Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 6835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1°)
Rechazar el pedido de deserción del recurso de la parte actora. 2°) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. 3°) imponer las costas generadas en ambas Instancias a la apelante perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 CPCC). 4°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 6835 - 2016 - RECALDE RITA LEONARDA C/ VOLSKWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "RECALDE RITA LEONARDA C/ VOLSKWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)"
LM-6835-2016 JUZ. CIV. Y COM. N°3
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar 0pronunciamiento en los autos caratulados “RECALDE RITA LEONARDA C/ VOLSKWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)” LM-6835-2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente – art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte actora?
2. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
1. Antecedentes del caso Con fecha 30/08/2021, la sentenciante de origen resolvió: “1)
Rechazar la demanda interpuesta por Rita Leonarda Recalde contra Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados. 2) Imponer las costas a la parte actora, que resulta vencida, de acuerdo con el considerando 3.a (art. 68 y sgtes. del CPCC)” y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.
Contra tal pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la parte actora en fecha 6/09/2021, remedio que fuera concedido libremente a través del despacho de fecha 10/09/2021.
Siendo elevadas las actuaciones a esta Alzada, resultaron radicadas ante esta Sala Primera el día 8/09/2022. Una vez en condiciones, se llamó a expresar agravios (v. pto. III del proveído de fecha 23/09/2022), cumpliendo la accionante en misma fecha con dicha carga procesal.
Con fecha 30/09/2022 se corrió el pertinente traslado de los fundamentos, el cual resultó evacuado por la parte demandada el día 13/10/2022.
Atento la naturaleza de las actuaciones, en fecha 19/10/2022 se corrió vista a la Fiscalía de Cámara Departamental, la cual resultó evacuada en fecha 9/02/2023.
Así las cosas, con fecha 24/02/2023 pasaron autos para sentencia, practicándose posteriormente el sorteo de orden de estudio. Mediante la interlocutoria de fecha 9/05/2023, se requirió como medida para mejor proveer al Juzgado Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora tenga a bien remitir a esta Sala Primera, en carácter ad effectum videndi et probandi, los autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ RECALDE RITA
LEONARDA Y OTROS S/ EJECUCIÓN PRENDARIA" (Expte. LZ- 27150/2015). Interín, se suspendió el llamamiento de autos.
Con fecha 1/06/2023 se recibió la radicación electrónica de la causa requerida. Asimismo, en fecha 7/06/2023 y 11/07/2023, se recibieron las constancias papel del expediente.
Mediante la resolución de fecha 17/08/2023 se resolvió la citación de las partes a audiencia a celebrarse ante esta Sala Primera en el marco de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas por el art. 36 inc. "4" del ritual. Dejándose sin efecto tal convocatoria, atento lo manifestado por las partes y reanudándose el plazo para dictar sentencia en fecha 17/10/2023. 1.a) Los agravios de la actora De la atenta lectura de los fundamentos presentados, en primer lugar, se vislumbra que la apelante sostuvo: “Conforme se desprende de la pericia contable, la actora ha dado cumplimiento con el pago de las cuotas reclamadas por la contraria que dice que generaron intereses […] la demandada mal informa a la actora que no se había abonado en tiempo y forma la cuota del mes de diciembre de 2013 y ello fue generando supuestamente intereses cuando reiteramos de la pericia contables, surge que fue abonada en término. Se advierte, como la accionada ha actuado de mala fe, mintiéndole descaradamente a la actora que estaba atrasada en el pago, por lo que en febrero de 2014 paga dos veces la cuota porque supuestamente debía la del mes de diciembre de 2013”.
En segundo lugar, la accionante expuso: “Por consideración a la contraparte, a sus necesidades, o por las circunstancias acaecidas, tratándose de un automotor (elemento de primera necesidad en la actualidad –repárese que no se trató de un auto de lujo) podría haber diferido el secuestro, por consideración a la dignidad de la consumidora, hasta resolver la situación contractual a la que se encontraba vinculada como accesorio, la prenda con registro. Muy contrariamente a ello, desatendiendo dichas circunstancias, y en evidente desprecio de los derechos de la aquí presentante, procedió a llevar a cabo el secuestro sin notificación alguna. Ello conduce inexorablemente a considerar el accionar de la demandada, en un acto lesivo, de abuso del derecho conferido por el art. 39 ley 12962 por el cual debe responder, más aún (reitero) por las responsabilidades calificadas que le corresponden (cfr. ley 24240 y arts. 902, 909 del CC)”.
A lo cual agregó: “En el caso de autos no se ha dado debido cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para el secuestro del vehículo ya que no ha existido una rigurosa existencia de mora y deuda sino que fue la demandada quien ha privado a la accionante continuar efectuando la cancelación de las siguientes cuotas. Asimismo, cabe mencionar que la facultad de peticionar el secuestro del bien sin audiencia del deudor, en los casos de relación de consumo crediticio, colisiona con el art. 3 LDC que dispone que en caso de duda prevalece la norma más favorable al consumidor”.
En tercer lugar, la recurrente manifestó: “…en las relaciones de consumo, es necesario que la parte que está en mejores condiciones de contribuir al esclarecimiento de los hechos, abandone su actitud de espectadora y asuma el deber de dinamizar cargas probatorias […] El consumidor ha señalado hechos y ofrecido pruebas. No basta negar esos hechos. No alcanza con limitar las soluciones a la prueba que exclusivamente ha producido el consumidor […] En el marco de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas previstas en el art. 53 LDC, el proveedor debió haber probado que la mora de la actora justificaba que el secuestro prendario constituía el ejercicio regular de un derecho”.
En cuarto lugar, la actora mencionó: “El secuestro prendario, en el caso concreto, le ha provocado a la deudora, hoy actora, un daño innecesario en su patrimonio, agravando la insolvencia del consumidor. El daño moral fluye intensamente porque la actora ha sido privada de su vehículo en un proceso unilateral y en las circunstancias particulares del caso donde el acreedor ha ejercido abusivamente un derecho, y por su resultado fue expuesta a un menoscabo patrimonial y en circunstancias del secuestro que provocaron la alteración de sus valores sustanciales. El secuestro del automóvil, es una medida abusiva del derecho del acreedor, que ha privado del uso normal de un bien importante en el confort familiar, utilizado para diversas actividades como así también una herramienta de trabajo”.
Por otro lado, se agravió expresando: “En las relaciones de consumo cuando las vicisitudes del contrato exceden sus propias contingencias, la frustración de los negocios jurídicos permite establecer una relación causal entre el incumplimiento - en este caso el ejercicio abusivo de un derecho - y el daño. Se infiere el daño moral porque se revela en las propias circunstancias del caso”.
Y finalizó enunciando: “…debe destacarse el daño psicológico que le ha causado el hecho de autos a la actora, tal es así que la perito psicóloga ha determinado que la actora es portadora de una incapacidad del 5%, que posee un daño psicológico que tiene relación causal con el hecho de autos”. 1.b.) Respuesta de la demandada a las críticas al fallo recurrido Por su parte la accionada contestó el traslado conferido con motivo de los agravios expuestos por la actora en estos términos, a saber: En primer lugar, planteó la deserción del recurso concedido a accionante, por no constituir -a su juicio- una crítica concreta y razonada de las distintas partes del fallo de primera instancia.
A reglón seguido, en cuanto al derecho aplicable, la accionada sostuvo que el pronunciamiento en crisis habría aplicado correctamente la normativa consumeril.
Por otro lado, en torno a la pericia contable producida en autos, la demandada expuso: “…escapa al análisis y ‘crítica’ de la actora el hecho de que el estado contable de su plan registraba 48 cuotas impagas. Precisamente, el perito informó que los últimos pagos de las cuotas fueron los del mes de febrero y marzo de 2014, luego de ello no se registraron otros pagos […] En realidad la cuestión de autos no pasa por los intereses que pudieron devengarse por el pago tardío de la cuota que venció el mes de Diciembre de 2013, en tanto no fue por ello que se prosiguió a la ejecución de la deuda prendaria sino por la cantidad de cuotas que de forma posterior no fueran abonadas por la Sra. Recalde”.
Por último, en relación al secuestro del automotor, la accionada sostuvo: “…resulta falso que la actora no hubiere estado en conocimiento previo de que podría llegar a solicitar la ejecución de la prenda que pesaba sobre su vehículo, en caso de que no se saldara la deuda. Y en cuanto a la licitud de ese procedimiento, no caben dudas, toda vez que otro juez lo autorizó y así fue previsto en el contrato que ambas partes firmaron”.
LA SOLUCIÓN
2. Pedido de deserción del recurso Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formuló la parte demandada al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la contraria, toda vez que –según su opinión- los fundamentos expresados no se ajustarían a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc. Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 23/09/2022 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio. Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Dr. Perez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
El presente “sub-judice” se trata de una demanda de daños y perjuicios derivados de un plan de ahorro para fines determinados, promovido por la actora en contra de la administradora del sistema, en el cual se pactaron 84 cuotas mensuales a cargo de la actora, que debían abonarse mediante débitos, adeudándose 47 cuotas de las 84 convenidas.
3. Cuestión prejudicial. La ejecución prendaria Dispone el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia, de Bs. As., que cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquéllas.
Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario.
No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.
Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.
Que teniendo ante mi vista “ad effectun videndi et probandi”, los autos caratulados: “Volkswagen S. A. de Ahorro para fines determinados c/ Recalde Rita Leonora s/ ejecución prendaria”, que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora”, compruebo que la ejecutada Leonarda Recalde no fue intimada al pago ni citada de remate para que oponga excepciones dentro del perentorio plazo de tres días (ver resolución de fecha 18 de junio de 2.015 que así lo ordena), pues todos los mandamientos librados en contra de la misma arrojaron resultado negativo, según se acredita en dichas actuaciones judiciales.
Es decir que respecto a dicha ejecutada, la litis no ha quedado trabada aún, ni se ha dictado sentencia mandando llevar adelante la ejecución y subasta del automotor prendado.
Por lo tanto, se infiere y así declaro que la acción de conocimiento ordinario de daños y perjuicios, promovida por la actora Recalde no se encuentra habilitada, porque ni siquiera fue citada a juicio en dicha ejecución prendaria y por supuesto –menos aún- no recayó sentencia alguna. En suma, la accionante no se encuentra legitimada activamente o “adcausam” para promover la presente acción ordinaria de repetición de daños y perjuicios, toda vez que la norma del art. 551 del Cód. Proc. Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As. no le conferirle derecho subjetivo alguno, para promover la presente acción, atendiendo y considerando el estado procesal del trámite de la ejecución prendaria.
Sin perjuicio de ello, pasaré seguidamente y a mayor abundamiento u “obiter dicta” a considerar y dar solución a los agravios expuestos por la actora quejosa, bajo este orden metodológico, a saber.
4. Incumplimientos que le imputa la actora a la demandada. Su improcedencia La actora le imputa a la accionada los siguientes incumplimientos, a saber: a) faltó al deber de información; b) Incurrió en mal asesoramiento; c) le brindó una mala atención; d) recibió trato indigno; e) No se le informó por qué se le secuestró la unidad; f) Se violó los arts. 42 de la C. N. y 38 de la Constitución de la Pcia. de Bs-As. y el art. 4 de la Ley 24.240. Ahora bien, con respecto a la falta del deber de información, mal asesoramiento, mala atención y trato indigno, la actora no probó dichas imputaciones, cuando estaba a su cargo producir prueba idónea a esos efectos (art. 375 y 385 del C. P.C. C.).
Sin embargo, de la solicitud de adhesión al plan de ahorro para fines determinados de fs. 2/4 vta. y fs.8, glosada en estos autos en trámite, consta la marca del automotor Volkswagen, el modelo Gol Power, el valor móvil del automotor, la alícuota, derechos y cargos, integración mínima, adjudicación, cupón de pago, objeto, grupo de adherentes, fondo de adjudicación, mecánica de sorteo, periodo y retiro del bien, deudor prendario, seguros, incumplimiento en el grupo, liquidación, jurisdicción, etc. Además, para una mayor consideración resolutiva al efecto, compruebo que se desprende del contrato de prenda anexado en la ejecución prendaria, solicitada a los efectos probatorios por este Tribunal al Sr. Juez de Primera Instancia y que tengo ante mí vista, el detalle de la deuda: Plan de 84 cuotas, constando en dicho contrato la deuda denominada como préstamo de dinero, ubicación de los bienes, deuda sin intereses, lugar de pago, seguros, datos del deudor y de acreedor. El deudor declara conocer y aceptar el importe adeudado que proviene de la obtención de un préstamo de acuerdo a las condiciones generales de la solicitud de adhesión al plan de ahorro para fines determinados. Monto del contrato, determinación del monto, ejecución, mora, pagos, secuestro, subasta y seguros, Jurisdicción y competencia. Ver ampliación de la prenda en la cual se constituyen los fiadores. Asimismo y en el mismo sentido informativo, en la cláusula 6º del contrato de prenda agregado en los autos: “WV S:A: C/ Recalde Ruita Leonora s/ ejecución prendaria”, se conviene expresamente que: “…si el deudor realiza pagos a través de entidades financieras u otros terceros, el acreedor se reserva el derecho de aceptar el pago fuera de termino , pero sin renunciar por ello al cobro de los intereses y/o diferencias, que correspondieren. En consecuencia, de conformidad a lo acordado en este ítem entre las partes, cae por tierra la invocación del art. 624 que a modo de agravio articula improcedentemente la quejosa apelante.
Además, la accionante acompaña el comprobante de percepción R.121 ARBA y el título del automotor, como elementos probatorios documentales, de donde consta que el referido automotor se encuentra prendado.
Por otra parte, con referencia al secuestro del automotor prendado (art. 221 y su conc. del art. 558 del Cód. Proc.), ordenado por el Sr. Juez de Lomas de Zamora en la ejecución prendaria mencionada, dicha manda judicial decretada por el juez de la causa, lo es sin necesidad de anoticiamiento previo a ese efecto, de conformidad a la cláusula 7ª del contrato de prenda; sin perjuicio de que es una medida cautelar conservatoria que, por su naturaleza jurídica, no se impone obligación legal alguna de su notificación previa.
Dentro del mismo orden de ideas, obran glosadas en este expediente sobre daños y perjuicios, las siguientes pruebas documentales, que en su oportunidad brindaron información detallada a la actora sobre la operatoria o negocio jurídico de consumo objeto de autos, a saber: 1º) solicitud de adhesión, 2º) convenio de cesión de derechos; 3º) anexo de diferimiento de alícuota, 4º) cuotas bonificadas, 5º) respuesta al pedido de informes que dice: “…se acompaña copia certificada y legalizada de solicitud de adhesión y anexos suscrita por Recalde Rita Leonarda y la cesión correspondiente al plan grupo 1543 orden 168 (todo ello corre desde fs. 89/129 de autos). De este modo compruebo que queda demostrado, de todas las constancias de autos, entre ellas las pruebas documentales incorporadas por la propia actora, que surge que el proveedor suministró al consumidor en forma cierta y detallada todo lo relacionado con las características esenciales del bien y las condiciones de su comercialización y que se encontrarían protegidos los intereses del consumidor, recibiendo el mismo una información adecuada y veraz; tuvo libertad de elección y se le brindó un trato equitativo y digno (art. 38 da la Const. Pcia. de Bs. As., art. 42 de la C. N. y art. 4 de la L.D.C.). En suma, el consumidor no probó un trato indigno, ni inequitativo, ni discriminatorio.
Tampoco considero que el presente “sub-judice” sea un caso dudoso, en el cual deba fallarse a favor del consumidor, por cuanto se demuestra a lo largo del presente voto, todo lo contrario, a ello.
5. Estado de mora. Desidia de la actora. La solicitud de adhesión al plan de ahorro. El contrato de prenda con registro Con la solicitud de adhesión nro. WV 00932845 se acredita que la adquisición del automotor VW gol Power se instrumentó en un contrato de prenda con registro, constituyéndose sobre el mismo una prenda como garantía del cumplimiento de la obligación principal de pago de las cuotas mensuales asumidas por la adquirente del rodado, de acuerdo a la ley 12.962 de prenda con registro. Que en dicha solicitud de adhesión a fs. 2 y ss., se acredita que en su art. 9, bajo el sub-título: Deudas prendarias” se pactó que: “….Las cuotas de amortización deberán hacerse efectivas entre el 1º y al 10º de cada mes. La falta de pago de una cuota o su ingreso en condiciones distintas a las establecidas en estas condiciones generales, facultará a la sociedad administradora a considerar caducos los plazos otorgados, haciéndose exigible el total adeudado” y que el art. 3º de la mentada solicitud reza: “Constituido el grupo de adherentes deberán abonar las cuotas mensuales y consecutivas del plan elegido del uno al diez de cada mes. Los pagos deberán hacerse efectivos en la institución bancaria o domicilio de los representantes autorizados que la sociedad administradora expresamente indique al adherente y mediante el uso de los cupones o formularios que la misma le entregará en cada caso. La falta del copón de pago y/o la falencia de cualquier otro sistema que la misma establezca para efectuar el pago no atribuible a la Sociedad Administradora, no exime al adherente o adjudicatario de su obligación de efectuar el pago en tiempo y forma (ver fs. 2 vta.).
Ahora bien, con referencia a la entrega de los cupones de pago por parte de la demandada, se presume “pro-homine” (art. 163 inc. 5º del Cód. Proc.) que los mismos fueron entregados y recibidos por la actora, toda vez que dichos instrumentos fueron ofrecidos y acompañados por ella al proponer la demanda y corren glosados desde fs. 5 a 9, desde fs. 21 26, y desde fs. 31 a 35.
Que está debidamente acreditado el estado de mora de la actora por su incumplimiento en termino (pagó fuera del plazo acordado) las cuotas mensuales convenidas, producido en fecha: abril de año 2.014, de conformidad al art. 509 del Código Civil, habiéndose producido las misma en forma automática y de pleno derecho por así estar convenido, dándosele por caducados los plazos acordados y siendo ejecutable la totalidad de lo adeudado. En tal sentido jurídico, la perito contadora dictaminó que los libros contables de la demandada son llevados en legal forma. Además, informó que: “En el mes de mayo se pagaron de cuotas de abril y mayo juntas y fuera de término”. Se aclara que se refiere al año 2.014. Y luego agregó: “…que a partir de allí no se registraba ningún otro pago. Asimismo, aporta un cuadro gráfico elaborado por la experta, en el que describe el detalle de los pagos realizados en término y fuera del plazo convenido. Su dictamen originario consta en el escrito de fecha 18/2/19 y las explicaciones brindadas por la misma con su escrito presentado en fecha 5/3/21. Según la experticia quedaron 21 cuotas abonadas, 16 cuotas licitadas y resultando impagas 47 cuotas mensuales.
Sin perjuicio de que pagó dos cuotas fuera del plazo acordado, me refiero a las cuotas mensuales de abril y mayo del año 2.014, la actora dejó de abonar las cuotas mensuales posteriores, cuya obligación principal de sufragar sumas de dinero estaba a su cargo cumplir debidamente; se produce la mora a partir del mes de abril del año 2.014, todo ello sobre la base del dictamen pericial contable realizado en autos de referencia y en estudio a los efectos probatorios (arts. 375, 384, 472 y 747 del Cód. Proc), cuyo dictamen y las explicaciones brindadas por la experta contable los declaro con validez y fuerza probatoria, toda vez que resultan convincentes, en virtud de que la experta lo fundamento en las reglas de la lógica y técnicamente sobre los libros contables mencionados por la misma y que son llevados en legal forma y sus conclusiones merecen ser consideradas por este juzgador bajo las reglas de la sana critica.
En síntesis, quedó la actora constituida en mora de pleno derecho, de conformidad al art. 5º del contrato de prenda, en el cual las partes han convenido que la mora se producirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial en los siguientes casos: si el deudor no paga con puntualidad cualquier cuota y/o los ajustes correspondientes (…). En cualquiera de los casos precedentemente consignados o por omisión de las obligaciones que toma a su cargo el deudor, “CADUCARÁN LOS PLAZOS DE LAS CUOTAS ESTIPULADAS AÚIN NO VENCIDAS Y EL PLAZO FIJADO COMO VENCIMEINTO DE ESTE CONTRATO, HACIENDOSE INMEEDIATAMENTE EXIGIBLE EL TOTAL ADEUDADO”.
Además “Obiter dicta”, dice la actora en su escrito de libelo de inicio de demanda que: “en el mes de abril de 2.014 también abonó en efectivo y ya en el mes de mayo no le permitieron abonar. Tal es así que la actora abono dos cuotas y no pudo abonar más”. Interpreto y así lo estimo que está reconociendo su estado de mora, pues al afirmar que no pudo pagar más, debería haberlo probado, constituyendo en mora al acreedor y promover una demanda de consignación judicial de sumas de dinero y en tal caso purgaría su estado de mora.
En tal sentido jurídico, calificada doctrina sobre la materia que nos ocupa, ha dicho que el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago, requiriendo que el objeto del pago reúna los requisitos de identidad, integridad (capital, intereses y accesorios, etc.), puntualidad (tiempo del pago), localización y lugar de pago (art. 509 y su nota y art. 510 del Cód. Civ.).
Tampoco la actora, que es deudora morosa, purgó su estado de mora consignando la prestación debida, con los accesorios devengados hasta el día de la consignación.
6. El secuestro judicial del automotor Con referencia al diligenciamiento de secuestro del automotor prendado, de dicho acto y de la ejecución prendaria surgen los datos del actor y los demandados, el objeto de juicio, el monto reclamado, el motivo o la causa que origina el secuestro judicial del rodado, y demás datos, por ello deduzco que la actora en este juicio y demandada en la ejecución prendaria, está debidamente informada, porque el oficial de justicia le hace entrega a la encartada de una copia del mandamiento de secuestro, a quien le da íntegra lectura del mandamiento, suscribiendo la misma dicho diligenciamiento. Frente al secuestro judicial del automotor, la accionante en este juicio y demandada en la ejecución prendaria, asumió un comportamiento y actitud pasiva (repárese que el rodado fue secuestrado en fecha 16/07/2015) de conformidad al diligenciamiento que consta agregado a fs. 43/44 de la ejecución prendaria, consintió dicha medida cautelar conservatoria, ordenada “in-audita parte”, pues no apealó la misma ni promovió incidente alguno de su levantamiento, ni se presentó espontáneamente en dicho juicio. En la A.V.G., dos de los testigos propuestos, relataron que la Sra. Recalde les había contado que le secuestraron el automóvil que había comprado y que no sabía el motivo de dicho secuestro.
Por otra parte, no probó la parte actora que hubiera cursado intimación alguna a la demandada de modo y forma fehaciente requiriéndole alguna cuestión (art. 375 del Cód. Proc. que impone la carga de la prueba a la actora).
Dentro de otro orden de ideas advierto, que la accionante en el escrito de inicio de demanda reconoce expresamente que la enviaron a hablar con un abogado de la accionada. En otro parte reconoce también que habrían enviado la carpeta a la Central de Volkswagen y que sin aviso previo le secuestraron judicialmente el automotor. Como ya se dijo no corresponde jurídicamente avisar previamente que se peticionó y ordenó el secuestro, toda vez que es una medida conservatoria dictada por un juez competente. Todo ello demuestra, que es de presumir (art. 163 inc. 5º del Cód. Proc.) - considerando en especial el trámite del secuestro-, que la actora toma conocimiento de la existencia de la ejecución prendaria a partir de dicho diligenciamiento. De este modo, se vislumbra y visualiza un actuar reñido con la buena fe, que exigen las relaciones contractuales, prevista en la norma legal del (art. 1.198 del Cód. Civ.).
En consecuencia, por todo lo considerado precedentemente, queda demostrado que era de prever y presumir por parte de la actora, que le iniciarían una ejecución prendaria (arts. 1.198 del Cód. Civ., el cual estatuye que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obrando las partes con cuidado y previsión, y art. 163 inc. 5º del Cód. Proc.).
7. Solución y resolución de otros agravios Continuando con la resolución de los agravios expuestos por la apelante actora y referente al tema de que la cuota del mes de diciembre de 2.013, se encuentra abonada en término imputando a la demandada un obrar de mala fe, estimo que ello queda desvirtuado y descalificado, por cuanto de la certificación contable (de fecha 9 de abril de 2.015) requerida por la ley 21.309 art. 4º, obrante en el juicio de ejecución prendaria citado precedentemente, se desprende tácitamente que la cuota correspondiente al mes de diciembre de 2.013 se encuentra abonada, pues informa deuda desde otro periodo. Es decir, que no se alude a deuda alguna correspondiente a la cuota del mes de diciembre de 2.013. Ello corroborado con la pericia contable que informa que fue pagada en término el día 5/12/13.
Por otra parte, con respecto al agravio invocado por la apelante, en el sentido de que el último pago extingue a los anteriores (art. 899 inc. b, del C. C. y C.), dicho argumento deviene abstracto, en razón de que por parte de la acreedora prendaria no ha formulado reclamo alguno de cuotas correspondientes a meses anteriores a la fecha en que la deudora quedó constituida en mora de pleno derecho. Además, y sin perjuicio de lo expuesto, se pactó en el contrato de prenda en su art. 6º que: “… Si el deudor realiza pagos a través de entidades financieras u otros terceros, el acreedor se reserva el derecho de aceptar el pago de las cuotas fuera de término, pero sin renunciar por ello al cobro de los intereses y/o diferencias que correspondieren”. De allí, que resulta improcedente la invocación del art. 624 del Cod. Civ, expresado a modo de agravio.
8. ¿Hubo abuso de derecho? El secuestro del automotor Que analizada y puesta a nuestra consideración la invocación por parte de la actora, de que la demandada al solicitar el secuestro judicial del automotor y obtener dicha orden, ha incurrido en una conducta abusiva de sus derechos por su posición dominante, no encuentro por parte de esta última, que la misma haya ejercido sus derechos en forma y modo abusivo, pues su obrar ha sido dentro del marco de la ley, y ejerció su derecho propio de manera regular, no constituyendo como ilícito ningún acto (art. 1.071 del Cód. Civ.), el pedido y acogimiento favorable del decreto judicial de secuestro del rodado prendado.
Referente al ítem invocado por la quejosa de que se trató de un secuestro prendario, la orden impartida por el Juzgado Civil y Comercial de Lomas de Zamora, ello constituye un desacierto jurídico por parte de la actora, pues dicho secuestro judicial del automotor prendado, fue ordenado dentro de un marco legal de una ejecución prendaria en la que se dispuso en fecha 18 de junio de 2.015, librar mandamiento de ejecución y embargo contra el ejecutado por la suma reclamada de $93.665,62 con más la de $23.416,40 que se presuponen prima facie para responder a intereses, costas y costas de la ejecución, citándoselo de remate a cuyo efecto se le notifica que si no opone excepciones en el término de tres días perentorios se mandará llevar adelante la ejecución y se ordenará la venta de la prenda (arts. 26 y 29 del Decreto-ley 15.348 ratificado por ley 12.962)”.
Este caso no se trata de un secuestro prendario del art. 39 del dec.- ley 15.348//46, texto según decreto-ley 68/10/63, art. 5 inc., a, que faculta a proceder a la venta extrajudicial de los objetos prendados, interviniendo la justicia para llevar a cabo el secuestro y entrega del bien al acreedor. En la ejecución prendaria –que es objeto de estudio en el presente voto- el secuestro no tiene carácter preventivo, sino ejecutivo y no es necesario acreditar los requisitos comunes en las medidas cautelares (verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora ni dar contra cautela). Ocurre así, siempre que el secuestro se efectivice sobre un bien determinado sujeto a una garantía real (Fenochietto-Arazi, Cód.
Proc. Civ. y Com., anotado, Ed. Astrea, Bs. As., año 1987, Tº pág. 721). Finalmente dispone el art. 221 el Cód. Proc. Civ. y Com., en su parte pertinente que procederá el secuestro siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar (en nuestro caso el contrato de prenda con registro y la certificación de la deuda realizada por contador público), toda vez que es indispensable proveer a la guarda o conservación de la cosa para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El automotor prendado está sujeto a los riesgos propios de un elemento mecánico riesgoso (rige art. 221) procediendo al secuestro como medio de provocar la guarda o conservación que asegure el resultado –como se dijodel pronunciamiento judicial definitivo.
La ejecución del contrato de prenda del automotor con registro se perfecciona –en el supuesto de incumplimiento del pago de las cuotas convenidas a cargo del deudor- al operarse su secuestro, depósito, sentencia, subasta judicial y cobro del crédito adeudado con el producido de la subasta, acto jurisdiccional y actos jurídicos, -estos tres últimos enunciados- y que no se han consumado en la mentada ejecución prendaria.
9. Requisitos o elementos de la responsabilidad civil Finalmente, la parte actora no ha acreditado los cuatro extremos legales, requeridos como elementos o requisitos de la responsabilidad civil, a saber: a) El daño, cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico y para su procedencia debe existir un perjuicio directo o indirecto y el daño debe ser actual o futuro, cierto y subsistente en el momento de dictar la sentencia.; b) La antijuridicidad, como cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. O también la violación de todo el ordenamiento jurídico en sentido material; c) La relación o nexo de causalidad adecuada existente entre el hecho o incumplimiento contractual y/o legal productor del daño, que acostumbran a suceder según el curso natural u ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez. La carga de la prueba de este requisito, le incumbe a la actora que lo alega. De este modo –este extremo legal- tiene las siguientes características: 1.- Es “in-abstracto”, porque el juez no se encuentra presente en el momento en que se produce el hecho, 2.- Es “ex-post facto”; 3.- Es probabilístico: 4.- Es empírico. Además, a los efectos de acreditar este requisito legal de la responsabilidad el Juez debe retrotraerse mentalmente al lugar o teatro o escena de los hechos y se pregunta: ¿Está acreditada la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el resultado daño?, la respuesta es que NO, porque concomitante a ello analizó y consideró todos los medios probatorios producidos en autos. d) El factor de atribución de responsabilidad y la carga de probarlo le incumbe a la actora, que es quien lo alega, conforme a lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina.
En suma, y en atención al modo y forma en cómo se resuelve el presente caso sometido a la jurisdicción de esta Alzada, resultan inoficiosos considerar y tratar el resto de los agravios expuestos por la actora. De esta manera, atento a la normativa, doctrina y demás fundamentos expuestos a lo largo de la presente, concluyo que corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis; lo que así dejo propuesto a mis distinguidos colegas de Sala. 10) Las costas de Primera y Segunda Instancia Por último, atento la forma en que se propicia resolver la presente, propongo imponer las costas generadas en ambas Instancias a la apelante perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y el Doctor Perez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE RECHACE el pedido de deserción del recurso de la parte actora.
2. SE CONFIRME la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas Instancias a la apelante perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 CPCC). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Perez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1°)
RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de la parte actora. 2°) CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. 3°) IMPONER las costas generadas en ambas Instancias a la apelante perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 CPCC). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, pasen los autos a despacho para el tratamiento del recurso de los honorarios.
Fin de la sentencia