Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 16.422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2º) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) imponer las costas generadas en ambas Instancias a la parte actora en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en como se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 16422 - 2016 - BARBANERA DANIEL EDUARDO C/ CEDEIRA PATRICIA ESTHER Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "BARBANERA DANIEL EDUARDO C/ CEDEIRA PATRICIA ESTHER Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA"
LM-16422-2016 JUZ. CIV. Y COM. N°9
En la localidad de San Justo, en la fecha de firma digital, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera -, celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "BARBANERA DANIEL EDUARDO C/ CEDEIRA PATRICIA ESTHER Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA" LM-16422-2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. Cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte actora?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR TARABORRELLI, dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 23/8/2023, el sentenciante de grado resolvió: “…No hacer lugar a la demanda promovida por Daniel Eduardo Barbanera contra Patricia Esther Cedeira, Liliana Estela Barbanera, y Luis Ángel Barbanera en su carácter de herederos de los titulares dominiales Eduardo Barbanera y María Estella Spósito, por prescripción adquisitiva vicenal respecto del inmueble cuya nomenclatura catastral resulta ser, Circunscripción 2 Sección D Cm 3, Manzana 211 A Parcela 6, de la Localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza. (Según Plano Partida inmobiliaria 34.859). Segundo: No hacer lugar a la demanda promovida por Patricia Esther Cedeira contra Daniel Barbanera, Christian Barbanera, Adriana Noemí Tedesco y Erika Ozuna, y/o contra cualquier otro intruso u ocupante, por interdicto de recobrar la posesión en relación al inmueble sito en la calle Sargento Cabral n° 2595, entre las calles Mansilla y Mazza del Barrio Rebassa, de la localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza. (cuya nomenclatura catastral resulta ser, Circunscripción 2 Sección D Cm 3, Manzana 211 A Parcela 6, de la Localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza (Según Plano Partida inmobiliaria 34.859). Tercero: Imponer las costas del del proceso “Barbadera Daniel Eduardo c/ Cedeira Patricia Esther y Otros S/ Prescripción Adquisitiva Larga” (Expte. n° 16422/2016), a la parte actora que resulta vencida. Imponer las costas del del proceso “Cedeira Patricia Esther c/ Barbanera Christian y Otros S/ Materia a Categorizar” (Expte. n° 4241/2016) a la parte actora que resulta vencida. Cuarto: Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes en ambos procesos para su oportunidad…”
Contra dicha forma de resolver, en igual fecha apela el actor Daniel Eduardo Barbanera, recurso que se concede libremente el día 25/8/2023. Elevadas las actuaciones, fueron radicadas ante esta Sala Primera. Una vez en condiciones en fecha 7/2/2024 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte actora con dicha carga procesal el día 20/02/2024, dándose por presentada en legal tiempo y forma mediante el despacho del día 6/03/2024. En consecuencia, se corrió el traslado de los agravios siendo contestados por la parte demandada el día 12/03/2024 -véase despacho de fecha 03/04/2024-. Posteriormente se dictó el respectivo Autos para Sentencia y se practicó el sorteo de orden de estudio el día 30/5/2024.
II. Fundamentación de los agravios expresados por el actor Daniel Eduardo Barbanera De la atenta lectura de la expresión de agravios de fecha 20/2/2024, se observa que el apelante resalta que la acción propuesta no se basa exclusivamente en la interversión del título como se sostiene en el pronunciamiento apelado, sino en la posesión continua pacífica y no clandestina del inmueble que habría sido anteriormente de los abuelos y padres del accionante.
Agrega que los hermanos del actor jamás reclamaron derecho alguno, ni se opusieron a la posesión ejercida a título de dueño detentada por el accionante por un tiempo superior a los veinte años señalada en la demanda.
Afirma que la declaración de los testigos obrante a fojas 395-396, 391-392 y 393-394 son coincidentes en probar que el actor siempre detentó la posesión del inmueble con su familia sin la presencia de sus colaterales. “Sin embargo la contraria no demostró posesión alguna. Es difícil sostener el razonamiento de la sentencia en tal sentido para afirmar que no hay pruebas cuando las declaraciones testimoniales coinciden en probar que el actor y su grupo familiar y no sus hermanos ni su sobrina son quienes ejercen la posesión con ánimo de dueño desde hace nada más y nada menos que cuarenta y ocho años (48) en forma ininterrumpida”. Cuestiona que la sentencia omite considerar que el actor pagó impuestos (Arba) así como las tasas y servicios que gravan el inmueble. Y que con ello “Mal puede sostener el decisorio que pese a detentar la posesión se considere a los otros coherederos titulares del derecho sucesorio que alguna vez detentaron, pese a que jamás promovieron el proceso sucesorio en tiempo oportuno y que fueron declarados herederos pasados más de veinte años del fallecimiento del titular dominial del inmueble cuya usucapión se pretende. Jamás practicaron partición hereditaria alguna”.
Manifiesta que resolver de tal manera atenta contra el principio de congruencia procesal si la sentencia afirma que existe por parte del actor "orfandad probatoria", cuando a su entender estaría demostrado que ejerce la posesión del inmueble desde su mayoría de edad (aunque vivió allí desde que nació) continuando la posesión que ejerció su padre. Siempre vivió en el inmueble primero como hijo de sus padres y luego como poseedor con ánimo de dueño pagando los impuestos y ejerciendo actos posesorios “…ejercidos en tal carácter no solo por el actor sino también -ahora ya que pasó mucho tiempo- por intermedio de sus propios hijos”.
Que “… el acuerdo familiar no escrito fue ese. El actor como hermano menor de la familia -quizás por la situación originada por la pérdida de sus padres a muy corta edad- siempre fue el que detentó la posesión con ánimo de dueño con el consentimiento de sus hermanos mayores. El reclamo de los demandados es extemporáneo e ineficaz… que es invocado pasados los veinte años de posesión… Protegieron y tutelaron al hermano menor demostrando desinterés por la parte de la herencia…”
Afirma que legalmente el actor es continuador de la posesión de su padre y que nada le prohíbe invocar tal situación. Que “…de la mentada declaratoria surge que además del accionante, de la unión de Daniel Barbanera y María Estella Spósito, nacieron María Esther (1/1/34), Luis Ángel (4/11/37), Liliana Estella (11/3/47); y que por el fallecimiento de Daniel Barbanera, le sucedieron sus hijos, María Esther, Luis Ángel, Liliana Estella y Daniel Eduardo.”
Por otro lado, explica que la sobrina del actor Cedeira no ejerció posesión alguna, que le fue rechazado el interdicto de recobrar la posesión que promovió en forma “temeraria y maliciosa” pretendiendo probar una posesión que jamás ejerció.
Agrega que la sentencia al disponer que "Tampoco expresa en ninguna de sus presentaciones, cual fue el acto o los actos que mutaron el carácter de su posesión en carácter de co-heredero a poseedor exclusivo del bien…", estaría exigiendo una prueba imposible de producir, y que es el contrario en todo caso quien debió demostrar que la posesión ejercida no fue pacífica o fue clandestina o fue ejercida con abuso de confianza o que la misma no está admitida por el ordenamiento jurídico.
En su segundo agravio, expresa que la posesión fue a partir de la mayoría de edad, pero como continuador de la posesión ejercida por el padre del actor Eduardo Barbanera. Así mismo que la demanda fue mal interpretada. “No se dijo que posee desde su niñez, sino que lo hace desde su mayoría de edad y sin la oposición de sus hermanos, pero como continuador de la posesión de su padre. En ninguna consideración de la demanda dice que posee con ánimo de dueño desde sus siete años.” Como tercer agravio, relata que habría pagado impuestos y servicios y que llevaría cumplidos cuarenta y ocho años de posesión publica pacífica y no clandestina con ánimo de dueño y como continuador de la posesión ejercida por su padre desde su mayoría de edad.
Así las cosas, manifiesta que el rechazo de la demanda es infundado porque una acción de prescripción adquisitiva prospera si se prueba la posesión por el tiempo exigido por la ley con ánimo de dueño por prueba compuesta. Que en autos, se probó cabalmente que poseyó el inmueble que era de sus padres por un espacio superior al exigido por la ley (48 años desde su mayoría de edad) sin la oposición de sus hermanos y sobrina que reclaman ahora en forma extemporánea.
Del mismo modo, expresa que la interversión del título no habría sido el único fundamento invocado en la demanda. Así analiza que los actos necesarios para tener por intervertido el título no obran en esta causa para la pretensión de posesión adquisitiva, sumado a lo cual, frente a la pretensión del accionante, los coherederos a quienes también se les transmitió la posesión de sus padres, se han presentado aquí a contradecir el derecho de posesión exclusiva y excluyente invocado por el actor. Y que la única fecha ciertamente probada en estas actuaciones, que podría tomarse como inicio de la mutación de la causa, es la interposición de la demanda.
Que la referenciada "intervensión del título" resulta mal interpretada y que no es fiel reflejo de la demanda instaurada lo que constituye un absurdo y un ideal irrealizable. “Se habló de la misma como un hecho más de la demanda y no como único fundamento de la interposición de la acción. La sentencia exige acreditar el momento exacto en el cual se incurrió en la intervensión del título para decretar la procedencia de la demanda lo que constituye un evidente absurdo.”
Seguidamente, cuestiona en su sexto agravio la partida del plazo de posesión puesto que la sentencia considera erróneamente que no hay plazo de iniciación, lo que resulta falso a su entender. Afirma que tales supuestos no se configuran en autos. Que el actor comenzó a poseer a su mayoría de edad - año 1976 - sin que sus hermanos se hayan opuesto en forma explícita; “Son cuarenta y ocho años de inacción de los hermanos del actor…Es absurdo sostener… que el actor no probó su posesión y que el derecho de los demandados no esté prescripto. ¿Qué pasó en estos 48 años de posesión del actor sobre el inmueble? La sentencia no resuelve la cuestión propuesta en forma eficaz resultando afectado el principio de congruencia.”
Finalmente, expresa que para la sentencia de grado no habría “prescripción ganada” y que así incurre en rigorismo formal porque exige probar una interversión configurada por el paso del tiempo que excede a la posesión que exige la ley por espacio de veinte años para tener por configurada la prescripción adquisitiva. “Y exige a esta parte probar todos los extremos liberando de carga probatoria a los demandados quienes abandonaron el derecho que en algún momento les hubiera correspondido de haberlo ejercido en tiempo oportuno.”
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte actora Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formuló la parte demandada al contestar los agravios -véase adjunto de fecha 12/03/2024-, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la contraria, toda vez que –según su opinión- los fundamentos expresados no se ajustarían a las prescripciones legales de los artículos 260 y 261 del Cód. Proc.
Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravio que fuera presentada electrónicamente con fecha 20/02/2024 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio. Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
IV. La doctrina de los propios actos. La confianza La doctrina de los actos propios, conocida en latín bajo la fórmula non venire contra factum proprium (o también venire contra factum non potest), proclama el principio general de derecho que establece la inadmisibilidad de que un individuo argumente en contra de los actos que él mismo realizó con anterioredad, en especial cuando dicha argumentación tenga como objetivo cuestionar los actos posteriores de un tercero, que fue motivado por estos actos del primero y asumió la buena fé de los mismos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, o de una potestad como consecuencia del principio de buena fe (art. 1.098 del Cód. Civ.) y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.
Por su parte el art. 1.067 del Código Civil y Comercial regula el principio de protección de la confianza y dispone que: “La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”.
La doctrina o teoría de los actos propios, implica que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente. No sólo la buena fe entre las partes, sino también la misma seguridad jurídica quedarían gravemente resentida si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero concurre y reconoce el pago de las cuotas reclamadas y luego reprocha que se haya reconocido dicho pago.
El principio de confianza impone a quienes participan en el tráfico un particular deber de honrar las expectativas despertadas en los demás, en cuanto sean legítimas y fundadas, tanto en la etapa previa a la conclusión del contrato como en su desarrollo y en el tramo postcontractual. Se basa en un deber ético de no defraudar aquellas expectativas, pues son las palabras o actos de un sujeto determinado, los que determinan ese elemento espiritual con valoración jurídica que es la confianza (Rezzónico, J.C., "Principios fundamentales de los contratos", págs. 376 y 377, Astrea, 1999). En efecto, la parte actora ha violado la doctrina de los actos propios, toda vez que en el escrito de inicio de demanda que corre a fs. 5 vta., al relatar los hechos dice textualmente que: “…Daniel Eduardo Balbanera ejerce la posesión (…) del inmueble en cuestión desde el 11 de agosto de 1958…”; y advierto que es la fecha de nacimiento del mismo, conforme surge de los autos: “Balbanera Eduardo s/ sucesión”, a fs. 88/9 y 119 venidos “ad efectun videndi et probandi”, que tengo ante mí vista). Luego a fs. 53/54 el accionante amplía demanda y textualmente relata: “… que los derechos posesorios invocados por el accionante, lo son en base a la interversión de título llevada adelante sobre el inmueble cuya usucapión pretende. En efecto Daniel Eduardo Balbanera posee el inmueble desde el fallecimiento de su padre Eduardo Balbanera, con ánimo de dueño”. Observo que de la mentada sucesión se desprende que el padre del actor falleció el 23 de julio de 1965 según certificado de de defunción que luce a fs. 4 y declaratoria de herederos de fs. 119. De este modo, a la fecha de fallecimiento del causante, su hijo Eduardo Daniel tenía 7 años de edad. Primero expone que nació 11/1/58 y que posee el inmueble desde esa fecha y ha sido consecuencia de su nacimiento en el seno de la familia que formaron sus padres. Luego al ampliar la demanda –contrariando sus actos propios-, relata que sus derechos posesorios se basan en la interversión de título llevada adelante sobre el inmueble que pretende usucapir. Y agrega, que Daniel E. Barbanera posee el inmueble desde el fallecimiento de su padre, con ánimo de dueño.
De este modo y forma, me interrogo cómo juzgador: Si el accionante posee el inmueble desde su nacimiento en el año 1958, y luego dice que posee desde el fallecimiento de su padre, interpreto que se contradice, considerando –el suscripto- desde ya, que posee por sí y en representación de los otros co-herederos, toda vez que –como juzgador- me pregunto: ¿Cuándo, dónde y cómo produjo la interversión de título?, teniendo en consideración las circunstancias de los sujetos, del tiempo y del logar; respuesta ésta, que se dará como solución al tratar más abajo el tópico de la interversión de título.
En su escrito de agravios al criticar el fallo apelado, incurre a mi juicio en otra contradicción de los actos propios o de los propios actos. Al decir en el segundo agravio que la posesión fue desde la mayoría de edad del actor, pero como continuador de la posesión exclusiva que ya había ejercido su padre. ¿No dijo que poseía desde su niñez? No hay dudas que se contradice.
Por otra parte, introduce en el memorial de agravios, un hecho no propuesto a la consideración del juez de primera instancia, me refiero concretamente cuando expresa sus agravios al afirmar que la posesión fue desde su mayoría de edad, pero como continuador de la posesión exclusiva que ya había ejercido su padre. Por aplicación del art. 272 del cód. Proc., el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.
V. La interversión de título Afirma María A. Pasquet que: “Recordamos el siempre señero fallo “Bordieu” que puntualizó que la propiedad (lato sensu, como lo entendió la CSJN en el caso “Bourdieu” Fallos. 1922. Pág. 125) es un derecho tutelado por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17 y amplia cuidadosamente tratado por el Código Civil, por ende, la privación de ella debe ser evaluada restrictivamente por quienes tienen a su cargo la competencia para hacerlo” (véase Interversión de título. Casos especiales del coheredero y el condómino, por Prof. Dra. María Alejandra Pasquet, púb. en internet).
El heredero que usa la cosa y luego quiere usucapir contra los coherederos; la pregunta que surge entonces: ¿Es posible una usucapión en este caso? El fundamento de la respuesta a este interrogante, continúa seguidamente, bajo estos sub-títulos.
V.-a) La inalterabilidad de la causa de la posesión El art. 2353 del C.C. dispone: "Nadie puede cambiar por sí mismo, ni en el transcurso del tiempo la causa de su posesión. Es en ese marco, que establece el art. 1915 del C. C, y C., el principio de inmutabilidad de la causa o título de la posesión disponiendo que: Nadie puede: cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto.
Según este principio, quien ha iniciado la relación siendo poseedor o tenedor, así continúa, a pesar de su voluntad interna en contrario o el decurso del tiempo.
La norma no le permite al co-heredero co-poseedor la posibilidad de pasar a ser poseedor por si, por su simple voluntad, es decir por medio de una operación mental o de manifestaciones verbales en tal sentido, sino que deben existir actos exteriores materiales o jurídicos que revelen de manera inequívoca el cambio de relación con la cosa. Tampoco es idóneo, apto o adecuado el solo transcurso del tiempo para mutar o cambiar la causa de la posesión. Este principio de inmutabilidad de la causa de la posesión cede únicamente en caso del instituto de la interversión de título.
V. b) De la Interversión de título unilateral Está previsto en los arts. 2353 del C. C., y en su conc. externo el art. 1915 del Código Civil y Comercial ya referenciado. Entonces, para convertirse el co-heredero en poseedor absoluto, exclusivo y excluyente de los otros co-herederos, debe materializar actos exteriores, la intención de privar a los co-poseedores co-herederos de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen ese efecto.
V. c) Requisitos o extremos legales para configurar el instituto de la interversión. El rechazo de la demanda de usucapión Para que quede configurado el instituto de la interversión de título invocado en autos, deben reunirse necesariamente los siguientes requisitos o extremos legales requeridos, a saber: a) La realización de actos materiales y/o jurídicos para que el co-heredero co-poseeedor, produzcan como efecto jurídico la transformación en poseedor por si, y debe exteriorizar su intención a través de actos materiales, concluyentes e inequívocos, que tengan por objeto privar al poseedor de disponer de la cosa. Esos actos deben afirmar la posesión del que los realiza y negar la posesión del anterior poseedor. b) Privación de la disponibilidad material de la cosa: además de ser dirigidos a privar al poseedor de la cosa, esos actos materiales deben tener ese efecto, excluyendo al co-poseedor y/o co-herederos de la posesión que detentan. c) La prueba de la mutación de la causa de la posesión debe exhibir hechos verdaderamente inequívocos de actos positivos de la voluntad capaces de revertir esa causa. d) La voluntad o intención exteriorizada mediante un acto material de privar de la posesión a los otros co-herederos. e) Demostrar mediante actos materiales que interrumpió la posesión que ejercían los otros coherederos co-poseedores, representados por el heredero actor. f) Demostrar que los otros co-herederos no son continuadores de la posesión que ejercía el padre de los mismos. g) Que los actos de exteriorización del cambio de la causa de la posesión deben ser idóneos, aptos y adecuados jurídicamente para provocar sin hesitación la mutación de la causa de la posesión. h) Debe acreditarse concreta, inequívoca y positivamente cuales fueron los actos materiales y/ jurídicos que exteriorizaron la voluntad de mutar la causa de la posesión y que signifiquen y produzcan la exclusión de los otros co-poseedores herederos y que a su vez deben ser lo suficientemente graves para poner a los coherederos co-poseedores, en conocimiento de la situación de mutación de la causa de la posesión o interversión de título, de modo y forma en que esos puedan repeler o hacer valer sus derechosa subjetivos. i) Esos actos de exteriorización, deben darse a publicidad para que produzcan efectos entre partes y frente a terceros. j) El criterio de aplicación y apreciación judicial de la interversión de título o mutación de la causa de la posesión es de carácter restrictivo. k) Deben ser actos ostensibles, -como se dijo deben darse a publicidad- es decir que la posesión sea pública y sea conocida por las partes y frente terceros.
L. La prueba de la interversión de título corre por cuenta de quien la invoca (art, 375 del Cód. Proc.). M) Se requiere por parte de quien invoca la interversión de título, que actúe de buena fe. N) La interversión de título no se presume.
Sobre posesión y la interversión de título se ha resuelto, en fecha 17 de marzo de 2008, Id SAIJ: SUQ0020796, que. “Deben estar presentes los siguientes requisitos para que opere la interversión del título. En primer lugar, debe darse la exteriorización de la intención de poseer mediante la realización de actos posesorios. Así para que el tenedor modifique su relación con la cosa y ascienda a la categoría de poseedor, no resultan suficientes la mera voluntad interna en tal sentido ni las manifestaciones de poseer la cosa a nombre suyo o como dueño (art. 2447). Es necesario que la intención de transformarse en poseedor se exteriorice a través de actos materiales, concluyentes e inequívocos, que tengan por objeto privar al poseedor de disponer de la cosa. En segundo lugar, debe patentizarse la privación de la disponibilidad material de la cosa, de allí que no basta con que los actos del representante sean ejecutados con la intención de privar al poseedor de la disponibilidad de la cosa, sino que es imprescindible que tales actos produzcan ese efecto y quede excluido su representado de la posesión que detentaba. (Fuente del sumario: OFICIAL. FALLOS A LOS QUE APLICA.- Provincia del Chubut c/ P. , E. y/o quien res. ocupante o sub. s/ Desalojo. SENTENCIA. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA. 17/3/2008).
El caso especial es el de los herederos, ya que, si bien son poseedores y no tenedores, la causa de la posesión es la sucesión. La tolerancia por parte de los coherederos en el uso o ocupación del bien por parte de uno de ellos, no implica un cambio de la posesión, pues como se ha visto, la causa se debe manifestar por actos materiales, no bastando el solo transcurso del tiempo. Tampoco basta haber pagado los impuestos durante ese tiempo, ya que se trata de un acto de administración, que no excluye la posesión de los demás.
En estos casos la interversión de título es incluso más complicada de probar, pues como se ha dicho, el acto material debe ser inequívoco y excluir a los demás herederos. Dicha interversión debe ser probada demostrando actos de exclusión de la posesión de los herederos y para producir el cambio de esta causa, esto es, la voluntad de poseer con exclusión de los otros, deben sus actos posesorios tener publicidad, tal que el excluido se vea en la necesidad de oponerse para impedir la usucapión. El Dr. Emiliano Herrera cita una jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba, aplicable al caso de autos por analogía y que se ha pronunciado en este sentido: “Para producir el cambio de la “causa Possesionis”, es menester no sólo el “animus domini”, esto es, la voluntad de poseer con exclusión de todo otro condómino, sino también la realización efectiva de actos capaces -por sí mismos- de operar tal exclusión, de manera que el excluido se vea en la necesidad de oponerse para impedir la usucapión.
Es que resulta obvio que mientras el condómino se limita a usar y gozar del inmueble en forma exclusiva, realiza un acto propio de su condición de tal (el condómino goza de toda la cosa) y, a lo más, se beneficia con actos de mera tolerancia de sus comuneros, que no tienen relevancia jurídica para dar lugar a la usucapión y que para usucapir es indispensable un avance sobre el derecho ajeno; de lo contrario, mientras cada cual ejerza el suyo o deje de hacerlo, lo mismo que cuando se proceda con anuencia del titular, nada podrá adquirirse por el transcurso del tiempo. No cabe dudar acerca de que un condómino pueda prescribir contra otro, pero que pueda hacerlo con sólo comportarse como tal -condómino-, parece desde todo punto de vista jurídicamente imposible.
Es que, si él accedió al inmueble a título de condómino y como tal comenzó a poseer, es inútil que demuestre haber usado y gozado de la totalidad del mismo durante más de veinte años, porque esa facultad de servirse de toda la cosa es atribuida legalmente y de manera indistinta a todos los comuneros (art. 2684, Cód. Civil), de modo que ese hecho no constituye un acto exterior idóneo para que se manifieste su voluntad de excluir a los demás (art. 2458, Cód. citado). Y mientras esa voluntad permanezca en su fuero interno, es de ningún efecto, porque nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso de tiempo, la causa de su posesión (art. 2353, Cód. Civil). (Del voto del doctor Carranza; Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Morra, Carlos A.,29/06/1984La Ley Online, cit por el Dr.
Emiliano Herrera, pub. en internet el 1° de setiembre de 2.014: Herrera y Flamengo, abogados.). Con referencia a los Coherederos, la Prof. Dra. María Alejandra Pasquet en su monografía jurídica intitulada”: “Interversión de título. Casos especiales del coheredero y el condómino, nos adoctrina que: “En este caso, tendremos en cuenta que se trata de poseedores y no tenedores porque la causa de la posesión es la sucesión. Aquí es complejo acreditar los extremos que exige la normativa ya que es casi típico que (semejante al caso de los condóminos) uno de los herederos quede en posesión del bien inmueble, abone impuestos, tasas y contribuciones, sin embargo, para poder vencer en la prueba de la mutación del título, tendrá que acreditar el acto material e inequívoco de excluir a los demás herederos.
Esos actos de exclusión deben tener publicidad, ser ostensibles, ya que el hecho de usar y de gozar del bien, es un acto inherente a su condición de coheredero”. “En el caso que nos ocupa (heredero o herederos contra la comunidad hereditaria) el CC tiene un artículo puntual que posibilita la interversión (cuyo antecedente fue el art. 3460 el CC) que indica: “La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolos como único propietario, durante el lapso que establece la ley” Art. 3460 CC -Capítulo I Acción de partición”.
“La jurisprudencia (que continúa teniendo vigencia en este tema) del Código de Vélez, tiene dicho al respecto que el art. 2353 del código civil consagra el principio de inmutabilidad de la causa de la relación real, que no puede ser cambiada por la mera voluntad del sujeto ("nadie puede cambiar por sí mismo"), prolongándose en el tiempo el emplazamiento originario ("ni por el transcurso del tiempo"). De modo que quien "comenzó a poseer por sí", continúa en ese carácter mientras no pruebe que se ha convertido en tenedor ("ha comenzado a poseer por otro"). Y quien comenzó su relación real como tenedor ("poseer por otro"), persiste en tal condición hasta tanto acredite que se transformó en poseedor ("mientras no se pruebe lo contrario").
La interversión del título no puede operarse por un acto de propia y exclusiva voluntad del sujeto -locador-, sino que es necesario que la misma se exteriorice por actos que no dejen lugar a la más mínima duda y que claramente revelen al público la decisión de alcanzar aquel propósito, ya sea por un acto jurídico que manifieste esa voluntad -art. 2387-, o por la expulsión de la parte interesada o por actos exteriores que tienen por finalidad privar al poseedor de disponer de la cosa, produciendo ese efecto - art. 2455 y 2458 del Cód. Civil- CCI Art. 2353; CCI Art. 2387; CCI Art. 2455; CCI Art. 2458 CC0002 MO 34460 RSD-117-96 S 23-4-96, Juez CONDE (SD) “Mercadal, Alberto J. c/ Lo Bruno, Francisco J. s/ Desalojo”[2] MAG.
VOTANTES: Suares-Conde-Calosso, autora y opus cit.)”.
“La interpretación literal y jurisprudencial, como luego vemos, es que, por la “sola voluntad” o “el transcurso del tiempo” no puede cambiar la causa de la posesión (relación de poder). Ergo: quien comenzó a poseer per se y en representación de los otros co-herederos animus domine, no puede cambiar por una mera declaración de voluntad y comenzar a poseer por sí”. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los requisitos para que se configure la interversión (o mutación) de la causa: “Es cierto que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 2353 del CC, nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. También que el que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras que no se pruebe lo contrario. Pero esto quiere decir, que no basta el cambio interno de la voluntad para la interversión del título, ni siquiera su exteriorización por simples actos unilaterales. Se debe en cambio admitir, que el cambio se produce mediando conformidad del propietario, o actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho. Lo primero porque excluye la unilateralidad de la mutación y lo segundo, con arreglo al artículo 2458”, (E.D., 7-222 Citado por Lidia Calegari de Grosso en DERECHOS REALES, su estudio a partir del caso jurisprudencial. Tomo I. Primera ed. Abeledo Perrot. BS AS. 1998., cit. por Pasquet M. A., opus cit.)”.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional estableció en la causa: "García Fernández, María c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa), que el cambio de causa de la posesión debe ser expreso y no puede ser presumido (Fuente I. A. Metal.).
En efecto, pasemos a analizar y considerar los comportamientos y la manifestación de la voluntad realizados por las partes involucradas en este juicio. En tal sentido jurídico constato que teniendo ante mi vista los autos caratulados: “Barbanera Eduardo s/ sucesión”, venidos a esta Alzada “ad efectun videndi et probandi”, constato que la co-heredera Patricia Esther Cedeira, inicia el juicio sucesorio de su abuelo materno en fecha 21 de junio de 2.016, según consta en el cargo estampado a fs. 1 vta. Y denuncia como integrante del acervo hereditario el inmueble objeto de este juicio de prescripción o adquisitiva, inscripto el dominio: Pdo. 70, Folio 5614, del año 1.953 conforme informe de dominio de fs. 17/21. A fs. 49/50 fueron intimados por cédulas diligenciadas para que tomen interversión en autos Luis Ángel Liliana Esther y Daniel Eduardo Barbanera, tomando los mismos la debida interversión en el expediente sucesorio. Luego a fs. 92 Luliana Estela solicita la designación de un administrador (ver fs. 99/103). A fs. 1196/200 se dicta declaratoria de herederos y por fallecimiento de Eduardo Balbanera le suceden María Esther, Luis Ángel y Eduardo Daniel Barbanera. Asimismo, a fs. 136/7 y fs. 124/5 obra agregado testimonio de la declaratoria de herederos correspondiente al juicio sucesorio de María Esther Barbanera, en el cual se declara como única y universal heredera a su hija Patricia Esther Cedeira. Seguidamente a fs. 140/1 Cedeira solicita se libre mandamiento de constatación del inmueble que integra el acervo hereditario. Así resulto que a fs. 150/1 consta el mandamiento diligenciado del cual surge que el Oficial de Justicia fue atendido por una persona que dijo ser de la casa y llamarse Cristian Eduardo Barbanera y que en ese domicilio vive su madre. Además, a fs. 151/2 obra otro mandamiento diligenciado en el cual el Oficial de Justicia dejó constancia de que fue atendido por una persona que dijo ser de la casa y llamarse Érica Ozona y manifiesta que vive allí con sus tres hijos menores. De estos diligenciamientos no surge que el actor ocupa el inmueble que pretende usucapir.
Considero judicialmente que todos esos actos jurídicos procesales llevados a cabo en los mentados juicios universales, realizando planteos y peticiones por parte de la co-heredera Patricia Esther Cedeira, mediante actuaciones forense desplegadas en dichos expedientes objeto de valoración “ut –supra”, referenciadas y materializadas dichas peticiones, en todas las resoluciones jurisdiccionales dictadas en ambas sucesiones denotan –sin hesitación- que los tres co-herederos demandados en el juicio de usucapión, manifestaron siempre su voluntad exteriorizada y concretada a través de actos procesales y resoluciones judiciales exitosas de tener interés patrimonial sobre el bien que integra el acervo hereditario, pues vale recordar que: “El interés es la medida de la acción” y que Daniel Eduardo Barbanera (actor) poseía en nombre también de los otros coherederos y de ese modo y forma le resultó imposible jurídica y materialmente a este último, cambiar o mutar la causa de la posesión mediante la interversión de título. Luego en fecha 17/2/2.016 la heredera Patricia E. Cedeira promueve un interdicto de recobrar la posesión de dicho inmueble en contra de Cristian Barbanera, Adrian Nema Tedesco y Érica Ozuna. Este interdicto de recobrar la posesión fue rechazado por S.S. afirmando que: debe ser promovido antes del transcurso de un año desde la fecha de la desposesión, sin el cual el interdicto no puede prosperar por sus características especiales. O sea que dicho interdicto fue rechazado por una cuestión netamente formal y no de fondo. De lo cual se infiere a mi juicio, que dicha sentencia hace cosa juzgada en sentido formal.
Ahora bien, con referencia al art. 3460 del C.C. al disponer que la acción de partición de herencia es imprescriptible, mientras que de hecho continúe la indivisión; pero es susceptible de prescripción, cuando la indivisión ha cesado de hecho, porque alguno de los herederos, obrando como único propietario, ha comenzado a poseerla de una manera exclusiva. Asimismo, la disposición del art. 4020 del Código Civil, está estrechamente vinculada con la que contiene el art. 3460 del Código citado que en su primer párrafo consagra también el principio de la imprescriptibilidad de la acción de partición, mientras dure el estado de indivisión. La armónica interpretación de estas dos normas permite colegir que, por un lado, la acción de partición de la herencia es imprescriptible (art. 3460, primer párrafo), en tanto continúe la indivisión, pero es susceptible de prescripción en el supuesto a que se refiere la segunda parte del mismo art. 3460, cuando cesó de hecho la indivisión porque algunos de los herederos obrando como único propietario comenzó a poseer de manera exclusiva. En ese caso, la misma norma afirma que la prescripción tiene lugar a los veinte años (Doctrina legal de fecha 14 de noviembre de 1989 Id SAIJ:
SUC0005616).
Esta es, en consecuencia, la inteligencia que debe otorgársele al art. 4020 del Código citado, puesto que allí se establece también el plazo de veinte años para la acción de partición de la herencia contra el coheredero que ha poseído a nombre propio. La mención a la posesión de la herencia de manera exclusiva, a que aluden tanto el art. 3460 como el art. 4020, ha suscitado en la doctrina la duda en torno a la efectiva prescripción de la acción de partición para concluir que en realidad no se trataría de un supuesto de prescripción liberatoria sino de usucapión, porque cuando la indivisión cesó de hecho por obra del heredero, éste podría alegar la prescripción adquisitiva del art. 4015 y su coheredero debería promover lisa y llanamente la acción de petición de herencia. Desde esta perspectiva por tratarse de una institución que responde a exigencias de orden público, la exégesis de las normas legales debe ser apreciada con un criterio restrictivo (Doctrina legal de fecha 14 de noviembre de 1989 Id SAIJ: SUC0005616). Ahora bien, continuando con el desarrollo del presente voto: ¿está probada la interversión de título o la mutación o cambio de la causa de la posesión articulada por el actor?
En efecto, dice el mismo en su demanda, que posee el Inmueble desde el fallecimiento de su padre y que los derechos posesorios invocados los son en base a la interversión de título llevado adelante sobre el inmueble. Verifico como juzgador que el deceso del padre del accionante, se produjo el 23 de julio de 1965, según fs. 119 del juicio sucesorio mencionado.
Que la causa de la posesión que se encuentra en cabeza de todos los herederos del causante sobre el inmueble de autos, se ha producido por sucesión. Y para mutar la causa de la posesión, el cambio se produciría mediante la conformidad de los demás co-herederos, situación ésta que no se ha dado en el presente sub-judice-. o por actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho, con la finalidad de privar al poseedor de disponer de la cosa y cuando sus actos producen ese efecto, todo de conformidad al art. 2458 del C. C. y su conc. externo el art. 1.915 del C. C. y C.). Sin embargo, los actos materiales requieren la identidad suficiente, inequívoca, significante y concluyente de contradicción del derecho. Considero que, para mutar la causa de la posesión, la voluntad del representante de la posesión de los otros co-herederos y que produzca como efecto la perdida de la posesión por los representados, se requieren estos requisitos o extremos legales, a saber: Que la intención de la voluntad se exprese de modo contundente por actos exteriores. Que los actos del representante produzcan ese efecto, ergo: privar de la posesión a los herederos que representa en la posesión. Además, para que el cambio de la causa de la posesión produzca ese efecto jurídico, requiere legalmente que sea ostensible, es decir que debe manifestarse, mostrarse de modo claro, patente y notorio y que tomen conocimiento de ello, los otros co-herederos, a los efectos de que los mismos puedan hacer valer sus derechos subjetivos, y es necesario –desde el punto de vista estrictamente jurídicoque esa mutación de la causa de la posesión sea pacífica, ello es sin turbaciones de ninguna especie y que se mantiene sin la fuerza ni violencia, es decir que se requiere “buena fe”.
Precisamente esa exteriorización, para contrariar la presunción legal de la inmutabilidad de la causa de la posesión –en nuestro caso producida por sucesión, por causa de muerte-, debe necesariamente probarse por quien la invoca (arts. 2353/54 del Cod. Civ. y 375 del Cod. Proc) y debe producir –como resultado, de modo y forma concluyente como efecto jurídico, la exclusión material de los otros co-herederos. Es decir, que, para la configuración de la interversión de título, el heredero actor, debe realizar actos exteriores que producen como efecto la intención materializada de comenzar a poseer por si por parte del mismo y como consecuencia de ello la exclusión de la posesión que ejercen los otros herederos, causada como efecto y la pérdida de la posesión por parte de estos últimos.
De allí, que los otros herederos poseedores deben ser anoticiados y tomar conocimiento de ello. Se requiere entonces, que se dé a publicidad dicha exteriorización de la voluntad. En este caso, se trata de un inmueble que integra el acervo hereditario, como ya fue expuesto precedentemente. De este modo los herederos –todos ellos- son continuadores de la posesión que ejercía en vida el causante de los mismos. Los sucesores universales –al ser continuadores de la posesión del causante- se encuentran en la misma situación jurídica que el causante y con la misma relación de poder con la cosa, idéntica a la de su ascendiente padre (conf. art. 3417 del Cód. Civ.). Tal como lo adelante “ut-supra”, fue punto de agravio la aplicación del arts. 3460 del Cód.
Civil, y su conc. externo el art. 2368 del C. C. y C.), estudiado y considerado por el Sr. Juez Colega de la Instancia de origen en su pronunciamiento judicial, que regula el tema de la partición de la herencia, su indivisibilidad, la prescripción cuando ha cesado de hecho, cuando alguno de los herederos obrando como único propietario ha comenzado a poseer de manera exclusiva. Que el hecho por parte del actor, de usar y gozar de la cosa, es inherente a su condición de coheredero y que por su naturaleza está de tal manera unido a algo (la cosa) que no se puede separar de ello. Dentro de otro orden de ideas jurídicas, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones por parte del actor, constituyen meros actos administrativos, sin que se los pueda calificar como actos posesorios.
No hay dudas, que los demandados se han opuesto a la acción de usucapión promovida por el actor, oposición que hacen extensiva a toda interversión, cambio o mutación de la causa de la posesión. Se pone énfasis en señalar que tanto los condóminos como los co-herederos, todas ellos están facultados legalmente para usar y gozar del bien común, de modo tal, que resulta ineficaz e infructuoso que demuestre –el actor- haber usado y gozado del inmueble por más de 20 años.
Volviendo nuevamente al tema planteado por el quejoso apelante, en cuanto a que se habría operado por parte de los demandados una suerte renuncia tácita a la partición de la herencia por haberse producido una interversión de título y que se habría operado unas suerte de prescripción de la acción de partición, todo ello deviene improcedente, por cuanto los demandados tramitaron el juicio sucesorio de su padre, fueron declarados herederos, al igual que la nieta del causante originario tramitó la sucesión de su madre, hija de Eduardo Barbanera, encontrándose dicha sucesión en estado de indivisión, resulta imprescriptible la acción de partición, salvo el caso de la interversión de título que supone una partición de hecho. Además, se agrega que el interdicto de recobrar la posesión promovido por la nieta de Barbanera, por más que fue rechazado por un aspecto formal –como ya expuse- denota y produce como efecto por parte de la misma, su voluntad de protestar y contradecir las pretensiones del actor con efectos jurídicos en este proceso.
Ahora bien, para que se opere de hecho una renuncia tácita a la herencia o a la acción de partición, la misma debe ser considerada judicialmente de modo estricto, es decir que la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (arts. 873 y 874 del Cód. Civ.). De modo que se debe acreditar que se produjo una mutación de la causa de la posesión mediante un acto positivo de la voluntad que revele su propósito de contradecir la posesión de los otros coherederos, de manera tal que no deje la menor duda de privarlos de la posesión. Y ello no se ha acreditado en autos.
Los agravios expuestos por el quejoso apelante son analizados y considerados, bajo la lupa o el método de interpretación previsto, como regla jurídica procesal en el precepto legal del 384 del Cód. Proc., disponiendo que los jueces formarán su convicción judicial respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la “sana crítica”.
En principio coincido con el Sr. Juez colega de primera instancia, que el actor Daniel Eduardo Barbanera nació el 11 de enero de 1958, esta fecha no puede ser tomada de modo alguno como computo de la prescripción adquisitiva que pretende.
Que el accionante amplió la demanda a fs. 53 y 54 y textualmente dice que sus derechos posesorios se basan en la interversión de título llevada adelante sobre el inmueble cuya usucapión pretende. Y aclara que Daniel Eduardo Barbanera posee inmueble desde el fallecimiento de su padre Barbanera con ánimo de dueño. Con respecto a esta cuestión –ya consideré y resolví “ut supra” que el accionante ha incurrido en la violación de sus propios actos y en homenaje a la brevedad, a dicho ítem me remito. La demostración –mediante elementos probatorios esenciales, conducentes, adecuados, idóneos y aptos para verificar y constatar si se ha producido o no una verdadera interversión de título de la posesión- está a cargo de la parte actora (art. 375 del Cód. Proc.).
En efecto, pondero que con referencia al tiempo histórico o en la oportunidad o momento en que se produjo la mutación o cambio de la causa de la posesión, no fue relatado ni denunciado por el actor. Concretamente no fijó la fecha en que se produjo dicha mutación o cambio; sin perjuicio de que coincido con S. S. de que el mismo contaba con siete años de edad, y que para el Código Civil en su art. 921, el discernimiento para los actos jurídicos se adquiere a los 14 años y en el art. 261 del C.C. y C. a los 13 años para los actos lícitos. En tal sentido jurídico, opino que mal podría el actor consumar o producir una interversión de título cuando carecía de discernimiento para la realización de dicho acto jurídico. De allí, que dicho planteo formulado por el apelante, resulta totalmente improcedente y no resiste el menor análisis.
Tampoco no denunció en su demanda ni mucho menos acreditó cuales son los actos ostensibles mediante los cuales cambio la causa de la posesión, en su carácter de heredero a poseedor exclusivo del bien raíz, apartando y expulsando a los demás co-herederos, pues dicho acto debe ser inequívoco y significativo, en virtud de que usar y gozar de la cosa es un acto esencial o consustancial a su carácter de heredero. En suma, no está probado en qué fecha o momento se habría producido la invocada interversión de título, cuestión esta esencial, necesaria y conducente, a los efectos de iniciar el cómputo del plazo legal de los 20 años requeridos para la usucapión larga. Además, se exige que la posesión debe ser pacífica y no ha sido pacífica, toda vez que la demandada Cedeira inicio un interdicto de recobrar la posesión.
Que el pago por los servicios de luz eléctrica, agua, telefonía y gas, como también el pago de las tasas municipales por servicios generales y los impuestos inmobiliarios no constituyen actos posesorios, son meros actos administrativos y como consecuencia mucho menos como para producir una interversión de título.
Que con respecto a la producción de la prueba pericial del ingeniero civil y del agrimensor no resultan elementos idóneos y útiles a los efectos de probar debidamente la interversión de título, como un instituto de los derechos reales, que ineludiblemente debió acreditarse en autos. Los actos posesorios deben ser lo suficientemente graves como para poner en conocimiento de los otros co-herederos de tal situación, de modo que estos puedan hacer valer sus derechos subjetivos y deben excluir a estos últimos, mediante actos de oposición que signifiquen su voluntad de excluirlos o expulsarlos.
En tal sentido jurídico, el instituto de la interversión de título es el presupuesto o condición fáctico-legal esencial y necesaria, que debe acreditarse –y que según el caso- si correspondería su admisión, para luego pasar a considerar y tratar la resolución de la demanda de usucapión. Es decir, que como en este caso, han sido ambos institutos acumulados objetivamente por el propio actor, merecen ser resueltos conjuntamente y con mayor razón por tratarse de una disputa judicial entre co-herederos, siempre indagando primero si se produjo o no, el cambio de la casusa de la posesión y luego considerar si corresponde jurídicamente hacer lugar o no a la acción o a la demanda de prescripción adquisitiva del dominio. Además, con referencia al interdicto de recobrar la posesión iniciado por la heredera Cedeira, sin bien fue rechazado por una cuestión meramente formal, como ya se expuso, el mismo importa una suerte de protesta o de contradicción en contra de la invocación del actor de que la posesión que el mismo ejerce no es pacífica, toda vez que ello implica turbar esa posesión. Por aplicación analógica al presente “sub-judice” (art. art. 2 C.C. y C.) El interdicto es una suerte de medida cautelar y el interdicto de obra nueva es un tipo de cautela que tiende a evitar turbaciones futuras o por lo menos que se completen como tales, configurando un menoscabo la desvalorización, aun cuando sea futura. (SUMARIO DE FALLO. 30 de mayo de 2011. Id SAIJ: SUQ0025014. “B., R. D. c/ P., C. H. s/ Sumarísimo”.
SENTENCIA. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA).
De modo tal, que lo decidido en un interdicto, entonces, no tiene valor de cosa juzgada material, pero si formal, al quedar firme la sentencia, esta no puede ser modificada dentro del mismo proceso, pero sí en otro posterior. El posesorio y el petitorio son dos juicios de naturaleza muy distinta, por tratarse en el primero tan sólo de la posesión actual que corresponde a una de las partes y en el segundo de la acción real o derecho de propiedad que tiene el que reclama como suyo el inmueble poseído por otro; y estando este juicio expresamente autorizado por la ley civil (arts. 2482 y 2484) en favor de quien fuese vencido en el primero, es lógico que no le perjudique la resolución pronunciada en ese juicio por no tratarse de la misma cosa. (SUMARIO DE FALLO 4 de agosto de 1997. Id SAIJ: SUZ0101923. Pereyra, Guido Roberto C/ Jorge Maciel Maldonado S/ Reivindicación. Sentencia. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 4/8/1997).
Por aplicación analógica de esta última doctrina legal citada, el posesorio si discutió en el interdicto de recobrar iniciado por Cedeira y en el juicio de usucapión se puso en tela de juicio la interversión de título propuesta por el actor, sin éxito alguno, como se demuestra en el presente voto.
Esos actos posesorios con idoneidad y capacidad para mutar la causa de la posesión, no se han producido en autos frente a la pretensión del accionante, para dar lugar a la demanda de usucapión, resistido dicho propósito por los co-herederos demandados, a quienes también se les transmitió “mortis-causa” la posesión que ejercían sus padres. En suma. coincido con el Sr. Juez Colega de la instancia inaugural, al sentenciar que: “dado que el requisito fundamental de partida del plazo, como indiqué no lo puedo tener por válido”. Aquí S. S. se refiere a la fecha de interposición de la demanda que establece el art. 4015 del C. C. que requiere necesariamente los veinte años de posesión continua y ostensible.
En síntesis, se requiere que para usucapir el inmueble objeto de este litigio, necesariamente se acredite como paso previo la mentada interversión de título y luego si corresponde dar paso a analizar y considerar la admisibilidad o no, de la prescripción adquisitiva del dominio. No constituyen actos posesorios útiles y con idoneidad suficiente para mutar la causa de la posesión, la prueba documental aportada, el pago de impuestos, tasas y servicios, la confección del plano de mensura y deslinda, el uso y goce del bien raíz, las mejoras realizadas sobre el inmueble, las declaraciones testimoniales afirmando que el actor siempre vivió allí, en contradicción ello, a lo que surge de los dos diligenciamientos de los mandamientos de constatación agregados al sucesorio mencionado, de los cuales se desprende que Daniel Eduardo Barbanera (actor), no ocupa el inmueble; ni las pericias producidas en este litis.
Por todas las consideraciones legales desarrolladas precedentemente corresponde si más, confirmar en todas sus partes la sentencia pronunciada en Primera Instancia y que es objeto de críticas, por no haberse acreditado todos los requisitos o extremos legales requeridos para la configuración de la interversión de título, confirmando además el rechazo de la demanda de usucapión, con especial imposición de costas a la parte actora perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en como se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1º) RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2°) SE CONFIRME la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas Instancias a la parte actora en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en como se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2º) CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) IMPONER las costas generadas en ambas Instancias a la parte actora en virtud del principio objetivo de la derrota y la forma en como se resuelve (art. 68 del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia