Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa LZ-25330-2012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia no es del todo justa y debe ser modificada.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES: 1) revócase la sentencia de fecha 26/09/25 en la parcela que fija el sistema de apoyo, debiendo modificarse esta en el sentido que se designa como sistema de apoyo del Sr. M.E.C (con D.N.I. ******) a su progenitora Sra. M.I.C (D.N.I ******) y a su hermano el Sr. M.A.C (D.N.I ******) de forma separada e indistinta para el ejercicio de todas las actividades diarias y cotidianas que lo requieran, autorizándose a los mismos a a gestionar y a percibir los haberes de pensión con sujeción a rendición de cuentas periódicas como así también a realizar tramitaciones necesarias ante la Obra Social que corresponda, manteniéndose lo dispuesto sobre la necesidad de autorización previa para los actos de administración extraordinaria y de disposición. 2) Costas de Alzada al causante.
C.M.E S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA
Exp: LZ-25330-2012 Jz Flia. N°8 (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa LZ-25330-2012, caratulada: "C.M.E S/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. Que el Sr. juez titular del Juzgado de Familia N°8 Dtal. dictó sentencia en fecha 26/09/25 haciendo lugar a la demanda de determinación de la capacidad jurídica promovida por la Sra. M.I.C con relación a su hijo el Sr. M.E.C. Asi, declaró restringida la capacidad jurídica de este y designó como su sistema de apoyo a la progenitora y a su hermano Sr. M.A.C "de forma conjunta y simultánea", para el ejercicio de todas las actividades diarias y cotidianas que lo requieran, autorizándolos a gestionar y percibir los haberes de pensión con sujeción a rendición de cuentas periódicas como también a realizar tramitaciones necesarias ante la Obra Social. Contra dicha sentencia los peticionantes interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio en fecha 01/10/25. Rechazada la revocatoria por auto del 02/10/25, se concedió el recurso de apelación subsidiario.
En fecha 13/10/25 se notificó el Sr. Defensor interviniente, haciendo lo propio la Asesoría Tutelar el día 14/10/25, quien a su vez, adhirió al recurso planteado.
Arribados los presentes a esta Alzada, se llamaron autos para dictar sentencia mediante proveído del 27/05/26 (conf. art. 270 del CPCC), el que se encuentra firma y consentido, y autoriza el dictado de la presente.
II. DE LOS AGRAVIOS.
II. i. De la actora:
En apretada síntesis, los peticionantes se agravian de la forma en que se estableció el sistema de apoyo en la sentencia dictada. Sostienen que establecer este sistema en forma conjunta y simultánea les causa agravio por cuanto las personas designadas en dicha función cuentan con distintos horarios y con tareas diferentes con relación al interesado, extremo que impide que sea ejercida en forma conjunta.
Por ello, solicitan se modifique la forma en que se dispuso el sistema de apoyo, estableciéndose el mismo en forma indistinta y separada.
III. CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS.
III. i. Ingresando en el análisis de la cuestión traída cabe recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad — con jerarquía constitucional conforme ley 27.044— produjo un cambio profundo en materia de discapacidad.
Se trata de un cambio de paradigma por el cual se dejó atrás el modelo médico o modelo médico rehabilitador para dar paso al modelo social de la discapacidad. Ello implica una nueva mirada sobre la forma de concebir la capacidad de las personas. Así, mientras que en el modelo médico la discapacidad surgía a partir del diagnóstico y su influencia sobre la posibilidad de ejercer actos jurídicos, en el nuevo sistema, la mirada se posa sobre las barreras sociales (arquitectónicas, actitudinales, jurídicas, etc.) que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
La clave del sistema se encuentra en el art. 12 de la Convención por cuanto este reconoce la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. En esa línea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resaltó que este reconocimiento implica tanto la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de derecho) como la de ejercer o actuar en derecho (capacidad de hecho). Es decir, las personas con discapacidad son actores jurídicos (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Obs. Gral. N°1, del 19/05/2014, CRPD/C/GC/1).
. Asi, el propio Comité instó a los Estados miembros a dejar de negar la capacidad por motivos de discapacidad, debiendo limitar su intervención a proporcionar —en el caso que la persona lo necesite— el acceso a los apoyos adecuados.
Este cambio de paradigma impone a su vez una modificación en los modos de atender la discapacidad, debiendo dejarse de lado las viejas prácticas tutelares para incorporar el nuevo modelo de la toma de decisiones con apoyo.
III. ii. En este nuevo sistema ya no es posible negar la capacidad jurídica sino que —en su caso— se debe proporcionar a la persona que lo necesite el acceso a los apoyos adecuados a fin de tomar decisiones y actuar. Explica Bariffi que "el modelo de apoyos estipulado en la CDPD parte de la premisa de que la persona no necesita medida de protección que le prive del ejercicio de su capacidad jurídica. (...) Ello supone crear o adaptar herramientas que garanticen la accesibilidad universal a personas con discapacidad intelectual o psicosocial al ejercicio de la capacidad jurídica, es decir, a la toma de decisiones en nombre propio con los apoyos necesarios para cada persona" (Bariffi, F.., “Capacidad Jurídica y Discapacidad: Una visión del derecho comparado”, en Palacios, A. y Bariffi, F., Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos, Ediar, Buenos Aires, 2012, p. 317).
Y ello resulta el cambio fundamental en la materia, pues partiendo del reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, ya no es posible negar en forma discriminatoria la posibilidad de elegir y decidir por parte de las personas con discapacidad, sino que la intervención estatal debe limitarse a proveer el acceso a los apoyos que estas puedan necesitar. Cabe señalar que el Cód. Civ. y Com. también incorporó esta perspectiva, pues reguló un sistema de capacidad de las personas con discapacidad basado en el modelo de la toma de decisiones con apoyos. Así, el art. 32 prescribe: "El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida".
Entonces, uno de los grandes cambios en la materia es el pasaje de un modelo tutelar a un modelo de toma de decisiones con apoyos.
III. iii. Ahora bien, el apoyo puede ser conceptualizado como "aquella persona, organismo o institución que, a través de la comprensión y la confianza de la persona, colabora en la toma de decisiones" (Iglesias, M. G., “Apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica”, en Palacios, A., Fernández, S. e Iglesias, M. G., Situaciones de discapacidad y Derechos Humanos, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2020, p. 256).
Desde este nuevo abordaje, en el cual se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sólo se debe garantizar el acceso a la asistencia que la persona pudiera necesitar. En consecuencia, los apoyos deben ser proporcionales a las necesidades de la persona y ser diseñados para cada caso concreto, teniendo en cuenta los requerimientos particulares en una situación y momento determinado.
Dicho ello, vale destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no otorga un concepto cerrado de "apoyo" sino que se trata de un término amplio que engloba distintos arreglos. Lo importante es que la figura del apoyo —a diferencia del anterior de la curatela— presenta un formato flexible que permite su adecuación a la persona y situación. Por ello, resulta importante diferenciar los apoyos conforme el objetivo buscado, pudiendo estos adoptar distintas formas y actuar en diferentes ámbitos, desde aquel que prestan familiares o personas de confianza hasta sistemas de apoyo específicos para actividades económicas, de salud, educación, etc.
Asi se ha dicho que "Se trata de un sistema que exige una construcción individual, particular, acorde a la condición personal/contextual del protagonista, una construcción artesanal en que deben ensamblar adecuadamente el régimen de restricciones establecido y las funciones encomendadas a las figuras de apoyo..." (Fredes, P. y Camardón, F., "La libertad de elegir apoyos sin restricción a la capacidad: interpretación del art. 43 del Cód. Civ. y Com.", RDF N°117 (Noviembre 2024), p.44)
III. iv. En el caso, en fecha 21/04/25 se presentó el Sr. M.A.C solicitando ser designado sistema de apoyo de su hermano conjuntamente con su progenitora, requiriendo que este se fije "...en forma indistinta, ya que se complementan distribuyéndose las responsabilidades cotidianas para ayudar a M. en su asistencia diaria, tratamiento médico, entre otras actividades, tratando de fomentar su autonomía y atendiendo su voluntad.". (pto. 1 escrito del 21/04/25).
A su vez, de la información sumaria prestada surge que M. participa de la asistencia en de su hermano (v. decl. adjuntas el 21/04/25). No obstante haberse efectuado la petición de sumar asistencia en forma "indistinta", en la sentencia de mérito se resolvió establecer un sistema de apoyo conjunto y simultáneo que, además de los inconvenientes indicados por los recurrentes, de la lógica apreciada desde la sana crítica permite advertir que, dicha modalidad, puede generar mayores conflictos que los que intenta evitar.
Por lo expuesto, y reiterando que el sistema de apoyo debe fijarse tomando en consideración la situación particular de cada persona involucrada en este tipo de procesos, entiendo que corresponde —y así lo he de proponer al Acuerdo— revocar la sentencia en la parcela que fija el sistema de apoyo, debiendo modificarse esta en el sentido que se designa como sistema de apoyo del Sr. M.E.C (con D.N.I. ******) a su progenitora Sra. M.I.C (D.N.I ******) y a su hermano el Sr. M.A.C (D.N.I ******) de forma separada e indistinta para el ejercicio de todas las actividades diarias y cotidianas que lo requieran, autorizándose a los mismos a a gestionar y a percibir los haberes de pensión con sujeción a rendición de cuentas periódicas como así también a realizar tramitaciones necesarias ante la Obra Social que corresponda, manteniéndose lo dispuesto sobre la necesidad de autorización previa para los actos de administración extraordinaria y de disposición.
En virtud de estas consideraciones —VOTO POR LA NEGATIVA— A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA NEGATIVA.-
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el Acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde 1°) revocar la sentencia de fecha 26/09/25 en la parcela que fija el sistema de apoyo, debiendo modificarse esta en el sentido que se designa como sistema de apoyo del Sr. M.E.C (con D.N.I. ******) a su progenitora Sra. M.I.C (D.N.I ******) y a su hermano el Sr. M.A.C (D.N.I ******) de forma separada e indistinta para el ejercicio de todas las actividades diarias y cotidianas que lo requieran, autorizándose a los mismos a a gestionar y a percibir los haberes de pensión con sujeción a rendición de cuentas periódicas como así también a realizar tramitaciones necesarias ante la Obra Social que corresponda, manteniéndose lo dispuesto sobre la necesidad de autorización previa para los actos de administración extraordinaria y de disposición. Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por la causante (art. 68 y 628 CPCC).-
-ASI LO VOTO-
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.-
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente -S E N T E N C I A- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia no es del todo justa y debe ser modificada.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES: 1) revócase la sentencia de fecha 26/09/25 en la parcela que fija el sistema de apoyo, debiendo modificarse esta en el sentido que se designa como sistema de apoyo del Sr. M.E.C (con D.N.I. ******) a su progenitora Sra. M.I.C (D.N.I ******) y a su hermano el Sr. M.A.C (D.N.I ******) de forma separada e indistinta para el ejercicio de todas las actividades diarias y cotidianas que lo requieran, autorizándose a los mismos a a gestionar y a percibir los haberes de pensión con sujeción a rendición de cuentas periódicas como así también a realizar tramitaciones necesarias ante la Obra Social que corresponda, manteniéndose lo dispuesto sobre la necesidad de autorización previa para los actos de administración extraordinaria y de disposición. 2) Costas de Alzada al causante. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia