Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 46.136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) elevar el rubro daño físico a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($11.520.000,00); b)
Elevar el rubro daño físico a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL ($8.025.000,00);
C) hacer lugar al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($5.760.000,00); d) hacer lugar al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS ($4.012.500,00); e) disponer que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada. f) declarar de oficio la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado; g) FIJAR para aquellos rubros que no han sido apelados o que se han confirmado (pues se retrotraen todos sus efectos) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se estiman los …
LM - 46136 - 2017 - IBAÑEZ SILVIA ELIZABETH Y OTRO/A C/ STERLE ALEJANDRO JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "IBAÑEZ SILVIA ELIZABETH Y OTRO/A C/ STERLE ALEJANDRO JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
JUZ. CIV. Y COM. N°8
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “IBAÑEZ SILVIA ELIZABETH Y OTRO/A C/ STERLE ALEJANDRO JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” LM- 46136-2017 habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - PEREZ CATELLA - POSCA - resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 13/05/2024 la sentenciante de grado resolvió: “Hago lugar parcialmente a la demanda incoada en favor de la Sra. Ibáñez Silvia Elizabeth y Bogado María Josefina debiendo el demandado Esterle Alejandro José, en carácter de conductor, Predial constructora S.A en su calidad de titular del vehículo y en su calidad de citada en garantía, ZURICH ARGNETINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en los términos del art. 118 de la Ley 17418, abonarle la suma total de pesos seis millones doscientos cincuenta mil ($ 6.250.000.-) para la Sra. Ibáñez Silvia Elizabeth y Pesos cuatro millones cincuenta mil ($4.050.000) para Sra. Bogado María Josefina con más los intereses establecidos en el Considerandos V, VI, VII y VIII, dentro de los diez (10) días de notificada la presente. Segundo: Imponer las costas a los accionados vencidos (art. 68 C.P.C.C.).Tercero: Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista por los arts. 23 y 51 de la ley 14.967)”.
Contra dicha forma de resolver, el día 14/05/2024 apeló la parte actora, recurso que fuera concedido libremente con fecha 15/05/2024. Con fecha 20/05/2024 apeló la citada en garantía y en igual fecha el demandado Alejandro Sterle. Finalmente, el día 22/05/2024 apeló también la parte accionada Predial Constructora S.A. Es así que el día 30/05/2024 se dictó aclaratoria de la sentencia –conforme fuera peticionado por la aseguradoray se concedió libremente el resto de los recursos interpuestos.
Radicadas las actuaciones ante esta instancia, el día 06/11/2024 se llamó a expresar agravios a todas las partes, quienes cumplieran con dicha carga procesal el día 13/11/2024 (actora), 15/11/2024 (citada en garantía), 19/11/2025 (demandada Predial Constructora S.A.) y 28/11/2024 (demandado Sterle).
Habiéndose dado por presentadas en legal tiempo y forma las expresiones de agravios, conforme despachos de fecha 27/11/2024 y 11/12/2024, se corrió traslado, el cual fuera contestado con fecha 17/12/2024 (actora) y con fecha 23/12/2024 (citada), dándose por decaído el derecho al resto de las partes –véase informe de secretaria y proveído de fechas 27/12/2024 y 07/02/2025-. El día 26/02/2025 se corrió vista a la Fiscalía de Cámara Departamental, quien contestara conforme presentación de fecha 03/04/2025.
Finalmente, el día 07/05/2025 se llamó autos para sentencia y posteriormente se practicó el sorteo de orden de estudio.
II. Fundamentación de los agravios de la parte actora De la lectura de la pieza presentada, se advierte que las accionantes han cuestionado:
“1º) En primer término causa agravio a mis mandantes -Silvia Elizabeth Ibáñez y María Josefina Bogado- la sentencia de Primera Instancia en punto a la sumas de $ 5.600.000 y $ 3.850.000 que les fueran otorgadas respectivamente por la Sra. Juez de Grado como indemnización de la “Daño físico e incapacidad sobreviniente” (Considerando VI.a), guarismos que representan (…) valores escasos, producto de una evaluación ineficiente y una cuantificación insuficiente que no respetan el principio de reparación integral o plena (art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación)”. Que “La insuficiencia de los montos otorgados, dada la forma en que lo expresa la Juez de Grado en la sentencia, se evidencia a partir de la inconsistente ponderación que realiza del menoscabo físico verificado en las actoras, sin atender a la incidencia en la persona de las víctimas conforme sus circunstancias particulares que ni insinúa haber considerado, y sin recurrir -para su cuantificación- a los resultados orientadores que le hubieran podido proveer alguna de las fórmulas polinómicas de uso común y habitual en el fuero que le permitieran cumplir con el estándar mínimo del art. 1746 del CCCN, no resultando por lo demás lo así decidido tampoco adecuado a las indemnizaciones otorgadas en precedentes jurisprudenciales sobre casos análogos, considerando valores constantes (no nominales), en punto a la reparación de las incapacidades físicas sobrevinientes verificadas pericialmente”.
Que “Tal mecanismo de ponderación -como lo adelantara- no ha sido aplicado por la Sra. Juez de Grado al decidir como lo ha hecho, toda vez que, aún cuando relaciona en el texto del decisorio las lesiones y las incapacidades verificadas pericialmente, ningún otro factor es objeto de ponderación, ausencia de toda elaboración en el ejercicio valorativo del daño que se ve reflejada en la escasez de los resarcimientos que finalmente otorga para las reparaciones que nos ocupan y que se aprecian como insuficientes conforme lo antes dicho, ausencia de suficiente consideración que constituye uno de los errores de su sentencia”.
Que “Al momento de evaluar y cuantificar los daños, en fallos recaídos en procesos análogos al presente, V.E. habitualmente ha tomado expresamente en cuenta los siguientes aspectos: 1) la edad de la víctima al momento del hecho, el estado civil o de convivencia, la composición de la familia, la actividad laboral, y los haberes mensuales; 2) la expectativa de vida promedio; 3) la expectativa laboral hasta la edad de jubilación; 4) las dificultades de inserción laboral frente a hipotéticos nuevos empleos; 5) las repercusiones del daño en las diferentes facetas de su vida de relación; 6) las consecuencias incluso luego de la edad jubilatoria y su adecuación a las circunstancias del caso, y 7) los porcentajes de incapacidad psicofísica”. Que “En el proceso de autos, ha quedado probado que las víctimas al momento del hecho resultan: # Silvia Elizabeth Ibañez, que contaba con 38 años al momento del accidente, casada, con dos hijos adolescentes, ocupada en ventas, habiéndose probado pericialmente que como consecuencia de las lesiones recibidas en el hecho dañoso presenta una incapacidad física parcial y permanente del 15,36 % calculada según el método de la capacidad restante y secundaria a las siguientes secuelas: 1) Cervicobraquialgia... (8 %), 2) Lumbalgia... (8 %). (ver. Pericia médico traumatológica de fecha 02/11/2022 elaborada por el Dr. Emiliano Javier Cozzi y Pericia psicológica presentada por la Lic. Elizabeth Andrea Bonifazi fecha 03/07/2022). Maria Josefina Bogado, que contaba con 69 años al momento del accidente, jubilada, habiéndose probado pericialmente que como consecuencia de las lesiones recibidas en el hecho dañoso presenta una incapacidad física parcial y permanente del 10,7% calculada según el método de la capacidad restante y secundaria a las siguientes secuelas: 1) Cervicalgia... (5% de un 10% total concausal con patología degenerativa ajena al evento dañoso), 2) Lumbalgia... (6% de un 12% total concausal con patología degenerativa ajena al evento dañoso).- (ver. Pericia médico traumatológica de fecha 02/11/2022 elaborada por el Dr. Emiliano Javier Cozzi)”.
Que “Resulta evidente entonces que, en ambos casos, todos los extremos probados, de haberse atendido y conjugado debidamente con la consideración de los precedentes jurisprudenciales análogos y relativamente contemporáneos en la materia, con especial atención a la grave situación económica imperante, hubieran permitido asignar para la reparación de las incapacidades psicofísicas verificada sumas sensiblemente superiores”.
En suma, luego de citar jurisprudencia que entienden respaldatoria, solicitan se eleve el rubro en cuestión.
Que “2°) Seguidamente causa agravio a mis mandantes -Silvia Elizabeth Ibañez y Maria Josefina Bogado- la sentencia de Primera Instancia en punto a que decide rechazar la indemnización pretendida en la demanda por «Daño Moral» como consecuencia directa del hecho dañoso del que resultaron víctimas, ello por considerar -erróneamente decimos- que no existe mella en la esfera espiritual de las reclamantes al no verificarse en su persona daño psíquico o psicológico de acuerdo a lo que se informa en la pericia psicológica efectuada por la Licenciada Bonifazi. Lo decidido por la Sra. Juez de Grado es erróneo, ello así porque el daño moral (hoy caracterizado como consecuencias no patrimoniales) tiene una etiología muy distinta del daño psíquico o psicológico”.
Que “El daño psíquico o psicológico es una afectación en la salud mental o en la estructura psíquica de la persona, que puede derivarse de un hecho traumático que tiene una manifestación clínica o patológica, ya que implica un trastorno mental o psicológico diagnosticable y que puede requerir tratamiento médico o psicológico y que por ello afecta la integridad material de la víctima del hecho dañoso lo que le confiere contenido patrimonial. El daño moral es el sufrimiento o padecimiento íntimo que una persona experimenta debido a un hecho lesivo. Se relaciona con el dolor, la angustia, la tristeza o los padecimientos de la persona. No tiene contenido patrimonial, es inmaterial, se enfoca en el impacto subjetivo que el evento dañoso tiene sobre el espíritu de la víctima, y en el caso de hechos ilícitos se presume y no requiere una prueba concreta, ya que se admite que dichos eventos -por su propia naturaleza- son generadores de angustia y padecimientos que perjudican los sentimientos de una persona”.
Que “en la determinación de éste rubro juegan un papel muy importante las máximas de experiencia que deben aplicar los jueces al otorgarlo, donde no deben perder de vista para ello que el daño moral tiene el mismo carácter resarcitorio que la indemnización del material y que no requiere prueba específica alguna, ya que se debe tenerlo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica -daño "in re ipsa"-, siendo a los responsables del hecho a quienes incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya o enerve la posibilidad de un daño de este tipo (art. 1742 del CCCN.)”.
Por ello, luego de citar jurisprudencia, solicitan se haga lugar al rubro consecuencias no patrimoniales.
Por otra parte, las accionantes expusieron: “también causa agravio a las accionantes -Silvia Elizabeth Ibañez y Maria Josefina Bogadolo dispuesto por la Sra. Juez de Grado en el Considerando VII. «Extensión de la condena» en cuanto a que la condena se extiende a la citada en garantía Zurich Argentina compañía de Seguros Sociedad Anónima en los términos y medida de su contratación (art.118, ley 17.418) sin establecer a la par la adecuación de la garantía a los parámetros reales que permitan enervar el efecto de la inflación en la descomposición de la nominalidad de la moneda y su poder adquisitivo, resultando así lo decidido estéril y ello es motivo de ésta crítica”.
Que “Por ello, es erróneo disponer que la garantía responda al límite de cobertura vigente a la época de la formalización de la póliza. Lo correcto es, -como lo ha decidido la Suprema Corte- disponer que la garantía mínima a considerar sea la que establezca la normativa emanada de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) vigente -al menos- a la fecha de la sentencia”.
Solicitando “que se recepte el agravio y se modifique la sentencia de Primera Instancia en cuanto al momento al cual se debe considerar el valor de la garantía mínima obligatoria correspondiente al límite de cobertura estableciendo que la aseguradora responderá en los términos de la cobertura concretada (art. 118 ley 17.418), pero aclarando que el límite de cobertura ha de computarse según la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha del efectivo pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada”.
Finalmente, expusieron que “causa agravio a las accionantes - Silvia Elizabeth Ibáñez y María Josefina Bogado- lo dispuesto por la Sra. Juez de Grado en el Considerando VIII y su aclaratoria en cuanto decide sobre los intereses de condena sin decidir sobre algún mecanismo que permita evitar o morigerar la incidencia negativa que la inevitable «desvalorización monetaria» en curso en nuestro país tendrá sobre el valor del capital de condena hasta su efectivo pago, ello habida cuenta de que inevitablemente dicho valor termina –atado- a la nominalidad del dinero”.
Que “Si bien la Juez de Grado en el decisorio no deja aclarado que las indemnizaciones han sido estimadas a valores actuales, de todos modos, es posible inferir que así lo hace habida cuenta de hacer referencia al art. 772 del CCCN al tratar la indemnización del daño físico y la incapacidad sobreviniente, ello además de la forma en que dispone el cómputo de intereses fijando la tasa pura del 6% desde el hecho y hasta ese momento, y luego de la sentencia la Tasa Pasiva más Alta que paga el Banco Provincia a 30 días, esquema que demuestra que las indemnizaciones que se fijan son deudas de valor y que con ello se cumple con la exigencia legal de realizar la evaluación de la deuda en el momento de la sentencia o en el momento más cercano posible”.
Que “Sin embargo, a la par, nada dice la Sentenciante sobre la desvalorización monetaria, ni establece un mecanismo para proteger el capital determinado de la depreciación que se produzca entre el momento de la determinación dineraria del valor actual (sentencia) y su pago efectivo y ello es un error de la sentencia”.
En consecuencia, luego de citar el fallo de la Suprema Corte en la Causa C. 124.096 "Barrios, Héctor Francisco y Otra Contra Lascano, Sandra Beatriz y Otra. Daños y Perjuicios, requirió: se admita “el tratamiento de la cuestión alegada, y con fundamento y aplicación de la Doctrina Legal antes referida declare la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la Ley 23.928, según Ley 25.561 y su inaplicabilidad al presente caso, estableciendo para el capital de condena conformado por los rubros indemnizatorios reconocidos en la causa un mecanismo de actualización, indexación o repotenciación que estime corresponda aplicar desde la fecha de la evaluación del daño y hasta el efectivo pago, ello con más la tasa de los intereses puros del 6% que responden al fruto civil del capital”.
III. Fundamentación de la citada en garantía De la lectura de la expresión de agravios de la citada en garantía ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., se advierte que ha cuestionado el monto otorgado en concepto de incapacidad física. En efecto, ha manifestado que las “La jueza de 1º instancia ha resuelto hacer lugar a la demanda interpuesta por las accionantes y ha fijado la suma de $ 5.600.000 (pesos cinco millones seiscientos mil) a favor de la Sra. Ibáñez y la suma de $ 3.850.000 (pesos tres millones ochocientos cincuenta mil) a favor de la Sra. Bogado, como indemnizaciones por daño físico - incapacidad sobreviniente. Esta parte se agravia de los montos otorgados por considerarlos elevados e injustificados y solicita que se reduzcan sustancialmente, en base a los fundamentos que paso a exponer. Resulta claro que la incapacidad resultante de lesiones provocadas por un hecho ilícito debe resarcirse, siempre y cuando las secuelas que de aquellos se derivan incidan y afecten la persona de la víctima. Y no parece tal axioma respetado en el fallo en crisis. Se evidencia en autos una errónea traducción dineraria de este axioma, la que se presenta a todas luces más que exagerada, en atención a las consideraciones a desarrollar en los párrafos que siguen”.
Que “Si bien se puede suponer que ha sido el propósito del decisorio atacado lograr una reparación integral de los daños y perjuicios, lo cierto es que carece de los fundamentos que llevaron a otorgar a la sentenciante de grado tan exorbitantes sumas de dinero. Al analizar el rubro de incapacidad física, la jueza transcribe parte de las conclusiones del perito médico. No obstante, no brinda las pautas que entiende que corresponde considerar al cuantificar las indemnizaciones. De la sentencia en crisis, no surgen pautas claras que permitan entender cómo ha arribado a los montos otorgados. Menos aún, que los justifique”.
Que “Esta parte entiende que el quantum indemnizatorio debería considerar la aptitud de los sujetos y su situación laboral. Los montos otorgados en el decisorio aparecen como expresión desacertada de los elementos objetivos rendidos en autos. Admitir tales guarismos, habida cuenta de lo manifestado, sería consentir un enriquecimiento incausado, una traslación patrimonial sin causa jurídica”.
En suma, solicita se reduzcan los montos otorgados por dicho concepto.
IV. Fundamentación de la parte demandada De la lectura de la expresión de agravios de “PREDIAL CONSTRUCTORA S.A.” y adherido por el codemandado Sterle Alejandro José se advierte que han cuestionado:
La responsabilidad: que “a) En primer término, debe insistirse en cuanto fuera materia de responde de traslado de demanda, tanto por esta parte cuanto por el Sr. Sterle, en cuanto a que la circulación del mismo se produjo de manera reglamentaria y manteniendo los cuidados y prevenciones habituaras. Esta parte considera que no existe evidencia plena del acierto de los dichos de la demandante en cuanto a cual vehículo produjo la invasión a mano contraria. Más allá de las dudas que ofrece el dictamen pericial mecánico en función a la falta de elementos contundentes que permitan aseverar cual es el vehículo que ha invadido el carril contrario, queda claro del mismo informe que el impacto se produjo a baja velocidad y como tal, mal pudo producir la magnitud de daños que hoy es reclamada y por la cual se condenó a esta parte”.
Por otra parte, respecto a la incapacidad física expusieron:
“Se rechaza el concepto preventivo o cuasi educativo que pretende la sentencia asignar a los montos indemnizatorios. Los mismos solo pueden considerar los daños efectivamente producidos y no más que eso. Existe en tal sentido una errada interpretación de cuanto norma el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación. Desde tal aspecto, el monto de condena por tal concepto ($ 5.600.000 para la demandante Ibáñez y $ 3.850.000 para la demandante Bogado) resulta exagerado e improcedente, debiendo adecuarse, en caso de confirmarse en lo principal la condena, a montos acorde a derecho”.
Que “Debe dejarse sin efecto el rubro atinente a privación de uso. No se encuentra acreditada en forma concreta el perjuicio sufrido por tal privación ni la determinación de su monto, el cual fue en definitiva fijado de manera arbitraria en la sentencia recurrida. No se cuenta con dato concreto del plazo por el cual se privó, ni cuáles son las necesidades concretas de su uso por las demandantes, ni aporta ningún dato que concretamente tornare procedente dicho rubro, el cual debe ser dejado sin efecto”.
Que “No se ha señalado de ninguna manera cual ha sido la pauta utilizada para fijar dicho concepto en la suma de $ 400.000. La ausencia total y absoluta de sustento jurídico para tal punto de la sentencia, que se encuentra fijado arbitrariamente, da por tierra con la validez de dicho punto como acto jurisdiccional válido”.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
V. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, sobre la base de un micro-sistema jurídico integrado con un macro-sistema legal (C. C. y C.)
El presente caso trata sobre un accidente de tránsito, cuyos protagonistas son la actora Ibáñez Silvia al comando de un automotor Chevrolet Celta yendo como acompañante la co-actora Bogado María Josefina, que circulaban por la Av. Dr. Illia de la localidad de San Justo y un vehículo Volkswagen Saveiro, propiedad de la co-demandada “Pedrial Constructora S.A.”, el cual se encontraba al mando del co-demandado Sterle Alejandro José.
Respecto a la mecánica del accidente, la parte actora, en lo medular, declaró que el coaccionado al invadir la mano contraria, es decir de contramano, colisiona de frente contra su vehículo –que lo hacía normal y en forma regular-, impidiendo e imposibilitando su libre circulación. Mientras que los accionados, en sus escritos de contestación de demanda, manifestaron que en realidad fue la actora quien invadió el carril de circulación. Por su parte, la señora juzgadora hizo lugar al reclamo, condenando a la parte demandada y citada en garantía, tras considerar que en la especie se habría acreditado la responsabilidad endilgada por las actoras. Dicha decisión, como he destacado, resultó apelada por los accionados.
En consecuencia, se encuentra reconocido la existencia del hecho, lugar y sujetos intervinientes, encontrándose controvertida la mecánica del accidente.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de La Nación, dispone en el capítulo destinado a tratar la responsabilidad civil, en su artículo 1757 que: “Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”.
Del mismo modo, en cuanto a la legitimación pasiva determina que: “Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”. (art. 1758). Como así también, en el artículo 1769 regula que: “Accidentes de tránsito. Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos”.
Es sabido que en el Código Civil –antes de la reforma 17711-
no existía la responsabilidad por riesgo, como así tampoco ningún supuesto de responsabilidad objetiva. Ello fue así por la sencilla razón de que la sola idea de que nazca la obligación de resarcir el daño ocasionado sin la intervención de una conducta subjetivamente reprochable era inimaginable. Muchos años después, el supuesto ahora regulado en los arts. 1757 y 1758 CCyC fue uno de los puntos más trascendentes de la reforma instaurada al ordenamiento civil anterior por la reforma del año 1968 (ley 17.711), que modificó el art. 1113 de dicho cuerpo legal, e incorporó la responsabilidad objetiva en el ámbito extracontractual. En particular, la del dueño o guardián de una cosa viciosa o riesgosa por los daños ocasionados por el accionar de aquella, quien únicamente se eximía acreditando la ruptura del nexo causal o la pérdida de la guarda de la cosa. Más allá de ello, en la misma disposición se preveía la responsabilidad por los daños ocasionados “con” la cosa, supuesto en el cual se presume la culpa del agente. Sin perjuicio de que este último régimen de responsabilidad fue muy raramente aplicado por la jurisprudencia, lo cierto es que la distinción entre el daño ocasionado por el vicio o riesgo de la cosa, o con la cosa, se mantuvo vigente hasta la actualidad. (“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores. Infojus).
El primer caso previsto en el art. 1757 CCyC presupone el accionar de una cosa riesgosa o viciosa en la producción del daño. Al respecto, cabe recordar que las cosas pueden ser riesgosas: a) por su propia naturaleza, esto es, cuando, conforme a su estado natural, constituyen un peligro potencial para terceros; b) cuando la cosa, que no es peligrosa o riesgosa por su naturaleza, ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. En este último caso quedan comprendidos distintos supuestos, por ejemplo, aquel en que el daño es causado por el funcionamiento particular de la cosa o cuando el peligro nace del estado en que se encuentra (fusil cargado), o de la posición en que se localiza (madera transportada en un camión que cae sobre un automóvil al que precede en la ruta). (Autores y ob. cit.)
En cuanto a las cosas viciosas, ellas son relevantes, a los fines previstos en la norma objeto de comentario, cuando, debido al defecto que presenta, la cosa tiene virtualidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgos para terceros. Es que el riesgo o contingencia del daño es la mera consecuencia o derivación del vicio propio de la cosa. Sobre el riesgo de la actividad, ella puede ser peligrosa por su naturaleza, es decir, con motivo de sus características intrínsecas o habituales, o por las circunstancias de su realización, es decir, por factores contingentes referidos a la manera de llevarlas a cabo. El primer supuesto se presenta, por ejemplo, por la explotación de la energía nuclear, que es siempre peligrosa, y susceptible de generar accidentes para terceros. En cuanto al segundo caso, se configura cuando existen factores contingentes referidos a la manera de llevar a cabo la actividad. Se trata de un riesgo accidental, que puede o no presentarse, según el caso. Se vincula con las circunstancias que son determinantes para la calificación riesgosa de la actividad desplegada, que se vinculan, principalmente, con los medios o elementos empleados para el despliegue de la actividad, que pueden y deben ser controlados por su titular. (Autores y ob.cit.)
Del mismo modo, el art. 1757 CCyC consagra dos supuestos de responsabilidad distintos, que generan efectos similares. En primer término, regula la responsabilidad por el daño ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas y; en segundo término, incluye en el mismo régimen el daño producido por las actividades peligrosas o riesgosas por su naturaleza. a) Responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa. La primera nota distintiva de la disposición en estudio es que elimina la categoría de daños causados “con” las cosas que, como ya lo hemos adelantado, se encontraba prácticamente vacía de contenido, pues era de muy esporádica utilización por la jurisprudencia. El art. 1757 CCyC centra su campo de aplicación, entonces, en aquellos supuestos en que el daño es ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas, es decir, los supuestos en que el perjuicio es producido por el hecho de la cosa, en los que esta interviene activamente en la producción del resultado.
Así las cosas, resulta de aplicación la disposición en comentario cuando el daño sea ocasionado por una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización engendra daños para terceros. Por otra parte, y como surge del artículo en comentario, la responsabilidad es, en estos casos, objetiva, es decir que la conducta subjetivamente reprochable del agente es irrelevante a los fines de imputarle responsabilidad. El factor de atribución aplicable es el riesgo. Por ende, para eximirse de responsabilidad el sindicado como responsable deberá acreditar la causa ajena, es decir, el hecho de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1722, 1729, 1730 y 1731 CCyC).
Partiendo de esa premisa, a la víctima le bastará con acreditar el contacto material entre el hecho de la cosa y el daño, para que surja la presunción de adecuación causal, es decir, que el accionar de la cosa viciosa o riesgosa fue la que, conforme el curso normal y ordinario de los acontecimientos, produjo el resultado. b) Los daños ocasionados por las actividades peligrosas. La disposición en análisis prevé también la responsabilidad objetiva por el daño ocasionado por las actividades riesgosas. Cabe recordar, sobre este último aspecto, que una actividad es riesgosa cuando, por su propia naturaleza o por las circunstancias de su realización, genera un riesgo o peligro para terceros. No es relevante la intervención de cosas en la realización de la actividad.
Con anterioridad a la reforma, estos supuestos eran considerados comprendidos en el supuesto previsto —por analogía— en el art. 1113, in fine, CC. En estos casos, quien realiza la actividad, se sirve u obtiene un provecho de ella (art. 1758 CCyC) debe resarcir el daño ocasionado (autores y ob. cits.).
Por otra parte, El art. 1757 CCyC dispone expresamente que la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad reputada riesgosa no funciona como una eximente del deber de responder. Este principio es fundamental pues, como es sabido, en general la utilización de cosas riesgosas por su naturaleza es admitida por el ordenamiento jurídico (por ejemplo, utilización de automotores). Por ende, la sola utilización de la cosa no es en sí mismo un hecho ilícito, pero se volverá tal cuando el accionar de esta última ocasione un daño a un tercero (art. 1717 CCyC). Lo mismo sucede en el caso de las actividades peligrosas, que muchas veces están autorizadas por la normativa aplicable. Tampoco podrá oponerse a la acción incoada por la víctima la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar la producción del daño. (Autores y ob. cit). Finalmente, en cuanto a la legitimación pasiva se consagra la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa viciosa o riesgosa, al igual de lo que ocurría en el art. 1113, párr. 2 in fine, CC. En cuanto al dueño de la cosa que ocasiona el daño, es aquel que ostenta la titularidad de dominio, en los términos del art. 1941 CCyC. Por ende, será dueño de una cosa mueble registrable quien cuente con la inscripción registral pertinente (art. 1892 CCyC), y en los casos de cosas muebles no registrables conforme a las reglas de la apropiación, establecidas en el art. 1947 CCyC (“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores. Infojus).(http://www.saij.gob.ar/docsf/codigocomentado/CCyC_Nacion_Come ntado_Tomo_IV.pdf).
De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos en estas circunstancias, en los que intervienen dos cosas riesgosas (dos automotores) se presenta como un microsistema jurídico regulado por la ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires Nro. 24.449 (vigente a la fecha del hecho) integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts.1719, 1724, 1729, 1733, 1749,1751, 1757, 1758, 1769 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. A mayor abundamiento, se aplica para el caso bajo examen la teoría de los riesgos recíprocos. Esta postura fue sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud, y su actualizador André Tunc. En la especie, la ley presume que los demandados son responsables de los daños que haya causado al vehiculo que conducía la parte actora y presume por otra parte, que la accionante es responsable de los daños que hipotéticamente habría causado al rodado de la parte demandada. En autos: “Sacaba de Larosa c/ Vilches” el Superior Tribunal Provincial aplica la tesis “de los riesgos recíprocos” en los casos de colisión entre automotores, fallo de la S.C.J.B.A., Pub. La Ley 1986-D-479, con nota de Félix Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial de la tesis de los “riesgos recíprocos” en la colisión de automotores”. Se refirió también respecto a este tema Atilio Anibal Alterini, comentando un fallo de la Corte Suprema Nacional, de diciembre 22 de 1987, caratulado: Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As., bajo el título: “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”, (pub. en La Ley 1988-D-297).
