Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 15.611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Modificar la sentencia apelada de la siguiente manera: OFICIAR en la etapa de ejecución de la sentencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y/o a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Matanza, con el objeto de dar protección material, legal, asistencial y habitacional a los niños ocupantes del inmueble, otorgándoles efectivo cumplimiento habitacional; dejándose aclarado que en todos los casos, se continuará con el trámite requerido con el ente administrativo que dé, en primer término respuesta positiva; 2°) confirmar el resto la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) imponer las costas generadas en ambas Instancias a la parte demandada en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en que se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 15611 - 2012 - CORREA ADRIANA MABEL C/ ALDERETE EMMA SANTOS ADRIANA Y OTRO/A S/REIVINDICACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "CORREA ADRIANA MABEL C/ ALDERETE EMMA SANTOS ADRIANA Y OTRO/A S/ REIVINDICACION”
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "CORREA ADRIANA MABEL C/ ALDERETE EMMA SANTOS ADRIANA Y OTRO/A S/REIVINDICACION " LM-15611-2012 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 19/2/2020, el sentenciante de grado resolvió: “1) Haciendo lugar a la pretensión reivindicatoria incoada por Adriana Mabel Correa contra Emma Adriana Alderete Santos , Sergio Miguel Escalante y demás ocupantes e intrusos y en consecuencia condenar a estos últimos a que en el plazo de diez (10) días restituyan a la primera el inmueble ubicado con frente a la calle Ramírez Velazco 6367, entre las calles de Atalco y Achupallas, Circunscripción V, sección G, Manzana 121, Parcela 14 de la localidad de González Catan, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública (art. 513 del CPCC) (…) Imponer las costas a los accionados que resultan vencidos en la contienda, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad de acreditarse la valuación fiscal actualizada del inmueble reivindicado…”
Contra dicha forma de resolver, apelan el día 25//02/2020 la parte actora y con fecha 27/02/2020 los demandados Alderete Santos Emma Adriana y Escalante Sergio Miguel.
Así las cosas, con fecha 28/02/2020 la sentenciante de grado dispone que, respecto al recurso de la parte actora, estese a lo resuelto en la sentencia definitiva (considerando V.); mientras que, respecto al recurso de la parte demandada, concede libremente.
Elevadas las actuaciones, fueron radicadas ante esta Sala Primera. Analizadas las constancias, se advierte que no se encontraban debidamente notificados intrusos y/u ocupantes, motivo por el cual se ordena su devolución a la instancia de grado. Cumplida dicha manda, se ponen los Autos en Secretaria para que los apelantes expresen agravios, habiendo cumplido con dicha carga procesal el día 21/11/2023. Corrido el pertinente traslado de ley, el mismo resultó contestado por la contraria el día 24/11/2023, argumentos a los cuales me remito en honor a la brevedad. Así las cosas, se corrió vista a la Sra. Asesora de Incapaces interviniente, quien contestara conforme presentación de fecha 6/2/2024, llamándose posteriormente Autos para Sentencia y practicándose el sorteo de orden de estudio el día 29/4/2024.
II. Fundamentación de los agravios de los demandados Alderete Santos Emma Adriana y Escalante Sergio Miguel De la atenta lectura de la expresión de agravios de los demandados, se observa que estos cuestionan la procedencia de la acción.
En efecto, manifestaron que en su contestación de demanda habrían interpuesto excepción de falta de legitimación y recurso de revocatoria con apelación en subsidio; que habrían comprado de buena fe el lote, hoy con construcciones y mejoras. Que la actora habría reconocido que no se encontraba ningún tipo de edificación en su demanda y alegatos, y que “…según las constancias del expediente el actor omitió reclamar en la demanda las mejoras, desconociendo la realidad de la cosa que reivindica… existe una contradicción que agravia a los demandados en la demanda iniciada y el reclamo de mejoras solicitada en forma ex temporánea por la parte actora.”
Cuestionan que en autos no se ha reconocido la compra del lote de buena fe y las mejoras realizadas en el inmueble, como también la posesión voluntaria de buena fe en forma ininterrumpida desde el año 2005 hasta la actualidad.
Agregan que “V.S, resolvió subsanar una omisión de pedido de parte de la parte actora. Con lo cual se ha vulnerado todos los derechos del proceso. Ante lo cual el juez dicta sentencia reconociendo en sus considerandos todos los extremos fácticos que expongo en mi presentación advirtiendo la independencia con la demandada y que ello evidencia que no reunimos la calidad de poseedores de buena fe a quien se le pueda extender los efectos de la demanda; pero resuelve a contrario sensu para “preservar la tutela jurídica efectiva de la parte actora” cercenar mi derecho a defensa. Ante lo cual nos agravian y recurrimos.”
Expresan que son poseedores ininterrumpidos, pacíficos y de buena fe del lote de marras y que dicha posesión se realiza en modo conjunto con su familia.
