato), que altere los medios de prueba y los presente ante el magistrado o que realice actos tendientes a inducir a un error al juez o a la autoridad administrativa.
Por medio de este acto –que es ilícito- se pretende obtener un pronunciamiento o una resolución favorable en perjuicio de otra persona y provocar un acto jurisdiccional contrario a lo que debería resolverse. El bien jurídico que se protege en el fraude procesal, es el patrimonio de las personas y el desempeño de las funciones de quienes administran Justicia. Se une a ellos la buena fe de quienes conforman las partes en el proceso Se trata de un comportamiento engañoso que se exterioriza en un juicio y va dirigido a inducir a cometer un error, para verse favorecido y/o favorecer a otros con una resolución favorable a sus intereses. La acción de engañar a la Justicia radica en narrar los hechos de una forma en que sirvan de fundamento para provocar un error o lograr un éxito erróneo al dictar la sentencia, de la que derive el perjuicio de una persona o un beneficio indebido. Lo que busca el fraude es inducir al error, simular actos jurídicos, para obtener un provecho.
4. Improcedencia de la demanda de desalojo iniciada por herederos en contra de otros co-herederos Ha sentenciado la prestigiosa Cámara Civ. y Com. de Azul, Sala II, que de conformidad con las pautas sentadas -pacíficamente- en los ámbitos doctrinario y jurisprudencial, se pregunta Areán, si es procedente la demanda de desalojo entablada por un condómino contra otro condómino que ocupa en forma exclusiva el inmueble común, hipótesis que debe hacerse extensiva al mismo supuesto entre coherederos, por la similitud que se presenta en este aspecto entre el condominio y la comunidad hereditaria. O sea que, como lo aclara esta autora, se está ante la situación que se da con frecuencia en la práctica, por la que uno de los condóminos (o coherederos) utiliza la cosa común en forma exclusiva; siendo evidente que esa ocupación se realiza a título de propietario, por lo que no puede afirmarse que exista una obligación de restituir la tenencia, que daría andamiaje a una acción de desalojo.
Y sigue destacando que, estando en juego la posesión (arts.2680 y 2684, Cód. Civil), el único derecho que asiste a los demás condóminos es el de solicitar la fijación de un valor locativo, por el uso exclusivo y excluyente que alguno de ellos haga de la cosa común, hasta que el bien se liquide o experimente modificación la situación de la ocupación. Aduce, en síntesis, que no es procedente el desalojo, teniendo los comuneros privados de la ocupación dos alternativas: demandar el pago de una compensación o poner fin a la comunidad a través de la partición (conf. Areán, Juicio de desalojo, pág.206, con cita de jurisprudencia). La solución antedicha ha sido adoptada por la Casación Bonaerense, en precedente citado en el fallo apelado, donde se puntualizó que "si en la demanda de desalojo quedó probada la calidad de heredero del donante y por lo tanto el demandado resulta copropietario del inmueble cuyo desalojo se pretende, las cuestiones relativas al uso o entrega de las porciones ideales del campo que eventualmente correspondan a actor y demandado deberán discutirse en el marco del trámite sucesorio (art.1830, 3450, 3503, 3529, C.C.) o en su caso, la división de condominio que cualquiera de los cotitulares pueda requerir (art.2680, 2692 C.C.)" (S.C.B.A., C 103177, sentencia del 30-3-11, "Gimenez Carlos Teodoro c/Marcos Pedro Javier s/Desalojo", sumario JUBA B3900162).
En definitiva, en casos como el presente no resulta procedente la acción de desalojo, dado que no media obligación exigible de restituir el inmueble (art.676 del Cód. Proc.). Desde el ángulo de mira de la parte actora, se ha sostenido que ningún heredero tiene derecho al uso de los bienes desplazando a los otros (arts.2680, 2684, 2699, 3416, 3450 y ccs. del Cód. Civil), por lo que uno de los herederos no está autorizado para demandar el desalojo de otro coheredero en posesión de su cuota parte hereditaria; y desde la óptica de la legitimación pasiva se tiene que el accionado no es un intruso sino un heredero, por lo que la cuestión referente a la división del bien relicto debe tramitarse ante el juez del sucesorio y procederse conforme las pautas del Libro IV, Sección I, Título VI del Código Civil, donde se legisla la división de la herencia (arts.3449 y ccs.), y conforme sus disposiciones fijar las medidas tendientes a la administración y división del inmueble de marras, único denunciado como integrante del acervo (Cám.
Apel. Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala 1, 53891 RSD-412-3, sentencia del 21-10-2003, "Serafini Adrián G. c/Fernández Alfredo y otros s/Desalojo", sumarios JUBA B2550405 y 2550407). Y si se repara en los términos de la demanda que diera inicio al presente juicio, puede concluirse en que la parte actora le remitió carta documento a la demandada donde le hizo saber que promovería las acciones tendientes a obtener la partición y división del inmueble en cuestión, a la vez que la intimó para que formulara una propuesta concreta tendiente a la determinación de un régimen provisorio de administración y uso del bien (ver apartado I, tercer párrafo). Se advierte, de este modo, que la actora había pensado el camino legal adecuado para la solución del conflicto de autos, pero al momento de promover acciones judiciales optó por la acción de desalojo contemplada en el art.676 del código ritual (ver fs.10, 11vta. y 13vta.), la que en el caso deviene improcedente por las razones precedentemente expuestas.
Por lo demás, en el escrito portador de los agravios se insiste en la necesidad de promover la partición y de someter al único bien del sucesorio a un régimen de administración común (ver apartado IV, segundo párrafo); claro que la vía procesal escogida no es la idónea, conforme lo destacó la magistrada de la anterior instancia, puesto que la actora debió haber incoado las acciones propias del derecho sucesorio en orden a la partición y administración del bien integrante de la herencia (arts.3451, 3452, 3465, 3382, 3383 y ccs. del Cód. Civil; arts.744, 748, 761, 762 y ccs. del Código Procesal). Cabe destacar, por último, que en el juicio sucesorio se cuenta con los mecanismos idóneos para la resolución del diferendo planteado, lo que no sucede, naturalmente, en el marco del presente proceso especial de desalojo”, (voto del Dr.
Peralta Reyes, y la adhesión de los Dres. Galdós y Longobardi, en autos: “Bruno Elisa Antonia c/ Bruno Ana María s/ desalojo”, (n° 586456), sentencia dde fecha 6/12/2.012).
En efecto, el-coheredero Marcos Olivera se agravio de la sentencia pronunciada por el Juzgado de origen, invocando su calidad de heredero en representación de su padre (pre-muerto) Agustín Olivera, mediante un escrito electrónico presentado el 6/5/22, planteando que los actores carecen de legitimación activa para exigir la restitución del inmueble, pues no hay obligación pre-existente de restituir, toda vez que el quejoso no reviste la calidad de comodatario.
El apelante como nieto de los padres de su progenitor dice textualmente: “Duele pensar que mis tíos, al día de hoy se hayan olvidado no solo de la existencia de mi padre, al no incluirlo en la sucesión de mis abuelos negando su existencia y por ende, dejarlo fuera de la declaratoria de herederos, excluyéndolo de la herencia de los mismos, como si nunca hubiera sido parte de la familia”.
En suma, y por todas las consideraciones legales y doctrinarias expuestas, habiéndose comprobado judicialmente que la demanda de desalojo fue incoada por herederos en contra de otros coherederos de igual grado –pretendiéndose ocultar a estos últimos-, engañando a la justicia mediante la invocación falsa de un contrato de comodato, corresponde revocar parcialmente el decisorio apelado, sin admitir que el desahucio se materialice y se ejecute en contra del menor heredero Genaro Ezequiel Olivera y su progenitora Jesica Daiana Rosales ocupantes del bien raíz.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa opuesta por Marcos Agustín Olivera, respecto de Genaro Ezequiel Olivera, pues el mismo no está obligado a restituir el inmueble, en virtud de que el niño Genaro Ezequiel Olivera es coheredero, careciendo éste último de legitimación pasiva.
Finalmente, atento al modo y forma en como se resuelve el presente caso sometido a mi jurisdicción, estimo que el resto de los agravios esgrimidos por el apelante Marcos Olivera en contra del fallo recurrido, se los considera no conducentes ni esenciales, siendo los mismos insuficientes y no decisivos para resolver este “sub judice”; todo ello solamente a los efectos endógenos de este juicio de desalojo. Por ello, declaro inoficiosos su tratamiento al quedar desplazados por el modo y la forma en cómo se resuelve este recurso de apelación.
5. Las costas de Primera y Segunda instancia Atento al modo en que se resuelve y las circunstancias particulares que rodean al presente caso, estimo que las costas generadas en ambas Instancias deben ser impuestas en el orden causado. (art. 68 2° párrafo del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Dr. Pérez Catella y el Dr. Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE HAGA LUGAR a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; y en su consecuencia SE RECHACE el desahucio en contra del menor heredero Genaro Ezequiel Olivera y su progenitora Jesica Daiana Rosales ocupantes del bien raíz; 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas Instancias en el orden causado. (art. 68 2° párrafo del C.P.C.C.) 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y el Doctor Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
HACER LUGAR a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; y en su consecuencia RECHAZAR el desahucio en contra del menor heredero Genaro Ezequiel Olivera y su progenitora Jesica Daiana Rosales ocupantes del bien raíz; 2°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) IMPONER las costas generadas en ambas Instancias en el orden causado (arts. 68 2° del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia