Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 69.354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confírmase la resolución de fecha 28/02/20 en lo que ha sido materia de agravios.
2Costas al recurrente en su condición de vencido. (art. 68 y 69 del CPCC.)
S. S. A. C/ D. B. M. L. Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
Exp Nº: LZ-69354-2018 Jz 14 (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 26/10/20 contra la resolución del día 28/02/20 por medio de la cual el Sr. juez a quo resolvió declararse incompetente para seguir entendiendo en los presentes, ordenando su remisión al Juzgado de Familia N°1 Dtal., el cual intervino oportunamente en los autos "S., S. A. c/ D. B. M. L. s/ Protección contra la violencia Familiar".
ii. Se agravia el recurrente de la resolución atacada por cuanto sostiene que no corresponde la intervención del fuero de familia atento a que la convivencia que mantuvo con la Sra. M. d. C. Z. no cumplía con las características prescriptas por el art. 509 del Código Civil y Comercial, así como que la acción se encuentra dirigida al desalojo de la Sra. Z. y de quien resulta ser hijo mayor de edad de la misma.
iii. Corresponde comenzar señalando que esta Sala ha sostenido reiteradamente que las leyes sobre competencia son de orden público. Con este concepto primigenio, la forma o manera de determinar y fijar la competencia o la capacidad del Juez para conocer de un determinado litigio es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión de la causa, teniendo raíces constitucionales. Además como la jurisdicción es improrrogable y la competencia por materia y por grado también lo es, puede el juez o tribunal de Alzada declarar la falta de jurisdicción o la incompetencia en cualquier estado de trámite (CALZ, Sala Iª, causa nº 40174, RSD-118-94, S 13-5-1994, in re "Marazzi, Oscar H. s/ Información sumaria").
La determinación de la competencia requiere partir del análisis del contenido de la pretensión deducida, desde un punto de vista objetivo y de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida en base a los hechos expuestos en la demanda y de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la pretensión por el actor (Palacio Lino E., "Derecho procesal civil", T II., pág 408).
Por su parte, si bien la competencia en el derecho de familia ha de considerarse exclusiva y de aplicación restrictiva, no por ello deben soslayarse las reglas y principios procesales contenidos también en el ordenamiento de fondo, y en especial a aquéllas que refieren a la especialidad inherente a la materia en debate. (arg. arts. 705 a 723 CCyC.; art. 827 del CPCC.)
Es que, lo que determina la necesaria intervención del fuero de familia es la verificación de la existencia de un conflicto derivado de la vida familiar. Así lo señala Kemelmajer de Carlucci cuando al analizar precisamente la competencia en materia de uniones convivenciales destaca que "En efecto, quienes niegan derecho a la vida familiar en la unión convivencial entienden que el conflicto generado al momento del cese debe ser resuelto por el juez civil, no por el juez de familia (...) pero hoy prevalece ampliamente la opinión de quienes atribuyen la competencia al juez de familia, aun cuando la norma procesal local presente dudas".
(KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, "El enriquecimiento sin causa y la compensación económica como instrumentos usados por la jurisprudencia para decidir cuestiones patrimoniales derivadas de la unión convivencial", La Ley, 18/02/2021)
En este sentido, corresponde puntualizar que los conflictos de familia se caracterizan por requerir un abordaje diferente a los restantes litigios civiles; de ahí que en dichos procesos el judicante posee una función tuitiva que le impone participar activamente. Se ha dicho al respecto que la singularidad del proceso de familia no se encuentra en su forma exterior o conformación estructural, sino más bien en su sustancia. Y ello se debe a que, en la mayoría de los supuestos, no se trata de resolver el litigio dando la razón a una parte y declarando culpable a la otra, ni de fijar quién es el ganador y quién el perdedor, sino que lo que se procura es eliminar el conflicto, "orientando a la familia para que encuentre un nuevo orden en su estructura familiar”. (cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R., principios procesales y tribunales da familia, en J. A. 1993-IV-676) En específica referencia al proceso de Familia, la Comisión Redactora del Anteproyecto del Digesto Civil y Comercial destacó que "(...) Se afirma la especialidad del fuero de familia y la consecuente necesidad de que los tribunales estén conformados con equipo multidisciplinario; (...) Se regulan las reglas de competencia relativa a diferentes procesos de familia, entre otros: procesos en los que se deciden de modo principal derechos de niños, niñas y adolescentes (guarda, custodia, régimen de comunicación y alimentos); derivadas de las uniones convivenciales; los alimentos entre cónyuges y las acciones de filiación cuando involucra personas mayores de edad (...) Se regulan las medidas provisionales de carácter personal y patrimonial, en el marco del proceso de divorcio y de nulidad de matrimonio, o incluso antes de iniciarse, en razón de urgencia. Se extiende la posibilidad del dictado de medidas provisionales a los casos de uniones convivenciales, si ello correspondiere".
De ello se sigue que los procesos de familia reúnen una naturaleza especial o diferenciada, se instan para dirimir las pretensiones de naturaleza familiar y, por consiguiente, son los que deben articularse cuando un grupo familiar convivencial atraviesa un conflicto donde se ventilan derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y cuyo acceso hace al cumplimiento de la tutela judicial efectiva. (FALCÓN, Enrique M., "Tratado de derecho procesal civil y comercial, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, t.X, p.535).
No debe olvidarse que la incorporación de las uniones convivenciales a la regulación de las relaciones de familia deriva de la apreciación amplia de este concepto y del reconocimiento constitucional y convencional de las diferentes formas familiares. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha señalado que "en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo el modelo ´tradicional´". "El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y abarca otros lazos familiares en los que las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio" (CIDH, en "Atala Riffo y niñas vs. Chile", 24/02/2012; "Forneron e hija vs. Argentinna", 27/04/2012; "Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica", 28/11/2012, entre otros).
Es decir, que hoy en día no existen dudas con relación a que las uniones convivenciales constituyen una forma más del derecho humano a formar una familia. Resultan así, sumamente reveladoras también las consideraciones de la Comisión Redactora, la cual en los Fundamentos que lo acompañaron consideró que "en materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas a la filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro; en el régimen legal de las personas menores de edad también se receptan muchas novedades como consecuencia de los tratados internacionales; en materia de matrimonio, se regulan los efectos del sistema igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Ello no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender".
iv. En el caso de autos, si bien el ahora recurrente señala que su objetivo es lograr el desalojo de la Sra. M. d. C. Z., lo cierto es que —a diferencia de lo sostenido en la expresión de agravios— en su propia presentación inicial señaló que con la misma formó oportunamente una unión convivencial (fs. 3), circunstancia que también surge en forma explícita de la documentación aportada por el recurrente. Obsérvese que de la copia del informe acompañado a fs. 43 surge que el actor manifestó ante el fuero de familia haber convivido durante veinte (20) años con la Sra. Z. — a quien ahora solicita la desocupación del inmueble—, situación que también se verificó al promover en dicho fuero una petición de exclusión del hogar (v. fs. 40/41).
En consecuencia, siendo las uniones convivenciales una forma de vida familiar regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación entiende este tribunal que el fuero de Familia es el competente para entender en la controversia suscitada, habida cuenta la especialización propia del órgano y las pautas que nuestro ordenamiento de fondo dispone atender en materia de procesos como el que nos ocupa. (arg. art. 706, inc. "a", CCYC.)
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Confírmase la resolución de fecha 28/02/20 en lo que ha sido materia de agravios.
2. Costas al recurrente en su condición de vencido. (art. 68 y 69 del CPCC.)
REGISTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).-
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMAN PEDRO DE CESARE SECRETARIO
(parte actora - Dra. L.)
(Sr. D. B. y Sra. Z.)
Fin de la sentencia