Que la posesión esgrimida proviene de la compra que habrían realizado y con motivo de ello, habrían acompañado un boleto de compraventa del 20/1/2005, por el valor de $12.000. Asimismo, que serían “…poseedores con tiempo suficientemente anterior al tiempo de la traba de Litis. Y anterior al mismo mandamiento de constatación con la que se orienta la accionante al imputar la legitimación pasiva de su acción de reivindicación…”
Que toda la prueba producida en estos actuados demostraría a su entender “… que en la parcela catastral intentada reivindicar, la actora escritura la propiedad con fecha 24 de Junio de 2009, pasada ante la Escribana Silvia Enseñat del Partido de Vicente López, la que fue inscripta en el Registro de la Propiedad el día 8 de Julio de 2009, bajo el Nº 834038/2 correspondiente al Registro del Partido de La Matanza (ver fs. 17). Decimos que la actora inscribe la propiedad cuatro años después”.
Que el actor habría dirigido su acción de forma incorrecta, delimitada e ineficaz hacia los derechos que poseen sobre el inmueble intentado de reivindicación.
Agregan que “…Habiendo la actora omitido reclamar las mejoras en la demanda del presente proceso a estos poseedores del inmueble que intenta reivindicar y siempre habiendo identificado la vivienda, observese la foto adunada en notificación de los demandados, resulta meritorio, razonable y ajustado a derecho considerar la nulidad de todo lo actuado o, en su defecto, limitar el proceso reivindicatorio a la posesión efectivamente notificada y ejecutada la sentencia; ordenando corregir la sentencia de primera instancia.”
Que dicha resolución es totalmente arbitraria, puesto que a su parecer vulnera las garantías de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva consagradas en los arts. 15 de la Constitución local, 18 de la Constitución nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que la instancia de grado no habría valorado que los demandados viven allí con su familia, “…acreditando el oficial de Justicia la construcción de la vivienda y galpón, en el lote que menciona la actora en el inicio de demanda, donde luego reclama en los alegatos las mejoras…”.
Que tampoco se habría tenido en cuenta al momento de dictar sentencia la contestación de demanda, interposición de recurso, la prueba ofrecida y la declaración testimonial de los testigos ofrecido por los demandados. Tampoco el informe que fue presentado por la actora “…en la cual no fue ofrecido como prueba, donde se informa que el vendedor del boleto de compra venta de los demandados es desconocido.”
Que los demandados habrían adquirido el bien de buena fe y con ello habrían cumplido con la ley para regularizar la situación dominial. Explican que “… si bien es correcto que el titulo acompañado por la actora data de fecha posterior, dicho instrumento, además da cuenta de la existencia del boleto de compraventa firmado con fecha anterior, el 10 de Julio de 1991, como así consta que el actor al momento de la firma del boleto referido, había recibido la posesión real, material y efectiva del inmueble adquirido, libre de ocupantes, inquilinos e intrusos. (ver fs.15) de manos de quien podía transmitirlo…”
Manifiestan que “…sorprende como la actora desde hace varios años nunca ha abonado ningún tipo de impuesto inmobiliario, obsérvese que en el inicio de las presentes actuaciones no acompaña ningún tipo de documento que acredite el pago de los impuestos del lote. En cambio, sí lo han realizado los demandados.”
Que “… las costas del incidente resulta otro punto de agravio, el incidente resulta del proceder incorrecto del accionante que lleva a estas situaciones de desasosiego y contrariedad solo por impulsar un proceso sin los debidos cuidados de la conducta responsable. Máxime al momento de contestar traslado de demanda, interposición de recurso y demás, responde desobligándose, afirmando hechos desmentidos por las pruebas producidas. En consecuencia, esta parte se erige sobre la resolución de las costas del incidente solicitando sean por orden causado por posicionarse en situación intrascendente contra lo que resulta verdad en los hechos.”
A modo de resumen, los demandados indican que los agravios se circunscriben a:
“1) El nulo intento de reconocer la posesión de los demandados en la sentencia arribada en el proceso de reivindicación 2) La inequitativa imposición de costas, dado que es responsabilidad exclusiva de ambas partes.
3. Que agravia a los demandados no se reconozca la compraventa de lote de buena fe.
4. Que agravia a los demandados no se les reconozca la posesión pacifica, continua e ininterrumpida.
5. Que agravia que la parte actora haya realizado inscripción del inmueble, luego de varios años después que comprara y/o poseyera el bien los demandados.
6. Que agravia no se hayan valorado las pruebas ofrecidas por él a quo (declaración testimonial, pericia calígrafa).
7)… que no se haya valorado la resolución del Sr. Fiscal, donde resuelve no hacer lugar al delito de usurpación.
8)… que no se reconozcan las mejoras de los demandados.
9. Que agravia que la parte actora solicite se restituya el lote con las mejoras realizadas en el inmueble construido por los demandados. Lo concreto del caso es que la circunstancia invocada por la parte actora ha sido reconocida en el escrito de demandada, donde manifiesta que no poseía ningún tipo de edificación. Para luego en sus alegatos solicitar las mejoras construidas por los demandados.-
10)… que la parte actora no haya en el ofrecido pruebas para que evalúe el valor de las mejoras. Sino que simplemente solicita la restitución del inmueble y galpón de los demandados.
11)… que en un plazo de 10 días tenga desocupar el inmueble construido por los demandados. Siendo además en el inmueble viven menores de edad.
Subsidiariamente, para el caso de hacer lugar a la demanda V.E reconsidere al reconocimiento de las mejoras.”
En consecuencia, luego de citar doctrina que entiende respaldatoria, solicitan que revoque la sentencia de reivindicación contra ellos; con costas por su orden; y en su caso, se revoque el decisorio cuestionado, reconociéndose la construcción de mejoras a favor de los demandados.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. Extremos legales requeridos para que la acción reivindicatoria prospere La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Art. 2.759 del Cód. Civ).
La acción de reivindicación, es una de las acciones que más concretan la defensa del derecho constitucional de propiedad privada (arts., 17 C.N. y 31 de la Const. Pcia. de Bs. As.), protegiendo el derecho de dominio en su pleno reconocimiento.
Por su parte el precepto legal, del art 2248 del CCCN define a la acción reivindicatoria de este modo: “La acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento” La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que perdió la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella; así, el objeto de esta acción es recuperar una posesión de la que hemos sido privados, restableciendo así el ejercicio del derecho real correspondiente. Siguiendo a los arts. 2758 y 2772 del Código Civil, el ejercicio de la acción reivindicatoria requiere: a) justificar el título que da derecho a la cosa; b) la pérdida de la posesión; c) la posesión actual del reivindicado; y d) que la cosa que se reivindica sea susceptible de ser poseída. Resulta procedente contra toda persona que por cualquier medio se encuentre en posesión, sea de buena o mala fe, desde el momento que aquella exista, obligando al demandado a responder por ella y en caso de condena, restituirlo, dejándose desocupado y en estado que el reivindicante pueda entrar en su posesión. (Fuente del sumario: SAIJ. FALLOS A LOS QUE APLICA: “UNION CAÑEROS AZUCARERA ÑUÑORCO LTDO. SA S/ QUIEBRA c/ CLUB ATLÉTICO ÑUÑORCO Y U OTROS s/ REIVINDICACIÓN. SENTENCIA.CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN. 23/6/2023 SUMARIO DE FALLO. 23 de junio de 2023. Id SAIJ:
SUV0107568).
La reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares (art. 2756 del Código Civil, actual art. 2247 del Código Civil y Comercial de la Nación). Esta acción le asiste al titular del dominio que ha perdido la posesión o que tiene el derecho de poseer de reclamarla de quien efectivamente la posee y que no puede oponer un título mejor que el del actor (cfr. Salas, A. - Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., "Código Civil Anotado", ed. Depalma, Bs. As., año 2000, t. IV -B, p. 97, n° 1 bis).
Si el reivindicante presenta títulos de propiedad anteriores a la posesión, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica, por lo que para destruir la presunción del art. 2790 del Código Civil, (similar al art. 2256 del Código Civil y Comercial de la Nación) debe producirse prueba eficiente. Cuando habla de títulos, la norma se refiere tanto al otorgado por el autor inmediato, como por antecesores mediatos, en el sentido de pluralidad que se patentiza en el art. 2790 del Código Civil (Cam. Apel. Civ. Com. Salta, sala IV, t. XXIX, f° 524 y f° 552). Las pruebas a cargo de los demandados deben ser contundentes, concluyentes, exactas, precisas y claras, así como las pautas para su apreciación deben ser estrictas, como para poder enervar la acción reivindicatoria. Nada de estas características jurídicas, se han reunidos en autos respecto de la prueba a cargo de los demandados y así lo aprecio y resuelvo.
Las escrituras públicas acompañadas por la parte actora, en las cuales se encuentran volcados e instrumentados los distintos actos jurídicos llevados a cabo, son oponibles a un simple instrumento privado anexado por los demandados, que ni siquiera acreditaron la veracidad o autenticidad de la firma del supuesto enajenante. De allí que dicho instrumento privado no es oponible a la actora, ni enerva la presente acción reivindicatoria. En efecto, sometiendo a estudio y consideración las pruebas rendidas en autos, tenemos que en fecha 10 de julio de 1991 de acuerdo a la fotocopia del instrumento privado glosado a fs. 25/30, Correa y Argañaraz le compran El Mojón 30 S.A. el lote 14 de la manzana 121.
A fs. 13/7 consta agregada una fotocopia de la escritura traslativa de dominio de fecha 24 de junio de 2.009 mediante la cual El Mojón 30 S. A. le transfiere el dominio a Argeñaraz y a Correa adquiriéndolo en condominio el inmueble ubicado en la calle Ramírez Velazco, identificado como parcela 14 (lote) de la manzana 121, dominio inscripto en fecha 8/7/09. A fs. 26/27 mediante boleto de compraventa de fecha 28 de junio de 1993 Argañaraz le vende a Correa la mitad indivisa de dicho lote, constando que la compradora se encuentra en posesión de dicho inmueble. A fs. 27 surge la denuncia del delito de usurpación del referido inmueble ante la Comisaría realizada en fecha a 8/2/2.005. A fs. 32/40 luce fotocopia de escritura traslativa de dominio, mediante la cual se transfiere el mismo por parte de El Mojón 30 S.A. a favor de Argañaraz y Correa, mediante la cual la vendedora la ratifican de la posesión que ya ostentan las compradoras desde el día 10 de julio de 1991.
De este modo y forma el boleto de compraventa se transforma en una escritura pública, mediante la cual se transmite el dominio y la ratifican a la compradora de la posesión de la cosa inmueble, que ya ostentan desde la fecha indicada (arts. 2351 y 2355 del Cód. Civil). En el boleto de compraventa las partes se obligan recíprocamente a una obligación de hacer, que consiste en realizar la escritura traslativa de dominio a favor del comprador (arg. doc. art. 1.018 del C. C. y N.). En tal sentido, suscripta la escritura pública, se producen retroactivamente sus efectos jurídicos a la fecha de la firma del instrumento privado. Asimismo, surge textualmente de fs. 33 vta. de dicha escritura pública que: “… bajo tales conceptos la venta se realiza por el precio total convenido de MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES que manifiesta el representante de la vendedora haber percibido ésta íntegramente en el boleto de compraventa suscripto en fecha 10 de junio de 1991, de manos de las compradoras, importe que por la presente les ratifica el más eficaz recibo y carta demás pago en forma…”.
De este modo destaco, que habiéndose hecho constar en el acto de escrituración, la suscripción previa de un boleto de compraventa 10 de junio de 1.991, al igual que dicha ratificación en la posesión del inmueble de autos en la mentada fecha, implican o importan –dichos actos jurídicos- considerar como auténticos a los instrumentos privados obrantes a fs. 25, 26 y 30 y con pleno valor probatorio (art. 384 del Cód. Proc.).
Que en la mentada escritura se acredita a fs. 34 a su vez Argañaraz VENDE a doña Correa LA MITAD INDIVISA del mismo lote de terreno que por este acto adquieren ambas situado en el Partido de La Matanza designado con el nro. 14, de la manzana 121 por el precio convenido de Dólares EE.UU. USD 3.500,00 que manifiesta haber percibido en el acto de otorgamiento del boleto de compraventa de fecha 28 de junio de 1993 que la ratifica en el más eficiente recibo y carta de pago en forma, transfiriendo el derecho de propiedad a la comparadora, ratificándole la posesión que ya ostenta la compradora. De este modo y forma considero que la fotocopia del boleto de compraventa obrante a fs. 26 es autentico en todo su contenido (art. 384 del Cód. Proc.). Además, consta en dicha escritura que por la presente compra totaliza el 100% del dominio del inmueble objeto de la presente. Según fs. 36 el dominio fue inscripto bajo el nro. 634038/2 en fecha 8/7/09.
A fs. 82/3 consta glosado un mandamiento de constatación realizado el 17 de marzo de 2.015, mediante el cual un empleado del taller le manifiesta al Oficial de Justicia que desde que se abrió el taller, 8 años aproximadamente que el Sr. Escalante es el dueño, ausente en este acto, y la Sra. Alderete se domicilia en el fondo.
A fs. 179/180 consta pliego de posiciones para absolver los demandados. Absuelve posiciones Alderete. Y a la primera: Reconoce que ingresaron en el inmueble en el año 2.005. A la segunda: Reconoce como que es cierto que el lote se encontraba alambrado. A la cuarta: Reconoce que fue denunciada penalmente por la Sra. Correa por ocupación indebida del inmueble y dijo si es cierto. Acto seguido a fs. 181 absuelve posiciones Escalante: A la cuarta: Reconoce que es cierto que fue denunciado penalmente. A la quinta: Reconoce que Correa es propietaria del inmueble en cuestión. Y dice: “Si, hoy si”.
A fs. 194 declara como testigo el Sr. Cabrera. Y relata a la primera: Que le comprenden las generales de la ley, es cuñado de la Sra. Correa. A la quinta pregunta: Responde: Que los demandados ocupan el inmueble desde el año 2.005 o 2.006. A la séptima pregunta respondió: Que antes que ellos ingresaran el terreno estaba cercado y tenía una edificación precaria-. Lo sabe porque ingresaba al terreno para lambiarlo y cortar el pasto por autorización de Correa y el vecino que cuidaba el lugar, que era peluquero, se llama Armando. A fs.198 vta. se acredita con un informe del Registro de la Propiedad Inmueble, en el asiento 4, el condominio entre Argañaraz y Correa y en el asiento nro. 6 surge que Correa es propietaria del 100%. A fs. 201 declara el testigo Núñez y relata, a la pregunta nro. 5, que el terreno tenía un alambrado y a la pregunta nro. 7 contestó: lo ocuparon en el año 2.005. A fs. 206 aporta su testimonio el Sr. Martínez, el cual manifiesta que le comprenden las generales de la ley, por ser el sobrino de Correa. Relata que la propiedad de la Sra. Correa, el terreno tenía un encadenado para realizar una construcción. Un vecino me avisa en el año 2.005, que había gente ingresando en el terreno y me comunique con la Sra. Correa y ella iba a realizar la denuncia en la policía. A fs. 203/4 la parte demandada impugna las declaraciones testimoniales y a fs. 207 S.S. resolvió lo siguiente: “A fs. 42/3 tíénese presente los argumentos vertidos para proveer lo que por derecho corresponda en el momento de dictarse la sentencia definitiva”.
Por su parte en las I.P.P. nros. 548951 y 9457, anexadas a estas actuaciones principales y ofrecidas como prueba instrumental: “ad effectun videndi et probandi”, a las cuales le otorgo valor probatorio, aprecio que a fs. 4 y 4vta. declaró como testigo el Sr. Ibarra, relatando que dicho predio se encontraba cercado por alambre tipo tejido. A su vez el Sr. Núñez, dijo a fs. 6 6vta. que el predio siempre estuvo cercado, con una mejorado en la vereda, el césped siempre se mantuvo cuidado con el césped cortado. A fs. 7 aporta su testimonio el Sr. Cabrera y dice: El predio se encontraba perimetrado por alambre el cual siempre se mantuvo cuidado. Por su parte Martínez a fs. 8 aporta el siguiente testimonio y expone que “El terreno siempre se mantuvo cuidado, y se hallaba perimetrado con alambre de tejido”. Finalmente, a fs. 9 y 10 respectivamente declaran los testigos Jacobo Correa y Miriam Correa, y son coincidentes en afirmar: que habían cortado el tejido existente en el terreno. Estos testigos son hermanos de la denúnciate en la causa penal.
Sin perjuicio de ello, igualmente los valoro, otorgándoles valor probatorio, por cuanto sus testimonios se encuentran corroborados y avalados por los otros testimonios, por toda la prueba instrumental pública y privada, antes referenciada y valorada “ut supra” y por los otros medios probatorios considerados precedentemente, a las cuales por honor a la brevedad me remito (art. 384 del Cód. Proc.).
Con referencia a la prueba testimonial y las generales de la ley, su apreciación judicial, se ha elaborado la siguiente doctrina legal que aplico en al presente sub-judice y que dice así: “La circunstancia de que el testigo se encuentre comprendido en las generales de la ley no excluye en modo alguno el valor del testimonio pues se expresa que las preliminares de la ley no constituyen una tacha de los dichos del deponente, sino un elemento de juicio más para la evaluación judicial de su eficacia probatoria. Las circunstancias de hallarse el testigo comprendido en alguna de las preliminares de la ley no eliminan por sí sólo la credibilidad del mismo, en tanto sus dichos concuerden con las restantes circunstancias de la causa que han sido meritadas”. (SUMARIO DE FALLO. 15 de marzo de 2012.- id SAIJ: SUQ0026984. Fuente del sumario: OFICIAL. FALLOS A LOS QUE APLICA. M., V. c/ F., A. y otros s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley.
SENTENCIA. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA.
15/3/2012.).
En suma, la actora que ha acreditado ser la propietaria del 100% de la cosa que se reivindica (conforme surge de fs. 302, y 382/4), se encontraba en posesión del inmueble de autos desde el día 10 de junio de 1991 y fue ocupado ilegítimamente por los demandados en el año 2.005, corresponde – por ello- confirmar el fallo recurrido.
IV. Cuaderno de prueba de la demandada. Pliego de posiciones propuesto por la accionada Que la parte accionada presento a fs. 257 el pliego de posiciones que deberá absolver la actora. En su consecuencia, destaco y valoro judicialmente que, en la primera posición, que más abajo se transcribe, el ponente demandado reconoce expresamente el hecho a los que se refiere (art. 409 del Cód. Proc.) y que es el siguiente: “A la primera: “Para que jure como es cierto que Ud. habitó el inmueble de la calle Ramírez Velazco 6367 de la localidad de González Catán”.
De este modo y forma doy por reconocido expresamente por parte de la demandada, en los términos del art. 409 del Cód. Proc., que la actora al habitar el inmueble de autos como lo afirma en su pliego, se encontraría en posesión del mismo, frente a tal reconocimiento. Así lo considero e interpreto a la luz de la aplicación del principio de la “sana critica” (art. 384 del Cód. Proc.) y así lo resuelvo.
V. Obiter dicta o a mayor abundamiento Por otra parte y sin perjuicio de que corresponde confirmar el fallo recurrido, como se demuestra “ut supra”, y a mayor abundamiento u “obiter dicta”, es doctrina legal a la cual adhiero que: “Las presunciones del anterior art. 2790, si bien benefician indirectamente y de manera decisiva la situación jurídica del actor, conducen a presumir que el antecesor inmediato o mediato ha sido poseedor y propietario del inmueble, y de allí, al vender el mismo, ha operado una cesión implícita de la acción reivindicatoria, que hace innecesaria, inclusive la prueba de la tradición (cf. Jorge Horacio Alterini, Acciones Reales, pág. 100 y siguientes; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, f° 683)”.
En un voto del Camarista Guardiola, se sostuvo que: “la clara sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Junín dictada en la causa n° 42.864, “Ridolfi c. Ballesteros s/ Reivindicación” del 25/09/08 (voto del Dr. Juan José Guardiola) en el sentido de que es de innegable aplicación el art. 2790 del C.C.: “… se presume – salvo prueba en contrario … – que el transmitente, quien lo precedió, era propietario y poseedor de la heredad que se reivindica; y aunque el actor nunca haya sido poseedor por cuanto, en virtud de la cesibilidad de la acción (art. 1444 y notas de los arts. 1445 y 2109) se la considera tácitamente cedida en cada acto de enajenación que compone la cadena, sin requerirse para ello la tradición” (con cita de Claudio Kipper, Beatriz Areán y Jorge Alterini).” (La negrita es nuestra). Este criterio jurídico fue resuelto en el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el año 1958, en autos: “Arcadini c./ Maleca, en el cual se resolvió que el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la escritura traslativa, puede aun antes de la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma. Doctrina legal que aplica la Corte Suprema de Justicia d la Pcia. de Bs. As. y la mayoría de los Tribunales del País.
Indica el Codificador Dalmasio Vélez Sarsfield que la fuente del art. 2790 del Cód. Civil es Pothier, N° 324, según nota puesta al pie de dicho precepto legal.
Ahora bien, con respecto al cuestionamiento de la legitimación para ejercer la acción de reivindicación intentada, ya se ha expresado la jurisprudencia que cito y comparto aplicable al presente “jus-judice”, que textualmente transcribo y dice: “… Se centra en que no se le habría hecho tradición de la cosa por lo que no existe dominio (conf. art. 577, 2609, 3265 y cctes. del C.C. vigente al momento de interponerse la demanda).” (La negrita es nuestra). Al respecto, el vocal recordó que “(c)omo dijo esta Sala en los autos “Machalinski c. Sucesores de López s. Reivindicación”, Ex. 114.064 (sentencia del 27/08/13), se trata de una interpretación rígida – sostenida en su momento por Salvat – que fue superada por un fallo plenario de la C.N.Civ. de la Capital y por la jurisprudencia de la S.C.B.A. y la mayoría de los tribunales del país.” (la negrita es nuestra).
En ese sentido, el magistrado reseñó, entre otros, el plenario “Arcadini, Roque s. Sucesión c. Maleca, Carlos” del 11/11/58, donde se resolvió que “el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado escritura traslativa puede, aun antes de la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma”. (la negrita es nuestra). Asimismo, “más recientemente la S.C.B.A. ha avalado esta doctrina en la sentencia dictada en C 88.998, “Medina, Gladis Nelle c. Schumann, Osvaldo s. Reivindicación”, del 3/03/2010. En efecto, dijo en la misma la Dra. Kogan – quien votó en primer término –, con cita del art. 1444 del C.C. y de la nota de Vélez al art. 1445 (conf. Bueres- Highton, Código Civil comentado, t. 5, p. 837), que todo objeto incorporal, todo derecho sobre una cosa que se encuentre en el comercio era cesible, a menos que la causa fuera contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, lo que comprendía a las acciones reales.
Expresamente añadió que la doctrina en general estaba de acuerdo en admitir la legitimación del cesionario para intentar la acción de reivindicación, no siendo óbice para ello la exigencia de la tradición. “Se acepta, pues, – dijo – que pueda igualmente demandar sin haber recibido la tradición, por cuanto el cesionario se coloca en el lugar del cedente, ejercita los derechos y acciones que le correspondían al transmitente, de modo que basta que este último reúna todos los requisitos necesarios para la procedencia de la acción, ya que el cesionario demanda en base a la posesión que tuvo y perdió aquel”. Si bien el resultado final del fallo fue distinto al propiciado por la Dra. Kogan, ello fue por otras razones, no habiendo mediado entre los ministros discrepancias en cuanto a lo referido (ver voto del Dr.
Hitters, que conformó la mayoría).” (la negrita es nuestra)- Agrega a sus argumentos el camarista “la clara sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Junín dictada en la causa n° 42.864, “Ridolfi c. Ballesteros s/ Reivindicación” del 25/09/08 (voto del Dr. Juan José Guardiola) en el sentido de que es de innegable aplicación el art. 2790 del C.C.: “… se presume – salvo prueba en contrario … – que el transmitente, quien lo precedió, era propietario y poseedor de la heredad que se reivindica; y aunque el actor nunca haya sido poseedor por cuanto, en virtud de la cesibilidad de la acción (art. 1444 y notas de los arts. 1445 y 2109) se la considera tácitamente cedida en cada acto de enajenación que compone la cadena, sin requerirse para ello la tradición” (con cita de Claudio Kipper, Beatriz Areán y Jorge Alterini).” (la negrita es nuestra).
Por lo anterior, “(n)o cabe duda, entonces, que el actor tiene legitimación suficiente para accionar por reivindicación (art. 2758 y ss. C.C.).” Por otro lado, “la circunstancia de que los accionados sean poseedores del inmueble es totalmente irrelevante respecto del progreso” de la acción, “dado que, precisamente la acción de reivindicación es la que ejerce el propietario del bien contra quien se encuentra en posesión del mismo (art. 2758 C.C.; esta Sala, causas n° 114.064 del 27/08/13, 115.939 del 26/10/16, 116.049 del 29/12/16 y 116.099 del 14/02/17, entre otras.).” (la negrita es nuestra) (Así lo resolvió la Sala I, de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, el 20 de noviembre del año 2.019 en los autos: “BARBETTI BERNARDO ANDRES C/ MARQUEZ DIEGO HERNAN Y OTRO/A S/REIVINDICACION”).
Además, la actora al promover la acción reivindicatoria se subroga tácitamente en todos los derechos de garantía que tuvieren en la posesión de la cosa sus antecesores en el dominio, desde la fecha de su título, lo que basta como sucesor singular para ampararse en los derechos de sus antecesores para reivindicar.
En los autos: Grossi c/ Peña de Cés s/ reivindicación” la Cámara, Sala I, de La Plata, causa 80654, sostuvo la tesis más amplia al interpretar el art. 2790, afirmando que el autor del título presentado por el actor, no es solo el antecesor inmediato, sino todos los antecesores, hasta llegar al primero que lo hubo cuando el inmueble salió el dominio público. La suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As., confirmó el fallo (L.L. 89-88, cit. por Levitan, en Prescripción adquisitiva de dominio, Astrea. Año 1979, págs. 302/3). Los actos posesorios recientes de los demandados resultan inconducentes, los cuales no obstan al acogimiento de la demanda interpuesta por la parte actora (art. 2758 del Cód. Civ.).
La actora se encontraba en posesión del inmueble desde el 10 de junio de 1991 y fue ocupado ilegítimamente por los demandados en el año 2.005 (art. 2355 del Cód. Civ.).
Queda desvirtuado el hecho alegado por los accionados, de haber adquirido el bien de los titulares propietarios del mismo, toda vez que ello no fue acreditado. Tampoco han probado los supuestos invocados de regularización dominial de la ley 24.374 que articularan oportunamente, sin éxito alguno (arts. 375 y 384 del Cód. Proc.).
Por lo tanto y por todas las consideraciones expuestas precedentemente la actora se encuentra legitimada activamente para reivindicar la cosa objeto de este pleito y los accionados están legitimados pasivamente para ser demandados con obligación y el deber legal de restituir a su dueño o propietario el bien inmueble que se ordena reivindicar (arts. 2758 y 2774 del Cód. Civ.).
En síntesis, por todas las consideraciones legales expuestas y valoración de la prueba producida en autos, corresponde confirmar la sentencia de Primera Instancia, con imposición de costas a los demandaos perdidosos.
VI. Las mejoras En nuestro ordenamiento procesal civil y comercial tiene acogida (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del C.P.C.C.), el principio de congruencia procesal que impone a los órganos jurisdiccionales –Jueces y magistrados- observar una adecuada correspondencia entre las postulaciones básicas articuladas por las partes en la litis y la sentencia que las dirime. El juez o tribunal debe pronunciarse sobre lo que se pide, esto es, sobre las pretensiones sometidas a su decisión, más sólo sobre éstas y a la vez, debe basar su pronunciamiento judicial en todos los elementos de hecho aportados por las partes en el juicio, en apoyo de las formulaciones hechas valer por las contendientes, sin acudir en principio a otros (arts. 18 de la C. N. y 15 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.).
A propósito de ello, los demandados no sometieron a consideración de la instancia de origen, el tema del reconocimiento judicial de las posibles mejoras realizadas en el predio objeto de este proceso de reivindicación, pues no reconvinieron, ni contrademandaron ni tampoco demandaron, a pesar de que el Sr. Juez colega de la instancia de origen, se los hizo saber y así lo resolvió. Sin embargo, los accionados vuelven a insistir sobre dicho tema en el escrito de agravios. En tal sentido resuelvo que dicha petición y agravios deben rechazarse, con costas.
Asimismo respecto a este acápite, los demandados se agravian de la pretensión de la actora solicitando que se restituya el inmueble (el lote) con las mejoras realizadas en el mismo. . Destaco que ello fue propuesto a la decisión del Sr. Juez de Primera Instancia en el escrito de incio de demanda, en el cual a fs. 51 textualmente dicen: “Se condene a los demandados a restituir la posesión del inmueble (…) con todas las mejoras introducidas…”. En tal sentido S. S. resolvió correctamente aplicando el principio de accesión previsto en el art. 2571 del Cód. Civ., al disponer que al revestir el accionante ser propietario del inmueble objeto de autos, adquiere todas las edificaciones que acceden a él. En suma, estimo que corresponde confirmar esta parcela de la sentencia recurrida (art. 2315 y 2571 del Cód. Civ., y su conc. externo el art. 226 del C. C. y C. N.).
El planteo del rechazo de la demanda “in limine” formulado en el escrito de agravios por los accionados y su consecuente nulidad de todo lo actuado, deviene irrazonable, ilógico, inoportuno e improcedente desde el punto de vista jurídico, atendiendo al estado procesal de la presente causa, sin perjuicio de que el art. 336 del Cód. Proc., faculta a los jueces a rechazar de oficio las demandadas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Queda claro que es una facultad otorgada de oficio a los jueces, que será aplicada si corresponde, en la etapa de inicio del juicio y con la presentación de la demanda, considerando de que en este juicio quedó trabada la litis, se produjo la prueba ofrecida por las partes y se dictó sentencia. De este modo, también resulta improcedente el planteo de saneamiento.
Que atento al modo y forma de cómo se resuelven los agravios expuestos por los demandados y que, de acuerdo al presente voto en todo su contenido endógeno, el resto de las críticas al fallo devienen esencialmente inoficiosas su tratamiento, por considerar dichas quejas totalmente inconducentes, innecesarias e inútiles, por no constituir una crítica concreta y razonada jurídicamente de las partes del fallo que considere equivocadas (art. 260 del Cód. Proc.).
VIII. El plazo para desocupar el inmueble Que S. S. fijó en la parte resolutiva del fallo el plazo de diez (10) días para desocupar el inmueble.
Considero que este plazo es el que se aplica reiteradamente en los juicios de reivindicación a los efectos de la desocupación del inmueble y es un criterio legal y jurisprudencial pacífico y uniforme, fijado por todos los Tribunales. De allí que debe confirmarse esta parcela del fallo.
IX. Asistencia material a los niños en situación desahucio Regula legalmente el texto del art. 27 de la Convención Internacional de los Derechos del niño (Ley 23.849) que: “1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3.- Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. Que, de las actuaciones correspondientes a estos autos, se acredita la existencia de niños menores edad que habitan en el inmueble objeto de este juicio de reivindicación junto a los demandados, según da cuenta el informe de Secretaría realizado por esta Sala con fecha 21/12/2023 y constancias del expediente.
En su consecuencia y a los efectos de cumplir legalmente con las directivas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (como ley fundamental supranacional), corresponde darles a los mismos protección y asistencia material y social, a los efectos de garantizar sus derechos (art. 36 incisos: 1º, 2º, y 7º, de la Constitución de la Pcia. de Bs.As., y arts. 6º, 7º, 12º y 14º de la ley 13.298; y arts., 14, 14.1 (Integrantes del sistema de Promoción y Protección integral de so Derechos del Niño) y 14.2 (Atención prioritaria) del Decreto nº300 del 7/3/05 que reglamente la ley 13.298), debiéndose oficiar en la etapa de ejecución de la sentencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de Bs.As. y/o a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Matanza, a esos efectos indicados; vale decir, darles: “Asistencia social”, procurándoles brindar una vivienda habitacional, para no quedar en el desamparo en la oportunidad de ejecutarse el desahucio del inmueble de autos. Del mismo modo, se deja aclarado que en todos los casos, se continuará con el trámite requerido con el ente administrativo que dé, en primer término, respuesta positiva.
X. Las costas de Primera y Segunda instancia Finalmente, los apelantes se han quejado por la imposición de costas, solicitando sean impuestas en el orden causado.
Ahora bien, en materia de costas el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, dispone en su artículo 68 que: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
El principio de que la condena es requisito esencial para el pago de las costas permite, no obstante, un apartamiento de aquella pauta cuando el juez encontrare mérito para ello, debiendo expresar las razones que lo han llevado a resolver el punto de tal modo. (López Mesa, Marcelo J. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ed. La Ley. T. I. art. 68, pág. 655). Es decir, el supuesto de excepción que habilita el art. 68 del C.P.C.C. hace referencia a cuestiones de mérito que hacen a la convicción del juzgador al concluir que el vencido ha tenido razonables motivos para litigar, vale decir, la existencia de circunstancias particulares de la causa que permitan inferir que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado (CSJN, 9/12/93, LL, 1994-A-1250, Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de La Provincia de Buenos Aires, Comentado y Anotado, Editorial Astrea, año 2009, pág. 99).
Ahora bien, toda vez que de las constancias de autos surge que la parte actora ha logrado acreditar los presupuestos de la norma para que prospere la acción entablada en contra de los accionados y en virtud de las pruebas producidas, lo planteado en cuanto a las costas resulta improcedente. Pues como vemos, en el caso no existen cuestiones de mérito que hagan viable el apartamiento de este juzgador en lo que respecta a la imposición de costas y el principio general en la materia.
En consecuencia, estimo que las costas generadas en ambas Instancias deben ser impuestas a la parte demandada en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en que se resuelve. o (art. 68 del C.P.C.C.). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE MODIFIQUE la sentencia apelada de la siguiente manera: SE OFICIE en la etapa de ejecución de la sentencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y/o a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Matanza, con el objeto de dar protección material, legal, asistencial y habitacional a los niños ocupantes del inmueble, otorgándoles efectivo cumplimiento habitacional; dejándose aclarado que en todos los casos, se continuará con el trámite requerido con el ente administrativo que dé, en primer término respuesta positiva; 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas Instancias a la parte demandada en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en que se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
MODIFICAR la sentencia apelada de la siguiente manera: OFICIAR en la etapa de ejecución de la sentencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y/o a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Matanza, con el objeto de dar protección material, legal, asistencial y habitacional a los niños ocupantes del inmueble, otorgándoles efectivo cumplimiento habitacional; dejándose aclarado que en todos los casos, se continuará con el trámite requerido con el ente administrativo que dé, en primer término respuesta positiva; 2°) CONFIRMAR el resto la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) IMPONER las costas generadas en ambas Instancias a la parte demandada en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en que se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia