Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 23.670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia:
1Revocar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios y en consecuencia condenar al demandado Sr. Fernando Ariel Giménez, a obtener dentro del plazo de ciento ochenta días corridos de quedar firme la presente sentencia, la conformidad de los titulares de dominio para adquirir el inmueble ubicado en planta baja, frente izquierdo, con espacio guarda coche, identificado internamente con el n° 2, de la finca con frente a la calle Sargento Cabral 1175 de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Circunscripción II, Sección F, Manzana 344, Parcela 11, Matrícula 158.569. y transmitírselo al actor, Sr. Alberto Ramón Castelau, bajo apercibimiento de RESOLVERSE LA OBLIGACIÓN en el pago de daños y perjuicios derivados de la anulación del contrato y conforme al planteo subsidiario en la demanda, los que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. El actor dentro del plazo establecido deberá designar escribano conforme a lo dispuesto en el punto III. 5 y una vez aceptado el cargo, el notario dentro del plazo de condena, determinará la fecha de escrituración. Todo ello con conocimiento de los titulares de dominio del inmueble, a sus efectos.
2INSTAR al demandado a que dé cumplimiento a su deber de colaboración, conforme a lo dispuesto la presente, bajo apercibimiento de astreintes, cuya factibilidad, oportunidad y graduación, previo cumplimiento de los recaudos …
LM - 23670 - 2016 - CASTELAU ALBERTO RAMON C/ GIMENEZ FERNANDO ARIEL S/ ESCRITURACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL “CASTELAU, ALBERTO RAMÓN C/ JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “CASTELAU, ALBERTO RAMÓN C/ GIMENEZ, FERNANDO ARIEL S/ ESCRITURACIÓN” CAUSA Nº CAUSA Nº LM-23670-2016, habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA - TARABORRELLI - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL Dr. RAMON DOMINGO POSCA dijo:
I. Los antecedentes del caso El señor juez de grado desestima la demanda de escrituración promovida por el Sr. Alberto Ramón Castelau contra el Sr. Fernando Ariel Giménez, respecto del inmueble ubicado en planta baja, frente izquierdo, con espacio guarda coche, identificado internamente con el n° 2, de la finca con frente a la calle Sargento Cabral 1175 de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Circuncripción II, Sección F, Manzana 344, Parcela 11, Matrícula 158.569.-
Hace lugar a la demanda subsidiaria de resolución de contrato impetrada por el Sr. Alberto Ramón Castelau contra el Sr. Fernando Ariel Giménez, en relación al boleto de compraventa cuyos datos se identifican precedentemente, con más daños y perjuicios. En consecuencia: 1. Condena al Sr. Fernando Ariel Giménez para que dentro del término de 30 (treinta) días de que adquiera firmeza el presente decisorio, proceda a la devolución de la suma de DOLÁRES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL, (U$S 50.000) al Sr. Alberto Ramón Castelau 2. Condena al Sr. Fernando Ariel Giménez para que dentro del término de 30 (treinta) días de que adquiera firmeza el presente decisorio pague al Sr. Alberto Ramón Castelau la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), con más los intereses establecidos conforme el acápite “INTERESES”.-
Impone las costas del presente proceso a la parte demandada.-
Difiere la regulación de honorarios del letrado interviniente para su oportunidad.-
La parte actora apela la sentencia. El recurso se concede libremente. Se radica la presente causa ante esta Sala primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. del Departamento Judicial La Matanza. Se llama a expresar agravios al apelante Alberto Ramón Castelau en el plazo de cinco días.
La parte actora expresa agravios.
Se da a Alberto Ramón Castelau por presentada, en legal tiempo y forma, la expresión de agravios con fecha 04/08/2023 17:05:03 Se corre traslado de la presentación electrónica EXPRESA AGRAVIOS (228801420023700490) de fecha 2/8/2023 de las 08:48:20 hs a todas las partes intervinientes en el presente proceso por el término de cinco días.
Se da a Fernando Ariel Giménez por decaído el derecho que ha dejado de usar. (art. 262 C.P.C.C).
Se llaman Autos para Sentencia con fecha 27/9/2023. (art. 263 C.P.C.C)
Finalmente, se practica por Secretaría el sorteo correspondiente para el estudio y votación de la presente causa con fecha 30/10/2023.
II. Los agravios II.1. La expresión de agravios presentada por la parte actora.
Se queja porque el señor juez de grado no admite la escrituración “con fundamento en una hipotética imposibilidad jurídica del demandado de cumplir con la obligación de hacer que consiste una condena a escriturar.” Sostiene: “En primer término, el fundamento de la imposibilidad jurídica de condenar a la contraria a cumplir con su obligación contractual no fue invocada por la adversaria, ante lo cual el fallo cuestionado se extralimita de lo peticionado por las partes, vulnerando el principio de congruencia.-“ Afirma que el objeto de la litis ha sido la obligación de escriturar. Afirma que ninguna de las partes alegó la imposibilidad de escriturar. Sostiene que “la resolución apelada se adelanta procesalmente al analizar el cumplimiento (o incumplimiento) de una eventual sentencia, porque el cumplimiento de la sentencia es ajena al proceso de conocimiento.-“ Afirma que “La Ley Adjetiva reserva un proceso especial para el cumplimiento de la sentencia y que esta sólo se puede iniciar en el supuesto de incumplimiento voluntario por parte del condenado (ver Libro III, Título I del C.P.C.C.).
Es en tal procedimiento en donde debe discutirse la viabilidad del cumplimiento de una resolución judicial.-“ (Ver expresión de agravios) También sostiene el actor apelante: “Es más, la condena a la demandada a restituir el precio (U$S 50 000) no resulta tener mayor posibilidad de cumplimiento que una condena a escriturar, por las restricciones para obtener moneda extranjera, sin embargo, se reitera, la forma de ejecutar esa obligación es parte del proceso respectivo y no debe analizarse en un proceso de conocimiento. Es que la posibilidad o imposibilidad de pago no es fundamento para la aplicación de la Ley de fondo y, por ende, es ajena al proceso de conocimiento.-“ Sostiene: “La Ley Adjetiva establece cuales son los mecanismos para compeler al condenado al cumplimiento de la sentencia, que no necesariamente es que el Juez realice la obligación de hacer a costo del condenado, como lo entiende el acto en crítica, pero adelantar la forma de ejecución sería prejuzgar sobre las medidas que deben discutirse en el necesario proceso ulterior, o sea en un procedimiento de ejecución de sentencia.-“ Afirma: “Determinado ello, lo cierto es que la Sentencia reconoce la validez del contrato de fs. 10 y, como consecuencia de ello, tuvo por acreditado un “vínculo jurídico entre las partes” (sic) y no hay elementos en autos para anular de oficio el contrato de marras, con lo cual su validez y eficacia no puede ser cuestionada.-“ Sostiene que “la demandada debe ser condenada a cumplir con la obligación de hacer asumida.-“ Afirma que la cuestión relacionada con la imposibilidad de escriturar debe dilucidarse en un proceso de ejecución.
Sostiene que ello se infiere de la sentencia apelada cuando se afirma que “la conversión de la obligación de hacer (escrituración) en una de dar (pago de los daños y perjuicios) debe resolverse por el juez en último caso, cuando se han agotado los medios legales para obligar al cumplimiento de la escrituración, o sea en forma subsidiaria, pero únicamente cuando exista imposibilidad absoluta, legal o material, de dicho cumplimiento.”
Afirma que la resolución del contrato “sólo puede operar en el proceso ulterior de ejecución de sentencia, como bien reconoce la sentencia en crisis al exponer que “ el comprador está legitimado para solicitar en la etapa de ejecución de sentencia que se intime al cumplimiento de la obligación de escriturar bajo apercibimiento de resolverse la misma en el pago de daños y perjuicios y la determinación de los mismos requiere un conocimiento que tramitará en la misma ejecución de sentencia, sin que sea necesario otro proceso, por aplicación analógica del art. 513 del C.P.N.”.- Sostiene que “Y por último, siquiera hay certeza de la imposibilidad de que el demandado cumpla con su obligación de hacer, por cuanto, si bien le asiste razón a la sentencia de que el inmueble no está bajo la titularidad del demandado, lo cierto es que se ha acreditado en autos que el inmueble fue afectado a “viviendas multifamiliares” (ver contestación de la oficiada Municipalidad de La Matanza del 5/11/21), lo cual se corrobora con la contestación de la oficiada EDENOR del 26/12/21, quien informa que en el inmueble hay 10 servicios eléctricos, de los cuales 8 están a nombre del demandado, como así también la misma declaración del demandado que los títulos del inmueble son perfectos (clausula tercera del contrato de fs. 10). Ello confrontado con los usos y costumbres en donde se realizan las construcciones de viviendas en un único inmueble y al finalizar se van formalizando las subdivisiones y escrituraciones de cada unidad funcional, convierte en totalmente apresurada la interpretación de imposibilidad decretada por el acto en crisis.-“ (Ver expresión de agravios)
También afirma: “Ahora bien, se ha acreditado con las testimoniales de fecha 23 de marzo de 2 022 que el suscripto habita en el inmueble de marras, con lo cual la resolución contractual me provoca el daño de perder mi vivienda que difícilmente pueda compensarse con las consecuencias de la resolución contractual. Es por ello que previamente es necesario agotar los mecanismos para que el demandado cumpla con su obligación de hacer, dado que de lo contrario se pone en riesgo mi vivienda.-“ También destaca: “Pero aún, al resolver el contrato, el a quo me genera una obligación con acreedor indeterminado, por cuanto legalmente debería cumplir con la obligación de restitución, pero el mismo resolutorio indica que el acreedor de esa obligación no es el demandado de autos.-“ Afirma que la sentencia ofrece incertidumbres.
Solicita se revoque la sentencia apelada y se haga lugar íntegramente a la demanda, condenando al demandado a suscribir la escritura traslativa de dominio bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios ocasionados.-
Mantiene reserva de Caso Federal y Recursos Extraordinarios locales.
III. La solución III. 1. La legislación aplicable.
Viene firme a esta Alzada la aplicación el Código Civil considerándose que el controvertido boleto de compraventa es de fecha 17 de julio de 2014. (Art. 7º CCC)
III. 2. Los fundamentos de la sentencia apelada para determinar la resolución del contrato y la procedencia de la indemnización.
Ha señalado el distinguido colega del fuero: “Los Hechos en Análisis: La parte actora, sustenta su reclamo de escrituración, más daños y perjuicios por la mora, en la circunstancia de haber firmado un boleto de compraventa con el demandado, Fernando Ariel Catelau, por el cual, abonó el precio total de U$U 50.000 en ese acto, -sirviendo el mismo de carta de pago- y en que éste último le entregó en ese momento la posesión efectiva del inmueble, -ubicado en planta baja, frente izquierdo, con espacio guarda coche, identificado internamente con el n° 2, de la finca con frente a la calle Sargento Cabral 1175 de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, identificación catastral: circunscripción II, sección F, manzana 344, parcela 11, matrícula 158.569-; y se obligó a escriturar dicho bien con las condiciones que figuran el boleto de compraventa que adjunta con su demanda-. Aduce que ante los infructuosos reclamos para el cumplimiento de la escrituración se vio obligado a iniciar las actuaciones. En subsidio, en caso de no poder concretarse la escrituración, demanda por daños y perjuicios y resolución de contrato.-“ (Ver sentencia apelada) (El subrayado no es originario)
“Frente a ello, la parte demanda niega todos los hechos, y por ende, toda relación contractual entre los mismos.” (Ver sentencia apelada) Voy a transcribir otros aspectos sustanciales de la sentencia apelada que fueron suficientemente controvertidos por la parte actora en los agravios.
El distinguido colega del fuero interpretó que está probado que el demandado firmó el controvertido boleto de compraventa glosado a fs. 10. (El subrayado no es originario)
Si bien el demandado al contestar demanda negó el contrato, lo cierto es que: “Ante el desconocimiento del demandado respecto de dicho instrumento, se designó perito calígrafo a los fines de determinar si la firma que obra en el instrumento privado, corresponde o no al demandado en estas actuaciones.-“ “Ahora bien, atento la incomparecencia del Sr. Giménez a la audiencia de cuerpo de escritura señalada a tales efectos, el día 18 de diciembre de 2020, sin justificar dicha ausencia, corresponde hacer lugar al apercibimiento del artículo 392 del C.P.C.C., y tener por reconocido el mismo.- “(Ver sentencia apelada). (El subrayado no es originario)
Desde esa base se determinó en la instancia de origen la mora del demandado en su obligación de escriturar.
Sin embargo, la fecha de escrituración ha sido dejada al albedrío del comprador.
También ha señalado el señor juez de grado: “En relación a la mora en el cumplimiento, del boleto de compraventa se colige que las partes no pactaron una fecha específica, sino que la escritura traslativa se otorgaría el día que la parte compradora decida. (ver cláusula cuarta del boleto adjunto).-“ (Sentencia apelada)
“En consecuencia, siendo un contrato de plazo indeterminado, cabe señalar que la mora del demandado indicada por la parte actora, no se encuentra acreditada en debía forma, toda vez que conforme se desprende de la respuesta del Correo Argentino, en relación a la autenticidad de la carta documento adjuntada a los fines interpelar el cumplimiento de la obligación de escriturar, dicha Institución, informa que no es posible aportar mayores datos, dado que atento la fecha de la misiva, la documentación se encuentra destruida por el vencimiento del plazo legal de conservación. (ver oficio de fecha 30 de noviembre de 2021).-“ (Ver sentencia apelada) “Por ende, en virtud del desconocimiento del accionado de la recepción de la carta documento efectuado en la contestación de demanda y presuntamente remitida con fecha 19 de abril de 2016, la notificación fehaciente que debe tenerse por válida como cómputo para el cumplimiento de la obligación, es la fecha de notificación de la demanda; respecto de la cual, se ha notificado y comparecido a contestar.-“ (Ver sentencia apelada) (El subrayado no es originario)
Además sostiene el señor juez de grado: “En consecuencia, habiendo quedado reconocida la firma del contrato por parte del demandado, conforme se tuvo anteriormente en los términos del artículo 392 del C.P.C.C, éste ha quedado interpelado para el cumplimiento de su obligación con la notificación del traslado de demanda. (ver cédula acompañada con fecha 2 de marzo de 2020).-“ En consecuencia, el señor juez de grado ha admitido la existencia del contrato de compraventa.
Viene firme a esta Alzada la fecha en que quedó constituido en mora el demandado respecto a su obligación de escriturar.
Formuladas esas aclaraciones que son estrictamente formales, el distinguido colega del fuero se refiere a la titularidad de dominio del inmueble controvertido y su incidencia en el caso concreto. Veremos si en el contexto del caso era procedente la resolución del contrato.
Veremos los fundamentos que nos llevan a no compartir la solución de la sentencia apelada.
Afirma el señor juez de grado: “Ahora bien, la extinción del contrato por resolución por incumplimiento produce: a) la liberación de las partes de las obligaciones aún no cumplidas; b) la obligación de restituirse mutuamente lo que hasta ese momento se hubiera entregado en virtud de las obligaciones contractuales; y c) la obligación para el culpable de indemnizar los daños y perjuicios causados.- “ (Ver sentencia apelada) “Es oportuno recordar, lo que establece el art. 511 de ese Código: “El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.” (Ver sentencia apelada). En cuanto a la responsabilidad del incumplidor culpable, sostiene el primer interprete del caso: “La solución es muy distinta, también frente al caso de extinción del contrato, pero sin culpa, como es el caso fortuito o la fuerza mayor. El art. 513 expresamente prevé que en este caso el deudor no será responsable de daños e intereses. Lo mismo sucede frente a los casos de imposibilidad de ejecución de la obligación (arg. arts. 627 y 628) en los que se produce la extinción –sin culpa– y no hay obligación de indemnizar.” “Los artículos citados sumados al art. 1204 del C. Civil, llevan a la conclusión indudable de que cuando el deudor incumple y ese incumplimiento puede atribuírsele (aún, objetivamente), deberá indemnizar las consecuencias que se encuentren en relación adecuada de causalidad, lo que comprende el daño emergente y el lucro cesante realmente sufrido y probado, con las limitaciones que hemos visto derivadas de los efectos restitutorios.” (Ver sentencia apelada)
“En relación a los efectos de la resolución de contrato, la misma extingue todo vínculo jurídico derivado de él, por lo tanto, deja sin efecto toda obligación pasada y futura debido a la retroactividad que lo caracteriza, excepto las necesarias para regresar las cosas al estado anterior.” (Ver sentencia apelada)
“La resolución de un contrato por lo general tiene efectos retroactivos respecto a lo que se cumplió y lo que no, y por supuesto cesa todo efecto futuro del contrato por cuanto este se deshace, lo que no implica la desaparición de las obligaciones derivadas del incumplimiento y la resolución misma del contrato, como las restituciones mutuas o el pago de la cláusula penal, de incumplimiento o posibles indemnizaciones derivadas del incumplimiento.” (Ver sentencia)
“Ahora bien, sin perjuicio de las disposiciones generales en cuanto a los contratos, específicamente, en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, debe aplicarse el art. 1187 del Código Civil que prescribe: "La obligación de que habla el art. 1185 será juzgada como una obligación de hacer, y la parte que resistiere hacerlo, podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas e intereses".-
“Así las cosas, en las presentes actuaciones existe, como se determinó una imposibilidad de cumplimiento de la escrituración sustentada en la falta de titularidad del suscribiente demandado.-“ (Ver sentencia apelada)
También afirma el señor juez de grado: “En consecuencia, la conversión de la obligación de hacer (escrituración) en una de dar (pago de los daños y perjuicios) debe resolverse por el juez en último caso, cuando se han agotado los medios legales para obligar al cumplimiento de la escrituración, o sea en forma subsidiaria, pero únicamente cuando exista imposibilidad absoluta, legal o material, de dicho cumplimiento.-“ “El Caso de Autos: En el caso de autos y de consuno con todo lo expresado, se desprende que frente a la circunstancia de no estar en cabeza del demandado la titularidad del bien, y resultar, por ende, la obligación de escriturar para perfeccionar el dominio a favor del accionante, una situación de imposibilidad jurídica, no queda más que convertir la obligación de hacer la escrituración, en una obligación de dar los daños y perjuicios ocasionados por culpa del deudor (art. 163, 375, 384, y conc. del C.P.C.C.).” (El destacado es originario)
“Al respecto, debo señalar que comparto la postura en relación a que la venta y su escrituración a un tercero o la falta de titularidad, como en éste caso, es una imposibilidad absoluta de escriturar, no justificándose la insistencia de exigir el cumplimiento de una prestación de hacer jurídica y materialmente no realizable, esperando al momento de la ejecución de la sentencia, y obligando a la determinación de los daños en un juicio posterior”- (Ver sentencia apelada)
El señor juez de grado por la razón que expone, consideró que la escrituración se ha vuelto de cumplimiento imposible por culpa del vendedor y que la obligación subsiste mediante el pago de daños y perjuicios. El señor juez de grado ha interpretado que la sentencia es la oportunidad de sustituir la obligación de cumplimiento imposible por los daños y perjuicios. En el umbral, decimos que la actora en los agravios no refiere ningún supuesto de cumplimiento imposible de la obligación de escriturar. Entiende que ha pagado todo el precio y que además desde la fecha del boleto tiene la posesión, afirmando que la sentencia apelada perjudica su derecho de propiedad porque de perder su vivienda – que habita según lo acredita con declaraciones de testigos – que difícilmente pueda compensarse con los efectos de la resolución del contrato. Entendió que la sentencia apelada le causa incertidumbres.
En la demanda reclama la escrituración con más los daños y perjuicios derivados de la mora (Ver fs. 21 vta).
La actora en subsidio, para el caso que no pueda concretarse la escrituración, demanda por daños y perjuicios. (Ver fs. 21 vta). La demanda subsidiaria de daños y perjuicios debe ser interpretada con el alcance de su procedencia una vez declarada en la etapa de ejecución de sentencia, la imposibilidad de escriturar. Es preciso destacar que la accionante mantiene su interés en obtener la escrituración.
III. 3. La obligación de escriturar.
III.3.a. La mora en la obligación de escriturar.
La obligación de escriturar es recíproca y en consecuencia ambas partes deben cooperar mediante la distribución de actividades, algunas de ellas muy trascendentes y otras que tal vez pudieran ser consideradas subalternas contribuyen también contribuyen al éxito de la escrituración. El principio de buena fe debe observarse en el intenso caudal de las obligaciones pendientes.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “El acto escriturario es un acto complejo, respecto del cual deben cumplirse una serie de obligaciones ejecutables por ambos contratantes en concurso con un tercero (el escribano); lógico es afirmar que comprador y vendedor se deben recíproca lealtad en el desarrollo de las diligencias o prestaciones pendientes y que la responsabilidad por incumplimiento pesará sobre quien ponga obstáculos para la preparación de la escritura y la fijación de fecha (conf. arts. 509, 1185 y 1187 del Código Civil).” (SCBA LP C 116965 S 02/07/2014 Juez PETTIGIANI (SD): “Manzano, Ana contra Mirás, Mario Alberto y otra. Escrituración”, B4200111 JUBA).”(“Carrillo”) En este aspecto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido: “La obligación de escriturar pesa por igual sobre ambas partes contratantes, por lo que carece de asidero sostener que por haber mediado pago del precio, entrega de posesión y ausencia de plazo cierto para la escrituración el vendedor carezca de interés legitimante para demandar este acto”(SCBA LP Ac 42565 S 19/06/1990 “Dillon, Jorge c/Etchepare de Bigot, María y/o quién resulte con derechos s/Escrituración y cobro de pesos. Indemnización daños y perjuicios “: AyS 1990-II-541; LL 1990-E, 245; B20177 JUBA)
“En la misma orientación: “La obligación de escriturar pesa por igual sobre ambas partes contratantes.” (SCBA LP C 98708 S 11/11/2009 “Hernández, César María c/Irurzum, Carmen s/Escrituración”, B32182 JUBA) En consecuencia el deber de buena fe es inescindible de cada conducta. (Doct Art. 1198 CC); (Arts. 9, 729, 961 y 1061 CCC).
Con anterioridad he señalado: “Debe puntualizarse que las relaciones contractuales en todas las etapas del contrato, inclusive la post contractuales deben estar gobernadas por el principio de buena fe (Doctrina art. 1198, primer párrafo, Código Civil). La conducta de las partes es también un medio de prueba (Art. 1067 Código Civil y Comercial de La Nación, si bien no vigente aún a la época de los hechos, aplicado como fuente de doctrina por consultar su texto la doctrina y jurisprudencia consolidadas con anterioridad). La protección de la confianza no solamente se nutre de actos con relevancia jurídica que no sean contradictorios. Encuentra también su fundamento en la contribución de los deberes de cooperación mutua tan necesarios en la construcción del acto escriturario y que también obedece a obligaciones compartidas. No procede alegación de la mora del comprador si el vendedor se mantuvo impasible. El deber de cooperación comprende múltiples actividades que se adecuan a cada caso concreto.” (“Vallina”). (Ver cita completa)
Debe tenerse en cuenta como se destaca en los agravios que el vendedor al contestar demanda no hizo referencia alguna a la imposibilidad jurídica de escriturar, y que en este aspecto “el fallo cuestionado se extralimita de lo peticionado por las partes, vulnerando el principio de congruencia.“ (Ver expresión de agravios). Al contrario, el demandado vendedor se limitó a negar el contrato, contrariándose con el ello el principio de buena fe ínsito en los negocios jurídicos (Art. 1198 Código Civil, vigente a la época de la firma del contrato). Digo ello porque después y por las reticencias del demandado, se tuvo por reconocida la firma del contrato, que había negado al contestar demanda.
III. 3.b. La venta de cosa ajena Anticipamos la legislación aplicable para resolver el caso concreto. En el Código Civil – vigente a la época del contrato, la Sección Tercera “De las Obligaciones que nacen de los contratos”, Título I “De los contratos en general”, Capítulo III, “Del objeto de los contratos”, contiene las siguientes disposiciones:
“Art. 1.177. Las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete entregar cosas ajenas no hubiese garantizado el éxito de la promesa, sólo estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Si él tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue, debe satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas, cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto.”
“Art. 1.178. El que hubiese contratado sobre cosas ajenas como cosas propias, si no hiciere tradición de ellas, incurre en el delito de estelionato, y es responsable de todas las pérdidas e intereses.” El mismo Código en la Sección Tercera – De las Obligaciones que nacen los contratos”, Título III – “Del contrato de compra y venta”, Capítulo I, “De la cosa vendida”, “Art. 1.329. Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que le resultasen de la anulación del contrato, si éste hubiese ignorado que la cosa era ajena. El vendedor después que hubiese entregado la cosa, no puede demandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá pedir la restitución del precio.”
El Código Civil y Comercial, que ha de considerarse como fuente de doctrina, en el Libro Tercero – Derechos Personales, Capítulo 5 - “Objeto” dispone: “Artículo 1008.- Bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y, si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple.”
“El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos.”
En el Título IV – “Contratos en particular”, Capítulo 1 – “Compraventa”, Sección 1ª Disposiciones generales Sección 2ª “Cosa vendida”, se dispone: “Artículo 1132.- Cosa ajena. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida, en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador.” Definido el ámbito legal, se determinará la solución del caso concreto. El boleto de compra venta presentado por la parte actora. Viene firme a esta Alzada la sentencia apelada en cuanto tiene por reconocida la firma del demandado en el controvertido contrato de fs. 10 Resulta relevante destacar que en la fecha de la firma del boleto de compraventa, el vendedor recibió todo el precio (Ver cláusula segunda). El comprador afirma que tiene la posesión del inmueble, que según la referida cláusula “será entregada en forma inmediata”.
En el contexto del caso, se anticipa, que lo cierto es que al no revestir formalmente el demandado el carácter de titular de dominio, cabe inferir que estamos ante un supuesto de venta de cosa ajena o al menos frente a una situación donde nada permite vislumbrar, a esta altura del debate, que la escrituración sea de cumplimiento imposible.
La actora que si bien en la demanda había planteado la pretensión de escrituración, al unísono solicitó en subsidio, para su eventualidad, los daños y perjuicios, que en la etapa decisoria del proceso, el distinguido colega del fuero ha admitido. El señor juez de grado declaró la resolución del boleto de compraventa y condenó al demandado a restituir el precio obtenido y a responder por daño moral. Se infiere de la demanda que los daños y perjuicios fueron solicitados en subsidio “y para el supuesto que no pueda concretarse dicha escrituración” (Ver fs. 21 vta). Cuando el vendedor no es titular de dominio, en la etapa decisoria del proceso de escrituración no corresponde desestimar la demanda porque la imposibilidad de escriturar solo puede advertirse en la etapa de ejecución de sentencia.
Con ello interpretamos, que al desestimarse la escrituración, no se ha cumplido estrictamente con el principio de congruencia. (Art. 34 inc. 4 CPCC).
Se trata de una obligación de hacer (Arts. 1185 Código Civil; 1018 Código Civil y Comercial – aplicado como fuente de doctrina - y 511 CPCC), que en principio no pueden realizar personas extrañas a la titularidad de dominio, excepto que tengan la investidura necesaria. Ello no significa que algunas veces se trate de una venta de cosa ajena y frente a esta realidad, no siempre las partes conocen esa situación. De allí, se anticipa, que los efectos pueden ser disimiles.
Sin perjuicio de este principio general, la problemática del caso se vincula con la promesa de venta de cosa ajena, situación particular que ha dado soluciones prácticas y un criterio ya elaborado sobre la determinación subsidiaria de los daños y perjuicios en el ámbito de la ejecución de sentencia, etapa del proceso donde podría entonces determinarse la imposibilidad de la escrituración.
Anticipo que el distinguido colega del fuero ha desestimado en forma prematura la pretensión de escrituración al considerar resuelto el contrato porque el vendedor no es titular de dominio. Son cuestiones que deben resolverse en la etapa de ejecución de sentencia, de modo que también en este aspecto devienen prematuras las indemnizaciones por restitución del precio y daño moral que solo tienen carácter subsidiario como el mismo actor lo ha indicado en la demanda.
El señor juez de grado determinó la mora en escriturar del demandado y además comprobó que resulta extraño a la titularidad de dominio.
Ha señalado el señor juez de grado: “De la respuesta del oficio al Registro de la Propiedad Inmueble, recibida el 3 de junio de 2021, se desprende que el inmueble de autos, -cuya identificación catastral es la siguiente: circunscripción II, sección F, manzana 344, parcela 11, matrícula 158.56-, se encuentra bajo la titularidad de los Sres. Ojeda, Daniel Gustavo, Martínez María Laura y Viotti Rosana Marcela, en la proporción de 8/10, 1/10 y 1/10, respectivamente; en virtud de una compraventa por tracto abreviado efectuada ante notario, con fecha 2 de agosto de 2017.-“ (Ver sentencia apelada)
En base a ello, el distinguido colega del fuero interpretó que ha sobrevenido la imposibilidad de escriturar.
Sostuvo que “Por consiguiente, no puede prosperar la demanda de escrituración, el daño moral por mora en la escrituración y el pedido de intereses, cuando el demandado no resulta ser el legitimado titularmente para poder cumplir con la misma. (arts. 375, 484, 163 y conc. del C.P.C.C.).-“ (Ver sentencia apelada)
En la sentencia apelada se interpreta que resulta procedente la indemnización en subsidio que también integra la pretensión del actor. Sostiene el señor juez de grado: “Sin perjuicio de ello, atento la demanda subsidiaria de resolución de contrato más daños y perjuicios, planteada para el caso de la improcedencia la condena a escriturar, debo efectuar las siguientes consideraciones jurídicas en particular. “ (Ver sentencia apelada)
Sin embargo, entiendo que una vez comprobada la imposibilidad de escriturar, certezas que solo arrojara el resultado de la ejecución de sentencia, se habilitaran y en subsidio los daños y perjuicios que resulten procedentes.
En consecuencia el planteo en subsidio efectuado en la demandada no se puede esclarecer en la sentencia, considerándose que además la actora mantiene su pretensión de escrituración y que como lo destaca en la expresión de agravios, tampoco el vendedor expresó la imposibilidad de escriturar.
El señor juez de grado interpretó que si el demandado no era el titular de dominio, sobrevenía la imposibilidad de escriturar y no quedaba otro camino que la resolución del contrato.
Insisto, no es esa la pretensión principal del actor.
III. 3. c. La legitimación pasiva en el juicio de escrituración Anticipamos conceptos que seguidamente se han de explicitar.
Son legitimados pasivos aquellos que se han obligado en el boleto de compraventa a otorgar la escritura pública, generalmente se demanda al vendedor y en algunos supuestos, al comprador, cuando es renuente a dar cumplimiento a una obligación de hacer que es común a ambas partes. El vendedor que no es titular de dominio del inmueble puede ser demandado por escrituración Claudio KIPER explica, con relación al vendedor: “En el supuesto en que no tenga la propiedad del inmueble prometido en venta, como sucede en los casos de venta de una cosa total o parcialmente ajena, de todos modos será dicho vendedor el legitimado pasivo, quien asumió la obligación de obtener el consentimiento del verdadero dueño o de procurar previamente su adquisición. En caso de frustrarse la obligación asumida, deberá responder por los daños y perjuicios causados. No es posible dirigir la demanda contra el dueño, por ser el boleto inoponible para éste. No obstante, se lo podrá citar al juicio como tercero”. (KIPER, Claudio: “Juicio de Escrituración – Conflictos derivados del boleto de compraventa-“. Hammurabi, Buenos Aires 1999, pág. 297).
En el caso concreto, no se ha citado a los titulares de dominio con carácter de terceros, de modo que resulta conveniente, con mayor razón en el contexto del caso, hacerles saber la sentencia que condena a escriturar al demandado vendedor.
En la etapa de ejecución de sentencia se podrá advertir si resulta la escrituración de cumplimiento imposible.
La actora apelante sostiene: “Y por último, siquiera hay certeza de la imposibilidad de que el demandado cumpla con su obligación de hacer, por cuanto, si bien le asiste razón a la sentencia de que el inmueble no está bajo la titularidad del demandado, lo cierto es que se ha acreditado en autos que el inmueble fue afectado a “viviendas multifamiliares” (ver contestación de la oficiada Municipalidad de La Matanza del 5/11/21), lo cual se corrobora con la contestación de la oficiada EDENOR del 26/12/21, quien informa que en el inmueble hay 10 servicios eléctricos, de los cuales 8 están a nombre del demandado, como así también la misma declaración del demandado que los títulos del inmueble son perfectos (clausula tercera del contrato de fs. 10). Ello confrontado con los usos y costumbres en donde se realizan las construcciones de viviendas en un único inmueble y al finalizar se van formalizando las subdivisiones y escrituraciones de cada unidad funcional, convierte en totalmente apresurada la interpretación de imposibilidad decretada por el acto en crisis.-“ (Ver expresión de agravios)
En efecto surge de la prueba: “1) “Sí se ha solicitado la instalación para el pedido de suministro sobre el inmueble sito en Sargento Cabral 1175, integrante de la finca cuya nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción II, Sección F, Manzana 344, Parcela 11, Matrícula 158.569 de Ramos Mejía, La Matanza, Buenos Aires”
“Se hace saber que el pedido ingresó con fecha 25/07/2008 (conexionado de RED, no fue necesario la realización de ninguna Obra).” “2) “Sí el inmueble antes referenciado cuenta con luz de obra, y en tal caso indique causas”
“El inmueble no cuenta con luz de obra, posee medidores individuales.
“3) “Sí se ha instalado mediadores individuales para cada una de las unidades funcionales”
“Tenemos registrados 11 medidores colocados en el predio, 8 de ellos a nombre de GIMENEZ FERNANDO ARIEL. Fecha del Escrito:
30/11/2021 9:49:46 a. m. (Respuesta de EDENOR S.A.)
Resulta verosímil que el actor insista en obtener la escrituración. El acotado boleto de compraventa nada indica sobre la condición que ha tenido el enajenante. Sin embargo, en el mencionado boleto, el vendedor no hace mención a representación alguna del titular registral. No obstante estas peculiares circunstancias, ninguna duda hay que frente al actor, el demandado se ha obligado como vendedor. Insisto, en el contexto del caso, cabe inferir que se trata de una venta de cosa ajena.
Al no estar planteado que el comprador y el vendedor conocían que la cosa era ajena y que mediante el boleto se pretendía perjudicar al propietario, ningún obstáculo se advierte para asimilar la venta de cosa ajena y condenar a escriturar al demandado y eventualmente admitir en subsidio los daños y perjuicios. (Ver KIPER, obra citada, págs.. 297/298). Voy a transcribir textualmente la opinión de KIPER sobre este aspecto controversial: “En cuanto a la posibilidad de obtener la restitución del precio y la indemnización del perjuicio causado, cuando ambas partes hubieran conocido que la cosa era ajena, no se opone a ello lo dispuesto por el art. 1329 del Cód. Civil, ya que se interpreta que la sanción en esta norma sólo se aplica cuando el comprador hubiera actuado de mala fe, con intención de perjudicar al verdadero dueño. En cambio, cuando el comprador sólo reclamare al vendedor que adquiriese legítimamente la cosa, éste habría asumido el riesgo que el dueño no quisiera vendérsela. Además, sería notoriamente injusto que el vendedor retuviese el precio por una cosa que no pudo entregar”.
“Por ende, aunque al tiempo de iniciar la demanda el comprador supiera que el vendedor no era el dueño, podría accionar por escrituración y, en tal caso, la sentencia debería condenar a escriturar bajo apercibimiento de daños y perjuicios. Como señala Borda, esta solución se explica porque el comprador tiene derecho a reclamar lo que se le hubiera prometido, y el vendedor tiene la posibilidad jurídica de adquirir la cosa de su dueño para cumplir con su obligación. Ahora bien, si solo el comprador hubiera sabido que la cosa era ajena, en tal caso no tendría derecho a reclamar daños y perjuicios ni a que se le restituyera el precio, resultando plenamente aplicable la solución prevista por la última parte del art. 1329 del Código Civil”.(KIPER, obra citada, págs. 297/298).
Este último supuesto no se da en el caso concreto.
La solución que propiciamos se relaciona en el caso concreto con el principio de congruencia, siguiendo lo pedido en la demanda: la escrituración y frente a su imposibilidad los daños y perjuicios.
En este aspecto se ha señalado: “La circunstancia de tratarse de un inmueble ajeno no obsta a la validez del contrato de compraventa y de las obligaciones derivadas del mismo -tal la escrituración, pues la naturaleza consensual del mismo permite contratar sobre cosa ajena en los términos de lo dispuesto por el art. 1329/1330 del Código Cvil: bajo pena de indemnizar los daños que se ocasionen en caso de la frustración del contrato.” (CC0102 MP 107824 RSD-456-98 S 17/12/1998 Juez OTERINO (SD): “Iguan, Jose Luis c/Mallo, alberto Enrique y otro s/Escrituración”, B1402819 JUBA) En este aspecto la SCBA ha señalado: “Si bien la pretensión de resolver la obligación en el pago de daños va ínsita en el pedido de cumplimiento, y así lo establece el art. 511 del Código Procesal Civil, ello es materia de la etapa de cumplimiento de la sentencia, por lo que infringe el principio de congruencia el tribunal que al dictar ésta omite pronunciarse sobre la procedencia de la escrituración pretendida, disponiendo la condena al pago de daños y perjuicios.”(SCBA LP Ac 41937 B S 26/03/1991 Juez PISANO (SD): “Ale, Roberto Amado c/Dall'Orto, Jorge Lorenzo s/Escrituración”, B21439 JUBA)
Se ha señalado: “Si leemos el boleto de compraventa que las partes de autos suscribieron oportunamente (fs. 3), sin duda alguna advertimos que los aquí demandados revisten el carácter de vendedores y en ningún momento dicen que lo hacen en nombre y representación del titular registral; si bien en la cláusula novena se expresa que se adjunta un poder especial que faculta a los vendedores a suscribir el boleto y la escritura traslativa de dominio, ninguna referencia se hace al carácter de propietario o titular registral del poderdante. Queda claro entonces que el actor contrató con los vendedores Lanosa y Gauna, quienes se comprometieron a transferir la propiedad del bien de autos y percibir el precio acordado, por lo que están obligados a cumplir con la prestación a su cargo, con los efectos que acarrea su incumplimiento (arts. 1323, 1409, 1412, 1423, 511, 512 y cons. del Código Civil). Siendo el contrato de compraventa de carácter consensual, queda perfeccionado con el simple consentimiento de las partes, produciendo sus efectos desde el momento mismo de la celebración del negocio.” (Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa 90625 RSD-226-11 S 18/10/2011 Juez Silvana Regina Canale: “Tello, Salvador María c/Lanosa, Pablo U. s/Escrituración”)
También se ha señalado en la jurisprudencia citada: “En nuestro sistema jurídico el contrato de compraventa no constituye ni transmite derechos reales, pero puede servir como "título" para ello, facultando a la parte compradora a exigir la escrituración. El texto del art. 1197 del Código Civil es terminante cuando establece que las partes están ligadas por su consentimiento tan rigurosamente como lo estarían por la voluntad del legislador. En consecuencia, los contratantes deben atenerse a lo contratado y cumplirlo, o indemnizar al acreedor por la inejecución de lo debido. Y en el caso concreto del contrato de compraventa, la obligación del vendedor es de dar para transmitir el dominio, recibiendo como contraprestación un precio, que en autos ya fue pagado (doct. arts. 1197 y 1323 citados; Risolía M.A., "Soberanía y crisis del contrato en nuestra legislación civil", Buenos Aires, 1958; Llambías, Jorge J.-Alterini, Atilio A., "Código Civil Anotado. Doctrina-Jurisprudencia", tomo III-A, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982).” (El subrayado no es originario) (Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa 90625 RSD-226-11 S 18/10/2011 Juez Silvana Regina Canale: “Tello, Salvador María c/Lanosa, Pablo U. s/Escrituración”) (Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa 90625 RSD-226-11 S 18/10/2011https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=19325&n=Ver %20Sentencia%20(90625).pdf )
En la mencionada jurisprudencia también se ha señalado: “En efecto, sin perjuicio del poder especial que se anexa al boleto, no puede desconocerse la manifestación de voluntad que el instrumento referido contiene, en el cual claramente consta que”… los vendedores VENDEN y el comprador ADQUIERE….”, sin perjuicio de que el bien prometido como propio fuera ajeno; debe entenderse pues, que los vendedores se han comprometido a otorgar el dominio, y así lo interpretó el comprador al reclamarles la escrituración, conforme al principio de que los contratos deben interpretarse y cumplirse de buena fe y obligan a todas las consecuencias virtualmente comprendidas en ellos (doct. art. 1198 del Código Civil).” (Voto Dra. Canale) (El subrayado no es originario) (Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa 90625 RSD-226-11 S 18/10/2011 Juez Silvana Regina Canale: “Tello, Salvador María c/Lanosa, Pablo U. s/Escrituración”, Cámara Civil y Comercial de Dolores, causa 90625 RSD-226-11S18/10/2011https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id= 19325&n=Ver%20Sentencia%20(90625).pdf )
Ha señalado la jurisprudencia: “Si la venta de cosa ajena es prohibida, no lo es el compromiso de entregarla al comprador cuando el promitente adquiera su dominio; no importa que la cosa vendida sea ajena al suscribirse el boleto, pues basta que sea propia en la oportunidad de otorgarse la escritura traslativa de dominio. Pues cuando se prometen en venta bienes que no se hallan en cabeza del vendedor, sabiéndolo las dos partes, el contrato es válido como compromiso de lograr que la transferencia se concrete, en cuyo caso el promitente asume la obligación de obtenerla de sus titulares.” (CC0201 LP 109627 RSD-180-8 S 16/10/2008 Juez LOPEZ MURO (SD): “Rubio, Humberto Rodolfo E. c/ González Abad, Guillermo Enrique s/Escrituración”, B256940 JUBA).
La jurisprudencia también ha señalado: “La ley prohíbe la venta de cosa ajena como propia, pero no el compromiso de entregarla al comprador cuando el promitente adquiera su dominio; no importa que la cosa vendida sea ajena al suscribirse el boleto, pues basta que sea propia en la oportunidad de otorgarse la escritura traslativa de dominio.” (CC0101 LP 208409 RSD-95-91 S 04/06/1991 Juez ENNIS (SD): “Salas, Sara Teresa Angélica c/Cosella”, B100032 JUBA)
La demanda de escrituración debe dirigirse contra quien o quienes se hayan obligado como vendedor en el boleto de compraventa y que se han obligado otorgarla. Incluso cuando quien suscribe el boleto como vendedor no resulta ser el propietario, ninguna duda que resulta ser el legitimado pasivo. (Arts. 1137, 1185, 1197 y concordantes del Código Civil, aplicable a la época de la firma del controvertido contrato).
En el caso concreto, no es ocioso destacar que la demanda de escrituración fue interpuesta contra el vendedor, quien ha recibido el precio y dado la posesión del inmueble. Ello sin perjuicio de la posibilidad jurídica de escriturar, obstáculo que en principio no se debe relacionar estrictamente con el carácter de vendedor extraño a la titularidad de dominio. No dudamos que en el caso concreto el vendedor es el legitimado pasivo.
También se ha señalado: “Corresponde hacer lugar a la demanda, condenando a la demandada a otorgar la escritura traslativa de dominio del bien objeto de la compraventa a favor del actor. Según el art. 1329 del Código Civil, las cosas ajenas no pueden venderse, regulando dicha norma y las dos siguientes (arts. 1330 y 1331) los distintos supuestos y sus consecuencias. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia son contestes en que la prohibición enunciada en el art. 1329 del Código Civil es la excepción, ya que nuestro ordenamiento jurídico acuerda a la compraventa un carácter esencialmente obligacional, por lo que, desde esta perspectiva, la venta de cosa ajena es válida si el compromiso del vendedor es obtener la transferencia de la propiedad de la cosa. Consecuentemente, en materia inmobiliaria, la venta de cosa ajena es válida cuando el vendedor celebra un boleto de compraventa y se obliga a escriturar a favor del comprador, siendo su deber obtener el dominio de la cosa ajena para estar en condiciones de transmitirlo al comprador (cfr. Esborraz, David en “Código Civil Comentado”, dirig. por Ricardo Luis Lorenzetti. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, T. “Contratos – Parte Especial” I, pág 80/81).” (“Vázquez, Ceferino del Espíritu c/ Barros, Sinforosa del Carmen s/ Escrituración”, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial Sala II, Neuquén, 13 de diciembre de 2011, voto Dra. Patricia Mónica Clerici http://200.41.231.85/cmoext.nsf/e60cedec095a9ecd032570a100494096/126 10088fec251b5032579fe00575786?OpenDocument)
En la sentencia citada también se afirma: “Ahora bien, de acuerdo con el art. 1329 del Código Civil, las cosas ajenas no pueden venderse, regulando dicha norma y las dos siguientes (arts. 1330 y 1331) los distintos supuestos y sus consecuencias. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia son contestes en que la prohibición enunciada en el art. 1329 del Código Civil es la excepción, ya que nuestro ordenamiento jurídico acuerda a la compraventa un carácter esencialmente obligacional, por lo que, desde esta perspectiva, la venta de cosa ajena es válida si el compromiso del vendedor es obtener la transferencia de la propiedad de la cosa.” (Voto Dra. Clerici). También se ha señalado en la sentencia citada:
“Consecuentemente, en materia inmobiliaria, la venta de cosa ajena es válida cuando el vendedor celebra un boleto de compraventa y se obliga a escriturar a favor del comprador, siendo su deber obtener el dominio de la cosa ajena para estar en condiciones de transmitirlo al comprador (cfr. Esborraz, David en “Código Civil Comentado”, dirig. por Ricardo Luis Lorenzetti. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, T. “Contratos – Parte Especial” I, pág. 80/81).” (Voto Dra. Clerici).
Es cierto que no se puede demandar directamente al propietario puesto que en el caso concreto, el boleto de compraventa no le es oponible y tampoco fue citado como tercero.
Al respecto, en la sentencia citada, se ha señalado:
“Jurisprudencialmente se ha resuelto que la compraventa concertada con quién no revestía la calidad de verdadero propietario, es inoponible a éste que no participó de la operación (arts. 1179, 1329 y 1330, Código Civil). Pero entre quienes lo celebraron produce los efectos prescriptos por dichas normas; vale decir: generar la obligación del vendedor de adquirir la cosa, y de ese modo transferirla al comprador, u obtener la ratificación del propietario, o remover los obstáculos que pudieran presentarse para la efectiva disposición de la cosa vendida (cfr. Cám. Nac. Civil, Sala B, JA 1968-IV, pág. 69; ídem., Sala D, LL 138, pág. 945; ídem., Sala E, JA 1978-II, pág. 216; Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, 15/8/2000, Lexis nº 14/94714; Cám. 1º Civ. y Com. La Plata, Sala II, 18/9/2000. Lexis nº 14/78134).” “Jorge Mosset Iturraspe comparte esta posición señalando que “la compraventa obligacional de cosa ajena como ajena, con conocimiento de las partes en el negocio, es válida y equivale a un contrato a cargo de tercero; el vendedor del inmueble ajeno como ajeno se obliga a gestionar la ratificación del tercero-dueño, y deberá daños, la indemnización de los mismos, cuando no emplee sus buenos oficios o habiendo garantizado esa conformidad del tercero no la logre (art. 1163, Código Civil)” (cfr. aut. cit., “La compraventa de cosas ajenas (muebles e inmuebles)” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2003-3, pág. 53 y sgtes.)” (Voto Dra. Clerici)
En la misma sentencia, se afirma: “Una importante corriente jurisprudencial admite que el comprador de cosa ajena demande la escrituración del inmueble objeto de la contratación.
Así la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, entre otros tribunales, hanresuelto que lo dispuesto por el art. 1331, en concordancia con el art. 1329del Código Civil, “no impide que el comprador exija y obtenga una condena a escriturar bajo apercibimiento, en el caso de que el incumplimiento de la misma resulte imposible en la etapa de ejecución de sentencia, de resolverse en el pago de daños que le resultaran al adquirente de la anulación del contrato” (cfr. SCJBA, ED 20, pág. 106; SCJ de Santa Fe; Cám. Nac. Civil, Sala F, ED 6, pág. 169). En el mismo sentido se ha dicho que “en la promesa de venta de cosa ajena resulta prematuro imputar culpa al vendedor mientras no se compruebe, en el procedimiento de ejecución de sentencia que condena a escriturar, si la venta puede o no formalizarse” (cfr. Cám. Nac. Civil, Sala F, LL 136, pág. 50).” “Con similares conceptos se pronuncia Jorge Mosset Iturraspe: “la imposibilidad de vender dominialemnte lo que no es propio, recién puede conocerse de manera definitiva cuando se ventile la ejecución de la sentencia que condena a escriturar” (cfr. op. cit., pág. 66).” (Voto Dra. Clerici).
En la jurisprudencia citada se resuelve una situación que tiene analogía con el presente caso, donde la demandada negó la firma del boleto de compraventa y que ha sido tenido por probado en la sentencia apelada.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia citada en el párrafo anterior, y toda vez que la defensa de la demandada ha sido el desconocimiento del contrato de compraventa, el que ha sido tenido como cierto en la sentencia – extremo que se encuentra firme y consentido-, entiendo que corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada a otorgar la escritura traslativa de dominio a favor del actor bajo apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de los daños y perjuicios derivados de la anulación del contrato.
De todas maneras se trata de un supuesto de nulidad relativa, de allí que en la etapa de ejecución de sentencia se tiene alguna expectativa en la ratificación del negocio jurídico por parte del propietario.
La jurisprudencia en la causa que en el orden estamos siguiendo, ha señalado: “Como la nulidad es relativa, ella puede ser purgada por la ratificación que de la venta hiciera el dueño de la cosa ajena o cuando el vendedor ulteriormente hubiera devenido su sucesor universal o singular respecto de la cosa vendida (art. 1330). Pero si ninguno de estos eventos tiene lugar, el vendedor queda expuesto a la acción del propietario y, si la cosa hubiere sido entregada, éste puede reivindicarla (art. 2758 y ss.).” (Voto Dra. Clerici) (El subrayado no es originario)
En concreto estamos ante un supuesto de venta de cosa ajena, el solo hecho de vender sin ser titular de dominio no configura en principio la "imposibilidad de cumplimiento", lo que deja huérfano de sustento la resolución del contrato dispuesta en la instancia de origen sobre la base de la firma de un boleto de compraventa donde quien se presenta como vendedor no resulta ser el titular de dominio del inmueble.
La jurisprudencia ha señalado: “Nuestro Código Civil prescribe en su artículo 1177 que "las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete entregar cosas ajenas no hubiese garantizado el éxito de la promesa, sólo estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Si él tuviere culpa de que la cosa ajena no se entregue, debe satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas, cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto" Esta norma de carácter general (ubicada en el capítulo 3 "del objeto de los contratos" del título 1 "de los contratos en general", sección tercera "de las obligaciones que nacen de los contratos") se ve contrapuesta por otra de carácter especial (art. 1329, en el capítulo 1 "de la cosa vendida" del título 3 "del contrato de compra y venta"), cuya primera parte establece que "las cosas ajenas no pueden venderse", en tanto el artículo siguiente establece en principio la nulidad de tales ventas.
Una de las fuentes del art. 1329 C.C. fue el artículo 1599 del Código Francés al que el codificador alude en su nota. Según ese cuerpo normativo, la transferencia de dominio se opera por el simple acuerdo de voluntades (arts. 711, 1138 y 1583), contrariamente a lo prescripto en el nuestro, donde es necesario acudir a la tradición (arts. 577 y 3265). En el Código Napoleón, por tanto, contratar la transferencia de un dominio que no se tiene resulta en principio incompatible con una legislación en la que basta el acuerdo de las partes para que se opere esa transferencia. En nuestro sistema jurídico, en cambio, el codificador escogió otro sistema para la transmisión del dominio, de neta estirpe romana, que exige la tradición.
La compraventa conserva el carácter de simple contrato generador de obligaciones, independiente de la transmisión de la propiedad que se cumple mediante la tradición. La inadmisibilidad de la venta de la cosa ajena no es entonces una conclusión irreductible porque -como bien lo enseñara el maestro Marco Aurelio Risolíanormalmente, el vendedor puede adquirir el dominio y transferirlo al comprador luego del contrato (autor cit. - "La venta de cosa ajena", págs. 9 y sgtes., Ed. Abeledo Perrot, 1959), tal como lo prevé el art. 1330 C.C. en su parte final. En síntesis, para el Código Civil Argentino el dominio de la cosa hay que tenerlo al tiempo de la transmisión, que no es necesariamente el mismo del contrato (conf.
Risolía, M. A., op. cit., págs. 17/18). Se trata, en definitiva ,de una contradicción sólo aparente, y en materia de compraventa de inmuebles la posibilidad de condenar a escriturar al vendedor de cosa ajena ha sido resuelta positivamente, porque él puede adquirir el dominio de la cosa a posteriori de la sentencia (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 5, p. 809 y sus citas - Ed. Astrea, 1984). Por otra parte, la doctrina ha entendido que el ámbito de aplicación del artículo 1329 del Código Civil se reduce principalmente a la compraventa de inmuebles, en cuya transmisión de dominio juega no sólo la tradición sino también el recaudo formal de la escritura pública (conf. Lafaille, Héctor, "Curso de Contratos", t. 2,pág. 39, núm. 60).”
“En definitiva, la compraventa de cosa ajena es válida cuando no apunta a la transmisión actual del dominio, pues si se ha fijado plazo para que esa transmisión se efectúe, la operación es inobjetable. Se entiende en tal caso que el vendedor asume entonces la obligación de entregar la cosa al comprador, luego de adquirirla (art. 1330, última parte). Por tanto, aunque se tratara de la venta de un inmueble ajeno, como sucede en la especie, si se la concierta con pleno conocimiento de las partes y fijando plazo para la transmisión del dominio, la operación es válida como contrato, se llegue o no después a realizar efectivamente aquella transmisión. En todo caso, el incumplimiento de la obligación de adquirir y transmitir el dominio que en tal hipótesis asume el vendedor, se resolvería en el pago de daños y perjuicios (conf. Risolía, M. A., op. cit., pág. 22). De allí que el acuerdo celebrado entre las partes puede ser reputado como válido y el vendedor, en caso de no concretar la transferencia del dominio, debe responder por los perjuicios generados por su incumplimiento”
“En consecuencia, la circunstancia de que el demandado no haya adquirido el dominio del inmueble con posterioridad a la celebración del boleto de compraventa y con anterioridad a la promoción de la demanda en nada afecta su legitimación pasiva como titular de la relación jurídica sustancial emergente de la suscripción del contrato de compraventa glosado a fs. 7/vta. ni lo exime de las obligaciones por él asumidas a raíz de la concertación de dicho negocio jurídico, por lo que, en mi opinión, el agravio referido a la "imposibilidad jurídica de cumplimiento" debe ser desestimado.” (F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios, 23 de Diciembre de 2008, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut, Sala A, Voto Dr. Carlos Dante Ferrari Id SAIJ: FA08150402) En el caso concreto, del escueto boleto de compraventa, el vendedor si bien ha prometido en venta un inmueble sin ser el titular de dominio estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Ya hemos señalado que la determinación de los daños y perjuicios en la sentencia apelada resulta prematura y que no correspondía en el contexto del caso, declarar la resolución del contrato sobre la base que el vendedor no es el titular de dominio del inmueble.
La condena a escriturar es un paso previo a la determinación de los daños y perjuicios.
En la sentencia citada se ha señalado: “En los hechos, no se ha producido aún el incumplimiento de la condena dictada por la pretensión principal que, de no saldarse, tornará operativa la consecuencia determinada en el apercibimiento contenido en el fallo, consistente en su conversión en daños y perjuicios, conforme a lo previsto en los arts. 1187 del Código Civil y 513 del C.P.C.C. En este sentido, la condena al vendedor de cosa ajena a escriturar se impone necesariamente como paso previo, puesto que el demandado podría llegar a adquirir el dominio del inmueble con posterioridad a la sentencia, ya que como se ha dicho anteriormente, no obsta a la validez del contrato que la cosa vendida sea ajena al suscribirse el boleto, pues basta que sea propia en la oportunidad de otorgarse la escritura traslativa de dominio (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit., t. 5, p. 862 y sus citas). Está claro así que sólo si llega verificarse dicho incumplimiento tendrá sentido entonces determinar, en la etapa de ejecución de sentencia, la existencia y/o extensión de los daños y perjuicios causados a la parte actora, a fin de transformar la obligación original en la de una indemnización pecuniaria, sucedánea de la escrituración frustrada.” (F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios, 23 de Diciembre de 2008, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut, Sala A, Voto Dr. Carlos Dante Ferrari Id SAIJ: FA08150402)
La determinación subsidiaria de los daños y perjuicios es debatida en la etapa de ejecución de sentencia. No es necesario un segundo juicio. Resulta aplicable el artículo 511 del Ver Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que prescribe que la determinación se hará en forma sumaria. (Doctrina artículos 501 y 502 CPCC; 1187 in fine Código Civil.
En la sentencia citada, el Dr. López Mesa ha señalado: “Interpretando este régimen diversos fallos, que he sistematizado en mi "Código Civil anotado" han declarado que "La denominada imposibilidad de pago a que aluden los arts. 888 y ss. CC., se sustenta en casos en que existe una imposibilidad material o legal de satisfacción del objeto de la obligación material si la cosa se destruye o desaparece; legal, si la cosa es puesta fuera del comercio, o es expropiada, etcétera" (C. Nac. Civ., sala A, 15/4/86, "M. de C., L. E. v. B. del S. S.A.", JA 1987-I-3329.)“ (F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios, 23 de Diciembre de 2008, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut, Sala A, Voto Dr. Carlos Dante Ferrari Id SAIJ: FA08150402)
El destacado autor hace referencia a un obstáculo determinante y no a una mera dificultad. Al respecto,. Al votar en la causa citada afirma: “Y se aclaró allí también que "lo fundamental es destacar que la imposibilidad debe ser irrefragable, sin que baste con que exista una mera dificultad, pues en ese caso corresponderá analizar el incumplimiento imputable o no, del demandado, la posibilidad de la ejecución forzada, de la ejecución por otro, y en su caso, la resolución por incumplimiento en los términos del art. 1204 CC." (C. Nac. Civ., sala A, 15/4/86, "M. de C., L. E. v. B. del S. S.A.", JA 1987-I-332).” Y en otro fallo se aclaró más aún la etiología de la imposibilidad de cumplimiento, expresándose que "La imposibilidad de cumplir por parte del vendedor puede tipificarse como un supuesto de imposibilidad de hechos en cuanto "reconoce su causa adecuada en circunstancias externas a la cosa vendida" (v. gr. prohibición de importar la cosa existente en el extranjero y que fue objeto de la compraventa)" (C.
Nac. Com., sala B, 6/2/85, "T, S. R. L. c. Laprida, S. A.", ED 114-210).” “Y se ha dicho que "los requisitos que requiere la configuración de la imposibilidad de pago son: cumplimiento imposible; imposibilidad definitiva sobrevenida sin culpa del deudor y ausencia de responsabilidad del caso fortuito por el deudor" (C. Nac. Civ., sala G, 13/10/80, "M., V. E. C. A., SA", los cuatro transcriptos en LÓPEZ MESA, Marcelo y colaboradoras, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. II, pp. 20 y 21.)” (Jurisprudencia citada) Sigue diciendo: “Ahora bien, qué ocurre cuando la obligación se vuelve imposible por culpa del deudor. Sencillamente, "si el cumplimiento de la prestación se torna imposible por culpa del deudor, la primitiva obligación de dar o de hacer se convierte en la de pagar daños e intereses; es así que por ministerio de la ley ..., la obligación se transforma en un objeto que, a partir de la imposibilidad de cumplimiento específico, será la de pagar una suma de dinero representativa del daño experimentado por el acreedor" (C.
Nac. Com., sala C, 15/2/84, "Editorial Codex, S. A., quiebra", ED 108-441).- --- La imposibilidad de cumplimiento cuando acaece por culpa del deudor opera o produce la transformación -por novación legal- de la obligación primitiva, no debiendo ya el deudor las cosas desde que se tornó imposible la prestación contratada" (C. Nac. Com., sala C, 15/2/84, "Editorial Codex, S. A., quiebra", ED 108-441).” (F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios, 23 de Diciembre de 2008, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut, Sala A, Voto Dr. Marcelo López Mesa, Id SAIJ: FA08150402)
En la jurisprudencia citada se hace referencia a que “La obligación principal contenida en la sentencia de grado no se extinguirá por pago sino por aquel otro medio indirecto, se trata del cumplimiento del convenio por la vía sustitutiva de la reparación de los perjuicios. La obligación principal de hacer dejaría paso a una obligación solutoria, ante la imposibilidad de cumplir la primera. Pero no ha llegado todavía ese momento en autos. Por otra parte, el apelante no ha tomado en cuenta que la transformación o conversión de la obligación primitiva de escrituración en la de pagar daños e intereses, en caso de evidenciarse imposible la primera, configura un supuesto de novación legal; la causa de la obligación primitiva; los sujetos son los mismos, solo difiere el objeto, que no es la cosa o hecho originariamente debidos, sino el valor de la pérdida que ha sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación por la inejecución de ésta, lo que es imputable al deudor. Ese cambio de objeto es impuesto por la ley que "sustituye" una obligación por otra para resguardar el primado de la justicia. Se presenta entonces, una novación objetiva anómala en la que se prescinde del animus novandi característico de la novación ordinaria (LÓPEZ MESA, Marcelo y colaboradoras, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", cit., t. II, pp. 21 y 22). Y tratándose de un caso de novación legal, no hacía falta que el juez de grado se pronunciara y, menos, que lo haga ad eventum de lo que ocurra luego.” (F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios, 23 de Diciembre de 2008, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut, Sala A, Voto Dr. Marcelo López Mesa.i Id SAIJ: FA08150402) En caso de resultar después imposible la escrituración, la conversión en daños y perjuicios resulta de las previsiones del artículo 889 del Código Civil, aplicable al caso concreto según la época de suscripción del boleto de compraventa. Es decir que la obligación primigenia que ya no puede ser cumplida no se extingue y se transforma en la obligación de pagar daños e intereses.
De modo que una vez que adquiera firmeza la sentencia que condena a escriturar y acreditado el incumplimiento de la obligación de hacer, corresponde la determinación de los daños y perjuicios.
Se configura una especie de “novación legal” al mutar la obligación originaria (Escrituración) en una suma de dinero que explique los daños y perjuicios que ha experimentado el comprador. (En este aspecto es explicita la sentencia citada a la que adherimos) (Ver jurisprudencia con cita de C. Nac. Com., sala C, 21/10/88, "Lamorte, Antonio V. Marina, Enrique"en Lexis Nexis online Nº 11/5689). (Ver jurisprudencia citada, voto Dr. Marcelo López Mesa)
Es razonable que el comprador al plantear la escrituración refiera sobre la procedencia de los daños y perjuicios cuando la obligación de hacer se torna de cumplimiento imposible, no obstante lo cual cualquier pretensión en subsidio solo tiene virtualidad una vez agotada la posibilidad de la obligación principal, es decir el debate se difiere a la etapa de ejecución de la sentencia que condena a escriturar. Se reitera, la determinación de los daños y perjuicios no requieren un segundo proceso.
En todo caso, como se ha venido afirmando en la ponencia, es posible condenar a escriturar al vendedor de cosa ajena, porque él puede adquirir el dominio de la cosa después de la sentencia. Si la sentencia no se puede cumplir, la obligación se resuelve en el pago de los daños y perjuicios en la etapa procesal de ejecución de sentencia.
Debe destacarse que “Una importante corriente jurisprudencial admite que el comprador de cosa ajena demande la escrituración del inmueble objeto de la contratación. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, entre otros tribunales, han resuelto que lo dispuesto por el art. 1331, en concordancia con el art. 1329 del Código Civil, “no impide que el comprador exija y obtenga una condena a escriturar bajo apercibimiento, en el caso de que el incumplimiento de la misma resulte imposible en la etapa de ejecución de sentencia, de resolverse en el pago de daños que le resultaran al adquirente de la anulación del contrato” (cfr. SCJBA, ED 20, pág. 106; SCJ de Santa Fe; Cám. Nac. Civil, Sala F, ED 6, pág. 169); (“Vázquez, Ceferino del Espíritu c/ Barros, Sinforosa del Carmen s/ Escrituración”, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial Sala II, Neuquén, 13 de diciembre de 2011, voto Dra. Patricia Mónica Clerici http://200.41.231.85/cmoext.nsf/e60cedec095a9ecd032570a100494096/126 10088fec251b5032579fe00575786?OpenDocument)
La cuestión se vuelve más nítida en la regulación del Código Civil y Comercial, debiéndose interpretar el principio general del artículo 1132 del ordenamiento jurídico citado en armonía con el artículo 1008 del mismo digesto. Ello permite asimilar la solución que propiciamos, considerando al nuevo código como fuente de doctrina. Es decir la venta de cosa total o parciamente ajena es válida, sin perjuicio de su ulterior imposibilidad de dar cumplimiento a la escrituración, dilema que solamente podrá percibirse en la etapa de ejecución de sentencia.
Se ha señalado que la interpretación de la solución legal del nuevo texto unificado, si al intérprete le quedan dudas, se resuelven las contradicciones que mostraban los antiguos códigos civil y de comercio que a juicio de la jurisprudencia contenían “principios incongruentes” (Con referencia a los artículos 1177 y 1329 del Código Civil y 453 del Código de Comercio). No es ocioso destacar que estas desarmonías fueron corregidos por la doctrina y la jurisprudencia que hacemos nuestra en esta ponencia. El propietario no está personalmente obligado por no ser parte del contrato ni haber designado al vendedor como su representante, de modo que si bien no va a integrar la Litis, lo cierto es que debe tomar conocimiento de la sentencia que condena al vendedor no propietario a escriturar. Podría decirse que el vendedor de cosa ajena tendría la obligación de adquirirla de su dueño para trasmitírsela al comprador o bien obtener la ratificación del propietario.
En principio, la obligación del vendedor debe reputarse como una obligación de medios; por lo que, si empleando la diligencia necesaria no logra el éxito de la promesa, no incurre en responsabilidad alguna. Mas, si el vendedor no emplea la diligencia necesaria, o la cosa no se transmite al comprador por su culpa, el vendedor será responsable por los daños causados.
En efecto, no se advierte del boleto de compraventa ni de la prueba producida que el vendedor haya demostrado la debida diligencia. Al contrario, negó la firma del boleto de compraventa. En este caso su obligación era emplear todos los medios para que la promesa se cumpla. El vendedor de cosa ajena adeuda la diligencia exigible en las circunstancias del caso y si no resultara posible deberá indemnizar los daños y perjuicios que no deben ser determinados en la sentencia que condena a escriturar.
Tampoco es el caso, al menos no surge del escueto boleto de compraventa, de la venta de bienes ajenos como propios. (Arts. 1008 Código Civil y Comercial, primer párrafo, y. 1132 Código Civil y Comercial.). No es el caso según lo que exhibe el boleto de compraventa y lo que no alcanza a revelar la prueba, no es el caso donde tanto el comprador como el vendedor tienen conocimiento que el contrato tiene por objeto una cosa ajena. (Art. 1008 segundo párrafo CCC)
Se sabe que si el vendedor vende bienes ajenos como propios, resulta indiscutible su responsabilidad si no hace entrega de ellos (Art. 1008, segundo párrafo Código Civil y Comercial de La Nación, aplicable al caso concreto como fuente de doctrina considerándose la época de los hechos). (Doctrina artículo 1132 del mismo ordenamiento jurídico)
En consecuencia no voy a compartir los fundamentos de la sentencia apelada en cuanto sostiene: “No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios.” (Ver sentencia apelada) Sostiene el señor juez de grado que “sin perjuicio que las partes no pacten supuestos de resolución, la facultad de resolver se encuentra implícita frente al incumplimiento de alguna de las partes.-“(Ver sentencia apelada).
En el contexto del caso y por tratarse de un boleto de compraventa donde el vendedor no es titular de dominio, la imposibilidad de escriturar no emerge exclusivamente de esa condición, por tratarse de un supuesto de venta de cosa ajena que debe resolverse sobre las bases legales y las finalidades prácticas que ha explicado la jurisprudencia.
La obligación principal del vendedor es transferir la propiedad de la cosa. Dispone el artículo 1.409 del Código Civil, vigente a la época del contrato: “El vendedor debe entregar la cosa vendida, libre de toda otra posesión, y con todos sus accesorios en el día convenido, y si no hubiese día convenido, el día en que el comprador lo exija.”
El artículo 1137 del Código Civil y Comercial, aplicable al caso concreto como fuente de doctrina, prescribe: “Obligación de transferir. El vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta, y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete.”
El deber de cooperación no puede ser soslayado por el vendedor, conb mayor razón cuando no es titular de dominio del inmueble y de infiere la venta de cosa ajena.
Es explicita en el caso concreto el incumplimiento y la mora del deudor, quien si bien ha suscripto un boleto de compraventa y percibido el precio, al contestar demanda niega el contrato que ha salido a luz mediante su conducta en el campo probatorio. Sin embargo aún no es el tiempo para considerar que por ese motivo la escrituración es de cumplimiento imposible. De modo que en este estado del proceso, el incumplimiento comprobado en la etapa decisoria no alcanza para dar por resuelto un boleto de compraventa.
La transformación de la obligación originaria no se resuelve en la sentencia del proceso de escrituración, se desliza hacia la etapa de ejecución y en la medida que resulte de cumplimiento imposible. Decimos etapa de ejecución de sentencia porque no es necesario para la determinación de los daños y perjuicios acudir a un nuevo juicio. (Art. 511 CPCC). La determinación se realizará en forma sumaria. En consecuencia, insisto, resultaba prematuro expedirse sobre los daños y perjuicios en la sentencia apelada. (Art. 1330 CC)
La escrituración imposible no se define en el proceso de conocimiento donde la sentencia de condena debe ser ejecutada y en ese tramo se podrán vislumbran aquellas posibilidades en principio remotas de que el obligado obtenga el dominio o la ratificación del propietario. Es en la etapa de ejecución de sentencia donde frente a la imposibilidad de escriturar, se procederá a la conversión en daños y perjuicios. Se sabe que el actor en la demanda planteo en subsidio los daños y perjuicios. Se reitera, en subsidio, de modo que cabe entender que esa pretensión – como ahora lo vuelve a explicar en los agravios – tiene su justificación una vez comprobada en la etapa de ejecución de sentencia, efectivamente la imposibilidad de escriturar el inmueble que el vendedor no titular de dominio prometió en venta en el controvertido boleto de compraventa.
Esta solución va siempre aun cuando el comprador no lo haya planteado en la demanda – no es el caso que estudiamos - De allí que el procedimiento se torna liberado de añadiduras procesales y al no ser necesario un nuevo juicio, los daños y perjuicios pueden ser determinados en la etapa de ejecución de sentencia. Ello es explicado en aquella jurisprudencia que hemos anticipado y en valorable doctrina. (Ver por ejemplo: “KIPER, Claudio: “Juicio de Escrituración – Conflictos derivados del boleto de compraventa-“. Hammurabi, Buenos Aires 1999, pág. 351). En el estado actual del proceso, y sin la apertura y solución de la ejecución de sentencia, no está aún probada la imposibilidad de cumplimiento de la obligación de escriturar a cargo del vendedor. Entiendo siguiendo la jurisprudencia que resulta aplicable al caso concreto, que deben admitirse los agravios de la parte actora, que insiste, en obtener la escrituración y relegar los daños y perjuicios a una solución subsidiaria cuando en la etapa de ejecución de sentencia – sin necesidad de un segundo proceso, se advierta que la escrituración es de imposible cumplimiento.
En consecuencia corresponde condenar al demandado al cumplimiento de la obligación pendiente, otorgando la escritura traslativa de dominio del bien objeto de compraventa, bajo apercibimiento de tener que reparar los daños y perjuicios en caso de imposibilidad de escriturar. Propongo admitir los agravios y revocar la sentencia apelada en cuanto tiene por resuelto el boleto de compraventa firmado por las partes, haciendose lugar a la demanda interpuesta por el actor y condenando al demandado a otorgar la escritura traslativa de dominio del bien objeto de la compraventa a favor del actor, en el plazo de 180 días corridos contados a partir de que adquiera firmeza la presente, bajo apercibimiento de resolverse la obligación en la reparación de los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de escriturar.
En cuanto a los rubros resarcitorios admitidos en sustitución de la escrituración que el señor juez de grado interpretó de resultado imposible, devolución del precio y daño moral, entiendo que deben quedar sin efecto por resultar prematuro el rechazo de la demanda de escrituración.
III. 4. Intereses.
Tal lo afirmado por el actor en la demanda, en el contrato no se han estipulado cláusula penal e intereses moratorios y punitorios.
Solicita se aplique intereses moratorios y punitorios desde la fecha fijada para la escrituración hasta la efectiva realización de la misma. En primer lugar el señor juez de grado consideró la mora del vendedor en la fecha de la traba de la Litis y ello ha sido consentido por el actor apelante.
En segundo lugar no puede el actor solicitar intereses moratorios y punitorios que tienen como fuente de cómputo un capital, además de la constitución en mora en su restitución o pago. En el boleto de compraventa no se ha estipulado una cláusula penal para el supuesto de mora en la obligación de escriturar. Por otra parte, la actora apelante no ha insistido en los agravios en el reclamo de intereses moratorios y punitorios por la mora del vendedor en la obligación de escriturar. (ver sentencia apelada y agravios).
Los intereses que ha establecido el señor juez de grado fueron para el supuesto de restitución del precio, aspecto del fallo que se ha vuelto abstracto al revocárselo y declararse prematuros los daños y perjuicios, declarándose procedente la demanda de escrituración.
En consecuencia, no corresponde admitir intereses moratorios o punitorios por la demora en escriturar.
III.5. La designación del escribano.
La actora en la demanda afirma “Que el escribano fue designado por el vendedor” (ver fs. 22 vta), dando cuenta que “Cabe declarar que el Escribano designado en el boleto falleció, por ello, y habiendo sido elegido por el vendedor, se lo intimó a elegir un nuevo notario; tampoco el demandado ha respondido a este requerimiento” (ver demanda fs. 24). En el escueto boleto de compraventa, en la cláusula cuarta si bien se ha convenido que “La escritura traslativa de dominio, se otorgará el día que la parte compradora decida por ante el Escribano José Gregorio Chomo”, lo cierto es que el actor ha mencionado que el vendedor designó al notario. Sin perjuicio de ello, considero que -en este aspecto- esta cláusula de ha tornado abstracta y que en todo caso el actor tiene derecho a designar escribano, una vez transcurrido el proceso y considerándose además la conducta del demandado que ha negado la existencia de un contrato, sin perjuicio que después se tuvo su firma por reconocida, aspecto del fallo que viene firme a esta Alzada porque el demandado no apeló la sentencia. En consecuencia, entiendo que por una finalidad práctica es conveniente que aquel que fuera vencido en un proceso de escrituración donde se ha limitado a negar la existencia del contrato, sea relevado de designar escribano, sin perjuicio de la cláusula cuarta del contrato. Por otra parte, el actor apelante en la expresión de agravios ha reiterado que ha tenido conocimiento del fallecimiento del notario designado en el contrato, de modo que es razonable que esa elección esté a cargo del actor. (interpretación analógica artículo 510 – segundo párrafo – CPCC). La jurisprudencia se ha expedido al respecto: “En principio, la escrituración se llevará a cabo por ante el escribano designado por las partes en el boleto de compraventa. En su defecto, deberá intervenir aquel escribano que propusiere el ejecutante".
“Mosset lturraspe y Novellino entienden que si quien debía designar al escribano conforme a lo pactado en el boleto, es quien resultó vencido, éste perderá ese derecho de elección desde el momento en que la sentencia quede firme, ello encuentra fundamento en el principio universal según el cual "nadie puede invocar su propia torpeza" (MARTINEZ HELGUERO, María Belén, “Cuestiones controvertidas sobre la obligación de escriturar”, Revista Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba https://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-91-20 09-07-Doctrina.pdf)
III. 6. Astreintes.
La parte actora en la demanda solicitó “se condene al demandado a escriturar el inmueble vendido como así también el Reglamento de Copropiedad y Administración”, con “más los daños y perjuicios que la mora me produce” (Ver fs. 27).
También dijo “en el supuesto de que se requiera trámites previos para la escrituración como por ejemplo el pago de derechos de construcción, para la aprobación de planos, y/o subdivisión, solicito se intime a la demandada al cumplimiento de los mismos bajo apercibimiento de astreintes” (Ver fs. 27). Entiendo que corresponde distinguir los eventuales daños y perjuicios que resulten de la imposibilidad de escriturar de aquellas sanciones conminatorias que en el caso concreto se podrán relacionar con el incumplimiento de las obligaciones que están a cargo del vendedor demandado respecto a su obligación de escriturar.
En consecuencia, la sentencia debe contener el apercibimiento de astreintes, con respecto al incumplimiento de las obligaciones del vendedor no titular de dominio.
En el caso concreto, el límite de las astreintes es la determinación de la imposibilidad de escrituración. Si del resultado de la inactividad del vendedor la escrituración se tornare de cumplimiento imposible, a partir de allí la aplicación de astreintes no procede ya que la condena se convierte en el pago de daños y perjuicios.
En este aspecto afirma KIPER: “Es necesario que el cumplimiento de la sentencia sea factible: de lo contrario, no procede la aplicación de astreintes ya que la condena se convierte en el pago de los daños y perjuicios”.
“Claro que hay que tener en cuenta las circunstancias del caso, ya que, como se señaló anteriormente, en el supuesto de que el condenado no cumpla con su obligación de otorgar la escritura, ésta puede ser realizada por el juez; además la sentencia contiene tal apercibimiento (art. 512, Cód. Proc. Civ. Y Com. De La Nación),. De tal forma, procede su aplicación cuando para el otorgamiento del acto es necesaria la cooperación del vencido y éste se resiste. Así, por ejemplo, si no aporta los elementos indispensables que le requiere el escribano, a pesar de haber sido intimado”. “A la vez, hay que tener en cuenta la conducta del vencedor, ya que puede suceder que éste último no impulse la ejecución de la sentencia, no hay que soslayar que la obligación de escriturar pesa sobre ambas partes” (KIPER, Claudio, obra citada, pág. 358).; (Doct. Arts. 666 bis Código Civil y 37 CPCC).
“Es posible, tal como lo hemos expuesto anteriormente, que aquel a quien se lo hubiere condenado a escriturar, se niegue a cumplir. Frente a esa actitud negativa del vencido, y siempre que el cumplimiento de la obligación de escriturar fuere posible material y jurídicamente, los jueces pueden recurrir a otros medios compulsivos tales como las sanciones pecuniarias conminatorias, también llamadas astreintes, a fin de revertir la voluntad renuente del condenado y exigirle el acatamiento de lo ordenado en la sentencia. Habrá que tener en cuenta las circunstancias del caso, en tanto se trata de una sanción de carácter provisional que se ejerce contra el patrimonio del perdidoso, por lo que se graduará en forma proporcional al caudal económico de quien deba satisfacerlas, y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder!" (MARTINEZ HELGUERO, María Belén, “Cuestiones controvertidas sobre la obligación de escriturar”, Revista Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba https://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-91-20 09-07-Doctrina.pdf)
Resulta indudable el incumplimiento del vendedor que exhibe antigua mora en su obligación de escriturar. En consecuencia, propongo que las obligaciones a cargo del vendedor, sean bajo apercibimiento de astreintes, encomendándose al señor juez de grado la determinación de los recaudos legales y en caso de procedencia, su oportunidad y graduación.
IV. Las costas de Alzada.
Atento la forma en que se deciden los recursos, las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada vencida (Art. 68 CPCC) y diferirse las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Taraborrelli y Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON DOMINGO POSCA, dijo:
Visto el acuerdo arribado al tratar la primera cuestión, propongo: SE ADMITA el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia: 1°) SE REVOQUE la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios y en consecuencia SE CONDENE al demandado Sr. Fernando Ariel Giménez, a obtener dentro del plazo de ciento ochenta días corridos de quedar firme la presente sentencia, la conformidad de los titulares de dominio para adquirir el inmueble ubicado en planta baja, frente izquierdo, con espacio guarda coche, identificado internamente con el n° 2, de la finca con frente a la calle Sargento Cabral 1175 de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Circunscripción II, Sección F, Manzana 344, Parcela 11, Matrícula 158.569. y transmitírselo al actor, Sr. Alberto Ramón Castelau, bajo apercibimiento de RESOLVERSE LA OBLIGACIÓN en el pago de daños y perjuicios derivados de la anulación del contrato y conforme al planteo subsidiario en la demanda, los que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. El actor dentro del plazo establecido deberá designar escribano conforme a lo dispuesto en el punto III. 5 y una vez aceptado el cargo, el notario dentro del plazo de condena, determinará la fecha de escrituración.
Todo ello con conocimiento de los titulares de dominio del inmueble, a sus efectos. 2º) SE INSTE al demandado a que dé cumplimiento a su deber de colaboración, conforme a lo dispuesto la presente, bajo apercibimiento de astreintes, cuya factibilidad, oportunidad y graduación, previo cumplimiento de los recaudos correspondientes, se han de determinar en la instancia de origen. 3º) SE IMPONGAN las costas en ambas instancias a la parte demandada (Art. 68 CPCC), y difieran las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
Por análogas consideraciones, los Dres.Taraborrelli y Pérez Catella adhieren al voto que antecede y VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal
ADMITIR el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia:
1. REVOCAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios y en consecuencia CONDENAR al demandado Sr. Fernando Ariel Giménez, a obtener dentro del plazo de ciento ochenta días corridos de quedar firme la presente sentencia, la conformidad de los titulares de dominio para adquirir el inmueble ubicado en planta baja, frente izquierdo, con espacio guarda coche, identificado internamente con el n° 2, de la finca con frente a la calle Sargento Cabral 1175 de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Circunscripción II, Sección F, Manzana 344, Parcela 11, Matrícula 158.569. y transmitírselo al actor, Sr. Alberto Ramón Castelau, bajo apercibimiento de RESOLVERSE LA OBLIGACIÓN en el pago de daños y perjuicios derivados de la anulación del contrato y conforme al planteo subsidiario en la demanda, los que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. El actor dentro del plazo establecido deberá designar escribano conforme a lo dispuesto en el punto III. 5 y una vez aceptado el cargo, el notario dentro del plazo de condena, determinará la fecha de escrituración. Todo ello con conocimiento de los titulares de dominio del inmueble, a sus efectos. 2º) INSTAR al demandado a que dé cumplimiento a su deber de colaboración, conforme a lo dispuesto la presente, bajo apercibimiento de astreintes, cuya factibilidad, oportunidad y graduación, previo cumplimiento de los recaudos correspondientes, se han de determinar en la instancia de origen. 3º) IMPONER las costas en ambas instancias a la parte demandada (Art. 68 CPCC), y difieran las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE
Fin de la sentencia