Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 3291
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir los agravios esgrimidos por la parte actora y en consecuencia: 1°) revocar la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda interpuesta por Cintia Noemí MANZI y Francisco Antonio GONZÁLEZ contra “SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA” , condenando a la demandada a abonar a la co-actora Cintia Noemi MANZI en el término de diez días de adquirir firmeza la sentencia la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($445.000) con más los intereses calculados al 6% anual, desde la fecha de la mora -4 de diciembre de 2014- y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, es decir, la fecha del dictado de la presente (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en el pto. …
LM - 3291 - 2016 - GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO Y OTRO/A C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO Y OTRO/A C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
Expte. N º LM-3291-2016 JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: "GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO Y OTRO/A C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" Expte. N º LM-3291-2016habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA- PÉREZ CATELLA-TARABORRELLI, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O NES
1. ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL Dr. RAMON DOMINGO POSCA dijo:
I. Los antecedentes del caso.
El señor juez de grado desestima la demanda instaurada por FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ y por CINTIA NOEMI MANZI contra SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA. Impone las costas del presente proceso a los actores. vencidos (art. 68 del CPCC) y regula los honorarios de los profesionales intervinientes, aplicando las pautas establecidas en el considerando VI, por las distintas labores realizadas. Se regulan los honorarios del mediador.
El 5/10/2020 la actora apela la sentencia. Se concede libremente el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de la parte actora el día 06/10/2020.
Se radican los presentes ante esta Sala Primera con fecha 3/6/2021. El 11/6/2021 se corre vista a la Fiscalía de Cámara Departamental, ordenada, la que fuera evacuada el 28/6/2021.
Puestos los Autos en Secretaría, el 2/7/2021 se llama a expresar agravios a la apelante Dra. Lourdes Raquel Silva Alvarez (Letrada Apoderada de la parte actora Sr. Gonzalez Francisco Antonio y Manzi Cintia Noemí), en el plazo de cinco días.La parte actora expresa agravios el 2/8/2021. En consecuencia, el 6/8/2021, se corre traslado de la expresión de agravios.
Finalmente, el 29/9/2021 se llaman los Autos para Sentencia, practicándose por Secretaria el sorteo correspondiente para el orden de estudio y votación de la presente causa el 29/10/2021.
I.2 Los agravios expresados por la parte actora.
La actora se queja porque el señor juez de grado si bien establece que hay una relación de consumo y que resulta aplicable la ley de defensa del consumidor, decide exclusivamente aplicando la Ley de Seguros.
Afirma la apelante: “Como corolario de los expuesto, fundamenta su decisorio en normativas, doctrina y jurisprudencia anteriores a la Ley de Defensa del consumidor y al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.”
“No toma en cuenta “el deber de información” “El deber de consejo” “El deber de advertencia” que estipula la CN, la Ley de Defensa del Consumidor y el CC Y C.”
“También deja expresamente aclarado que la actora debía conocer la Ley de seguros atento a ser una ley antaña.”
Desarrolla los agravios:
Primer agravio. Sostiene que se afirma que existe relación de consumo y se decide en forma contraria.
Afirma que debe aplicarse el Código Civil y Comercial y la ley de defensa del consumidor “y sus modificaciones posteriores), siendo aplicables las nuevas disposiciones a los efectos, aún no producidos, si resultan más favorables para el consumidor (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.). Cita jurisprudencia que entiende aplicable.
. Sostiene que debe aplicarse la ley de defensa del consumidor, “sin perjuicio del que el mismo Señor Juez, haya dejado de lado sus propios fundamentos de la sentencia, y donde específicamente expresa : “tratándose de un reclamo por cumplimiento de contrato más una indemnización de los daños derivados del incumplimiento del mismo, siendo que el hecho delictivo que dio origen a la presente acción en función de un contrato de consumo celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.994, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 y sus modificaciones posteriores) “ (SIC) , empero renglones más abajo cambia de opinión y decide resolver de acuerdo a la ley de seguros.- (Lo subrayado me pertenece)” (Ver expresión de agravios).
Segundo agravio. Se queja porque el señor juez de grado “al resolver, cita toda la normativa, jurisprudencia anterior a la reforma del Código Civil y Comercial (año 2015) y anterior a todas las actualizaciones y/o modificaciones de la Ley de Defensa del Consumidor, Doctrina y Jurisprudencia de la materia.”
“Conforme lo expuesto, nótese que en el punto “La solución”
cita para fundamentar su postura meramente contractual, Doctrina, jurisprudencia del año 1964, 1978, 2006 y los más actualizado es del año 2007, lo que muestra a claras la postura rígida y anterior a los derechos otorgados a los consumidores, lo que ocasiona un gran perjuicio a mi representados por inaplicabilidad de la ley en su fallo, teniendo en cuenta que toda las modificaciones correspondientes a los Derechos de los Consumidores a partir del año 2008 así como el nuevo Código Civil y Comercial (2015) tienen una postura contraria a la doctrina, leyes y jurisprudencia anterior al año 2007.” (Ver expresión de agravios). Sostiene: “En la actualidad (año 2021) no existe, jurisprudencia, Doctrina que avale la violación a los derechos del consumidor, adquiridos por la Constitución Nacional art. 42, Ley de Defensa del Consumidor (art 4) y Art. 1100 de Código Civil y Comercial de la Nación.”
Sostiene que “Es evidente que la sentencia dictada con fecha 1 de agosto de 2020, vulnera los derechos que le asiste como consumidor el art. 42 de la CN, la Ley de Defensa del Consumidor y las modificaciones introducidas por el CC y C. “ También afirma: “En este sentido, en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor". (art 3 y 37 de la Ley 24.240) “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.” “Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario." (art 1094 CC y C)
Tercer agravio. Se queja porque no se consideraron los deberes de información, consejo y advertencia, a favor de la parte más débil de la relación. Afirma: “Deber de información” “El deber de consejo” “El deber de advertencia” a favor de la parte más débil de la relación, en este caso mis representados, que al momento de haberse presentado en la Cia. De Seguros Sucursal, Ramos Mejía sito en la calle Av San Martin 141 de la Localidad de Ramos Mejia, Pdo de La Matanza, cuyo Productor responsable es la Sra Audino Josefina Graciela Matricula 62588 y habiéndole informado en forma verbal el cambio de titularidad, no fueron asesorados de su consecuencia. Simplemente quien atendía (Productor de Seguros) le otorgó los talones de pago mensual para que lo efectuaran a través de pago fácil, y nada más y les notificó que esperar 6 meses para la entrega de la nueva póliza.”
Sostiene: “En este sentido la actora hubiese sido asesorada, por quien era su Productor de Seguros, seguramente hoy no estaríamos en el presente juicio requiriendo el pago por el robo del automotor. La apelante también afirma: “Posterioremnte, cuando la actora recibe la carta documento donde se le notifica “la cláusula”, (MOTIVO DE ESTE LITIGIO) se dirigió a quien entonces era su productor de Seguros, y al verla quitó el nombre del escritorio y se escondió en el piso de arriba, negando la atención, y manifestándole a la actora que debía arreglase con la Cía. de Seguros.” (El destacado pertenece a la apelante).
Sostiene: “Las obligaciones legales (“Deber de información” “El deber de consejo” “El deber de advertencia”) se encuentra expresamente normadas en el art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor y -en especial- en el art. 1100 del Código Civil y Comercial.”
“Cabe considerar, que no fue hasta el robo del automotor, que se puso en disposición la póliza de seguros, y que la actora, se notifica de dicha cláusula una vez que intima al pago del automotor, y rechazan el mismo, notificando la cláusula descripta precedentemente.”
“En el deber de información, existe una doble vía de amparo para los adherentes y consumidores (v.gr. el art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor y el art. 1100 del Código Civil y Comercial), lo que implica una mayor protección normativa, dado que se produce dentro del nuevo marco normativo”
“De esta forma, recordamos que si bien el art. 1100 del Código Civil y Comercial es semejante al art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor, es que incorpora una cuestión de gran trascendencia en el deber de información, cuando hace referencia a toda "...circunstancia relevante (en el caso de marras, hacer saber al asegurado todo lo pertinente al cambio de titularidad)”. Cita doctrina que entiende aplicable. Afirma: “Ello implica, como bien enseñan los maestros platenses Rubén Stiglitz y Gabriel Stiglitz , que existe una situación de "presunción de ignorancia legítima" y ello es así, debido a que el deber de información es una manda constitucional, anclada legalmente en el art. 42 de la Carta Magna (y ratificada en el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor), base que la compañías de seguros y los productores de seguros tienen el deber de informar al asegurado de "...toda circunstancia relevante...". Como consecuencia de ello es que: la compañía de seguros sólo va poder utilizar durante la vigencia del contrato y en el proceso de liquidación del siniestro, únicamente aquella información "cierta", "clara" y "detallada", respecto a las características esenciales y toda otra "...circunstancia relevante..." del seguro que oportunamente le hubiera informado al adherente o consumidor.”(Ver expresión de agravios). Afirma: “Es decir: todo aquello que no fue informado por la compañía de seguros (y/o el productor de seguros) al asegurado en la etapa precontractual y en la póliza de seguro, es harto evidente que no sería una "característica esencial" ni una "...circunstancia relevante..." para la compañía de seguros, dado que en caso contrario, la habría incluido en su "deber de información". De manera tal, que por la sencilla y estricta aplicación del art. 1067 del Código Civil ("Teoría de los actos propios y protección de la confianza") , si la compañía de seguros entendió que dichas informaciones no eran esenciales ni relevantes, es una verdad de a puño que luego, al momento del siniestro, no van a poder hacer uso de cuestiones que en su momento no informaron (por no ser esenciales ni relevantes).” (Ver expresión de agravios)
La apelante también afirma que el señor juez de grado además no ha considerado la Ley 22.400 “que regula la actividad de los productores asesores de seguros, entre otras cuestiones, establece la siguiente obligación: art. 10, inciso c) "...asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura...".
Afirma: “De la propia normativa mencionada, surge claramente el deber de consejo por parte del “Productor de Seguros Ramos Mejía” la obligación del deber de consejo es "...más pesada que la simple obligación de información...". Tan clara y evidente es la cuestión que el Chartered Insurance Institute afirma que: "...los agentes de seguros tienen el deber ante sus clientes de aconsejarles sobre los seguros que deben contratar, y cualquier perjuicio en el incumplimiento de este deber puede originarles una responsabilidad..." Asimismo, también se debe resaltar que dicho deber de consejo se debe cumplir en distintas etapas de la relación contractual; es decir:
* Antes de la contratación del seguro, para que -por ejemplo- el futuro asegurado no incurra en reticencia (art. 5 de la Ley 17.418) o para que no exista infraseguro o prorrata o explicar claramente las exclusiones de cobertura etc.
* Durante la vigencia de la póliza de seguros, para que el asegurado conozca las pautas respecto cuando debe declarar la agravación del riesgo, o asesorarlo con relación a las cargas vinculadas con las caducidades legales o las caducidades convencionales etc.
* En el siniestro para el cumplimiento de la denuncia en tiempo propio, o para acompañar la documentación o información que le requiere el Liquidador del siniestro, etc.” (Ver expresión de agravios).
Dice que la actora no fue asesorada, advertida e informada “El deber de advertencia: tampoco se le advirtió cual sería el riesgo, si no notificada fehacientemente el cambio de titularidad, los riesgos y los perjuicios de índole económica que se le pueden generar a los asegurados, que si se le hubiera advertido” (Ver expresión de agravios) Cuarto agravio. La apelante se agravia, porque en el punto VI SOLUCION párrafo 11, el Señor Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 entiende: “que no puede pasarse por alto que la ley 17418, la cual data del año 1967, regula desde antaño los contratos de seguro en nuestro país y, siguiendo las máximas de la experiencia, dicha obligación impuesta resulta estrechamente célebre entre las cargas que acarrea todo tomador de seguro, que a mi entender no puede ser desconocida” (sic)
Afirma: “En éste sentido debo necesariamente decir que “ el derecho no se presume conocido por los consumidores” (SAIJ:
DACF170273 WALDO AUGUSTO SOBRINO)” (Ver expresión de agravios)
Afirma: “Si bien atávicamente se suele sostener que "el derecho se presume conocido por todos los ciudadanos", es de saber que dicho principio ha sido modificado por la aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional, el art.4° de la Ley de Defensa del Consumidor y -en especial- por el art. 1100 del Código Civil y Comercial.”
“Así pues, con la normativa vigente, existe un nuevo principio legal: "El derecho no se presume conocido por los consumidores". “Por ello, es que los proveedores y las compañías de seguros deberán cumplir con el 'deber de información legal' y en aquellos casos en que no cumplieran con dicha obligación legal, es que todas las normas legales que no fueran informadas al consumidor de seguros, no van a poder ser aplicadas en su perjuicio.”
Refiere que el art. 8 del Código Civil y Comercial que “establece el principio de inexcusabilidad, en el sentido que el derecho se presume conocido. Deviene fundamental resaltar que el mismo art. 8, establece la excepción al principio de inexcusabilidad cuando está autorizada por el ordenamiento jurídico.”
“Pues bien, la mentada autorización del ordenamiento jurídico se encuentra expresamente establecida dentro de las amplias pautas del deber de información, según lo ordena el art. 42 de la Constitución Nacional.”
“Al respecto, resulta pertinente recordar a Alfredo Condomi , cuando sostiene que "...respecto del principio de 'inexcusabilidad' consagrado en el Art. 8° del Código Civil y Comercial, cabe preguntarse si el mismo le es enteramente aplicable al consumidor...". Agregando luego: "...que la ley se presuma conocida por todos no deja de ser una 'ficción legal'..."(Código Civil y Comercial: Incidencia del Título Preliminar en el Derecho de Consumo", publicado en Infojus; DACF 150424;
www.infojus.gob.ar; de fecha 23 de Julio de 2015)”
“En efecto, si desde la misma Carta Magna se ordena la protección del consumidor es que resultaría autocontradictorio que se desproteja al más vulnerable, aplicando una ficción legal que a todas luces es arbitraria e irreal.” (Ver expresión de agravios). 2/8/2021 2:19:22 p. m.
I.3. La contestación de agravios El Dr. Daniel Alberto Ochoa, abogado, en representación de la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada”, contesta agravios.
Sostiene: “Tras definir el encuadre jurídico del caso y valorar la prueba producida el Sr. Juez de primera instancia rechazó el reclamo que formularon los actores en la demanda aduciendo incumplimiento en el pago de la indemnización prevista en la póliza nº 43/065159 contratada con mi mandante, por el robo o hurto del automotor “Fiat Uno” patente TEI264 y daños perjuicios, al encontrar debidamente demostrado que aquellos incumplieron con la carga estipulada en la cláusula CG-CO 16.1 de la aludida póliza e impuesta por el art. 82 de la Ley de Seguros 17418 de notificar a la aseguradora el cambio de titular del interés asegurado dentro de los plazos allí establecidos para que no opere la caducidad de la cobertura.”
Afirma que las críticas de la apelante no son suficientes. Dice que las quejas se limitan a cuestionar que no se haya aplicado la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y a que no se tuvo en cuenta al resolver un supuesto incumplimiento por la aseguradora de los deberes de información, consejo y advertencia que la mentada Ley prescribe.
“- Surge claro de la sentencia que los hechos alegados por las partes en los escritos constitutivos de la litis fueron juzgados a la luz de la prueba producida dentro de la órbita de los arquetipos enarbolados por el Estatuto del Consumidor en equilibrio con la Ley de Seguros 17418 que regula la relación del caso y de consuno con las disposiciones del Código Civil velezano vigente al suceder aquellos hechos que rigen los contratos entonces celebrados.”
Afirma que el señor juez de grado “analizó minuciosamente la cláusula de la póliza titulada “CG-CO 16.1 – IMPORTANTE:
ADVERTENCIAS AL ASEGURADO”, que establece la caducidad de la cobertura si la aseguradora no es notificada del cambio del titular del interés asegurado dentro de los plazos impuestos al efecto por el art. 82 de la LS, concluyendo en la razonabilidad de dicha cláusula, su importancia dado el carácter de intuito personae que tiene el contrato de seguro, y su concordancia con lo normado por los 1197 y 1198 del CC Ley 340.” Sostiene: “Pues bien, ni la razonabilidad de la cláusula de marras, ni su importancia y trascendencia, ni su concordancia con las normas básicas que rigen las relaciones contractuales, ni su incumplimiento, considerados en la sentencia de primera instancia para rechazar la demanda promovida, fueron objetados por la recurrente actora en su expresión de agravios.”
Sostiene que “- En cuanto a que no se tuvo en cuenta al resolver el supuesto incumplimiento por mi mandante de los deberes de información, consejo y advertencia, este novedoso argumento se apoya en hechos cuales son que los actores en oportunidad de contratar informaron verbalmente al productor de seguros el cambio de titularidad del vehículo, que la póliza donde figura la cláusula aplicada se les entregó recién después de acontecido el siniestro, que no fueron advertidos sobre la importancia de dicha cláusula, que no la conocían ni estaban obligados a conocerla, y que no fueron asesorados de sus consecuencias.”
Afirma que “Todos estos hechos, además de no ser ciertos, NO FUERON ALEGADOS POR LOS ACTORES EN LA DEMANDA NI SURGEN DE LA PRUEBA PRODUCIDA.” (El destacado pertenece a la parte demandada).
Dice que los deberes enunciados no podían ser considerados en la sentencia “a los efectos pretendidos por la recurrente actora siendo que no formaron parte de la controversia y, por ende, no integraron el debate (args. arts. 34 inciso 4) y 163 inciso 6) del CPCC).”
Destaca que el Tribunal de Alzada no puede fallar sobre cuestiones no sometidas al Juez de Primera Instancia. Solicita se rechacen los agravios y se confirme la sentencia apelada.: 16/8/2021 12:23:32 p. m.
II. La solución II. 1. Ley aplicable. La interpretación de la ley de defensa del consumidor Viene firme a esta Alzada la legislación que el señor juez de grado entendió aplicable.
Afirma el primer interprete del caso: “y en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde dejar sentado que en el sub lite, tratándose de un reclamo por cumplimiento de contrato más una indemnización de los daños derivados del incumplimiento del mismo, siendo que el hecho delictivo que dio origen a la presente acción en función de un contrato de consumo celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.994, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 y sus modificaciones posteriores), siendo aplicables las nuevas disposiciones a los efectos, aún no producidos, si resultan más favorables para el consumidor (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).” (Ver sentencia apelada). Es importante destacar, por su trascendencia y las repercusiones – anticipo – que han de tener en el caso concreto, que el distinguido colega del fuero ha formulado el encuadre jurídico en la Ley de Defensa del consumidor (Ver “Fundamentos de Derecho”).
Explica sólidos fundamentos doctrinarios sobre la relación de consumo.
No limita la solución a la legislación vigente a la época de los hechos, admitiendo la expansión de la reforma al caso concreto. Sin embargo, sostiene que la legislación de consumo debe ser equilibrada con la ley de seguros y con el Código Civil.
“Ello así, entendiendo que la ley 24.240 contiene reglas protectoras y correctoras siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenido en el código de fondo y, especialmente, en la mencionada ley de seguro N° 17.418 aplicable al caso.” (Ver sentencia apelada).
El artículo 3 de la ley 24.240 constituye una regla elemental de interpretación e integración de los contratos de consumo (El dialogo de fuentes permite compatibilizar leyes generales y leyes especiales relacionadas con las relaciones de consumo). El bloque normativo se afirma en el principio de tutela a favor del consumidor. En caso de duda sobre la interpretación de la ley, se aplicará aquella que favorezca al consumidor. (Art. 7 Código Civil y Comercial de La Nación).
Ello es posible porque se han controvertido cuestiones que son propias de la ejecución del contrato. Principios de buena fe y de confianza, propios del contrato de seguro, auguran mediante el dialogo de fuentes, soluciones compatibles con el nuevo Estado de Derecho Constitucional.
II. 2. La legitimación activa en el caso concreto.
La aseguradora sostuvo al contestar demanda que notificó al asegurado González el rechazo del siniestro por la causal del artículo 82 LS dentro del plazo previsto en el artículo 56 de la misma ley. Se advierte que en la instancia liminar se ha aplicado el texto literal del artículo 82 de la LS sin determinar previamente si la adquirente del vehículo estaba legitimada para reclamar por cumplimiento de contrato. La excepción de falta de legitimación opuesta por la aseguradora se había diferido para la oportunidad de la sentencia (Ver fs. 161), por interpretarse que no tenía el carácter de manifiesta. En la sentencia apelada se determinó que al admitirse los efectos del artículo 82, la excepción de falta de legitimación se tornó abstracta. (Ver fs. 187).
A los efectos del reclamo resarcitorio corresponde distinguir la situación del vendedor del automóvil asegurado, de aquella que corresponde con los perjuicios que alega la adquirente.
Al realizarse la transferencia del automóvil, el vendedor que hubiera percibido el precio (asegurado) carece de interés asegurable de los riesgos por daños o robo, que se ha desplazado económicamente hacia la compradora – quien con justificación en el título que ostenta, es actual titular registral del vehículo-. Ese desplazamiento de interés asegurable no está prohibido por la ley, de modo que las cargas que imponen al asegurado o al tercero adquirente, comunicar a la aseguradora el cambio de titularidad del vehículo, no pueden interpretarse al extremo de afectar el derecho de propiedad del adquirente.
La intervención del primigenio asegurado se justifica en el presente proceso, no obstante la enajenación del vehículo y tal vez la percepción de su precio, puesto que subsana cualquier requisito o modalidad impuesta en la póliza, respecto a que debe autorizarse al asegurado a percibir el seguro. Con mayor razón cuando la modalidad del seguro y la cobertura de un automóvil, justifica la calificación intuitu rei y además el contrato de seguro no implica necesariamente la titularidad del asegurado sobre un bien determinado.
La jurisprudencia ha señalado; “La transmisión del dominio de los automotores sólo produce efectos entre las partes y respecto de terceros desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo, es decir, tiene carácter constitutivo y no meramente declarativo del traspaso. Sin embargo, a tal particularidad es ajena el contrato de seguro que cubre el riesgo o hurto del automotor si, como acontece en el caso, el enajenante ha cobrado íntegramente el precio de venta y se ha desprendido de la posesión de aquél a favor del adquirente, pues siendo este último el poseedor del vehículo ello lo constituye en titular del interés asegurable.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala: D21-ago-2018 Soriano Yánez Ricardo Luis c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario Cita: MJ-JU-M-113780-AR | MJJ113780 | MJJ113780)
Si bien la solución sobre la validez de la cobertura difiere a la propuesta en el presente caso por las razones dadas, resultan aplicables los fundamentos exclusivamente con relación a la determinación de quien debe percibir la indemnización.
También se ha sostenido: “Una vez efectuada la tradición del bien quien adquirió un ‘interés asegurable’ sobre éste se encuentra facultado para continuar con el seguro ya vigente mediante el pertinente endoso o para contratar un nuevo seguro que cubriese el riesgo de robo, aun cuando no fuera el titular registral del vehículo, toda vez que el contrato de seguro no implica necesariamente la titularidad del asegurado sobre un bien cuya cobertura se pretende.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala: D21-ago-2018 Soriano Yánez Ricardo Luis c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario Cita: MJ-JU-M-113780-AR | MJJ113780 | MJJ113780)
“Si el interés asegurable se define como la relación económica existente entre un sujeto y un bien que se pretende proteger con un contrato de seguro y es, por tanto, una referencia para determinar la persona que sufre las consecuencias del daño y para establecer si su patrimonio se ha empobrecido o no, forzoso es concluir que de accederse a la indemnización pretendida, se produciría un enriquecimiento indebido del actor, toda vez que por haber percibido ya el precio del automotor y haber transmitido su posesión, no hay daño ni empobrecimiento en su patrimonio, de donde si percibiese la indemnización por la sustracción del rodado, se estaría enriqueciendo indebidamente. En esa línea, pues, no puede accederse al pago del seguro al actor dado que no existe daño resarcible (‘interés asegurable’) provocado a su patrimonio siendo que la pretensión del cobro que nos ocupa supone la subsistencia de un daño que habrá de enjugarse con el valor asegurado. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala: D21-ago-2018 Soriano Yánez Ricardo Luis c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario Cita: MJ-JU-M-113780-AR | MJJ113780 | MJJ113780).
La legitimación de los actores ha sido explicitada por la aseguradora, dándole a cada uno de ellos un interés legítimo.
En efecto, la aseguradora si bien alega su liberación en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros, en subsidio plantea la suspensión del pago de capital y curso de intereses. Es decir se limita a una cuestión formal y de rigor: “De acuerdo a lo convenido en la póliza vinculante, la imposición del pago del capital y el curso de eventuales intereses deben quedar suspendidos hasta tanto: 1) El vehículo se encuentre registrado a nombre del asegurado Francisco Antonio González, o la titular del dominio Cintia Noemí Manzi preste expresa conformidad manifestada ante escribano público para que aquel perciba la indemnización (cfme •”Condiciones Particulares” , CA-CO 01.1, página 2 de la póliza aneja), y 2) 3.1 Se entregue a mi mandante toda la documentación detallada en el anexo a la cláusula CG-CO. (hoja11 de la póliza). (Ver fs. 105. (El subrayado pertenece al Tribunal).
La cláusula en cuestión que observo en la Hoja 15 de la póliza CG-CO 3.1 “PRUEBA INSTRUMENTAL Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN”
(Ver fs. 81) “En caso de pérdida total del vehículo por daño y/o incendio o robo o hurto, y si procediere la indemnización, esta queda condicionada a que el Asegurado entregue al Asegurador los documentos que se enuncian en el impreso agregado a la póliza como Anexo a esta Cláusula.” “Completada la entrega de la documentación y no ofreciendo esta inconvenientes ni existiendo motivo de rechazo del siniestro, el Asegurador procederá a su pago dentro de los quince días de presentada en regla dicha documentación”.
Anexo CG-C0. 3.1. Contiene un minucioso detalle de la documentación solicitada por la aseguradora.
La intervención del asegurado y de la adquirente del vehículo en el presente juicio, bastan para suplir aquella exigencia de que la señora Cintia Noemí Manzi “preste expresa conformidad manifestada ante escribano público para que aquel perciba la indemnización”.
El punto pericial propuesto por la parte demandada constituye una prueba inequívoca de la ejecución del contrato.
La parte actora impugna la pericia contable. Afirma: “ Asimismo en el punto 9 donde la citada en Garantía solicita “si obra aportado por el asegurado la documentación que condiciona el pago de la indemnización por robo o hurto del bien objeto del seguro, especificando en las clausulas 3:1 de las condiciones generales comunes …” manifiesta que no hay existencia del mencionado punto y transcribe la cláusula CA-CO 1.1, en dicha cláusula queda aclarado específicamente “ …ésta no se hará efectiva si el vehículo no se encuentra registrado a nombre del asegurado, hasta tanto se acredite la transferencia registral a su favor o se obtenga expresa conformidad del titular del dominio del vehículo asegurado, manifestada ante escribano público, para que perciba la indemnización el asegurado. En efecto en el caso de autos la Sra. Manzi prestó su consentimiento a fin de que el asegurado Sr. González percibiera la indemnización por el robo del automotor, empero la Cía. de Seguro se negó a pagarle dicha indemnización, a pesar de que se encuentra expresamente establecido en la póliza.” (Ver impugnación de pericia) (El subrayado pertenece al Tribunal). (Ver copia certificada Póliza 43/0965159 – hoja 3 CA-CO Comunes cláusula CA-CO 1.1. TITULARIDAD DE DOMINIO -, fs. 26).
Si se autoriza tanto al asegurado (vendedor) como a la adquirente del vehículo a comunicar la transferencia, en los términos y plazos del artículo 82 de la Ley de Seguros, debe interpretarse que son dinámicas las legitimaciones para expresarse en el presente proceso judicial. El Título del Automotor exhibe como titular a doña Cintia Noemí Manzi (Porcentaje de Titular 100%), carácter del bien: propio. Titular “Desde04/07/2014, Adquisición: “A Título oneroso (Ver copia fs.11). (Ver Certificado de Estado de Dominio, copias certificadas fs. 18/19) El Certificado de Cobertura, respecto de la Póliza Nº 43/065159 –Asegurado González Francisco Antonio, “Vigencia desde las 12 hs. del 05/07/2014 hasta las 12 hs. del 05/01/2015”; Coberturas al 05/07/2014 “2. Robo/Hurto: Total y Parcial $ 22.000 Ajuste automático hasta 10% (Ver copia fs. 12).
Se adjunta copia certificada de Comprobante Denuncia siniestro fecha 12/11/2014, en las oficinas “Sr. Productor 8- AGENCIA RAMOS MEJÍA. La denuncia realizada ante el representante de la aseguradora, fue realizada en la localidad de Ramos Mejía, con fecha 12/11/2014. (Ver fs. 23). (Ver copia presentada por la compañía de seguros al contestar demanda, fs. 88/vta., Siniestro Nº 08/02/504156 – denuncia aseguradora con fecha 12 de noviembre de 2014).
Atañe al dinamismo de ambas legitimaciones, compulsar la Cláusula CA-CO Comunes, en particular CA-CO 1.1. TITULARIDAD DE DOMINIO. “Queda establecido y convenido que en caso de pérdida total del vehículo asegurado a consecuencia de robo o hurto y/o por daños a consecuencia del accidente o incendio y cuando procediere abonar la indemnización, ésta no se hará efectiva si el vehículo no se encuentra registrado a nombre del asegurado, hasta tanto se acredite la transferencia registral a su favor o se obtenga expresa conformidad del titular del dominio del vehículo asegurado, manifestando ante escribano público, para que perciba la indemnización el asegurado” (Ver póliza fs. 26).
Se advierte que la parte demandada no ha cuestionado la legitimación del asegurado. En consecuencia, no resulta pertinente cuestionar la comunicación de la transferencia del vehículo cuando el titular de la póliza también demanda en el proceso. El interés asegurable se bifurca y en ese abanico abre distintas legitimaciones.
La aseguradora al contestar demanda, en subsidio, también planteo la falta de legitimación activa respecto de la coactora Cintia Noemí Manzi (Ver fs. 103). Interpretó que no podía demandar por un supuesto incumplimiento contractual con relación a la póliza del seguro Nº 43/065159 emitida el 17/06/2014, por no ser parte del contrato, celebrado exclusivamente entre la aseguradora y el señor Francisco Antonio González. Sin embargo, ello se diluye considerándose los fundamentos que anteceden.
Debe considerarse su legitimación cuyo estudio fue declarado abstracto en el curso del proceso, al progresar lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Seguros. Al variar la solución y auspiciarse la vigencia del derecho a la indemnización, debe valorarse la legitimación de la coactora Cintia Noemí Manzi.
Las legitimaciones tienen su justificación en un centro de interés que en el contrato de seguro se va moldeando con conductas espontáneas, por tratarse de una relación jurídica donde se acentúan los principios de buena fe y de confianza.
En consecuencia, entiendo que los actores tienen suficiente legitimación activa para intervenir en el presente juicio.
II. 3. La demanda La parte actora afirma en la demanda: “Esta parte esperaba que habiéndose cumplido ampliamente el plazo establecido por la Ley de Seguros Nro. 17.418, en su art. 56, de 30 días, la compañía cumpliera con la póliza” (Ver fs. 62).
Sin embargo, renglón siguiente afirma que la aseguradora se negó a pagar el siniestro alegando el art. 82 de la Ley de Seguros. Sobre este aspecto ninguna controversia ha planteado la actora.
No controvierten el envío de dos cartas documentos dirigidas al asegurado Francisco Antonio González de fechas 4 de diciembre de 2014 (Ver fs. 94) y 11 de diciembre de 2014 (Ver fs. 95) donde la aseguradora declina la cobertura, “en virtud de la liberación prevista en el art. ART. 82 DE La Ley de Seguros atento la falta de comunicación del cambio de titularidad del interés asegurado”. La compañía de seguros también envía carta documento con fecha 13 de marzo de 2015 a la señora Cintia Noemí Manzi, haciéndole saber que carece de legitimación para reclamar y percibir la indemnización; intimar y/o iniciar las acciones legales. (Ver fs. 96). Esta última comunicación es totalmente extemporánea. (Art. 56 Ley de seguros).Sin embargo, le voy a dar trascendencia. Es una declaración unilateral de la aseguradora que prueba en su perjuicio – reitero su recepción no ha sido controvertida -, que “Se niega y desconoce cuánto aduce respecto de que el cambio de titularidad fuera informado en sucursal Ramos Mejía, y que se le manifestara que se continuaba con la misma por una gestión administrativa” (Ver CD fecha 13 de marzo de 2015, copia obrante a fs. 96).(El subrayado pertenece a este Tribunal).
En primer lugar, por tratarse de un contrato de buena fe y confianza, el asegurador debió haber considerado si resultaba verosímil lo expuesto por el consumidor y en todo caso por aplicación de las cargas dinámicas de la prueba, demostrar lo contrario, con mayor razón cuando la documentación que alega la actora debiera estar en los archivos de la compañía de seguros. Además, si la aseguradora formula esa manifestación el 13 de marzo de 2015, negando que el cambio de titularidad fue informado en la sucursal Ramos Mejía, indudablemente no puede calificar de novedosa su reiteración en los agravios. Estamos valorando hechos, sin sujeción a formas procesales, excepto aquellas que afianzan el derecho de defensa en juicio. Hechos que se explican en ambientes donde el consumidor no pre constituye la prueba de su intervención.
La aseguradora al contestar demanda se limita a oponer las excepciones de prescripción y de falta de legitimación respecto a Cintia Noemí Manzi, y a sostener la pérdida del derecho a la indemnización por incumplimiento de carga contractual. (Ver fs. 102 vta./103).
La actora al contestar excepciones no controvirtió la recepción y validez de las cartas documentos que remitiera el asegurador, comunicándole el rechazo del siniestro en los términos del artículo 82 y dentro del plazo del artículo 56 de la Ley de Seguros. (El subrayado pertenece al Tribunal) Sin embargo, aludió (y ofreció prueba) a numerosos correos electrónicos que, a su entender, permiten inferir negociaciones entre las partes largo tiempo después de las interpelaciones y comunicaciones de la aseguradora declinando la cobertura.
En la instancia de origen, se ha tenido por contestado el traslado conferido a fs. 113 y por ofrecida la prueba. (Ver fs. 132). En el ambiente difuso que plantean las partes, debió proveerse el dinamismo de la prueba ofrecida al contestar excepciones.
Se ha señalado: “Cumplimentando la exigencia de bilateralidad, corresponde correr traslado de las excepciones a la contraparte, quien también deberá al contestarlas ofrecer toda su prueba. (MORELLO, Augusto Mario- SOSA, Gualberto Lucas-BERIZONCE, Roberto Omar: “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de La Provincia de Buenos Aires y de La Nación”, tomo IV-B, LIBRERIA EDITORA PLATENSE- ABELEDO-PERROT, La Plata 1990, pág. 463, comentario al artículo 348 CPCC).
En el mismo sentido, “Si el juez considera que las excepciones opuestas reúnen los correspondientes requisitos de admisibilidad, debe en primer lugar conferir traslado al actor o, en su caso, al reconveniente, sobre quienes no sólo pesa la carga de expedirse acerca de las excepciones sino también la consistente en agregar la prueba instrumental y en ofrecer los restantes medios probatorios que consideren apropiados a la defensa de sus derechos”. (PALACIO, Lino Enrique- ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de La Nación”, Tomo Séptimo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1997, comentario artículo 350, págs.. 402/403).
Y con respecto a la excepción de falta de legitimación activa, PALACIO y ALVARADO VELLOSO sostienen “Quien contesta la excepción de falta de legitimación activa debe agregar toda la prueba instrumental, cumpliendo idéntico requisito que quien la opone” (CNCivil, Sala G, 23-11-84, LL, 1985-A-252; Obra citada, pág. 403).
En el caso concreto, la actora al contestar la excepción, ofreció prueba documental, testimonial y de reconocimiento. (Ver fs. 131 vta). Si bien se ha tenido presente, no se advierte su dinamización y valoración en el contexto de toda la prueba.
II. 4. Fundamentos de la sentencia apelada A esta altura del debate viene consentido que el señor Francisco Antonio González “contrató con la demandada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada una póliza de seguro -nro.43-056159- respecto del rodado marca Fiat Uno dominio TEI-264, emitida con fecha 17 de Junio de 2014 y, cuya vigencia resulta desde el día 5 de Julio del 2014 hasta el día 5 de Enero de 2015 -ver fs. 74/79-, asegurando, entre otras cosas, la unidad referenciada por robo o hurto.” (Reseña efectuada en la sentencia apelada).
“Así también, se advierte de la causa penal agregada, la denuncia efectuada por la coaccionante Cintia Noemí Manzi, respecto de la sustracción del rodado en la vía pública en fecha 11 de Noviembre de 2014, lo que derivó en la formación de la misma caratulada como Hurto Agravado (arts. 375, 384 CPCC).” (Ver sentencia apelada)
“Asimismo, del informe de dominio obrante a fs. 146/151 se desprende que la coaccionante Cintia Noemí Manzi resulta titular del automóvil en cuestión desde el día 4 de Julio 2014, es decir, el día anterior a la entrada en vigencia de la póliza y diecisiete días después de emitida la misma.”
Respecto al interés asegurable, ha señalado el distinguido colega del fuero: “Por otra parte, resulta necesario traer a colación que dentro de la órbita del contrato de seguro, nos encontramos con la figura del llamado interés asegurable, definido por el artículo 60° de la ley 17418 como el "interés económico lícito de que un siniestro no ocurra", el cual debe ser observado conjuntamente con lo dispuesto por el artículo 2° en cuanto prevé que el contrato de seguros puede tener por objeto "toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de ley". Ahora bien, el interés debe existir al tiempo del siniestro y debe ser probado por el asegurado. Es claro que el interés pudo existir antes de ese momento pero puede que se produzca un cambio en la titularidad del interés, ante ello, una vez efectuada la tradición del bien quien adquirió un interés asegurable sobre éste se encuentra facultado para continuar con el seguro ya vigente mediante el pertinente endoso o para contratar un nuevo seguro que cubriese el riesgo de robo (art. 81 y 82 de la Ley 17418).” (Ver sentencia apelada).
El señor juez de grado da valor significativo a las cláusulas de la póliza, en particular aquella relacionada con la denomina “Importante: Advertencias al asegurado”, que sanciona con la caducidad de la cobertura en supuestos donde el asegurado no da cumplimiento a determinadas obligaciones o cargas. En particular refiere sobre “Cambio de titular del interés”, reproduciendo el texto de la póliza en cuanto a que "todo cambio de titular de interés Asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de los siete días de acuerdo con los artículos 82 y 83”. (ver fs. 74/79) Sostiene el distinguido colega del fuero: “Siguiendo dicho lineamiento, en el caso de autos, cabe ponderar lo establecido por el artículo 82 de la Ley de Seguros n° 17418 el cual establece que "El cambio del titular del interés asegurado debe ser notificado al asegurador quien podrá rescindir el contrato en el plazo de veinte días y con preaviso de quince días, salvo pacto en contrario. Rescisión por el adquirente: El adquirente puede rescindir en el término de quince días, sin observar preaviso alguno. Responsables por la prima: El enajenante adeuda la prima correspondiente al período en curso a la fecha de la notificación. El adquirente es codeudor solidario hasta el momento en que notifique su voluntad de rescindir. Rescisión por el asegurador: Si el asegurador opta por la rescisión, restituir la prima del período en curso en proporción al plazo no corrido y la totalidad correspondiente a los períodos futuros. Plazo para notificar: La notificación del cambio de titular prevista en el párrafo primero se hará en el término de siete días, si la póliza no prevé otro. La omisión libera al asegurador si el siniestro ocurre después de quince días de vencido este plazo". (Ver sentencia apelada).
Interpreta que “el contrato de seguro, por una parte, no es un título de crédito destinado a circular como tal en el circuito comercial o financiero y por la otra, tiene la particular característica de ser intuito personae, es decir, uno de los elementos substanciales que le interesan al asegurador es conocer al momento de la contratación del contrato de seguro quien será el titular del interés asegurado y evaluar así el riesgo moral que él puede presentar, de forma tal que el interés asegurable va a terminar dependiendo, en buena medida, de la persona del titular" (Sostiene el criterio con mención de doctrina que entiende aplicable)
A su entender, la cláusula no es abusiva porque “transcribe íntegramente el espíritu de la ley, por lo que de la misma no se insinúa desvió alguno en desmedro del asegurado-consumidor, en otras palabras, el plazo de siete día fijado actúa a modo de caducidad ya que la omisión de la notificación en debido término libera de responsabilidad al asegurador en caso de siniestro ocurrido después de los quince días de vencido el plazo.”(Ver sentencia apelada).
No hay discusión respecto a que “En el caso de autos, valorados los medios probatorios indicados, así como también, observado el intercambio epistolar entre las partes (ver fs. 94/101puede aseverarse que la póliza en estudio ha sido pactada y emitida (17/06/2014) con anterioridad al efectivo cambio de titularidad del bien (04/07/2014)” (Ver sentencia apelada).
II. 5. El principio de congruencia se flexibiliza en los procesos de consumo. El orden público contractual.
El orden público contractual (Art. 42 CN; Art. 158 Ley de Seguros; Art. 65 Ley 24.240) exige el abordaje de oficio de toda cuestión relacionada con el contrato de seguro, al igual del examen de una cláusula penal que se puede morigerar o tenerse por no escrita. En cuanto a los deberes de consejo, asesoramiento y advertencia, por constituir una obligación del proveedor, su discusión no tiene los límites de la preclusión. A mi entender, no resulta en el caso estrictamente aplicable el art. 272 del CPCC, de modo que en este aspecto debe desestimarse el carácter de cuestión novedosa que le atribuye el demandado a la expresión de agravios en su contestación, respecto de las obligaciones de asesoramiento, consejo y advertencia, que se le imponen al asegurador y al productor asesor de seguros, por su inmediatez en las relaciones con el asegurado. (Art. 101 inc. c. Ley 22.400). Ninguna obligación a cargo del asegurador constituye en los hechos una cuestión novedosa y mucha menos que se las menciones en un proceso, sin importar en qué etapa se controvierta. Al contrario, frente a esa alegación, y por aplicación del principio de las cargas dinámicas de la prueba, debía la aseguradora intentar robar que su conducta respondió a la naturaleza de sus obligaciones.
En las oficinas del representante de la compañía se paga la prima cuando no se debita automáticamente. En las oficinas del representante oficial o en llamados telefónicos o correos electrónicos, el asegurador delega los diálogos sobre distintos aspectos del seguro.
El orden público contractual (Arts. 42 CN; 158 Ley de Seguros y 65 Ley 24.240) impone que la legislación en un proceso de consumo, se aplique inclusive de oficio. En consecuencia, los planteos introducidos en la expresión de agravios no resultan novedosos según la opinión de la aseguradora (Ver contestación de agravios) porque además de derivar de cuestiones explicitas e implícitas advertidas en la demanda y en la contestación de la excepción de prescripción planteada por la demandada, el orden público contractual flexibiliza el principio de congruencia y justifica el abordaje de oficio en las relaciones de consumo. Este concepto ha permitido, por ejemplo, morigerar la cláusula penal o el interés moratorio, incluso de oficio, cuando resultaban excesivas. La prédica de la jurisprudencia y de la doctrina, evolucionaron la legislación. (Art. 656 Código Civil reforma Ley 17.711). En este contexto entiendo que no resulta aplicable el artículo 272 CPCC con el alcance que estima la aseguradora. Todo el proceso gira en torno a un debate sobre el alcance del artículo 82 de la Ley de Seguros en el caso concreto. Ello dinamiza un compromiso social con la justicia porque el derecho privado constitucionalizado no se afirma exclusivamente sobre los pilares de la disponibilidad del derecho al acentuar un orden público contractual que requiere la intensa actuación de oficio de los magistrados al valorar los hechos, las pretensiones y las pruebas producidas o pendientes por falta de cooperación del oferente.
El orden público contractual traza los límites de la autonomía de la voluntad, sin la expansión que se admite en los contratos paritarios. Sobre el orden público contractual. (SOBRINO, Waldo Augusto:
“Un nuevo orden público de seguros La ley de Seguros es el piso mínimo para proteger al consumidor de seguros” 10 de Noviembre de 2010 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACC100087). de 2010 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACC100087).
II. 6. Los principios modernos de la prueba. El valor de las presunciones.
II. 6. 1. Principio de cargas dinámicas de la prueba El distinguido colega del fuero resalta que en la relación de consumo rige el principio de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida.
Con anterioridad, he señalado: “En las relaciones de consumo, es necesario que la parte que está en mejores condiciones de contribuir al esclarecimiento de los hechos, abandone su actitud de espectadora y asuma el deber de dinamizar cargas probatorias.”
“El proveedor tiene superioridad técnica, es un empresario organizado, redacta y propone la fórmula contractual. Está en mejores condiciones de probar hechos que tal vez el consumidor, por la complejidad de la cuestión, tenga mayores dificultades para dar cumplimiento a cargas procesales relacionadas con la prueba, si se aplicaran criterios tradicionales.”
“Se infiere, aplicando el criterio que en caso de duda la solución debe ser favorable al consumidor, y el principio de cooperación en el esclarecimiento de los hechos que se impone al proveedor. El consumidor ha señalado hechos y ofrecido pruebas. No basta negar esos hechos. No alcanza con limitar las soluciones a la prueba que exclusivamente ha producido el consumidor. “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (Art. 53 – Normas del Proceso -, tercer párrafo, Ley 24.240 –texto Ley 26.361).”
“Ello constituye una derivación explicita del principio de las cargas probatorias dinámicas. La doctrina especializada afirma: “El juez no se limita ya, simplemente, a actuar la voluntad de la ley, sino que su misión en la interpretación y aplicación de la normativa procesal reside más bien en tornar efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos, en el marco, naturalmente, de la observancia de las garantías del proceso – contradictorio, publicidad, fundamentación suficiente del decisorio, razonabilidad, consistencia”,(WAJNTRAUB, Javier H. “Régimen Jurídico del Consumidor Comentado”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 2017, pág. 323).”
“No debemos abordar las cargas probatorias en los procesos de consumo sobre la base del concepto de cargas procesales que ha diseñado el principio dispositivo (Art. 375 CPCC). Resulta aplicable la jurisprudencia que sostiene: “Para abonar la tendencia que la normativa viene construyendo, se dijo que “corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda con fundamento en la falta de prueba por parte del consumidor de la extensión del plazo de garantía, toda vez que el encuadramiento del sub lite bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor impone aplicar en materia de distribución de cargas probatorias el artículo 53 de la ley 24.240 y no el artículo 377 del Código de rito en cuanto esta última pueda entenderse opuesta por aquella” (Jurisprudencia de la CN Comercio, sala C, 23-10-2012, “Constructora de Proyectos S. A. c/ Autovisiones S.A.”, citado por WAJNTRAUB, obra citada, pág. 325/326).” “Es un principio con absoluto arraigo: “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (Art. 37, 4º párrafo Ley 24.240). Interpretar la conducta del consumidor con prescindencia del principio de cargas probatorias dinámicas podría llegar a soslayar las obligaciones que en materia de prueba tiene el oferente.” (VER “AGUIRRE, ROSA LILIANA C/ BANCO COMAFI S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Expte. Nº LM-27345-2015, 23 de diciembre de 2021)..
Viene firme a esta Alzada la aplicación del principio de las cargas dinámicas de la prueba que ha determinado el señor juez de grado en la sentencia apelada, de modo que las voces del consumidor deben ser oídas aún desde su silencio. En este aspecto, la demanda, la contestación de excepciones y la expresión de agravios, no constituyen fragmentos aislados y si partes de un mismo continente. El consumidor ha señalado hechos y ofrecido pruebas. No basta negar esos hechos. No alcanza con limitar las soluciones a la prueba que exclusivamente ha producido el consumidor. Es importante destacar que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (Art. 53 – Normas del Proceso -, tercer párrafo, Ley 24.240 –texto Ley 26.361).
Ello constituye una derivación explicita del principio de las cargas probatorias dinámicas. La doctrina especializada afirma: “El juez no se limita ya, simplemente, a actuar la voluntad de la ley, sino que su misión en la interpretación y aplicación de la normativa procesal reside más bien en tornar efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos, en el marco, naturalmente, de la observancia de las garantías del proceso – contradictorio, publicidad, fundamentación suficiente del decisorio, razonabilidad, consistencia”(WAJNTRAUB, Javier H. “Régimen Jurídico del Consumidor Comentado”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 2017, pág. 323).
No debemos abordar las cargas probatorias en los procesos de consumo sobre la base del concepto de cargas procesales que ha diseñado el principio dispositivo (Art. 375 CPCC). Resulta aplicable la jurisprudencia que sostiene: “Para abonar la tendencia que la normativa viene construyendo, se dijo que “corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda con fundamento en la falta de prueba por parte del consumidor de la extensión del plazo de garantía, toda vez que el encuadramiento del sub lite bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor impone aplicar en materia de distribución de cargas probatorias el artículo 53 de la ley 24.240 y no el artículo 377 del Código de rito en cuanto esta última pueda entenderse opuesta por aquella” (Jurisprudencia de la CNComercio, sala C, 23-10-2012, “Constructora de Proyectos S. A. c/ Autovisiones S.A.”, citado por WAJNTRAUB, obra citada, pág. 325/326). Es un principio con absoluto arraigo: “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (Art. 37 4º párrafo Ley 24.240). Interpretar la conducta del consumidor con prescindencia del principio de cargas probatorias dinámicas podría llegar a soslayar las obligaciones que en materia de prueba tiene el oferente.
Otra cuestión, a mi entender trascendente, y que no ha sido explorada en la instancia de grado, se relaciona con la documentación traída con la contestación de la excepción de prescripción. Si bien las numerosas copias de correos electrónicos eventualmente relacionados con conversaciones entre la letrada que representaba a la actora y la compañía de seguros fueron presentados para desmentir la prescripción alegada, resultan de hechos que interpretados ampliamente deben tener incidencia sobre la cuestión de fondo. Al oponer la excepción, la actora expresó: “Adjunto 14 mail enviado por la Dra. Zapata a la demandada donde consta que desde el 6 de abril de 2016 al 4 de noviembre de 2016 estuvieron enviando distinta documentación exigida por la Cía. de Seguros Rivadavia y negociando el pago del automotor” (Ver fs. 128/vta). (El subrayado pertenece a la actora).
Incluso ofreció prueba documental: “14 hojas con 26 mail entre la Cía de Seguros y la Dra. Zapata” ; Testimonial y de reconocimiento” (Ver fs. 131 vta).
Sin perjuicio que no se ha proveído en la instancia de origen la prueba ofrecida por la actora, esa omisión no puede ir en desmedro de la consumidora y cabe concederle a los correos electrónicos al menos el carácter de prueba indiciaria. En efecto, el distinguido colega de la instancia inaugural ha desestimado la excepción de prescripción por entender que no estaba cumplido el plazo de tres años que entendió aplicable al caso. (Ver fs. 158/160).
Ello constituye un indicio que debe tenerse por válido por aplicación del principio de las cargas dinámicas de la prueba, respecto a que, después de la declinación formal de la cobertura (Art. 82 LS) las partes no habían interrumpido negociaciones relacionadas con el seguro. Ello también constituye una presunción que no favorece a la aseguradora (Doct. Art. 163 inc. 5º 2da. Parte CPCC).
En este contexto, el distinguido colega del fuero a proveer la prueba informativa ofrecida por la demandada, a Correo Argentino, lo desestimó porque “No habiéndose desconocido la documental adjuntada, el presente medio probatorio, deviene innecesario”. (Ver fs. 165). En primer lugar interpreto que si bien es cierto que la actora expresamente no controvirtió los efectos de las cartas documentos, lo cierto es, que tal como se ha dicho, sus efectos quedaron relativizados porque al contestarse demanda se han señalado recaudos para la percepción del seguro (Ver punto a) Suspensión del pago de capital y curso de intereses (Ver fs. 105).
II.6.2. Los indicios y presunciones.
Debe considerarse que la sentencia debe estar razonablemente fundada (Art. 3º Código Civil y Comercial) y que en este aspecto: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancias, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica” (Art. 163 inciso 5º ap.
2. CPCC).
Ello resulta congruente con un evolutivo proceso en la interpretación y valoración de la prueba que ha guiado al intérprete a consdierar la conducta de las partes como medio de prueba, es decir como un elemento importante para formar convicción. Pensamos que los silencios recurrentes o la omisión en cooperar en el esclarecimiento de los hechos ya no tienen el refugio seguro que antes daban las formas.
No cabe prescindir de las presunciones. La doctrina procesal prestigiosa ha manifestado: “La norma que nos ocupa regula las presunciones simples, judiciales u hominis. Partiendo de un hecho conocido – y valorándolo conforme con las reglas de experiencia y lógica, se arriba al convencimiento de la existencia de otro desconocido. No se trata de verdaderos o rigurosos medios de prueba, sino de argumentos de prueba que elabora el juez en la sentencia. Como establece el inciso 5 del artículo 163, tales presunciones constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y reúnan las condiciones de número, precisión, gravedad y concordancia exigidas” (MORELLO, Augusto Mario-SOSA, Gualberto Lucas-BERIZONCE, Roberto Omar: “Códigos…t. II-C, Librería Editora Platense-Abeledo-Perrot, La Plata 1986, pág.16).
Las presunciones muchas veces son guiadas por conductas humanas que en todo caso constituyen una corroboración de aquello que se infiere. Ya hemos señalado que la conducta de las partes es razonada como un elemento de convicción. En la obra citada que los prestigiosos procesalistas han elaborado, se señala: “La reforma de 1981 incorporó un nuevo apartado al inciso 5 del artículo 163 del código nacional, que posibilita al juez computar la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso como “un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones”. “Como se ha señalado, la norma, que tiene su fuente en el artículo 116 del Código Procesal italiano y también en diversos precedentes anteriores, permite al juzgador inferir argumentos de prueba, en general, de la conducta de las propias partes en el proceso”.
“El comportamiento procesal adquiere así valor indiciario, de modo que las conclusiones que el juez extrae de la conducta observada por las partes se erigen en argumentos de prueba corroborante. Argumentos que pueden prevenir sea de la negativa a exhibir documentos (art. 388), ya de las respuestas brindadas en los supuestos del art. 36 inciso 2, a), o cuando son sometidas al interrogatorio informal del artículo 415, o bien de su incomparencia a tales actos. No son sino aplicaciones concretas del principio de probidad y buena fe”.
“Sin embargo, dado que sólo se trata, como expresa la norma, de elementos de convicción corroborante de las pruebas, no pueden erigirse, por si solos, en plena prueba de las afirmaciones controvertidas. Sin embargo, a tenor de las circunstancias, el juez tiene al respecto amplio margen de apreciación”. (Autores y obra citados, pág. 17).
Debe indicarse que, en el caso concreto, la conducta de las partes no se valora por la exclusividad y si como un elemento corroborante de las presunciones.
No pueden soslayarse en el proceso la eficacia de las presunciones.
La Suprema Corte de Justicia ha señalado: “Cada uno de los indicios probados puede reflejar un hecho poco relevante, o casual. La suma de todos ellos, su correcta acreditación (debidamente probados), la coherencia intrínseca que exhiben (concordancia), la posibilidad de atribuirles una orientación común (univocidad), la inexistencia de factores acreditados que los debiliten (no hay contra indicios), etc., conforman un conjunto contundente y homogéneo de hechos indiciarios.” (SCBA LP C 98919 S 22/05/2013 Juez SORIA (SD)SCBA LP C 93720 S 21/05/2008 Juez PETTIGIANI (OP): “Lagostena, Roberto Atilio y otro c/Fernández Motta, Carlos Daniel y otro s/Simulación, reivindicación, cobro de los frutos”; SCBA LP Ac 74854 S 08/11/2006 Juez DE LAZZARI (MA): “S. ,S. R. c/C. ,L. J. y o. s/Simulación de acto jurídico”; SCBA LP C 120515 S 15/08/2018 Juez SORIA (SD): “Lo Curto, José Luis contra Wlasiuk Parafeñuk, Lena. Acción de simulación” (expte. n° 19.124);SCBA LP C 118824 S 08/03/2017 Juez GENOUD (MI): “Arias, Jorge Alberto c/ Durañona, Juan Manuel y otros s/ Acción de simulación – Revocatoria”; SCBA LP C 90342 S 21/12/2011 Juez PETTIGIANI (SD): “Rossi y Vilapreño S.A. c/Savini, Angel y otros s/Nulidad de donación y venta del inmueble.”; B28717 JUBA)
Las presunciones no son ficciones que van supliendo la falta de prueba directa. Son el despertar de los hechos en fragmentos latentes que hay que enhebrar armoniosamente. De modo que no se puede desconocer que los jueces tienen amplias facultades para ponderar y seleccionar la prueba y en la medida que den soluciones razonablemente fundadas, distantes de la arbitrariedad o el absurdo, pueden fundar una sentencia exclusivamente sobre la base de indicios o presunciones. (Doct. Art. 163 inc. 5º segunda parte CPCC).
Sobre esta actividad flexible del intérprete, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “A los fines de desarrollar la tarea valorativa, los jueces de grado cuentan con amplias facultades de selección y ponderación, actividad en la cual pueden, sin incurrir en absurdo, inclinarse y dar preeminencia a unas pruebas y descartar otras, sin necesidad de expresar en la sentencia la valoración de todas ellas.” (SCBA LP C 105191 S 03/10/2012 Juez SORIA (SD): “Sánchez, José Luis c/Ramírez, Daniel s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 120835 S 18/04/2018 Juez DE LÁZZARI (SD): “Minnucci, Gustavo Alberto contra Guspamar S.A. y otro. Daños y perjuicios”; SCBA LP C 118439 S 22/06/2016 Juez SORIA (SD): “Farías, Jonatan Maximiliano y otros contra Paredes, Jorge y otros. Daños y perjuicios”; SCBA LP C 117906 S 26/03/2014 Juez KOGAN (SD): “Herrero Ducloux, María Inés y otros c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios”;SCBA LP C 117091 S 30/10/2013 Juez SORIA (SD): “Jasale, José Gustavo c/"La Brama S.A." s/Cobro ordinario”; SCBA LP C 115771 S 02/05/2013 Juez SORIA (SD): “D. M., I. H. c/Hospital Privado de Comunidad - Fundación Médica Mar del Plata y otros s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 110476 S 24/04/2013 Juez SORIA (SD): “M., M. d. C. y otro c/G., M. E. s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 110847 S 05/09/2012 Juez SORIA (SD): “Ferreira, Norma Alicia c/Ponce, Miriam Eliza: “L. ,D. E. c/L. y R. S. s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 108007 S 05/10/2011 Juez SORIA (SD): “Comerci, Leandro Martín c/Rodriguez, Claudio Dante y otros s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 104264 S 04/05/2011 Juez SORIA (SD):”V. ,M. I. c/C. v. S. y o. s/Daños y perjuicios”; SCBA LP C 105880 S 02/07/2010 Juez DE LAZZARI (SD) “Casco, Antonia c/Silva, Juan Carlos y otros s/Desalojo por intrusión”; SCBA LP C 102293 S 25/02/2009 Juez SORIA (SD): “Ibañez, Eva del Carmen y otra c/Alegre, Alcides y otro s/Daños y perjuicios”, B30599 JUBA)
En el contexto particular del caso, a mi entender, las presunciones no deben ser interpretadas con un criterio estricto ni valoradas en forma aislada puesto que su eficacia queda librada a esas rítmicas secuencias que cada una de ellas expresa en armonía con las otras. (mi voto en "BERON WALTER EMMANUEL Y OTROS C/ TORRES EMILIANO EZEQUIEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
Causa LM 31597/2015 RSD 121/21, sentencia del 17/8/2021)
En el caso concreto, entiendo que están reunidos los otros elementos que darían certeza para formar convicción.
II. 7. El artículo 42 de la Constitución Nacional impone una reformulación del régimen de cargas y caducidades de la Ley de Seguros.
La protección de los intereses económicos de los consumidores tiene tutela constitucional.
El texto literal del artículo 82 de la Ley de Seguros, por aplicación del diálogo de fuentes, cede su rigorismo al compatibilizarse con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que tutela los intereses económicos de los consumidores.
Respecto del diálogo de fuentes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “Al momento en que los jueces deben decidir, se impone una interpretación sistemática del material normativo y un necesario "dialogo de fuentes". Dentro de las distintas técnicas y argumentos interpretativos heterogéneos que pueden calificarse como interpretación sistemática, uno de los modos típicos consiste en hacer referencia a la situación de la disposición normativa (el argumento de la sedes materiae); junto a éste estimo de primordial importancia el argumento de la coherencia, al que se suma el concepto amplio de inconsistencia, antinomia o incompatibilidad que perturbe la unidad del sistema jurídico.” (SCBA LP C 119253 S 29/11/2017 Camderros, Lidia Marta y otros contra Francés Administradora de Inversiones S.A. y otros. Daños y perjuicios JUBA B4203491); “Interpretar el texto legal para encontrarle una significación compatible con el bloque constitucional a la luz de un necesario diálogo de fuentes, no es ya una mera opción para el juez sino un imperativo constitucional y convencional.” (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual JUBA B4203054)
El intérprete cuando aplica la ley no puede dejar de advertir, que si su origen fue en una época donde el derecho de los contratos tenía su mayor sustento en la libertad contractual (época de primera generación de derechos), ese concepto individualista se fue rezagando mediante aperturas a nuevas categorías de derechos con la impronta de la solidaridad, la prevención del daño y la tutela de los débiles contractuales.
No se trata solamente de un derecho que se vuelve lírico. Es la persona humana, no es solamente el deudor. Es la persona humana, no es solamente quien firma un contrato de adhesión.
Los intereses económicos del consumidor tienen tutela constitucional y afianzan con mayor ímpetu el inveterado derecho de propiedad. El trato digno, equitativo y no discriminatorio son como el fruto abundante de un árbol cuya sombra sigue las cadencias de las soluciones justas.
Estamos viviendo la época del Estado de Derecho Constitucional. La relación de consumo (Art. 42 CN) y la legislación del consumidor, imponen una mirada actualizada de la legislación que es anterior a la entrada en vigencia de la ley 24.240 (1993) y de la reforma constitucional de 1994, verdaderas motivaciones para la consolidación del derecho privado constitucionalizado, principio superlativo del Código Civil y Comercial de La Nación. Aplicar en forma férrea un texto legal, con aislamiento de la intemperie resulta inconciliable con las garantías constitucionales en la relación de consumo. La protección económica de los consumidores puede ser una quimera cuando una cuestión de consumo se resuelve exclusivamente mediante la aplicación de una ley de otra época. La función integradora de leyes especiales y los nuevos principios y valores jurídicos, no deben guiarnos a darles prevalencia a la legislación de primera categoría de derechos o a las estructuras en torno a figuras paritarias. No puede soslayarse el orden público contractual que caracteriza a la legislación de consumo (Art. 65 Ley 24.240) y que en origen ya venía destacando la Ley de Seguros (Art. 158).
Viene firme a esta Alzada que el contrato de seguro queda comprendido en una relación de consumo. Definido el ámbito del debate, resulta indispensable una interpretación mediante el dialogo de fuentes y compatibilizar la ley específica con el artículo 42 de la Constitución Nacional y la legislación del consumidor cuando se tratan de situaciones extremas donde la aplicación de la ley ordinaria, desde su texto literal, impone una gravísima sanción a quien ha omitido comunicar la venta del vehículo a la aseguradora. Viene diciendo la doctrina especializada en su movilizadora integración de fuentes, que las cargas y causales de caducidad deben ser observadas con criterio restrictivo, de modo que solo deben valorarse para imponer sanciones extremas, la culpa grave y el dolo del asegurado cuya prueba debe ser producida por el asegurador, quien además tiene que demostrar el perjuicio que le ha causado una omisión de informar, en este caso, en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros.
Liberar al asegurador en supuestos de caducidad por el incumplimiento de una carga que la ley impone al asegurado, sin determinar el perjuicio que esa omisión le ha provocado a la compañía de seguros y mucho menos cuando no se ha revelado la culpa grave o el dolo, tiene repercusiones totalmente desproporcionadas con la trascendencia del incumplimiento y afectan al derecho de propiedad del consumidor. La sanción, con mayor razón cuando se tratan de simples omisiones que podrían encuadrar en la culpa leve, no registra parangón en ninguno de los efectos de las distintas causas de extinción de los contratos. Si en el derecho clásico se atemperaron los rigores del incumplimiento (Doct. Arts. 656 2da. Parte; 1071 CC), con mayor razón debe medirse la liberación de la aseguradora, que indica el artículo 82 de la Ley de Seguros, por sus repercusiones en el patrimonio del afectado.
II. 8. Los efectos del artículo 82 Ley de Seguros No concuerdo con la sentencia apelada en cuanto a que la aseguradora se libera en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros porque estaría probado “que dicha modificación en cabeza del titular, no ha sido comunicado a la empresa aseguradora.” (Ver sentencia apelada) No comparto la sentencia apelada en cuanto afirma: “Ante ello, se advierte que efectivamente ni el beneficiario del seguro -Sr. Francisco Antonio González- ni la nueva adquirente titular del rodado – Sra. Cintia Noemí Manzi- han dado debido cumplimiento con el contrato rubricado con la empresa demandada, en cuanto a la obligación de notificar debidamente a ésta el cambio de titularidad del rodado asegurado en el plazo estipulado, obligación asumida conforme se desprende de la cláusula CG-CO 16.1-, del contrato en mención.” (Ver sentencia apelada). La carga de informar que se le ha impuesto al asegurado no puede tener los efectos que se han determinado en la sentencia apelada.
Voy a decir más adelante las razones por las cuales entiendo que no resulta aplicable en el caso concreto el artículo 82 de la Ley de Seguros, desde las raíces mismas de los hechos controvertidos y desde la idea que se trata de una disposición que en el nuevo estado de derecho constitucional no resulta oponible al consumidor en una relación de consumo. Entiendo que la solución fundada exclusivamente en la ley de seguros y en el concierto de la autonomía de la voluntad, posiblemente tolerables en el anterior estado de derecho republicano, ya no tienen andamiento en épocas del contrato con función social.
Por otra parte, la solución no se debe encontrar en tres cartas documentos enviadas a los actores. Ello constituye un aspecto meramente formal. La proclamada liberación de la aseguradora debe justificarse en los hechos preexistentes y en este aspecto las comunicaciones al asegurado y a la adquirente del vehículo no tienen predicamento, excepto para probar que fueron cursadas y recepcionadas las cartas documentos cuando – después se verá – aplicando el principio de las cargas dinámicas de la prueba y las presunciones, es posible determinar que la aseguradora no podía ignorar, al menos tácitamente, la nueva titularidad del vehículo.
Desde el concepto procesal clásico la verdad formal no es la verdad revelada porque cabe inferir que la falta de cooperación del proveedor ha impedido reunir en el proceso aquellas pruebas que solamente podía producir la demandada, de modo que carece de sustento concluir que “Máxime aún, los accionantes no han cuestionado dicho extremo, ni han aportado prueba alguna que permita apartarme de dicho entendimiento (art. 375 del CPCC).” Con este criterio transportamos al débil contractual la compleja prueba que le resultaría difícil pre constituir, considerándose que los asegurados se relacionan espontáneamente con el asesor de seguros y que en todo caso estamos en presencia de un contrato donde prevalece la buena fe y la confianza.
Están en crisis los efectos del incumplimiento de obligaciones y cargas que se le exigen al asegurado. La moderna doctrina augura soluciones justas que no imponen sanciones desproporcionadas sin causa que las justifique. Ello permite darle al requisito del interés asegurable un concepto moderno e inclusivo, en particular cuando se asegura un bien material donde las condiciones personales del asegurado carecen de relevancia. Se ha citado en la sentencia apelada al magistral Halperín, precisamente ha sido el autor del anteproyecto de ley de seguro, basado en un equilibro entre las partes, donde el asegurado no quedaba expuesto a sanciones tan extremas. Poco quedó de sus ideas y al igual que una isla en el océano, de su obra, subsiste el artículo 158 que dota al sistema de un orden público contractual. Vamos a decir citando a Stiglitz, que por esa época las posiciones dominantes provocaron efectos discordantes. El deber de información no puede llegar al extremo de hacer perder al asegurado su derecho de propiedad. (Art. 17 CN). En todo caso la falta no resulta de gravedad inusitada y obliga al asegurador a invocar y demostrar un perjuicio.
No comparto la sentencia apelada en cuanto afirma: “En definitiva, puede concluirse que la mentada omisión de denunciar el cambio de titular del interés por parte de los interesados, liberó al asegurador por todo siniestro ocurrido, habiendo trascurrido el plazo de quince días de vencido el plazo para formular dicha denuncia (siete días). Es decir, que la cobertura caducó pasado los veintidós días de ocurrida la transferencia, liberando a la empresa aseguradora de responder por el siniestro en estudio (art. 82 Ley 17.418)” (Ver sentencia apelada).
Los apelantes en los agravios refieren que la aseguradora incumplió con sus deberes de asesoramiento y advertencia, alegándose por entonces una manifestación verbal comunicando la transferencia del vehículo, al asesor y productor de seguros. Es muy probable que muchas secuencias de la relación entre oferentes y consumidores, por su informalidad, permanezcan en un ambiente difuso. Sin embargo, en este aspecto, basta retrotraernos a la sentencia de primera instancia donde el señor juez de grado anunció el principio del dinamismo probatorio, por tratarse de una relación de consumo.
También señalan que “La accionada se negó a pagar del siniestro amparándose en el art. 82 de la Ley 17.418, no solo a la titular del automotor sino también al titular de la póliza de seguro (ambos actores en esta demanda ver fs. 62).
El criterio afianzado en la jurisprudencia indica que en caso de duda sobre el alcance de la cobertura de la póliza de seguros corresponde interpretar que subsiste la obligación del asegurador. Debe tenerse en cuenta que el contrato de seguros es de adhesión a condiciones generales y además comprende una típica relación de consumo entre el asegurado y la compañía de seguros, de modo que rige el principio, en la duda, a favor del consumidor. (Resultan aplicables entre otras disposiciones los artículos 3 y 37 (cláusulas abusivas) de la ley 24.240). En efecto, no debe olvidarse que dispone el Art. 37 inc. c): “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorables para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”. No podía ignorar el asegurador que, a partir de la transferencia del automóvil, el seguro seguía abonándose, y en este aspecto no probó que fuera efectuado por otra persona distinta al asegurado. Debe tenerse en cuenta que la señora Cintia Noemí Manzi es titular del vehículo desde el 4/07/2014 y que el siniestro, data del 11 de noviembre de 2014, es decir durante los meses transcurridos durante ese lapso, el seguro se continuó abonando. Las presunciones permiten – después se explicará – formar convicción sobre el conocimiento, al menos tácito de la transferencia del vehículo, valorando conductas aplicando el principio de buena fe y de confianza. El conocimiento tácito se revela en la aceptación de pagos luego de la transferencia. En esa relación – espontánea e informal – se deben valorar otras conductas que tienen su antecedente en la transferencia del vehículo, me refiero a la denuncia penal y a la denuncia del siniestro, realizadas por la adquirente. La conducta de la adquirente al formular la denuncia penal y del siniestro a la aseguradora. La conducta humana no debe verse como una secuencia aislada porque su resultado debe ser contextualizado. No se puede inferir en este contexto, que después de la transferencia del vehículo y en los meses subsiguientes, se dejó de pagar el seguro. De ser así la aseguradora no habría guardado silencio.
¿Entonces quien pagaba el seguro? Debe presumirse que lo hacía la adquirente. Han quedado pendientes a mi entender, algunas cuestiones relevantes, que en la instancia de origen se han dado por saldadas y que, sin embargo, dispuestas en un ambiente difuso exigían rigurosamente la aplicación al caso concreto del principio de las cargas dinámicas de la prueba, que ha destacado el señor juez de grado en la sentencia apelada.
Es un aspecto relevante, si la aseguradora efectivamente ha sido notificada de la transferencia del vehículo. Debo decir que la notificación también puede ser tácita o quedar implícita en las conversaciones entre quien paga el seguro y el asesor de seguros, que también representa al asegurador. (Doctrina del artículo 1735 Código Civil y Comercial de La Nación).
Si la actora alega un desplazamiento del interés asegurable, que ha sido puesto en conocimiento del asesor de seguros, ello constituye un hecho que, de ser confrontado, requería la cooperación del profesional de seguros, porque está en mejores condiciones de demostrar la falta de verosimilitud de las referidas afirmaciones. En definitiva, si bien se ha destacado en los agravios, oportunidad donde la actora al referirse a los deberes de información, consejo y advertencia, afirma que “al momento de haberse presentado en la Cía. de Seguros Sucursal, Ramos Mejía sito en la calle Av. San Martín 141 de la Localidad de Ramos Mejía, Pdo. De La Matanza, cuyo Productor responsable es la Sra. Audino Josefina Graciela Matrícula 62588 y habiéndole informado en forma verbal el cambio de titularidad, no fueron asesorados de su consecuencia. Simplemente quien atendía (Productor de Seguros) le otorgó los talones de pago mensual para que lo efectuaran a través de pago fácil, y nada más…” (Ver expresión de agravios). También indica, que, les notificó que debían esperar 6 meses para la entrega de la nueva póliza. (Ver expresión de agravios).
Debe tenerse en cuenta que la aseguradora al contestar traslado ninguna referencia formuló respecto a este hecho, limitándose a señalar que los mencionados deberes de información, consejo y advertencia eran novedosos porque se habían introducido al expresar agravios.
En ninguno de estos aspectos resulta prueba concluyente la pericia contable puesto que el dictamen ha seguido la contabilidad del demandado, sin que ello impida que esas constancias puedan ser confrontadas con el rigor de la integración probatoria.
En el caso concreto el demandado en su carácter de proveedor tenía la obligación de alcanzar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder en orden a las características del bien o servicio y además se le impone el deber de prestar la colaboración necesaria para esclarecer la controversia suscitada entre las partes. (Art. 53 Ley 24.240). Se trata de un principio insoslayable en toda relación de consumo y la carga impuesta por la ley al proveedor está sustentada en los principios de la carga dinámica de la prueba y en sus deberes de lealtad procesal y buena fe. No se advierte, de la compulsa del expediente, que la aseguradora haya cumplido con ese principio neutralizador de desequilibrios contractuales y restaurador de la condición del consumidor, debilitado en la adhesión y con dificultades para poder acreditar determinados extremos de la contratación.
Se advierte, que no obstante la puesta en el umbral de la legislación de consumo, el distinguido colega del fuero aplica en forma prevalente la ley particular en un contexto ambientado por la autonomía de la voluntad. Ello con relación a que interpreta que el asegurado no ha comunicado la transferencia del automóvil al asegurador, omitiendo dar cumplimiento a las exigencias del artículo 82 de la Ley de Seguros. La prueba de los hechos expuestos en la demanda no puede quedar librada exclusivamente al esfuerzo del actor, porque tratándose de una relación de consumo, el principio dispositivo cede y se impone también un gravamen a quien está en mejores condiciones de contribuir a esclarecer la verdad objetiva.
Los actores adjuntan en la demanda el título del automotor donde consta con carácter de titular la adquirente Cintia Noemí Manzi y el certificado de cobertura a favor del asegurado y en el caso enajenante Francisco Antonio González. Se infiere, aún sin mención expresa en la demanda, que el vehículo fue enajenado durante la vigencia del seguro y con antelación al siniestro.
Debe admitirse sin titubeos que constituye una cuestión implícita la transferencia del interés asegurable.
No se plantea en la demanda ninguna cuestión relacionada con la carga y supuesto de caducidad previsto en el art. 82 de la Ley de Seguros, excepto una referencia a que “La aseguradora se negó a pagar el siniestro, amparándose en las disposiciones del artículo mencionado, tanto al enajenante y titular de la póliza y a la adquirente.” (Ver fs. 62). Sin embargo, en el párrafo anterior, sostienen ambos actores:
“Esta parte esperaba que habiéndose cumplido ampliamente el plazo establecido por la Ley de Seguros Nro. 17.418, en su artículo 56, de 30 días, la compañía cumpliera con la póliza” (Ver fs. 62).
En consecuencia, realizando la interpretación contextual del escrito de demanda y considerando los efectos de la relación de consumo y la aplicación del principio de las cargas dinámicas de la prueba (Conceptos y principios determinados en la sentencia apelada y que vienen firmes a esta Alzada), indican que no vamos a compartir la conclusión del fallo apelado en cuanto a que la parte actora no ha controvertido la declinación de la cobertura en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros. Está a cargo de la aseguradora la prueba del estricto cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Seguros. En este aspecto no basta con interpelaciones que pudieran dar lugar a interpretaciones formales sobre el alcance de los artículos 56 y 82 de la Ley de Seguros. Ello pierde eficacia cuando se comprueba que el contrato después de la transferencia del vehículo con el pago del seguro ha tenido principio de ejecución. En las relaciones de consumo el principio de ejecución debe ser interpretado con criterio amplio.
“Por lo demás, si la aseguradora acepta el pago de las primas por el adquirente de la unidad automotriz asegurada, no puede alegar desconocimiento de la transferencia del interés asegurado” (CNCom. , Sala B, 26/10/1973, “Sanvitale, R. c. Soc. Rural de Cerealistas Cía. Arg. De Seg.” (inédito; CNCom., Sala A, 7/6/1977, “Bisazza, A. c. Argos Cía. De Seg.” (inédito)” (Jurisprudencia citada por STIGLITZ, Rubén S. “Derecho de Seguros” 5ta. Edición Actualizada y Ampliada, Tomo I, La Ley 2008, pág. 383). (El subrayado pertenece al Tribunal).
La jurisprudencia también ha señalado: “El conocimiento por el agente organizador del cambio del titular del interés asegurado importa el de la aseguradora (Cám. Nac. Com. Sala B, 26-20-73; Cám. Nac. Com. , Sala A, 7-6-77, cit. Por STIGLITZ, Derecho … cit.p. 259); (Jurisprudencia citada por PIEDECASAS, Miguel A. “Régimen Legal del Seguro”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 306).
Al encuadrar la cuestión al amparo de una legislación de orden público, resulta razonable que se impone un esfuerzo de cooperación por parte del asegurador para el esclarecimiento de los hechos. Si los actores alegan que hubo conversaciones entre las partes y traen al expediente copias simples de correos electrónicos intercambiados durante un tiempo prolongado, después de las interpelaciones que dice haber enviado la aseguradora, su exteriorización en el proceso, exigía la aplicación del principio sobre cargas dinámicas probatorias que se ha consolidado en la sentencia apelada por no encontrar agravios en las partes.
La aseguradora guardó silencio frente al cúmulo de copias simples de correos electrónicos. La parte actora ofreció prueba. Definidas las conductas de las partes sobre este aspecto fundamental de la controversia, se advierte que el principio de cargas probatorias que ha determinado el señor juez de grado, no ha producido los efectos correspondientes en la valoración de los hechos y la prueba. La protección de la confianza exige la aplicación del principio de buena fe.
De modo que le correspondía a la empresa de seguros, siguiendo el ámbito del consumo que declaró el señor juez de grado y que arriba firme a esta Alzada, contribuir para esclarecer la autenticidad de los correos electrónicos intercambiados con la aseguradora, al menos según el relato de la actora y las copias que adjunta, desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de noviembre de 2016. Es relevante volver sobre este punto, que integra el principio de congruencia, y cuyo tratamiento ha sido obviado en la sentencia apelada. La referencia en la sentencia apelada sobre nuevos criterios sobre las cargas probatorias en las relaciones de consumo y el orden público contractual (Art. 65 Ley 24.240), supone una intensa flexibilización del derecho dispositivo y de la exposición de un compromiso con la prueba que tiene el proveedor, quien está en mejores condiciones para explicitar los hechos y contribuir a su esclarecimiento.
Resulta indudable que la aseguradora cuando sigue dialogando con el asegurado, aún después de haber comunicado la declinación de la cobertura, y requiere en ese intercambio de correos electrónicos determinada documentación e información – se hace referencia, por ejemplo, a que se informe si hay relación familiar entre el asegurado y la adquiriente del vehículo, está dando expectativas que no pueden quedar en un absoluto silencio. Estaba la aseguradora en mejores condiciones de probar que esos correos electrónicos no eran auténticos, o que al menos no se relacionaban con ninguna tratativa sobre el caso concreto.
Estamos coincidiendo en la existencia de una relación de consumo. Si nos detenemos en el umbral donde están escritos los magnos textos, es decir sin avanzar hasta alcanzar su predicamento, las palabras no se liberarán jamás de aquella sustancia de las contiene.
El texto literal del artículo 82 de la ley de Seguros, concede un derecho a la aseguradora. Sin embargo, igual que tantas veces ha ocurrido, se impone la necesidad de indagar si en un determinado caso particular, el ejercicio del derecho es abusivo. ¿Basta el mero incumplimiento de una carga del asegurado para declinar la cobertura? ¿Es necesario que la aseguradora pruebe un perjuicio concreto por el incumplimiento de esa carga ?
Si los textos literales fueran en todos los casos, verdades absolutas, difícilmente podríamos comprender el derecho de propiedad que lleva ínsito el contrato, con mayor razón cuando además cumple una función social.
En el caso concreto la aseguradora no invocó que después de la transferencia del vehículo, se interrumpieron los pagos de la prima. En este contexto cabe presumir la inexistencia de mora y que la recepción de los pagos inhibe de alegar el incumplimiento de una obligación o carga. Indudablemente si los pagos se efectuaban, cualquiera que fuese su modalidad, debían estar documentados en los registros de la aseguradora. Era obligación de la compañía de seguros adjuntar al proceso todos aquellos elementos de prueba que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. (Art. 53 - Normas del proceso –tercer párrafo Ley 24.240 – texto Ley 26.361, ya mencionado).
Considerando que cabe presumir que los recibos se extienden a nombre de quien abona la prima, resulta indispensable dinamizar los principios de las cargas probatorias dinámicas y en su aplicación, no alegada la interrupción del pago del seguro después de la transferencia del vehículo, se imponía que la demandada colaborara para demostrar quien efectivamente realizaba los pagos.
Percibir primas constituye una revelación de la ejecución del contrato.
En este contexto, entiendo que al menos tácitamente la aseguradora tenía conocimiento de la transferencia del vehículo y que no corresponde alegar los efectos del artículo 82 de la Ley de Seguros cuando se sigue percibiendo la prima. (El subrayado pertenece a este Tribunal) Entiendo que la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas no se limita a la compulsa de la prueba producida porque su aplicación además da lugar a una presunción de falta de cooperación, por ejemplo, respecto de las cargas pendientes, por inactividad del proveedor cuando estaba en mejores condiciones para demostrar los hechos. Se trata de un principio versátil y con sustento constitucional. No basta con su enunciado dogmático o abstracto. Debe aplicarse. En este contexto no debe resolverse exclusivamente sobre pruebas producidas por la actora cuando los hechos se envuelven en ambientes difusos donde el consumidor no ha podido pre constituir la prueba. Con mayor razón cuando el contrato de seguro es de buena fe y de confianza. No alcanza con valorar la prueba producida. Es necesario adaptar el principio a un sistema de inversión de la carga de la prueba y plantearse si pudo el demandado hacer contribuciones probatorias.
II. 9. Los deberes de asesoramiento, información, consejo y advertencia para el asegurado.
Se tratan de deberes que atañen a la naturaleza de las obligaciones del proveedor. La carga dinámica de la prueba impone a la aseguradora probar que ha cumplido con los elementales deberes de asesoramiento, información y advertencia que no pueden ocultarse por una aplicación estrictamente formal del principio de congruencia.
La doctrina ha señalado: “El deber de información es uno de los instrumentos básicos y fundamentales para intentar lograr una menor asimetría entre los proveedores y empresas frente a los adherentes y consumidores.”
“Dentro del 'deber de información' general, también se encuentran el 'deber de consejo' y el 'deber de advertencia' a favor de la parte más débil de la relación, cuyo incumplimiento puede generar graves sanciones a las empresas en general y a las compañías de seguros, en particular (como -por ejemplo- condenarla a pagar en exceso de la suma asegurada o la aplicación de daños punitivos; etc.).”!
“Dichas obligaciones legales se encuentran expresamente normadas en el art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor y -en especial- en el art. 1100 del Código Civil y Comercial.” (SOBRINO, Waldo Augusto “Seguros: el 'Deber de información', el 'Deber de Consejo' y el 'Deber de Advertencia' 1 de Febrero de 2017 LA LEY Id SAIJ: DACF170275)
El consumidor actúa espontáneamente y en relaciones específicas, un ejemplo claro es cuando interactúa con el asesor de seguros confiando en su intervención.
El asesor de seguros como lo indica su denominación, además que no es un extraño frente a la aseguradora, tiene por tarea asesorar a los clientes que le aceptan las ofertas de los contratos de indemnidad. El consumidor no vive pre constituyendo la prueba de sus contratos. En el farrago de los papeles su opinión no prevalece. Adhiere.
II. 10. La caducidad en el contrato de seguro.
No se advierte el perjuicio que pudiera ocasionar a la aseguradora el cambio de titularidad, con mayor razón cuando tampoco alegó mora en el pago del seguro después de la transferencia del vehículo. La prueba del perjuicio estaba a cargo de la compañía de seguros. No se trata de una cobertura específica donde podría alegarse que la persona del asegurado podría constituir un requisito esencial para admitir el contrato con certezas sobre el riesgo asegurable.
Declinar la cobertura en cualquier supuesto de caducidad, requiere que dentro de los plazos previstos en el artículo 56 de la ley de seguros, el asegurador rechace el seguro. La prueba de la comunicación fehaciente al asegurado, está a cargo de la compañía de seguros. No basta con contabilizar en los libros que se ha comunicado la declinatoria de la cobertura dentro de los plazos legales, resultando necesaria la prueba específica de la carta documento que exterioriza la voluntad de rechazar el siniestro y su recepción. No basta con notificar por carta documento la pretendida liberación de la aseguradora. Es necesario que haya una razón fundada para esa respuesta extrema. Ello no ha sido probado por la aseguradora, obligada a un mayor dinamismo probatorio por tratarse de una relación de consumo.
“La caducidad consiste en la pérdida de un derecho subjetivo, potestad jurídica o facultad, en virtud de que se omite su ejercicio en el plazo prefijado por ley, por decisión judicial o convencionalmente Tiene el carácter de una sanción y se la califica como "medida de policía jurídica". Es la llamada "fuerza reactiva" del ordenamiento estatal cuyo propósito consiste en estimular la observancia del obrar previsto. Por su naturaleza excepcional es inaplicable por vía interpretativa o analógica. Tampoco opera cuando aún prevista determinada conducta se omitiere considerar el efecto que tendría su incumplimiento.”
Enseñan Isaac HALPERÍN y Nicolás H. BARBATO: “La pena de caducidad se interpreta restrictivamente: es así por su naturaleza sancionatoria, por las consecuencias y porque su aplicación liberal puede llevar al enriquecimiento del asegurador a costa del asegurado, esto es, no puede ser contraria a la buena fe o las buenas costumbres”. (HALPERÍN, Isaac-BARBATO, Nicolás: “Seguros”, Tercera Edición Actualizada y Ampliada, LexisNexis Depalma, Buenos Aires 200, pág. 433).
El rigor de la sanción aplicada al contrato de seguro, nos lleva a repensar sus efectos.
Se ha señalado: “En la relación asegurativa la caducidad es una sanción que se aplica al asegurado consistente en la pérdida del derecho a cobertura con relación al siniestro respecto del cual se ha inobservado la carga.”
“En un fallo reciente la Cámara Comercial Sala B aplicando analógicamente un artículo de la Ley de Seguros admite la caducidad del derecho de la aseguradora al cobro del premio por el sólo vencimiento del plazo prefijado para la presentación de la liquidación final aún sin estar convencionalmente estipulada dicha sanción.”
“La Corte expresa que por contradecir el principio general de la subsistencia de los actos jurídicos, la caducidad debe interpretarse y aplicarse restrictivamente. El incumplimiento del plazo aparejará otras consecuencias como la falta del comienzo del curso de los intereses.” (STIGLITZ, Rubén: Naturaleza sancionatoria de la caducidad. Efectos: la cuestión en la ley de seguros 1987 TOMO LA LEY Nro. 1987, pág. 154 Id SAIJ: DACJ870073)
Ello traduce una necesidad: apreciar la vigencia del contrato de seguro cuando la transferencia del vehículo no constituye una modificación del riesgo asegurable ni perjudica los intereses económicos de la aseguradora.
STIGLITZ, entiende que resulta necesario morigerar las consecuencias del sistema de caducidad y considerar los factores subjetivos.
El ilustre académico al bucear en los antecedentes de la actual ley de seguros, si bien expuesta por el anteproyecto de Halperín con sus ideas de delicado equilibrio entre las partes, explica que en la labor posterior de los juristas muchos de sus principios fueron abandonados y que ello se advierte en la legislación vigente.
No estaba en la idea de Halperín imponer un régimen estrictamente sancionatorio.
Voy a reeditar las palabras de STIGLITZ: “Y una segunda conclusión, conexa con la anterior, es que aconteció lo previsible: prevaleció la opinión mayoritaria, la del sector asegurador y, con ello, la presciente abducción de normas esenciales del “Anteproyecto Halperín”. Lo real (lo acontecido), consistió, al cabo, en la supresión de disposiciones contenidas en el “Anteproyecto Halperín, establecidas con un criterio que tenía, inequívocamente, como propósito, la preservación del equilibrio contractual y de la vida del vínculo y reemplazadas por disposiciones que, ya veremos, innecesariamente (no era justo), favorecían la posición contractual del asegurador o menguaban indistintamente el contrato o el derecho del asegurado. Todo ello, predominantemente, en el régimen sancionatorio. “ (STIGLITZ, Rubén S., “Derecho de Seguros”, 5ª Edición Actualizada y ampliada, Tomo I, La Ley 2008, Prólogo a la quinta edición, pág. XIII). Veamos un ejemplo del régimen sancionatorio que destaca STIGLITZ. “El anteproyecto Halperín (art. 32) establecía la caducidad de los derechos del asegurado cuando el incumplimiento obedecía a dolo o culpa grave del asegurado, para todos aquellos supuestos en que el legislador no hubiera determinado el efecto que sigue a la inobservancia de cargas”. “La comisión se apartó del citado anteproyecto logrando que La Ley de Seguros (art. 36, inc. b), establezca la caducidad de los derechos del asegurado por el incumplimiento de las cargas posteriores al siniestro (por ejemplo deber de información, agravación del riesgo, salvamento), aun cuando obedezcan a buena fe del asegurado. La sanción se hace operativa para el caso que el incumplimiento haya influido en la extensión de la obligación asumida”.
“Como se advierte, una vez más, la Comisión no dudó en frustrar el derecho del asegurado que obró de buena fe” (El destacado pertenece al distinguido autor), (Obra citada, XV).
El régimen sancionatorio sin otro sustento que un texto literal desactualizado es incompatible con el Nuevo Estado de Derecho Constitucional.
La caducidad del seguro por incumplimiento de cargas impuestas al asegurado, debe ser aplicada con criterio restrictivo También sostiene Rubén Saúl Stiglitz “11. Habremos de abordar una última cuestión que constituye, sin lugar a dudas, la genuina reverberación de una concepción hoy tomada por la herrumbre de los tiempos.”
“Nos referimos a la sanción de caducidad aplicable automáticamente, por el mero transcurso del tiempo (arts. 15-1 y 47, Ley de Seguros), para cuando el siniestro no haya sido denunciado en el plazo de tres días. Pensamos que semejante sanción sobreactúa el interés subjetivo del asegurador, muy especialmente considerando: (a) que el plazo acordado para la denuncia del siniestro, en ocasiones, puede configurar un término abusivo; (b) que la aplicación de la pena opera sin consideración a ningún presupuesto de admisibilidad trascendente como, por ejemplo, (1) que el asegurador haya resultado dañado, o (2) que la omisión obedezca a mala fe (dolo) del sujeto gravado.”
“De donde, la caducidad por la inobservancia de la carga por un mero olvido (culpa) o la denuncia tardía (culpa), sin haber ocasionado perjuicio al asegurador y sin que medie, como mínimo, culpa grave o dolo del sujeto pasivo del deber, revela hoy, como mínimo, un exceso.” También ha señalado el distinguido autor: “La inusitada dureza de la Ley de Seguros —la pérdida del derecho del asegurado—, no tiene precedentes en el Derecho Comparado.”
“Así, la “Ley alemana sobre el contrato de seguro”, consagra la caducidad para cuando el incumplimiento ha sido intencional o que haya mediado culpa grave. Y aun en este último caso, el asegurador adeuda la prestación, “si el incumplimiento no ha ejercido influencia alguna sobre la evaluación o tasación del daño ni sobre la fijación del importe de la indemnización” (art. 6º, inc. 3).”
“Otro ejemplo lo constituye la “Ley del contrato de seguro” de España, que prevé que del incumplimiento de la carga sólo derive en favor del asegurador, un derecho para reclamar los daños y perjuicios” (art. 16-3). “En Italia, es aplicable la caducidad sólo para la inejecución dolosa de la carga de aviso del siniestro. En cambio, cuando es culposa, el asegurador tiene derecho a reducir la indemnización en proporción al perjuicio sufrido (art. 1915-2, Cód. Civil italiano).”
“Finalmente, la “Ley belga sobre contratos de seguro terrestre”, una de las legislaciones más modernas, establece que si el asegurador no cumple con la carga de denuncia del siniestro “y de ello resulte un perjuicio para el asegurador, éste tiene el derecho de pretender una reducción de su prestación, hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido” (art. 21, inc. 1).”
“12. No es nuestro propósito agotar las hipótesis sino, únicamente, exhibir un elenco de aspectos que han de reconsiderarse y, a continuación, preguntarse si es conveniente acoger un esquema diferente.” “En un balance a 36 años de vigencia de la Ley de Seguros, consideramos hoy, que ha mediado un dispendioso tributo al perecimiento innecesario de derechos que, bajo otra concepción, debieron mantenerse inalterables.”
“En el corso y ricorso de la historia de las instituciones, esas idas y vueltas, muestran que en cada tiempo las variaciones en las estimativas comunitarias condicionan los reflejos a los que, necesariamente, se adaptan las políticas en miras de corresponder de un modo más justo a la finalidad de su creación y a la dimensión social que tienen asignada. Tal vez, lo que sigue, pueda contribuir —aun modestamente— a la apertura hacia una renovada percepción de un calificado instrumento, con sensibilidad, realismo y justicia, para que el seguro ingrese a una nueva edad.” (STIGLITZ OBRA CITADA) PROLOGO A LA CUARTA EDICIÓN PÁGS. LII Y LIII)
II. 11. La conducta de la aseguradora En el caso concreto, la aseguradora se ha limitado a sostener que se ha omitido informar sobre el cambio de titularidad del automóvil. Refiere un hecho objetivo. Sin embargo, amarra al texto literal de un artículo de la Ley de Seguros, su pretensión liberatoria. Ello, a mi entender, no basta. No indica el perjuicio que la omisión del asegurado le ha causado. No explica ninguna distorsión en el interés asegurable. No invoca ni la culpa grave ni el dolo del asegurado.
El derecho de consumo tiene valores éticos y se basa en principios de equidad y solidaridad.
El ejercicio del derecho, a mi entender, se ha tornado abusivo. STIGLITZ entiende que la solución legal en materia de caducidades en general, es gravosa. “Cabe destacar que la caducidad, al importar la pérdida del derecho del asegurado a la percepción del resarcimiento del daño o a la prestación convenida, con motivo de la falta de observancia de una carga o de su ejecución defectuosa, aparece como una sanción extrema, al punto que ha sido caracterizada como un mecanismo que permite al asegurador “hacerse justicia por sí mismo”. Ello nos persuade en el sentido que su aplicación deberá hallarse condicionada a un factor subjetivo tan intenso que justifique y explique el rigor de la pena, como lo sería el dolo o la culpa grave del asegurado. (STIGLITZ, Rubén Saúl, Prólogo a la Sexta Edición Tomo I 6ª edición actualizada y ampliada, XLIX, 6ª ed. ampliada.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2016.) Se trata de una visión jurídica que no constituye un pensamiento aislado, e incluso se orienta desde la tendencia que va marcando el derecho comparado en sus nuevas legislaciones. No es un aforismo ni una metáfora, es una realidad jurídica que el activismo de los jueces constituye una característica del Nuevo Estado de Derecho Constitucional.
El distinguido autor propone soluciones más flexibles para el régimen de caducidades convencionales. Entiendo que son aplicables al régimen de caducidades legales. Sostiene que la caducidad constituye la más grave de las sanciones civiles, “pues importa la pérdida de los derechos del asegurado”. Propone “un régimen que vuelva sobre la visión equilibrada e independiente de Halperín”
“Así, correspondería disciplinar la cuestión atendiendo a la intensidad de los factores subjetivos y, de ese modo, morigerando las consecuencias.”
“Ello nos persuade en el sentido que su aplicación deberá hallarse condicionada a un factor subjetivo tan intenso que justifique y explique el rigor de la pena, como lo sería el dolo o la culpa grave del asegurado, pero no la culpa leve.”
“Vale un ejemplo, en la actualidad el plazo para denunciar un siniestro es de tres días corridos (art. 46, Ley de Seguros), lo que significa que si la denuncia se efectúa al cuarto día, con fundamento normativo al asegurado se le da por decaído el derecho (art. 47 y 15, Ley de Seguros), o sea se mata el derecho.” (STIGLITZ, Rubén S. Derecho de Seguros Tomo I 6ª edición actualizada y ampliada LA LEY 2016https://static-laley.thomsonreuters.com/LALEYARG/product/files/418561 46/41856146.pdf)
En este aspecto, y si bien constituyendo un criterio anterior a la legislación de consumo, con mayor razón actualmente resulta aplicable: “La Corte expresa que por contradecir el principio general de la subsistencia de los actos jurídicos, la caducidad debe interpretarse y aplicarse restrictivamente. El incumplimiento del plazo aparejará otras consecuencias como la falta del comienzo del curso de los intereses. Naturaleza sancionatoria de la caducidad. Efectos: la cuestión en la ley de seguros” (STIGLITZ, Rubén S. 1987 TOMO LA LEY Nro. 1987, pág. 154 LA LEY S.A.E. e I. Id SAIJ: DACJ870073)
La aseguradora debe demostrar el perjuicio que le ha causado el incumplimiento de las cargas impuestas al asegurado.
La doctrina moderna y evolutiva, atenta a la intemperie del día a día, observa que, así como es necesaria la causa en las obligaciones, desobligarse sin causa tampoco tiene justificación en un concierto jurídico donde prevalecen enfáticas garantías constitucionales. (Art. 42 CN). La operatividad de una garantía constitucional requiere una interpretación basada en el diálogo de fuentes y en esa ciclópea tarea, no exenta de dificultades, viene útil el ensamble de las distintas disposiciones de la Ley de Seguros con la aplicación rigurosa (El rigor ya no es para aplicar la ley ordinaria y especifica) del orden público contractual. Debe ser interpretada también en función de los artículos 36 y 158 de la misma ley. Debe considerarse que las causales de caducidad por incumplimiento de las cargas deben ser aplicadas con criterio restrictivo. En caso de duda deben interpretarse a favor del consumidor.
La flamante y evolutiva doctrina hace referencia a un nuevo principio del derecho de consumo, aplicable a los contratos de seguro, y que consiste en sostener que no hay des-obligación sin causa por parte de la aseguradora frente al eventual incumplimiento de una carga del asegurado. (SOBRINO, Waldo Augusto: “No hay des-obligación sin causa de las compañías de seguros, un nuevo principio del derecho de consumo que se aplica a la normativa de seguro” Noviembre de 2010 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACC100086)
La teoría de referencia es coherente con aquel baluarte del derecho de las obligaciones que resume “que no hay obligación sin causa”. (Art. 499 CC). Es el otro rostro de una moneda: Para desobligarse, en los contratos de consumo, hay que tener una causa suficiente. No basta el mero incumplimiento de una carga del asegurado, sin demostrar el perjuicio que esa omisión le ha provocado a la empresa de seguros.
En el mundo jurídico donde también hay intereses económicos que lícitamente buscan proteger las aseguradoras, no se habla más de mecanismos de sanción que ordenan desde lo abstracto soluciones extremadamente graves con el débil en una relación contractual. Explica SOBRINO: “4) La regla del "perjuicio sustancial":
“4.1) Resulta pertinente recordar las pautas marcadas por la Jurisprudencia y Doctrina internacional, con relación a la posibilidad de eximirse de responsabilidad que tiene la Aseguradora Así, en Estados Unidos se ha desarrollado la "...substantial prejudice rule...", donde se establece para que la Compañía de Seguros pueda alegar su falta de responsabilidad, tiene que causa específica que le ocasiones un perjuicio sustancial.”
“Uno de los leading cases fue el caso "Foundation Reserve Ins.
Co. vs. Esquibel" (14), donde se estableció que la "substantial prejudice rule" determina que la Aseguradora debe demostrar un perjuicio sustancial, como consecuencia del incumplimiento de las pautas de la póliza por parte del asegurado, antes que pueda eximirse de sus obligaciones contractuales que se desprenden de la póliza de seguros.”
“Es interesante analizar la forma en que se fue extendiendo la aplicación de este principio a todos los ámbitos de las obligaciones de los asegurados.”
“Así, también se lo aplicó a la violación de la obligación del "consent-to-settle" que tiene el asegurado, en el sentido que no puede llegar a un acuerdo con la otra parte de un accidente, sin el consentimiento previo de su Aseguradora.”
“En estos casos tan importantes (para los intereses económicos de las Aseguradoras), también se aplicó el principio de "substancial prejudice rule", determinándose que a pesar de dicho incumplimiento por parte del consumidor, la Compañía de Seguros debía demostrar el perjuicio sustancial que le habría ocasionado, según se fallara en el año 1992, en "Robert Oil Company vs. Transamerica Insurance Company". Posteriormente, este principio se fue extendiendo a diversas cuestiones, de la relación entre el asegurado y la Aseguradora.” “Así también se aplicó a las falsas declaraciones o la reticencia del asegurado, según se desprende del fallo "Eldin vs. Farmers Alliance Mutual Company" .Y, finalmente, siguiendo las pautas de estos fallos, es que en el año 2005, ha establecido la Jurisprudencia norteamericana, en el fallo "State Farm Mutual Automobile Insurance Company vs.
Russell Fennema", que la racionalidad de la regla del "substantial prejudice rule" es que el no probar por parte de la Aseguradora de la existencia de un perjuicio sustancial, derivado del incumplimiento del asegurado, frustra las razonables expectativas del asegurado que la cobertura no va a ser denegada en forma arbitraria. De manera que aunque en las condiciones de póliza se estableciera que ningún asegurado, sin el consentimiento escrito de State Farm's Insurance puede realizar ningún acuerdo con ninguna persona a la cual le hubiera producido un daño corporal o a la propiedad, la Corte Suprema de Nuevo México sentenció que la Aseguradora debe responder, salvo que demuestre un perjuicio sustancial, por la violación de la cláusula de consent-to-settle por parte del asegurado. 4.2) En nuestro país, también existen fallos de Jurisprudencia, que van más allá de los meros incumplimientos formales del asegurado, y exigen que -efectivamente- se hubiera producido in perjuicio sustancial de la Compañía de Seguros.” Así, en un caso donde un asegurado manifestó que utilizaba el automóvil con fines 'particulares', pero, en realidad, lo usaba como 'remis'.
En este caso, la Aseguradora fue obligada a pagar el siniestro, dado que el vehículo había sido robado mientras una noche se encontraba estacionado en la calle. Por lo tanto, si bien el asegurado no había dicho la verdad, la Compañía de Seguros no habría tenido ningún tipo de perjuicio por dicho accionar. En otro caso, también se falló que "...cuando los antecedentes pretendidamente ocultados o declarados falsamente por el asegurado no tienen relación de causalidad con la producción del siniestro o sus efectos, es inaplicable el art. 5º de la Ley de Seguros 17.418..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala "E", autos "Seta, José vs. Paraná S.A. de Seguros", de fecha 6 de Agosto de 2003).
En el mismo sentido se expidió la Jurisprudencia, en un caso de denuncia tardía del siniestro. De esta forma en los autos caratulados "M., J.C. vs. Mapfre Aconcagua S.A. s/Daños y Perjuicios" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala "F", de fecha 18 de Septiembre de 2005), se sentenció que "...el cumplimiento tardío de la carga de denunciar el siniestro al asegurador resulta insuficiente para considerar perdido el derecho a ser indemnizado si, en virtud del hecho intervino la autoridad policial, con comunicación al juzgado criminal y el asegurador no ha invocado la producción de efectos negativos por la demora...(CNCom., Sala A, junio 10-997, "Hilandería Asunción S.R.L. vs. Omega Cooperativa de Seguros Limitada", en LL, 1997-F-970/972)..." 4.3) Todo lo antes desarrollado se desprende del texto y el espíritu consumerista, establecido por el Art. 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor.
Incluso, el perjuicio a la Aseguradora no debe ser menor, sino que tiene que tratarse de una cuestión sustancial, que lesione los derechos de la Aseguradora). Así, entendemos pertinente recordar a los maestros santafesinos Mosset Iturraspe y Lorenzetti, en el tema de seguros, enseñan que las cláusulas de caducidad deberán ser consideradas abusivas, si el incumplimiento de la carga "...no tiene una influencia importante..." 5) “Algunas aplicaciones concretas en la Ley de Seguros:
“Es importante señalar que nuestra propuesta de aplicación del principio no hay des-obligación sin causa, tiene aplicaciones prácticas, en el día a día.”
“5.1) Cargas Legales: como principio previo, es pertinente resaltar que el incumplimiento de una carga legal, no implica necesariamente que se produzca una caducidad del derecho (como por ejemplo acontece cuando el asegurado no cumple con los plazos establecidos en el Art. 115 de la Ley de Seguros).”
“Y, asimismo, en el caso particular sub examine, hay que agregar que el incumplimiento de cualquier carga legal, no va a implicar la caducidad de los derechos del asegurado, si no se produce un perjuicio sustancial de la Aseguradora, dado que no hay des-obligación sin causa” SOBRINO afirma: “Es decir, no pueden existir eximiciones de responsabilidad meramente formales. “ (Obra citada).
La mera aplicación del texto literal del artículo 82 de la Ley de Seguros provoca una solución estrictamente formal, incompatible con el prestigio que la legislación de consumo le ofrece al contrato moderno. El distinguido autor, prevalente en su idea constitucional del Seguro, además sostiene: “Concretamente: No hay des-obligación sin causa Ello implica que para que una Aseguradora pueda legítimamente pretender no cumplir con el pago de un siniestro, no va a ser suficiente que acredite algún incumplimiento formal por parte del asegurado, sino que va a tener que probar que ese hecho del consumidor de seguros le produjo un perjuicio sustancial”.
Para el autor, se trata de una derivación del principio sobre nulidades donde debe asimilarse un perjuicio. En efecto: “Así, de la misma manera que no se puede alegar la nulidad por la nulidad misma, en nuestra opinión la Compañía de Seguros no puede des-obligarse sin causa. Ello implica que no alcanza que se alegue un incumplimiento de algunas cargas u obligación del asegurado, sino que -además- tiene que acreditar el perjuicio sustancial que habría sufrido. Concretamente: si existe un incumplimiento del asegurado, pero no hay perjuicio para la Aseguradora, ésta no puede liberarse de sus obligaciones.” (SOBRINO, op. cit). En sus conclusiones, el distinguido autor afirma: "El Principio 'No hay des-obligación sin causa (de la Compañía de Seguros)' encuentra su fundamento en la letra y el espíritu del Art. 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor.”
“Como consecuencia de ello, en los casos en que una Aseguradora pretenda no cumplir con una obligación, no va a resultar suficiente acreditar algún incumplimiento de una carga u obligación del asegurado, sino que -además- va a tener que acreditar en forma puntual y específica el 'perjuicio sustancial' que dice haber sufrido”
“En caso que acredite dicha circunstancia, podrá eximirse de responsabilidad, en forma proporcional y adecuada al perjuicio sufrido; y si no pudiera probar ningún agravio, va a tener que cumplir con su obligación legal, en forma total" (SOBRINO, ob. cit.)
Se advierte que la aseguradora no explicó ninguna razón gravitante para excusarse de su responsabilidad, sin que alcance una mera referencia al interés asegurable, al limitarse a solicitar la aplicación literal del artículo 82 de la Ley de Seguros. Esta disposición, al igual que otras tantas de la ley específica, no consulta la función social del contrato y ya resulta extraña a la constelación jurídica.
El derecho es abusivo cuando su ejercicio causa un excesivo perjuicio y no explica quien lo ejercita la trascendencia del gravamen que le ha causado el incumplimiento del asegurado. (Arts. 1071 Código Civil; 10 y 11 Código Civil y Comercial de La Nación).
No se ha precisado en el caso concreto, en qué medida hubiera variado la transferencia de la titularidad del vehículo respecto al interés asegurable. No ha invocado por ejemplo, que la modificación de la titularidad en un contrato de seguro vigente, podría haber agravado el riesgo asegurable. Reitero, no se ha invocado conductas del asegurado que constituyen culpa grave o dolo.
En la legislación moderna el incumplimiento de una carga relacionada con la información no provoca la caducidad del seguro, excepto conducta maliciosa del asegurado.
Un ejemplo, la legislación de Uruguay. (Ley Nº 19.678 CONTRATOS DE SEGUROS).
La Ley 19.678 es de orden público (Art. 1º). Aplicando el mismo concepto a la legislación nacional del seguro, no debiera esa característica quedar refugiada exclusivamente en su artículo 158.
II. 12. El pago de la prima torna inaplicable la liberación de la aseguradora.
Percibir la prima todos lo meses y después cuando acontece el siniestro invocar el artículo 82 de la LS resulta una conducta incompatible con otra anterior que ha venido proyectando efectos jurídicos.
En las circunstancias del caso, el artículo 82 de la LS no constituye una muralla infranqueable para el consumidor, débil porque debe callar frente al oferente, fuerte porque renacen sus derechos constitucionales al fragor de la controversia.
Es frecuente que el asegurado formule en forma verbal la contratación del seguro. Es un contrato de confianza. El consumidor no conoce a los directivos de la compañía de seguros, sino que conversa – esa es la expresión adecuada – con un productor asesor de seguros, a quien conoce o a quien lo han derivado con buenos augurios.
En este contexto, debió haber sido informado sobre las obligaciones legales y contractuales en caso de cambio de titularidad. Seguir percibiendo la prima todos los meses sin relacionar esa rutina con la controvertida cuestión, considerándose sus efectos, no resulta una conducta razonable. En todo caso tácitamente la aseguradora a través de su representante estaba al tanto del cambio de titularidad.
Tampoco alegó la aseguradora mora en el pago del seguro después de la transferencia del vehículo.
El señor Francisco Antonio GONZÁLEZ (vendedor del automóvil) y titular de la póliza y la señora Cintia Noemí MANZI, su carácter de adquirente, inician la demanda. El contrato de seguro estaba vigente, la aseguradora no alegó mora en el pago de la prima. El seguro sobre un automóvil es intuito rei. De modo que no hay características personales y especialísimas que pudieran controvertir el interés asegurable respecto de un modesto vehículo, adquirido seguramente con el denodado esfuerzo y muchos sacrificios y privaciones.
II. 12.1. La cesión del seguro y el principio de ejecución del contrato Ha señalado la doctrina: “la aceptación de la cesión por sí sola, guardando silencio, no importa renuncia a la caducidad incurrida o a otras sanciones contractuales o legales, sin perjuicio de que la ejecución del contrato por el asegurador o por el cesionario – pago de las primas, por ejemplo –se puede aducir como una renuncia, en los mismos supuestos en que el cedente pudo haberlas invocado.” (HALPERÍN, Isaac-BARBATO, Nicolás H. “Seguros”, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires 2003, pág. 1015). Debió haber probado la aseguradora que después de la enajenación del rodado, el pago de las cuotas no constituía principio de ejecución del contrato.
II. 13. La solución en el caso concreto aplicando principios y valores expuestos. Reiterando conceptos.
Legislaciones más recientes como la uruguaya, determina que a la ley de seguros es de orden público (Art. 1º). (Con fecha 8 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nro. 19.678) La antigua ley nacional propia de la época de los actos de comercio y un presumido equilibrio entre acreedores y deudores, con excepción del artículo 158, muestra una estructura que cuesta compatibilizarla con el artículo 42 de la Constitución Nacional y las disposiciones del derecho privado constitucionalizado.
En este contexto, la tarea del intérprete es aplicar la Constitución. No hay tarea más ardua que deshojar viejas leyes para que la nueva savia que el dialogo de fuentes vierte, impida que se conviertan en malezas.
Reitero que el orden público contractual flexibiliza el principio de congruencia y determina que las cuestiones implícitas se valoren al fragor del principio de las cargas probatorias dinámicas. Los hechos que se infieren son hechos que se cuentan.
La parte actora expresa que a consecuencia de la sustracción del vehículo se hizo la denuncia en la Comisaria Oeste de Isidro Casanova. “Posteriormente realizo la correspondiente denuncia a la Compañía de Seguros, informando la misma debía completar los correspondientes formularios y entregarlo por escrito, hecho que realizo, entregando en dicho acto la documentación requerida” (Ver demanda fs. 62).
“Esta parte esperaba que habiéndose cumplido ampliamente el plazo establecido por las Ley de Seguros Nro. 17.418, en su art. 56, de 3 días, la compañía cumpliera con la póliza” (Ver demanda fs. 62). En consecuencia, la actora afirma que la aseguradora le requirió determinada documentación.
Sin embargo, afirma, que la aseguradora se negó a pagar el siniestro, alegando el artículo 82 de la Ley de Seguros, “no solo a la titular del automóvil sino también al titular de la póliza de seguros” (Ver demanda fs. 62).
La demanda debió haber sido más explícita en cuanto a los hechos. Sin embargo, voy a considerar que hay cuestiones implícitas. La denuncia del siniestro de fecha 11/11/2014 en la compañía de seguros fue efectuada por la adquirente Cintia Noemí MANZI, con fecha 12/11/2014 (Ver Copia certificada Comprobante Denuncia Siniestro obrante a fs. 23).
La demandada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, al contestar demanda plantea excepciones de prescripción (desestimada en la instancia de origen) de falta de legitimación activa, respecto de la adquirente del vehículo. (El señor juez de grado en la sentencia apelada, interpretó que por la forma de resolver, se había tornado abstracta).
Después plantea “Pérdida del derecho a la indemnización por incumplimiento de carga contractual” (Ver fs. 103). Sostiene que el cambio de titularidad del interés asegurado no fue comunicado a la aseguradora. Sostiene que “La sustracción del automotor objeto del seguro se produjo el 11/11/2014; es decir, transcurrido mucho más de quince días de vencido el plazo impuesto en la póliza para notificar el cambio del titular del interés asegurado”, (Ver fs. 104).
Sostiene que de acuerdo a las cláusulas de la póliza vinculante y a lo dispuesto por el art. 82 de la Ley de Seguros, la demandada queda liberada de toda responsabilidad por el robo o hurto del automotor Fiat Uno patente TEI 264. (Ver fs. 104).
Afirma que comunicó al asegurado el rechazo del seguro mediante cartas documentos de fechas 4/12/2014 y 11/12/2014. (Ver fs. 104 vta).
Sin embargo, en subsidio plantea la suspensión del pago de capital y curso de intereses. Es decir se limita a una cuestión formal y de rigor: “De acuerdo a lo convenido en la póliza vinculante, la imposición del pago del capital y el curso de eventuales intereses deben quedar suspendidos hasta tanto: 1) El vehículo se encuentre registrado a nombre del asegurado Francisco Antonio González, o la titular del dominio Cintia Noemí Manzi preste expresa conformidad manifestada ante escribano público para que aquel perciba la indemnización (cfme •”Condiciones Particulares” , CA-CO 01.1, página 2 de la póliza aneja), y 2) Se entregue a mi mandante toda la documentación detallada en el anexo a la cláusula CG-CO 3.1. (hoja11 de la póliza). (Ver fs. 105. (El subrayado pertenece al Tribunal).
Es incompatible alegar los efectos del artículo 82 de la Ley de Seguros y al mismo tiempo (aún planteado en subsidio), se determinen recaudos para la suspensión del pago de capital y curso de intereses, estableciéndose además con fundamento en la póliza, la posibilidad que la adquirente autorice al asegurado a percibir la indemnización.
Se da la paradoja que siendo la información la base de la legislación de consumo se le reproche a la parte actora que no ha cumplido con su deber de informar en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros, al tiempo que no demuestra la aseguradora que lo previsto en el ap. a) “Suspensión del pago de capital y curso de intereses”, no haya sido puesto en conocimiento del asegurado o de la adquirente denunciante del siniestro, en oportunidad de los trámites burocráticos.
Voy a destacar que tampoco la aseguradora ha negado un hecho trascendente planteado en la demanda: “Posteriormente realizo la correspondiente denuncia a la Compañía de Seguros, informando la misma debía completar los correspondientes formularios y entregarlo por escrito, hecho que realizo, entregando en dicho acto la documentación requerida” (Ver fs. 62). Reitero al contestarse la demanda no se ha negado este hecho puntual y la falta de negativa no queda suplida con la mención de los recaudos señalados en el ap. a) Suspensión del pago de capital y curso de intereses, ya referido.
Es que según el desarrollo del mencionado acápite se torna abstracta la exigencia del artículo 82 que se ha traducido en las cartas documentos que la aseguradora dice haber enviado al asegurado.
El deber de asesoramiento y consejo que destaca la apelante en los agravios y que el distinguido autor SOBRINO ha escrito sobre su relevancia, exigía en ocasión de la denuncia del siniestro, se informara al asegurado y a la adquirente, los recaudos, requerimientos y opciones para el pago del seguro, explicadas en el acápite de referencia.
No ha probado la demandada haber informado a los actores sobre el predicamento de esos requisitos. No basta con que esté escrito en la póliza. El deber de asesoramiento y consejo requería una referencia concreta y documentada.
A esta altura del debate y sin perjuicio considero la inoponibilidad del artículo 82 de la Ley de Seguros al consumidor, por tratarse de una relación de consumo, y demostrarse el perjuicio que la conducta del asegurado pudo ocasionar a la aseguradora, se diluyen los pretendidos efectos de la controvertida disposición legal.
Voy a reiterar que el contrato de seguro es de buena fe y confianza. “Desde hace algunas décadas tiene fuerte predicamento en nuestra jurisprudencia, la doctrina de los actos propios o propios actos. Se daña la confianza que constituye concepto básico del comportamiento humano y su relevancia jurídica. El Código Civil y Comercial de La Nación en el artículo 1067 prescribe: “Protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”. Esta regla de interpretación es más intensa cuando se aplica a los contratos de consumo, donde el hacedor del contrato ha previsto cláusulas que favorecen su posición dominante. (Doct. Arts. 1198 Código Civil; Arts. 3, 36 y 37 Ley 24.240; Arts. 9, 729 y 961 Código Civil y Comercial de La Nación).”
II.14. La conducta de las partes. Respuestas del asegurador.
También voy a discrepar con los fundamentos del fallo apelado en cuanto refieren el arraigo de la ley de seguros y ello no podía ser desconocido por los asegurados. En consecuencia no comparto la sentencia apelada en cuanto afirma: “En este punto, no puede pasare por alto que la normativa que dispone la ley 17418, la cual data del año 1967, regula desde antaño los contratos de seguro en nuestro país y, siguiendo las máximas de la experiencia, dicha obligación impuesta resulta estrechamente célebre entre las cargas que acarrea todo tomador de seguro, que a mi entender no puede ser desconocida.” (Ver sentencia apelada)
En cuanto a la determinación de la comunicación fehaciente en los términos legales respecto a la declinación de la cobertura, y sin perjuicio que el señor juez de grado ha desestimado la prueba informativa a ANDREANI por considerar que no se había negado la documentación presentada por la parte demandada, lo cierto es que si bien es una conclusión formal, a tenor del escrito de contestación de traslado de la documentación presentada por la aseguradora, no puede obviarse que en la demanda la actora ha señalado que vencido el plazo del artículo 56 de la Ley de Seguros, ninguna respuesta se ha dado dentro de ese plazo legal. Por otra parte, el principio de congruencia en los procesos de consumo, se enhebra con todos los actos procesales que puedan considerarse conexos e imposibles de ser desvinculados puestos que no son guiados por el principio dispositivo y tienen su concentración en el orden público contractual.
Si bien en la sentencia apelada se ha mencionado que la ley de seguros data del año 1967 y que en consecuencia no podía ser ignorada por los apelantes, es necesario destacar que un año después, con la reforma de 1968, se incorporan al código civil institutos señeros de interpretación versátil, del mayor linaje constitucional que se pudiera apreciar en la época, tales como el abuso del derecho (Art. 1071), el enriquecimiento sin causa (Art. 499), la lesión subjetiva (Art. 954) y la teoría de la imprevisión. (Art.1198) Institutos magistrales que tuvieron su aplicación, más intensamente la siguen teniendo ahora, en los llamados contratos paritarios y sin perjuicio de la letra consensuada del contrato. Con mayor razón la escritura con adhesión puede tener un acatamiento estricto, sin reservas, en los contratos de consumo, donde la voz del consumidor no se escucha en la etapa genética del contrato.
La autonomía de la voluntad (Art. 1197 CC) se mantenía igual que una llama ardiente. Sin embargo, esa libertad contractual no cerraba puertas al actuar oficioso de los jueces. En ese largo camino, si bien sinuoso como toda senda que se va modificando, se fueron encontrando certezas para resolver el problema que planteaban el ejercicio irregular de los derechos o las cláusulas abusivas.
II. 15. La pericia contable.
La pericia contable obedece a una compulsa de los libro contables de la aseguradora y no necesariamente la información objetiva y documentada ha de ofrecer mayores certezas que aquella que bien pudo brindar la prueba integrada, en particular la relacionada con la prueba informativa a ADRIANI que la aseguradora ofreciera en subsidio al contestar demanda y que después no fue requerida. No debe olvidarse que la actora en la demanda, si bien de soslayo, afirmó que la aseguradora había rechazado el siniestro después de vencido el art. 56 de la Ley de Seguros. La pericia contable no mejora la prueba documental. No discuten las partes sobre la póliza N° 43/065159, de vehículos automotores y/o remolcados, emitida el 17/6/14 con vigencia desde las 12 hs del 5/7/14 hasta las 12 hs del 5/1/15. El asegurado es el Sr. Gonzalez Francisco Antonio, con domicilio en Avellaneda Nro. 3664, San Justo, Bs.As. (1754).” (Ver pericia contable) “El Sr. Gonzalez Francisco Antonio es socio de Seguros B.
Rivadavia Coop. Ltda, bajo el N° 1944431, fecha de ingreso 4/1/12, y sus datos personales son: DNI 21874070, Fecha de nacimiento: 12/9/1970, nacionalidad argentina, datos impositivos: IVA consumidor final.” “El objeto del seguro es el auto sedan modelo 1992 marca Fiat UNO SCR 1.6 5 ptas, patente TEI 264 uso particular.”
“La póliza mencionada se encuentra registrada en el REGISTRO DE POLIZAS EMISION MES DE JUNIO 2014, SECION AUTOMOTORES, comprensivo de los folios 67581/68174. Al folio 67858 obra registrada la Póliza indicada.” (Puntos periciales solicitados por la aseguradora).
II. 15. 1. La impugnación de la pericia contable.
La parte actora impugna la pericia contable. Afirma: “En primer término el Señor Perito en el punto Nro. 7 del informe solicitado por la citada en garantía contesta que la Cía. Le ha exhibió carta documento Nro. 03363930 donde consta que había declinado la cobertura y procede a transcribir dicha carta documento. Asimismo informe de una nueva carta documento de Correo Andreani donde ratificaron los términos de la Cd. 03363930, pero lo que NO INFORMA es si pudieron tomar vista o no del aviso de recibo de dichas cartas documento, por ende si lo único que obra en poder de la Citada en Garantía son las cartas documentos y no obran el aviso de recibo, entonces NO SE CUMPLIO CON EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ART. 56 LS 17418, dado que el actor GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO nunca fue notificado del pronunciamiento donde la Aseguradora declina la cobertura por el siniestro denunciado en autos el 12/11/2014.Por lo que el Perito deberá aclarar si el Sr González se notificó de dichas cartas documento, adjuntando el correspondiente acuse de recibo, dado que de la documentación que aneja no surge que el Señor González se haya notificado de la declinación de la cobertura como manifiesta.” (Ver impugnación de pericia).
Ello no ha sido considerado en la sentencia apelada.
La cuestión se torna abstracta al determinarse la notificación tácita de la transferencia del vehículo al percibirse las primas y ejecutarse el contrato con la intervención de la adquirente.
“Asimismo en el punto 9 donde la citada en Garantía solicita “si obra aportado por el asegurado la documentación que condiciona el pago de la indemnización por robo o hurto del bien objeto del seguro, especificando en las clausulas 3:1 de las condiciones generales comunes …” manifiesta que no hay existencia del mencionado punto y transcribe la cláusula CA-CO 1.1, en dicha cláusula queda aclarado específicamente “ …ésta no se hará efectiva si el vehículo no se encuentra registrado a nombre del asegurado, hasta tanto se acredite la transferencia registral a su favor o se obtenga expresa conformidad del titular del dominio del vehículo asegurado, manifestada ante escribano público, para que perciba la indemnización el asegurado. En efecto en el caso de autos la Sra. Manzi prestó su consentimiento a fin de que el asegurado Sr. González percibiera la indemnización por el robo del automotor, empero la Cía. de Seguro se negó a pagarle dicha indemnización, a pesar de que se encuentra expresamente establecido en la póliza.” (Ver impugnación de pericia) (El subrayado pertenece al Tribunal).
“Por otro lado cabe destacar que los actores denunciaron el cambio de titularidad al Asesor de Seguros sito en San Martin 140 de Ramos Mejía, donde se encuentra una de las Sucursales de la Aseguradora, aceptando el pago de la prima, y no cuestionó la existencia de los pagos efectuado por la nueva titular del rodado, de modo que si la aseguradora recibió las primas sin ninguna objeción el contrato cobro virtualidad existiendo una aceptación tácita del nuevo titular, amen que nunca notificaron al asegurado de la declinación de la cobertura por cambio de titular.” (Ver impugnación de pericia)
Ello surge de la prueba producida puesto que la impugnación de una pericia requiere que el juez se exprese en la sentencia. En consecuencia, se advierte una omisión que debe ser resuelta en esta instancia. No podía desconocer la aseguradora la intervención del asesor de seguros. Debía la demandada exponer en el proceso el detalle de pagos después de la transferencia del vehículo.
Resulta evidente que el principio de las cargas dinámicas de la prueba requería alguna explicación del proveedor.
La impugnación a una pericia si bien excede la solicitud de explicaciones, su tratamiento queda diferido para el dictado de la sentencia. En una relación de consumo la verdad se revela desde todos los fragmentos de la prueba, entre ellos aquellos relacionados con la denuncia del cambio de titularidad al Asesor de Seguros. De modo que esta cuestión al reeditarse en los agravios no constituye una novedad. Entiendo, siguiendo el principio de las cargas dinámicas de la prueba que ha resaltado el distinguido colega de la instancia inaugural, la asegurador no podía guardar silencio sobre esta cuestión, y debió expedirse porque el pago de la prima es gravitante y si nada dijo la aseguradora, debe inferirse que los pagos continuaron después de la transferencia del vehículo y que fueron realizados por la adquirente.
El perito informa, que se exhibieron copias de las cartas documento detalladas, pero no se exhibieron constancias de recepción. Por otra parte, se deja constancia que en el punto pericial sólo se informó el envío de dichas cartas y no se aseveró que hayan sido recibidas, por no tener constancias.” 12/11/2019 10:03:41 a. m.
En consecuencia, lo difuso que presentan los hechos, responde a una falta de colaboración de la aseguradora, artífice de lo domestico en las relaciones con el asegurado.
II. 16. La prueba de la notificación a la aseguradora del cambio de titularidad.
No es posible exigir la prueba fehaciente al asegurado o al adquirente cuando el desenvolvimiento del contrato de seguro se describe en la informalidad y en la confianza mutua que suelen dispensarse los asegurados con los representantes de la aseguradora.
La aseguradora no puede ser espectadora frente al concierto de la prueba. Se debe ser estricto con el deber de cooperación porque el señor juez de grado ha puesto en escena el principio de las cargas dinámicas de la prueba. Ha hecho lo correcto, con mayor razón cuando ha explicitado una relación de consumo.
“Nos encontramos en un ámbito en el que resulta razonable flexibilizar las reglas de las cargas probatorias, tornándolas dinámicas, permitiendo así a la judicatura adjudicar el peso de la ausencia de colaboración contra la parte que poseyendo los medios para formar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos, se conforma con una pasiva negativa en los términos del art. 354 del Código Procesal Civil y Comercial [del voto del Juez Hitters]”. C. 102.100, 17 de septiembre de 2008"Lucero, Osvaldo Walter. Amparo" SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SECRETARÍA CIVIL Y COMERCIAL CUADERNOS DE DOCTRINA LEGAL NÚMERO IV DERECHO DEL CONSUMO).
Entiendo que la pericia contable no arroja luces sobre una escena en penumbras.
En todo caso, en este aspecto, el perito contador informa sobre constancias que unilateralmente ha documentado la demandada.
Frente al interrogante (punto pericial cuya respuesta no puede obviar la prueba en su conjunto), Si “con relación a la misma póliza: si obran constancias de notificación a la aseguradora del cambio de titular del interés asegurado y/o cambio del domicilio declarado en la póliza dado uno y/u otro caso, adjunte el perito al informe copia de las respectivas constancias”, el perito contador ha señalado: “La aseguradora informó que no obran constancias respecto a lo mencionado en el presente punto pericial.” (Ver pericia contable).
Se torna ocioso discurrir sobre el tenor de la póliza respecto a los efectos de la omisión de notificar al asegurador el cambio de titular del interés asegurado cuando la interpretación del artículo 82 de la Ley de Seguros no puede tener el alcance de su texto literal y hay un incumplimiento en el deber de cooperar por parte del asegurador en el esclarecimiento de los hechos. (Ver Cláusula CG-CO 16.1 – que transcribe el perito contador). “denominada “IMPORTANTE: ADVERTENCIAS AL ASEGURADO]”, menciona al respecto de lo solicitado en este punto pericial lo siguiente: “CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES: Todo cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de los siete días de acuerdo con los artículos 82 y 83. “ La referencia de los arts. 82 y 83 corresponde a la Ley 17418, conforme reza en el encabezamiento de la cláusula.”
II. 17. Declinación de la cobertura.
“7.- SI OBRA REGISTRADO PRONUNCIAMIENTO DE LA ASEGURADORA DECLINANDO COBERTURA POR EL SINIESTRO DENUNCIADO EL 12/11/14 DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL
ART. 56 LS 17418.: “El siniestro de autos, que lleva el N° 08 504156-2, con fecha de ocurrencia 11/11/14 y fecha de denuncia 12/11/14, correspondiente a la póliza 43-065159, asegurado Gonzalez Francisco Antonio, se encuentra registrado en el LIBRO DE SINIESTROS DENUNCIADOS de fecha 12/11/14.”
La aseguradora exhibió copia de Carta Documento N° 03363930, Correo Andreani, enviada al Sr. Gonzalez Francisco Antonio, domiciliado en Avellaneda 3664, San Justo, Bs.As., de fecha 4/12/14, que dice: “Sin perjuicio de desconocer la relación que detenta respecto de la Sra. Cintia Noemí Manzi, y en virtud de la denuncia de siniestro que éste efectuara con fecha 12 de noviembre de 2014, identificado con el Nro. 8/504156, Poliza Nro. 43/65159 y según lo que el nombrado manifiesta respecto de la real titularidad del vehículo, esta aseguradora declina toda responsabilidad en el evento, en virtud de la liberación prevista en el art. 82 de la Ley de Seguros 17418, atento la falta de comunicación del cambio de titularidad del interés asegurado. Queda Ud. Notificado en tiempo y forma”.(Ver pericia contable).
“El art. 56 de la Ley 17418 establece un plazo de treinta días para el pronunciamiento de la aseguradora, por lo que de acuerdo a constancias exhibidas, se declinó la responsabilidad en el plazo previsto por dicha norma.”
“Con fecha 11/12/14, por Carta Documento Correo Andreani 03385670, exhibida por la aseguradora en copia, se ratificaron los términos de la anterior, ante la oponibilidad del asegurado por haber sido enviada al domicilio que registrare en la Aseguradora.”
“9.- INFORME SI OBRA APORTADO POR EL ASEGURADO LA DOCUMENTACION QUE CONDICIONA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR ROBO O HURTO DEL BIEN OBJETO DEL SEGURO, ESPECIFICADO EN LAS CLAUSULAS 3.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES COMUNES Y 01.1 DE LAS CLAUSULAS
ADICIONALES”: “La aseguradora informó que no existen constancias de lo mencionado en el presente punto pericial.”
“La cláusula 3.1 de las Condiciones Generales establece: “En caso de demanda judicial contra el Asegurado y/o Conductor, estos deben dar aviso fehaciente al Asegurador de la demanda promovida a más tardar al siguiente día hábil de notificados y remitir simultáneamente al Asegurador, la cédula, copias y demás documentos objeto de la notificación”.
La cláusula CA-CO 1.1 “Comunes”, establece: “Queda establecido y convenido que en caso de pérdida total del vehículo asegurado a consecuencia de robo o hurto y/o por daños a consecuencia de accidente y/o incendio y cuando procediere abonar la indemnización, ésta no se hará efectiva si el vehículo no se encuentra registrado a nombre del asegurado, hasta tanto se acredite la transferencia registral a su favor o se obtenga expresa conformidad del titular del dominio del vehículo asegurado, manifestada ante escribano público, para que perciba la indemnización el asegurado”.
“10.- DE RESPUESTA AFIRMATIVA AL REQUERIMIENTO ANTERIOR, INDIQUE CUAL ES LA DOCUMENTACION APORTADA,
ADJUNTANDO AL INFORME COPIA DE LA MISMA.” “La aseguradora informó que no existen constancias de lo mencionado en el presente punto pericial.”
“11.- INFORME SUMA ASEGURADA POR ROBO O HURTO TOTAL DEL BIEN OBJETO DEL SEGURO.”
“La cobertura por robo o hurto total, según surge de la póliza exhibida es de $ 22.200.”
12. INFORME LO CONVENIDO EN LA CLAUSULA GC-08.1 (HOJA 12 DE LA POLIZA) RESPECTO DE LA “PRIVACION DE USO”.
La cláusula mencionada establece: “El asegurador no indemnizará los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación del uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto.”
“4.- INFORME NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE REALIZO LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA DEL SINIESTRO DE AUTOS.
INFORME SI LA MENCIONADA DENUNCIA LA REALIZO A NOMBRE DE UN PARTICULAR O EMPRESA, Y EN SU CASO, INFORME QUIEN Y/O CUAL, ADEMAS, INFORME EL DIA, HORA Y LUGAR EN QUE FUE EFECTUADA LA DENUNCIA. EN SU CASO MENCIONE CUAL, O CUALQUIER OTRO DATO DE INTERES QUE PUEDA SURGIR DE LA IMFORMACION APORTADA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS O QUE SURGE DE LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION ANALIZADA Y/O
EXTRAIDA POR UD.” “La registración de la denuncia de siniestro fue detallada en el punto I-6).La denuncia fue recibida el 12/11/14, a la hora 9.36, y contiene una firma con aclaración que reza: “Manzi Cintia”. A efectos ilustrativos acerca de los detalles de la denuncia, se agrega la misma en calidad de Anexo.”
“6.- VERIFIQUE EN EL LIBRO DE SALVATAJE Y RECUPERO DE SINIESTROS DE JUICIOS, LA EXISTENCIA DEL SINIESTRO DE
AUTOS.” “No se exhibieron constancias al respecto.”
“7.- VERIFIQUE SI EXISTIO LA DENUNCIA EN EL LIBRO DE
REGISTROS DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS.” “Sí, conforme se detalló en el punto I-6). Fecha del Escrito: 26/10/2019 4:29:18 p. m.”
II. 18. La transmisión de la propiedad.
Debe prevalecer cuando se tratan de daños patrimoniales el concepto intuitu rei del contrato de seguro.
En este aspecto el seguro constituye un accesorio de la cosa asegurada (el automóvil) y en consecuencia aprovecha al adquirente. No es este el caso donde el asegurador ha tenido en cuenta a la persona asegurada.
En el caso concreto, resulta útil que el seguro favorezca la indemnidad en los supuestos de transferencia del vehículo y en la medida que la aseguradora no pruebe una modificación en el interés asegurable, o un perjuicio por la falta de comunicación del cambio de titularidad. En consecuencia, el artículo 82 de la Ley de Seguros resulta incompatible con el derecho de consumo, de modo que sus efectos liberatorios del asegurador no pueden oponerse al asegurado consumidor. En consecuencia al no haber probado la aseguradora el perjuicio que le pudo haber causado la falta de notificación de la transferencia del vehículo asegurado, se impone la revocación de la sentencia apelada.
II. 19. La transferencia del vehículo y el contrato de seguro.
El derecho comparado.
La doctrina especializada sostiene: “No existe en la Ley de Seguros una disposición que, como la de la ley española, disponga expresamente que “en caso de transmisión del objeto asegurado, el adquirente se subroga en el momento de la enajenación en los derechos y obligaciones que correspondan en el contrato de seguro al anterior titular (art. 34-1).”
“Tampoco existe en la ley 17.418 una disposición que, como la del art. 1918 del Código Civil italiano, establezca que “los derechos y las obligaciones del asegurado pasan al adquirente, si éste, teniendo noticia de la existencia del contrato de seguro, dentro de los diez días a contar del vencimiento de la primera prima posterior a la enajenación, no declara al asegurador, mediante carta certificada, que no quiere sustituirse en el contrato…” (STIGLITZ, Rubén S. “Derecho de Seguros” 5ta. Edición Actualizada y Ampliada, Tomo I, La Ley 2008, pág. 384).
La prueba indicará en cada caso concreto si efectivamente la aseguradora ha conocido la transferencia del vehículo y en este aspecto también se impone el principio de las cargas dinámicas de la prueba que viene firme a esta Alzada.
La doctrina de las cargas probatorias dinámicas consiste en imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que por su situación se halla en mejores condiciones de acercar prueba a la causa, sin importar si es actor o demandado.
La superioridad técnica, la situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga probatoria hacía quien se halla en mejores condiciones de probar.
En la Jurisprudencia Argentina las ideas tradicionales de onus probandi han ido cediendo paso a estas nuevas posiciones.
La colaboración de las partes con el tribunal es un principio valioso y útil, pero existe cierta reserva sobre la utilización práctica del instituto. El autor no se opone a que se aplique la idea respecto de la culpa médica, en la acción de simulación o en casos donde la desigualdad entre los contendientes es manifiesta. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043)
Cabe presumir el pago de la prima: “Si es la compañía aseguradora quien ha opuesto la defensa contra su asegurado, invocando su incumplimiento en torno a los pagos de la prima, para lograr de esta manera la exoneración de la cobertura a su respecto, a ella incumbe la prueba de tal extremo (doctor NEGRI, minoría) (López, Elizabeth c/ Aletto, Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios SENTENCIA.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. , 18/5/2011. 18 de Mayo de 2011Id SAIJ: SUB0955695).
II. 20. Conclusión Entiendo que ha mediado en el caso concreto conocimiento tácito de la aseguradora de la transferencia del vehículo al comprobarse la ejecución del contrato al continuar percibiendo el pago de la prima. Ello sin perjuicio que, en el contexto del caso no resulta oponible al consumidor el artículo 82 de la Ley de Seguros. El orden público contractual (Arts. 158 LS y 65 Ley 24.240), sin perjuicio de las revelaciones del caso concreto en cuanto a que no se advierte por aplicación del principio de las cargas dinámicas, la prueba concluyente del incumplimiento de la notificación, corresponde igual calificar una interpretación de la aplicación del artículo 82 de la Ley de Seguros.
En consecuencia, por aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional que preserva los intereses económicos de los consumidores, y por afectar el derecho de propiedad (Art. 17 Constitución Nacional; art. 31 Constitución Pcial.), en una relación de consumo no pueden oponerse al consumidor los efectos del artículo 82 de La Ley de Seguros cuya inaplicabilidad al caso concreto es asimilable por el criterio de interpretación basado en el dialogo de fuentes, cuando el asegurador no prueba el perjuicio y la conducta del asegurado o del adquirente no configura dolo o culpa grave.
El artículo 82 de la Ley de Seguros constituye un supuesto de des obligación sin causa cuando la aseguradora no demuestra el perjuicio y la conducta del asegurado o del adquirente del vehículo no se caracterizan por el dolo o la culpa grave, de modo que al carecerse de un componente subjetivo, la sanción extrema de liberar a la aseguradora no responde al nuevo estado de derecho constitucional.
El desplazamiento de los efectos del artículo 82 de la Ley de Seguros, en el contexto del caso concreto, da oportunidad a que el contrato preserve su función social e inclusiva.
La denuncia efectuada por la adquirente constituye una notificación tácita del cambio de titularidad del vehículo.
Deben interpretarse en forma armoniosa las disposiciones de la ley de seguros porque su ejercicio responde al principio de interpretación que en caso de duda debe favorecerse al consumidor. (art. 37 ley 24.240) En consecuencia, propongo admitir los agravios expresados por la parte actora y hacer lugar a la demanda.
III. La indemnización.
Definida la responsabilidad del caso, se impone considerar los distintos rubros resarcitorios reclamados en la demanda, aplicando el principio de la reparación integral.
III. 1. La deuda de valor.
La reparación integral en el caso concreto (Art. 1083 Código Civil; Art. 1740 Código Civil y Comercial de La Nación) constituye un daño cierto cuya cuantificación resulta una deuda de valor que debe ser mantenida incólume hasta el momento de su confirmación en la sentencia. Contribuye a la solución propuesta considerar la naturaleza de la obligación pendiente. Se trata de una deuda de valor cuya consideración se afirma en la actualidad de la cuantificación del reclamo.
MOSSET ITURRASPE sostiene: “Técnicamente se afirma que en la deuda dineraria “el dinero es el objeto inmediato de la obligación”, su componente específico actúa in obligatione e in sollutione; es decir, se debe dinero y se paga dinero”.
“En la deuda de valor, en cambio, el dinero aparece sólo “como sustitutivo del objeto especificado”, esto es como sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco. En la deuda de valor el dinero opera únicamente in solutione; aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor” (MOSSET ITURRASPE, Jorge: “Límites a la indexación”. Ley 24.283, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1994, págs. 21/22).
Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial, que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquél satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Sólo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en deuda de dinero”. (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo, José s/ Daños y perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017). Ahora bien, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tiene dicho in re: “Bi Launek S.A.A.C. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”. Causa C.117.735 (24/09/2014) que: “este Tribunal ha precisado que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio al momento de dictar sentencia (conf. arg. causas L. 77.503 y L. 75.346, ambas sents. Del 6-VI-2001; C. 101.107, sent. Del 23-III-2010; C.100.908, sent. Del 14-VII-2010).
Esta Sala ya ha dicho resulta que: “Las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial, que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquél satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación.
Sólo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en deuda de dinero”. (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo, José s/ Daños y perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017); (esta Sala “SPAVELKO, Mariano Martín c/ ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. y Otro s/ Daños y Perjuicios Autom. s/ Lesiones (Exc.Estado) (100), Causa N°:1777/1, RSD. 53/10, Sentencia del 29 de Junio del 2010).”“En concordancia, esta Sala se ha expresado: “Y es que, en mi entender, una cosa es receptar una suma determinada por rubro, según lo que surja de la prueba, que casi huelga decirlo se produce en un momento más cercano a la sentencia, que al de la interposición de la demanda – y fijarlo en el fallo – ya que esto permite un mayor respeto del “principio integral” inmanente en este tipo de procesos; y otra cosa es la fijación de interés por el no uso del tal capital por la víctima desde el momento del siniestro hasta el efectivo pago que busca, justamente compensar esa falta” (“Santillán Ernesto c/ Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°:1643/1, RSD: 18/10, Folio: 102, Sentencia del 6 de Abril del 2010, Voto del Dr.
Alonso). (“ACUÑA Irma Isabel c/ DELGADO Luis Alonso S/ Daños y Perjuicios”, Causa N°: 1617/1 RSD Nº 68/10 sentencia del 5/08/10). Este criterio, a mi entender, también resulta aplicable cuando se trate de cuantificar una deuda derivada de un incumplimiento contractual. El nuevo Código Civil y Comercial de La Nación, asimilando la vanguardia de la doctrina, regula la cuantificación de un valor, disponiendo que “Si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…” (Art. 772 – primera parte-).
III.2. Pago de la póliza.
La actora reclamó en la demanda (Ver fojas 63), la suma de $ 99.000, con más el 10% previsto en la póliza 437065159, con vigencia desde el 5/7/2014 hasta el 5/01/2015. Sostiene que la demandada deberá abonar la suma correspondiente al valor del rodado, teniendo en cuenta en caso de robo o hurto la Cláusula CA-CC 4,2 del contrato de seguro.
Reclama la suma de $ 108.900, con previa aclaración al formular el importe total de los rubros reclamados “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con intereses y costas (Ver fs. 61 vta.).
Entiendo que el rubro es procedente. (Art. 17 CN). (Arts. 1083 CC; 772, 1738, 1740 CCC).
La actora reclama valores vigentes a la fecha del siniestro ( 11 de noviembre de 2014) (Ver demanda fs. 62/ vta.), Interpone la demanda con fecha 2 de diciembre de 2016 (ver cargo de Receptoría de fs. 67), con relación a un automóvil de similares características del vehículo siniestrado. La actora expuso en la demanda: “Que ante el siniestro ocurrido y atento el incumplimiento contractual ejecutado por la demandada, quien se había obligado mediante contrato de adhesión identificado como póliza 437065159 con vigencia desde el 5/7/2014 hasta el 5/01/2015 a cubrir y responder por aquellos sucesos que poseían cobertura como aquél sucedido en autos, la demandada deberá abonar al suscripto , la suma correspondiente al valor del rodado , para ello tendrá en cuenta en caso de robo o hurto total (Cláusula CA-CC 4.2. del contrato de seguros) el valor de venta al público en plaza y a los efectos de la cotización obtenida por el asegurado quedará a limitada a un 10% por encima del mayor valor.” (Ver demanda fs. 62 vta).
Explica que “Conforme adjunto en autos el valor del automotor al momento del siniestro es de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL MIL ($ 99.000) y a este valor se deberá adicionar conforme cláusula mencionada precedentemente la suma de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 9.900), ascendiendo la suma total de pesos CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 108.900).” (El destacado pertenece a la actora).
Anticipo que tiene razón la actora en cuanto debe admitirse el valor real y actual del automóvil marca FIAT UNO SCV-5 P 1.6. 4 PUERTAS, MODELO 1992 PATENTE TEI 264, MOTOR 159A30387920837, CHASIS 8AS146000*00094478, asegurando la empresa de seguros al vehículo ante cualquier siniestro que se produzca por robo/hurto total o parcial, por la suma de $ 22.000 (Ver demanda fs., 61 vta./62).
De modo que, al cuantificar la deuda de valor en 2022, entiendo que satisface el principio de la reparación integral (Art. 1083 Código Civil; Art. 1740 Código Civil y Comercial de La Nación) considerar sobre la base de la equidad un valor promedio que consulte el resultado de valores que reflejan la oferta y la demanda en las publicaciones virtuales, de consulta permanente por los usuarios.
Debe tenerse en cuenta que los valores en el mercado del automóvil usado, fluctúan y en sus oscilaciones, a veces las referencias no tienen la dimensión exacta del precio real. Se pueden advertir que una misma unidad correspondiente a idéntico modelo y antigüedad, tiene precios oscilantes. En consecuencia, las referencias constituyen un parámetro que ha de ser adecuado a un criterio de razonabilidad sustentado en la facultad deber del artículo 165 del CPCC, indispensable en el caso concreto para dar una respuesta al principio de la reparación integral.
La Tabla de Valuación de Automotores -Disposición DN 44/2021, no constituyen un parámetro aplicable para el caso concreto, considerándose que esas tablas también son impositivas y con respecto a los automóviles antiguos no presentan bases compatibles con el precio promedio que puede obtenerse actualmente siguiendo las ofertas que ofrecen los particulares.
Para establecer el valor promedio también se han considerar y al solo efecto de pautas referenciales, las páginas conocidas popularmente que se dedican a la venta de todo tipo de artículos y servicios, como Mercado Libre, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta de vehículos.
En consecuencia, considerándose y precios que se publican sobre un automóvil de iguales características, modelo 1992, a los efectos de obtener un valor promedio entre las valuaciones que dependen de la oferta y la demanda, en un mercado del automóvil usado que resulta oscilante, aplicando el artículo 165 del CPCC, estimo razonable establecer el valor en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), con la adición del 10% (Cláusula CA-CC 4.2. del contrato de seguros), alcanzando en consecuencia la cuantificación del rubro, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 275.000), considerándose que se ha reclamado lo que en más o en menos se considere pertinente, es decir según lo que surja de la prueba (Ver fs.61 vta.) monto que se cuantifica a valores actuales a la fecha de la presente sentencia. (Doct. Arts. (arts. 163 inc. 5, 165, 260, 272, 384, CPCC; arts. 505, 507, 509, 511, 519 y ss., 901, 902, 904, 1068, 1069, 1083 Código Civil; doctrina y argumento de los arts. 7, 772, 1061, 1067, 1740, 1741, C.C.C.N.).
Se hace saber a la parte actora que deberá dar cumplimiento con la entrega de la documentación mencionada en el Anexo de la cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales de la póliza Nº 43/065159, en el caso que aún subsistiera total o parcial su obligación.
En consecuencia y con el alcance indicado propongo se admita el agravio de la parte actora.
III.3. Daño moral La actora reclamó en la demanda la suma de $ 50.000, o lo que en más o en menos surja de la prueba con más sus intereses y costas (Ver fs. 61 vta. y 63).
En las relaciones de consumo cuando las vicisitudes del contrato exceden sus propias contingencias, la frustración de los negocios jurídicos permite establecer una relación causal entre el incumplimiento – en este caso la dilación durante años del pago del seguro. Se infiere el daño moral porque se revela en las propias circunstancias del caso.
El daño moral fluye intensamente porque la actora ha sido privada de la indemnización por el robo o hurto de su vehículo y en las circunstancias particulares del caso donde la actora ante la dilación de la aseguradora fue expuesta a un menoscabo patrimonial que provocaron la alteración de sus valores sustanciales. Si bien es cierto, que en principio el daño moral derivado del incumplimiento contractual requiere su motivación, tal criterio cede en las relaciones de consumo donde todo consumidor tiene derecho a un trato digno, equitativo y no discriminatorio, y además a la protección de sus intereses económicos. (Art. 42 Constitución Nacional; Arts. 8 bis y 26 Ley 24.240; Arts. 1097 y 1098 CCC).
La conducta del proveedor es determinante para justificar el daño moral experimentado por la actora quien ha sido privada de un bien necesario para su organización familiar en un contexto donde la conducta del demandado ha sido dilatoria.
En el caso concreto, considerando entre otras pautas las circunstancias en que la actora ha experimentado el incumplimiento contractual, y las molestias derivadas de la imposibilidad de restituir un bien cuya adquisición demandó esfuerzos, ahorros y expectativas, entiendo razonable cuantificar el rubro daño moral en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), valores actuales a la fecha de esta sentencia, considerándose que se ha solicitado lo que en más o en menos surja de la prueba (Ver fs.61 vta.). (Art. 522 Código Civil)
En consecuencia, y con el alcance indicado propongo se admita el agravio formulado por la parte actora.
III. 4. Daño Patrimonial. Privación de uso. Daño emergente.
Lucro cesante.
La actora afirma que utilizaba el automóvil para actividades particulares y laborales. (Ver fs. 63).
Reclama la suma de $ 30.000, con más lo que surja de la prueba, e intereses y costas. (Ver fs. 61 vta. y 63/64).
Aclara que no solicita el rubro por privación de uso por el hecho ilícito, “sino que tal privación se produjo porque la demandada no cumplió su obligación contractual de reparar oportunamente el daño causado” (Ver fs. 63).
Reclama por lucro cesante y daño emergente.
Entiendo que la actora no ha probado el lucro cesante, de modo que el rubro debe prosperar en concepto de daño emergente. El reclamo de privación de uso como daño emergente flexibiliza la prueba específica del perjuicio, a diferencia del reclamo con carácter de lucro cesante en cuyo caso se requiere la demostración concreta del daño cierto.
Debe interpretarse que la actora ha reclamado privación de uso con carácter de daño emergente.
Entiendo que el rubro resulta procedente, sin perjuicio de la cláusula obrante en la respectiva póliza. El daño cierto está suficientemente probado. Las limitaciones convencionales sobre la falta de cobertura de la privación de uso, en el contexto del caso donde se ha rechazado la cobertura, y la aseguradora ha incurrido en mora torna inaplicable la limitación convencional respecto a la improcedencia del reclamo por privación de uso. (Voto de mi distinguido colega Dr. José Nicolás Taraborrelli en “Alonso Jose C/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada S/ Cobro Ordinario De Sumas De Dinero” LM-13330-2016 RSD Nro.: 135 /21, del 2 de septiembre de dos mil veintiuno).
Ha señalado el Dr. Taraborrelli que “Se considera, con acierto, que la "imposibilidad de utilizar el vehículo durante un determinado lapso (…) configura un perjuicio que debe ser indemnizado pues si no la reparación dejaría de ser integral". “El vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo", en razón de que "el automóvil, por su propia naturaleza, está destinado al uso" y con él se satisfacen -o pueden satisfacer- necesidades espirituales y materiales". Comporta un daño resarcible la sola privación del uso de un automotor en virtud de afectar uno de los atributos del dominio. La sola privación del vehículo importa por si un daño indemnizable, a título de daño emergente, aunque no se compruebe el perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas lucrativos. (Luis Moisset de Espanés, Automotores. Privación del uso. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar).” (Ver causa “Alonso, José c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ Cobro Ordinario de Sumas de Dinero” LM-13330-2016, 2 de septiembre de dos mil veintiuno RSD 135/2021)
La jurisprudencia mencionada se encuadra en el actual criterio de la Sala Primera, destacando entre sus fundamentos: “Del mismo modo, por aplicación analógica (art.171 de la Const. de la Prov. Bs. As. y art. 2 del CCyCN) que se realiza en este voto, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul ha tenido oportunidad de manifestar que: “En punto a la prueba del aludido daño, esta Sala señalaba en la causa “Lazzarino” (voto del Dr. Galdós) que “en general se sostiene que la privación de uso de un automóvil es de por sí un daño indemnizable pues se presume que quien lo utiliza lo hace para llenar una necesidad’ (Borda, Guillermo ‘Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones’ T.II ps.370/371; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio- Zannoni ‘Códigos...’ T.5 p.275 y ss.; S.C.B.A.
Ac.27251, 24/6/60 ‘Rassori’, DJJ 119- 553/54; Ac.47079, 20/11/91 ‘Sellaro’). De tal suerte que la sola privación de uso –sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva constituye la materialidad del daño (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y concs. Cód.Civ,; ver Zavala de González Matilde ‘Daños a los automotores’ p.118 y ss.).” (causa n° 39300, “Lazzarino, Ismael…”, del 19/5/98, E.D. 178-335 con nota de Jorge Bustamante Alsina). Se subrayó en ese precedente que “La tendencia jurisprudencial mayoritaria adhiere a la tesitura que entiende que la indisponibilidad del vehículo puede dar origen a un daño emergente – generalmente presumido- o a un lucro cesante, sujeto a prueba’ (ver Zavala 60346 24 de González, ‘Daños a los automotores’ T.1 ps. 92, 99, 130, 150”).
(esta Sala, causa cit. “Lazzarino”; en igual sentido, causas n° 56.236, “Sala, Jorge Ulises, del 05/07/12 y nº 58761, "Galarza, Blanca Beatriz, del 17/07/14). Respecto de la ausencia de prueba concreta en torno a lo erogado, ha dicho la citada autora que “sería ciertamente engorroso y no siempre posible la acumulación detallada de los múltiples comprobantes de expedición no habitual que acrediten, por ejemplo, el importe de los varios viajes en taxímetro. Recuérdese además que el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, y que se contaba con ese derecho a partir de la propia indisponibilidad del vehículo, de suerte que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya concretado la víctima; lo que importa es el que, jurídicamente, tenía facultad de desplegar con la indemnización, que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proceso”.
(Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 1. Daños a los automotores, ob. cit., pág. 131).”
“Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de La Nación, ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión, refiriendo que: “En lo que hace a la privación de uso particular del automóvil, su resarcimiento se impone e atención a que la indemnización debe ser integra.” (Silvia Susana Piccini y o. c/ Prov. de la Rioja y o. s/ daños y perjuicios” CSJN, 14/10/1992).” (Del voto del Dr. Taraborrelli).
“Sentado ello, y adentrándome al tratamiento de la cuestión, no escapa a este sentenciante que en la póliza celebrada entre las partes se ha dispuesto sobre este tópico que: “CG-CO 8.1 Privación de uso: El asegurador no indemnizara los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación del uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto” –véase fs. 81.-. Por lo cual, corresponde preguntarse si en la especie y atento a las características del caso bajo estudio, ¿Corresponde estarse a lo pactado por los litigantes?
“Al respecto, ha sentenciado cierta jurisprudencia que: “Es importante señalar que el Sentenciante, adecuadamente a mi criterio, no condenó al pago de la indemnización por privación de uso como consecuencia del cumplimiento del contrato sino justamente lo contrario. Si la aseguradora hubiera abonado el monto correspondiente a la destrucción total del vehículo asegurado dentro del plazo que el contrato le otorgaba, este rubro no hubiera podido ser reclamado por la limitación que se establece en la póliza, pero al caer en mora la demandada, la limitación también cae. La privación de uso constituye una delimitación objetiva del riesgo, el incumplimiento del contrato de seguro por parte del asegurador, habilita al asegurado a reclamar la misma como contenido de una pretensión de daños y no como cumplimiento del objeto (riesgo) del contrato de seguro.- En lo que hace a la cláusula limitativa se ha resuelto que la mera privación del uso del vehículo es susceptible de producir un perjuicio resarcible y que no empece a ello la aludida cláusula ya que la misma resulta aplicable cuando la aseguradora ha cumplido en término con su obligación de resarcir el siniestro, y no cuando ha incurrido en mora” (CNCom., Sala E, 25/3/1988, “Silva, J. c. LefaCoop. deSeg.”, La Ley, 1989-C, 152; CNCom., Sala C, 18/8/1994, “Gómez, J. c. Anta Cía. de Seg.”, La Ley, 1995-B, 301; CNCom., Sala E, 22/6/1995, “Miraglia, D. c. Libertad Cía.deSeg.” inédito). En efecto, en el marco de un proceso por cumplimiento de un contrato de seguro y daños y perjuicios, se tiene expresado que “si el asegurador se halla en mora en el cumplimiento de su obligación, deviene inaplicable la limitación del reclamo a los términos del contrato” (CNCom., Sala E, 5/9/2003, “Romano W. c. H.S.B.C., La Buenos Aires”, RCyS, 2005-I-116).” (fallo citado, Sucesores de M. O. A. c/ Liderar Compañía General de Seguros s/ ordinario. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico. Fecha: 12-abr-2017. Cita:
MJ-JU-M-105761-AR | MJJ105761 | MJJ105761).”
“En consecuencia, considero que encontrándose en mora la parte demandada en el cumplimiento del contrato, y su culpa se presume por el mero incumplimiento (arts. 509 y 512 del CC), dicha cláusula que exime a la aseguradora del pago de la privación de uso, deviene en el presente caso inaplicable.” (Alonso José C/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada S/ Cobro Ordinario De Sumas De Dinero LM-13330-2016 RSD Nro.: 135 /21, del 2 de septiembre de dos mil veintiuno).
De este modo, considero que la falta de pago del seguro ha impedido sustituir el automóvil objeto de robo o hurto y con ello se ha privado del uso normal de un bien importante en el confort familiar, utilizado para diversas actividades, cabe inferir que ha exigido habituales gastos para tratar de suplir la carencia del vehículo.
Entiendo que la valoración del rubro escapa a los supuestos corrientes donde el damnificado durante un breve lapso no puede utilizar su vehículo, en la generalidad de los casos por necesidad de su reparación en un taller mecánico. En este caso, al ser el perjuicio derivado de una relación contractual de consumo y considerándose la fecha en que la aseguradora incurrió en mora, a la que me referiré posteriormente (ver pto. V), para valorar los gastos afrontados para transporte desde entonces y hasta la fecha de esta sentencia, necesariamente se impone determinar con razonabilidad una indemnización que resulte equitativa en atención a las particulares circunstancias de la causa. (ver mi voto en “Aguirre Antonio Alberto c/ Transporte La Cabaña S.A s/ Daños y Perjuicios”, RSD N°299 sentencia del 27/12/17).
En consecuencia, propongo se admita el rubro y que se lo cuantifique en forma equitativa y razonable, en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), valores actuales a la fecha de la presente sentencia. (arts. 1068, 1069 y 1083 del CC y art. 165 del CPCC). Con el alcance indicado se admite el agravio formulado por la parte actora.
IV. Adecuación del límite de cobertura La parte demandada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada plantea el límite de la cobertura. Afirma que “La indemnización por el valor de la unidad no podrá superar el importe de $ 24.420 que es el límite de la cobertura con el ajuste del 10% pactado, conforme a lo estipulado en las “Condiciones Particulares” y en la cláusula CG-CO 6.2. de las “Condiciones Generales” de la póliza (página 2 y hoja 11 respectivamente)”. (Ver punto b) Límite de la cobertura, fs. 105/vta). Entiendo, siguiendo jurisprudencia reiterada de esta Sala Primera, que corresponde incluso de oficio declarar inoponible a la parte actora el límite de cobertura, considerándose las fechas de emisión de la póliza y del siniestro. Se volatiliza toda relación de equivalencia y se frustra la función social del seguro manteniendo sumas que se han desactualizado. El consumidor no puede quedar expuesto a respuestas inverosímiles. En un antecedente reciente señalé: “Se propicia que ese límite se establezca en lo determinado por la normativa vigente en la actualidad.” “A través de la Resolución N° 268/21, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) actualizó los límites de cobertura de los seguros de responsabilidad civil voluntarios para los vehículos automotores, elevando los montos máximos autorizados de cobertura por acontecimiento a la suma de ARS 38.500.000.- para transporte de hasta 8 pasajeros.”
“En función de lo expuesto, y siendo el monto de la sentencia ($ 9.066.500.- para ambos expedientes) inferior al límite de cobertura, la citada en garantía deberá satisfacer la totalidad del monto indemnizatorio fijado en la sentencia.”
“Dichos argumentos son replicados por la actora en la causa “Suarez”.
“Si bien dicha cuestión no fue planteada a la Sra. Jueza de grado y no será acogida en esta Alzada, se impone la actualización del límite de la cobertura, como explicaré seguidamente. Ello no viola al principio de congruencia, toda vez que se trata de una cuestión de orden público.” “Veamos: En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado el criterio de la oponibilidad del contrato de seguro al tercero damnificado. En este sentido ha decidido:" Al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aún aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque al prescribir el art. 118 de la ley 17.418 que "la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurado y será ejecutable contra él en la medida del seguro" o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto".( SCBA, Ac. 40684 S 2-5-1989, LL 1989-E,129 y AyS 1989-I-818; Ac. 42988 S 15-5-1990, L-L- 1990-D-356 y AyS 1990-II-97; Ac. 63553 S 29-10-1996; Ac.
65.395 S 24-3-1998).”
“Por otra parte, la SCBA ha decidido que el contrato de seguro no constituye una estipulación en favor de terceros (SCBA, Ac. 39415 S 27-12-1988; Ac. 52.887 S 20-9-1994).-
“Ya he expresado que: “el único vínculo que existe entre un tercero damnificado y el asegurador pasa por el contrato de seguro, por lo cual no puede prescindirse de dicho contrato ni de su contenido, que forman parte del presupuesto de hecho instituido por el art. 118 LS para tomar viable la citación en garantía". ("Las cláusulas limitativas de responsabilidad y el contrato de seguro, por Juan Carlos Venini). (mi voto en caratulados “Regalado, Manuel Osvaldo C/ Ruiz, Angel Roberto Y Otros S/ Daños Y Perjuicios”, Causa N°:2386/1, RSD Nº 72/12 sentencia del 31 de mayo de 2012)”
“Ahora bien, despejada la cuestión de la oponibilidad del seguro a la víctima, recientemente, la SCBA ha establecido “por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220)”
“Pero el tribunal a quo, como fue dicho, luego de analizar la mecánica del siniestro y revocando el decisorio de primera instancia, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios estimando los mismos a valores actuales a la fecha de su decisorio, 17 de diciembre de 2013, tasación que pretendió expresar la adecuación de tales valores a la realidad económica del momento en que se pronunció el fallo y que no cabe confundir con el empleo de mecanismos de "actualización", "reajuste" o "indexación" de montos históricos, que suponen una operación matemática (conf. doctr. causas C. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; C. 92.667, "Mercado", sent. de 14-IX-2005, e.o.).” (…) “II.3.
Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430)” (…) “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.”
“Si bien el asegurado abonó oportunamente las cuotas respectivas (prima pura y gastos de gestión interna y externa del asegurador) en relación con la cobertura básica obligatoria vigente al momento del siniestro (v. fs. 59/60 y 180 y vta.), y aun cuando adicionalmente deba la aseguradora afrontar complementariamente y en forma proporcional los mayores costos por intereses, costos y costas judiciales y extrajudiciales del presente proceso (conf. arts. 110, 111 y concs., LS, conf. doctr. causa C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; e.o.); de todas formas, la ecuación económica del contrato de seguro ha sido afectada significativamente.”
“Esta doble ecuación revela -en una interpretación contextual sobre el sistema por el que se establece un límite mínimo de cobertura (conf. arts. 217 y 218, Cód. Com.)- la sobreviniente irrazonabilidad y carácter inequitativo de las prestaciones a cargo de la aseguradora, por alterar el sentido del contrato”
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil ésta determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.)”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).”
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” “II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449”
“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima, tal como se argumenta en el recurso en tratamiento, frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.)”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.”
“II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit)
“En un precedente de esta Sala, el Dr. Taraborrelli en los autos “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020- ha expuesto que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables.
En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.
Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios. El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C.
C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”. “De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. CV. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (06/06/2014) hasta el día de hoy, han transcurrido siete años, sin que se le indemnizaran los daños a la actora, así que de limitarse el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro, constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago.
Así las cosas, entiendo que, en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, resuelvo que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
V. Los intereses. El curso de intereses V.1.La mora del asegurador no se opaca porque el asegurado no haya entregado determinada documentación. Ello incide en la forma de computarse los intereses.
En el caso concreto la aseguradora no ha negado puntualmente un hecho relevante expuesto por la actora, quien afirmó que entregó toda la documentación requerida por la compañía de seguros. En consecuencia, y en la etapa de ejecución de sentencia, si subsistiera la necesidad de complementar documentación, solo en este supuesto el pago del seguro se condicionará al cumplimiento de suministrar toda la documentación necesaria que está a cargo del asegurado.
En efecto, el asegurador opone resistencia al pago del seguro (tampoco ha ofrecido cumplir en este juicio), con alegación del artículo 82 de la Ley de Seguros y en subsidio, argumentando que no se ha suministrado documentación cuando el asegurado en la demanda destacó que dio cumplimiento a la entrega de la documentación requerida.
Diferir los intereses a partir de la entrega de la documentación es una solución que no resulta compatible con la inactividad de la aseguradora una vez conocido el siniestro.
La aseguradora entendió, apoyándose en un texto literal que estaba liberada de pagar el seguro porque no se le comunicó dentro de los plazos previstos por el art. 82 de la Ley de Seguros, la transferencia del vehículo.
No está en discusión, bastando para ello repasar los fundamentos del fallo apelado, que la demandada tenía conocimiento del siniestro, al haberse efectuado la denuncia administrativa cuya copia adjuntó al expediente una vez intimada para ello.
En consecuencia, el pago de la suma asegurada, debe condicionarse a la previa o simultánea entrega de la documentación, si aún subsistiera total o parcialmente esa obligación, con cooperación del asegurador, sin que ello implique que con anterioridad no corresponda la aplicación de intereses.
V.2. El curso de los intereses.
Afirma STIGLITZ que “el curso de los intereses opera desde el incumplimiento de la obligación (art. 622-1, Cód. Civ.), la que debe ejecutarse dentro de los quince días de fijado el monto de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo del artículo 56, Ley de Seguros”. (ob. cit. Pág. 263).
Sin embargo esta solución si bien constituye un principio y en la medida que el asegurador requiera información (Art. 46 segundo párrafo Ley 17.418) o exija documentos (Art. 46, tercer párrafo Ley 17.418), cede cuando la aseguradora recibe la denuncia del siniestro y en forma inmediata comunica que declina la cobertura alegando el artículo 82 de la Ley de Seguros y esa oposición resulta infundada. La denuncia del siniestro no interesó a la compañía aseguradora a investigar lo necesario, por ejemplo, para establecer si a través de sus dependientes había tomado conocimiento de la transferencia del vehículo o vislumbrar una notificación tácita y en consecuencia determinar si el asegurado debe ser indemnizado. Tampoco consideró la aseguradora la necesidad de tener un plazo legal para determinar eventuales riesgos excluidos, evaluar la importancia y magnitud de los daños, y, analizar la conducta del asegurado en ocasión del siniestro. Si el asegurador alegó que estaba liberado de pagar el seguro por incumplimiento del asegurado o de un tercero de comunicar la transferencia del vehículo en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros, se torna inoficioso cualquier plazo previsto en el Régimen Legal del Seguro en cuanto ordena que “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del artículo 46”. El plazo previsto tiene por finalidad permitir un pronunciamiento fundado después de la denuncia del siniestro. La desestimación de la obligación de indemnizar no ha sido el resultado de ninguna investigación y si de un equivocado e infundado supuesto de mora del asegurado que argumentó la aseguradora para suspender la cobertura. El articulo 56 Ley de Seguros, no se aplica en los supuestos de “no seguro” (Jurisprudencia citada por PIEDECASAS, ob. cit. Pag. 222). Tampoco resultaría aplicable, por las mismas razones, el artículo 49 de la Ley de Seguros en cuanto establece que “En lo seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado se pagará dentro de los quince días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo del artículo 56”. (Art. 49 primer párrafo Ley de Seguros).
En efecto, el asegurado dentro del plazo de tres días denunció el siniestro. La aseguradora se ha pronunciado por la declinación de la cobertura. Sin embargo como decidió no pagar la indemnización se torna inoficioso el plazo de 15 días posteriores al pronunciamiento porque había decidido no pagar.
Considerándose que en una relación de consumo la carga de la prueba exige una adecuación al deber de cooperación, llámese inversión de la carga de la prueba o principio de las cargas dinámicas de la prueba, lo concreto es que los oferentes (parte fuerte desde lo económico en todo contrato de adhesión y de consumo) deben ser muy precisos en cuanto a toda referencia relacionada con la prueba producida por el consumidor y respecto a toda revelación de su conducta con incidencia probatoria. Sostener lo contrario o dejar librado el esclarecimiento de los hechos a la mera discrecional del asegurador que se limita a ser un espectador que niega algunos hechos y que sobre otros guarda silencio, no favorece la exigencia que debe cumplir aquel que está en mejores condiciones de contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos.
A los efectos de constituir en mora a la aseguradora han de ser relevantes las cartas documentos enviadas a los actores porque en esas comunicaciones indica que declina toda responsabilidad y que se encuentra liberada en los términos del artículo 82 de la Ley de Seguros. Voy a tomar la primer carta documento que ha sido dirigida al señor Francisco Antonio González, y que tampoco ha sido controvertida por la actora, enviada con fecha 4 de diciembre de 2014 (Ver fs. 94), a los efectos de establecer la fecha de la mora.
En consecuencia, entiendo que en el caso concreto la mora ha operado el día 4 de diciembre de 2014, fecha que coincide con la primer carta documento enviada por la aseguradora comunicándole a quien solo había admitido como asegurado la declinación de la cobertura, alegando el incumplimiento de la comunicación de la transferencia del vehículo que imponía el artículo 82 de la Ley de Seguros.
V. 3. La tasa de intereses Teniendo en cuenta que la SCBA ha afirmado en la causa “Paredes”, que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), por aplicación de la doctrina legal formulada en el caso “Paredes”, a la suma global concedida, deberán aplicarse intereses en base a dicha doctrina, desde la mora -4/12/2014- y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, es decir, la fecha de dictado de la presente- De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago.
(conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.).
VI. Las costas en ambas instancias.
En virtud de la forma en que se resuelve, se revoca la imposición de costas efectuada a la actora en la sentencia apelada, debiendo afrontar las costas de Primera y Segunda instancia la parte demandada, (Art. 68 CPCC), difiriéndose las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad.
Deben dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de origen, tornándose abstractos los recursos de apelación interpuestos al respecto.
En relación a lo peticionado por la parte demandada al contestar demanda en cuanto a la limitación impuesta por los arts. 505 del anterior CC y 730 del actual CCCN” (Ver contestación de demanda pto. e) Limitación en costas, fs. 106), dicho planteo debe diferirse para la etapa de ejecución.
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada, los Dres. Pérez Catela y Taraborrelli adhieren al voto del Dr. Posca y VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR RAMON DOMINGO POSCA dijo: Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: A) SE ADMITAN los agravios esgrimidos por la parte actora y en consecuencia: 1°) SE REVOQUE la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda interpuesta por Cintia Noemí MANZI y Francisco Antonio GONZÁLEZ contra “SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA” , condenando a la demandada a abonar a la co-actora Cintia Noemi MANZI en el término de diez días de adquirir firmeza la sentencia la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($445.000) con más los intereses calculados al 6% anual, desde la fecha de la mora -4 de diciembre de 2014- y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, es decir, la fecha del dictado de la presente (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en el pto. V de la presente. 2º) Se hace saber a la parte actora que deberá dar cumplimiento con la entrega de la documentación mencionada en el Anexo de la cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales de la póliza Nº 43/065159, si aún subsistiera total o parcialmente su obligación y con cooperación de la aseguradora. 3°) SE IMPONGAN las costas de Primera y Segunda instancia a la demandada en su carácter de vencidas (art. 68 CPCC) 4º) SE DEJEN SIN EFECTO las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de origen, declarando abstractos los recursos de apelación interpuestos al respecto. 5°) SE DIFIERAN las regulaciones de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno. 6º) SE DIFIERA para la etapa de ejecución el planteo de limitación en costas (Art. arts. 505 CC y 730 del actual CCCN).
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Dres. Perez Catella y Taraborrelli adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal
A) ADMITIR los agravios esgrimidos por la parte actora y en consecuencia: 1°) REVOCAR la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda interpuesta por Cintia Noemí MANZI y Francisco Antonio GONZÁLEZ contra “SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA” , condenando a la demandada a abonar a la co-actora Cintia Noemi MANZI en el término de diez días de adquirir firmeza la sentencia la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($445.000) con más los intereses calculados al 6% anual, desde la fecha de la mora -4 de diciembre de 2014- y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños, es decir, la fecha del dictado de la presente (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en el pto. VIII de la presente. 2°) HACER SABER que la parte actora deberá dar cumplimiento con la entrega de la documentación mencionada en el Anexo de la cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales de la póliza Nº 43/065159, si aún subsistiera total o parcialmente su obligación y con cooperación de la aseguradora. 3º) IMPONER las costas de Primera y Segunda instancia a la demandada en su carácter de vencidas (art. 68 CPCC) 4º) DEJAR SIN EFECTO las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia de origen, declarando abstractos los recursos de apelación interpuestos al respecto. 5°) DIFERIR las regulaciones de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno. 6º) DIFERIR para la etapa de ejecución el planteo de limitación en costas (Art. arts. 505 CC y 730 del actual CCCN). REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. DEVUELVASE.
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Fin de la sentencia