La Corte de Casación Francesa, tras las sentencias de las Cámaras reunidas del 13/02/1930 no se refiere ya a la presunción de culpa, sino a la presunción de responsabilidad (Mazeaud Henry, León, y su actualizador Tunc, Derecho Civil, T VII, página 262 parte segunda, traducción Alcala, Zamora y Castillo, Ed. Egea, Bs. As. 1960, cit. por Casielo Juan José, en presunciones de causalidad, La Ley T II, doctrinas esenciales, Trigo Represas, Félix, pág. 1034). Cabe acotar que Los hermanos Mazeaud y su actualizador Tunc, cuando hacen alusión a la aplicación de los riesgos recíprocos, comentan el caso de un supuesto accidente entre un automotor y una bicicleta. De lo que infiere que ambas cosas son riesgosas por si mismas y por su naturaleza Cuando en la producción del daño interviene activamente una cosa riesgosa son responsables su dueño y su guardián, salvo que demuestren la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista, que lo exima total o parcialmente de responsabilidad Por otra parte, la Ley de Tránsito 24.449 en su artículo 39 reglamenta que: “b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” y el artículo 64 regula que: “Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación”.
En consecuencia, siempre se exige el absoluto control del rodado, pues no puede eximirse de circular con precaución y pleno dominio del vehículo, circunstancia que no puede pasar por desapercibido por cualquier conductor, máxime cuando la atención del manejo debe ser acrecentada en las zonas de mayor circulación de vehículos y peatones. El artículo 45 de la Ley Nacional de Tránsito 24449 establece las normas para la circulación en vías multicarril, donde se debe circular por el carril derecho y utilizar los carriles intermedios para sobrepasos, advirtiendo previamente la intención de cambio de carril con las luces direccionales. Además, se prohíbe adelantar por la derecha, salvo en casos específicos como embotellamientos o cuando el vehículo de adelante indica un giro o detención a la izquierda.
El artículo 45 de la Ley 24449, en su inciso b), establece que se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de éste. En el inciso c), se indica que se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente, la intención de cambiar de carril. El inciso e) del mismo artículo, especifica que los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos. El inciso g) del artículo 45, establece que todo vehículo que haya sido advertido por otro que intente sobrepasarlo, debe desplazarse hacia el carril inmediato a la derecha.
Por otro lado, la reglamentación del artículo 42, inciso h), establece sanciones para quienes se adelanten por la derecha, a menos que la situación específica lo justifique, como en casos de embotellamiento o advertencia previa de giro o detención a la izquierda por parte del vehículo que precede.
En resumen, la ley prioriza la circulación por el carril derecho en vías multicarril, con la posibilidad de usar los carriles intermedios para adelantar, siempre y cuando se señalice correctamente la intención de cambio de carril y no se adelante por la derecha salvo en situaciones específicas justificadas.
En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas en que se basa la aplicación de la teoría de los riesgos recíprocos, serian -entre otras- las siguientes: a) la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y constituye un principio que ilumina este sistema de responsabilidad objetiva (arts. 1729, 1730, 1731, 1733,1734, 1736, 1757, 1758 del Cód. Civil y Comercial de la Nación.). b) pesan presunciones concurrentes de causalidad y/o de responsabilidad, contra cada dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, quien debe afrontar los daños causados a la otra cosa y/o a la persona humana, salvo que pruebe la existencia (total o parcial) de eximición de responsabilidad; c) Que las presunciones de responsabilidad o de causalidad no son contrarias entre sí; d) Que las eximentes legales de liberación total o parcial son la culpa, o el hecho o la responsabilidad de la propia víctima (art. 1.729 del CCCN) o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder (art. 1731) , el caso fortuito o la fuerza mayor ( art. 1730) y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa de su dueño o guardián. Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; e) La carga o el “onus probando” de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivo-deudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; f) la participación activa o pasiva de cada uno de los vehículos coprotagonistas en el hecho o accidente.
En relación a la prueba de las eximentes de responsabilidad el artículo 1734 del Código Civil y Comercial de la Nación sostiene: “Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.”. De modo tal que quien pretenda eximirse total o parcialmente de la responsabilidad deberá probar la existencia de un hecho de la víctima, de tercero por quien no deba responder o un caso fortuito. Sostiene Tanzi, que el carácter dispositivo del proceso civil queda evidenciado sobre la idea de la carga de la prueba. Tradicionalmente se sostenía que la carga probatoria se debía asentar en el rol que el sujeto asumiera en el juicio o en la índole afirmativa o negativa de su alegación. Al actor le incumbía la carga de probar los hechos invocados como causa de su pretensión mientras que el demandado tenía la carga de probar los hechos sobre los que reposaban sus defensas o excepciones. La carga de la prueba no es ningún derecho del adversario sino que constituye un imperativo legal que se constituye en el propio interés de la parte que afirma hechos controvertidos, es decir aquellos no admitidos; el titular de la carga asume en el proceso la tarea de demostrar la existencia de su pretensión. Por su parte, el artículo 1736 del Código Civil y Comercial de la Nación regula la prueba en materia de relación causal: “La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca”. Por ende, se traslada al demandado la prueba de quebrar el nexo de causalidad acreditando la presencia de cualquiera de las causales genéricas que el mismo ordenamiento regula (Lencina, M. La responsabilidad objetiva y sus eximentes (Parte II). Diario Civil y Obligaciones Nro. 231 - 14.07.2020). Sentada la doctrina y normativa que entiendo aplicable al caso de autos, corresponde preguntarse ¿Qué ha sucedido realmente en el teatro de los hechos? Para ello, corresponde observar las constancias de autos y elementos probatorios. Veamos.
En primer término, observo que se ha labrado con motivo del accidente una causa penal (IPP N° PP-05-00 040526-17/00 Imputado/s Ibáñez Silvia Elizabeth Sterle Alejandro José s/ Lesiones culposas art. 94 CP)
Dicha causa ha quedado incorpora como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” a este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones testimoniales, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso; por lo tanto y de conformidad a los arts. 979 inc. 2do, 980, 981, 993, 984 y 995 del Cód. Civ., y 375, 384, 385 y 456 del Cód. Proc, la declaro con validez y fuerza probatoria.
Por el principio de adquisición procesal, una vez producida la prueba, la misma es asumida para el proceso y sirve a la convicción o certeza del magistrado con prescindencia de los sujetos que la ofrecieron o produjeron. Las partes no pueden pretender que el juzgador al dictar su fallo prescinda de alguna de las pruebas si consintieron su agregación en el juicio. (SCBA LP A 74565 RSD-125-19 S 10/07/2019 “F. J. M. c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley. B5066194). “La incorporación de la investigación penal preparatoria ha sido introducida regularmente en el proceso, con motivo del ofrecimiento que hizo la propia parte actora, sin formular ninguna reserva sobre su contenido, ni oposición. Con lo cual, cualquier cuestión relacionada con la atendibilidad de esta probanza queda superada por la firmeza de la decisión judicial que dispuso su agregación”. (SCBA, fallo citado).
Así las cosas, e ingresando a su análisis, observo que de la instrucción penal digitalizada se habría labrado el acta de procedimiento por la autoridad policial. En efecto, de la misma se desprende lo siguiente: “en circunstancias que nos encontrábamos recorriendo la jurisdicción en prevención de ilícitos y faltas de todo tipo asiéndolo, a bordo a pie, encontrándonos sobre la arteria ARIETA de este medio, cuando somos alertados por varios transeúntes del lugar a que nos acercáramos a la intersección con la calle ARTURO ILLIA donde en el lugar se habría producido un accidente de tránsito (…) nos desplazamos al lugar citado, y allí observamos la presencia de dos vehículos colisionados, siendo uno de ellos un rodado marca CHEVROLET CELTA DE COLOR NEGRO, AÑO 2012 DOMINIO KTE-955 MOTOR N T7001899& CHASIS N° 9BGRP4850CO285202 y a su lado dos personas del sexo femenino, a las cuales procedemos a identificar como IBAÑEZ SILVIA ELIZABETH, argentina de 38 años de edad, casada instruida domiciliada en la calle Piares Nro. 349 de Liniers DNI Nro. 26.920.929, nacida el día 10 de Febrero del año 1979 la cual refirió ser chofer del rodado y estar lesionada, y a su lado identificamos a la Sra.
MARIA JOSEFINA BOGADO, paraguaya de 69 años de edad, casada, instruida, ama de casa domiciliada en la calle Berqamini Nro. 2330 de El Palomar, DNI Nro. 92.064.086 nacida el día 18 de Marzo del año 1948, la cual refirió ser la acompañante y estar lesionada. Que luego observarnos un rodado marca VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9SD DE COLOR BLANCO, AÑO 2007, DOMINIO GNY-308. MOTOR N° BGG032189, CHASIS N° 9BWED05W58P008532, ya su lado dos personas del sexo masculino a los cuales identificamos como STERLE ALEJANDRO JOSE, argentino de 51 años de edad. casado, instruido, electricista, domiciliado en la calle Álvarez Prado Nro. 4491 de Villa Tesei, DNI Nro. 17.602.672, nacido el día 31 de Marzo del año 1966 el cual resulto el chofer y estar lesionado, y también identificamos al Sr.
SUBELZA JOSE LUIS argentino de 54 años de edad, casado, instruido, empleado domicilildo en la calle Hipólito Yrigoven Nro. 3774 de San Justo, DNI Nro. 13.520.490, nacido el día 29 de Septiembre del año 1962, el cual manifestó ser el acompañante y no estar lesionado. Por lo que en este acto procedimos a solicitar una ambulancia en el lugar. Que siendo las 17:35 se hace presente ambulancia MEDIC Nro. 98 a cargo de la Dra. Molla Vizgarra M.N. 137747 M.P.334540, la cual asistió a los lesionados IBAÑEZ. BOGADO y STERLE y los traslado hasta el Policlínica de esta Ciudad. Que seguidamente procedemos a realizar una inspección ocular del lugar de los hechos, encontrándonos a unos DOSCIENTOS METROS aproximadamente del asiento de esta seccional tratándose de una zona densamente poblada conformada en su mayoría por viviendas particulares construidas en material de mampostería de una o más plantas y comercios.
Que la zona cuenta con todos los adelantos de la época actual y servicios que brinda la comuna a saber: gas natural, red cloacal, agua corriente, luz eléctrica, y red telefónica en la que predominan viviendas particulares, todas de una o más plantas construidas en material de mampostería compacta. Que encontrándonos en el lugar de los hechos siendo la arteria ARTURO ILLIA la misma, resulta ser asfaltada, de doble sentido de circulación con dos carriles por mano que van desde Capital a Provincia y viceversa, que es de transito muy frecuentes durante el día disminuyendo por la noche, con mayoría de líneas de transportes públicos, que la zona posee iluminación artificial, que en la cinta asfáltica no se observan frenadas bruscas por el degaste del asfalto, que la visibilidad es buena y las condiciones climáticas son lluviosas.
Que la calle ARIETA resulta ser asfaltada, y de un solo sentido de circulación con un carril por mano que va desde Provincias Unidas en dirección hacia Don Bosco. Seguidamente no habiendo otro diligencia que realizar en el lugar de los hechos procedemos a trasladar una de las partes involucradas e intervinientes al asiento de esta seccional, donde por razones de comodidad y elementos y prolijidad labramos la presente la cual es leída a viva voz y firma por la que en ella hemos intervenido.- COMISARIA NOROESTE DE SAN JUSTO, SEPTIEMBRE 09 DE 2017”- Del mismo modo, en dicha causa penal presta declaración testimonial Carolina Galarza quien luego de dar sus datos personales “argentina de 38 años de edad, casada, instruida, ama de casa domiciliada en la calle Orense Nro. 775 de El Palomar.
(…) nacida el 03 de Enero del año 1971- Quien refiere no tener vinculo de parentesco y de interés con las partes que le fueron puestos en conocimiento. (…) DECLARA: Que vive y se domicilia en el domicilio antes citado, que en relación al presente hecho, le misma manifiesta que el día 09 de septiembre siendo las 17:30 horas aproximadamente en circunstancias que se encontraba circulando a bordo de su vehículo particular, por la calle Arturo Illia en dirección hacia Ruta 4, cuando el llegar a la intersección con la calle Arieta de este medio, observo que un vehículo Volkswagen Saveiro de color blanco, el cual circulaba por la calle Arturo Illia en mismo sentido y dirección, se pasa de mano, a la mano contraria, en contramano, sobre el carril izquierdo que va en dirección hacia Ruta 4 y este impacto fuertemente e imprevistamente a un vehículo marca Chevrolet Celta de color negro el cual circulaba por esa mano en dirección hacia Ruta 4.
Que así producto de la fuerte colisión observo que una Señora que circulaba como acompañante en el vehículo Chevrolet Celta color negro, había perdido el conocimiento y resulto lesionada, la cual fuera trasladada en ambulancia. Que la dicente junto a otras personas que se encontraban en el lugar la asisten, y antes de retirarse le deja un papel con los datos por si la necesitaba como testigo. Que es todo, cuanto tiene para declarar, por lo que no siendo para más, lee, ratifica y firma al pie para constancia.-
LEANDRO G OSTROWSKY OFICIAL INSPECTOR”
Luego declara como testigo en dicha I. P. P, Silvia Castro, cuyos datos personales son “argentina de 41 años de edad casada, instruida, ama de casa domiciliada en la calle Oliden Nro. 584 de Capital Federal, DNI Nro. 24.977.572, nacida el día 06 de abril del año 1976.- Quien refiere no tener vinculo de parentesco y de interés con las partes que le fueron puestos en conocimiento. (…) DECLARA: Que vive y se domicilia en el domicilio antes citado, que en relación al presente hecho, la misma manifiesta que el día 09 de Septiembre siendo las 17:30 horas aproximadamente en circunstancias que se encontraba circulando a bordo de su vehículo particular, por la calle Arturo Ilia en dirección hacia Gral. Paz, cuando al llegar a la intersección con la calle Arieta (…) observo que un vehículo Volkswagen Saveiro de color blanco, el cual circulaba por la calle Arturo Illia en mismo sentido y dirección, se pasa de mano, a la mano contraria, en contramano, sobre el carril izquierdo que va en dirección hacia Ruta 4 y este impacto fuertemente e imprevistamente a un vehículo marca Chevrolet Celta de color negro el cual circulaba por esa mano en dirección hacia Ruta 4. Que así producto de la fuerte colisión observo que una Señora que circulaba como acompañante en el vehículo Chevrolet Celta color negro, había perdido el conocimiento y resultó lesionada, la cual fuera trasladada en ambulancia. Que la dicente junto a otras personas que se encontraban en el lugar la asisten, y antes de retirarse le deja un papel con los datos por si la necesitaba como testigo. Que es todo, cuanto tiene para declarar, por lo que no siendo para más, lee, ratifica y firma al pie para constancia”. Respecto a la valoración de la prueba testimonial, he sentenciado en reiteradas oportunidades que, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, debe apreciarse judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.).
Las declaraciones hay que someterlas a las normas de la “sana crítica” de modo que sean útiles para la comprobación de la verdad objetiva. Calificada doctrina –a la cual me adhiero- sostiene afirmativamente que la idoneidad del testigo se presume (Fenochietto-Arazi, op. cit. pág. 482).
Tiene dicho la jurisprudencia con criterio que comparto, que “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de ‘la sana crítica’, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras. Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. (CC0103 MP 165308 71 S 02/05/2018). “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica- motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe concluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375 y 384 del C.P.C.)”. (CC0102 MP 162070 150-S S 15/06/2017). (Fallo “Pietra”).
Por lo cual, juzgo que los testimonios son creíbles y su relato de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentran corroborados y avalados por otros medios probatorios, que seguidamente paso a analizar “ut infra”. Por todo ello, declaro la idoneidad de las testigos y con fuerza probatoria sus declaraciones (art. 456 del Cód. Proc.).
Por otra parte, se vislumbra la pericia mecánica presentada por el perito Marzorati de fecha 24/05/2021, la cual se encuentra agregada en los autos principales. Es así que el experto (luego de analizar las constancias probatorias y escritos de las partes) concluyó: “Las constancias permiten informar sobre una colisión ocurrida entre dos vehículos que circulaban por la avenida Presidente Dr. Arturo Umberto Illia- El CHEVROLET Celta de la parte actora lo hacía de Noreste a Sudoeste. -La VOLKSWAGEN Saveiro de la parte demandada, de Sudoeste a Noreste. “En circunstancia que se encontraban en la intersección con la arteria Dr. Ignacio Arieta el rodado de la parte demandada, de contramano, invadiendo el carril por el que se desplazaba el de la parte actora lo impactó con su angular delantero izquierdo en el angular delantero izquierdo (…) El concepto de invasión de carril por el que circula el otro rodado: El de la parte demandada invadió el carril de circulación del de la parte actora. (…). La Instrucción informó sobre las siguientes averías: -VOLKSWAGEN Saveiro (demandada): “…el cual a simple vista observo que posee abolladura en la parte frontal del capot, rotura de paragolpes delantero, abolladura de guardabarros delantero izquierdo con desprendimiento de pintura, rotura de óptica delantera izquierda.” Acompañó dos fotografías que muestran tales averías. -CHEVROLET Celta (actora). “…el cual a simple vista observo que posee abolladura en la parte frontal del capot, rotura de paragolpes delantero, abolladura de guardabarros delantero izquierdo con desprendimiento de pintura, rotura de óptica delantera izquierda.” Acompañó dos fotografías que muestran tales averías. Tales averías se corresponden con la mecánica del siniestro informada ut supra. Fuentes utilizadas y consultas. RESPUESTA: Este experto tuvo en consideración las constancias de autos, la causa penal y el resultado de ensayos de impactos frontales de vehículos similares realizados por CESVI ARGENTINA S. A.”
Corrido el traslado de la pericia, la citada en garantía la cuestionó. Lo cual fue tenido presente por la sentenciante de grado con fecha 7/6/21 para el momento procesal oportuno. Del mismo modo, al sentenciar la Sra. Juzgadora de la instancia de origen, le otorgó validez probatoria sobre la base de que no se ofreció prueba alguna a los efectos de desvirtuar dicha experticia.
Adelanto, que no encuentro motivo para apartarme de la pericia analizada, toda vez que la misma se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del CPCC.
De este modo, declaro con validez y fuerza probatoria a las declaraciones testimoniales prestadas en sede penal, como también al informe mecánico que describe las averías de ambos rodados, daños detallados a partir del examen de visu realizado en sede de instrucción penal, al igual que la pericia técnico mecánica producida en este expediente civil.
A mayor abundamiento, no escapa a este juzgador que el perito mecánico agregó en fecha 24/5/21 un croquis del hecho, del cual surge en forma ilustrada cuando el rodado del demandado invade la mano contraria del carril por el cual circulaba el vehículo de la actora e impacta en su contra, adjuntando también un plano del lugar geográfico en donde ocurrió el siniestro (anexo nro. 1), y dos placas fotográficas tomadas en la Av. Illía, en las cuales constan los carriles de circulación, todo ello, corroborado y avalado por el croquis del hecho obrante en la instancia criminal y demás fotografías anexadas a la misma causa, que describen la magnitud del impacto (art. 375, 384, 472 y 474 del Cód. Proc.), e ilustran debidamente a este Magistrado Juzgador.
Por lo cual, reitero que corresponde en esta Instancia recursiva, otorgarle validez y fuerza probaría a dicho dictamen pericial técnico mecánico, por todas las razones jurídicas expuestas en este voto. Del mismo modo, no debe perderse de vista que por aplicación del instituto de la prueba compuesta -también denominada combinada, múltiple o integrada-, que consiste en la valoración conjunta de diversos elementos probatorios individuales, puede alcanzarse, bajo la óptica de la sana crítica, la convicción del juzgador respecto de la verdad objetiva de lo sucedido en el teatro de los hechos. La integración de elementos probatorios de distinta naturaleza permite al juez formar un convencimiento jurídico sobre la existencia de un hecho ilícito.
Así las cosas, del relato y análisis de los diversos elementos probatorios destacados se encuentra demostrado el hecho y el nexo causal adecuado, idóneo y apto, existente entre el hecho de la cosa riesgosa (potenciado el riesgo por la culpa del conductor del automotor de la demandada con participación activa) y los daños a la salud causados a las víctimas (actoras), más los daños materiales, según el curso ordinario y natural de las cosas, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (art. 1726 del C.C.C. y 375 del CPCC), sin que los accionados acreditaran algún hecho ajeno (culpa o hecho de la víctima, de un tercero por el que no debe responder, el caso fortuito o fuerza mayor), como eximente de responsabilidad.
Frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente, es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos que demuestren algún eximente permitido por la legislación de fondo (artículo 375 CPCC su doctrina).
Tal como he analizado, no caben dudas que el co-accionado conductor del Volkswagen invadió de contramano el carril contario por el que circulaban las accionantes y colisionó de frente al vehículo Chevrolet. Por lo cual, los agravios de la parte demandada no deben ser receptados debiendo responder los accionados y la citada en garantía por los daños ocasionados a las co-actoras. En el caso bajo examen, ha existido contacto material entre los dos vehículos, ello como quedara acreditado por la prueba testimonial, la pericia mecánica, las fotografías glosadas y el croquis de los hechos, que demuestran acabadamente la invasión y de contramano del carril que circulaba la actora, todo ello conforme se acredita con la I.P.P. caratulada: “Bogado (víctima) s/ lesiones culposas “, en las cuales constan glosadas a fs. 11 y 18 dos actas de visu de los automotores Chevrolet Celta (color negro) y el rodado Volkswagen Saverio (color blanco), en los cuales se describen las averías de dichos vehículos, corroborando dichos daños materiales también con las placas fotográficas de fs. 12 y 19 tomadas a dichos vehículos.
Naturalmente, debo valorar también que ha sido el rodado de la demandada quien resultó el embistente, pues el vehículo de la accionante circulaba normal y regularmente por su carril permitido. Como vemos, el coaccionado Sterle no logró mantener el debido control de su vehículo, no logrando dominar correctamente a su rodado, pues con su negligencia e imprudencia, provocó el accidente, advirtiéndose también que “la culpa potenció el riesgo de la cosa”, tal como se constató al momento de efectuar su invasión en la mano contraria. Por ende, resulta a todas luces que en la especie no se actuó con debido cuidado y previsión, conforme a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. El art. 1725 del CCCN dispone respecto a la “valoración de la conducta” que: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”.
En consecuencia, por todos los fundamentos expuestos a lo largo del presente voto, corresponde confirmar esta parcela de la sentencia apelada, la cual atribuye la totalidad de la responsabilidad por el accidente acaecido, a los demandados Sterle Alejandro José y Pedrial Constructora S.A., haciéndose extensiva la condena a su citada en garantía, ello por no haberse acreditado la culpa o el hecho de la propia víctima, la de un tercero por el cual no se deba responder, el caso fortuito o fuerza mayor. (arts. 1729, 1733, 1734, 1736, 1757, 1758, 1769, del C.C.C.N. y arts. 68, 163, 354, 375, 384, 413, 415, 456, 472 y 474 del Cód. Proc. y jurisprudencia citada “ut supra”).
VI. La adecuación del límite de la cobertura La juzgadora de grado ha resuelto: “La presente condena se extiende a la citada en garantía Zúrich Argentina compañía de Seguros Sociedad Anónima en los términos y medida de su contratación (art.118, ley 17.418).”. Dicha cuestión, resultó apelada por la parte actora, quien solicita se actualice el monto del límite contratado, en función de los argumentos a los cuales me remito en honor a la brevedad.
He tenido oportunidad de expedirme sobre un caso similar al presente, en los autos caratulados: “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020. En efecto, en dicha sentencia expuse que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “subjudice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables.
En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.
“Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios. El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que, al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C.
C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”. “De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”. No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que:
“Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…). “Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que:
“Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)
“II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…) “II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)
“II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).
“Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.” “Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (09/09/2017) hasta el día de hoy, han transcurrido más de siete años, sin que se le indemnizaran los daños a la parte actora, así que de limitarse el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas, al límite de cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro, constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago.
Así las cosas, entiendo que, en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura que se encuentre fijado en la póliza de seguros de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, resuelvo que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
VII. La incapacidad física. Doctrina aplicable Que el Código Civil y Comercial de la Nación en su título V denominado: Otras fuentes de las obligaciones”, regula a partir del artículo 1708 sobre la Responsabilidad Civil. Asimismo, y en lo que nos interesa, a partir del artículo 1737 regla respecto del daño resarcible, disponiendo que: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Del mismo modo, determina que “la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida” (art. 1738). En su artículo siguiente, regula que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739).
En consecuencia, se determina que la reparación del daño debe ser plena. Conceptualmente, la indemnización de las consecuencias resarcibles es un mecanismo para colocar a la víctima del daño, jurídicamente hablando, en la misma situación a la que se encontraba antes del hecho dañoso, ni mejor, ni peor. Lo contrario, implicaría un enriquecimiento sin causa, sea para la víctima del daño (si recibe de más), o para el responsable (si es obligado a pagar de menos). (Ossola, A. Federico. “Responsabilidad Civil”. Ed. Abeledo-Perrot, págs. 229/230).
“Como vemos, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable (art. 1740) (obra y autor cit.)
“Dicha norma no puede ser interpretada de manera literal porque es claro que en muchos casos el daño no puede ser plenamente resarcido. Piénsese en el caso del pianista destacado que pierde una mano; cualquier indemnización que se fije no podrá reparar plenamente el daño sufrido. La plenitud de la reparación debe ser considerada jurídicamente y no en el plano material. Lo que se procura es que sea lo más completa posible, que alcance la mayor adecuación entre el efectivo perjuicio sufrido y lo recibido a titulo resarcitorio” (obra y autor citado)
“Respecto a lo que debe indemnizarse, hablamos de la pérdida o disminución del patrimonio (daño emergente), al lucro cesante y a la pérdida de chance. También se dispone que deben indemnizarse las consecuencias patrimoniales de daños que son extrapatrimoniales”. (obra y autor cit.)
Por lo tanto, se advierte que la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc.
Por otro lado, para establecer la indemnización que corresponde fijar por lesiones o incapacidad física o psíquica o psicofísica que sufre una persona humana, el Código Civil y Comercial introduce una fórmula de matemática financiera que considera la actividad del damnificado y el tiempo razonable durante el cual puede realizar actividades productivas o económicas valorables.
En efecto, el artículo 1746 regula la: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”. La fórmula matemática procura evitar la existencia de indemnizaciones muy diferentes frente a situaciones similares, considerándose para ello los ingresos de la víctima, el contenido patrimonial de labores que no se cobran (como la actividad del ama de casa) o de actividades sociales que dejará de realizar por la propia lesión o incapacidad. Asimismo, deberá considerar el tiempo durante el cual pudo hacer la actividad productiva, para lo cual podrá considerarse la edad necesaria para obtener la jubilación o la edad promedio de vida. Esta última es más alta, pero también parece más razonable desde que la actividad de la persona humana suele extenderse más allá de la jubilación. También deberá tenerse en cuenta el grado y tipo de incapacidad, recordando que los porcentajes de incapacidad física y psíquica no se suman, sino que deben armonizarse. Del mismo modo, deben indemnizarse los gastos que sean razonables con relación a la índole de la incapacidad o lesión, sin necesidad de aportar prueba directa de ellos. Claro está, se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario de la accionada. Finalmente, debe recordarse que el daño puede ser superior a la ganancia que pueda obtenerse de la tarea remunerada. (Borda Alejandro, “Derecho Civil y Comercial, Obligaciones”. Ed. La Ley. Págs. 398/400).
Finalmente, respecto a la valuación del daño, importa traer a la memoria que valorar un daño significa medirlo, cuantificarlo. Se trata del valor de los perjuicios sufridos, para restituir a la víctima al estado anterior al hecho dañoso (en la medida de las posibilidades). En términos llanos, consiste en ponerle precio al perjuicio. Dicha valuación de la indemnización de daños podrá tener lugar por vía convencional, legal, judicial o arbitral. A los efectos de realizar una correcta valuación del daño será necesario discriminar diferentes variables que impactan en la reparación del daño, tales como el sexo, la edad, el estado civil, los estudios realizados, la profesión y/o empleo, la composición del núcleo familiar, etcétera, a lo que debe sumarse el dato clave consistente en el porcentaje de incapacidad física y/o psíquica sufrida por el sujeto. (Borda, Alejandro, op. cit., pág. 404). En cuanto a la extensión del resarcimiento, el art. 1726 del C. C. y C., dispone como regla, la indemnización de las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, consideradas bajo los postulados de la causalidad adecuada, salvo disposición legal en contrario. (Ossola, A. Federico. Op. cit. pág. 217).
Sin perjuicio de lo expuesto, considero que no puedo dejar de advertir que si bien se introduce para calcular la indemnización que le corresponderá a la víctima por lesiones o incapacidad física o psicofísica, una fórmula de matemática financiera, esta Alzada se ha enrolado desde años en la teoría de considerar a la víctima en su totalidad “tesis de la inviolabilidad de la persona humana”, considerando el juzgador, de tal forma, a la salud en su cabal integridad, tratando de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que hayan afectado a la integridad material y espiritual que constituye. Por lo cual, los cálculos financieros matemáticos serán tenidos en cuenta como un elemento más para la cuantificación.
Bajo tales premisas, los cálculos que puedan realizarse por aplicación de una fórmula matemática financiera o cualquier otro tipo de sistema, de ninguna manera pueden atar al sentenciante a la hora de otorgar una indemnización, sino más bien servir como pauta orientadora más, a los fines de obtener una suma que pueda remediar en una suerte de equivalencia para hacer frente al menoscabo que la víctima de un daño sufra en su plenitud psicofísica.
A mayor abundamiento, esta Alzada, ya se ha pronunciado, manifestando que: “Por otra parte, y a los fines de su cuantificación debo recordar que el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido ha sido emplazado por la Corte Suprema de Justicia, en numerosos fallos, como un derecho constitucional que tiene fundamento en el principio “neminemlaedere” del artículo 19 de la Constitución Nacional. Así, a través de una interpretación extensiva del mencionado art. 19 CN, la Corte Suprema ha perfilado y complementado racionalmente las bases del derecho a no ser dañado y a obtener una justa y plena reparación (conf. causas “Santa Coloma”, Fallos, 308:1160 (LA LEY, 1979-D, 615 (35.292-S); “Ghünter”, Fallos 308:1118; “Luján”, Fallos 308:1109). Tales conceptos han sido consagrados en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se titula “reparación plena” y que el texto describe como “…la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”. En este sentido los montos resarcitorios a la luz de lo dispuesto por el nuevo art. 1746 del CCC, adopta el método de capital humano, que expresan las fórmulas Vuotto o Marshall (conf. Acciarri, H.A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, Revista La Ley del 15/7/2015). Es por ello que en cuanto a fórmulas matemáticas se refiere el artículo 1746 del Código fondo, es dable destacar que si bien la utilización de cálculos matemáticos o actuariales para cuantificar la indemnización constituye un instrumento destinado a dotar de mayor objetividad al sistema, existen variables que requieren interpretación en el caso concreto, vale decir, particularidades de la situación que no pueden ser encapsuladas en rígidas fórmulas matemáticas pues exigen una subjetiva ponderación, lo que permite recurrir a las fórmulas como un elemento más a considerar. Como ha señalado con acierto Jorge Galdós (“Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad”, RCyS 2016-XII, tapa, Cita Online:
AR/DOC/3677/2016), la utilización de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe, sino que constituyen un elemento más que no excluye a los otros parámetros provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo el apartarse el judicante de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto”.
“En este sentido conviene recordar que el art. 165 del CPCC, faculta a los jueces a fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados, ejerciendo esa aptitud conforme a las reglas de la sana crítica, con explicación de los fundamentos empleadas para arribar a la decisión. Sobre la base de estos contados artículos, los principales criterios jurisprudenciales vigentes para cuantificar las indemnizaciones por daños son los siguientes:
1. El prudente arbitrio judicial sobre la base de la sana crítica y las circunstancias particulares de cada víctima; 2) las matemáticas puras; 3) los baremos de incapacidad; 4) las circunstancias particulares de la víctima: la proyección que la lesión pueda tener sobre el futuro, sobre la base de la edad a la época del accidente, estado de salud, actividad habitual, condición social, familiar o económica”.
“En este contexto, una fórmula, cualquier fórmula, en la redacción del art. 1746, solo es un punto de partida para la determinación integral del daño, conforme las pruebas arrimadas al juicio, y que el Juez deberá valorar con ajuste al principio general de reparación plena y los presupuestos de responsabilidad acreditados en el pleito. Criterio que en definitiva ha venido sosteniendo la CSJN, en los precedentes "Arostegui", "Aquino", "Díaz c. Vaspia" "Llosco" y otros fallos, sosteniendo que la Constitución Nacional dispone para los daños una indemnización plena o integral, las fórmulas pueden ser empleadas solamente como un punto de partida o marco referencial "mínimo".(Schick, Horacio Publicado en: DT 2014 (diciembre), 3248 Un nuevo viraje regresivo en materia de reparación de daños en general, con incidencia en los infortunios laborales: la tarifación del daño en materia de lesiones en el Código Civil y Comercial unificado)”. “Del mismo modo, se ha señalado por parte de quienes redactaron el Código vigente que: “a fines de la cuantificación del daño por incapacidad, prevista en el art. 1746 del CCC, “la determinación del capital que genere rentas no está sindicada como la única modalidad de cuantificación, y mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función correctora por excelencia para cuantificar daños.” (Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Dir. Lorenzetti, Ricardo Luis, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, pág. 527)” (“Romero Sierra Ana y otros c/ Vox 33 SRL y otros s/ Daños y Perjuicios” (causa nro. 5292/1) (04/09/2018), RSD Nro.: 206 /18 Folio Nro.: 1470) En consecuencia, y de conformidad a la doctrina expuesta precedentemente, corresponde señalar las diferencias existentes entre el término: “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”.
Valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista. En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad física sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente (que se presume óptimo, salvo prueba en contrario), estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera, todo ello sin perjuicio del auxilio que prestan las fórmulas matemáticas financieras, claro está, sin atarse rigurosamente a las mismas, por cuanto como se expuso precedentemente, se toman en cuenta otras circunstancias o aspectos que rodean el daño.
Por lo cual, en la especie corresponde someter a revisión judicial en esta Alzada las quejas expuestas por la parte actora, demandada y citada en garantía, todo ello con el fin u objeto de juzgar si los montos otorgados por el concepto de daño a la persona resultan justos y equitativos como así también si corresponde que dichas sumas sean elevadas o en su caso, reducidas.
VII. a.- Incapacidad física de Ibáñez Silvia Elizabeth Así las cosas, sentada la doctrina y marco legal que entiendo aplicable al caso bajo examen, observo que con fecha 2/11/22 el Dr. Cozzi, luego de revisar a la accionante, concluyó: “Si bien la determinación de la relación de causalidad es materia exclusiva y excluyente de V. S. luego del análisis de la mecánica accidental, la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios, la documental e historias clínicas obrantes, considero verosímil el nexo causal de las secuelas ponderadas (…) La Sra. IBAÑEZ, según la anamnesis y el examen físico por mí realizado y los estudios complementarios solicitados, presenta: INCAPACIDAD ANATOMOFUNCIONAL PARCIAL Y PERMANENTE DEL 16% (15.36%)
SEGÚN EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESTANTE POR EL METODO DE BALTHAZARD (BAREMO DE ALTUBE RINALDI PARA EL FUERO
CIVIL).Desarrollo de la incapacidad 8% Cervicobraquialgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías, reducción del rango de movilidad de la columna y electromiograma alterado en forma unilateral. 8% Lumbalgia con contractura muscular dolorosa, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna”. Corrido el traslado, recibió pedido de explicaciones por la citada en garantía, las cuales fueran contestadas por el médico el día 08/12/2022, exponiendo que: “o se detallan secuelas específicas. Solo se menciona “sin lesiones externas”. Sin embargo, se indica analgesia crioterapia y reposo. La documental se adjuntó al disctamen2. No hay método científico que otorgue causalidad, ni en este, ni en ningun caso.3. La movilidad pasiva esta reducida. La amplitud articular debe ser medida en pasivo y activo, la limitación funcional puede ser algica o anatómica. Cualquiera sea la disminución del rango articular, la que se utiliza para valorar es la activa ya que es la que utilizamos en la vida diaria. Incongruente seria utilizar la pasiva para ponderar ya que esta es la “forzada” por el examinador. Dicho esto, hay que remarcar que el examinador, cuenta con estrategias para 4. Cervicobraquialgia y lumbalgia.5. Cervicobraquialgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías, reducción del rango de movilidad de la columna y electromiograma alterado en forma unilateral. Lumbalgia con contractura muscular dolorosa, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna.6. El objetivo es antalgico paliativo no curativo”.
Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30). Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica. (Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07).
Sentado ello, estimo que la pericia médica presentada en fecha 2/11/22 en el expediente por parte del Dr. Cozzi y con sus explicaciones brindadas oportunamente en fecha 8/12/22, ambas se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas las historias clínicas anexadas en autos, del Policlínica Central San Justo -véase constancia de fecha 27/8/2020-, de la Clínica Tachela de Haedo -véase constancia de fecha 01/07/2020- y de Hurlingham Centro de traumatología y rehabilitación -véase constancia de fecha 13/05/2022- en la cual con fecha 10/9/2017 se informó que la actora padeció de TEC con pérdida de conocimiento más politraumatismos, habiéndose ordenado rx columna cervical, detallando traumatismo lumbar con dolor, cefalea, los estudios radiológicos, etc., y además todas las constancias y actuaciones labradas en la I.P.P. caratulada: “Bogado (víctima) s/ lesiones culposas” digitalizada en este expediente electrónico.
Por otro carril, no debe perderse de vista, que a la accionante la han diagnosticado con “politraumatismos”. Dicha expresión refiere a un conjunto de varios traumatismos o lesiones causadas de manera simultánea. Por lo cual, esta terminología empleada, deja entre ver que el accionante ha sufrido diversas lesiones a raíz del accidente, y que han sido constatadas clínicamente en el resto de las constancias médicas glosadas en autos. Considero (esto dentro de la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencias del juez), que una persona expuesta a un evento traumático violento como el denunciado en autos (colisión vehicular) va a manifestar secuelas físicas inmediatas y secuelas mediatas, dentro de las primeras: pueden ser valoradas fracturas, heridas o déficits sensoriales/motores, como pérdida de la conciencia o alteraciones en el aparato locomotor.
Dentro de la segunda: alteraciones y disfunciones residuales que si bien pudieron no tener una expresión clínica de inicio –es decir en el momento mismo del hecho-, han tenido como punto de partida el violento traumatismo padecido, todas estas imputables –en principio- al autor del daño. Tales consideraciones se refuerzan en virtud de la mecánica misma del accidente. Por lo cual, advierto que las conclusiones médico legales arribadas, no han sido una simple expresión o manifestación de la accionante, sino que ha estado fundamentada entre la relación concordante y coincidente de la pruebas clínico-semiológicas practicadas y los estudios complementarios aportados. Máxime cuando la contraria tuvo la oportunidad de producir prueba de descargo y no lo hizo.
Observo que las lesiones destacadas en el escrito de inicio y acreditadas por las constancias médicas acompañadas, se encuentran también corroboradas por los estudios complementarios solicitados por el perito y demás elementos oportunamente analizados.
Por lo tanto, en virtud de la prueba “ut supra” destacada le otorgo pleno valor y fuerza probatoria al dictamen pericial que se ha mencionado.
Ahora bien, el Dr. Jorge M. Galdós ha escrito una monografía jurídica intitulada: “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN), (Pub. en portada (Columna de Opinión) en RCyS, Diciembre 2016, Cita: AR/DOC/3677/2016) y parafraseando el título y los lineamientos de un clásico trabajo de Mosset Iturrraspe para el daño moral, se propone enunciar brevemente las cuatro reglas vertebrales que -creemos- rigen la cuestión: “- Sí a la aplicación de las fórmulas matemáticas. -Sí a la aplicación de la fórmula que el juez elija fundadamente.- No a la aplicación automática y obligatoria del resultado matemático que arroje la fórmula.- Sí al arbitrio judicial para ponderar y evaluar la integridad del daño, conforme la singularidad del caso”.
En el mismo estudio sobre el tema de referencia –desde ya valioso a la hora de decidir- el Galdós indica que: “Estas fórmulas constituyen la vía instrumental que permiten la determinación orientativa del capital al que se refiere el art 1746 CCCN. Se erigen como un valioso parámetro o guía que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de medir los daños por discapacidad física o psíquica. Empero, la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe; por ende cabe concluir que el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de estimación ineludible para el juez, pero que no excluye a los otros parámetros, provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo apartarse de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto.
Dicha cuantía matemática no es de acatamiento obligatorio y vinculante. A ello corresponde agregar que en esta etapa de implementación del Código Civil y Comercial se irán superando, mediante los aportes de la doctrina y la jurisprudencia, algunas cuestiones, sobre todo de técnica matemática en la utilización y aplicación de las fórmulas, porque - como dijimos- coexisten varias de ellas y la selección de las variables a considerar (por caso la edad de vida útil, la tasa de amortización) revela que la conclusión matemática podrá resultar muy variable. Si para el mismo supuesto de hecho se emplea una u otra fórmula o se computan una u otra variable (reiteramos, por caso, la edad máxima de la víctima, la tasa de amortización etc.), los resultados serán distintos y dispares.
Por eso no existe ni obligatoriedad de acudir a una específica y determinada fórmula ni de acatar la cuantía que arroje. La norma del art 1746 CCCN no dice que la indemnización "deberá ser calculada o fijada únicamente" sino que establece que "debe ser evaluada", lo que según el Diccionario significa que se debe "estimar, apreciar, calcular el valor de algo", lo que comprende la facultad judicial de emitir el juicio de ponderación conforme la singularidad del caso, la naturaleza y entidad del daño, las circunstancias existenciales de la víctima y la realidad económica. Creemos que mantienen vigencia las pautas interpretativas desarrolladas anteriormente en cuanto que el juzgador no está atado a pautas matemáticas inflexibles, fórmulas rígidas o cerradas, porcentajes de incapacidad herméticos o relaciones actuariales.
La referencia a un capital que genere rentas no es la única e infalible modalidad de determinación del "quantum" del daño por discapacidad permanente, física y psíquica, porque ésta comprende no sólo la capacidad laborativa o productiva, o sea la pérdida de ingresos o rentas por la afectación a la actividad productiva o económicamente valorable, sino que también contempla, conforme inveterada jurisprudencia, la capacidad vital o intrínseca de la persona, más allá de su idoneidad laboral o para generar ingresos, y el daño a la vida de relación, es decir la lesión de los aspectos de la personalidad vinculados con el ámbito social, doméstico, cultural y deportivo del damnificado. Es que, tanto para el nuevo Código como para el viejo, el arbitrio judicial no es (ni debe ser) arbitrariedad porque se trata, en suma, de fundar razonablemente la cuantía de la indemnización, en el marco de la realidad circundante y la experiencia vital” (Galdós Jorge, op. cit.) Por nuestra parte, como Juez de primer voto, debemos en primer término valorar judicialmente el daño causado en la salud de Silvia Elizabeth Ibáñez, es decir clasificarlo o calificarlo: resulta ser una incapacidad física que le genera un daño patrimonial; la naturaleza y la identidad del daño, con sus caracteres jurídicos: personal, es un daño presente, cierto y tiene actualidad a la hora de sentenciar.
En cuanto a su extensión, el perito ha determinado una incapacidad del 15.36% parcial y permanente, incapacidad que sirve de orientación para el magistrado; hay que tener en cuenta que frente a este daño patrimonial por incapacidad: “el daño es la medida de su cuantificación económica o matemática”, dentro del contexto de un sistema económico capitalista; las condiciones personales de la víctima, su edad, ocupación, estado civil, su estado de salud antes de producirse el infortunio, su situación socio-económica, promedio de vida de la persona humana y demás circunstancias que rodean a dicho sujeto, etc.
Luego viene la segunda etapa de cuantificación económica o matemática del daño, en donde el Juez liquida y fija el “quantum” indemnizatorio, a modo de compensación –reponiendo las cosas al estado anterior- con aplicación del sentido común, las reglas de la “sana critica” como metodología de apreciación judicial de los hechos y de las pruebas aportadas en el juicio, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; y que al justipreciar el daño lo hará con razonabilidad, prudencia y equidad, aplicando las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano.
Siguiendo los parámetros utilizados, considero por ello, que debe aplicarse entonces al caso de autos la fórmula matemática denominada “Vuoto”, ello de conformidad a las opciones que brinda –entre otras fórmulas de matemáticas financieras-, para su aplicación la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, tal como puede constatarse de su página (http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/formula.php). Del mismo modo, dicha fórmula toma como variables, ingresos anuales de la víctima, edad de la víctima al momento del hecho, edad hasta la cual se computarán los ingresos, periodos anuales restantes, porcentaje de incapacidad (física, psíquica), ingreso anual potencialmente afectado, tasa de descuento.
Llegados a este punto, corresponde analizar los componentes de la fórmula en el caso de autos.
En primer lugar y de acuerdo a la fórmula, debe considerarse el ingreso anual de Ibáñez, quien conforme constancias de la pericia psicológica de fecha 03/07/2022 se dedica a la confección de uniformes escolares, sin perjuicio de ello, no se encuentra debidamente acreditados sus ingresos.
De esta manera, no encontrándose probado el monto actualizado de sus ingresos, considero que debe tomarse como pauta la suma de $ 322.000,00 correspondiente al salario mínimo vital y móvil de agosto 2025; (conforme Resolución 05/2025 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil), los cuales multiplicado por 13 (salario más SAC) arroja el importe anual de $ 4.186.000,00. En segundo término, ha de considerarse el porcentaje de incapacidad física de Ibáñez, que asciende a 15.36%. Luego, en función de las variables expuestas, resta por destacar que la accionante tenía a la fecha del hecho 38 años de edad y que la edad jubilatoria de las mujeres es a los 60 años.
En suma, sobre la base de las pautas elaboradas precedentemente, la fórmula arroja el siguiente resultado $7.742.370,98 en concepto de incapacidad física sobreviniente en la persona de Ibáñez. Ahora bien, considerando como se ha expuesto en este voto, las fórmulas matemáticas aplicables para la cuantificación económica de la incapacidad psicofísica, constituyen una herramienta que pertenece a una ciencia exacta, auxiliar del derecho de daños, desde el punto estrictamente económico, de orientación al juez para determinar “prima facie” o a primera vista, el quantum resarcitorio por tal concepteo. Por lo cual, entiendo que el importe a devengarse finalmente debe también valorar el promedio de vida de la persona que se establece hasta los 80 años; circunstancia que no puede pasar desapercibida por ningún juzgador a la hora de valorar y cuantificar una indemnización de esta naturaleza, en la cual se persigue la reparación integral de la víctima por el daño injustamente sufrido, incluso independientemente de las ganancias que haya dejado o no de percibir; insistiéndose que las fórmulas matemáticas son solo una herramienta del juzgador.
En efecto, analizadas todas las variables expuestas, concluyo que corresponde elevar el monto por incapacidad física en la suma de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($11.520.000,00), pues la actora Ibáñez Silvia tenía a la época del accidente 38 años de edad, nacida en fecha 10/02/1979, de estado civil casada con hijos, de estudios terciarios incompletos, –conforme pericia psicológica-, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, con un grado de incapacidad física parcial y permanente 15.36%, siendo el mismo orientativo para el juzgador, guardando dicha lesión relación causal con el hecho de autos según el curso natural y ordinario de las cosas, y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (arts. 1726 y 1727 del C. C. y C.; 472 y 474 del Cód. Proc.), y atendiendo principalmente a la reparación integral de la víctima, la cual no puede quedar delimitada – a mi juicio- a variables que no contemplan al sujeto en su vida de relación social, familiar, de esparcimiento, laboral, expectativa de vida, entre otros. Máxime cuando la apelante ha peticionado lo que es más o en menos surja de la prueba a producirse. (art. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del Cód. Civ. Com., y 165, 375, 384, 456, del Cód. Proc.).
VII. b. Incapacidad física de Bogado María Josefina En primer término, es importante destacar el derecho a la indemnización por la incapacidad física sobreviniente de una persona adulto mayor.
Dice el Dr. Norberto Luis Valentini, en un trabajo monográfico intitulado: “El adulto mayor, su debida protección”, presentado en fecha julio 2021, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Católica de La Plata, que en fecha 9 de mayo de 2017 el Poder Legislativo, sanciona la ley 27.360 aprobando la Convención adoptada por la cuadragésima quinta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre “LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES” dictada por dicho organismo internacional el 15 de junio de 2015. En cuanto al objeto y ámbito de aplicación sostiene que: es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad (art.1). El autor citado refiere, que en el artículo 2º, se denomina al sujeto a proteger como: “Persona mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor".
Los documentos internacionales que contienen disposiciones directa o indirectamente vinculadas al derecho de las personas de mayor edad son muy numerosos. Por ej., la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. El título XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos de 1948 dice: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". Con un criterio más amplio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (art. 25). El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 enumera los mismos parámetros normativos y remarca que el Estado se obliga a proveer los recursos necesarios "hasta el máximo de que disponga" (Kemelmajer de Carlucci, Aida, Las personas ancianas en la jurisprudencia argentina. ¿Hacia un derecho de la ancianidad?, Publicado en internet, página web. http://www.scielo.cl).
“Los ancianos no estaban mencionados en el texto originario de la Constitución Argentina sancionado en 1853. Mucha agua pasó debajo del puente hasta la reforma de 1994 que entre las facultades del Congreso introdujo la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad " (art. 75 inc. 23). Pese a la fortaleza de la formulación, se ha dicho que "el reconocimiento de los derechos de la ancianidad resulta extremadamente débil en la Constitución Nacional y solo se cuenta con alguna referencia específica en un artículo que cuenta con escasa proyección inmediata, el art. 75 inc 23, y el inc 22 referido a la vigencia de los tratados y pactos internacionales". En la Argentina, aun antes de la reforma de 1957, un sector doctrinal consideró que los derechos de la ancianidad tenían rango constitucional por ser uno de los derechos implícitos mencionados en el art. 33 de la CN que dispone: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Esta norma no figuraba en el texto originario de 1853; se incorporó en la reforma de 1860, y tuvo como fuente directa la enmienda IX de la Constitución Norteamericana. La doctrina ha señalado que la fórmula argentina es defectuosa porque parece referirse solo a los derechos políticos, no a los llamados derechos civiles. Sin embargo, hay acuerdo en interpretar el texto a la luz de su fuente y, consecuentemente, comprende a ambos tipos. Esta es también la solución del art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno". (Kemelmajer de Carlucci, Aida, Opus Cit.)
“El damnificado enfermo y de edad avanzada que reclama la indemnización por incapacidad económica sobreviniente, respecto a la incapacidad en sí misma, como minoración de la integridad física, debe tenerse en cuenta que para una persona mayor o anciana, es normal que las molestias se agranden; es decir, que al disminuir su fondo físico y mental de tolerancia, lo que para una persona joven significa una molestia más o menos vencible soportable se convierta para ella en una causa de sufrimiento psíquico, sufrimiento teóricamente indemnizable a título de pecunia dolores. No se trata de la pérdida de la capacidad laboral sino del comportamiento doméstico, la pérdida o disminución de autonomía para la realización de los más elementales actos de cuidado de su propia persona o de atender a las tareas más fáciles como es vestirse o desnudarse, coser, limpiar, preparar algún alimento en la cocina, etc. (Audiencia Provincial de Valencia, 2/9/1996, Rev. General de Derecho, año LII n° 627, dic. 1996, pág. 13.743, cit. por. Aida Kemelmajer de Carlucci, Daño a la Persona, Mendoza 2010, Presentación de Power Point).
La Convención de los derechos de las personas con discapacidad dispone que “Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”; “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad” (art. 25, 26).
Sentado ello, e ingresando al tratamiento de la incapacidad física de la co-actora Bogado, advierto que el Dr. Cozzi con fecha 02/11/2022 concluyó: “Si bien la determinación de la relación de causalidad es materia exclusiva y excluyente de V. S. luego del análisis de la mecánica accidental, la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios, la documental e historias clínicas obrantes, considero verosímil el nexo causal de las secuelas ponderadas. De lo anteriormente expuesto resulta que el Sra. BOGADO, según la anamnesis y el examen físico por mí realizado y los estudios complementarios solicitados, presenta: INCAPACIDAD ANATOMOFUNCIONAL PARCIAL Y PERMANENTE DEL 11% (10.7%)
SEGÚN EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESTANTE POR EL METODO DE BALTHAZARD (BAREMO DE ALTUBE RINALDI PARA EL FUERO
CIVIL). Desarrollo de la incapacidad10% Cervicalgia con contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales. Se podría adjudicar al siniestro denunciado, a modo concausal, el 5% ya que, según se desprende de la anamnesis, la prueba informativa médica producida y los estudios complementarios solicitados hay alteraciones de probable origen traumático más allá de la patología degenerativa sin relación causal. 12% Lumbalgia con contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales. Se podría adjudicar al siniestro denunciado, a modo concausal, el 6% ya que, según se desprende de la anamnesis, la prueba informativa medica producida y los estudios complementarios solicitados hay alteraciones de probable origen traumático más allá de la patología degenerativa sin relación causal”. Corrido el traslado de la pericia, la citada en garantía solicitó explicaciones, las cuales fueron contestadas por el experto el día 08/12/2022, refiriendo que: “1. No se detallan secuelas específicas. Solo se menciona “sin lesiones externas”. Sin embargo, se indica analgesia crioterapia y reposo. La documental se adjuntó al disctamen2. No hay método científico que otorgue causalidad, ni en este, ni en ningún caso.3. Cervicolumbalgia.4. Cervicalgia con contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales. Lumbalgia con contractura muscular y rigidez con cambios degenerativos discales.5. No hay método científico que otorgue concausalidad de manera porcentual, el mismo se realiza según criterio médico y hallazgos en examen físico y estudios complementarios.6. El objetivo es antalgico paliativo no curativo”. Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
Sentado ello, estimo que la pericia médica presentada en fecha 2/11/22 en el expediente por parte del Dr. Cozzi y con sus explicaciones brindadas respecto a la co-actora Bogado, también se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas las historias clínicas anexadas en autos, del Policlínica Central San Justo -véase constancia de fecha 27/8/2020- y de Hurlingham Centro de traumatología y rehabilitación -véase constancia de fecha 13/05/2022- en la cual con fecha 10/9/2017 se informó que la actora padeció de TEC con pérdida de conocimiento más politraumatismos, habiéndose ordenado rx columna cervical, detallando traumatismo de cadera, excoriaciones en codo, cervicalgia, entre otros; los estudios radiológicos, etc., y además todas las constancias y actuaciones labradas en la I.P.P. caratulada: “Bogado (víctima) s/ lesiones culposas” digitalizada en este expediente electrónico.
Por otro carril, no debe perderse de vista, que a la accionante la han diagnosticado con “politraumatismos”. Dicha expresión refiere a un conjunto de varios traumatismos o lesiones causadas de manera simultánea. Por lo cual, esta terminología empleada, deja entre ver que el accionante ha sufrido diversas lesiones a raíz del accidente, y que han sido constatadas clínicamente en el resto de las constancias médicas glosadas en autos. Considero (esto dentro de la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencias del juez), que una persona expuesta a un evento traumático violento como el denunciado en autos (colisión vehicular) va a manifestar secuelas físicas inmediatas y secuelas mediatas, dentro de las primeras: pueden ser valoradas fracturas, heridas o déficits sensoriales/motores, como pérdida de la conciencia o alteraciones en el aparato locomotor. Dentro de la segunda: alteraciones y disfunciones residuales que si bien pudieron no tener una expresión clínica de inicio –es decir en el momento mismo del hecho-, han tenido como punto de partida el violento traumatismo padecido, todas estas imputables –en principio- al autor del daño. Tales consideraciones se refuerzan en virtud de la mecánica misma del accidente. Por lo cual, advierto que las conclusiones médico legales arribadas, no han sido una simple expresión o manifestación de la accionante, sino que ha estado fundamentada entre la relación concordante y coincidente de la pruebas clínico-semiológicas practicadas y los estudios complementarios aportados. Máxime cuando la contraria tuvo la oportunidad de producir prueba de descargo y no lo hizo.
Observo que las lesiones destacadas en el escrito de inicio y acreditadas por las constancias médicas acompañadas, se encuentran también corroboradas por los estudios complementarios solicitados por el perito y demás elementos oportunamente analizados.
Por lo tanto, en virtud de la prueba “ut supra” destacada le otorgo pleno valor y fuerza probatoria al dictamen pericial que se ha mencionado.
Asimismo, como Juez de primer voto, debemos en primer término valorar judicialmente el daño causado en la salud de Bogado María Josefina, es decir clasificarlo o calificarlo: resulta ser una incapacidad física que le genera un daño patrimonial; la naturaleza y la identidad del daño, con sus caracteres jurídicos: personal, es un daño presente, cierto y tiene actualidad a la hora de sentenciar.
En cuanto a su extensión, el perito ha determinado una incapacidad del 10.7% parcial y permanente, incapacidad que sirve de orientación para el magistrado; hay que tener en cuenta que frente a este daño patrimonial por incapacidad: “el daño es la medida de su cuantificación económica o matemática”, dentro del contexto de un sistema económico capitalista; las condiciones personales de la víctima, su edad, ocupación, estado civil, su estado de salud antes de producirse el infortunio, su situación socio-económica, promedio de vida de la persona humana y demás circunstancias que rodean a dicho sujeto, etc.
Luego viene la segunda etapa de cuantificación económica o matemática del daño, en donde el Juez liquida y fija el “quantum” indemnizatorio, a modo de compensación –reponiendo las cosas al estado anterior- con aplicación del sentido común, las reglas de la “sana critica” como metodología de apreciación judicial de los hechos y de las pruebas aportadas en el juicio, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; y que al justipreciar el daño lo hará con razonabilidad, prudencia y equidad, aplicando las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano.
Siguiendo los parámetros utilizados, considero por ello, que debe aplicarse entonces al caso de autos la fórmula matemática denominada “Vuoto”, ello de conformidad a las opciones que brinda –entre otras fórmulas de matemáticas financieras-, para su aplicación la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, tal como puede constatarse de su página (http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/formula.php). Del mismo modo, dicha fórmula toma como variables, ingresos anuales de la víctima, edad de la víctima al momento del hecho, edad hasta la cual se computarán los ingresos, periodos anuales restantes, porcentaje de incapacidad (física, psíquica), ingreso anual potencialmente afectado, tasa de descuento.
Llegados a este punto, corresponde analizar los componentes de la fórmula en el caso de autos.
En primer lugar y de acuerdo a la fórmula, debe considerarse el ingreso anual de Bogado, quien conforme constancias de la pericia psicológica es jubilada, sin perjuicio de ello, no se encuentra debidamente acreditados sus ingresos.
De esta manera, no encontrándose probado el monto actualizado de sus ingresos, considero que debe tomarse como pauta la suma de $ 384.305,37 (jubilación agosto 2025) los cuales multiplicado por 13 (jubilación más SAC) arroja el importe anual de $ 4.995.969,81. En segundo término, ha de considerarse el porcentaje de incapacidad física de Bogado, que asciende a 10.7%. Luego, en función de las variables expuestas, resta por destacar que la accionante tenía a la fecha del hecho 69 años de edad y que la expectativa de vida alcanza actualmente los 80 años.
En suma, sobre la base de las pautas elaboradas precedentemente, la fórmula arroja el siguiente resultado $ 4.216.076,84 en concepto de incapacidad física sobreviniente en la persona de la Sra. Bogado.
Ahora bien, considerando como se ha expuesto en este voto, las fórmulas matemáticas aplicables para la cuantificación económica de la incapacidad física, constituyen una herramienta que pertenece a una ciencia exacta, auxiliar del derecho de daños, desde el punto estrictamente económico, de orientación al juez para determinar “prima facie” o a primera vista, el quantum resarcitorio por tal concepteo. Por lo cual, entiendo que el importe a devengarse finalmente debe también valorar la reparación integral de la víctima por el daño injustamente sufrido, incluso independientemente de las ganancias que haya dejado o no de percibir; insistiéndose que las fórmulas matemáticas son solo una herramienta del juzgador.
En efecto, analizadas todas las variables expuestas, concluyo que corresponde elevar el monto por incapacidad física en la suma de PESOS OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL ($ 8.025.000,00), pues la actora Bogado tenía a la época del accidente 69 años de edad, nació en fecha 18/03/1948, separada, con hijos, jubilada, conforme pericia psicológica de fecha 17/05/2022-, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, con un grado de incapacidad física parcial y permanente del 10.7%, siendo el mismo orientativo para el juzgador, guardando dichas lesiones relación causal con el hecho de autos según el curso natural y ordinario de las cosas, y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (arts. 1726 y 1727 del C. C. y C.; 472 y 474 del Cód. Proc.), y atendiendo principalmente a la reparación integral de la víctima, la cual no puede quedar delimitada – a mi juicio- a variables que no contemplan al sujeto en su vida de relación social, familiar, de esparcimiento, laboral, expectativa de vida que actualmente llega a los 80 años, entre otros, máxime cuando la apelante ha peticionado lo que es más o en menos surja de la prueba a producirse. (arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del Cód. Civ. Com., y 165, 375, 384, 456, del Cód. Proc.).
VIII. Consecuencias no patrimoniales. Concepto. Su procedencia. Diferencias jurídicas entre el daño moral y el daño psicológico En primer lugar, destaco que, probado el hecho ilícito y la consecuente responsabilidad civil de los demandados, el daño moral se presume (“res ipsa loquitur”). El artículo 1738 regula: “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Asimismo, dicho cuerpo legal dispone en su artículo 1741 la: “Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.
La frase Romanística Latina: "Res ipsa loquitur", que significa "la cosa habla por sí misma "o los hechos hablan por sí mismos, en el contexto legal, se refiere a una doctrina que permite a las víctimas accionantes probar judicialmente, la responsabilidad subjetiva (culpa o dolo) o la responsabilidad objetiva (daños causados por el riesgo o vicio de la cosas, las inmisiones, etc.,) imputable o atribuible al demandado responsable, basándose en las circunstancias del hecho ilícito subjetivo u objetivo probado, incluso sin pruebas directas. En otras palabras, si un accidente, es de tal naturaleza jurídica, que normalmente no ocurriría sin culpa, negligencia, imprudencia o riesgo de la cosa, y el demandado tenía el control exclusivo sobre el objeto riesgoso o la situación o el hecho que causó el daño, el tribunal puede inferir o presumir legalmente su responsabilidad, incluso si no hay pruebas directas de cómo ocurrió el accidente. Es el caso de autos, probada la responsabilidad objetiva de los demandados, cobra relevancia e importancia jurídica, la doctrina que enuncia dicho principio jurídico: "res ipsa loquitur" aplicable al presente subjudice” para inferir o presumir que el hecho ilícito de autos les causó daño moral a las victimas actoras.
Ahora bien, cuando comenzamos a tratar, conforme el texto del artículo, cuáles son las consecuencias de las afecciones espirituales legítimas, antes denominado daño moral, debemos recordar que este perjuicio fue descripto como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar, sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés generado por un hecho antijurídico y reprochable. (Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. TVIII. Arts. 1738/1741, pág. 246). El daño extrapatrimonial (o moral) es la modificación disvaliosa del espíritu de una persona, también productor (“consecuencia”) de la lesión a un interés extrapatrimonial, que reposa sobre un derecho de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial; y que se traduce en un modo de estar de la persona distinto producto de ese hecho lesivo, y anímicamente perjudicial. (Ossola, op. cit. Pàg.140).
Si bien en el CCyC no se lo define de manera explícita, en el art. 1741 se dispone respecto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales derivadas del suceso lesivo. Esta locución tiene una amplitud tal, que permite abarcar todas las repercusiones anímicamente perjudiciales derivadas de un suceso dañoso, se trate de un damnificado directo o indirecto, en tanto y en cuanto guarden adecuada relación de causalidad con el hecho y estén comprendidas en el elenco de las consecuencias indemnizables (art. 1726 CCyC). No cabe dudar que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de este, y anímicamente perjudicial.
Así las cosas, son dos las operaciones que deben realizarse: en primer lugar, determinar la entidad cualitativa del daño moral (su “valoración”). Luego de ello, sigue lo más difícil: determinar su entidad cuantitativa (esto es, la cuantificación). (Ossola, op.cit. págs. 156). Por otra parte, el daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral.
Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Ya encontraba su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente decía: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social".
El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente o transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave.
Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04). Diferencias entre el daño psíquico y las consecuencias no patrimoniales: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene un origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica.
Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable o reversible. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento. h) Legitimación activa: otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico.
En cambio, las consecuencias no patrimoniales: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad, sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo.
Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste (Art. 1741 del CCyCN). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por consecuencias no patrimoniales constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición, prudencia y discrecionalidad judicial.
Del mismo modo, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad del reclamante, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas como consecuencia del hecho y los demás sufrimientos y padecimientos, etc. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Finalmente, destaco que las actoras se agravian de la parcela del fallo recurrido, en cuando a que la Sra. Juez de la Instancia de origen, rechazó el resarcimiento del daño moral padecido por las víctimas actoras, sobre la base de que las mismas no han padecido ningún daño psíquico causado por el accidente, del cual resultan responsables civiles los demandados. Sin perjuicio de ello, como ha quedado demostrado precedentemente, existen diferencias sustanciales entre ambos daños, correspondiendo revocar este tópico del fallo y hacer lugar al resarcimiento de las consecuencias no patrimoniales.
Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de las víctimas– mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad física-, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, constancias de atención médica, historia clínica, pericia médica, psicológica, estudios complementarios y causa penal, estimo que corresponde hacer lugar al presente rubro en la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($5.760.000,00) a favor de Ibáñez y en la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS ($4.012.500,00) a favor de Bogado, importes que considero justos en función de los daños padecidos por las víctimas; como así también atendiendo a que en el escrito de inicio han peticionado lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. (art. 1738, 1741 CCCN y art. 165 CPCC).
En el caso, la sentenciante de grado ha otorgado la suma de $400.000,00 a favor de la accionante Ibáñez, lo cual fuera motivo de queja por la parte demandada.
Ahora bien, a los fines de dar respuesta a este agravio, resulta menester destacar que en la especie este sentenciante ha realizado un nuevo reexamen y estudio de la cuestión, apartándose del criterio sostenido hasta entonces.
En una primera etapa, se consideraba que este rubro “privación de uso” formaba parte de lo que suele denominarse 'lucro cesante”. Los tribunales se inclinan a exigir una prueba muy precisa y detallada de los perjuicios, negándose a repararlos si ella no se brindaba.
Sin perjuicio de ello, por este camino se llegaba a soluciones disvaliosas, puesto que se dejaba sin indemnizar perjuicios que eran reales, pero no podían ser objeto de la prueba directa que se requería en razón de dárseles el trato de “lucros cesantes", por lo cual, comienzan los diversos Tribunales a conceder esa indemnización. Se considera, con acierto, que la "imposibilidad de utilizar el vehículo durante un determinado lapso (…) configura un perjuicio que debe ser indemnizado pues si no la reparación dejaría de ser integral". “El vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo", en razón de que "el automóvil, por su propia naturaleza, está destinado al uso" y con él se satisfacen -o pueden satisfacer- necesidades espirituales y materiales". Comporta un daño resarcible la sola privación del uso de un automotor en virtud de afectar uno de los atributos del dominio. La sola privación del vehículo importa por si un daño indemnizable, a título de daño emergente, aunque no se compruebe el perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas lucrativas. (Luis Moisset de Espanés, Automotores. Privación del uso. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar).
Del mismo modo, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul ha tenido oportunidad de manifestar que: “En punto a la prueba del aludido daño, esta Sala señalaba en la causa “Lazzarino” (voto del Dr. Galdós) que “en general se sostiene que la privación de uso de un automóvil es de por sí un daño indemnizable pues se presume que quien lo utiliza lo hace para llenar una necesidad’ (Borda, Guillermo ‘Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones’ T.II ps.370/371; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio- Zannoni ‘Códigos...’ T.5 p.275 y ss.; S.C.B.A. Ac.27251, 24/6/60 ‘Rassori’, DJJ 119- 553/54; Ac.47079, 20/11/91 ‘Sellaro’). De tal suerte que la sola privación de uso –sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva constituye la materialidad del daño (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y concs. Cód.Civ,; ver Zavala de González Matilde ‘Daños a los automotores’ p.118 y ss.).” (causa n° 39300, “Lazzarino, Ismael…”, del 19/5/98, E.D. 178-335 con nota de Jorge Bustamante Alsina). Se subrayó en ese precedente que “La tendencia jurisprudencial mayoritaria adhiere a la tesitura que entiende que la indisponibilidad del vehículo puede dar origen a un daño emergente – generalmente presumido- o a un lucro cesante, sujeto a prueba’ (ver Zavala 60346 24 de González, ‘Daños a los automotores’ T.1 ps. 92, 99, 130, 150”). (esta Sala, causa cit. “Lazzarino”; en igual sentido, causas n° 56.236, “Sala, Jorge Ulises, del 05/07/12 y nº 58761, "Galarza, Blanca Beatriz, del 17/07/14). Respecto de la ausencia de prueba concreta en torno a lo erogado, se ha dicho que “sería ciertamente engorroso y no siempre posible la acumulación detallada de los múltiples comprobantes de expedición no habitual que acrediten, por ejemplo, el importe de los varios viajes en taxímetro. Recuérdese además que el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, y que se contaba con ese derecho a partir de la propia indisponibilidad del vehículo, de suerte que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya concretado la víctima; lo que importa es el que, jurídicamente, tenía facultad de desplegar con la indemnización, que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proceso”. (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 1. Daños a los automotores, ob. cit., pág. 131).
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de La Nación, ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión, refiriendo que: “En lo que hace a la privación de uso particular del automóvil, su resarcimiento se impone en atención a que la indemnización debe ser integra.” (Silvia Susana Piccini y o. c/ Prov. de la Rioja y o. s/ daños y perjuicios” CSJN, 14/10/1992). El rubro indemnizatorio privación de uso, es un daño producido como consecuencia de un accidente de tránsito cuyo responsable resultó íntegramente la parte demandada, por lo cual lo considerado como un daño emergente, pues este daño fue causado directamente por dicha parte. (arts. 1737, 1738, 1739 y 1740 del CCyC).
Por lo cual, en función de la doctrina citada, entiendo que en la especie corresponde otorgar una suma que indemnice a la actora por la indisponibilidad del automotor, tal como lo ha resuelto la sentenciante de grado. Pues conforme la prueba rendida, se advierte de la pericia mecánica, la cual se encuentra lo suficientemente fundada (arts. 472 y 474 del CPCC) y la causa penal iniciada, que el vehículo de la co-accionante sufrió los siguientes daños: “abolladura en la parte frontal del capot, rotura de paragolpes delantero, abolladura de guardabarros delantero izquierdo con desprendimiento de pintura, rotura de óptica delantera izquierda”, lo cual se encontraría también corroborado con las fotografías adjuntadas a fs. 12 de la instrucción penal, en las cuales se observa claramente el daño frontal del vehículo Chevrolet Corsa, afectándose severas partes; por lo cual los daños acreditados en dicho automotor generan convicción suficiente sobre la indisponibilidad de dicho bien; ello sin perjuicio de no haberse acreditado a través de la pericia mecánica la cantidad de días necesarios para su reparación. En efecto, comparto el criterio de la Sra. Magistrada, en cuanto expuso que, “En defecto de esta prueba, la indemnización debe establecerse suponiendo un uso "stándar o medio"; es decir previendo un cierto número de traslados mínimos que no deja de llevar a cabo todo usuario”. Del mismo modo, este juzgador entiende pertinente la aplicación de las reglas de la equidad y los principios generales del Derecho como fuente legal.
“La equidad no es sino una de las expresiones de la idea de justicia y puesto que esta es un ingrediente necesario del orden jurídico positivo, la equidad viene a formar parte de él. Está vinculada con el principio de justicia que exige: ‘dar a cada uno lo suyo’. Los jueces echan mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio en las relaciones humanas, para suplir el silencio de la ley dictando una sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría una conciencia honrada y ecuánime” (Borda Guillermo A., Tratado de derecho civil, Tº I, Ed. Perrot, Bs. As. 1959, p.93/4).
Vale recordar que Vélez Sarsfield en la nota al art. 2567 del Código Civil, ratifica que: “La equidad debe dirigir la resolución de los jueces”. Al hilo de esta consideración queda confirmado que el recurso a la equidad es competencia de los jueces, a la hora de resolver los casos que tienen bajo su jurisdicción (Vigo Rodolfo Luis, Distintas concepciones de equidad, La Ley 11/5/2.015, cit. Online, AR/DOC/1431/2.015).
“La Equidad” como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre los seres humanos, respetando las características particulares de cada caso, para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Según Aristóteles: “La equidad es la justicia aplicada al caso concreto”. Interpreto a mi juicio, que su aplicación surge del art. 2º del Cód. Civ. y Com. (“los principios y los valores jurídicos”), en concordancia con los preceptos legales de los arts. 1º y 3º del mismo Código.
En suma, atendiendo a las constancias de autos, corresponde que el presente rubro se confirme en la suma de pesos CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00), pues considero que dicha suma fue fijada de modo equitativo, con prudencia y razonabilidad (art. 1740 y art. 165 del CPCC).
X. La actualización monetaria y el cómputo de los intereses La parte actora en su escrito de inicio ha solicitado una partida indemnizatoria por el accidente sufrido, importe supeditado “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más su actualización monetaria e intereses desde la fecha del evento dañoso (09/09/2017) hasta su efectivo pago…”. Asimismo, conforme la expresión de agravios ha solicitado un mecanismo de actualización de la suma otorgada, ello atendiendo a que la Sra. Juzgadora de la instancia de grado solo se ha expedido sobre los intereses.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el novedoso caso: “Barrios” ha resuelto que: “Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, por ende, corresponde: a) revocar el fallo impugnado en lo que hace a los daños psíquicos de ambos accionantes, los cuales deberán ser incluidos en la reparación de la incapacidad otorgada en este proceso, y b) declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. Asimismo, deberá remitirse el expediente a la Cámara de Apelación para que: a) calculando el valor a la fecha del pronunciamiento que aquí se ordena, determine el monto correspondiente al agravio reclamado en el recurso que se estima en esta sentencia, conforme a los criterios o parámetros de valorización empleados en el caso; b) por cuanto concierne a los demás rubros indemnizatorios reconocidos en la causa, establezca el mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros; c) todo ello, con arreglo a lo establecido en el presente pronunciamiento (en particular en los apartados V.16.c., V.17.a., V.17.b., V.17.c., V.17.d, V.17.e. y V.17.f. del voto que abre el acuerdo). (Ac. SCBA 3971/20). (SORIA Daniel Fernando – JUEZ KOGAN Hilda JUEZA- GENOUD Luis Esteban – JUEZ - TORRES Sergio Gabriel JUEZ CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA) (el subrayado no es original).
Como vemos, la Corte provincial ha modificado el criterio sostenido en épocas anteriores respecto a la actualización monetaria, por entender que, en un contexto de acusada inestabilidad económica, la aplicabilidad a ultranza del artículo 7 de la ley 23.928 genera una perturbación severa para la justa composición de los conflictos. Circunstancia, que ha motivado la declaración de inconstitucionalidad el artículo 7 de la ley 23.928 con el fundamento de que desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz.
Así las cosas, y toda vez que actualmente no puede desconocerse la existencia de un contexto inflacionario, dicha circunstancia me lleva a propiciar la declaración de oficio de la norma que prohíbe indexar. En consecuencia, corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado.
Adelanto que la solución que se propicia, no resulta incompatible con la cuantificación realizada a valores actuales; toda vez que la magistrada al momento de sentenciar ha fijado y liquidado una deuda de valor a favor de las accionantes Ibáñez y Bogado –hoy en tratamiento por esta Alzada respecto a los rubros apelados-, la cual naturalmente pasará a constituirse en una deuda de dinero. Dicha circunstancia, no impide optar por el camino que se propone, toda vez que en palabras de la SCBA los rubros pueden ser sometidos a un “mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros”.
Asimismo, toda vez que las indemnizaciones han sido estimadas a valores actuales y atendiendo al criterio sostenido por el Tribunal provincial en la causa “Paredes”, entre otros, corresponde aplicar para aquellos rubros que no han sido apelados o que se han confirmado (pues se retrotraen todos sus efectos) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de primera instancia momento en que se estiman los daños a valores actuales (arts. 724, 726, 768, Inc. “c”, 772, 886, 887, 888 y 1.748 del CCC).
Y partir de allí, aplicar un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instancia- y hasta su efectivo pago.
Y finalmente, corresponde aplicar para aquellos rubros que han sido elevados u otorgados (daño físico y consecuencias no patrimoniales) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia momento en que se estiman los daños a valores actuales (arts. 724, 726, 768, Inc. “c”, 772, 886, 887, 888 y 1.748 del CCC).
Y partir de allí, aplicar un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de segunda instancia- y hasta su efectivo pago.
XI. Se intime a la aseguradora Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Actividad Aseguradora en el punto 39.6.4 se establece la obligatoriedad para las aseguradoras de remitir, de manera periódica, información precisa sobre los juicios y mediaciones en las que participa. La SSN explica en los considerandos de las normas que este sistema de reporte- denominado Sistema Informático de Juicios y Mediacionesconstituye una herramienta central para conocer la real situación económicafinanciera de cada aseguradora, y, por lo tanto, resulta vital para la fiscalización del mercado.
Por su parte, el artículo 64 de la ley 20.091 regula: “El control de todos los entes aseguradores se ejerce por la Superintendencia de Seguros de la Nación con las funciones establecidas por esta ley”. Por otra parte, el presente sub-judice, se haya enmarcado legalmente dentro de la ley de defensa del consumidor número 24.240, sobre la base de una relación de consumo.
En su consecuencia, resuelvo de oficio que en la etapa de ejecución de la sentencia se intime a la citada en garantía “Zúrich Argentina Compañía de Seguros S.A.”, para que dentro del término de cinco días haga saber a S. S. si en su oportunidad dio cumplimiento con dicho reglamento, haciéndole saber a la Superintendencia de Seguros de la Nación la existencia de un pedido de mediación y posterior inicio de estas actuaciones de daños y perjuicios; todo ello bajo apercibimiento de efectuarse dicha notificación al ente del control a través de la Sra. Jueza de la instancia de grado (arts. 64, 67 inc. a, b, e de la ley 20.091, 1710/1715 (“mandato preventivo”), 1725 del CCCN, RGAA, art. 39.6.4, 19 y 42 CN, 38 de la Const. De la Prov. De Bs. As., ley 24.240 y sus modificatorias arts. 3, 4, 5, 53, siguientes y concordantes).
XII. Las costas de Alzada Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en esta Instancia deben ser impuestas a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Pérez Catella y Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1º) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) SE ELEVE el rubro daño físico a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($11.520.000,00); b) SE ELEVE el rubro daño físico a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL ($8.025.000,00); c) SE HAGA LUGAR al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($5.760.000,00); d) SE HAGA LUGAR al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS ($4.012.500,00); e) SE DISPONGA al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada. f) SE DECLARE DE OFICIO la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado; g) SE FIJE para aquellos rubros que no han sido apelados o que se han confirmado (pues se retrotraen todos sus efectos) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se estiman los daños a valores actuales.
Y partir de allí, SE APLIQUE un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instanciay hasta su efectivo pago; h) SE FIJE para aquellos rubros que han sido elevados u otorgados (daño físico y consecuencias no patrimoniales) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia momento en que se estiman los daños a valores actuales. Y partir de allí, SE APLIQUE un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de segunda instanciay hasta su efectivo pago. 2°) SE DISPONE que en la etapa de ejecución de la sentencia se intime a la citada en garantía “Zúrich Argentina Compañía de Seguros S.A.”, para que dentro del término de cinco días haga saber a S.
S. si en su oportunidad hizo saber a la Superintendencia de Seguros de la Nación la existencia de un pedido de mediación y posterior inicio de estas actuaciones de daños y perjuicios; todo ello bajo apercibimiento de efectuarse dicha notificación al ente del control a través de la Sra. Jueza de la instancia de grado; 3°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro, atento a la forma en que se resuelve y principio objetivo de la derrota. (arts. 68 del C.P.C.C.). 5°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Pérez Catella y Posca adhieren y VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. MODIFICAR LA SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) ELEVAR el rubro daño físico a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($11.520.000,00); b)
ELEVAR el rubro daño físico a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL ($8.025.000,00);
c) HACER LUGAR al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Ibáñez Silvia en el importe de pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($5.760.000,00); d) HACER LUGAR al rubro consecuencias no patrimoniales a favor de Bogado María Josefina en el importe de pesos CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS ($4.012.500,00); e) DISPONER que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada. f) DECLARAR DE OFICIO la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado; g) FIJAR para aquellos rubros que no han sido apelados o que se han confirmado (pues se retrotraen todos sus efectos) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se estiman los daños a valores actuales.
Y partir de allí, SE APLIQUE un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de primera instanciay hasta su efectivo pago; h) FIJAR para aquellos rubros que han sido elevados u otorgados (daño físico y consecuencias no patrimoniales) el interés puro de 6 % anual, desde de la fecha del hecho -09/09/2017- hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia momento en que se estiman los daños a valores actuales. Y partir de allí, SE APLIQUE un sistema de actualización del capital hasta el efectivo pago, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 6% que corre desde la fecha de valuación de la deuda -fecha de la sentencia de segunda instanciay hasta su efectivo pago. 2°) DISPONER que en la etapa de ejecución de la sentencia se intime a la citada en garantía “Zúrich Argentina Compañía de Seguros S.A.”, para que dentro del término de cinco días haga saber a S.
S. si en su oportunidad hizo saber a la Superintendencia de Seguros de la Nación la existencia de un pedido de mediación y posterior inicio de estas actuaciones de daños y perjuicios; todo ello bajo apercibimiento de efectuarse dicha notificación al ente del control a través de la Sra. Jueza de la instancia de grado; 3°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 4°) IMPONER las costas generadas en esta instancia a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro, atento a la forma en que se resuelve y principio objetivo de la derrota. (arts. 68 del C.P.C.C.). 5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia