Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 22.852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Declarar desierto el recurso de apelación incoado en fecha 20/09/2023. 2°) revocar la sentencia apelada de fecha 5/03/2025 y, en consecuencia, rechazar la acción de desalojo entablada en las presentes actuaciones. 3°) hacer SABER la presente sentencia al Juzgado de Familia n°5 Departamental. 4°) imponer las costas generadas en ambas instancias a la parte actora perdidosa (art. 68 CPCC). 5°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 22852 - 2015 – B. J. A. Y OTRO/A C/ L. M. Y. Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "B. J. A. Y OTRO/A C/ L. M. Y. Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
JUZ. CIV. Y COM. N° 3
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “B. J. A. Y OTRO/A C/ L. M. Y. Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)” LM-22852-2015 habiéndose practicado el sorteo pertinente – art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 5/03/2025, la sentenciante de origen resolvió: “I. Hacer lugar a la demanda promovida por J. A. y A. M. B.; en consecuencia condenar a M. Y. L. y demás subinquilinos y/u ocupantes, a desalojar el inmueble ubicado en la calle con frente a la calle J. A. R. XXX de R. M., partido de L. M. Deberá hacer entrega del mismo al accionante, libre de todo efecto y ocupantes, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. II. Imponer las costas a la demandada vencida de acuerdo con el considerando IV (art. 68 del CPCC)..." Asimismo, reguló honorarios a los profesionales intervinientes.
Contra dicha forma de resolver, interpuso recurso de apelación la parte demandada en fecha 10/03/2025, remedio concedido libremente en fecha 14/03/2025.
Elevadas las actuaciones, se radicaron ante esta Sala Primera con fecha 10/04/2025.
El día 25/06/2025, con el expediente en condiciones, se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte demandada con dicha carga procesal en fecha 7/07/2025.
Con fecha 11/07/2025 se ordenó correr traslado de los agravios, siendo contestados por la parte actora con fecha 16/07/2025. Por su parte, con fecha 14/08/2025, se dio a ocupantes y/o subinquilinos por decaído el derecho que dejaron de utilizar.
Con fecha 24/09/2025 se rechazó el agregado de prueba documental acompañada por el accionante al contestar la expresión de agravios.
Finalmente, con fecha 5/11/2025 pasaron los autos para sentencia y sorteo de orden de estudio en fecha 29/12/2025.
II. - Los agravios de la parte demandada Entre sus fundamentos, a los fines de que se revoque la manda en crisis, primeramente, la accionada postuló: “…Ambos coactores en autos tenían pleno conocimiento que al momento de promover la demanda, la Sra. A. M. B. ya no estaba legitimada para el reclamo, por haberse desprendido en el año 2011 de los derechos y acciones que le correspondían en el sucesorio de su progenitor…”
Adicionando: “Tanto es así que en el proceso de Atribución de la vivienda familiar, la Sra. A. M. B. con fecha 08 de agosto de 2022 delegó en sus hijos cesionarios la intervención que le pudiere corresponder en ésos actuados. De todo lo aquí expuesto, no sólo esta parte dejó constancia en autos, sino que además la Sra. Magistrada tuvo a la vista los obrados conexos, por lo que debió advertirlo, sin embargo no lo hizo y el coactor tampoco lo cuestionó, debiendo V.E. subsanarlo en ésta instancia”. En segundo lugar, la recurrente sostuvo: “Es menester recordar que al momento en que procedí a contestar la demanda en autos, puse en conocimiento de la Sra. Juez de grado la existencia de un proceso de divorcio en trámite por ese entonces, donde había peticionado -dentro de la propuesta reguladora- la Atribución de la vivienda familiar, por resultar sede del hogar conyugal y carecer de otro lugar donde residir hasta tanto pudiera contar con una vivienda digna…”
A ello sumo: “Considerando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial fue necesaria la formulación de propuestas reguladoras a los efectos del divorcio, a través de la cual esta parte dejó en claro el pedido de atribución de la vivienda familiar, relatando brevemente las obras y mejoras que se efectuaron en el bien, pretendiendo la ocupación del mismo sin límite temporal hasta tanto exista un acuerdo entre partes que permita la obtención de una vivienda permanente para la dicente, reclamando también alimentos, liquidación de la comunidad y compensación económica”.
Asimismo, argumentó: “Como comprenderá V.E. con un proceso de desalojo en trámite, mi intención siempre fue la de agilizar los procesos en el fuero de familia, no sólo ante la posibilidad de quedar en la calle, sino a modo de preservar las mejoras introducidas en la finca durante el tiempo del matrimonio, en tanto una alícuota del 50% me corresponde, la que a no dudar resulta relevante en su valor, en tanto modificamos una casa vetusta donde existían tres departamentos construidos hace 70 años aprox., para, previa demolición de paredes, unificar dos de ellos, rever la colocación de las aberturas, rejas, construcción de un primer piso, escalera, piscina, colocación de rejas perimetrales, renovación del frente, pisos, baños, todo lo cual ha jerarquizado la finca, elevando sustancialmente su precio. De todo ello, alguna advertencia señala el informe pericial del 01/11/24 obrantes en los autos por Desalojo…”
A lo cual agregó: “Si la magistrada advirtió que existe una sentencia firma en el fuero de familia, confirmada por la Alzada, que entendió mi estado de vulnerabilidad y el derecho a contar con asistencia alimentaria a través de una cuota a cargo de mi ex cónyuge y asistencia médica a través de la mantención de la obra social (que de hecho sostiene mi hija N. B., en tanto mi ex consorte no lo efectuó) debió contemplarlo para resolver en definitiva, en tanto no existe ninguna prueba en contrario que desvirtúe lo probado en esos actuados”.
En tercer lugar, la demandada mencionó: “Se agravia esta parte en cuanto la magistrada ha eludido la consideración de las mejoras expuestas someramente en mi contestación a la demanda (recuérdese que el desalojo se inició cuando aún estábamos casados) pero se explicitó más profundamente con el inicio de los procesos sobre atribución de la vivienda familiar y liquidación de régimen patrimonial del matrimonio, donde expuse la envergadura de las mismas”
Además, expuso: “…Si consideramos que la finca la adquirió el abuelo de los actores en la década de 1940, es evidente que esa construcción debió derribarse y construirse otras que la dejaron en las condiciones que ahora luce. Esas mejoras integran el acervo conyugal, y sobre las mismas me corresponde un alícuota del 50%, que esta parte debe retener para asegurarme el reconocimiento a las recompensas derivadas de ello. El derecho de B. a disponer de un bien propio donde se asentó el hogar conyugal, debe conjugarse con el de la dicente a hacer uso de la alícuota que sobre las mejoras, me corresponde…”
Por último, la apelante enunció: “Tampoco se ha contemplado que el actor en autos no posee necesidad acuciante para vivir en la finca, y la reclama con fines de afectarla en un futuro cercano al régimen de propiedad horizontal que implicara la construcción de por lo menos cuatro unidades funcionales con destino a vivienda (sic) conforme él mismo lo expresó en su demanda. Claramente pretende cambiar su estructura de vivienda unifamiliar a la de 4 departamentos en P.H., por lo que existirá una modificación sustancial que borrará lo construido durante el matrimonio, y es ése su objetivo. En similar sentido la coactora A. M. B., en el proceso de atribución de la vivienda familiar, manifestó interés en la recuperación de la vivienda, para ‘...venta transformación o locación de dicha finca posibilitaría mi mejoramiento económico’ (sic)(presentación del 23/12/20)”.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos y que fueran expuestos por las partes, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. Recurso de apelación de fecha 20/09/2023 concedido con efecto diferido Preliminarmente, cabe señalar que con fecha 20/09/2023, la parte demandada había incoado recurso de apelación contra la resolución dictada por la instancia liminar en fecha 13/09/2023, únicamente en cuanto respectaba a la imposición de las costas.
Que habiéndose en tal oportunidad elevado los autos a esta Alzada, con fecha 2/11/2023, este Tribunal procedió a modificar la concesión del recurso, otorgándole efecto diferido conforme regla el art. 69 del ritual. Ahora bien, radicados nuevamente los autos ante esta Instancia para el tratamiento de la apelación incoada por la demandada contra la sentencia de mérito dictada en la instancia liminar, mediante proveído de fecha 25/06/2025 pto. “V”, se llamó a expresar agravios en los términos de los arts. 254 y 255 inc. 1, 2, 3, 4 y 5 de CPCC. Sin embargo, al presentar los fundamentos en fecha 7/07/2025, se observa que la parte demandada no ha sostenido la apelación que fuera concedida con efecto diferido en fecha 2/11/2023. En otro carril, ha relegado sus quejas a atacar únicamente la sentencia definitiva dictada en la instancia liminar.
En efecto, conforme regla el art. 255 inc. 1 del CPCC, no habiendo la recurrente fundado la apelación concedida con efecto diferido en fecha 2/11/2023, tuvo lugar la deserción del remedio y, en su consecuencia, la manda de fecha 13/09/2023 quedó firme.
Sentada tal cuestión preliminar, pasaré a analizar el recurso de apelación incoado por la demandada contra la sentencia definitiva dictada en fecha 5/03/2025 que hiciera lugar a la presente demanda por desalojo.
IV. El juicio de desalojo El proceso de desalojo se ha instituido para amparar el derecho de uso y goce de las cosas y constituye un instrumento procesal, sumario y expeditivo que sólo se acuerda contra quien está obligado a restituirlas, siempre que tal obligación sea exigible (art. 2465 del Código Civil, 1940 inc. C del CCyCN y 676 del Código de forma), requiriéndose a decir de nuestro más alto tribunal que quien la ejercita tenga derecho a la libre disposición del bien objeto de aquella, y que aquel contra quien va dirigida carezca de todo título a la ocupación (Conf. SCBA A y S 1964-I-687).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha expresado en el siguiente sentido: “El desalojo procede solamente cuando el demandado está obligado a restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida en un contrato, como la locación de cosa, del comodato, del otorgamiento de la tenencia precaria, o cuando quien lo detenta resulta un intruso.”(SCBA, Ac 50546 S 22-2-1994, “Bianchi de Oneto, Beatriz y otros c/ Misto, Hugo Ulises y otros s/ Desalojo” DJBA 146, 102 - ED 158, 444 - AyS 1994 I, 53 - LLBA 1994, 2 SCBA, C 103177 S 30-3-2011, "Carlos Teodoro c/ Marcos, Pedro Javier s/ Desalojo" B22823 JUBA) (Doct. art. 676 C.P.C.C).
Por consiguiente, la ley admite su viabilidad contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible (Jorge Orlando Ramírez, "El juicio de desalojo").
De esta manera si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa y que el demandado está obligado a su restitución; la acción le asiste tanto al titular registral, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño, haya otorgado la tenencia al demandado y tenga derecho a requerir la restitución (CC0100 SN 9913 RSD-15-11 S 01/03/2011, "Muñoz Marcelo M. c/ Carvajal Lucrecia A. s/Desalojo).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también ha expresado: “La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del C.P.C.C. no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba "prima facie" la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al "ius possidendis" o el "ius possesionis". (SCBA, Ac 35351 S 12-6-1986,Camino, Manuel c/ Fanuela, José Alfredo y otros s/ Desalojo: AyS 1986-II-35 - LL 1987-B, 126 - DJBA 1986-131, 158; Ac 49122 S 30-6-1992, Acovial S.A. c/ Salvi, Ubaldo s/ Desalojo: AyS 1992 II, 464; SCBA, Ac 68604 S 16-2-2000, Denesiuk de Soto, Elena y otro c/ Luccisano, Delia Elvira y otro s/ Reivindicación: SCBA, Ac 73150 S 21-11-2001, Caporaletti, Gladys y otro c/ Faisal, Rodolfo s/ Desalojo: SCBA, AC 77887 S 23-12-2002, Yapur, José Juan c/ Licurse, Héctor Francisco y otro s/ Desalojo. SCBA, AC 81003 S 23- 4-2003).
Quien resulte demandado en un juicio por desalojo debe acreditar que ocupa el inmueble en mérito a algún título o condición jurídica que le da derecho a ampararse en la tenencia o posesión del inmueble, negando la condición de intrusión que es aquélla que reviste quien “no puede alegar en su favor una posesión, aunque sea viciosa, y cuando en su intromisión en el inmueble no medió conformidad del propietario o poseedor” (SCBA, LL, 70- 363; CNCiv., Sala H, 5/7/94, SJ de la C. Nac. Civ., sum Nº 3832, citado en autos "Sosa, Luis Alberto Vs. Torres, Estela y/u Ocup. Por Desalojo" Cámara en lo Civil y Comercial, Sala II, Pcia. de Salta - Expediente Nº 479545/14, sentencia del 11/08/2016)
En definitiva, le corresponde a quien pretende repeler la acción de desalojo invocar y probar una “causa legítima”. En este sentido: “Sobre él pesa la carga de afirmar y probar un título para la ocupación, como ya se señaló y es conveniente reiterar (CACC Salta, Sala I 1990:138). Por el contrario, verificada la seriedad de la defensa invocada con sustento en la posesión del demandado, la demanda debe ser rechazada (CACC Salta, Sala I, 1995:185; Sala III, 1994:607; 1995:579) (conf. causa “Sosa” cit.) (Similar criterio en los autos “BARGE MANUEL Y OTRO C/ CHENA PORFIRIA Y OTRO S/ DESALOJO. EXPTE LM 46126. 26/05/2022).
V. De la falta de legitimación V.- a) De la falta de legitimación activa de la co-actora A. M. B. Respecto a la legitimación, importa traer a la memoria que nos enseña el maestro Calamandrei que después de peticionar la protección jurídica del Estado a través de la jurisdicción, es decir de haber suscitado la acción, ésta debe acondicionarse con tres elementos constitutivos como son:
1. Los hechos relatados y vinculados con la norma jurídica que los fundamenta; 2) La legitimación; y 3) el interés para obrar. La legitimación “ad causam” es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar y a quien se debe o puede demandarse. Dicho de otro modo, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis. (Gozaini, Osvaldo A. “La legitimación en el proceso civil, Edit. Ediar, año 1996, pág. 103). Para que la parte actora goce de legitimación activa, es menester que: 1) sea titular de un derecho subjetivo; 2) Que el afectado individual o agrupado demuestre un interés jurídico relevante; 3) Que la titularidad de ese derecho subjetivo y ese interés jurídico relevante se encuentren debidamente acreditados en el proceso; siendo por ende insuficiente la subsistencia de una simple expectativa o apariencia de un interés subjetivo. (Esta Sala Primera “in re” “Trinchetella Guillermo Eugenio y otros c/ Municipalidad de la Matanza y otros s/ medidas cautelares” (causa nro.: 4734/1, RSD: 37/17, folio nro.: 287, 16/03/2017).
La legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 Inc. 3 C.P.C.C). En este sentido se ha expresado: “Si bien la decisión del litigio judicial supone como presupuesto imprescindible determinar si el derecho existe, previamente a ello es necesario establecer si este corresponde a aquel que lo hace valer y si debe ser satisfecho por aquel a quien se lo esgrime, pues el poder jurídico que deriva de los derechos solo tendrá eficacia para aquel que está obligado, y más allá que se haya articulado la cuestión como excepción previa, defensa de fondo o de otro modo, ya que la legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 inc. 3 del C.P.C.C., art. 499 del C.C)”.(CC0203 LP 95307 RSD-73-1 S 24-5-2001, causa “OttaMaria Carmen y otro c/ Wengrovski, Gustavo José y otro s/ daños y perjuicios” JUBA Sumario N° B353410).
La legitimación abarca tanto la titularidad del derecho subjetivo debatido en el pleito, legitimación en la causa, como la posibilidad de actuar en juicio en nombre propio o por cuenta de otro, denominada legitimación en el proceso o personería. La legitimación como requisito esencial de la acción debe ser analizada sea a pedido de parte o aun de oficio por la jurisdicción. Asimismo, respecto a la legitimación activa que se requiere en los procesos de desalojo es conteste la doctrina y jurisprudencia al afirmar que el actor debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado obligado a su restitución. (SCBA, Ac 55256 S, Fecha: 19/09/1995, Juez: San Martin (sd). Carátula: Lachaise De Iriart, María Cristina c/Olive, Antonio Alberto s/Desalojo. Publicaciones: Ays 1995 Iii, 629, Mag. Votantes: San Martín-Laborde-Negri- Pisano-Salas). Bajo tal orden de ideas, ingresando al cotejo de los obrados, se vislumbra:
Que con fecha 10/07/2015 interpusieron la presente demanda por desalojo los Sres. J. A. B. y A. M. B.; el primero de los nombrados, abogado en causa propia (v. fs. 21).
Que en la sentencia definitiva que llega apelada a esta Instancia, la Magistrada de origen plasmó: “Aquí, los actores, acreditan ser herederos de su padre, F. B., fallecido el 18 de septiembre de 1995, conforme la declaratoria de herederos dictada en el año 1998 en el sucesorio en trámite ante el Juzgado civil y comercial n°10 del departamento judicial de Morón (copias certificadas agregadas a fs, 15/18, verificado por la web de la SCBA). Además, han justificado que, el padre de los actores fue declarado heredero en el sucesorio del abuelo de ellos, J. B., conforme surge de la declaratoria de herederos dictada el 4 de marzo de 2002 en el expediente Nro. 40750," B. J. s/sucesión ab-intestato "en trámite ante el juzgado civil y comercial n°5 del departamento judicial de Morón fallecido el 22 de junio de 1972. (ver documentación acompañada a fs. 14/20, verificado por la web de la SCBA). Asimismo, se coteja de la copia certificada de la escritura pública adjuntada, surge que, J. B. casado en primeras nupcias con M. P., resulta ser titular registral del bien objeto de litis ubicado en la calle J. A R. XXX entre G. y C. de R. M. (ver copia certificada de fs. 11/13 y certificado de dominio agregado el 25/9/2024)”. (El subrayado y resaltado no son originales).
Ahora bien, cabe destacar que cotejados los autos caratulados:
“L. M. Y. c/ B. J. A. s/ Atribución vivienda familiar” (Expte. LM-19339/2018), recibidos ad effectum videndi et probandi, se observa que con fecha 20/04/2022 se había acompañado una copia digitalizada de la Escritura N°013909097. Escritura pública que instrumentara la cesión gratuita realizada con fecha 19/07/2011, por A. M. B., por todos los derechos y acciones que le correspondían en la sucesión de quien fuera en vida su padre: F. B., a favor de sus hijos: 1) E. S. A., 2) S. A., 3) S. A. y 4) F. A. Por lo tanto, en consonancia con los agravios expuestos por la Sra. L. sobre el tópico, poco trecho basta recorrer para advertir que en cuanto respecta a la co-actora de autos: A. M. B., la misma carecía de legitimación activa al momento de incoarse la presente demanda por desalojo el día 10/07/2015. Ello, dado que con anterioridad -el día 19/07/2011- se había desprendido de los derechos y acciones que le pudieran haber correspondido con relación al bien inmueble objeto de autos. En tal sentido, resta agregar que si bien el Dr. J. A. B. acompañó con fecha 14/04/2024 en estos obrados un poder general para actuar en juicio conferido en fecha 28/02/2024 por A. M. B., E. S. A., S. A., S. A. y F. A., al solo efecto de que sea tenido presente en este juicio, tal circunstancia no cambia la suerte del asunto de la cesión. (art. 1434 CC; art. 1614 CCC). Como se ha mencionado párrafos arriba, la legitimación es un requisito esencial de la acción y, en el caso concreto, la co-actora A. M. B. no ha acreditado que tuviera un derecho personal a exigir la entrega de la cosa al momento de entablarse la presente demanda por desalojo, habida cuenta de que había cedido todos sus derechos y acciones hereditarios a favor de sus hijos.
V. b) Del abuso de derecho de la parte actora. La falta de legitimación activa de J. A. B. y falta de legitimación pasiva de M. Y. L. en el particular desalojo incoado en autos. Violación a la perspectiva de género Despejada la cuestión relativa a la falta de legitimación activa de la co-actora A. M. B., corresponde adentrarse en el análisis de la legitimación activa del restante co-actor: J. A. B., esto es, si el mismo se encuentra en condiciones de reclamar la entrega o restitución de la cosa a la accionada, como también de la legitimación pasiva de M. Y. L., es decir, si al mismo tiempo, la parte demandada se encuentra obligada a la entrega o restitución del bien inmueble objeto de autos.
Preliminarmente, a los efectos de realizar dicho análisis, cabe efectuar la siguiente reseña de las constancias de la causa:
i) Al entablar demanda con fecha 10/07/2015, la parte actora expuso: “Concurrimos en tiempo y forma a plantear formal demanda por “Desalojo” contra L. M. Y. DNI XXXXXXXX, ocupantes y/o subinquilinos, respecto la finca situada en el catastral mencionado de calle J. A. R. XXX entre las de C. y G., de la localidad de R. M., partido de L. M., cuya titularidad dominial obra en cabeza de nuestro difunto abuelo J. B.”. A la vez, del relato de los hechos volcado en el escrito liminar se observa: “Dicho inmueble […] fue ocupado por, el suscripto, B. J. A., durante años de convivencia matrimonial con la demandada L. M. Y. e hijas, N. A. B. nacida el 26 de abril de 1990, (actualmente mayor de edad) […] y S. B. B. nacida el 26 de febrero de 1997 (también mayor) […] Luego de un período de permanentes discusiones familiares, inconformismos, e incompatibilidad de caracteres en el año 2008, el primero de los nombrados inicia divorcio vincular por ante el Juzgado de Familia N°5, de este Departamento Judicial, expediente 28534 el cual aun se encuentra en pleno trámite, quedando la demandada en dicha propiedad en razón de la edad de ambas hijas, N. y S. B. En la actualidad y por acción del paso del tiempo, las circunstancias han variado significativamente, ambas hijas han adquirido su mayoría de edad, por ende, se le ha reclamado a la aludida M. L., la desocupación del mencionado bien inmueble…” (v. fs. 22). (El subrayado y resaltado no son originales). “Es por ello que, al tener intenciones ambos herederos, de mejorar significativamente dicha propiedad, afectándola en un futuro cercano al régimen de propiedad horizontal que implicará la construcción de por lo menos cuatro unidades funcionales con destino a vivienda, y al no poder llegar a entendimiento civilizada alguno con la demandada, no ha quedado otro camino más que el judicial para obtener el lanzamiento compulsivo de la misma…” (v. fs. 22 vta.).
ii) Con fecha 13/08/2015 se ordenó correr traslado de la demanda. Con fecha 22/11/2016, obra agregada la contestación de demanda efectuada por M. Y. L. La accionada postuló: “En cuanto al objeto del presente proceso, cabe destacar, como bien señalan los accionantes, que el inmueble de la calle J. A. R. XXX de R. M., resultó el último asiento conyugal del matrimonio conformado con el Sr. B., donde residimos durante muchos años, y donde aún vivo junto a nuestra hija S. exclusivamente, siendo falaz toda referencia a la permanencia de terceros en la vivienda. Debo destacar a V.S. que si bien el accionante Sr. B. ha iniciado el proceso de divorcio contradictorio, luego adecuado a la nueva legislación como de presentación unilateral, autos ‘B., J. A. c/ L. M. Y. s/ Divorcio’ Expte. 9955, iniciado el 11/04/2008, en trámite por ante el Juzgado de Familia N°5 Dtal. la sentencia aún no ha sido dictada, por cuanto el vínculo matrimonial a la fecha, se encuentra vigente”. (El subrayado y resaltado no son originales).
“Por otra parte, la dicente ha debido iniciar un proceso de alimentos ante el desinterés evidente respecto de mi salud y persona, autos ‘L., M. Y. c/ B., J. A. s/ Alimentos’ expte. 45459, iniciado el 17/12/2015 en trámite por ante el mismo juzgado, donde el magistrado interviniente ha fijado una cuota alimentaria provisoria a mi favor, en virtud a mi estado de salud e imposibilidad de procurarme un sustento propio".
“Hago saber a V.S. que en el proceso de divorcio, ésta parte peticionó la atribución de la vivienda que fuera sede del hogar conyugal, sin límite temporal, y hasta tanto exista un acuerdo entre partes que permita a la suscripta la obtención de una vivienda permanente o ingresos suficientes para el alquiler de una casa habitación para la dicente e hija. Dicha petición evidentemente se contrapone a la pretensión de los accionantes, por lo que más allá que la demanda de divorcio prospere, existen cuestiones derivadas del divorcio que serán motivo de tratamiento por ante el juzgado interviniente en dicho proceso, siendo la atribución de la vivienda una de las que han quedado pendiente de resolución”.
“Como verá V.S. existen sobrados motivos, los que deberá evaluar el magistrado interviniente en el proceso de divorcio, a efectos de hacer lugar a la pretensión de la dicente en cuanto a la atribución del uso de la vivienda familiar. Resulta claro para la suscripta, que el Sr. B. ha iniciado ésta acción con la intención de evitar el tratamiento de la cuestión ante los juzgados de familia, intentando eludir normativas que como destaqué anteriormente, tienden a proteger a los componentes más afectados del quiebre del matrimonio, en el caso, la suscripta…”
“…Los actores evitan señalar que la vivienda originaria era una construcción vetusta que resultaba inhabitable, y que para convertirla en la finca tal cual hoy se encuentra, la comunidad conyugal debió realizar la demolición parcial de la finca, la íntegra construcción de la planta alta y pileta de natación, remodelación y ampliación de la planta baja, cuyo costo se determinará en la instancia y por ante el fuero pertinente…"
Ahora bien, para introducirnos en lo medular del análisis del presente caso en particular que llega a estudio, cabe puntualizar que el principio “iuria novit curia” faculta a quien juzga a calificar autónomamente los hechos de la causa en las normas jurídicas que los rigen, con independencia de las alegaciones de las partes y del derecho invocado. En este sentido, la SCBA ha señalado que: “La aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces en virtud del principio iuria novit curia, con abstracción de las alegaciones de las partes y ello no afecta al principio de congruencia y defensa en juicio, pues a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto no alteren los hechos.” (SCBA LP A 75140 RSI-295-19 I 12/06/2019Ramos, Virginia Alejandra c/ A.R.B.A. s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley JUBA B4007367).
Que así las cosas, el derecho privado constitucionalizado impone un esfuerzo interpretativo a la respuesta jurisdiccional, con la obligación de brindar una solución fundada al caso bajo estudio (art. 3 CCCN), siempre con el debido respeto del principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N).
En este contexto, adelanto que interpretaré los términos de la expresión de agravios bajo una obligada perspectiva de género que permita dar cumplimiento con la normativa local e internacional en la materia (Conf. Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley No 23.054, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer conocida por sus siglas en inglés “CEDAW” ratificada por ley 23.179 , ambas con jerarquía constitucional conf. art. 75 inc. 22 C.N, Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer conocida como “Convención De Belem Do Pará” ratificada por ley 24.632, Ley Nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales N° 26.485). Conforme reseñara mi colega de Sala, el Dr. Posca, en los autos caratulados: "B. M. y otro/a c/ C. P. y otro/a s/ Desalojo" (Expte. LM- 46126/2016, sent. 27/05/2022): "La SCBA, recogiendo la doctrina emanada de la corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero Vs. México”, ya ha establecido que juzgar con perspectiva de género es una obligación ineludible asumida internacionalmente por el estado argentino (SCBA, causa P. 133.042, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa n° 95.429 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Cejas, César Fabián")".
"En esta línea, diré en primer lugar que juzgar con perspectiva de género implica dar cumplimiento con las normas locales e internacionales en materia de género, efectuando un debido control de convencionalidad. Asimismo, implica tener en cuenta el principio de razonabilidad en tensión con las categorías sospechosas para analizar los supuestos en donde se justifica la inversión de la carga de la prueba, conforme las directrices emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta postura que pretendo asumir, trasciende lo legal y constituye un compromiso activo con un cambio cultural urgente que revela las necesidades que la categoría género demanda desde un punto de vista interseccional (Facio, Alda ENGENERANDO NUESTRAS PERSPECTIVAS. Otras Miradas [en linea].
2002, 2(2), 49-79[fecha de Consulta 3 de Mayo de 2022]. ISSN: 1317-5904. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18320201)". "Todo ello se orienta a cuestionar también la caracterización neutral y objetiva del derecho para -de ese modo- explicitar desde que paradigma interpreta la norma quien juzga (conf. Costa, Malena (2016), “Feminismos jurídicos”, Ediciones Didot, Buenos Aires)".
"En el caso concreto, el paradigma de interpretación de la ley aplicable a la solución que propondré es el de los Derechos Humanos en clave de género (conf. art. 75 inc. 22 C.N, CEDAW, Belen do Pará, ley 26.485, art. 2, 3 y ccdtes. CCCN). Recordemos que el CCCN consagra el diálogo de fuentes, al que ya me he referido ampliamente en mi voto “Fca Compañía Financiera S.A C/ Rueda Myrna Sabrina S/ Acción De Secuestro. (Art. 39 Ley 12962)" (Expediente N° 5716/1 RSD N°110/19 sentencia del 26 de junio de 2019). En este contexto, la aplicación del artículo segundo del CCCN obliga a poner en diálogo las normas de fondo con los estándares que se desprenden del ordenamiento supranacional, en el campo de los Derechos Humanos".
"En este sentido, la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres. (TC0006 LP 69965 381 S 05/07/2016 L.,S. B. s/ Recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado JUBA B5024753)".
"La jurista Graciela Medina, con gran elocuencia ha sabido destacar que “Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.” (Medina, Graciela, “Juzgar con Perspectiva de Género” “¿Porque juzgar con Perspectiva de Género? Y ¿Cómo Juzgar con Perspectiva de Género?” Publicado en: DFyP 2015 (noviembre), 04/11/2015, 3 Cita Online:
AR/DOC/3460/2015)".
"En definitiva, se trata de observar atentamente a los institutos jurídicos con otros ojos. En otras palabras, proponemos cultivar una mirada que contemple las desigualdades desatendidas que provocan soluciones injustas, para así combatirlas en forma definitiva. En este sentido, la adopción de instrumentos específicos para proteger los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), demuestran una necesaria y clara manifestación de la sensibilización progresiva del derecho internacional de los derechos humanos hacia la perspectiva de género; concepto que se ha incorporado literalmente en textos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, signo evidente del valor que la comunidad internacional ha dado al mismo. (Conf. SCBA LP C 118472 S 04/11/2015 G. ,A. M. s/ Insania y Curatela. Con sus acumuladas C 118473 "G., J.E. s/ Abrigo" y C 118474 "S., R. B. y otro s/ Abrigo" JUBA B4201810)".
"También la SCBA ha dicho: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género.” (conf. causa Altuve cit; SCBA LP P 134775 S 03/11/2021: D. ,G. J. s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de Ley en Causa Nro. 15.559/20 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Dpto. Judicial Trenque Lauquen, SCBA LP P 133508 S 24/09/2021 Maciel, Marcos Ezequiel S/ Queja En Causa N° 86.516 del Tribunal De Casacion Penal, Sala III., entre otros JUBA B5064212) “No debe soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485). Del allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.” (SCBA LP C 124589 S 21/03/2022M.L.F. c/ C.M.E. s/ Acción de compensación económica JUBA B4502083)".
Sentado ello y de igual modo, en miras a llevar adelante la resolución del presente caso, resulta oportuno hacer hincapié en que los arts. 9 y 10 del Código Civil y Comercial (concordante externo art. 1071 del Código Civil) son de orden público, por lo tanto, el juez queda facultado para su aplicación de oficio.
La doctrina jurídica del abuso del derecho instituye que el ejercicio de un derecho subjetivo es ilícito y antijurídico cuando contraria la moral, las buenas costumbres, la buena fe y los fines jurídicos, económicos y sociales (es decir, la télesis de la norma y de la ley) para el que fue creado, superando los límites de su ejercicio funcional.
La "télesis de la norma" (o interpretación teleológica) se refiere a la finalidad o propósito que persigue una norma jurídica. Desde esta perspectiva u óptica de orientación, busca el para qué y por qué se creó la ley, su espíritu y los valores éticos o morales que busca proteger. Aquí detallamos sus aspectos claves: la télesis objetiva busca la "ratio legis", es decir, la razón de ser de la norma y se refiere al método interpretativo que considera a la norma en su propia racionalidad, alcanzando su reales y verdaderos propósitos de justicia, equidad. Dentro del mismo orden de ideas, los derechos no son absolutos y su ejercicio "antifuncional" o con intención de dañar genera responsabilidad. La doctrina moderna sostiene que los derechos subjetivos son relativos y funcionales.
Su configuración subjetiva se tipifica en la intención o el propósito de dañar a otra persona. En cuanto al objetivo funcional se estima que el abuso en la realización o consumación del acto antijurídico viola objetivamente la télesis de la norma, porque desvía el derecho de su finalidad económica, social o jurídica.
Conforme enuncia la doctrina: "Las normas jurídicas otorgan facultades para el cumplimiento de determinados fines sociales o económicos, e incluso para preservar el orden moral, y por tanto deben ser usadas conforme a esa función social, moral y económica, siempre dentro del plano de la respectiva institución". (Molina, J. C., "Abuso del derecho, lesión e imprevisión", Ed. Astrea, Bs. As., 1969, p. 13).
"El principio que veda el abuso del derecho se aplica a todo el ámbito de las relaciones jurídicas entre particulares y, de ahí, su tratamiento en el Título Preliminar del CCyC, en el que se establecen las reglas generales de todo el sistema de derecho privado que operan como un núcleo de significaciones orientadoras de la interpretación. Es claro que tal metodología en la regulación importa, también, una valoración del principio situado como vertebral para el derecho argentino". (HERRERA- CARAMELO- PICASSO, "Cód. Civ. y Com...", T°I, Infojus, 2015, p. 36). El artículo 10 del Código Civil y Comercial establece que el ejercicio abusivo de los derechos acontece cuando se contrarían los fines del ordenamiento jurídico o cuando se excede los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. En cuanto a sus efectos, produce la cesación de la conducta abusiva, la indemnización por daños y perjuicios, etc.
Es así que, el texto de dicho artículo estatuye que: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización".
Asimismo, el artículo 9 del Código Civil y Comercial establece el principio fundamental de la buena fe en el ejercicio de los derechos. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Este principio jurídico estatuye el "deber legal" de actuar con honestidad, rectitud y lealtad en las relaciones jurídicas intersubjetivas, constituyendo un límite al abuso del derecho. Veamos entonces, cuál es la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Se ha configurado un ejercicio abusivo de sus derechos por parte del actor de autos?
Para dar respuesta a este interrogatorio jurídico, pasaremos a considerar y analizar las distintas conductas y comportamientos asumidos y materializados por el actor J. A. B., ya sea en los expedientes que tramitan ante el fuero de Familia entre las mismas partes, como también la conducta procesal desplegada y materializada en sus pretensiones de fondo y de forma articuladas en este juicio de desalojo.
i) En primer lugar, se verifica que el actor J. A. B. promovió el presente juicio de desalojo -el que, se adelanta, se considera improcedenteel día 10/07/2025, sin que se hubiera decretado hasta esa fecha sentencia de divorcio en los autos caratulados: "B. J. A. c/ L. M. Y. s/ Divorcio" (Expte. LM-9955/2008), que tramitaran ante el Juzgado de Familia N° 5 Departamental.
Nótese que recién con fecha 21/11/2016 se dictó la sentencia de divorcio, teniéndose por extinguida la comunidad con efecto retroactivo al día 16/12/2015, es decir, aproximadamente cinco meses luego de proponerse la presente demanda por desalojo.
Con lo cual, se adelanta, en el caso concreto se irradia una conducta abusiva por parte del actor B., por cuanto sin haber obtenido sentencia de divorcio, se aventuró repentina y abruptamente a entablar las presentes actuaciones por desalojo contra quien resultaba su cónyuge para ese entonces y respecto al bien inmueble que constituía la sede del hogar conyugal (art. 1071 CC; arts. 9 y 10 CCC). Circunstancia que además permite avizorar violencia económica hacia su ex-consorte.
Además, es doctrina del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en complemento a este caso, lo estatuido por el art. 163 inc. 5 in fine: "La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones".
ii) En segundo lugar, cabe puntualizar que en la misma sentencia que decretó el divorcio, por falta de acuerdo, se desestimaron las propuestas reguladoras presentadas por las partes, haciéndose saber que debían iniciar las acciones que estimaren corresponder en forma autónoma, con la debida documentación que acredite sus derechos.
En tal sentido, se observa que, en el mes de mayo del año 2018, M. Y. L. inició las actuaciones por liquidación del régimen patrimonial del matrimonio (Expte. LM-19341/2018), como también por atribución de la vivienda familiar (Expte. LM-19339/2019). Actuaciones que se encuentran a la fecha en pleno trámite ante el Juzgado de Familia N°5 Departamental, pendientes de resolución final, no habiendo acontecido ningún modo anormal de terminación del proceso que pudiera, en caso de que resultara procedente, ser valorado en torno al tiempo transcurrido hasta la fecha en dichos pleitos. Por lo tanto, en tal aspecto, disiento del razonamiento seguido por la colega de la instancia liminar.
En suma, referente a estos dos juicios, sin que en los mismos se haya dictado una sentencia definitiva y consentida por las partes, y que tendría incidencia o efectos jurídicos respecto a esta contienda de desalojo, mal puede el actor B. promover un juicio de desahucio sobre el bien inmueble que habría sido la sede del hogar conyugal, no encontrándose liquidada la sociedad conyugal y, más aún, cuando existe una acción promovida por la parte accionada reclamando la atribución del bien que fuera asiento de la vivienda familiar.
Repárese que al contestar demanda en el presente proceso por desalojo, la Sra. L. había postulado: “Como verá V.S. existen sobrados motivos, los que deberá evaluar el magistrado interviniente en el proceso de divorcio, a efectos de hacer lugar a la pretensión de la dicente en cuanto a la atribución del uso de la vivienda familiar. Resulta claro para la suscripta, que el Sr. B. ha iniciado ésta acción con la intención de evitar el tratamiento de la cuestión ante los juzgados de familia, intentando eludir normativas que como destaqué anteriormente, tienden a proteger a los componentes más afectados del quiebre del matrimonio, en el caso, la suscripta…”
iii) En tercer lugar, teniendo ante mi vista en forma electrónica el expediente caratulado: "L. M. Y. c/ B. J. A. s/Alimentos" (Expte. LM- 45459/2015), visualizo que el actor B. tiene a su cargo la obligación de abonar a su ex-cónyuge (aquí demandada) una cuota de alimentos, sobre la base jurídica como fundamento de una enfermedad preexistente al divorcio y que también: "...las condiciones tanto de salud como edad y dedicación hasta la fecha a tareas del hogar de la actora le impiden proveerse de recursos suficientes para un nivel de vida digno, lo cual es suficiente para considerar la necesidad de conservar la obra social que resulta ser un derecho adquirido a través del matrimonio y mientras durara el mismo..." (v. sentencia dictada por el juzgado de origen en fecha 23/06/2021). Sentencia confirmada en lo medular por este Tribunal con fecha 14/12/2021. De lo cual se deduce que la accionada en este juicio de desalojo, es la parte más vulnerable que se origina en la relación o situación jurídica suscitada intersubjetivamente entre dichas partes. En consecuencia, siendo la parte más débil, tanto la Constitución Nacional como los Tratados internacionales brindan protección. Tal vulnerabilidad permite vislumbrar con mayor luz la actitud procesal abusiva ejercida por el accionante. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer diseña una definición de la discriminación que es más amplia que la que contienen otros instrumentos internacionales. En efecto, el art. 1 establece: "...La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera". Lo fundamental y distintivo es que la Convención se refiere no sólo al objetivo discriminatorio de las distinciones sino también a los resultados de la discriminación cuando ésta genere un menoscabo en el goce o ejercicio de los derechos humanos. (Colautti, "Derechos Humanos", Ed. Universidad, Bs. As., 1995, p. 25).
Con respecto a esta calificación ut supra determinada, de que la demandada en este desalojo es la parte más vulnerable de la relación, dicha declaración por parte de este Tribunal es al solo efecto de la resolución del presente juicio por desahucio.
iv) Finalmente, tampoco pasa desapercibido en el estudio del presente caso en concreto, que al momento de presentar la contestación de demanda en este juicio de desalojo, la Sra. L. había postulado: “…Los actores evitan señalar que la vivienda originaria era una construcción vetusta que resultaba inhabitable, y que para convertirla en la finca tal cual hoy se encuentra, la comunidad conyugal debió realizar la demolición parcial de la finca, la íntegra construcción de la planta alta y pileta de natación, remodelación y ampliación de la planta baja, cuyo costo se determinará en la instancia y por ante el fuero pertinente…”
Que asimismo, en el respectivo debate judicial sobre la liquidación de la sociedad conyugal (Expte. LM-19341/2018), la Sra. L. había plasmado en dicho escrito de demanda que el patrimonio de la comunidad se componía, entre otros bienes, por la "Construcción a nuevo de la vivienda que fuera sede del hogar conyugal, y que se encuentra ubicada en la calle G. R. XXX de L. d. M., Pdo. de L. M...." Paralelamente, al ampliar demanda en tales autos, se observa que la Sra. L. había enunciado: "Que en legal tiempo y forma vengo a ampliar la demanda incoada en cuanto al objeto de autos, reclamando además de la liquidación de los bienes de la comunidad, el derecho de retención sobre las mejoras introducidas en el inmueble de la calle G. R. XXX L. d. M., Pdo. de L. M., durante todo el periodo marital, como las efectuadas a posteriori de la sentencia de divorcio dictada entre las partes, que excedan la simple reparación por el uso adecuado de sus instalaciones..."
En adición, visualizo que al entablar la demanda por atribución de la vivienda familiar (Expte. LM-19339/2018), la Sra. L. había expuesto: "Claramente, el Sr. B. no necesita disponer de la vivienda, por cuanto posee otros bienes donde residir, tal como de hecho lo efectúa, existe una desproporción evidente entre las partes, y una imposibilidad en la suscripta, para procurarme una casa habitación digna, al punto que debí iniciar un proceso alimentario para cubrir mínimamente mis requerimientos básicos..." Agregando en el punto "V" de dicho escrito: "Que al momento de formular la propuesta reguladora a los efectos del divorcio indiqué de manera sucinta las modificaciones y ampliaciones realizadas en el inmueble durante el transcurso del matrimonio de las partes. Las mimas resultaron de tal envergadura que transformaron una pequeña construcción vetusta, en una amplia, sólida y confortable vivienda, con detalles de categoría que le otorgan un valor sustancialmente mayor al que poseía. Dichas mejoras corresponden a la comunidad conyugal, y por ende en alícuota parte a la dicente, por lo que hasta tanto sean justipreciados y se me reintegren los valores pertinentes, corresponde y así expresamente manifiesto, que ejerceré el derecho de retención..."
Así pues, por un lado, cabe destacar que el debate procesal que amerita un reclamo judicial por mejoras, ante todo ponderando que a primera vista se perseguiría hacer valer las mismas en recompensa a la comunidad de gananciales, excede a todas luces el marco procesal del presente juicio por desalojo. Reclamo judicial éste que está siendo ventilando ante el Juzgado de Familia N°5 Departamental –Expte. LM-19341/2018 s/ liquidación del régimen patrimonial del matrimonio- y a cuya resolución cabrá estarse oportunamente.
Siguiendo este sendero de ideas, como se ha mencionado, a los fines de brindar una solución en el caso particular que se nos presenta, no pueden dejarse de ponderar las especiales características que reviste este proceso de desalojo.
En el caso particular, no logra tenerse por configurado el carácter de intrusa ni de precarista de la parte demandada, toda vez que la misma ingresó al inmueble objeto de autos con la conformidad prestada, habitando el mismo junto a su familia: dos hijas y quien por entonces resultaba su cónyuge: J. A. B. -hoy actor en estas actuaciones-.
Además, repárese que ha sido el propio accionante B., quien sostuvo que la demandada residió en el inmueble en cuestión “…durante tantos largos años como para esperar que ambas hijas adquieran la mayoría de edad…” (v. escrito de fecha 18/05/2017).
En este punto, se destaca nuevamente la abusividad que se desprende de la actitud procesal asumida por el actor (art. 1071 CC; arts. 9 y 10 CCC), la cual configura una violencia económica hacia su ex-cónyuge demandada. Es que el Sr. B. ha optado por llevar adelante el presente proceso persiguiendo el lanzamiento de su ex-cónyuge, respecto al bien inmueble que constituyera la sede del hogar conyugal. Ello, cuando aun no se encontraban finiquitados los diversos reclamos suscitados entre los exconsortes, con motivo del divorcio decretado a posteriori de entablarse la presente acción. Y siendo que, durante la tramitación de las presentes, el peticionante se encontró a cargo del pago de una cuota alimentaria a favor de la parte contraria, cuya fijación se sustentó en la imposibilidad de la misma para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Circunstancia que permite avizorar, al único fin de resolver la presente contienda por desalojo, y que la demandada sería la parte débil de esta peculiar relación procesal, habiendo el accionante abusado de su derecho al aventurarse a incoar la presente demanda en los términos ut supra analizados, desnaturalizando así la finalidad perseguida por el instituto procesal del juicio por desalojo.
En resumen, considerando y valorando la conducta asumida por el actor en el presente proceso de desalojo -que la califico como de mala fe, pues promueve un juicio de desalojo sin que estén resueltos los expedientes de liquidación de la sociedad conyugal y atribución de la vivienda familiar, que tienen incidencias y efectos jurídicos sobre esta contienda-, su conducta y comportamiento procesal asumido a lo largo de este proceso constituye un ejercicio abusivo de sus derechos. Conducta que además configura violencia económica hacia su ex-cónyuge y que este Tribunal no puede dejar de reprochar.
Desde la óptica jurídica subjetiva -por resultar ser conductas graves e ilícitas que menoscaban los derechos subjetivos de la demandaday, a su vez, constituyen una actitud -la asumida por el actor- antifuncional, lo que configura al mismo tiempo un abuso del derecho. Pues desde el punto de vista de la télesis de la ratio legis del art. 676 del CPCC, la acción de desalojo de inmuebles urbanos o rurales se podrá dirigir contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso, o cualquier otro ocupante, cuya obligación de restituir o entregar, sea exigible. De este modo y forma, aprecio que el actor no está legitimado activamente para pedir la restitución de dicho inmueble y tampoco a la demandada se le puede exigir restituir o entregar el mismo. Con lo cual, la misma carece de legitimación pasiva. Es decir, que la télesis o interpretación teleológica del art. 676 del CPCC establece tanto las exigencias de los requisitos para peticionar la entrega y restitución de la cosa por parte del actor, como la obligación exigible de entregar o restituir la cosa por parte de la demandada.
El fin teleológico (o télesis) del art. 676 del CPCC, es conceder un derecho subjetivo al actor de requerir la entrega o restitución del inmueble y respecto, de la demandada, su finalidad radica en exigirle legalmente la restitución del bien.
De modo tal, que al actor le asiste un derecho y a la demandada una obligación legal exigible. Sin embargo, este aspecto abstracto de la norma, resulta inaplicable al caso "in concreto" de autos, pues como se demuestra en el presente voto preopinante, la parte actora ejerce sus derechos de modo abusivo que la ley no ampara, constituyendo su comportamiento o conducta procesal un acto ilícito y antifuncional, basado en su mala fe. Y con relación a la demandada, no le es exigible legalmente la entrega o restitución del inmueble, basada precisamente en el obrar abusivo del actor, careciendo consecuentemente tanto el actor como la demandada de una falta de legitimación activa y pasiva respectivamente. El ejercicio abusivo de los derechos del ex-cónyuge en contra de su ex-esposa constituye una violación a las normas legales de la perspectiva de género y un acto de violencia económica o patrimonial que se encuadran, jurídicamente, dentro de las relaciones desiguales, sancionado por el ordenamiento jurídico interno, como por las convenciones internacionales. El uso de tecnicismos legales, ya sea que provengan del derecho sustancial o del derecho de forma, en este caso, el inicio del juicio de desalojo, constituye una violación a los derechos económicos de la demandada, que implica violencia de género, y más cuando se produce una situación de vulnerabilidad preexistente en perjuicio de la accionada, todo ello a los efectos de la presente contienda. (Ley 26.485, art. 4°, de Protección Integral a las Mujeres, Convención Belém do Pará, CEDAW). Desde el punto de vista subjetivo, el comportamiento asumido por el actor en este desalojo constituye un acto ilícito, y desde la visión funcional, viola el precepto legal citado precedentemente (art. 676 del CPCC). De lo cual se concluye que el actor ha incurrido en un abuso del derecho que la ley no ampara, toda vez que el ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir ilícito ningún acto, pues la ley no ampara su ejercicio abusivo (art. 1071 CC; art. 10 CCC).
En suma, como se expusiera, se encuentran aún pendientes de resolución judicial cuestiones patrimoniales motivadas en la extinción de la comunidad ganancial habida entre las partes -que revisten la particular característica de ser ex-cónyuges-. Cuestiones cuya indagación en las presentes actuaciones resultaría excesiva y desnaturalizaría la acción sumaria por desalojo civil que fuera escogida para litigar en forma abusiva por la parte actora (art. 1071 CC; art. 10 CCC), acarreando violencia económica hacia la parte demandada. Esta acción por desalojo es caracterizada por un acotado marco de debate y prueba. En efecto, en el caso particular, no se logran configurar los presupuestos necesarios para la procedencia favorable de la presente demanda, toda vez que a estas alturas no se encuentra acreditado que el actor se encuentre legitimado a reclamar la entrega o restitución del bien inmueble a quien fuera su cónyuge, como tampoco que pese sobre la parte accionada obligación alguna de restituir o entregar la cosa (art. 676 CPCC). Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia apelada y, en su consecuencia, rechazar la presente demanda.
VI. Pautas vertebrales que autorizan a revocar el fallo de primera instancia Finalmente, paso a enumerar las pautas vertebrales sobre las cuales se basa jurídicamente la decisión de revocar el fallo de Primera Instancia, a modo de síntesis, a saber: 1.- Está demostrado que el actor B. ejerce sus derechos en forma abusiva. 2.- Por más que el inmueble se lo califica como propio, existe un planteo de la demandada, actora en el Fuero de Familia, que las mejoras introducidas en el mismo, son de carácter ganancial. 3.- La actora en dicho Fuero, solicita la retención del inmueble por todas la mejoras realizadas en dicho bien raíz por ser –según ella argumenta de carácter ganancial, cuestión aún sin resolver-. 4.- Se encuentra en trámite el juicio de liquidación de la sociedad conyugal. 5.- Se encuentra en trámite un expediente de atribución de la vivienda familiar. 6.-Fue condenado el actor B. al pago de los alimentos a favor de la demandada L. 7.- El juicio de desalojo fue iniciado antes de decretarse el divorcio. 8.-Que a los efectos de este juicio de desalojo la demandada es la parte más débil y vulnerable, al estar fundada la resolución del caso en la violencia económica y actitud procesal abusiva ejercida por B., conforme análisis efectuado bajo perspectiva de género. 9.- La falta de legitimación activa para obrar de la parte actora como también la falta de legitimación pasiva de la parte demandada.
VII. Coordinación entre los Fueros intervinientes Asimismo, a los efectos de coordinar situaciones y temas jurisdiccionales entre los dos Fueros que intervienen en la problemática de autos, considero necesario, y así dejo propuesto, que se haga saber la presente sentencia al Juzgado de Familia n°5 Departamental.
VIII. Las costas Atento la forma en que se resuelve el presente y el principio objetivo de la derrota, propicio que las costas suscitadas en ambas instancias sean soportadas por la parte actora perdidosa (art. 68 CPCC). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos los Sres. Jueces Dres. Posca y Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1º) SE DECLARE DESIERTO el recurso de apelación incoado en fecha 20/09/2023. 2°) SE REVOQUE la sentencia apelada de fecha 5/03/2025 y, en consecuencia, se rechace la acción de desalojo entablada en las presentes actuaciones. 3°) SE HAGA SABER la presente sentencia al Juzgado de Familia n°5 Departamental. 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias a la parte actora perdidosa (art. 68 CPCC).
5. SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, los Sres. Jueces Dres. Posca y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO. – Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: 1º)
DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación incoado en fecha 20/09/2023. 2°) REVOCAR la sentencia apelada de fecha 5/03/2025 y, en consecuencia, rechazar la acción de desalojo entablada en las presentes actuaciones. 3°) HACER SABER la presente sentencia al Juzgado de Familia n°5 Departamental. 4°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias a la parte actora perdidosa (art. 68 CPCC). 5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia