Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa AV-13144-2010
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia–– En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse, admitiendo en consecuencia la demanda, con el alcance indicado. Con costas de ambas instancias a la demandada (art.68 del C.P.C.C), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES I.- Revócase la apelada sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por V. F. R. y J. L. C. (hoy fallecido) contra Banco Comafi SA, condenando a este último a abonar a la parte actora, dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($4.580.000) fijada en la consideración de las quejas, con más intereses allí establecidos.
II. Impónense las costas de ambas instancias a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad (leyes 8.904 y 14.967).
R. V. F. Y OTRO C/ BANCO COMAFI S.A S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS.
(EXC. USO AUT. Y ESTADO)
Exp: AV-13144-2010 Jz 2 AVELLANEDA - LANÚS (J.E.V.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa AV-13144-2010, caratulada: "R. V. F. Y OTRO C/ BANCO COMAFI S.A S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número dos del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús dictó sentencia en fecha 12/6/2023, rechazando la demanda interpuesta por V. F. R. y J. L. C. contra Banco Comafi SA; impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida y difirió la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad correspondiente.
En fecha 14/6/2023 apeló la parte actora, concediéndosele libremente el recurso de apelación deducido en fecha 22/6/2023. Mediante presentación electrónica de fecha 14/2/2024 expresó agravios la accionante, mereciendo réplica de su contraparte en fecha 22/2/2024.
Mediante proveído dictado el 26/3/2024 se llamaron los autos para dictar sentencia mediante providencia que se encuentra firme y habilita el dictado de la presente.-
De la parte actora:
Se agravia la accionante del rechazo de la pretensión, sosteniendo que sin perjuicio de haber encuadrado correctamente la cuestión dentro del marco legal del sistema legal del defensa al consumidor, la sentenciante de origen se apartó para resolver de todas las estipulaciones que fija dicha normativa.
En efecto, habiéndose comprobado la existencia del hecho, el cual se encuentra reconocido por la demandada no hizo recaer sobre aquella el deber de seguridad que le imponía el tipo de prestación que ofrece, ello antento al negocio jurídico que desarrolla, eximiéndola así de responsabilidad, aún cuando se encuentran probado el hecho y los perjuicios sufridos.
Sostiene que para hacer lugar a la causal de eximición de responsabilidad invocada por la legitimada pasiva tuvo en cuenta las conclusiones de una pericia que analizó las condiciones de seguridad ofrecidas por la entidad bancaria demandada en 2022, cuando el hecho ocurrió en 2008, por lo que mal puede tenerse en cuenta dicha probanza al efecto.
Por estos motivos y los restantes que invoca y son tenidos presentes, peticiona consecuentemente la revocación de lo decidido en el decisorio apelado y la admisión de la pretensión tal y como fue solicitado al inicio del pleito.
III.i. De la responsabilidad Liminarmente para encuadrar correctamente la controversia que nos ocupa resulta pertinente recordar que los pretensores persiguen en el presente proceso el resarcimiento por los daños y perjuicios que manifiestan haber sufrido a raíz del robo que protagonizaron en la sucursal Wilde del Banco Comafi S.A. el 22 de agosto de 2008.
En dicha oportunidad según se relata en la presentación inicial, que guarda correlación con las denuncias penales que obran a fs. 2 y 3 —la primera de ellas también adjuntada en copia simple por la demandada al contestar la acción, ver fs. 35— los actores se encontraban el día 22 de agosto de 2008 en la sucursal del Banco Comafi ubicada en la localidad de Wilde, y siendo aproximadamente las 11 hs. mientras el co actor C. estaba en la ventanilla de la caja percibiendo su jubilación, ingresan a la entidad delincuentes que sujetan por detrás a la co actora R. apuntándole con un arma de fuego; luego de ello, conforme sigue el relato esta última se desvanece y los malvivientes se apropian de sus pertenencias, siendo trasladada culminado el hecho en ambulancia debido a las lesiones sufridas a raíz del evento padecido.
Hecha esta primera salvedad, corresponde entonces poner de resalto que de la lectura de la contestación de la demanda —fs. 37/45—, surge que la ocurrencia del delito al que aluden los actores no se encuentra controvertida, como así tampoco que los pretendientes se encontraran dentro de la entidad al momento de dicho acontecimiento, complementándose además los pormenores del hecho delictivo, con la copia del acta emitida por el Banco en fecha 22/8/2008 adjuntada en copia por la propia entidad a fs. 32.
Como natural correlato de ello; tratándose de un factor de atribución objetivo, la responsabilidad de los legitimados pasivos habrá de evaluarse con apego a la causal de exoneración esgrimida por los mismos, que en el caso lo configura el hecho de un tercero por el cual no debe responder. (art. 40 y cctes. de la Ley 24.240)
Sentado ello así, y de cara al análisis de la cuestión, resulta necesario recordar, a fin de fijar las pautas según las cuales será examinada la cuestión, que desde la vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor y del texto constitucional —artículo 42 Constitución Nacional—, la protección del consumidor ha sido admitida como un principio general formador del ordenamiento jurídico de derecho privado que obliga a los jueces a interpretar y aplicar la normativa especial del consumo al derecho de daños con sus valoraciones inherentes, imponiendo sus soluciones tuitivas por sobre otra normativa especial o bien integrándose a ella, teniendo siempre como norte la norma que más favorece a la persona humana, a sus derechos y a sus particulares circunstancias.
Ello sin perder de vista que, como lo tiene reiteradamente dicho esta Sala, el sistema del derecho común convive con el especial derecho del consumo, de creciente incremento cuantitativo por su aplicación a muchos supuestos de hecho que quedan desplazados del marco normativo general y resultan aprehendidos en el microsistema de la Ley 24.240 (texto actualizado por las leyes 26.361 y 26.944 de sanción del CCyCom). Esto sin dudas ocurre en la especie, puesto que por sus características, la contratación que sustenta la relación jurídica sustancial de la causa ingresa en la preceptiva de los arts. 1, 2, 3 y cctes. de la Ley 24.240.
Es por lo expuesto, que para abordar la temática en cuestión resulta ineludible ponderar en primer término y como directriz obligatoria, la consagración constitucional de los derechos de usuarios y consumidores incorporada a través del art. 42 de la Constitución Nacional, pues ello explica la obligación impuesta al juzgador ––independientemente del derecho invocado por las partes–– sobre su utilización al tratarse de normativa de orden público. (art. 65 Ley 24.240)
Y esto adquiere especial consideración en la especie, pues, además de trazar la directriz de la normativa aplicable al resolver la cuestión, sienta la base sobre la cual se evaluará la carga probatoria, pues, al margen de lo dispuesto por el art. 375 del CPCC y el art. 1734 del CCyCom, juega un rol preponderante el principio de colaboración que establece el art. 53 de la Ley 24.240, el cual impone al proveedor un rol activo respecto de la prueba, que si bien no implica sustituir a su contraparte en la acreditación de los presupuestos fácticos, pone sobre el mismo la obligación de aportar al proceso todas las probanzas que pudieran permitir la resolución de la controversia generando una presunción negativa respecto suyo en caso de asumir una deliberada actitud pasiva.
Y así se ha instalado en forma sostenida y hoy ya uniforme jurisprudencialmente que la distribución clásica de la carga de la prueba, ha cedido en supuestos como el que se analiza en el sub lite a favor de la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas, es decir, quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo, principio muy cercano al artículo 53 LDC, que obliga a la cooperación en materia probatoria: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
Sentado cuanto precede y analizando el caso particular, habré de propiciar por los motivos que expondré la admisión de los agravios traídos a consideración pues, estimo que en el particular, el sustento que ha dado la legitimada pasiva a su defensa no resulta suficiente para eximirla de responsabilidad en los términos de la causal que invoca al efecto. Es que la parte demandada, aún cuando se encontraba claramente en mejores condiciones de probar sus dichos, se limitó a ofrecer para nutrir su defensa solamente la prueba pericial de ingeniería en seguridad e higiene, la cual fue producida recién el 25/8/2022 luego de que el perito actuante hiciera una inspección ocular en forma contemporánea a esta última fecha en la entidad bancaria demandada; lo cual desvirtúa totalmente cualquier intento de determinar objetivamente si a la data del hecho la sucursal cumplía con las medidas ordenadas por el BCRA, las cuales bien pudieron ser acondicionadas con posterioridad, dado que desde el robo ocurrido hasta la fecha de la experticia pasaron mas de catorce años. Sentado ello así, se observa con claridad un déficit probatorio palmario en torno a la comprobación de la causal de exoneración de responsabilidad invocada; ello más aún si se tiene en cuenta que por principio general, en caso de duda deberá estarse a favor del consumidor. (cfr. art. 72 Ley 13.133; art. 3 Ley 24.240; art. 38 CPBA; art 42 C.N) Teniendo entonces ello en consideración, y sumado a que esta Sala ya ha fijado posición con relación a hechos como el que aquí se ventila concluyendo en la responsabilidad de los bancos por los hurtos, robos, y/o perdidas que sufran las cosas puestas en su establecimiento, que se produzcan por obra del personal del banco o de terceros, además de responder por la seguridad e idoneidad del edificio y del ámbito físico bajo su custodia —temperamento este que fue confirmado oportunamente por la Suprema Corte de Justicia Provincial—; considero como natural correlato que debe revocarse el fallo recurrido haciéndose lugar a la acción impetrada por V. F. R. y J. L. C. (hoy fallecido) contra Banco Comafi SA, ello con la extensión que seguidamente habré de tratar, lo que así habré de proponer al Acuerdo. (arts. 1, 2, 3, 40, 53 y cctes. de la Ley 24.240; art. 38 de la CPBA; art. 42 de la C.N; este Tribunal "in re" "Gorrini, María Fabiana c/ Banco de Galicia y Bs. A.s S.A. s/ ds y ps", causa 45.552, S. 30/12/2015 y Sentencia dictada en los mismos autos por la SCBA en fecha 3/8/2016)
III.ii. Rubros Indemnizatorios.
a. Incapacidad física y gastos de tratamiento.
Sabido es que el daño resarcible no consiste en la lesión misma, sino en sus efectos. La cualidad funcional del daño, su resarcibilidad, ciñe el contenido que debe serle asignado.
Esta Sala tiene dicho en reiterados pronunciamientos que, más allá de las calificaciones o “nomis juris” que demos a las cosas y a los perjuicios a tarifar, de lo que se trata es de indemnizar justa e integralmente estos últimos. Tan solo la reparación jurídicamente plena o integral, que no es otra cosa que la indemnización o equivalente dinerario en la medida de lo justo (equitativo) para el caso determinado. (Cám. Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala I, Causa 58.026, RSD-136-4, 27-4-2004 “O., R. c/ Microómnibus Quilmes SACIF y ots. S/Ds y Ps)
Y en cuestiones eminentemente técnicas, como indudablemente se dirimen en este rubro, el informe pericial resulta el medio de excelencia, puesto que integra los conocimientos del juez a través de explicaciones técnicas y ciertas apreciaciones que efectúa el experto y caben presumirlas sustentadas precisamente en el conocimiento que emana de la circunstancia de detentar título habilitante de rigor científico con incumbencia en el tópico, aún cuando el juez personalmente las posea.
Ello sin pasar por alto, que la sola verificación de las dolencias por parte del experto no resulta suficiente sino se encuentra comprobada debidamente la causalidad de las mismas con el hecho por el que se reclama.
El perito médico Pablo Trovato fue contundente al presentar su dictamen —agregado a fs. 116/117— concluyendo que la co actora V.a F. R. no sufrió incapacidad médica alguna a raíz del hecho por el cual se reclama. Si bien dicha pericia fue impugnada por la actora a fs. 179, nunca fue evacuado dicho traslado por el experto, sellándose su suerte con el llamamiento de autos para sentencia dictado en la instancia de origen —art. 482 del CPCC—.
Sentado ello así, puede concluirse que la parte actora no ha llegado a probar con el grado de certidumbre adecuada, la existencia de un daño resarcible en este aspecto de la cuenta indemnizatoria, motivo por el cual habré de proponer el rechazo del rubro en cuestión; ello sin perjuicio de la distinta suerte que correrán los gastos de atención médica, traslado y medicamentos, que si considero acreditados y serán tratados en el acápite correspondiente. (art. 375 del CPCC)
En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde rechazar el daño físico reclamado y consecuentemente los accesorios gastos de tratamiento peticionados, lo que así dejo propuesto al Acuerdo. (arts. 165, 384 y 474 del CPCC)
b. Daño psicológico y gastos de tratamiento.
En distintas oportunidades esta Sala ha señalado que el rubro indemnizatorio por incapacidad psíquica tiene una naturaleza diferenciada de las demás minusvalías, representando el daño psíquico una modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc. (esta Sala, RSD Nº265/96, 61/98 y 395/06 entre otras)
De los informes periciales realizados por el Dr. R. R. F. que obran a fs. 145/148, 151/52 y 153/54, se desprende que la co accionante V. F. R. de 61 años —a la fecha del robo sufrido en el banco demandado— padece a raíz de dicho evento un cuadro de trastorno depresivo reactivo que le genera una incapacidad psicológica parcial y permenente del 20% de la total.
Asimismo, analizando el caso del accionante J. L. C., el mismo experto determinó que este último, también poseía a raíz del hecho traumático por el cual se reclama, un trastorno depresivo reactivo que le provocaba —en vida— una incapacidad parcial y permanente de un 20 %. En ambos casos el perito recomendó la realización de un tratamiento psicológico cuya duración y costo evaluó a la fecha de la pericia. Aquellos dictámenes fueron impugnados por la actora y la demandada, dando respuesta el profesional a través de las presentaciones de fecha 6/9/2019 y 30/4/2020, mediante las cuales el ratificó las conclusiones impugnadas.
Los informes periciales —impugnados por las partes y ratificados por el experto— contienen, a mi criterio, suficiente sustento técnico científico como para no apartarme de sus conclusiones; razón por la cual, considerando también la edad de las victimas y demás condiciones personales, entiendo que debe admitirse el rubro bajo tratamiento, que prosperará respecto de la actora R. tanto por el daño psicológico como por los gastos de tratamiento y por el co actor C. solamente por la incapacidad psicológica debido al fallecimiento de este último que fuera denunciado y acreditado oportunamente en fecha 15/3/2023.
Sentado ello así, habré de propiciar que el rubro daño psicológico sea admitido respecto de J. L. C. por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) y respecto de la Sra. V. F. R., por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000), incluido en este último caso los gastos de tratamiento psicológico, lo que así he de proponer al Acuerdo. (arts. 474 y 384 del Cód. Procesal)
c. Daño moral.
La confianza ha desempeñado en todos los tiempos un importante papel; sin embargo, es en la vida moderna donde se puede advertir una creciente necesidad de su protección, pues la velocidad y automatización del comercio de bienes y servicios imposibilitan al consumidor verificar totalmente todos los aspectos de las operaciones que realiza, de modo que lo que no comprueba por sí tiene que asumirlo como un hecho de confianza.
El principio de confianza tiene su base en un deber ético de no defraudar las expectativas suscitadas en otros. Tales expectativas deben ser legítimas y fundadas, lo que excluye tanto la confianza ingenua como la temeraria. Este principio actúa sobre toda posibilidad contractual y, por tanto, no sólo durante el contrato, sino también en el período pre y postcontractual. (Carlos A. Ghersi y Celia Wingarten, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Defensa del Consumidor, Ed. La Ley, T° I, p.)
En esta directriz, teniendo en cuenta que daño moral es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extra patrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos, considero en consecuencia que el quebranto en la confianza depositada por los accionantes —en su rol de consumidores— al contratar, es la médula del desmedro tratado en el particular.
Ello en tanto el tipo de contratación efectuada —contrato bancario— se sustenta en la seguridad que garantiza el oferente respecto de quien concurre a las instalaciones del primero a realizar una operación. Y ese quiebre de seguridad, como ocurre en la especie, implica una ruptura de la confianza que llevó a los accionantes a concurrir a la sucursal de la entidad bancaria accionada dando por sentado que dentro de la misma no sufrirían daño alguno.
Sentado ello así, considero que el rubro bajo examen debe prosperar consistiendo a mi parecer en el aspecto más robusto del reclamo, pues, nótese que atento a la edad de los accionantes a la fecha del hecho y su concurrencia al banco para percibir nada menos que su jubilación, el infortunio sufrido implica una ruptura y defraudación en la confianza depositada en la legitimada pasiva que si presta un servicio a sus clientes, aquel es por excelencia sin lugar a dudas el de brindarles seguridad. Superada la evaluación de la admisión del presente ítem, y de cara a la valoración de su reparación, debe recordarse que como lo tiene dicho nuestra Corte Suprema para su cuantificación ha de tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado —que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este— , y que "el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido" (Cfr. CSJN, Fallos: 321 :111 7; 323: 3614 ; 325: 1156 y 334: 376, y 334:376, entre otros) Dentro de dicho marco interpretativo, considero —como ya lo anticipara— que este aspecto del reclamo debe prosperar, estimando adecuado para fijar su reparación la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) para cada uno de los pretensores suma esta que refleja a mi entender suficientemente los sufrimientos espirituales que a la víctima debió haberle provocado el evento dañoso. (art. 522, 1078 y cctes. del C. Civ.; art. 42 de la C.N.)
d.- Gastos médicos y farmacéuticos.
Acreditada la existencia de lesiones, debe entenderse que la víctima debió incurrir en gastos médicos, farmacia y traslados, criterio que se mantiene aún habiendo sido tratada en instituciones públicas gratuitas, así como la no exigencia de presentación de acreditaciones por tales erogaciones.
Sentado ello y aún cuando, según lo expuse al momento tratar la incapacidad física, la actora no sufrió desmedro resarcible en dicho aspecto; no puede desconocerse que conforme surge de la contestación de oficio que obra a fs. 104/106 a través del cual la Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio de la cual surge que la actora —R.— fue atendida en el nosocomio de dicha entidad el día del hecho, exhibiendo un cuadro de traumatismo cervical, se ha acreditado debidamente este último padecimiento el cual aún sin dejar secuelas si ha provocado gastos que merecen ser resarcidos.
Es en virtud de estas consideraciones que habré de proponer entonces al Acuerdo la Admisión de los gastos de atención médica, traslado y farmacia —reclamados en el apartado VII de la demanda dentro del daño emergente— ello fijando su cuantía en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000). (art. 165 del CPCC.)
d. De la tasa de interés.
Habida cuenta la posición fijada por la Suprema Corte de Justicia en punto a la necesidad de mantener el valor del capital de condena en procesos como el que aquí se debate, cuyo importe se fija en el particular a valores actuales y contemporáneos a la fecha de este pronunciamiento, corresponde en consecuencia que los intereses sea calculados desde la fecha del hecho dañoso y hasta la fecha del presente fallo a la tasa pura del 6% anual y, de allí en más, a la tasa activa (para restantes operaciones en pesos) fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; la que se estima por el momento adecuada para cumplir con tal finalidad, lo que así dejo propuesto al Acuerdo. (arts. 17, 18, 28 y cctes de la de la C.N.; art. 15, 31 y cctes. de la C.P.; SCBA, C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018; C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018; y C. 124.096, "Barrios", Sent. del 17-IV-2024)
En base a estas consideraciones:
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA NEGATIVA.-
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde revocar la sentencia apelada; haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios por V. F. R. y J. L. C. (hoy fallecido) contra Banco Comafi SA, condenando a este último a abonar a la parte actora, dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($4.580.000) fijada en la consideración de las quejas, con más intereses allí establecidos. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.) Postergándose la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente, ––S E N T E N C I A–– En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse, admitiendo en consecuencia la demanda, con el alcance indicado. Con costas de ambas instancias a la demandada (art.68 del C.P.C.C), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES I.- Revócase la apelada sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por V. F. R. y J. L. C. (hoy fallecido) contra Banco Comafi SA, condenando a este último a abonar a la parte actora, dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($4.580.000) fijada en la consideración de las quejas, con más intereses allí establecidos.
II. Impónense las costas de ambas instancias a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad (leyes 8.904 y 14.967).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA)
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia