Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 40.000
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) SE ADMITAN los agravios incoados por la parte actora y en consecuencia: 1°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000) 2°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño psicológico” a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($5.634.000) 3°) SE APLIQUEN INTERESES desde la fecha de mora fijada precedentemente -23 de febrero de 2006- al 6% anual hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, que resulta ser la fecha del dictado de la presente sentencia. (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago. 4°) SE CONFIRME todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN las costas de Alzada al demandado vencido 6°) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de Alzada para el momento procesal oportuno.
LM - 40000 - 2014 - G.V.R.A C/ G.D.R S/ DAÑOS Y PERJUICIOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "G.V.R.A C/ G.D.R S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
LM-40000-2014 JUZ. CIV. Y COM. N°4
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “G.V.R.A C/ G.D.R S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” LM-40000-2014 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA - PEREZ CATELLA - TARABORRELLI resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL DR. RAMON
DOMINGO POSCA dijo:
I. Los antecedentes del caso El señor Juez de grado resolvió hacer lugar a la demanda instaurada, y en consecuencia, condenó a R.D.G, a que abonara dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia, a N.B.V -en representación de su hija menor de edad R.A.G.V- la suma de pesos un millón novecientos noventa y seis mil ($1.996.000.-), sin aplicar intereses conforme lo analizado en el punto V de los considerandos. Asimismo, impuso las costas del proceso al demandado en virtud de la derrota obtenida (art. 68 del CPCC) y. difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
En virtud de la mayoría de edad adquirida, citó a R.A.G.V a que tome intervención en autos y notificó a la Asesoría interviniente el cese de su actuación.
Frente a tal pronunciamiento, R.A.G.V -con el patrocinio letrado del Dr. Mario Moisés Korb- interpuso recurso de apelación con fecha 21/9/2022, el cual fue concedido libremente en fecha 21/4/2023. Radicada la presente causa ante esta Sala Primera con fecha 22/6/2023, el 4/7/2023 la actora expresó agravios. Con fecha 3/8/2023 se llamó a expresar agravios y se tuvo presente la fundamentación vertida con anterioridad.
Se corrió traslado de la expresión de agravios con fecha 16/8/2023, el cual no mereció respuesta por el demandado.
Finalmente, se dictó el llamamiento de Autos para Sentencia (Art. 263 CPCC) el 20/9/2023 y se realizó el sorteo de votación de orden de estudio de la presente el 30/10/2023.
II. Los agravios.
II. 1 Los agravios expresados por la parte actora.
Primer Agravio: Daño Moral.
Se agravia en que el juez de grado no haya tenido en cuenta la edad y circunstancias personales de la actora y las secuelas que la conducta del demandado le han generado a nivel espiritual, como sentimientos de desvalorización, de insuficiencia e inseguridad relacionados con los sentimientos de despojo de la accionante en comparación con sus hermanos los cuales siempre han llevado el apellido paterno. Sostiene que el sentenciante de grado no ha valorado la pericia psicológica que señala que la falta de reconocimiento por parte de su padre la ha ubicado como alguien no valorado, descartado, no reconocido, despojado de un apellido, presentando un cuadro de angustia que impregna mi personalidad y que dificulta la integración de su personalidad.
Expone que el juez de grado "no ha reparado a la hora de determinar el daño moral en situaciones como la presente tales como: a) la edad del menor, subrayando la relevancia de encontrarse la misma en la etapa de la adolescencia; b) el plazo transcurrido en la negativa paterna, señalando que al respecto los tribunales han considerado que cuanto mayor sea el plazo de negativa paterna al reconocer al hijo, mayor será el daño que se produzca y por lo tanto mayor será el monto de condena; c) la actitud del padre en el proceso, destacando que mayor es el daño en los casos en que se advierte una actitud omisiva en el proceso; f) el daño psicológico, que debe ser demostrado mediante pericia psicológica para ser considerado en la cuantificación del daño moral; g) la asistencia del niño a la escuela; h) la situación social de las partes."
Relata que el progenitor no se ha presentado en el proceso judicial sobre filiación, con lo cual pone en manifiesta el desinterés hacia ella. Considera que esta pretensión se sustenta con el fin de que la víctima del injusto reciba una suma dineraria que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida. Cita jurisprudencia al respecto.
Segundo Agravio: Daño Psicológico.
Cita parte del dictamen de la pericia psicológica realizada a la actora, desprendiéndose del mismo que la Srta. G.V se encuentra sufriendo un trastorno de ansiedad generalizada. Se resalta que las consecuencias psíquicas aún no tramitadas configuran en la actualidad un síndrome ansioso reactivo, estimándose un 15% de incapacidad psíquica por síndrome ansioso reactivo. Se sostiene que parar superar el mismo, la actora deberá someterse a un tratamiento psicológico.
Se agravia en que al momento de dictar sentencia el magistrado afirma que el valor de la consulta psicológica es de $2000, y en su consecuencia fija el rubro, estableciendo un monto fijo por sesión sin tener en cuenta que dicho monto, se corresponde con el mínimo estipulado por el Colegio de Psicólogos, y siendo que tampoco contempla el índice de inflación proyectado en el término de un año, que es el plazo de duración del tratamiento que establece la perito psicóloga.
Tercer Agravio: Intereses.
Se agravia en que la sentencia no establece el cómputo de intereses. Considera que nos encontramos frente a una deuda de valor, donde la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda, sino que solo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor o actora, un valor o utilidad comprometido por el deudor o demandado, un valor abstracto que ha de ser determinado en algún momento en una suma de dinero. En virtud de ello, corresponde una flexibilización del principio de congruencia en aras de otros principios de igualdad o mayor jerarquía, dada la especial materia de discusión. Cita jurisprudencia y doctrina al respecto. Continúa señalando que la falta de reconocimiento del progenitor constituye un hecho ilícito que genera su responsabilidad civil, con fundamento en la conculcación del derecho subjetivo del hijo a su identidad biológica lo que posee sustento constitucional, considerando que termina siendo incuestionable que la falta de reconocimiento voluntario constituye un obrar ilícito que vulnera el derecho del hijo de ser emplazado en el estado de familia que corresponde a su filiación, cuya violación es fuente de resarcimiento en los términos del art. 1738 del Cód. Civ. y Com. A su vez, expone que, sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a los principios de eventualidad y subsidiariedad procesal, para el supuesto de no compartirse la solución antes expuesta, solicita que se estipulen los intereses a la sentencia dispuesta en autos y fije la mora en la fecha en que el demandado recibió la notificación de la acción de filiación.
III. Introducción a la cuestión debatida. La responsabilidad civil en los procesos de familia. El análisis de la cuestión bajo la perspectiva de los Derechos Humanos.
Vienen los presentes a esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Srita. A.R.G.V contra la cuantificación del daño moral y el daño psicológico por ella reclamado, así como la falta de adición de intereses al capital de condena, por el daño producido por su progenitor en virtud de la ausencia de reconocimiento filial.
En este contexto, el demandado, coherentemente con la actitud desaprensiva desplegada a lo largo del proceso -ver rebeldía dictada con fecha 24/08/2015- ha consentido la sentencia apelada, reconociendo en consecuencia la responsabilidad civil que le cabe por el hecho antijurídico de no haber efectuado el reconocimiento paterno.
En consecuencia, deviene firme a esta Alzada la sentencia apelada en cuanto el Sr. Juez de grado determina: “… arribo a la convicción que la aludida falta de reconocimiento del progenitor R.D.G constituyó un hecho ilícito que generó responsabilidad civil, conculcando como dijera derechos que importan una infracción al "deber de no dañar", al lesionar un interés jurídicamente protegido dando nacimiento a la obligación de reparar (arts. 254, 512, 906, 1068, 1074, 1078, 1109 del Código Civil; arts. 17, 75 inc. 22 de la C.N; Cfr. entre otros fallos CC0203 LP 114180 RSD-37-12 S 17/05/2012, según base de datos JUBA)”
Adelanto que los elementos probatorios que han sido determinantes para configurar la responsabilidad civil del accionado, serán también fundamentales para evaluar los agravios en contraste con la solución propuesta en la instancia de origen, tal como examinaré a continuación. Por otra parte, considero que en la solución del presente y por la naturaleza de la cuestión debatida – responsabilidad civil nacida por la falta de reconocimiento paterno- cobra especial protagonismo el diálogo de fuentes, consagrado en el art. 1 del CCCN, aplicable como fuente de doctrina en virtud de devenir firme a esta Alzada la aplicación del Código Civil. El fundamento de esta premisa reposa en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma del año 1994, cuya aplicación en el ámbito local exige compatibilizar las normar internas con los principios provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ello implica, no sólo juzgar con perspectiva de género, sino considerar también el amplio abanico de los derechos tutelados en las diferentes normativas a las cuales el Estado argentino adhiere, en pos de garantizar su tutela efectiva.
Por otra parte, corresponde señalar que, si bien deviene firme a esta Alzada la aplicación del Código Civil en cuanto a la determinación de la responsabilidad del caso, para la cuantificación de los daños, considerando lo normado por el art. 7° del CCCN y por tratarse de "consecuencias no agotadas" o "no consumidas" de hechos ya sucedidos, habrá de aplicarse el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo tiene unánimemente resuelto la doctrina y jurisprudencia. (S.C.B.A., Ac. C. 107.423, in re "Díaz, Manuel S. c/ Dirección de Educación Media y Técnica y Agraria s/ Daños y perjuicios", sentencia del 2 de marzo de 2011 en Cuadernos de Doctrina Legal, Número Tres, Aplicación de la nueva ley a situaciones y procesos en curso, La Plata, 2015, pp. 19 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", segunda parte, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016) (conf. Sala Segunda Cam Civ y Com Azul en autos "F., M. c/ E., J. J. s/ Daños y Perjuicios Extracontractual Exc. Autom./Estado" (Causa Nº 69.231), sentencia del 16/05/2023)
III.1 El daño moral.
El Sr. Juez de grado cuantificó el rubro en la suma de $1.000.000, monto considerado insuficiente por la apelante, a tenor de los argumentos referidos en sus agravios. El demandado consintió el rubro.
Debe considerarse el daño moral como la lesión a derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como de padecimientos físicos que los originen o espirituales relacionados causalmente con el hecho ilícito, aunque no es referible a cualquier perturbación del ánimo, y basta para su admisibilidad la certeza de que existió, siendo su naturaleza de carácter resarcitoria pues no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 CCiv.) y su estimación se encuentra sujeta a prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues depende de la índole del hecho generador. (CC0102 LP RSD 149-98 cit. en JUBA 7)
La jurisprudencia es conteste en reconocer el daño moral en casos como el que nos ocupa. Al respecto se ha dicho: “Resulta indudable el derecho que desde su nacimiento tiene el hijo a ser reconocido por su padre para, de ese modo, obtener el emplazamiento en el estado de familia que le corresponde; y en consecuencia de ello es que se hallan tutelados los derechos extrapatrimoniales del menor vinculados a su emplazamiento en el estado de hijo; por tanto, la violación de estos derechos permite accionar por resarcimiento del daño moral sufrido, y dicha directiva se ha mantenido en los sucesivos cambios en el derecho positivo argentino, proyectándose hoy en la ley 23.264, de la cual se infiere la existencia de un derecho subjetivo de toda persona al reconocimiento de parte de quien ha sido su progenitor biológico, de allí que la actitud del progenitor de omitir negligentemente el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, importa una conducta culposa con idoneidad para generar daño moral. Y, no otra cosa que conducta culposa es la de quien ... ha dejado pasar más de veinte años desde el nacimiento de su hija... sin cumplir voluntariamente la obligación de reconocer la filiación extramatrimonial...", emplazándola en el estado de familia que le correspondía y, por ende, otorgándole el derecho que a ello le confiere la normativa legal (arts. 31 y 75 C.N; 247, 251, 254, 255 del Código Civil; Convención de los Derechos del Niño -ley 23.849-, arts. 7° y 8°; "Convención Americana sobre Derechos Humanos" -Pacto de San José de Costa Rica-, ley 23.054, arts. 17 y 18)” (CC0203 LP 114180 RSD-37-12 S 17/05/2012 H., S. M. c/C., J. s/Daños y Perjuicios JUBA B355716)
En este sentido, el Sr. Juez de grado citando un voto del Dr. Galdós sostuvo: “Habiendo quedado establecido que la negativa del demandado al reconocimiento de la paternidad alegada ha sido injustificada, el agravio moral padecido por la actora debe ser resarcido, pues aquella negativa infundada da nacimiento a su responsabilidad. La prueba de tal padecimiento se presume "in re ipsa", quedando a cargo de quien niega la existencia del daño la acreditación sobre la configuración de las circunstancias que lo excluyan" (Cfr. CC0002 AZ 51254 RSD-186-8 S 29/12/2008, según base de datos JUBA).” (ver sentencia apelada) También se ha dicho: “Lo que se indemniza en este tipo de juicios - Filiación, Daño moral - son las aflicciones, sufrimientos o perturbaciones en los sentimientos que se derivan de la falta de conocimiento de la propia identidad de no ser considerado en el ámbito de las relaciones humanas (v.g. en el colegio) como hijo de padre conocido, y aquello que es consecuencia directa de la conducta omisiva, quedando fuera de su comprensión el desamor o carencia de afecto, en el que tanto puede incurrir en padre que no ha reconocido a su hijo como quién lo ha hecho. También queda excluido lo que hace a las necesidades materiales, que si hubiesen dado ocasión a gastos afrontados por la madre dan lugar a una acción de resarcimiento en tal sentido, o en su caso, a un reclamo por alimentos.” (CC0001 ME 108785 RSD-172-4 S 30/09/2004 H.E.N. c/N.H.V. s/Filiación extramatrimonial - Daño Moral JUBA B600117)
Se ha expresado que "...en cuanto a la determinación del daño moral y la determinación de su cuantía corresponde tener en cuenta los siguientes elementos: la indemnización debida con causa en el daño moral tiene carácter resarcitorio, ella debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, ha de tenerse en cuenta la gravedad del ilícito cometido, no es preciso que guarde relación con el daño material ni con otros daños que se reclamen, en síntesis, hay que tener en cuenta el carácter resarcitorio, la índole del hecho generador, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a este, por lo que en definitiva queda librado a un prudente arbitrio judicial (CC01 SI RSD 391-96 cit en JUBA 7), circunstancias también tenidas en cuenta por el Sr. Juez de grado.
El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica - prueba in re ipsa - y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral (SCBA L 36489 cit en JUBA 7); (Arts. 1078 CC; 165 CPCC). En el caso concreto, como hemos señalado, la ausencia del demandado en el proceso ha signado el marco procesal de los presentes por fuera de toda circunstancia que contradiga el daño cierto en relación al padecimiento espiritual de la actora. (arg. art. 59 y 384 CPCC) En este contexto, debemos tener en cuenta que, en la responsabilidad civil originada en las relaciones de familia, el daño moral adquiere singulares características, fruto del dialogo de fuentes, tal como viene señalando la doctrina y la jurisprudencia. En esta línea, en cuanto a la entidad cualitativa del daño, el que se acredita in re ipsa, pueden resumirse los elementos que permiten tal acreditación en el siguiente compendio: el derecho a conocer y gozar de la identidad personal estática (emplazamiento paterno-filial) y dinámica (uso del nombre - art. 11, ley 26.061); la verdad biológica (arts. 7 y 8 de la CDN), la frustración del proyecto de vida familiar y la formación de la personalidad (arts. 3, 17, 18, 19, 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 6, 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). (conf. Cam.Civ y Com Mar del Plata, Sala III en autos "M. V. C/ B. M. S/ MATERIA DE OTRO FUERO" EXPTE. N° 174938. Juzgado Familia No 2., sentencia del 29/11/2022) La hermenéutica expuesta es la que ha seguido el Sr. Juez de grado para valorar el rubro.
En la causa “M.V.C” citada, siguiendo a los Dra. Nora Lloveras y al Dr. Sebastián Monjo, se ha dicho "...La falta de reconocimiento voluntario del hijo expone al sujeto vulnerable (niño, niña o adolescente) a padecer necesidades insatisfechas. Esa conducta contraría el interés superior, preferente y prevalente del NNA. Entonces, los padres deben actuar con previsión, prudencia y pleno conocimiento de las cosas, ya que, en caso contrario, mayor será su responsabilidad frente a daños sufridos por los menores..." (Lloveras , N. - Monjo, S.; El daño extrapatrimonial en las relaciones de Familia, en Revista de Derecho de Daños, Responsabilidad por daño no patrimonial, 2018-3, Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe., 2018, pág. 230).
Como ya adelanté, el presente impone el análisis de la cuestión debatida bajo una obligada perspectiva de género.
Como ya sostuve en la causa “B.M. c/ C.P s/ Desalojo” Expte LM 46126/2016 con fecha 26/5722, la SCBA, recogiendo la doctrina emanada de la corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero Vs. México”, ya ha establecido que juzgar con perspectiva de género es una obligación ineludible asumida internacionalmente por el estado argentino (SCBA, causa P. 133.042, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa n° 95.429 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Cejas, César Fabián") En esta línea, diré en primer lugar que juzgar con perspectiva de género implica dar cumplimiento con las normas locales e internacionales en materia de género, efectuando un debido control de convencionalidad. Asimismo, implica tener en cuenta el principio de razonabilidad en tensión con las categorías sospechosas para analizar los supuestos en donde se justifica la inversión de la carga de la prueba, conforme las directrices emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta postura que pretendo asumir, trasciende lo legal y constituye un compromiso activo con un cambio cultural urgente que revela las necesidades que la categoría género demanda desde un punto de vista interseccional (Facio, Alda ENGENERANDO NUESTRAS PERSPECTIVAS. Otras Miradas [en linea]. 2002, 2(2), 49-79[fecha de Consulta 3 de Mayo de 2022]. ISSN: 1317-5904. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18320201)
Todo ello se orienta a cuestionar también la caracterización neutral y objetiva del derecho para -de ese modo- explicitar desde que paradigma interpreta la norma quien juzga (conf. Costa, Malena (2016), “Feminismos jurídicos”, Ediciones Didot, Buenos Aires).
El criterio expuesto, ha sido apoyado en un precedente de similares características al debate que este expediente nos propone, en donde se ha señalado: “Anticipo entonces, que la presente causa será juzgada no sólo con perspectiva de género, sino considerando los prejuicios socioculturales que en la época de nacimiento de la actora (1992) todavía subsistían en nuestra sociedad respecto de los "hijos de madre soltera" y que, treinta años después, afortunadamente y con la generalización y reconocimiento de los distintos tipos de familias que existen, incluso monoparentales, constituidas por dos progenitores del mismo género, o lo que es más frecuente en la actualidad, hijos de parejas convivientes que han decidido formar una familia sin contraer matrimonio, han desaparecido. Lo cual no impide tener en cuenta que la actora, en su más corta edad, puede haber sufrido discriminaciones en tal sentido.
A ello cabe añadir que juzgar con perspectiva de género es un deber impuesto a los jueces, con independencia del planteo de las partes. En este sentido, se ha dicho que: "El poder judicial tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, el cual se desprende de una aplicación armónica de diversas normas internacionales y locales, entre las que se destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ("Belem Do Pará"), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW"), la ley 26.485 -destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres- y el propio Código Civil y Comercial. Juzgar con perspectiva de género, implica, entonces, el esfuerzo intelectual de comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y varones para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad. Como bien señala la doctrina especializada, la perspectiva de género debe ser aplicada aun cuando las partes involucradas en un caso no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso del proceso" (cfr. Cám. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala 2, causa nro. 174.213, sent. del 29/12/2022 "Pérez c/ Sucesores")”
De manera que la perspectiva de género constituye una insoslayable mirada en pos de desnudar -y en su caso compensar- la real asimetría que pueda subyacer entre las partes de un conflicto, "dejando de lado estereotipos socio-culturales fuertemente arraigados, que permita (…) arribar así a una justa composición del litigio que sea receptiva del nuevo paradigma en la materia (arts. 2, 5, 11, 16 y ccs. de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" - C.E.D.A.W.-, ratificada por ley 23.179; art. 75 inc. 22, C.N.; arts. 1, 3 incs. c y j, 4, 5 inc. 4 y ccs. de la "Ley de Protección Integral a las Mujeres", n° 26.485)" (esta Sala, causa nro. 64827, "Risso Silvina Alejandra…", sent. del 17/03/20)”. (conf. causa cit. F., M. c/ E., J. J. s/ Daños y Perjuicios Extracontractual)
En este contexto, cabe preguntarnos: ¿qué implica en el presente caso juzgar con perspectiva de género?. En primer lugar, adelanto que el género cobra relevancia en tanto concepto relacional, el que ha sido definido como: ““El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social (…) influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y varones” (Faur, E. Desafíos para la igualdad de género en la Argentina. - 1a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2008)
Partir de este supuesto, implica analizar las especiales características del caso dentro de una matriz social en donde las relaciones entre los hombres y las mujeres no son neutras en términos de poder y subordinación.
La aplicación de la perspectiva de género no deviene en el caso únicamente de la existencia de una reclamante mujer, sino de la matriz social en la que la sinergia de las relaciones entre hombres y mujeres evidencian una serie de repetidos comportamientos -con un claro sesgo de género- que terminan configurando familias monoparentales, tal como evidencia el caso concreto.
Recientemente, en nuestro país se ha comenzado a producir datos que dan cuenta de las dificultades propias de los hogares con jefaturas femeninas, como ha sido el caso de R.A, cuya única figura parental a lo largo de su vida ha sido su progenitora.
Estos datos, ilustran un comportamiento masculino particular en relación con las obligaciones parentales, que se evidencia en los presentes: en el 3er trimestre de 2022, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el Total Urbano, hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares monomarentales, es decir, con niños/as y sin presencia de cónyuge. Esto representa al 11,7% del total de hogares. (ver Sol Prieto, Rosario Podestá, María Eugenia Fernández Scarlato, Celina Santellán, Alan Mendoza, Luciana Kirjner en “Índice Crianza” marzo de 2023 Buenos Aires, Argentina, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/12/presentacion_indice _crianza__0.pdf)
Ta como expone el documento citado, las problemáticas de los hogares monomarentales “…no representan un caso excepcional, sino un fenómeno general en nuestro país. A su vez, en estos hogares viven más de 3.000.000 niños/as y adolescentes. La vida en estos hogares es difícil. Los ingresos de las jefas de hogar monomarentales son un 19,8% menores que los del resto de los hogares. Por eso, el 26,1% de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual, mientras que, en el resto de los hogares, esta situación alcanza al 20,2% de los/as jefes/as” (el destacado y subrayado me pertenece)
Las verdaderas implicancias económicas de la problemática se explican en función de los datos de la sexta ronda de la Encuesta rápida sobre la situación de la niñez y la adolescencia de UNICEF, citada en el documento mencionado, en donde se ha advertido que el 50,2% de los hogares en los que no vive la figura paterna, no se ha recibido dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos 6 meses, y el 12,0% sólo lo recibió algunos meses. Es decir, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma. En el caso concreto, la ausencia probada del progenitor de la reclamante ha venido acompañada de su desinterés frente al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, tal como remarca la apelante en sus agravios en cuanto afirma que el demandado “…no solo dejó sola a mi madre con la educación de una niña recién nacida, con todo lo que ello implica, sino también la subsistencia económica, situación que trajo aparejada que mi madre tuviera que realizar malabares para poder hacerse cargo de todas mis necesidades básicas” (ver expresión de agravios) El fenómeno de los avatares económicos de los hogares monomarentales se complejiza en función de la tasa de informalidad laboral que existe en los mismos: “Para cubrir estas necesidades, las mujeres jefas de hogar monomarental trabajan, y mucho, de manera remunerada. De acuerdo a la EPH Total Urbano al 3er trimestre 2022, la tasa de empleo de las mujeres jefas de hogares monomarentales es 26,6 puntos porcentuales más alta que la de las mujeres en general. Sin embargo, sus niveles de informalidad son más altos. Esto se debe, en parte, a que 2 de cada 10 de ellas se emplea como trabajadora de casa particular, que es el sector con mayores niveles de informalidad y menores salarios de toda la economía.” (ver “Índice crianza” cit.)
En síntesis, con las consideraciones expuestas y lejos de considerar que los hogares monomarentales constituyen categorías homogéneas, estamos en condiciones de construir una primera respuesta al interrogante guía que formulé en cuanto a qué implica aplicar perspectiva de género en el caso concreto. Esto es, poner de relieve el complejo entramado social en el que creció R.A al ser hija de un hogar monoparental con jefatura femenina por abandono paterno, el que se inserta en un fenómeno general del país, cuya existencia impone, por un lado la construcción de una solución razonablemente fundada que logre la reparación integral del daño y por el otro, la consideración de la sentencia en tanto dispositivo discursivo que vele por el cumplimiento de los compromisos internacionales para la remoción de los patrones socioculturales que consagran la discriminación sistemática de las mujeres (conf. CEDAW y Belem do Pará).
Lo que quiero decir, es que el abandono paterno, al trasladar toda la responsabilidad filial a la progenitora, afectó gravemente los derechos de la reclamante en autos, la que debió atravesar los estigmas y prejuicios sociales frente al modelo tradicional de familia, con una madre razonablemente agobiada frente a las tareas laborales y de cuidado que se encontraban, en forma exclusiva, a su cargo. Lo que plasma de forma contundente, la injusticia generada -y sostenida a lo largo de los años- por el Sr. D.R.G, de la que fuera víctima, ni más ni menos, que su hija R.A. La justicia comprometida con una verdadera transformación sociocultural hacia una sociedad más igualitaria, sin violencia y discriminación, no puede pasar por alto, en casos como el presente, la necesidad de evitar respuestas estereotipadas que no adviertan las verdaderas consecuencias de las conductas expuestas a la judicatura.
Ello de ningún modo se orienta hacia un fin punitivo, extraño a la naturaleza resarcitoria del rubro, sino que contribuye a desentrañar y así, comprender, las verdaderas aristas del sufrimiento moral que se evalúa en la partida resarcitoria, y como dije, otorgar una respuesta jurisdiccional suficientemente fundada (arg. art. 3 CCCN)
Más allá entonces, que la acción antijurídica hace presumir el daño, las cuestiones reseñadas dan dimensión al mismo. De este modo, examinaremos ahora los extremos para la cuantificación del rubro para evaluar si el monto de condena resulta insuficiente en virtud de las especiales características del caso.
Al respecto se ha señalado: “la reparación -en dinero de un daño extrapatrimonial será siempre imperfecta.mientras que en el daño patrimonial la valuación se averigua mediante un vínculo de equivalencia con la indemnización, la cual ingresa “en lugar” del perjuicio, en el daño moral la indemnización se decide sin ningún elemento que permita traducir la entidad de aquél en la magnitud de ésta, que se coloca “a su lado”. No media nexo demostrable entre la entidad del daño y la importancia de la condena, porque no puede haberlo entre un mal espiritual y un bien dinerario; debe afrontarse un salto sin puente que una los extremos” (Zavala de González, “Cuánto por daño moral”, LA LEY, 1998-E,1057).
Por esos motivos, doctrina y jurisprudencia planteaban distintos mecanismos para lograr la reparación integral de este daño, elaborando diferentes teorías a la hora de establecer sobre qué bases debía fijarse el monto indemnizatorio. Así, algunos propiciaban la valuación del daño en función de la gravedad de la culpa del responsable (para éstos el daño moral tenía una naturaleza punitiva y no resarcitoria); otros lo cuantificaban en un porcentaje del monto otorgado en concepto de daño patrimonial; otro sector consideraba que la valuación debía quedar sometida al criterio subjetivo y discrecional del juez, o teniendo en cuenta los importes otorgados en casos análogos; mientras, otros sostenían que debía efectuarse partiendo de la entidad objetiva del perjuicio.
Finalmente, en los últimos años, doctrina y jurisprudencia comenzaron a considerar que lo más adecuado era utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa (Ghersi, Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2002, pág.179/181). En otros términos, se propiciaba cuantificar el daño moral en función de los “placeres compensatorios” que las sumas concedidas pudiesen otorgar a la víctima. No se trata de hacer ingresar en el patrimonio del damnificado una cantidad equivalente al valor del dolor sufrido sino de procurar al lesionado otros goces que sustituyan lo perdido.
Este criterio, adoptado desde hace algunos años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (desde el año 1986 en “Santa Coloma”, donde refirió a un “activo intento” para “mitigar” el daño moral -Fallos: 308:1160- en adelante; “Baeza” del 24/12/11, entre otros), finalmente fue receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación, al establecer en el art. 1741, in fine, que el monto de la indemnización, por las consecuencias no patrimoniales, debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Nominación: V en autos “F. J. C. c/ G. R. A. s/ filiación” sentencia del 21 de abril de 2022 publicada en colección Fallos, Cita: MJ-JU-M-138021-AR|MJJ138021|MJJ138021)
En el mismo precedente, se ha señalado: “Y, cuanto mayor sea el daño moral, mayores -o más valiosas deberán ser las satisfacciones compensatorias que el juez tomará en consideración. Así, perjuicios menores serán resarcidos mediante importes que permitan procurarse pequeñas satisfacciones sustitutivas, mientras que los grandes menoscabos existenciales, requerirán tener en cuenta compensaciones importantes (Revista de Derecho de Daños, Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, 2021, 1, tomo I, p.405) (…) Lo que debe medirse en números no es el daño sino las satisfacciones que puede lograr cada indemnización (Revista citada p. 228).”
En síntesis, en el caso concreto, considerando las cuestiones legales, doctrinarias y jurisprudenciales señaladas, adelanto que asiste razón a la apelante en cuanto a lo reducido de la indemnización otorgada. La apelante en sus agravios sostiene que la falta de reconocimiento paterno ha mellado su espíritu de manera continua hasta el presente. Señala que en la pericia psicológica se ha determinada que “…la falta de reconocimiento por parte de mi padre me ha ubicado como alguien no valorado, descartado, no reconocido, despojado de un apellido, presentando un cuadro de angustia que impregna mi personalidad y que dificulta la integración de mi personalidad” (ver expresión de agravios.) El demandado rebelde ha quedado confeso en los términos del pliego obrante a fs. 353, en donde ha reconocido que jamás tuvo intenciones de vincularse con su hija (ver posición 6°). Ello es gravitante en la solución del caso.
En esta línea, considero que ha quedado plenamente acreditado, tanto de la valoración integral de la prueba producida -que ha sido reproducida en la sentencia apelada- como de los efectos propios de la contumasia que se proyectan al reconocimiento de los hechos alegados por la actora, que el demandado no cumplió con los deberes emergentes de la responsabilidad parental y que ello produjo un daño de singulares características en la vida de la actora, afectando gravemente su salud psico-físico-social en relación a las diversas facetas de su derecho a la identidad.
La actitud plasmada tanto en la causa LM 28039/2005 sobre filiación como en los presentes, no hacen más que evidenciar la conducta dolosa del demandado en completo desinterés por el derecho a la identidad de R.A.
Las consecuencias de dicho incumplimiento son evidentes a poco que se repase con un criterio humanista las vicisitudes a las que debió enfrentarse la reclamante a lo largo de su vida, con una figura parental completamente ausente, quien ni siquiera cumplió con los deberes legales que impone un procedimiento judicial, tal como ha demostrado con su ausencia en el expediente por el reclamo filiatorio y en el presente, lo que ha llevado a la apelante a demostrar, con acierto, que la actitud omisiva del demandado repercute directamente en el daño reclamado, reactualizando el abandono en diversos escenarios.
En este contexto, repasaré las constancias de autos que ponen de relieve la magnitud del daño. Veamos: La apelante, asistida por su progenitora en los comienzos de la tramitación del expediente, en virtud de su minoría de edad, reclamó los daños y perjuicios padecidos por la falta de reconocimiento del padre de la misma, señalando en su escrito liminar, que aún con la sentencia por el juez de familia el accionado continuó negándose terminantemente a reconocerla y por lo tanto a darle su apellido.
Con acierto, el Sr. Juez de grado se ha detenido en dicha circunstancia, para valorar la conducta asumida por el demandado, destacando que “Pues más allá de la cuestión procesal que importa su rebeldía, como lo mencionara precedentemente, es dable afirmar que si se pretende resarcir los daños que ocasiona la falta de reconocimiento oportuno de un padre a un hijo, su conducta omisiva frente a tal reclamo lo coloca también en una situación desventajosa. Tan es así que Nuestro Máximo Tribunal sostuvo que si bien el acto de reconocimiento es voluntario y unilateral, lo cierto es que la negativa infundada del padre genera efectos jurídicos (Cfr. fallo cit. CC0000 DO 85140 RSD-203-7 S 04/09/2007). Del mismo modo en otra oportunidad se expidió sosteniendo que la falta de reconocimiento por parte del progenitor se constituye en un hecho jurídico ilícito que genera responsabilidad civil y, por ende, derecho a la indemnización a favor del hijo afectado (Cfr. fallo C. 90.255, sent. del 19-IX- 2007; SCBA LP C 117806 S 01/06/2016, según base de datos JUBA).” (ver sentencia apelada)
En esta línea, considero significante la prueba aportada en relación a lo actuado en los autos caratulados: "V, R.A c/ G, R.D s/ Filiación" (Expte. Nro. 28039/2005) en trámite por ante el Juzgado de Familia Nro. 8 de este Departamento Judicial, que vienen por cuerda y se tienen a la vista, extremo que también ha sido analizado por el Juez de la instancia de origen, quien ha efectuado un detenido análisis de dichas actuaciones dando cuenta que: “…el reclamo filiatorio fue iniciado en fecha 27/12/05, tal lo que surge de la solicitud de trámite obrante a fs. 1, y que habiéndose citado al demandado, éste se limitó a comparecer sólo en la primera citación sin el pertinente patrocinio letrado (ver fs. 13 de dichos autos). Por ello, y ante las reiteradas incomparecencias del demandado es que se dió cierre a dicha etapa, radicándose la causa ante el Juzgado antes mencionado.
“Asimismo surge del relato de la demanda que la Sra. N.B.V, en su carácter de madre de la menor de edad R.A conoció al demandado a mediados del año 2002, refiriendo textualmente que: "...con quien luego de un simple amistad comenzamos un noviazgo que se sostuvo hasta el nacimiento de nuestra hija el 15 de mayo de 2004. Luego acaecido el nacimiento de nuestra hija el demandado comenzó a enfriar nuestra relación, haciéndome esporádicas visitas para dejar dinero para la niña, manifestándome que los contactos no era frecuentes pues ello lo comprometían frente a su esposa, hasta que dejó de contactarnos hacia mediados del año pasado....". A continuación dirigiéndose al Juez señaló: "...imaginará cuan doloroso para R.A no sólo la indiferencia de su progenitor para con ella, quien con su actitud evidencia su desprecio y desconocimiento hacia ella, sino que la circunstancia de no contar con el apellido paterno, la sitúa en una posición de niña discriminada, máxime entre sus menudas amistades y compañeros escolares, al portar sólo el apellido materno....". Y si bien se corrió el pertinente traslado de ley, el demandado no se presentó a contestar la demanda, por lo que se lo declaró en rebeldía (ver fs. 31 y 72 de dichos actuados). Así, se procedió a la apertura a prueba, produciéndose la prueba testimonial ofrecida por la parte actora de lo que da cuenta las actas obrantes a fs. 150 y 203. En cuanto a la prueba de histocompatibilidad inmunogenética, debo resaltar que la misma no se pudo llevar a cabo en virtud de la incomparecencia del demandado (ver fs. 169 del aludido proceso). Es así que se dictó sentencia en fecha10/12/2012 merituándose dichas circunstancias y haciendo lugar al reclamo por filiación entablado (ver fs. 205/206 y su aclaratoria de fs. 210).
Con dichas constancias, puedo tener por acreditado que el demandado, si bien compareció en la primera oportunidad en la que fue citado -en el año 2006 (ver fs. 13 de dichos autos por filiación)-, donde pudo haber tomado conocimiento de la cuestión que allí se debatía, decidió continuar el trámite en estado de rebeldía y luego, lo que no resulta un dato menor, no concurrió a realizarse los estudios de ADN (art. 375, 384 del CPCC).” (ver sentencia apelada)
Si bien las referencias anteriores sirvieron de sustento a la acreditación de los presupuestos necesarios para determinar la responsabilidad civil del demandado, no resultan cuestiones irrelevantes a la hora de mensurar el daño moral reclamado.
Como ya dije, la actitud desaprensiva del accionado en ambos procesos emprendidos por la actora, ponen al descubierto la falta total de interés del Sr. G en cuanto a los padecimientos morales que expone la actora al verse afectado gravemente su derecho a la identidad (art. 75 inc. 22 de la C.N., 7, 8 C.D.N., 3, 17, 18, 19, 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 6 Declaración Universal de Derechos Humanos) En este sentido, se ha sostenido: “Particularmente uno de los factores a considerar a la hora de mensurar el daño causado por el progenitor no reconociente, es su conducta omisiva persistente, no sólo desde el nacimiento y durante el juicio de filiación, sino también su rebeldía en el presente proceso de daños y su negativa a colaborar en el mismo; contribuyendo con ello a profundizar el dolor causado a su hija al "invisibilizarla" también durante ambos procesos.” (conf. vot F., M. C/ E., J. J. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL cit)
Tengo por acreditado que se ha conculcado el derecho subjetivo de la actora a su identidad biológica en los términos del art. 32 Pacto San José de Costa Rica (conf. criterio expuesto por S.C.B.A. 28/4/98 en LLBA, 1999-161 y 10/11/98 en JA, 1999-IV483).
La dimensión del daño, si bien es fácilmente presumible, se robustece en el caso a través de la declaración testimonial C.M.A, en la audiencia celebrada el día 6/6/16, en donde la testigo preguntada que fuera si… respondió “si, a ella le pesa que el padre no se haya hecho cargo” Por otra parte, sin perjuicio de no evaluarse en la presente partida resarcitoria la incapacidad psíquica, lo que será efectuado en el punto correspondiente, considero relevante el contenido de la entrevista diagnóstica mantenida con la experta, porque ilustra de las reales características del caso concreto. La actora refiere conocer a su padre por fotos y, aunque sabe dónde vive, refiere que nunca se animó a ir. La perito interviniente dio cuenta del alto grado de ansiedad que exponía la entrevistada al dar detalles del motivo de autos, destacando que la situación presente le resulta desagradable, sufriendo tensión producto del esfuerzo por encubrir la angustia: “Estas tensiones, como resultado de frustraciones, la han llevado a un estado agitado y ansioso (Luscher) trata de escapar de esta situación con una intensa actividad dirigida hacia el éxito personal (Luscher) (Bender) (…) La negación (fallida la mayoría de las veces, ya que nos encontramos ante un yo pobre, que no tiene suficientes elementos para responder) es su salida habitual a la situación que vive como muy estresante y agobiante, donde no hay defensa que alcance (PBLL- Desiderativo-DP).Se caracteriza por una intensa ansiedad encubierta (Bender-entrevistas)y por ser una jovencita imaginativa y sensible” (ver pericia del 27/12/2018)
Es dable presumir la magnitud del daño en virtud de las inseguridades que refleja la personalidad de la actora más allá de la incapacidad que aquello pudo producir, quien en la esfera extrapatrimonial, expuesta al abandono insensible de su progenitor, debió construir cómo pudo las herramientas emocionales a su alcance para hacer frente a los diferentes procesos evolutivos que transitó desde su niñez a su joven adultez actual.
Los escenarios a los que se vio expuesta desde su primera infancia, permiten presumir las angustias que debió enfrentar, por ejemplo. en el ámbito escolar, en donde otros compañeros contaban con figuras paternas y maternas presentes. (art. 163 inc. 5 CPCC)
En este contexto coincido con el Sr. Juez de grado en los parámetros utilizados para cuantificar el daño, a saber: “…la conducta asumida por el demandado, la edad de R.A.G.V, el tiempo desde que se iniciara el proceso de filiación como así el tiempo transcurrido desde que recayera en el mismo la sentencia (art. 375, 384 del CPCC; Cfr. CC0100 SN 12972 S 19/10/2017 según base de datos JUBA).” (ver sentencia apelada) No obstante, la jurisprudencia ha analizado otras variables, que resultan útiles para la cuantificación del rubro: “Agrega esta autora que ello no obsta a la posibilidad de establecer ciertas pautas objetivas a considerar a la hora de determinar el monto indemnizable; entre otras pautas recogidas por la jurisprudencia, se mencionan: a)La edad del niño y el especial impacto de la negación de la paternidad en la adolescencia, de modo que a mayor edad, se presume mayor daño; b)El plazo transcurrido desde la negativa al reconocimiento; c)La actitud del padre durante el proceso, en particular, su colaboración en la obtención de las pruebas y especialmente la prueba biológica; d)el perjuicio psicológico; e) la demora materna en iniciar la acción-que a criterio de la autora que citamos no debiera resultar atenuante para la responsabilidad paterna-; f)la inserción escolar del niño; g)el hecho de haber sido reconocido en las relaciones sociales como hijo del progenitor; h)La situación social y cultural de las partes; i)las implicancias de la falta de reconocimiento en cuanto a los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental; j)el desamparo producido por la carencia de una figura paterna cierta y responsable, que no puede ser suplido en forma ambivalente por la madre (aunque sobre este aspecto no es unánime el criterio, por comparación con otras familias monoparentales); k)la relación de causalidad entre el obrar ilícito y el daño; etc” (conf. vot F., M. C/ E., J. J. S/ Daños y Perjuicios Extracontractual cit)
En síntesis, considerándose que devienen firme a esta Alzada las pautas consideradas en la sentencia apelada por el demandado, y que la Srita. R.A.G.V nacida el 15 de mayo de 2004, representada por su progenitora, tenía 1 año de edad al iniciarse el proceso filiatorio, en el que recayó sentencia cuando ella tenía 8 años de edad, el 10 de diciembre de 2012 (ver fs. 205/206), quien contaba con 10 años de edad al haberse incoado la presente demanda y su edad actual -19 años-, su condición socioeconómica, con las características propias que imprimen los hogares monomarentales en la economía familiar en un mundo en donde la desigualdad estructural es la pauta, y las características propias del caso que han demostrado que durante toda su vida la Srita R.A encontró vulnerado su derecho a la identidad, entiendo que corresponde hacer lugar a los agravios esgrimidos, proponiendo ELEVAR el rubro a la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000) (art. 75 inc. 22 de la C.N., arts. 7, 8 C.D.N., arts. 5,17,19 y ccdtes de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 4, 5, 7, y ccdtes Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para"; arts. 1,2,3 y ccdtes CEDAW ; art. 174 CCCN; arts. 1, 2, 3 y ccdtes Ley Nacional N° 26.485; arts. 165, 384 y ccdtes CPCC)
II.2. El daño psicológico El rubro procede por la suma de $996.000 - monto resultante de manera específica de calcular la incapacidad psíquica en la suma de $900.000.- teniendo en cuenta el grado de incapacidad estimado por la experta del 15%, y la suma de $96.000.- por el tratamiento psicológico justipreciando el valor de la sesión a $2.000 durante 48 sesiones-. Ello resulta apelado por la actora por considerarlo reducido.
“El rubro indemnizatorio por incapacidad psíquica, tiene una naturaleza diferenciada de las demás minusvalías representando el daño psíquico una modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc. Por lo que resulta claro que no se lo debe vincular con la existencia o magnitud de las secuelas físicas producidas por un evento como el de autos.” (OBS. DEL SUMARIO: Tramitó en la SCJBA bajo el número 107.423 CC0001 LZ 64134 rsd-131-8 s 29-4-2008, “Díaz Manuel Sebastián C/ Dirección De Educación Media Técnica Y Agraria S/ Daños Y Perjuicios” b2551131 JUBA).
Interesa puntualizar que, quien ha sido mi colega de Sala, el Dr. Alonso ha expresado con sólidos fundamentos que: “La incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución de la capacidad vital, aún en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna”. (El subrayado pertenece al Dr. Alonso en la causa “Rocca, Darío Fabián c/ La Vecinal de La Matanza Sociedad Comercial e Industrial de Microómnibus y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 885/1, RSD Nº 64 FOLIO Nº 428 del 9 de agosto de 2007; (Conf mi voto en “Ruiz, Claudia Natalia y Otro c/ Miglia Vacca, Norberto Jorge y Otro s/ Daños y Perjuicios”, Expte. Nº 1889/1, R. S. D. Nº 120/10, del 30 de noviembre de 2010). Tampoco corresponde considerar a éste tipo de daño como un rubro autónomo al definir con certeza nuestra doctrina que no existe un tercer género de daños. La cuantificación por separado que puede formularse, no significa dotar de autonomía al daño psicológico y su consideración debe conformarse con el daño físico al resultar tal concepto de la integración al llamado daño a la salud que comprende el daño psicofísico. En todo caso la perturbación a la psique podrá ser fuente de daños de índole material o moral.
Reitero que el daño psicológico tiene incidencia en la disminución de la incapacidad psicofísica de la persona, por lo que la respuesta indemnizatoria no debe ser idéntica para todos los individuos, quienes evolucionan desde ámbitos diferentes y carecen de sinonimia. La condición social, la proyección de la persona en los diversos escenarios, sus proyectos y realizaciones, su sexo y edad, grado de incapacidad psicofísica y repercusiones en sus distintas actividades, constituyen entre otras pautas, la razonabilidad de la cuantificación del daño.
En este sentido, el daño “psíquico” no constituye una categoría autónoma. En todo caso la perturbación a la psique podrá ser fuente de daños de índole material o moral. (SCBA, Ac. 79.922 del 29-10-2003, “Domínguez, Francisco y otro c/ Junarsa S.A., Illescas, Néstor s/ Daños y Perjuicios”, B26968 JUBA). De modo que el daño “psíquico” no constituye un rubro autónomo puesto que integra el extenso campo de las incapacidades, admitiéndose tan solo su cuantificación por separado para una mejor apreciación de su incidencia en la incapacidad psicofísica.
Ahora bien, la diferencia sustancial existente entre el daño psíquico y el daño moral radica fundamentalmente en que este último atiende lo más íntimo de los sufrimientos físicos, psíquicos y afectivos sufridos por los demandantes, teniendo en cuenta la gravedad del hecho dañoso y sin guardar relación con la cuantía otorgada ya que queda librado a un prudente arbitrio judicial. Respecto al daño psíquico, ya he expresado que resulta de una perturbación a la psique, siendo ello una eventual fuente de daños de índole material (daño psicológico) o moral.
En la sentencia apelada se ha establecido que: “De la pertinente pericia psicológica de fecha 27/12/18, que valoro conforme las reglas de la sana crítica (art. 384 del Cód. Proc.), y de la cual no encuentro motivos para apartarme, a más de no haber sido cuestionada por las partes del modo que la ley prevee, se desprende que la experta concluyó, luego de evaluar a R.A que "...Del examen pericial se deduce que la actora actualmente se encuentra sufriendo un trastorno de ansiedad generalizada (según el DSM IV: F.41.0). Así, afirmó la misma que: "...La característica esencial de este tipo de trastornos es la aparición de un estado de ansiedad y preocupación excesivas sobre una amplia gama de acontecimientos. De acuerdo al DSM IV la jovencita R.G.V presenta síntomas coincidentes con varios de los criterios diagnósticos: 1-inquietud e impaciencia;2- fatigabilidad fácil, 3- dificultad para concentrarse 4- irritabilidad; 5- tensión muscular. Las consecuencias psíquicas aún no tramitadas configuran en la actualidad un síndrome ansioso reactivo...." - sic- (arts. 384, 474 del Cód. Proc.). Así, estimó la incapacidad de la peritada en: "...un 15% de incapacidad psíquica por síndrome ansioso reactivo ... -sic- . Por otra parte refirió que: "... Para superar este trastorno, debería someterse a un tratamiento psicológico que le permita superar la sintomatología descripta y poder así tramitar la situación de abandono de su padre. Es importante tener en cuenta que al recomendarse una terapia, se dan una duración y frecuencia estimadas, porque es imposible asegurar cuál va a ser el efecto terapéutico de la misma ya que éste depende de muchos factores que son imposibles de anticipar. Teniendo en cuenta esto y de acuerdo a mi experiencia clínica, considero que el tratamiento debería durar un año, a razón de una entrevista semanal..." (sic).
La pericia se encuentra suficientemente fundada (art. 474 CPCC) En relación al costo de la terapia psicológica, entiendo que el quantum otorgado resulta insuficiente. En efecto, considerando las pautas brindadas por la perito psicóloga en su experticia, y considerando el monto de $8.000 por sesión, ello aplicando las máximas de la experiencia que indican que aquel monto resulta el promedio en el que se ubica el costo de una sesión de psicoterapia, propondré elevar el rubro a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($384.000) monto resultante de calcular 12 meses de tratamiento con frecuencia semanal a un costo promedio de $8.000.
III. 2. A. Las pautas para la cuantificación del daño. La aplicación de fórmulas matemáticas.
Respecto de la utilización de fórmulas matemáticas, esta Sala viene sosteniendo que el intérprete no debe exclusivamente ceñirse a las mismas. El nuevo código civil y comercial requiere la determinación de un capital, de modo que sus rentas permitan compensar la incapacidad psicofísica. (Art. 1746). De ningún modo puede decirse que del texto literal se imponga la obligación de resolver su cometido mediante aplicación de una determinada fórmula financiera, al menos con exclusividad. Durante la vigencia del código civil, y aplicando el artículo 165 del CPCC, la jurisprudencia fue determinando un capital y admitiendo que para su alcance no resultaban suficientes los cálculos actuariales y los baremos del derecho laboral porque la indemnización afectaba a toda la vida de relación de la persona humana, no agotándose en consecuencia en el aspecto laboral las repercusiones del daño psicofísico.
En todo caso lo que interesa y de este modo debe interpretarse el artículo 1746 del Código Civil y Comercial de La Nación, es que los jueces den soluciones razonablemente fundadas (Art. 3° CCC), al establecer la cuantificación del daño, de modo que las partes puedan comprender el alcance de la indemnización y plantear su disconformidad desde bases ciertas aun con fundados disensos.
La doctrina y jurisprudencia han señalado: “En definitiva, “para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que estas puedan tener en su vida laborar y de relación”. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente”. (Fallos 320:1361; 325:1156 en Lorenzetti Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de La Nación” Comentado. Tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, p. 528)
La SCBA ha adoptado como criterio, reiterado en diversos pronunciamientos que “Para determinar el monto de la indemnización por incapacidad física sobreviniente, los jueces no se encuentran compelidos a adoptar fórmulas matemáticas u operaciones aritméticas, sino que en ejercicio de esta facultad, deben ponderar, según las constancias de la causa, las particulares condiciones de la víctima como su edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc “(SCBA LP C 118133 S 08/04/2015 L., M. F. contra Lattes, Gustavo Miguel y otros. Daños y perjuicios B4200953)
Siguiendo la misma línea, coincido con el Dr. De Lázzari –quien, si bien en minoría- ha señalado: “Nada impide que, al tiempo de fijar la indemnización de daños y perjuicios, se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación. Sin embargo, siempre deberá tenerse en cuenta que tales algoritmos no son indispensables y que los jueces (que no somos matemáticos del derecho) no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de un resarcimiento. Mucho menos cuando con aquel uso se pretende -como si fuera un idealuna exhibición de pureza racional y de asepsia valorativa, o -lo que sería peor- cuando con ello se intenta escamotear la tarea de juzgar realmente la conducta de los hombres o de escapar a las responsabilidades que ello implica.” (SCBA LP L 117653 S 14/02/2018 G.,M. S. contra C. ,H. y o. A. d. t. A. e. JUBA B5048306, el resaltado me pertenece).
En el mismo sentido: “El hecho de que los jueces no se encuentren obligados a recurrir a fórmulas matemáticas para cuantificar las indemnizaciones de daños y perjuicios, no implica vedar la utilización de dichas fórmulas, ni desconocer su eventual utilidad como una de entre las múltiples herramientas a las que pueden recurrir los magistrados para facilitar y objetivar la compleja labor referida. Empero, esa tarea no puede quedar escindida de la recta valoración de las especiales circunstancias verificadas en cada caso, a fin de arribar al importe que se estime más justo para reparar integralmente el daño injustamente sufrido por la víctima y recomponer su situación, en la mayor medida de lo posible, al estado anterior a la comisión del acto ilícito. (SCBA LP L 116477 S 23/12/2014 Rivas, Jorge Alberto contra Industria Manufacturera Argentina del plomo S.R.L. y otro. Daños y perjuicios. B58270) “La utilización de fórmulas matemáticas no resulta de suyo indispensable a los fines de determinar la reparación integral en el marco del derecho común, desde que los jueces no están constreñidos a recurrir a ellas (art. 1083, Código Civil).” (SCBA LP L 116477 S 23/12/2014: Rivas, Jorge Alberto contra Industria Manufacturera Argentina del plomo S.R.L. y otro. Daños y perjuicios. B58269 JUBA) Por otra parte, la SCBA también ha dicho: “Debe dejarse sin efecto el tramo de la sentencia que no brinda elementos o datos suficientes para estimar el daño por incapacidad física sobreviniente del modo en que se ha cuantificado, siendo insuficiente la sola aplicación de la fórmula matemática sin mencionar el juzgador el resto de las circunstancias particulares de la víctima, como son la edad, estado físico, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, la entidad de la lesión padecida con relación al proyecto de vida, etcétera (arts. 165 y 384, C.P.C.C.; 1068, 1069, 1083, 1086 y concs., Cód. Civil).” (SCBA LP C 119794 S 11/04/2018 Franciulli, Juan Manuel contra Bernabé, Sebastián y otro. Daños y perjuicios JUBA B4200964).
Las matemáticas financieras dan respuestas a ecuaciones económicas que resultan insuficientes si se aplicaran con exclusividad para cuantificar la incapacidad de la persona humana. Los cálculos actuariales no son previsibles por la imposibilidad de prever evoluciones de la persona humana, expuesta a permanentes modificaciones de su situación laboral que también responden a ciclos formativos e inserciones en los oficios y las profesiones, que impiden programar en el futuro el estado de una persona que ha experimentado el daño a una determinada edad. Las matemáticas no predicen el futuro de una persona humana. Pareciera que las fórmulas matemáticas aplicadas exclusivamente resultan insuficientes, más aún si se considera que la cuantificación del daño en una época de humanización de la persona, las economías no miden otros aspectos trascendentes donde también repercute el daño y que es motivo contribuyente de la cuantificación. Ello sucede con la vida de relación, cada vez más imprescindible para el desarrollo de la persona humana e inclusive no admite fronteras fijas según el comienzo de cada generación.
La cuantificación también atañe a considerar repercusiones en ámbitos de desarrollo personal. El deporte, el ocio, el esparcimiento, el disfrute del ambiente familiar y los sueños pendientes a cumplir también requieren la mayor plenitud psico-física y en este aspecto todo detrimento, toda secuela, morigera aptitudes en ámbitos que no se relacionan con las actividades laborales.
Ninguna de las fórmulas matemáticas que ha expuesto la doctrina o que se ha utilizado en algunas sentencias –aplicadas con exclusividadresponde con pragmatismo al principio de la reparación integral. La conformación de un capital para obtener una renta en el futuro que de alguna manera remedie la vitalidad psicofísica menguada se obtiene satisfactoriamente cuantificando el daño mediante la aplicación de pautas fundadas, entre las que cabe incluir los ingresos actuales de la víctima y una estimable proyección de la afectación de la vida de relación que padecerá la víctima siguiendo el orden natural de las cosas, que en su conjunto permitan una solución razonablemente fundada (Art. 3° CCC) y que esa explicación permita comprender el alcance de la indemnización, asegurando el derecho de las partes para que la indemnización no se torne abstracta o arbitraria. Disponer de capital sobre la base exclusiva de números y estadísticas tampoco asegura la finalidad de una renta puesto que la víctima tendrá derecho a disponer de la indemnización siguiendo el orden de sus urgencias, necesidades y prioridades. No es todo caso la constitución de un capital que se desglosa en rentas periódicas.
Las matemáticas no explican las sorprendentes evoluciones de la persona humana. Ningún cultor de los números o de las estadísticas puede dar certezas sobre los progresos o chances que el devenir ofrece a quien se esfuerza por alcanzar metas. La actitud, el desandar caminos para afrontar nuevos desafíos o la quietud que muchos consideran una vez pasados algunos años, es una expectativa que solamente se revelan con el contar de los días. Ninguna estadística tiene un fundamento sólido, al menos para aplicarse con exclusividad. Si el daño afecta toda la vida de relación, los números no alcanzan a explicar todas las morigeraciones que la capacidad menguada proyecta en todos los ámbitos de la vida de relación de la persona humana.
La edad es una pauta importante pero no debe confundir al intérprete. En los jóvenes el despertar del primer trabajo no significa que consideren esa labor para toda la vida. Seguramente se esbozarán proyectos, se alcanzarán nuevas metas, se capacitarán y en otros casos emprenderán el estudio de los oficios y las carreras profesionales. Ningún número puede interpretar estas latentes motivaciones que no se pueden prever ni adivinar. También los adultos mayores tienen una capacidad para ofrecer y si el daño disminuye aptitudes en un recodo del camino donde la marcha es cansina, ello no significa que cada paso no sea una respuesta que la actitud le sigue ofrendando a la vida.
Por supuesto que no consideramos fundado limitar la cuantificación del daño a “prudentes estimaciones del artículo 165 del CPCC”, sin ninguna explicitación en su relación con el caso concreto, fórmula abstracta que no explica por si sola la justificación de la reparación integral y puede desoír aquella exigencia de dictar una sentencia razonablemente fundada. (Art. 3”
CCC).
Esos cálculos actuariales tampoco pueden cifrar un porcentaje determinado con carácter de plus como previsión de contingencias ulteriores que el intérprete no puede precisar con bases sólidas. Por qué no considerar si el/la modesto/a empleado/a, de condición humilde, en el ajetreo de su vida cotidiana, concluye sus estudios y prueba su talento en nuevos escenarios. Al cabo de dos décadas de su primer empleo, tal vez sea gerente/a, éxitos/a comerciante o profesional ya destacado/a. Esa chance no se advierte en las estadísticas o en las reglas financieras que los distinguidos autores puedan ofrecer como creaciones para la cuantificación del daño.
El código civil y comercial no exige basar la cuantificación de la indemnización en cálculos actuariales. Exige establecer una renta suficientemente fundada. De modo que el artículo 165 del CPCC no ha sido de ninguna manera derogado. Se exige que el juez explique de modo fundado como determina la cuantificación del daño.
No debe olvidarse que los porcentajes de incapacidad no repercuten del mismo modo en todos los casos. El derecho sigue siendo una respuesta a la vida misma.
En el caso concreto, tal como ha señalado, las características del daño son particulares en función de la grave afectación que ha sufrido R.A a su derecho fundamental a la identidad, con protección supralegal. En efecto, teniendo en cuenta las características personales del actor como ser: 1) su edad actual 19 años su nacionalidad -argentina-, soltera, 2) la expectativa de vida promedio, aproximadamente 74 años (fuente INDEC)
3. la expectativa laboral hasta la edad de jubilación -60 años para la mujer- 4) las dificultades de inserción laboral frente a hipotéticos nuevos empleos – los exámenes preocupaciones constituyen un factor que podrá evidenciar las secuelas incapacitantes-; 6) el salario mínimo, vital y móvil como ingreso de referencia que en la actualidad se encuentra fijado en la suma de $156.000 Resolución 15/2023 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, frente a la ausencia de otras pautas brindadas por la apelante en la actualidad 7) las especiales repercusiones del daño a la identidad en las diferentes facetas de su vida de relación y 8) el porcentaje de incapacidad psicológica -15 %-, me llevan a hacer lugar al agravio esgrimido por actora y ELEVAR el rubro a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($5.634.000) -monto que se compone de manera específica de la suma de $384.000 por el costo de tratamiento y de $ 5.250.000 en concepto de daño psíquico- (arts.1737,1738,1740,1746 y cctes. CCC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 421, 456, 474 y cctes. del Cód. Proc.).
IV. Los intereses.
El Sr. Juez de grado señaló en la sentencia apelada que, ante la falta de solicitud de intereses en la demanda, no correspondía su aditamento al capital de condena.
La actora se queja porque considera que deben adicionarse los mismos en virtud de encontrarnos frente a una deuda de valor.
Adelanto que el agravio prospera. El criterio que propondré se encamina a interpretar el principio de congruencia de manera flexible en tensión con la solución justa que demanda el proceso, tal como expuse en otros antecedentes de esta Sala. En efecto, en la causa “ORTIZ SERGIO BENITO C/ LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Causa n° 4788/1, sentencia del 19/09/2017, sostuve: “Explica Mabel DE LOS SANTOS: “Tal como señalara en anteriores trabajos, entiendo que la exigencia de congruencia -ya sea que se la denomine genéricamente “principio” (lógico o jurídico) o sea considerada una “regla” técnico-jurídica que condiciona la actividad decisoria del órgano jurisdiccional- constituye una derivación del sistema dispositivo que no tiene carácter absoluto, vale decir, su observancia admite excepciones o flexibilizaciones, en circunstancias extraordinarias y bajo determinadas condiciones (Flexibilización de la congruencia civil. Muestreo jurisprudencial (http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wpcontent/uploads/2015/04/Felexibiliza ci%C3%B3n-de-la-congruencia-civil.-Muestro-jurisprudencial-DE-LOS- SANTOS-M.-.pdf).
La autora se refiere al reclamo “implícito” de intereses, con cita del caso “Matuk, Alicia S. c. Transporte Automotor Riachuelo S.A. y otro” (CNCiv., Sala M, 21/10/2006, La Ley del 22/2/2007)
Afirma la distinguida jueza y doctrinaria. “Tratándose de un reclamo resarcitorio de daños en el que el actor omitió expresamente solicitar intereses sobre las sumas indemnizatorias, se entendió que más allá de la omisión, la lectura del escrito de demanda permitía concluir que la parte actora postulaba la obtención de una reparación integral de los perjuicios ocasionados por el acto ilícito, pues reclamaba la reparación de las pérdidas sufridas y la utilidad que se había dejado de obtener. Se sustentó la decisión en que el art. 1069 del CC establece que el daño “comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras pérdidas e intereses”, en algún precedente jurisprudencial de larga data (JA 1969-I-80) que aludía a que ninguna ley establecía que la alusión expresa a los intereses tuviera carácter sacramental y en la doctrina favorable a dicha interpretación que importa también una forma de flexibilización de la congruencia.”
En la sentencia referida el tribunal advirtió que admitir en tales circunstancias los intereses, dado que los mismos tienen por finalidad compensar la demora en el pago de la indemnización de los daños causados por el ilícito, no se advertía afectación alguna de la defensa en juicio al no haberse bilateralizado desde el origen la pretensión por no haber sido solicitados de modo expreso. Ello así con fundamento en que el cómputo de éstos no requiere de prueba, su procedencia es inequívoca y el arranque de su cómputo se encuentra determinado por la fecha del ilícito o desde que se produce cada perjuicio objeto de la reparación.· (DE LOS SANTOS, Mabel, obra citada).
Asimismo, en la causa “A.R.J c/ M.R.A s/ materia a categorizar, Causa 3180/1, sentencia del 05/08/2014, sostuve: “Sin embargo, "es necesario advertir que una importante tendencia en doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales postula la flexibilización de los alcances del principio procesal que se comenta, el que, según se dice, no constituye un molde cerrado o hermético, invariable o fijo, cuya estricta observancia se vincule con las condiciones del debido proceso adjetivo. Se argumenta que en el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el de otros tiempos, pues el Estado se haya interesado en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible, sin que por ello el sentenciante deje de ser un sujeto imparcial y libre para decidir la contienda que se le ha planteado.
La temática ha sido especialmente abordada en el reciente XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2007 en Mar del Plata. Allí, la comisión nº1 concluyó que la flexibilización de la congruencia, como excepción, puede admitirse en la búsqueda de una solución justa. Se dijo además que la flexibilización de la congruencia exige sincerar el apartamiento de la regla y explicitar los motivos por los que tal decisión conduce a la ?respuesta justa?. La fundamentación debe aludir, inexcusablemente, a que no se afecta la garantía de la defensa (...) De igual manera y tal como lo hemos expresado en el apartado anterior, es posible que el juez modifique el encuadramiento legal de la pretensión por aplicación del principio iura novit curia. (...) En otros términos, no existirá incongruencia cuando se decida sobre una pretensión que, aunque no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso." (Proceso de daños. Tomo II. ISBN 978-987-03-1815-6. Autor: Pettis, Christian R.- Kiper, Claudio M.). "Téngase en cuenta que el principio de congruencia, en cuanto al objeto de la prestación se refiere, no juega con rigidez en esta materia, en consonancia con la facultad del actor de estimar provisoriamente en la demanda el monto pretendido." (Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. De Bs. As. Y De La Nación. Comentados y Anotados. VII-A arts. 600 a 675. Morello, Sosa, Berizonce, Tessone Ed. Platense SRL. Arts. 641 CPCC y 644 CPCN. Pág. 325)”
El principio de congruencia se flexibiliza en el caso concreto al situarnos en un proceso de daños producidos dentro de las relaciones de familia, cuando se ha afectado gravemente el derecho a la identidad de la reclamante, quien ha tenido que afrontar un proceso judicial para lograr su emplazamiento como hija, lo que ha dejado expedita la vía para el reclamo de los daños padecidos.
La congruencia si bien es de orden público y constituye un valor sustancial del proceso, su linaje no es superior al principio de la reparación integral que también opera en las relaciones de familia. Nótese que el art. 587 del CCCN, aplicable como fuente de doctrina, dispone -con un fuerte interés social- la obligación de reparar el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento si se reunieran los requisitos previstos en el Título V del Libro Tercero del Código (“otras fuentes de las obligaciones”). En consecuencia, por las consideraciones expuestas, considerando que el recurso es el límite de actuación de la Alzada y que la apelante requirió la aplicación de intereses fijándose la mora en la fecha que el demandado recibió la notificación de la acción de filiación, considero adecuado la fijación de la mora en el 23 de febrero de 2006 (ver fs. 11 de la causa referenciada que corre por cuerda), la que surge del incuestionado instrumento cedulario que notificó al demandado de la audiencia prevista en la etapa previa del proceso filiatorio (ver comparecencia personal del demandado a la audiencia del 7/04/2016 -fs. 13- ). En consecuencia, propongo hacer lugar al agravio, disponiéndose la adición de intereses siguiendo el la doctrina legal expuesta por la SCBA en relación al cómputo de los mismos.
Al respecto, en la causa “Paredes”, el Tribunal superior sostuvo: “deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.) (conf. causa cit.) y que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” En efecto, propongo la aplicación de intereses desde la fecha de mora fijada precedentemente -23 de febrero de 2006- al 6% anual hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, que resulta ser la fecha del dictado de la presente sentencia.
(conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago.
V. Las costas de Alzada.
Las costas se imponen al demandado en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC) y se difieren para su oportunidad la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión planteada, los Doctores Pérez Catella y Taraborrelli adhieren al voto del Dr. Posca y VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON DOMINGO POSCA dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: A) SE ADMITAN los agravios incoados por la parte actora y en consecuencia: 1°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000) 2°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño psicológico” a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($5.634.000) 3°) SE APLIQUEN INTERESES desde la fecha de mora fijada precedentemente -23 de febrero de 2006- al 6% anual hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, que resulta ser la fecha del dictado de la presente sentencia. (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago. 4°) SE CONFIRME todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN las costas de Alzada al demandado vencido 6°) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de Alzada para el momento procesal oportuno.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Dres. Pérez Catella y Taraborrelli adhieren VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
A) SE ADMITAN los agravios incoados por la parte actora y en consecuencia: 1°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000) 2°) SE ELEVE la cuantificación dispuesta para el rubro “Daño psicológico” a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($5.634.000) 3°) SE APLIQUEN INTERESES desde la fecha de mora fijada precedentemente -23 de febrero de 2006- al 6% anual hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, que resulta ser la fecha del dictado de la presente sentencia. (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago. 4°) SE CONFIRME todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN las costas de Alzada al demandado vencido 6°) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de Alzada para el momento procesal oportuno. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE
Fin de la sentencia