Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 16.147
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA)
Desestimar parcialmente los AGRAVIOS expresados por la la citada en garantía. B) admitir parcialmente los AGRAVIOS expresados por la parte actora y en consecuencia: 1º) elevar la cuantificación para el rubro “Incapacidad psicofísica” a la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) 2°) elevar la cuantificación para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000) 3°) ESTABLECER a los fines de practicarse la pertinente liquidación que deberá distinguirse aquellos rubros que han sido apelados de aquellos que han sido consentidos por los litigantes. Vale decir, aquellos rubros que han tenido tratamiento y resolución por esta Alzada -valorados y cuantificados en esta instancia-, deberán ser liquidados desde la fecha del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de Segunda Instancia a la tasa pura del 6% y de allí en más la utilización de la tasa pasiva más alta; mientras que aquellos que no han merecido tratamiento alguno en esta instancia -rubros firmes y consentidos-, será la fecha de la sentencia de grado la que deberá considerarse como el momento para la evaluación de la deuda, pues las partes han consentido la valoración y cuantificación de dicho rubro 4°) confirmar todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN LAS COSTAS DE ALZADA a la citada en garantía (art. 68 CPCC) 6º) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 16147 - 2018 - MACIAS CHRISTIAN MARTIN C/ CASTRO TOCONAS DELFIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL MACIAS CHRISTIAN MARTIN C/ CASTRO TOCONAS DELFIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
LM-16147-2018
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “MACIAS CHRISTIAN MARTIN C/ CASTRO TOCONAS DELFIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”, LM-16147-2018, habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Airesresultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA- TARABORRELLI- PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL Dr. RAMON DOMINGO POSCA dijo:
I. Los antecedentes del caso.
La señora juez de grado hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Experta ART S.A y rechaza la demanda interpuesta por Paula Solange Brandoli, haciendo lugar a la demanda interpuesta por el actor. En consecuencia, condena a Delfín Castro Toconas a abonar la suma de siete millones quinientos sesenta y tres mil pesos ($7.563.000) a Christian Martín Macías , en el término de diez (10) días, con más los intereses, de acuerdo con el considerando 7.
Hace extensiva la condena a Federación Patronal Seguros SA conforme con lo establecido en el considerando 8 (artículo 118 de la ley 17418).
Impone las costas de la demanda a Delfín Castro Toconas y difiere la regulación de honorarios de acuerdo con el artículo 51 la Ley 14397. El Dr. Delfín Castro Toconas apela la sentencia.
Christian Martín Macías y Paula Solange Brandoli apelan la sentencia. El Dr. Germán Alberto Stopiello en representación de “Federación Patronal Seguros S. A.” apela la sentencia. Sendos recursos han sido concedidos libremente.
Radicada la presente ante esta Sala Primera, se llama a expresar a agravios con fecha 20/03/2023.
Con fecha 27/3/23 la parte actora expresa agravios, haciéndolo la citada en garantía el 29/3/23. El 29/3/23 el demandado desiste del recurso interpuesto.
Corrido el traslado de ley con fecha 24/5/23, el 5/6/23 la citada en garantía presenta su contestación.
Con fecha 2/8/23 la Fiscalía de Cámara Dptal. contesta la vista conferida el 9/6/23.
Finalmente, el 1/9/23 se dicta el llamamiento de Autos para Sentencia (art. 263 C.P.C.C), practicándose por secretaria el sorteo correspondiente para el estudio y votación de la presente causa.
II. 1. La expresión de agravios presentada por la parte actora. Primer agravio. La actora se queja porque se ha rechazado la demanda contra la Aseguradora de Riesgos de Trabajo “EXPERTA A.R.T.”.
Solicita se haga a lugar a la misma condenándola al pago del rubro incapacidad laborativa sobreviniente y/o a los rubros que se consideren procedentes.
Segundo agravio. La actora se queja por el rechazo de la demanda interpuesta por la coactora Paula Solange Brandoli y solicita se condene a los codemandados Castro Toconas Delfin y Federación Patronal Seguros S.A. al pago de los rubros daño moral y psíquico solicitado en la demanda. Tercer agravio. Considera que la cuantificación de los rubros indemnizatorios incapacidad psicofísica y daño moral del coactor Macias Christian Martín resulta reducida por lo que solicita se eleven las indemnizaciones.
Para ello, reseña los daños, secuelas y tratamientos realizados. Refiere sobre las pericias. “Según lo informado por los peritos de parte cuyos informes fueron acompañados como prueba documental junto a la demanda, la Sra. Paula Brandoli Solange presenta una incapacidad de tipo psíquica y permanente del 15 % (quince por ciento) -Lic. Francisco Javier Piaggio (M.N.
54.170, M.P. 83.923).”
Afirma: “Según lo informado por el perito oficial designado en autos especializado en psicología Lic. Carlos Alberto López, M.P 83.384, se determinó una incapacidad psíquica y permanente para Martín del 35 % (treinta y cinco por ciento) -pericia presentada el 02/11/2021-; y una incapacidad psíquica y permanente para Paula del 20 % (veinte por ciento) -pericia presentada el 23/03/2022-.”
“Según lo informado por el perito oficial designado en autos especializado en traumatología Dr. Ignacio Arturo Milograna, M.P. 332644, Martín presenta una incapacidad parcial y permanente del 39,49 % (treinta y nueve con 49 décimas por ciento) de la total vida -pericia presentada en fecha 24/10/2021-.”
Afirma que “El día 14 de Agosto del 2018 Martín inició su reclamo ante la comisión médica de Ramos Mejía. Tal como sostuvimos en la demanda (capítulo X. PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO. Afección a la garantía constitucional del debido proceso, Juez natural, plazo razonable, facultades delegadas y al sistema de reparación integral. Diálogo de fuentes y constitucionalización del derecho privado las comisiones médicas son inconstitucionales.” (Ver expresión de agravios)
Sostiene: “El sistema de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es burocrático y atenta contra el debido proceso legal y la celeridad del derecho a peticionar ante las autoridades. Esta parte terminó cansándose de lo lento y obstructivo que resulta el sistema administrativo. Pasó casi un año y ni siquiera la comisión local emitió su dictamen. Martín fue citado a innumerables médicos tratantes. Compareció a todas las citaciones para que luego de seis meses (hacia el mes de Febrero de 2019 aproximadamente) la comisión dictamine que la ART (léase “EXPERTA ART”) no realizó todos los tratamientos necesarios y ordene su intervención nuevamente. La ART cita nuevamente a Martín para que se realice nuevos estudios. Martín, como siempre, comparece a todas las citas. Posteriormente, luego de ofrecimientos irrisorios por parte de la aseguradora, emite un dictamen y vuelven los antecedentes a la misma comisión local para resolver. Como bien se dijo no hay resolución al día de la fecha. Esta parte presentó dos escritos de “PRONTO DESPACHO” los cuales resultaron inútiles.”
Sostiene: “Plantemos la inconstitucionalidad del subsistema que regula el seguro laboral, en especial las disposiciones que prevén el fuero laboral para todo tipo de contienda contra las aseguradoras de riesgos de trabajo. La a quo, previo dictamen del Fiscal, entendió en el auto preliminar de traslado de demanda que la ART podía ser demandada en los presentes Insiste en la procedencia de la demanda contra la aseguradora de riesgos del Trabajo y el planteo de inconstitucionalidad del sistema especial del Seguro Laboral (Leyes 24.557 – en particular artículos 6, 21, 22 y 46-, 26.773 –En particular art. 3- y 27.348). Refiere sobre la responsabilidad objetiva, la constitucionalización del derecho y el diálogo de fuentes. Sostiene que el encuadre jurídico de la sentencia apelada es erróneo. Afirma que “Iniciar dos litigios por el mismo hecho generador de responsabilidad resulta contraproducente con los principios rectores del debido proceso. El hecho que intervengan dos Magistrados por una misma causa petendi” atenta contra los principios procesales de concentración y economía procesal. La justicia debe obrar con practicidad, dinamismo y rapidez. Asimismo, el plazo razonable es una garantía constitucional incorporada a nuestro texto por medio del art. 75 inc. 22. La Convención Americana de los Derecho Humanos nos dice en su art. 8 inc. 1 que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente”. Cuanto más se complejiza la jurisdicción más lento se vuelve todo.”
Solicita se revoque la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada EXPERTA ART y se la condene a abonar la incapacidad laborativa sobreviniente estimada a valores actuales.
Legitimación activa de la señora Paula Solange Brandoli. Sostienen “que el razonamiento es erróneo e infundado porque de las pruebas arrimadas en autos se acreditó un gran grado de incapacidad en cabeza del damnificado principal (60,66%), y una incapacidad propia en cabeza de su cónyuge de tipo psíquica (20 %).
Refiere sobre las pericias. Relata sobre el percance y los trastornos derivados del hecho controvertido. Sostiene: “Tanto Martín como Paula expresaron ante el experto vivencias similares respecto al siniestro. Cada uno de ellos tuvo un encuentro propio y una pericia personal. Como punto de conexión entre ambas evaluaciones ambos se quebraron en llanto y demostraron su angustia ante el relato del pasado. Tenga presente V.E. que el accidente ocurrió en Noviembre del año 2017 y la pericia de la Sra. Paula fue a principios del año 2022. Casi cinco años después la paciente demostró dolor y secuelas. Para ser gráficos, la situación descripta y acreditada implicó la posible pérdida de un marido y el hecho de afrontar la crianza de la única hija de ambos en forma unipersonal.”
Afirma: “En adición, debe tenerse presente que el perito psicólogo oficial aconsejó que Paula debería realizar tratamiento psicológico por un mínimo de dos años. Hecho no menor que refuerza nuestra postura.” Solicita se revoque la sentencia en este aspecto y se haga a lugar a la demanda entablada por Paula Brandoli respecto a los rubros indemnizatorios daño moral y daño psíquico a valores actuales.
Los rubros indemnizatorios del coactor Cristian Martín Macias. El apelante considera reducida la indemnización. La incapacidad psicofísica. Sostiene que la cuantificación del rubro de la suma de $ 6.952.163,98 por la incapacidad psicofísica del Sr. Martín, resulta exigua.
Solicita la aplicación de una fórmula polinómica para determinar la cuantificación del daño.
También se agravia, porque se consideró el salario mínimo vital y móvil como base de cálculo. Afirma: “Fundamos nuestra posición. Tal como se redactó en la demanda el Sr. Martín Macías era gerente de la firma “SONY CENTER” (razón social PREMIUM MPM SA C.U.I.T 30-71134172-9) ubicada dentro del shopping de San Justo, con domicilio en la Av. Juan Manuel de Rosas 3910 de esa localidad. El accidente ocurrió mientras él trabajaba para la empresa, cuyo nombre de fantasía era Garbarino.” (Ver expresión de agravios)
Sostiene: “Luego del accidente Martín ingresó en un largo período de licencia, lo que perjudicó su situación laboral. Se presume que un accidente de características tales como el sufrido por el damnificado repercute negativamente en el desarrollo laboral. Sin perjuicio de la cantidad de días de licencia que tuvo que afrontar su recuperación psicofísica llevó mucho tiempo y hay secuelas que soportará de por vida. Dicho esto, es lógico que el “rendimiento” de un gerente de una sucursal comercial no pueda ser el mismo que tenía hasta el momento del accidente.” (Agravios)
Sostiene que “yerra la sentenciante al considerar que en el mes de Diciembre del año 2022 el Sr. Martín se encuentra desocupado “por dichos” del año 2019. Es decir. Que uno se encuentre sin trabajo en un momento determinado de su vida no implica que esta situación se mantenga inmutable a lo largo del tiempo.”
Afirma: “Como primer elemento de convicción tomamos como parámetro el cargo que Martín tenía al momento del siniestro. No era ni más ni menos que gerente. No era administrativo ni operario, sino que logró a lo largo de su carrera profesional acceder a uno de los cargos más altos que prevé el convenio colectivo de trabajo aplicable al vínculo laboral.” Sostiene que “con la prueba documental acompañada en autos obran recibos de sueldo autenticados por falta de desconocimiento de la contraria (conf. art. 354 del CPCC). Allí vemos que la categoría laboral era “ENCARGADO” y que el sueldo percibido bruto era de $ 53.226 a Marzo del año 2019.”
Critica que la señora juez de grado consideró tres años y nueve meses después (repasamos que el recibo obrante es autos es de Marzo del 2019 y la sentencia recayó en Diciembre de 2022) “un haber mínimo para el cálculo de la fórmula polinómica de $ 61.953 por sobre un haber bruto que Martín tenía históricamente de $ 53.226. Haciendo una simple deducción de la devaluación que sufre nuestra moneda nacional -hecho de público y notorioen Diciembre del año 2019 el dólar blue cotizaba a $ 78 aprox.; el dólar oficial a $ 22 aprox. y el salario mínimo vital y móvil a $ 16.875.“ En otras palabras, Martín cobraba en aquel entonces un sueldo cuatro veces mayor que el salario mínimo vital y móvil vigente.”
“También se podría haber considerado el salario de un gerente del mismo convenio colectivo al momento de dictar sentencia para mantener una cierta indemnidad, pero no se hizo.”
“Siguiendo la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la determinación del daño se debe justipreciar a valores actuales y no históricos”.
Sostiene “El Sr. Martín se encuentra actualmente trabajando en otra empresa de nombre “PRIMA IMPLANTES S.A.” desde el día 04/10/2021, con categoría de “ADMINISTRATIVO” y un sueldo bruto de $ 326.681,74. Se adjunta un recibo de sueldo actual a los fines que V.E. considere pertinente. Véase que sin ser actualmente encargado como lo era en el momento del accidente, el sueldo actual del damnificado es aproximadamente CINCO VECES MAYOR AL TOMADO POR PRIMERA INSTANCIA. “ Solicita “se reformule el cálculo polinómico modificando la suma de $ 61.953 (salario mínimo) por la suma de $ 326.681,74 (sueldo actual) y/o sueldo actual de un gerente comercial conforme CCT 130/75 (convenio colectivo empleados de comercio) con la antigüedad y adicionales que el Sr. Martín Macias detentaba al momento del accidente día 04 de Noviembre del año 2017.” (Agravios)
El daño moral. Considera exigua la cuantificación del rubro en la suma de $ 300.000.
Afirma que, si bien “…el daño moral es uno de los rubros indemnizatorios más subjetivos y abstractos que existen, la suma fijada no encuentra parámetro alguno con las pruebas obrantes en autos. Para ser explícitos y breves, podemos decir que Martín casi pierde la vida en el accidente. Esto no es una fantasía de esta parte sino más bien una deducción de todas las vivencias atravesadas desde Noviembre del 2017 a la actualidad. Martín fue atropellado con el auto del codemandado Castro Toconas volando por el aire. Estuvo 24 días internado en un Hospital y sufrió cuatro intervenciones quirúrgicas. Luego, estuvo meses de licencia por ART y meses mas tarde perdió el trabajo (recordemos que era gerente de una sucursal comercial del Shopping de San Justo, tal como manifestamos en el apartado anterior). No solo eso, el siniestro afectó psíquicamente a toda la familia, por lo que su cónyuge la Sra. Paula Brandoli es coactora y detenta a nuestro entender legitimación activa en cuanto al daño psíquico y moral (tal como fuera desarrollado en el apartado anterior”
por lo que entendemos justo elevar la partida a $ 4.000.000 (pesos cuatro millones).” (Agravios)
II. 2. Los agravios expresados por el Dr. Germán Alberto Stopiello en su carácter de letrado apoderado de la parte citada en garantía, Federación Patronal Seguros S. A Primer agravio. Se opone al procedimiento de determinación del quantum de los rubros indemnizatorios incapacidad psicofísica mediante la utilización de fórmulas o cálculos matemáticos.
Afirma: “Además de resultar improcedentes desde el punto de vista de su aplicación temporal, vulnera los principios básicos del proceso en relación a la distribución de la carga probatoria. Acude a información ajena al proceso que, además, es desvirtuada por las probanzas de autos.”
Sostiene que los parámetros utilizados no respetan los principios de tan significativa función jurisdiccional.
Considera que “El principio de razonabilidad y prudencia están claramente afectados.”
Se agravia, porque a su entender es arbitraria e infundada la selección de las variables requeridas por la fórmula matemática, en manifiesta violación de los principios de razonabilidad y prudencia.
Reitera que la señora jueza “ha incurrido en groseros errores en la tarea de cuantificación de la incapacidad física mediante la aplicación arbitraria del art. 1746 CCCN lo que pone en evidencia, de mínima, un serio desconocimiento de las probanzas de autos y de la realidad existencial de la víctima.”
Sostiene: “La norma del art. 1746 CCCN no dice que la indemnización “deberá ser calculada o fijada únicamente” sino que establece que “debe ser evaluada”, lo que según el Diccionario significa que se debe “estimar, apreciar, calcular el valor de algo”, lo que comprende la facultad judicial de emitir el juicio de ponderación conforme la singularidad del caso, la naturaleza y entidad del daño, las circunstancias existenciales de la víctima y la realidad económica”. Creemos que mantienen vigencia las pautas interpretativas desarrolladas anteriormente en cuanto que el juzgador no está atado a pautas matemáticas inflexibles, fórmulas rígidas o cerradas, porcentajes de incapacidad herméticos o relaciones actuariales.” (Galdós Jorge M. " Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN)" en RCyS diciembre de 2016 columna de opinión AR/DOC/3677/2016).”
Cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable y solicita se rechace la aplicación de fórmulas matemáticas para la cuantificación del rubro.
Segundo agravio. Considera excesivas las cuantificaciones de los rubros indemnzatorios incapacidad sobreviniente; daño moral; gastos de atención médica y medicamentos, gastos de tratamiento psicológico y fisioterapéutico; por exceder el principio de reparación integral. Valoración del rubro incapacidad psicofísica. Insiste en que es elevada la cuantificación del daño, considerándose la importancia de las secuelas. Afirma que la cuantificación de la incapacidad psicofísica excede las indemnizaciones que habitualmente establece este Tribunal.
Sostiene: “No obra acreditado que las presuntas secuelas incidieran en la aptitud productiva o laboral del actor.”
Cita jurisprudencia que entiende aplicable. Sostiene que la cuantificación del rubro es excesiva.
Afirma: “Asimismo, y siendo que quedó demostrado que el hecho motivo de autos, se trató de un accidente in itinere, siendo la aseguradora de riesgos del trabajo, quien debería abonar las dolencias físicas que motiva el presente, es que esta solicita, que en el supuesto de una sentencia condenatoria, dicha cuestión sea dilucidada en la etapa de ejecución de sentencia.”
Solicita que se rechace el rubro o se reduzca la indemnización. Valoración del rubro daño moral. Entiende que la cuantificación del daño moral es elevada.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable. Sostiene: “El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.” Solicita que se rechace el rubro o se reduzca su cuantificación. Valoración del rubro gastos de atención médica y medicamentos y tratamiento psicológico. Sostiene que la cuantificación del rubro es excesiva. Cita jurisprudencia que entiende aplicable.
Sostiene que “los montos reconocidos por gastos médicos y de traslados, resultan arbitrarios e injustificados y ni siquiera puede presumirse que realmente fueron afrontados por la parte actora.”
Afirma: “No hay ningún elemento serio y fehaciente que permite inferir o presumir la existencia de esas supuestas erogaciones.”
Sostiene “que la parte actora no acompaña facturas y/o tickets alguno que acredite los gastos reclamados por los rubros bajo análisis, por lo éste rubro aparece exagerado y fuera de contexto.”
“Cualquier gasto de importancia, debe contar con una mínima instrumentación que hace a su credibilidad y acreditación.” Solicita se modifique la cuantificación del rubro.
Tercer agravio. Intereses. Sostiene que constituye una doble imposición “al aplicar los intereses pasivos a la tasa digital (la más alta) desde la fecha del hecho, a valores de la sentencia que han sido fijados con criterio de actualidad.”
Se agravia, porque se ha dispuesto aplicar intereses conforme tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires desde la fecha de la sentencia de primera instancia.
Solicita que en el hipotético supuesto de una decisión condenatoria y en caso de determinarse los valores actuales, se modifique la aplicación de los intereses, aplicándose la tasa pasiva digital desde la fecha de la sentencia de cámara.
Afirma: “De lo contrario, con la aplicación de los intereses en la forma en que lo ha hecho el fallo cuestionado, se estaría aplicando indirectamente la indexación sobre el capital de condena, lo que no se encuentra permitido por nuestra legislación.”
Solicita que -en el supuesto que se apliquen intereses tasa pasiva digital (BIP)- se modifique la fecha a partir de la cual deberán computarse los intereses y se fijen desde la sentencia de cámara.
III. La solución III.1. Ley aplicable. La sentencia arbitraria.
En primer lugar, adelanto que deviene firme a esta Alzada la aplicación del Código Civil y Comercial, considerándose que el hecho controvertido de fecha 4 de noviembre de 2017.
En este aspecto, la discrecionalidad en la valoración de la prueba no debe ser calificada como absurda o arbitraria, sin perjuicio de valorar en esta instancia si las partes apelantes han controvertido suficientemente los fundamentos de la sentencia apelada. El juez debe resolver mediante una decisión razonablemente fundada. (Art. 3º CCC).
Vale recordar que no se considera absurdo cualquier error, ni siquiera la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable, pues se requiere algo más, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (Conf. Ac. 60.435, sent. de 17-VI-1997; Ac. 82.487, sent. de 18-XI-2003; Ac. 87.026, sent. de 16-VI-2004; Ac. 89.701, sent. de 8-VI-2005) (“Zurita, Leonardo Ezequiel Y Otro/A C/ Almafuerte Empresa De Transporte Saciei y Otro/a s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°:2165/1, RSD: 151/11, Sentencia del 1 de Noviembre del 2011, voto del suscripto).
La arbitrariedad. Ha señalado la CSJN en “Caillava””6°) Que para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Esta no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 314:458; 324:1378, entre muchos otros). En ese sentido, la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica. Esta última exige, a su vez, que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia normativa, y si no se aplica la regla, deben darse las razones por las cuales resulta inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que resulten constitucionalmente fundados. Es que la magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido proceso.”
En consecuencia, los fundamentos del fallo apelado no pueden ser considerados absurdos o arbitrarios, sin perjuicio del rechazo o la admisibilidad de los agravios que se analizará seguidamente.
III. 2. La falta de legitimación pasiva de Experta ART S.A.
La distinguida colega del fuero admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Experta ART S. A.
Anticipo que la actora apelante en este aspecto no ha controvertido suficientemente los fundamentos del fallo apelado (arts. 260, 261 CPCC) La responsabilidad de la aseguradora de riesgos de trabajo requiere la prueba que su obrar tiene relación causal con el daño.
El infortunio que afecta a la víctima derivó de un accidente tránsito cuando intentaba cruzar una avenida y fue impactado por un automóvil. El daño al peatón en un ámbito temporal que ha quedado comprendido dentro de un itinerario vinculado al trabajo, no legitima a la ART para ser demandada cuando no se prueba que la aseguradora con su obrar ha causado el daño a la víctima.
Ello lo explica con fundamentos sólidos la distinguida colega del fuero. Recuerda la distinguida primera intérprete del caso: “La aseguradora ha opuesto la falta de legitimación activa de los actores por no haber agotado la vía administrativa del reclamo por el accidente. Así también la falta de legitimación pasiva por considerar que el contrato celebrado con ella no contemplaba la cobertura por responsabilidad civil sino las prestaciones delimitadas en la ley 24558, 26773 y 27348, las cuales fueron brindadas a Christian cuando ocurrió este accidente in itinere. En esta línea ha dicho que no reviste la calidad de dueño o guardián de la cosa riesgosa y por lo tanto no puede ser responsable civil por el evento.” (Ver sentencia apelada)
Afirma la distinguida jueza de grado: “El inciso 4 del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 trata sobre la responsabilidad civil. Dispone que, si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6 de esa ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado.” (El subrayado pertenece a este Tribunal).
“De acuerdo con lo establecido en el considerando anterior, el accidente de tránsito del cual resultó víctima Christian Macías fue causado por la conducta del conductor del rodado, de ahí que se descarta la existencia de un nexo causalidad adecuado entre la conducta de la aseguradora de riesgo de trabajo y el resultado dañoso.” (Ver sentencia apelada)
Entiendo que los fundamentos del fallo apelado no han sido suficientemente controvertidos en los agravios. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC). La responsabilidad no alcanza a la aseguradora de riesgos del trabajo porque no reviste el carácter de dueña o guardián del vehículo que embistió al actor, aun dándose el supuesto de un accidente in itinere.
Al respecto señala la señora juez de grado, sin embates suficientes en los agravios, “En efecto, no se demostró que la aseguradora de riesgo de trabajo haya sido la dueña o guardiana del rodado que generó el riesgo que causó el accidente , tampoco se vislumbra que haya incurrido en un comportamiento antijurídico con aptitud de crear un nexo de causalidad adecuado con el accidente, pues tampoco resulta tarea de las aseguradoras de riesgos de trabajo controlar o prevenir siniestros en la vía pública. (SCJ "Caillava, Adriana Laura y otros c/ Vess Logística SRL (síndico Dalavault Fernando Agustín) y otros s/ accidente " acción civil", 28/10/2021; SCJ "Martínez, Rosa Argentina c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otros/ accidente de trabajo/enferm. prof. acción civil.", 26/11/2020)”. (Ver sentencia apelada).
Se anticipa que la co-actora tampoco hace referencia a la jurisprudencia de la CSJN.
En la causa “Caillava” que menciona la distinguida colega del fuero, ha señalado el Dr. Lorenzetti: “4.-Por más intensa que sea la protección del trabajador, una vez que se sigue la acción civil por indemnización de un accidente de trabajo, debe aplicarse el régimen del CCiv. y no es admisible la acumulación de un sistema basado en la seguridad social con uno civil, en distintos aspectos y según convenga en el caso, porque el derecho vigente no permite esa vía y la misma tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad (voto del Dr. Lorenzetti).” Partes: Recurso de hecho deducido por Experta ART S.A. (ex QBE Argentina ART S.A.) en la causa Caillava, Adriana Laura y otros c/ Vess Logística SRL (síndico Dalavault Fernando Agustín) y otros s/ accidente – acción civil Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 28-oct-2021 Cita:
MJ-JU-M-135031-AR | MJJ135031 | MJJ135031)”
Ha señalado la CSJN en la sentencia que ha explicitado la distinguida colega del fuero: “Pero cuando se ejercita la opción por la acción de derecho común, debe aplicarse el régimen indemnizatorio previsto en el Código Civil. Ello es así, porque un mismo hecho dañoso puede dar lugar a acciones diversas que el derecho pone a disposición de la víctima, de carácter penal, civil, o laboral. Entre las pretensiones con finalidad resarcitoria del daño causado, debe distinguirse aquella que, fundada en el sistema de riesgos del trabajo tiene una lógica legislativa transaccional, puesto que facilita la acción al establecer presunciones de autoría y causalidad, pero limita la indemnización a los fines de facilitar la asegurabilidad. En cambio, la acción civil se basa en la exigencia de la prueba de los presupuestos de su procedencia y, como contrapartida, hay reparación plena.” (CS “Caillava”, disidencia del Dr. Lorenzetti). (El subrayado no es originario) “Frente a este amplio panorama, el derecho puede permitir la opción entre diferentes regímenes legales, o la acumulación, supuesto en el cual la víctima puede promover una acción y utilizar las reglas de otras si le resultan convenientes.” (CSJN “Caillava”, voto del Dr. Lorenzetti).
“El juicio de calificación no puede afectar los derechos del debido proceso, cambiando por vía pretoriana la pretensión que ya ha contestado la demandada, ni tampoco utilizar reglas pertenecientes a distintos ámbitos desarticulando la lógica de la ley. Esto último es particularmente claro en todo el derecho comparado y en los diversos subsistemas de reparación que prevé el ordenamiento legal argentino, en los cuales el derecho común cumple el rol de fuente complementaria, pero no sustitutiva.” (CSJN “Caillava”, disidencia del Dr. Lorenzetti).
También ha señalado el Dr. Lorenzetti, en la causa citada: “No debe responsabilizarse a la ART por las consecuencias de un accidente de tránsito cuando no está comprobada la relación causal adecuada entre el obrar de la aseguradora y el daño.”
También ha señalado el Dr. Lorenzetti: “15) Que, en síntesis, para la procedencia de la acción de derecho común debe probarse la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil (Fallos: 330:5435).” Es decir, debe probarse “la existencia de un adecuado nexo de causalidad eficaz entre la conducta de la aseguradora y el resultado dañoso, cuya determinación es imprescindible para comprometer su responsabilidad en los términos del art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación -art. 1074 del Código Civil- (conf. Fallos: 341:1611, voto de la mayoría y concurrente del juez Lorenzetti), y constituye una condición esencial toda vez que la acción pretende una reparación de alcance integral.” (CSJN “Caillava”)
También ha señalado el Dr. Lorenzetti: “Por otra parte, es menester advertir acerca de la imposibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo de controlar o prevenir siniestros en la vía pública, y que las condiciones necesarias para la circulación vehicular es una materia ajena a las funciones de prevención y control que la ley 24.557 le impone a las ART, en tanto constituye una competencia propia y específica de las autoridades estatales (conf. Fallos: 342:2079 y voto de la mayoría en Fallos: 343:1794).” (“Caillava”).
Volveremos sobre el caso “Caillava” y su antecedente “Martínez”, que resultan aplicables al caso concreto.
No ha recibido suficiente critica la sentencia apelada en cuanto afirma: “De ahí que resulta procedente la falta de legitimación pasiva opuesta, puesto que el reconocimiento del accidente como in itinere no la habilita en este régimen de responsabilidad civil atribuir responsabilidad a la aseguradora sin haber demostrado la relación de causalidad adecuada entre el accidente sufrido y la conducta de dicha persona jurídica, lo cual, reitero no se ha probado en este caso.” (Ver sentencia apelada)
Los agravios no conmueven la solución adoptada en la instancia de grado (arts. 260, 261 CPCC)
Está fundada la sentencia apelada en cuanto sustenta que, “el encuadre de accidente in itinere de lo relatado en la demanda no sirve para atribuir responsabilidad a Experta ART SA en los términos de la acción civil planteada, ya que, reitero no se ha probado, que la conducta de la aseguradora haya sido la causa o concausa del accidente. Ello sin perjuicio de las obligaciones de la cobertura establecida por la Ley de Riesgos del Trabajo que se encuentren a su cargo, las cuales deberán ser dirimidas en el fuero correspondiente.(arts. 1716, 1738, 1739, 1749 CCyCN ).” (Ver sentencia apelada)
En el antecedente “Martínez”, la CSJN afirmó: “5°) Que en efecto, el a quo encuadró el infortunio sufrido por la actora como un accidente in itinere, calificación que se adecua a los hechos descriptos en la demanda (v. fs. 5/9) y que podía encontrar su correlato normativo en el art. 6°, inc. 1° de la ley 24.557. Sin embargo ese dispositivo legal no ha sido el fundamento jurídico de la condena. La alzada hizo lugar a la pretensión deducida en concepto de reparación integral, con apoyo en el derecho civil, sin justificar de qué manera la mencionada figura tenía cabida en tal marco normativo. 6°) Que a esa deficiencia se añade que, como lo señaló la apelante al contestar la expresión de agravios de su contraria (v. fs. 732/735), en autos no se ha demostrado la relación de causalidad adecuada entre el daño alegado y su conducta, presupuesto indispensable para la atribución de responsabilidad civil (arts. 901, 904 y 905 del Código Civil de la Nación y 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación). Es que, tal requisito no se verifica con la sola circunstancia de que la víctima posea un vínculo laboral con el demandado.” (CSJN, “Martínez, Rosa Argentina c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/ accidente de trabajo/enferm. prof. Acción”, voto Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Por las consideraciones expuestas, se rechaza el agravio en análisis.
III.3. El planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La distinguida colega del fuero consideró que “resulta inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad, puesto que, sin responsabilidad no hay daño que tenga que ser resarcido en este trámite.” No se advierte que la apelante haya controvertido la declaración del carácter inoficioso del planteo de inconstitucionalidad, que pudo haber tenido vigencia para su pertinencia o impertinencia en el caso de haberse admitido la legitimación de la ART. Por otra parte, si bien es cierto que la apelante es recurrente al mencionar que en la demanda planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo hace en forma difusa a modo de alusión del Capítulo “X de la demanda y en una reedición que no roza los fundamentos de la sentencia apelada, es decir, sin controvertir en los agravios los fundamentos de la sentencia apelada en cuanto declara inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad.
Es volver sobre un punto sin reeditar el planteo mediante agravios concretos que controviertan los fundamentos de la sentencia apelada para desestimar la inconstitucionalidad.
Afirma que “El día 14 de Agosto del 2018 Martín inició su reclamo ante la comisión médica de Ramos Mejía. Tal como sostuvimos en la demanda (capítulo “X. PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO. Afección a la garantía constitucional del debido proceso, Juez natural, plazo razonable, facultades delegadas y al sistema de reparación integral. Diálogo de fuentes y constitucionalización del derecho privado las comisiones médicas son inconstitucionales.”
De todas maneras, y sin perjuicio de la declaración de inoficiosidad del planteo de inconstitucional en la instancia de origen, por tratarse de regímenes distintos, no se advierte la vulnerabilidad del debido proceso o del sistema de la reparación integral que a juicio de la apelante se han afectado. Sin perjuicio que la apelante no ha controvertido los fundamentos del fallo apelado para interpretar que no era necesario el abordaje de la inconstitucionalidad al desestimarse la legitimación de la ART, lo cierto es que la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la Ley 27.348 (Fallo del caso "Pogonza, Jonathan Jesús contra Galeno ART S.A. s/accidente - ley especial" (0.41 MB).
En el fallo “Pogonza” la CSJN, sostiene: “Reiteradamente ha señalado esta Corte, como fruto de la interpretación de las disposiciones constitucionales que rigen la materia, que “la garantía de igualdad solo exige un trato igual en igualdad de circunstancias” (Fallos: 265:242; 311:1602; 340:1795, entre muchos más).”
“A la luz de esa directiva, es preciso destacar que no se constata “igualdad de circunstancias” entre un reclamo de resarcimiento de daños basado en regímenes indemnizatorios no laborales y el fundado en el sistema especial de reparación de accidentes y enfermedades del trabajo. Los primeros no son sistemas de reparación tarifados, difieren en cuanto a los márgenes de responsabilidad que establecen y, por todo ello, suponen exigencias probatorias más gravosas y una muy precisa y detallada ponderación de las circunstancias variables propias de cada caso (conf. art. 4°, último párrafo, de la ley 26.773 y doctrina de Fallos: 305:2244). En cambio, el régimen especial de la ley de riesgos del trabajo, que otorga una más amplia cobertura, es tarifado y procura lograr automaticidad y celeridad en el acceso a las prestaciones e indemnizaciones que contempla. Estas últimas circunstancias, como lo señala el dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, justifican y hacen razonable la existencia de una instancia administrativa previa. (Fallo "Pogonza")
Con ello se da respuesta a los agravios en cuanto la apelante sostuvo que: “El sistema de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es burocrático y atenta contra el debido proceso legal y la celeridad del derecho a peticionar ante las autoridades.
En consecuencia, propongo desestime el agravio planteado con respecto a la inconstitucional de la ley de riesgos del trabajo que ha sido desestimada por inoficiosa en la sentencia apelada.
También propongo se desestime el agravio y se confirme la sentencia apelada en cuanto admite la excepción de falta de legitimación pasiva (art. 345 inc. 3 del CPCC).
IV. La indemnización a favor de Christian Martín Macías IV.1. Incapacidad psicofísica.
El rubro procede por la suma de $ 6.955.000. Ello resulta apelado por la parte actora y la citada en garantía.
Ha expresado mi distinguido colega Dr. Taraborrelli: “Es doctrina legal –en forma reiterada de esta Sala- que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud”, “...un estado de completo bienestar psíquico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
El art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral”. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.) (“Ramos, Nelson Rubén c/ Almeida, Gladys Noemí s/ Daños y Perjuicios”, causa Nº 1372/1, RSD Nº /08, del 29 de mayo de 2008; “Bevilacqua, Natalia c/ Suárez, Carlos s/ Daños y Perjuicios”. Causa Nº 1466/1, RSD Nº 62/08, del 23 de octubre de 2008).
La Doctora Highton ha expresado: “El daño resarcible -independientemente de su entidad o magnitud - debe ser cierto, real y efectivo y no meramente eventual o hipotético, aunque ello no obsta a que sea futuro en lugar de presente. El peligro o amenaza de daño es insuficiente para la resarcibilidad. (arts.519 y 1069 del Cód.Civ)” - (Highton, Elena I.: “Accidentes de tránsito. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas, desde la óptica de los jueces (Justicia Nacional Civil)”, en Revista de Daños, nro. 2, “Accidentes de tránsito -II, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1998, pág.14”). Al respecto la jurisprudencia ha expresado: “Toda disminución a la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, y dentro de ella debe incluirse a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que de por sí constituye un daño resarcible, que puede incluirse dentro de la incapacidad sobreviniente, en atención a que en éste, para su evaluación, inciden factores que escapan de la esfera estrictamente laborativa, pues se trata de indemnizar y reparar la incolumnidad perdida” (C.Nac. Civ., sala B, 30/5/2001 – “Bonilla, Zulema v. Transportes Automotores Plaza Líneas 142/140”; J.A. 2002-II-síntesis).
Todo daño debe ser indemnizado, aun cuando éste presente la posibilidad de desaparecer con el tiempo y con tratamientos futuros. La indemnización deberá abarcar el daño ciertamente sufrido como así también el costo necesario para cubrir los gastos que acarree su cura o aquellos que sirvan simplemente para menguarlo en cierta medida.
Esa base objetiva habilita –de acuerdo a cada caso-, a tomar en consideración las pautas que resulten aplicables.
Cuando el perito da sustento en sus pericias como para formar suficiente convicción sobre la cuestión planteada, resulta viable la interpretación del mismo por parte del Juez teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, todo ello bajo las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca (Arts. 384 y 474 CPCC).
Ya he dicho que: “La pericia debe ser valorada por el juez en su integración con las demás pruebas y elementos de convicción que resulten de la causa. El juez puede apartarse de las conclusiones del perito cuando haya una razón fundada. (Doct. art. 474 CPCC).”
“En efecto: “El juez debe apreciar y valorar la pericia en su debida extensión, es decir, que el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba el cual debe sopesarse conjuntamente con otras pruebas allegadas al expediente, pues si así no fuera, si el magistrado debiera ceñirse ineludiblemente a la opinión de quienes lo realizan se estaría atribuyendo la misión de juzgar a quienes solamente son auxiliares del sentenciador.-“(CC0002 MO 35173 RSD-114-96 S 23/04/1996 Castillo, Alejandro c/Vital, Sergio s/Daños y perjuicios Observaciones: (Trib.Orig. JCC11) B2351048 JUBA)” (Argañaraz Susana Amelia Y Otro/A C/ Beltran Alfredo Vicente Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (Causa Nº 2316/1) Y “Quintana Federico Y Ot C/ Beltran Alfredo Y Ot S/ Daños Y Perjuicios” (Causa Nº 3933/1) RSD Nº68/16 sentencia del 18/2/16)
Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: “La importancia de dar acabado cumplimiento, por parte del experto, a la exigencia impuesta por el art. 472 del ritual, en relación a su fundamento, reside en la necesidad de garantizar, tanto a las partes la posibilidad de rebatir el dictamen (arts. 18 C.N. y 15 C. Prov.), como al órgano jurisdiccional la de comprender sus conclusiones, y ponderar su razonabilidad para adoptarlo o decidir su exclusión. Así como es requisito esencial para una sentencia válida, que el juzgador funde adecuadamente sus decisiones, así también, si ha de adoptar como motivación del fallo, los resultados obtenidos por el estudio de un especialista cuya ciencia le es desconocida, es imprescindible que sean adecuadamente aportados los datos científicos que lo habilitan para arribar a una determinada conclusión. Es necesario que, como auxiliar de la justicia, el perito tome debida cuenta que su labor consiste en ilustrar al órgano jurisdiccional, y no basta para ello, retransmitir los relatos que en la entrevista formuló el interesado o describir sus circunstancias, sino que debe explicarse en qué consiste el proceso incapacitante, emitir el diagnóstico, expedirse sobre el vínculo de causalidad con el siniestro padecido y aportar datos sobre el carácter transitorio o permanente de la afectación (arts. 457, 472, 473, 474 del C.P.C.).” (CC0202 LP 107928 RSD-184-7 S 27/09/2007 Dionisio Marcela Claudia C/ González Roberto S/ González Roberto JUBA B3016E).
La distinguida colega del fuero reseñó en la sentencia apelada la pericia médica presentada por el Dr. Ignacio Arturo Milograna, médico traumatólogo, De las conclusiones del perito médico se desprende: “1) Rigidez cervical, y estableció una incapacidad parcial y permanente del 10%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).”
“2) Fractura de húmero izquierdo operada con implante metálico, y estableció una incapacidad parcial y permanente del 8%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).”
3. Rigidez de hombro izquierdo no dominante, y estableció una incapacidad parcial y permanente del 8%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).”
“4) Fracturas costales operadas, y estableció una incapacidad parcial y permanente del 12%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).” “5) Síndrome meniscal rodilla izquierda operada, estableció una incapacidad parcial y permanente del 5%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).”
“6) Cicatrices dorso de tronco mayores a 10 centímetros, tal como puede observarse en las fotografías acompañadas en pdf a la presentación del día 24 de octubre de 2021 y estableció una incapacidad parcial y permanente del 5%, de acuerdo con el Baremo general para el fuero civil. Editorial Garcia Alonso 2da. Edición Año 2015. Jose Luis Altube Carlos Alfredo Rinaldi. Cap. XVI. Ortopedia y Traumatología (dictamen del 24 de octubre de 2021, explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).” “El experto señaló que de acuerdo con el cálculo de la capacidad restante por el método de Balthazard, determinó la incapacidad parcial y permanente del 39,49% de la total de vida y capacidad restante del 60,51% (dictamen del 24 de octubre de 2021 y explicaciones del 5 y 9 de noviembre de 2021).” (El subrayado no es originario, ver sentencia apelada) Se establece en la sentencia apelada que las lesiones incapacitantes guardan relación de causalidad con la historia clínica del Policlínico de San Justo" y con el "Sanatorio Finochieto”
Se tratan de constancias médicas contemporáneas al hecho controvertido que nos controvertidas por la citada en garantía en los agravios.
Al respecto afirma la distinguida colega del fuero: “Ciertamente, el día del accidente a las 22:40 horas, Christian ingresó por el servicio de emergencias al Policlínico de San Justo. Allí se le diagnosticó politraumatismo, se le practicaron placas y laboratorios, le colocaron cabestrillo, collar cervical, tabla; a las 00:30 horas fue derivado por la ART al Sanatorio Finochieto. También surge que el lugar del accidente fue en Brandsen y Ruta Tres. ( historia clínica agregada al folio 5 y 48 de la causa penal y la digitalizada en esta causa el 3 de agosto de 2020).” “De igual modo, se tiene en cuenta la historia clínica del Sanatorio Finochieto donde Macias ingresó el 5 de noviembre de 2017. De la epicrisis se lee: "Paciente de 40 años cursa internación por fracturas costales múltiples y fractura de húmero izquierdo, TEC leve con pérdida de conciencia en contexto de politraumatismo secundario a accidente vehicular peaton-auto.
Ingresó derivado de otro centro por politraumatismo. Al examen físico presentaba: taquicardia, heridas cortantes en región frontal y occipital con suturas, RMV con hipoventilación en hemitórax derecho, movilidad reducida por múltiples fracturas. Para su estudio se realizó: laboratorio que evidenció leucocitosis, aumento de la creatinina y alteración de las transaminasas; ECG sin hallazgos patológicos; radiografías de tórax, pelvis y húmero que mostraron: fractura de húmero izquierdo desplazada, fracturas de arcos costales y derrame pleural derecho leve; y TAC de encéfalo, columna cervicodorso-lumbar-tórax-abdomen y pelvis que evidenciaron: múltiples trazos fracturarios en costillas, húmero, y huesos de la nariz. debido a los hallazgos encontrados, se decidió su internación en UTI para monitoreo hemodinámico donde permaneció por 12 días -desde lo traumatológico.
Paciente con múltiples trazos fracturarios costales que se realizó toracotomía toracoplastia de niveles 3, 4, 5, 6 y 8 con sistema de osteosíntesis costal, Hoy día 20 en POP. Se realizó osteosíntesis de fractura de húmero izquierdo con colocación de clavo endomedular, hoy día 6 en POP. Evolucionó con regular control del dolor por lo que requirió BIC de fentanilo. Actualmente al alta con parche de buprenorfina aines pregabalina. realiza ejercicios de ventilación, bipedestación y marcha con kinesiólogo con buena tolerancia. -desde lo infectológico: intercurrió con neumonía asociada a los cuidados de la salud con cultivos negativos, por lo que completó atb empírico con colistin imipenem. Otras complicaciones durante la internación: - caída del hematocrito en dos oportunidades, sin descompensación hemodinámica que requirió soporte transfusional. - derrame pleural derecho secundario a neumonía, que requirió de drenaje percutáneo y colocación de tap. - hipokalemia que requirió de carga y aporte de k. -itu por st. epidermidis completo vancomicina.
Evoluciona favorablemente sin intercurrencias. En acuerdo con equipo tratante se otorga alta sanatorial. Continua seguimiento ambulatorio. -control con especialista en dolor: Dr Santiago Guaycochea (solicitar turno) -control con traumatologia..." (ver pdf del 20 de mayo de 2020 y folios 30 y 49 de la causa penal).” (Ver sentencia apelada). “También se observan los siguientes partes quirúrgicos:
“Fecha: 05/11/2017: procedimiento de sutura materiales y/o instrumental utilizado: diagnóstico pre-operatorio: gran herida cortante en cuero cabelludo.
“Fecha 08/11/2017: procedimiento de toracotomia, toracoplastia niveles 3, 4, 5, 6 y 8 con sistema de osteosintesis costal ribloc, drenaje de hemotorax coagulado, decorticacion temprana.” (Ver sentencia apelada) “Fecha 16/11/2017: procedimiento de via central materiales y/o instrumental utilizado: diagnóstico pre-operatorio: falta de vias perifericas. Fecha 22/11/2017: procedimiento de reducción y osteosintesis materiales y/o instrumental utilizado: clavo endomedular de humero acerrojado de 8mm x 27 cm. (osteoimplant) diagnóstico pre-operatorio: fractura diafisaria de húmero izquierdo.”
“El 28 de noviembre de 2017 se le otorgó el alta sanatorial.” (Ver sentencia apelada)”
“Observo que el pedido de explicaciones de la parte actora fue para aclarar el método utilizado para fijar los porcentajes, mientras que la de la compañía de seguros mereció la remisión a los términos de la pericia (presentaciones del 2, 5 y 9 de noviembre de 2021). Respecto a la observación del 18 de noviembre de 2011 formulada por Federación Patronal, cabe señalar que no incorporó elementos para desvirtuar las conclusiones acercadas a la causa.” (Ver sentencia apelada)
Compulsada la pericia se advierte que la distinguida colega del fuero ha sido minuciosa y exhaustiva en cuanto a la mención de cada secuela incapacitante y su porcentaje de incapacidad. Las conclusiones del perito médico en cuanto a las distintas lesiones, sus secuelas y porcentajes de incapacidad, aplicación de los baremos y la relación causal con el hecho controvertido, no han sido aludidas por los críticos en las expresiones de agravios. De modo que en este aspecto, los fundamentos y conclusiones del perito médico y su valoración en la sentencia apelada, vienen firmes a esta Alzada.
En efecto, esta Sala ha decidido reiteradamente que la controversia suscitada respecto a una pericia requiere fundamentos sólidos que concedan el carácter de contrapericia a las observaciones de la parte, tal como lo señalado quien fuera mi colega de Sala en su integración original, el Dr. Alonso, con cita de Gozaíni, “la impugnación de una pericia debe constituir una contrapericia, que debe contener – como aquella – una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que se En efecto, la citada en garantía nada controvierte respecto de las pautas establecidas en la sentencia apelada y solo alcanza a cuestionar la cuantificación del daño mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. La actora, si bien formula un debate sobre la fórmula que sería aplicable, fundamentalmente cuestiona que se haya considerado a los efectos de determinar la renta, el salario mínimo vital y móvil cuando no se trata de una persona desocupada porque actualmente se desempeña como empleado administrativo. Entiende que su sueldo debe ser utilizado para componer la fórmula, considerándose la diferencia entre el salario mínimo vital y móvil y sus En síntesis, reitero, la exhaustiva y minuciosa compulsa de las historias clínicas y de la pericia médica y sus explicaciones, que se advierte en la sentencia apelada no ha tenido eco en los agravios de la parte demandada. El apelante se ha limitado a controvertir la cuantificación del rubro sin hacer mención y formar debate con respecto a todo aquello que ha sido motivo de compulsa de la pericia médica, sus explicaciones y las historias clínicas. Cabe recordar que, en relación al dolor del que da cuenta el perito en relación a las secuelas incapacitantes, ya he dicho: “No se mide en su justa dimensión al dolor con simples tablas, que por cierto los estudiosos han elaborado. El dolor tiene su propio peso y se carga sin intervalos. Cada vez que se pretende desarrollar una potencia del cuerpo y en este aspecto el hombro es una base para el ejercicio de múltiples esfuerzos, por encima de cualquier secuela o porcentaje de incapacidad, más aún cuando tal como explica la ciencia médica, el miembro afectado es susceptible de experimentar recidivas.”
“El dolor -si bien se proyecta en el daño moral al agrietar la tranquilidad de la actora – produce también una natural retracción en los movimientos de la persona, lo que equivale a un perjuicio en cada faceta de relación.” (mi voto en Campos, Fabián Néstor C/ Magnani, Julio Ángel Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” Causa Nº 1521/1 RSD Nº 94/08).
Rubinstein refiere sobre el dolor como secuela de incapacidad laboral, concepto que a mi criterio, debe extenderse a toda la vida de relación. El autor sostiene que el dolor crónico emergente de un infortunio laboral, o cuando aparece como factor concausal, debe ser indemnizado. El tiempo de duración del dolor, – informa el autor siguiendo a la doctrina francesa que ha empleado una escala que varía entre 0 y 7 y que complementa con la tabla o guía de evaluación para los casos emergentes de traumatismos, elaborada por los Dres. Thierry y Nicourt -, establece para las contusiones y luxaciones del hombro, 3 y 4 de la escala mencionada. En la doctrina francesa, y de acuerdo a lo expresado por el autor, la escala 3 y 4 representan carácter moderadosy medianos. (RUBINSTEIN, Santiago J. “Las incapacidades laborativas”, Depalma, Buenos Aires 1996, págs. 41/47); (RUBINSTEIN, Santiago: “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”, Lexis Nexis, Buenos Aires 2005, págs. 313 y ss).” (mi voto en Campos, Fabián Néstor C/ Magnani, Julio Ángel Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” Causa Nº 1521/1 RSD Nº 94/08).
En cuanto a la incapacidad psíquica, afirma la distinguida colega del fuero: “Luego, respecto de la incapacidad psíquica, se observa que, el perito psicólogo, Licenciado Carlos Alberto López, dictaminó que Christian Martín Macias, como consecuencia del accidente, presentaba un cuadro de desarrollo psíquico postraumático severo (ver dictamen del 2 de noviembre de 2021).”
“El experto explicó que a raíz del accidente, Macias, sufría tendencia al aislamiento, angustia y llanto sobre todo al recordar el accidente, enojos, modificaciones en los hábitos de sueño, padece inseguridad, ansiedad, sentimientos depresivos, miedos y temores (ver dictamen del 2 de noviembre de 2021).”
Observo que la perito le asignó una incapacidad parcial y permanente del 35 %, de acuerdo con el baremo para daño neurológico y psíquico de los Dres. Castex y Silva y aconsejó que realice tratamiento (ver dictamen del 2 de noviembre de 2021).
“Merece considerarse que al contestar el pedido de explicaciones, el licenciado justificó el grado del daño psicológico asignado, el que guarda un nexo causal directo con el accidente de autos. Señaló que para ello llevó a cabo una evaluación clínica y forense, realizó entrevistas y los protocolos, tal como se observan en los archivos adjuntos agregados a la pericia del día 2 de noviembre de 2021. De igual modo explicó que el cuadro padecido requería del tratamiento psicoterapéutico recomendado para evitar que el daño se profundizará (presentación del 23 de noviembre de 2021).” “Valoro el dictamen, de acuerdo con el criterio de la sana crítica, y dado que, el mismo no ha sido objetado, se adoptan sus conclusiones (artículo 474 del C.P.C.C.).”
Entiendo que la pericia se encuentra suficientemente fundada (art. 474 CPCC). Me remito a lo señalado precedentemente en relación a la contrapericia.
Así las cosas, corresponde determinar el porcentaje de incapacidad psicofísica a la luz del principio de capacidad restante.
En efecto, entiendo que el razonamiento desplegado en la sentencia apelada al respecto, resulta ajustado a derecho y a las pautas del caso: “Por lo tanto, dado que el perito médico determinó el 39,49 % por el criterio de la capacidad restante mientras que el perito psicólogo, el 35%, el cual, equivale al 21,17% de la capacidad restante, luego, sumando ambos porcentajes se tiene el resultado del 60,66%...” (ver sentencia)
IV.1. A. Las pautas para la cuantificación del daño. La aplicación de fórmulas matemáticas.
Los jueces deben dar una solución razonablemente fundada. (Art. 3º Código Civil y Comercial de La Nación). Ello requiere que la cuantificación del daño tenga una base explicita y comprensible. Es importante que la indemnización sea verosímil siguiendo pautas concretas que corresponden a cada caso.
Respecto de la utilización de fórmulas matemáticas, esta Sala viene sosteniendo que el intérprete no debe exclusivamente ceñirse a las mismas. El nuevo código civil y comercial requiere la determinación de un capital, de modo que sus rentas permitan compensar la incapacidad psicofísica. (Art. 1746). De ningún modo puede decirse que del texto literal se imponga la obligación de resolver su cometido mediante la aplicación de una determinada fórmula polinómica, al menos con exclusividad. Durante la vigencia del código civil, y aplicando el artículo 165 del CPCC, la jurisprudencia fue determinando un capital y admitiendo que para su alcance no resultaban suficientes los cálculos actuariales y los baremos del derecho laboral porque la indemnización afectaba a toda la vida de relación de la persona humana, no agotándose en consecuencia en el aspecto laboral las repercusiones del daño psicofísico.
En todo caso lo que interesa y de este modo debe interpretarse el artículo 1746 del Código Civil y Comercial de La Nación, es que los jueces den soluciones razonablemente fundadas (Art. 3° CCC), al establecer la cuantificación del daño, de modo que las partes puedan comprender el alcance de la indemnización y plantear su disconformidad desde bases ciertas aun con fundados disensos.
La doctrina y la jurisprudencia han señalado: “En definitiva, “para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que estas puedan tener en su vida laborar y de relación”. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente”. (Fallos 320:1361; 325:1156 en Lorenzetti Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de La Nación” Comentado. Tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, p. 528)
La SCBA ha adoptado como criterio, reiterado en diversos pronunciamientos que “Para determinar el monto de la indemnización por incapacidad física sobreviniente, los jueces no se encuentran compelidos a adoptar fórmulas matemáticas u operaciones aritméticas, sino que en ejercicio de esta facultad, deben ponderar, según las constancias de la causa, las particulares condiciones de la víctima como su edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc “(SCBA LP C 118133 S 08/04/2015 L., M. F. contra Lattes, Gustavo Miguel y otros. Daños y perjuicios B4200953)
Siguiendo la misma línea, coincido con el Dr. De Lázzari –quien, si bien en minoría- ha señalado: “Nada impide que, al tiempo de fijar la indemnización de daños y perjuicios, se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación. Sin embargo, siempre deberá tenerse en cuenta que tales algoritmos no son indispensables y que los jueces (que no somos matemáticos del derecho) no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de un resarcimiento. Mucho menos cuando con aquel uso se pretende -como si fuera un idealuna exhibición de pureza racional y de asepsia valorativa, o -lo que sería peor- cuando con ello se intenta escamotear la tarea de juzgar realmente la conducta de los hombres o de escapar a las responsabilidades que ello implica.” (SCBA LP L 117653 S 14/02/2018 G.,M. S. contra C. ,H. y o. A. d. t. A. e. JUBA B5048306).
En el mismo sentido: “El hecho de que los jueces no se encuentren obligados a recurrir a fórmulas matemáticas para cuantificar las indemnizaciones de daños y perjuicios, no implica vedar la utilización de dichas fórmulas, ni desconocer su eventual utilidad como una de entre las múltiples herramientas a las que pueden recurrir los magistrados para facilitar y objetivar la compleja labor referida. Empero, esa tarea no puede quedar escindida de la recta valoración de las especiales circunstancias verificadas en cada caso, a fin de arribar al importe que se estime más justo para reparar integralmente el daño injustamente sufrido por la víctima y recomponer su situación, en la mayor medida de lo posible, al estado anterior a la comisión del acto ilícito. (SCBA LP L 116477 S 23/12/2014 Rivas, Jorge Alberto contra Industria Manufacturera Argentina del plomo S.R.L. y otro. Daños y perjuicios. B58270) “La utilización de fórmulas matemáticas no resulta de suyo indispensable a los fines de determinar la reparación integral en el marco del derecho común, desde que los jueces no están constreñidos a recurrir a ellas (art. 1083, Código Civil).” (SCBA LP L 116477 S 23/12/2014: Rivas, Jorge Alberto contra Industria Manufacturera Argentina del plomo S.R.L. y otro. Daños y perjuicios. B58269 JUBA) Por otra parte, la SCBA también ha dicho: “Debe dejarse sin efecto el tramo de la sentencia que no brinda elementos o datos suficientes para estimar el daño por incapacidad física sobreviniente del modo en que se ha cuantificado, siendo insuficiente la sola aplicación de la fórmula matemática sin mencionar el juzgador el resto de las circunstancias particulares de la víctima, como son la edad, estado físico, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, la entidad de la lesión padecida con relación al proyecto de vida, etcétera (arts. 165 y 384, C.P.C.C.; 1068, 1069, 1083, 1086 y concs., Cód. Civil).” (SCBA LP C 119794 S 11/04/2018 Franciulli, Juan Manuel contra Bernabé, Sebastián y otro. Daños y perjuicios JUBA B4200964).
Las llamadas fórmulas polinómicas dan respuestas a ecuaciones económicas que resultan insuficientes si se aplicaran con exclusividad para cuantificar la incapacidad de la persona humana. Los cálculos actuariales no son previsibles por la imposibilidad de prever evoluciones de la persona humana, expuesta a permanentes modificaciones de su situación laboral que también responden a ciclos formativos e inserciones en los oficios y las profesiones, que impiden programar en el futuro el estado de una persona que ha experimentado el daño a una determinada edad. Las matemáticas no predicen el futuro de una persona humana. Pareciera que las fórmulas matemáticas aplicadas exclusivamente resultan insuficientes, más aún si se considera que la cuantificación del daño en una época de humanización de la persona, las economías no miden otros aspectos trascendentes donde también repercute el daño y que es motivo contribuyente de la cuantificación. Ello sucede con la vida de relación, cada vez más imprescindible para el desarrollo de la persona humana e inclusive no admite fronteras fijas según el comienzo de cada generación.
La cuantificación también atañe a considerar repercusiones en ámbitos de desarrollo personal. El deporte, el ocio, el esparcimiento, el disfrute del ambiente familiar y los sueños pendientes a cumplir también requieren la mayor plenitud psicofísica y en este aspecto todo detrimento, toda secuela, morigera aptitudes en ámbitos que no se relacionan con las actividades laborales.
Ninguna de las fórmulas matemáticas que ha expuesto la doctrina o que se ha utilizado en algunas sentencias –aplicadas con exclusividadresponde con pragmatismo al principio de la reparación integral. La conformación de un capital para obtener una renta en el futuro que de alguna manera remedie la vitalidad psicofísica menguada se obtiene satisfactoriamente cuantificando el daño mediante la aplicación de pautas fundadas, entre las que cabe incluir los ingresos actuales de la víctima y una estimable proyección de la afectación de la vida de relación que padecerá la víctima siguiendo el orden natural de las cosas, que en su conjunto permitan una solución razonablemente fundada (Art. 3° CCC) y que esa explicación permita comprender el alcance de la indemnización, asegurando el derecho de las partes para que la indemnización no se torne abstracta o arbitraria. Disponer de capital sobre la base exclusiva de números y estadísticas tampoco asegura la finalidad de una renta puesto que la víctima tendrá derecho a disponer de la indemnización siguiendo el orden de sus urgencias, necesidades y prioridades. No es todo caso la constitución de un capital que se desglosa en rentas periódicas.
Las matemáticas no explican las sorprendentes evoluciones de la persona humana. Ningún cultor de los números o de las estadísticas puede dar certezas sobre los progresos o chances que el devenir ofrece a quien se esfuerza por alcanzar metas. La actitud, el desandar caminos para afrontar nuevos desafíos o la quietud que muchos consideran una vez pasados algunos años, es una expectativa que solamente se revelan con el contar de los días. Ninguna estadística tiene un fundamento sólido, al menos para aplicarse con exclusividad. Si el daño afecta toda la vida de relación, los números no alcanzan a explicar todas las morigeraciones que la capacidad menguada proyecta en todos los ámbitos de la vida de relación de la persona humana.
La edad es una pauta importante pero no debe confundir al intérprete. En los jóvenes el despertar del primer trabajo no significa que consideren esa labor para toda la vida. Seguramente se esbozarán proyectos, se alcanzarán nuevas metas, se capacitarán y en otros casos emprenderán el estudio de los oficios y las carreras profesionales. Ningún número puede interpretar estas latentes motivaciones que no se pueden prever ni adivinar. También los adultos mayores tienen una capacidad para ofrecer y si el daño disminuye aptitudes en un recodo del camino donde la marcha es cansina, ello no significa que cada paso no sea una respuesta que la actitud le sigue ofrendando a la vida.
Por supuesto que no consideramos fundado limitar la cuantificación del daño a “prudentes estimaciones del artículo 165 del CPCC”, fórmula abstracta que no explica por si sola la justificación de la reparación integral y puede desoír aquella exigencia de dictar una sentencia razonablemente fundada. (Art. 3” CCC).
Esos cálculos actuariales tampoco pueden cifrar un porcentaje determinado con carácter de plus como previsión de contingencias ulteriores que el intérprete no puede precisar con bases sólidas. Por qué no considerar si el/la modesto/a empleado/a, de condición humilde, en el ajetreo de su vida cotidiana, concluye sus estudios y prueba su talento en nuevos escenarios. Al cabo de dos décadas de su primer empleo, tal vez sea gerente/a, exitoso/a comerciante o profesional ya destacado/a. Esa chance no se advierte en las estadísticas o en las reglas financieras que los distinguidos autores puedan ofrecer como creaciones para la cuantificación del daño. El código civil y comercial no exige basar la cuantificación de la indemnización en cálculos actuariales. Exige establecer una renta suficientemente fundada. De modo que el artículo 165 del CPCC no ha sido de ninguna manera derogado. Se exige que el juez explique de modo fundado como determina la cuantificación del daño.
¿Los cálculos actuariales explican el resultado más razonable por ser mejor esta ecuación? La cuantificación que no rescinde de ninguna pauta personal y que se orienta para considerar todas las facetas de relación de la persona humana. La edad es un componente importante, de hecho, todas las fórmulas matemáticas ponen énfasis en su aplicación y se mide con el calendario los probables años de desempeño laboral de la víctima cuando el daño seguirá repercutiendo en todos los aspectos hasta el final de la vida. Acaso un abuelo no tiene vida recreativa, entre pares y en su integración a las distintas comunidades (Club Social, centros deportivos, viajes, excursiones, asistencia a eventos culturales), llevar a sus nietos a juegos y recreos y en todas las actividades desplegar sus emociones y su fuerza física (Subir escaleras con el nieto para ir a la planta alta de un local de comidas, por citar un solo ejemplo). Las estadísticas y las matemáticas enmudecen si se las erige en voces solitarias para cuantificar el daño. Sin embargo, las fórmulas en auge no resultan coincidentes en cuanto a la edad que se considera límite para el cálculo de la renta, dejando en penumbras al intérprete que se confía en su resultado. La longevidad de las personas – pasamos de un promedio de vida de 62, 7 años en la década del sesenta del pasado siglo a mayores expectativas que alcanzan a 75 o más años en la actualidad y todo indica que merced a la cultura de la salud, las personas han de alcanzar edades impensadas en centurias pasadas. A mi entender, ello no constituye un dato menor y si una interpretación flexible y dinámica de la pauta basada en la edad de la víctima. No debe olvidarse que los porcentajes de incapacidad no repercuten del mismo modo en todos los casos. El derecho sigue siendo una respuesta a la vida misma.
Las mayores certezas que se obtiene para cuantificar el daño en la responsabilidad civil, a diferencia del derecho laboral, es que se consideran también todos los aspectos de la vida de relación de la persona humana. En este contexto los ingresos actuales de la víctima son solamente una pauta que no debe distraer al intérprete de aquella solución suficientemente fundada que explique en el caso concreto el principio de la reparación integral.
Los ingresos que también constituyen una pauta importante porque instruye al capital y permite determinar la renta, aun considerada a la época de la sentencia (Valores actuales) no explica la actualización real que surge de los incrementos del salario, de modo que tampoco constituye una base referencial para los años subsiguientes. Es un hecho notorio y evidente, que no escapa al conocimiento del ciudadano corriente, la concertación de paritarias en todos los gremios.
. Inclusive el desempeño actual de una actividad laboral no impide considerar el resarcimiento, a poco que se repase que pueden presentarse obstáculos para nuevos empleos, considerándose los exámenes médico pre ocupacional. El mismo detrimento se observará en todas las facetas de la vida de relación donde se confían a las plenitudes los esfuerzos y actitudes. De modo que la cuantificación del daño no ha de quedar exclusivamente librada al “prudente arbitrio judicial”, sin mengua del artículo 165 del CPCC que ha de sustentarse precisamente en las pautas concretas del caso.
La distinguida colega del fuero ha destacado: “De manera que, de acuerdo con lo señalado precedentemente respecto del artículo 1746 del C.C.C.N., corresponde ahora determinar un capital mediante la aplicación de una fórmula matemática.” (Ver sentencia apelada)
Adelanto que las fórmulas matemáticas no constituyen la pauta exclusiva para cuantificar el daño.
Voy a destacar las pautas que ha considerado la distinguida colega del fuero y al confrontar los agravios, advertir si han sido motivo de crítica concreta y razonada. No controvertir las pautas aplicables volatiliza en parte a los agravios (doct. Arts. 260, 261 CPCC).
En la sentencia apelada se han determinado las variables utilizadas para cuantificar el daño, tal como señalaré a continuación.
La condición social y laboral de la víctima. La condición social y laboral de la víctima ha sido considerada en la sentencia apelada. Los jueces razonan las indemnizaciones siguiendo la información que suministran las partes y aquella que emerge de la prueba que constituye un abanico trascendente para la cuantificación del rubro. Cuando se carece de fuentes de ingresos regulares y formales, se acude en subsidio al salario mínimo vital y móvil. Es la solución dada en la instancia de origen. En este aspecto ha señalado la distinguida colega del fuero: “En cuanto a las variables a aplicar, se tiene en cuenta que en la demanda se denuncia que señor Macias se encuentra desocupado (conforme constancias del beneficio de litigar sin gastos), de manera que se tomará como pauta, el salario mínimo vital y móvil de $61.953, según la Resolución 15/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil.” Se verá que esta pauta ha sido controvertida por la parte actora en los agravios.
La edad del actor al momento del hecho controvertido. La edad es una pauta importante porque indica el lapso para el cómputo de la indemnización, inclusive después de la jubilación.
La distinguida colega del fuero afirma: “Así también, se tiene presente la edad del actor a la fecha del accidente, 39 años (nacido el 8 de noviembre de 1977) y que la edad promedio de vida para los hombres en la Argentina, según la Organización Mundial de la Salud, es de 72 años (Edad promedio de vida en Argentina - OMS.).”
No advierto que la demandada apelante haya controvertido esta pauta sustancial para la determinación de la cuantificación del rubro. El principio de capacidad restante o residual. Coincidimos con la señora jueza de grado en cuanto corresponde aplicar el principio de la capacidad restante o residual, tal como he señalado anteriormente. La tasa de interés. Se ha considerado una tasa de descuento anual del 6%.
Afirma la distinguida colega de la instancia inaugural: “Luego, de acuerdo con las explicaciones brindadas, se aplican las siguientes variables a la fórmula:
a = $61.953 * 13 *60,66 v = 6 % n = 72 años I = $ 6.952.163,98 En la sentencia apelada se ha establecido: “Según este cálculo y conjugando las condiciones personales del actor y de estado civil casado, con cargas familiares (una hija menor de edad, ver declaración jurada agregada en PDF el 13 de julio de 2021 en el beneficio de litigar sin gastos y datos de la pericia psicológica de 2 de noviembre de 2021), se determina prudencialmente, el monto de seis millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos ($6.955.000) como suma indemnizatoria por la incapacidad psicofísica de Christian Martín Macías (artículos 1737, 1738 y 1739 del Código Civil y Comercial y artículos 163 incisos 5 y 6, 384 y 474 C.P.C.C).” (ver sentencia apelada)
En lo relativo al agravio respecto de la utilización del salario mínimo como pauta de referencia para la cuantificación del rubro, corresponde destacar que los recibos acompañados con la demanda han sido desconocidos por la demandada (ver contestación de demanda del 26/4/21) y que la prueba informativa ofrecida al respecto ha sido desistida por la actora el 27/10/2021. Ello basta para demostrar que no ha quedado probado en el expediente los extremos que se alegan al expresarse agravios (ver rechazo efectuado por esta Alzada el 5/5/2023 en relación a la documentación incorporada en la expresión de agravios).
En consecuencia, debe considerarse que la pauta utilizada en la sentencia apelada ha sido correcta, sin perjuicio de la consideración al momento de la sentencia que se efectuará teniendo en cuenta el salario mínimo, vital y móvil fijado para diciembre de 2023.
Debe aclararse que la pauta referenciada se utiliza para suplir las deficiencias probatorias al respecto, en la etapa procesal oportuna. Es por ello que resulta adecuada la pauta utilizada en la sentencia apelada a las circunstancias del caso y su continente probatorio.
Las especiales características del caso: las proyecciones de las secuelas incapacitantes en la vida diaria y de relación.
Cada persona sufre su propio daño, de modo que las repercusiones no se deben ceñir estrictamente a un porcentaje dado por un baremo o a los ingresos, que son difíciles de determinar cuando la prueba es frágil y se debe aplicar la presunción de que no pueden ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil.
La incapacidad explica limitaciones que en una persona joven afectan sus procesos evolutivos, máxime con una incapacidad grave como la que sufre el actor, que si bien no lo invalidan para valerse por si mismo, disminuyen las chances para el desarrollo pleno de su vida de relación. Una persona joven, que sufre de dolor producto de las secuelas incapacitantes, verá afectados todos los ámbitos de desarrollo interpersonal, más allá de aquellos que se relacionen con su actividad laboral.
La entrevista psicodiagnóstica mantenida con el perito psicólogo (ver pericia presentada el 2/11/2021) ilustra perfectamente como el accidente padecido por la víctima transformó negativamente su vida cotidiana. Transcribiré lo señalado por el experto en función de la importancia de los hallazgos diagnósticos y su repercusión en la vida de relación del actor: “El actor refiere que el día 04-11-2017 mientras regresaba a su domicilio, luego de culminar su jornada de trabajo, fue arrollado por un automóvil mientras se disponía a cruzar la avenida Juan Manuel de Rosas con semáforo que habilitaba al actor para el cruce de la avenida. El Sr. Macias refiere que no recuerda nada de lo que sucedió luego de ser arrollado. Se angustia. Llora y no puede seguir con el relato. Refiere que si se hubiera muerto en ese momento nunca se habría enterado de lo que le sucedió. Le cuesta retomar el relato y se contiene para no llorar. Expresa que tiene como una especie de flash en la que está ingresando a un tomógrafo y escucha las voces de los médicos. A su vez se recuerda en terapia intensiva con una especie de tabla en la espalda, cuello ortopédico, brazo izquierdo enyesado y asistido con oxigeno. Recuerda la imagen de su mujer al lado de su cama. Se angustia. Llora. Su mujer le contó que primero lo trasladaron al policlínico de San Justo pero que no tenían recursos para asistirlo debido a la gravedad de su estado. Finalmente fue trasladado al Hospital Finochietto de CABA, por medio de su ART. Producto del accidente le quedaron 16 costillas rotas, fractura del húmero del brazo izquierdo, fracturas de huesos propios de la nariz, un tajo en la cabeza y puntos visibles en el entrecejo. Le realizaron cirugía de tórax y le colocaron material de osteosíntesis. A su vez le colocaron un clavo endomedular en el húmero por la fractura. En su espalda tiene una cicatriz y una marca de agujero por donde le drenaban la sangre que le había quedado entre la pleura y el pulmón. Lo operaron de la rodilla izquierda por aplastamiento de meniscos. También sufrió de fracturas de apófisis espinosas que no se podían operar y había que esperar a que suelden solas.
Actualmente el actor no se puede poner en cuclillas. Tampoco se puede levantar de la cama espontáneamente, necesita realizar una técnica en la que previamente debe colocarse de costado. Refiere que los días de humedad se le agudizan los dolores de rodilla, costillas, espalda y cintura. No puede caminar por mucho tiempo. Al llegar la tarde debe sentarse y no hacer nada por los fuertes dolores que siente en el cuerpo. Esto implica que no logre culminar ninguna tarea emprendida durante el día. Tiene pérdida de la sensibilidad, sobre todo en la zona intercostal izquierda. Refiere que antes del accidente disfrutaba de realizar todos los arreglos materiales que necesitaba su casa. Hoy no puede levantar bien el brazo izquierdo y, por ende, no puede “ni arreglar una persiana”. Se angustia. No pudo volver a jugar al fútbol y mucho menos practicar otra actividad física, ya que el sólo hecho de caminar le provoca dolores intensos.
Mientras prosigue la entrevista se observa cómo va aumentando su angustia. No puede contener el llanto y debemos detenernos en varias ocasiones antes de retomar el relato. Refiere que tiene mucha bronca de cómo se maneja la sociedad y que no se respeta lo básico cómo la luz de un semáforo. Concluye que “hay que arreglárselas sólo y como se pueda”. Luego del accidente perdió las ganas de ser colaborativo con las demás personas. Antes ayudaba a todos lo que podía y hoy no se involucra para nada con ninguna persona. Se aisló de sus amigos y de su familia. Se siente muy irritable y piensa constantemente en la injusticia que le toca transitar en la actualidad. No volvió a pasar por el lugar donde sufrió el accidente. Tampoco quiere salir de su casa, mientras que antes era quien salía a realizar todas las compras del hogar. Cuando debe cruzar una calle se pone ansioso e hipervigilante. Describe tal circunstancia como un momento de “mucha tensión”. Le vienen imágenes de cómo estaba en la clínica y del sonido de la terapia intensiva. No quiere que su mujer e hija anden solas por la calle por miedo a que les ocurra algo malo. Cuando ellas deben salir por algún motivo las llama constantemente para saber si están bien. Él mismo necesita que lo acompañen cuando sale a la calle porque se siente muy inseguro. Llora. Por las noches se despierta sobresaltado y no puede volver a conciliar el sueño. Si en la televisión pasan imágenes de algún accidente cambia de canal o se va del lugar. No quiere ver nada relacionado con un accidente. Refiere que no sabe si se olvida las cosas por problemas de memoria o porque no puede prestar atención, eso lo preocupa, ya que su mujer debe recordarle las cosas todo el tiempo. Describe momentos en que lo invade un miedo intenso y siente que “se le sale el corazón”. En esos momentos necesita ir al baño y encerrarse un rato. No quiere volver a ver un médico por todos los recuerdos horribles que se le vienen a la mente. A pesar de contar con el apoyo de su mujer y su hija se siente muy sólo con todo lo que le pasa. Llora.”
La prueba producida en el expediente ilustra la magnitud de las secuelas que ha dejado el siniestro en la vida del actor. Es por ello que, en casos como el presente, la cuantificación del daño debe atender verdaderamente al espíritu de la reparación integral que persigue el proceso de daños derivados de la responsabilidad civil.
Las pautas matemáticas, sin bien son una referencia importante, no alcanzan a dimensionar el daño en el caso concreto, pudiendo -en algunos casos- tornarse insensibles a las particularidades de cada situación específica.
Es imposible que una operación aritmética homogénea contemple la variedad propia de cada sujeto y sus circunstancias en relación al daño sufrido. Es por ello que es fundamental la tarea del intérprete, a través de la sana crítica y una resolución razonablemente fundada, evaluar el verdadero impacto del daño en el caso concreto.
Considero que han quedado claramente ilustradas en el presente las proyecciones del daño, por lo que el agravio del actor en cuanto a la insuficiente indemnización debe ser admitido.
En efecto, teniendo en cuenta las características personales del actor como ser: 1) edad al momento del hecho: 39 años (nacido el 8/11/1977), estado civil casado, con cargas familiares (una hija menor de edad, ver declaración jurada agregada en PDF el 13 de julio de 2021 en el beneficio de litigar sin gastos y datos de la pericia psicológica de 2 de noviembre de 2021), 2) el importe del salario mínimo vital y móvil al momento de la presente sentencia, que se ubica en la suma de $156.000 Resolución 15/2023 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móv. 3) la expectativa de vida promedio, aproximadamente 75 años (fuente INDEC) 4) la expectativa laboral hasta la edad de jubilación -65 años para el hombre- 5) las dificultades de inserción laboral frente a hipotéticos nuevos empleos –los exámenes preocupaciones constituyen un factor que podrá evidenciar las secuelas incapacitantes-; 6) las repercusiones del daño en las diferentes facetas de su vida de relación 7) las consecuencias incluso luego de la edad jubilatoria y su adecuación a las circunstancias del caso, y ) el porcentaje de incapacidad psico-física – 60.66% -, aplicando el principio de la capacidad restante o residual, me llevan a rechazar los agravios esgrimidos por la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S. A.” y admitir aquellos que expresó el coactor Christian Martín Macías. En consecuencia propongo ELEVAR la cuantificación del rubro psicofísico a la suma de PESOS VEINTE CUATRO MILLONES ($24.000.000) (Arts. 1740,1746 y cctes. CCC; 163, inc. 5º, 165, 375, 384, 421, 456, 474 y cctes. del Cód. Proc.).
IV.2. El tratamiento psicológico.
El rubro procede por la suma de $ 288.000. Ello resultó apelado únicamente por la citada en garantía. El actor consintió la cuantificación del rubro.
Reitero que el daño psicológico tiene incidencia en la disminución de la incapacidad psicofísica de la persona, por lo que la respuesta indemnizatoria no debe ser idéntica para todos los individuos, quienes evolucionan desde ámbitos diferentes y carecen de sinonimia. La condición social, la proyección de la persona en los diversos escenarios, sus proyectos y realizaciones, su sexo y edad, grado de incapacidad psicofísica y repercusiones en sus distintas actividades, constituyen entre otras pautas, la razonabilidad de la cuantificación del daño.
En efecto, la jurisprudencia ha expresado: “El daño psíquico indemniza el daño existente al momento de realizarle el examen pericial, es decir, que se trata de un daño cierto y efectivo al momento del análisis; mientras que el tratamiento tiene como finalidad evitar un mayor daño o aún más; intenta en muchos casos corregir el mismo con resultado aleatorio. En virtud de ello ambos ítems no son excluyentes”. (CNCivil, Sala J, 10/8/98, “Grancharoff, Silvina c/ Orellana, Héctor D. y otro s/ Daños y Perjuicios”, citado por H. Daray, op.cit., pág. 84, sum.102).
En idéntico sentido se expresó: “El hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente”. (C.N.Civ., Sala B, 15/9/99, “Bartumeus, José y otro c/ Rigo, Roberto H. y otro s/ Daños y Perjuicios”. (H. Daray, op.cit., pág. 15).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “No genera doble indemnización reconocida por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9-5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de Agosto de 2007, voto de este suscripto).
La distinguida colega de grado ha señalado; “Se observa que el perito psicólogo, Licenciado Carlos Alberto López, indicó que, para no agravar el cuadro, aconsejaba un tratamiento terapéutico, no menor a 3 años, con una sesión semanal (dictamen del 2 de noviembre de 2021).”
“Ciñéndonos a la opinión del experto y de acuerdo a las máximas de experiencia, fijo de manera prudencial la suma de $2.000, para cada sesión y establezco el resarcimiento en la suma de doscientos ochenta y ocho mil pesos para este tópico ($288.000) (artículo del Código Civil y Comercial de la Nación; artículos 165 inc. 5; 384 y 474 del C.P.C.C.).”
La actora consiente la cuantificación del tratamiento psicológico. La citada en garantía “Federación Patronal Seguros S. A.”, interpreta que el tratamiento psicológico debe ser probado y que su cuantificación resulta excesivamente elevada.
Debe destacarse que el perito psicólogo se ha expedido concretamente sobre la necesidad de tratamiento terapéutico. De modo que no cuestionada la pericia mediante articulaciones fundadas que demuestren la falta de fundamentos científicos, a modo de contrapericia, las conclusiones del perito resultan idóneas para sustentar el rubro.
Por otra parte, nada impide conceder el daño psicológico y el tratamiento terapéutico cuando se trata de una terapia paliativa y no curativa. En cuyo caso no hay doble resarcimiento cuando proceden ambos rubros indemnizatorios.
Debe destacarse que el perito psicólogo, Licenciado Carlos Alberto López, indicó que, “para no agravar el cuadro”, aconsejaba un tratamiento terapéutico, no menor a 3 años, con una sesión semanal (pericia del 2 de noviembre de 2021).” Si se recomienda una terapia para no agravar el cuadro, se infiere que es paliativa y no curativa.
Considerándose el plazo mínimo de tres años de terapia con una frecuencia de una sesión semanal y a un costo histórico de $ 2.000 cada una de ellas, a la fecha de pericia, 2 de noviembre de 2021, la suma fijada en $ 288.000 no resulta elevada.
Propongo desestimar el agravio formulado por la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.” y confirmar en este aspecto la sentencia apelada (art. 165,260,261, 375, 484 y ccdtes. CPCC)
IV. 3. Gastos de traslado y de farmacia:
El rubro procede por la suma de $20.000. La parte actora consiente la cuantificación del rubro. La citada en garantía cuestiona la procedencia y cuantificación del rubro.
La señora juez de grado interpretó que el rubro procede aun cuando la ART brinde cobertura respecto de “los gastos de traslado, enfermería y farmacéuticos ocasionados en un accidente de tránsito, debe considerarse que ante estos tipos de lesiones, siempre existen gastos colaterales que no son cubiertos por las obras sociales, por lo que cabe su prudencial resarcimiento -a fin de evitar un enriquecimiento sin causa-.("Del Valle, Juan Antonio vs. Municipalidad de Rosario s. Daños y perjuicios, Trib. Coleg. Resp. Extrac. 1ª Nom., Rosario, Santa Fe; 12/10/2006; Rubinzal Online; RC J 11031/07).” (Sentencia apelada)
Ya he señalado: “En relación a los gastos médicos y de farmacia, cabe destacar que los mismos deben reconocerse sin perjuicio de la prueba exacta de sus erogaciones; atento que resultan imprescindibles y la víctima debe afrontarlos. Esto se ha sostenido aún en los casos donde resulta beneficiaria de una obra social, o haya recibido atención particular o como se invocara en el caso la demandada afronte diversos gastos en la materia. Fluye de la experiencia diaria que algunos gastos son costeados por el damnificado estando excluidos de toda cobertura.” (Aimar, Roberto Alejandro C/ Bozo Ríos, Jorge Freddy y Otro s/ Daños y perjuicios” Causa Nº 486 RSD Nº 180 sentencia del 27 de septiembre de dos mil diecisiete).
El rubro procede aún en ausencia de comprobantes. Ello es así porque cabe presumir que aún en estos supuestos existen erogaciones no cubiertas o satisfechas. Teniendo en cuenta la pericia médica de autos, frente a la ausencia de comprobantes debidamente corroborados (C.Nac.Com., sala E, 23/3/2004, "González, Esmigdia v. Mearelli, Susana y otros", JA 2005-II, síntesis), corresponde admitir el reembolso de los gastos terapéuticos desde que no siempre son cubiertos por la obra social o la asistencia pública. En todo caso, su cobertura nunca llega al cien por ciento.
También procede el rubro cuando se cuente con los beneficios de una obra social o la atención sea pública, precisamente porque hay gastos que no tienen cobertura.
Se coincide en señalar que no se requieren pruebas de las erogaciones, bastando inferirlas de la importante de las lesiones, secuelas y tratamientos.
En el caso concreto, en la sentencia apelada se ha fundamentado suficientemente: “En el caso, se consideran las constancias de las historias clínicas del Policlínico de San Justo y del Sanatorio Finochieto, ya que de ellas surge que a la actora se le indicaron diclofenac, omeprazol, pregabalina, paracetamol, parche de bupremorfina, rescates con dolorfrix, lactuion, clorhexidina. También surge que el actor debió continuar con tratamiento ambulatorio (historias clínicas agregadas en PDF el 20 de mayo de 2020 y 3 de agosto de 2020).”
La señora juez de grado ha señalado: “Macias reconoce que parte de esos gastos fueron sufragados por la ART cuando se encontraba internado, no así respecto de los erogados con posterioridad debido a que debió continuar con tratamiento ambulatorio, por ese concepto reclama la suma de $4.000.” (Ver sentencia apelada)
No se advierte que la citada en garantía haya controvertido mediante critica concreta y razonada los fundamentos del fallo apelado en cuanto admite y cuantifica el rubro.
En consecuencia propongo desestimar los agravios formulados por la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S. A.” y CONFIRMAR el rubro (artículo 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación y artículo 165, 260, 261 y ccdtes del C.P.C.C.).
IV.4. Daño moral:
La señora juez de grado cuantifica el daño moral en la suma de $300.000. La parte actora considera exigua la indemnización. La citada en garantía interpreta que la cuantificación del rubro es excesiva. Para fundamentar la procedencia y cuantificación del rubro la distinguida colega del fuero afirma: “Así pues, y dado que, el daño moral no debe ser probado o individualizado sino que, éste surge de la valoración de los hechos acaecidos al momento del siniestro y así también de las circunstancias personales del actor, Christian Martin Macias, los cuales han sido apuntados en el considerando 5.1.a., fijo prudencialmente el monto indemnizatorio en la suma de trescientos mil pesos ($300.000) (art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación).” IV.2. Daño moral.
La jurisprudencia ha dicho que “...debe considerarse el daño moral como la lesión a derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como de padecimientos físicos que los originen o espirituales relacionados causalmente con el hecho ilícito, aunque no es referible a cualquier perturbación del ánimo, y basta para su admisibilidad la certeza de que existió, siendo su naturaleza de carácter resarcitoria pues no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo sino de procurar una compensación del daño .sufrido (art. 1078 CCiv.) y su estimación se encuentra sujeta a prudente arbitrio judicial, no teniendo porqué guardar proporcionalidad con el daño material, pues depende de la índole del hecho generador. (CC0102 LP RSD 149-98 cit. en JUBA 7) El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica - prueba in re ipsa - y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral (SCBA L 36489 cit en JUBA 7); (Arts. 1078 CC; 165 CPCC).
En definitiva, rige una presunción iuris tantum de daño moral.
Se ha señalado: “El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio.”CC0102 MP 172197 293-S S 21/09/2021 Juez MONTERISI (SD)Carátula: CREDEDIO, SERGIO LUCAS DAMIÁN Y OT. C/ BETIA, HUGO ERNESTO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS B5078593 JUBA).
Considero que la cuantificación del rubro es reducida.
Las características del caso concreto, a las que me referí en el punto IV.1, ilustran claramente la magnitud del daño padecido. Las aflicciones a la tranquilidad del espíritu, producto del infortunio, quedan inscriptas en la percepción sensible del intérprete.
No debe pasarse por alto la cantidad de intervenciones quirúrgicas a las que debió ser sometido el Sr. Macias, con la consecuente angustia y preocupación que ello genera, evidenciadas en los partes quirúrgicos que transcribe el perito médico en su pericia. (ver pericia médica del 24/10/2021) Asimismo, debe destacarse que Macías “…permaneció internado, en terapia intensiva, en terapia intermedia y en sala común” (ver pericia). El actor permaneció internado 24 días, conforme su Ingreso el 05/11/2017 y su egreso el 28/11/2017 (ver pericia)
A los días de internación en sala común que debió afrontar el actor, debe sumarse su paso por los largos doce días en terapia intensiva de los que da cuenta el perito médico, en donde es público y notorio la restricción horaria que las unidades de terapia intensiva imponen a los familiares de las víctimas, lo que repercute directamente en la imposibilidad de asumir la tan fundamental tarea de brindar soporte socio-afectivo al enfermo, lo que deja en evidencia la importancia de la lesión moral sufrida.
En consecuencia propongo se admita el agravio formulado Christian Martín Macías -en función de lo expresamente peticionado al expresarse agravios- se rechace el agravio incoado por la citada en garantía y se eleve el rubro a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000). (arts.1741 CCCN; arts. 165, 384 y ccdtes CPCC)
V. La indemnización solicitada por Paula Solange Brandoli V.1. Daño moral. Legitimación de los damnificados indirectos.
La distinguida colega del fuero desestimó la pretensión de la cónyuge del actor, interpretando que no resulta en el caso concreto aplicable el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de La Nación.
Sin perjuicios de las legitimaciones que esta Sala ha receptado en torno al antiguo artículo 1078 del Código Civil, y en supuestos donde había fallecido la víctima, lo cierto es que en el caso concreto la solución excepcional que plantea la apelante no resulta viable siguiendo la sólida interpretación que han dado la doctrina y la jurisprudencia sobre el artículo 1741 del Código Civil y Comercial.
Las lesiones y secuelas que ha experimentado el actor no explican por sí mismas y ni siquiera por el porcentaje de incapacidad, el concepto de “gran discapacidad” referido en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, cuya telesis es la justificación de la reparación a favor de los damnificados indirectos cuando el damnificado directo ha perdido autonomía y tiene dependencia de terceros.
No es el caso en estudio. La distinguida colega del fuero lo ha explicitado correctamente con fundamentos que la apelante no ha controvertido suficientemente.
En efecto, como se lee en la sentencia apelada “La coactora ha fundamentado el reclamo en que lo vivenciado por su esposo como consecuencia del accidente ha lesionado sus sentimientos y le ha causado este daño.” (Ver sentencia apelada)
Ha señalado la señora jueza de grado: “Conforme se expuso precedentemente, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación regula que, si del acontecimiento resulta la muerte o se padece una gran discapacidad, tienen legitimación, a título personal -además del damnificado directo, de corresponder-, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible.” “La nueva legislación prevé la legitimación del damnificado indirecto sólo en los dos supuestos mencionados, esto es, en caso de muerte o de gran discapacidad de la víctima.”
“La norma en cuestión, no precisa qué debe entenderse por gran incapacidad o cual es el tenor de las lesiones que debe haber padecido el damnificado directo a los fines de posibilitar la admisión del reclamo. El concepto de "gran discapacidad" queda librado en su extensión al prudente arbitrio de los jueces pues aquélla no establece parámetros o límites legales a los fines de su estimación.” (Sentencia apelada)
Ha señalado la señora juez de grado: “En función de ello, el doctrinario interpreta que la gran discapacidad debe ser total, permanente, irreversible y declarada judicialmente sobre la base de un dictamen médico científico; completando esa idea el art. 10 de la ley 24557 cuando indica la necesidad de asistencia continua de otra persona para realizar sus actos elementales de vida como característica de la gran invalidez del trabajador, la que también debe ser acreditada por opinión de experto.” (Ver sentencia apelada)
Ha destacado la distinguida colega del fuero que una gran discapacidad se caracteriza por "carecer de autonomía personal y económica". “Quien sufrió un daño, en su persona, de tales características va a requerir para realizar los actos más elementales y por el resto de su vida, de la asistencia de otros (CNCiv., "Liol, Ester y otro c. Ministerio del Interior", 2005).”
No son ociosas las citas legales que evoca la distinguida colega del fuero: “Por su parte, el Código Civil y Comercial aborda la discapacidad en los arts. 32 y 2448. El primero de ellos alude a las personas con capacidad restringida o con incapacidad entendiendo por éstas a "una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, d suficiente gravedad". “En tanto que el artículo 2448 es más específico, pues considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral.” (Ver sentencia apelada) “Pero también se tiene un criterio de las leyes análogas, cuestión que Alterini abordó en la obra citada. En tal sentido, el art. 10 de la Ley 24557 establece que por "gran invalidez" debe entenderse aquélla situación en la cual "el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida", pues ese es el criterio que la jurisprudencia ha adoptado en distintos fallos (A., E. M. A. y otro vs. Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE S.A.) y otro s. Daños y perjuicios, CNCiv. Sala B; 11/10/2016; Rubinzal Online /// RC J 5812/16; Aldeco, Patricia del Carmen vs. Ibañez, Lucio Maximiliano s. Daños y perjuicios CCC 6ª, Córdoba, Córdoba; 23/03/2021; Rubinzal Online /// RC J 2370/21).” (Ver sentencia apelada)
“De ello se sigue que, se entiende que una persona está afectada por gran invalidez cuando requiere habitualmente de la asistencia de terceros y de prestaciones médicas o de otra índole de por vida, como suele suceder, a modo de ejemplo, con personas parapléjicas, tetrapléjicos o que han quedado en estado vegetativo o que le falte algún miembro.”
“Considero además que este criterio de la ley mencionada guarda coherencia con la determinación de discapacidad de los artículos 32 y 2448 del Código Civil y Comercial.”
“Aquí, Brandoli reclama el resarcimiento por el sufrimiento espiritual que padeció como esposa de la víctima del accidente, Christian Macías.” “Ciertamente, encuentro acreditada la unión matrimonial entre los actores. (art. 423 CCyCN; ver partida de matrimonio adjuntada en pdf con la presentación inicial).”
Afirma la señora juez de grado que la prueba no revela que el señor Macías “necesite estar asistido permanentemente para la realización de los actos propios de la vida diaria.” Se trata de un fundamento sólido que no ha sido suficientemente rebatido en los agravios. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC). En este aspecto el fallo relativiza el porcentaje de incapacidad del 60,66 % porque en el caso concreto, por sí mismo, no explica que el damnificado este privado de autonomía o que a partir del hecho controvertido, se ha extremado una dependencia de terceros. En definitiva, el concepto de “gran discapacidad” no se relaciona con porcentajes de incapacidad y si con sus repercusiones en la cotidianidad de la víctima. Ello no significa que un elevado porcentaje de incapacidad permita la justa cuantificación del daño para el damnificado directo.
Al respecto señala la distinguida colega del fuero: “En efecto, si bien surge del Considerando 5.1.a que Macias tiene una incapacidad del 60,66% sin embargo, ese porcentaje no es suficiente para que el reclamo proceda; pues solo es un indicador que tiene que ser analizados con el caso concreto.” (Ver sentencia apelada).
No se trata de una solución superficial al advertirse que la señora juez de grado explora las conclusiones de los peritos.
La distinguida colega de la instancia inaugural afirma: “Así, pongo de resalto que la pericia médica ha indicado que Macias concurrió al examen en día y horario estipulados, que se encontraba "...lucido, orientado en tiempo y espacio, presentable para la ocasión, deambula por sus medios y en todo momento se mostró colaborador con el examinador...".
“También, observo que el perito médico dictaminó que el actor puede practicar deportes que requieran del concurso de los miembros superiores, aunque con limitaciones ( ver pericia del día 24 de octubre de 2021, cuestionario de la actora número 28.).”
“Asimismo, puede advertirse que las lesiones fisicas diagnosticadas a Macias ( secuela de fractura de humero izquierdo , rigidez de hombro del mismo lado, secuela fr fractura en varias costillas, rigidez cervical, cicatriz de más de 10 centímetro en su tronco y síndrome meniscal en rodilla) no revisten tal magnitud como para impedirle a Cristian que se desenvuelva de manera autónoma en los quehaceres diario.(arts. 163 inc. 5 y 474 del CPCC).” (Sentencia apelada)
También ha considerado la distinguida colega del fuero: “En este órden , tomo en cuenta la prueba testimonial rendida en el trámite sobre beneficio de litigar sin gastos , donde Roberto Ariel Tofano, vecino de Macias, declaró que Christian estaba trabajando. En igual sentido, la testigo Atterio refirió que el actor había encontrado trabajo en una empresa. ( artículo 424 del C.P.C.C.).”
Resulta importante considerar por la inmediación principio procesal superlativo que se ha dado en el caso con la presencia personal de la señora jueza en la audiencia de absolución de posiciones, la sentencia apelada en cuanto afirma: “Además la veracidad de tales testimonios ha sido corroborada con la experiencia personal al tomar las posiciones a Macías , ya que pude constatar su desenvolvimiento personal y autonomía en esa oportunidad (ver audiencia de vista de causa) (arts. 163. inc. 5 y 402 del CPCC).” De lo hasta aquí expuesto se sigue que Macias no necesita ser permanentemente asistido a los fines de realizar los actos de la vida cotidiana como desplazarse, comer, asearse; tampoco se evidencia la imposibilidad de actuar o pensar de manera autónoma.
Hemos vista la audiencia videograbada.
El concepto de “gran incapacidad” no surge del artículo 1741 del CCCN, de allí que el intérprete debe auscultar en las circunstancias del caso si la víctima a consecuencia del daño ha perdido su autonomía.
Al respecto se ha dicho: “Para delinear los contornos de este concepto primero vamos a revisar qué se entiende por discapacidad para lo cual es fundamental tener en cuenta que siempre estamos hablando de una incapacidad sobreviniente al hecho dañoso. La ley 22.431 denominada Sistema De Protección Integral De Los Discapacitados en su artículo segundo considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Por su parte la Organización Mundial de la Salud considera que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”
Pero no hay un texto que expresamente nos defina en qué consiste una gran incapacidad pese a que la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378 el 21 de mayo de 2008, reconoce la diversidad de las personas con discapacidad. Una aproximación nos da la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo la cual en su artículo 10 dispone que existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Si bien como mencionamos para la determinación de la incapacidad sobreviniente no hay que ajustarse a los porcentajes fijados por la legislación laboral, si pueden ser utilizados como pauta genérica de referencia. En este sentido hay que resaltar ciertos factores que menciona la norma como por ejemplo: A) la presencia de una incapacidad de carácter permanente y total, B) la perdida de la independencia del damnificado C) la asistencia permanente de otra persona, lo que se traduce en una lesión a su autonomía personal ya que para poder realizar los actos elementales de su vida, va a necesitar contar con la asistencia de terceros. Muchas veces esas tareas de asistencia son realizadas por la misma familia con las implicancias de orden moral que ello genera. De ahí la necesidad de que se le reconozca el derecho a obtener una indemnización por la angustia y el dolor permanente, ya que esa incapacidad que afecta a uno de los miembros de la familia “va a repercutir de manera disvaliosa en el modo de sentir, de pensar y de actuar” 3 del resto de los miembros de la familia o de las personas que convivan con el lesionado. “La atención del damnificado produce sobreexigencias en la vida doméstica, e impone nuevas funciones algunas verdaderamente arduas que exigen un gran equilibrio psicológico del familiar que las cumple” (Liz de la Iglesia, Pamela Lis, ¿Qué debe entenderse por gran discapacidad? Jornadas sobre el Nuevo Código Civil y Comercial (preparatorias de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil) Monte Hermoso, 5 y 6 de diciembre de 2014.
www.jndcbahiablanca2015.com)
En función de lo expuesto, la “gran incapacidad” no se define necesariamente en un elevado porcentaje de incapacidad.
No ha probado la apelante que la víctima después del hecho controvertido haya experimentado daños y secuelas irreversibles que hayan limitado al actor ostensiblemente su autonomía y lo hayan puesto en una obligada situación de dependencia de su cónyuge.
En síntesis, el caso no es subsimible en la norma del 1741 del CCCN en cuanto al requisito de "gran discapacidad" para habilitar la legitimación de la cónyuge, toda vez que la víctima del infortunio de autos no requiere asistencia continua para los actos mas elementales de la vida, de manera perpetua.
En consecuencia está suficientemente fundada la sentencia apelada en cuanto determina “De modo tal que, la valoración conjunta de los elementos probatorios analizados generan el convencimiento de que las lesiones padecidas por Christian Macias no constituyen el supuesto de "gran discapacidad" que habilite el reclamo de su cónyuge Brandoli. (artículos 384, 402, 426 , 474 del C.P.C.C. )” (Ver sentencia apelada) Se advierte de los agravios que la coactora apelante no ha aludido suficientemente y expuesto la crítica concreta y razonada que permita demostrar el error de la intérprete. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC). En consecuencia, se desestima el agravio formulado por la coactora Paula Solange Brandoli y se confirma la sentencia apelada en cuanto desestima el daño moral. (Art. 1741 CCC)
V.2. Falta de legitimación para reclamar el daño psicológico :
La distinguida colega del fuero desestimó el daño psicológico reclamado por la damnificada indirecta.
La coactora Paula Solange Brandoli critica este aspecto del fallo. Sostiene guiándose por las conclusiones del perito psicólogo donde dictamina que la apelante experimenta una incapacidad psíquica del 20%. Para desestimar el rubro, la distinguida colega del fuero ha señalado: “La normativa del Código Civil y Comercial prevé la indemnización plena de las lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, pero al damnificado directo.(artículos 1737,1738 1740 y 1746 y concordantes del Código Civil y Comercial ).”
“Luego, dado que Paula Brandoli no ha sido la víctima del accidente de tránsito base de la demanda sino su marido, no esta legitimada para reclamar este resarcimiento.”
El acotado agravio de la apelante no alcanza para controvertir los fundamentos del fallo apelado para desestimar el rubro. No basta con determinar un porcentaje de incapacidad psíquica cuando al tratarse de un damnificado indirecto no procede el resarcimiento.
En consecuencia, propongo se desestime el agravio de la coactora Paula Solange Brandoli y se confirme en este aspecto la sentencia apelada. (arts. 260, 261 CPCC)
VI. Intereses La señora jueza de grado ha establecido la cuantificación de los rubros indemnizatorios a valores actuales. “Por eso, razones de economía y celeridad procesal me llevan a ceñirme a la pauta interpretativa de la Corte Provincial, y dado que el Tribunal provincial aplica el interés puro de 6 % anual, se resuelve que dicho guarismo sea aplicado a los montos indemnizatorios, desde que se produjo el hecho lesivo (4 de noviembre de 2017) y hasta la fecha de la sentencia, momento en que se ha evaluado la deuda (SCBA, 18 de abril de 2018. Causa C 120.536, Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios; 3 de mayo de 2018, causa C 121.134 2 Nidera S.A contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios).”
“También se establece, con estricto ajuste al criterio de la Corte Provincial que, desde la fecha de sentencia y hasta el efectivo pago, se aplique la tasa pasiva más alta según los criterios establecidos en las causas C. 101.774, Ponce y L 94446, Ginossi (ambas sentencias del 21-X-2009) y C.119.176, Cabrera (sentencia del 15-VI- 2016).” (Ver sentencia apelada) La SCBA ha reafirmado la doctrina legal en la causa “Paredes”
(S-18/09/2020) al decir:“… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód. Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016).
Por los argumentos expuestos de manera precedente, y resultando doctrina legal de la Suprema Corte Provincial, la que es deber de este Tribunal acatar, (art. 161 cláusula 3ª a) Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 34 inc. 5 y 278 y ss. del CPCC), el criterio expuesto en la sentencia apelada deviene firme a esta Alzada.
Ahora bien, esta Sala se ha pronunciado en autos "BARRIENTOS MARCELA C/ GUEVARA OSVALDO Y OTROS/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
(CAUSA NRO.: 4562/1, RSI: 33/20, FOLIO NRO: 48, en fecha 12/3/2020) en este sentido: "que las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor, que el juez cuantifica y califica al momento de sentenciar. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no se sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquel satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Solo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en una deuda de dinero" ("Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo José s/ Daños y Perjuicios", CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017).
Así las cosas y en base a lo expuesto, a los fines de practicarse la pertinente liquidación deberá previamente distinguirse aquellos rubros que han sido apelados de aquellos que han sido consentidos por los litigantes. Vale decir, aquellos rubros que han tenido tratamiento y resolución por esta Alzada -valorados y cuantificados en esta instancia-, deberán ser liquidados desde la fecha del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de Segunda Instancia a la tasa pura del 6% y de allí en más la utilización de la tasa pasiva más alta; mientras que aquellos que no han merecido tratamiento alguno en esta instancia -rubros firmes y consentidos-, será la fecha de la sentencia de grado la que deberá considerarse como el momento para la evaluación de la deuda, pues las partes han consentido la valoración y cuantificación de dicho rubro.
Con el alcance indicado se admite parcialmente el agravio formulado por la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S. A. “ VII.- Las costas de Alzada Propongo se impongan las costas de Alzada a la citada en garantía “Federación Patronal Seguros S. A.” en honor al principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC) difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno. Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada, los Dres. Taraborrelli y Pérez Catella adhieren al voto que antecede y VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR RAMON DOMINGO POSCA dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: A) SE DESESTIMEN PARCIALMENTE LOS AGRAVIOS expresados por la la citada en garantía. B) SE ADMITAN PARCIALMENTE LOS AGRAVIOS expresados por la parte actora y en consecuencia: 1º) SE ELEVE la cuantificación para el rubro “Incapacidad psicofísica” a la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) 2°) SE ELEVE la cuantificación para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000) 3°) SE ESTABLEZCA a los fines de practicarse la pertinente liquidación que deberá distinguirse aquellos rubros que han sido apelados de aquellos que han sido consentidos por los litigantes. Vale decir, aquellos rubros que han tenido tratamiento y resolución por esta Alzada -valorados y cuantificados en esta instancia-, deberán ser liquidados desde la fecha del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de Segunda Instancia a la tasa pura del 6% y de allí en más la utilización de la tasa pasiva más alta; mientras que aquellos que no han merecido tratamiento alguno en esta instancia -rubros firmes y consentidos-, será la fecha de la sentencia de grado la que deberá considerarse como el momento para la evaluación de la deuda, pues las partes han consentido la valoración y cuantificación de dicho rubro 4°) SE CONFIRME todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN LAS COSTAS DE ALZADA a la citada en garantía (art. 68 CPCC) 6º) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Doctores Taraborrelli y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
A)
DESESTIMAR PARCIALMENTE LOS AGRAVIOS expresados por la la citada en garantía. B) ADMITIR PARCIALMENTE LOS AGRAVIOS expresados por la parte actora y en consecuencia: 1º) ELEVAR la cuantificación para el rubro “Incapacidad psicofísica” a la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) 2°) ELEVAR la cuantificación para el rubro “Daño Moral” a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000) 3°) ESTABLECER a los fines de practicarse la pertinente liquidación que deberá distinguirse aquellos rubros que han sido apelados de aquellos que han sido consentidos por los litigantes. Vale decir, aquellos rubros que han tenido tratamiento y resolución por esta Alzada -valorados y cuantificados en esta instancia-, deberán ser liquidados desde la fecha del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de Segunda Instancia a la tasa pura del 6% y de allí en más la utilización de la tasa pasiva más alta; mientras que aquellos que no han merecido tratamiento alguno en esta instancia -rubros firmes y consentidos-, será la fecha de la sentencia de grado la que deberá considerarse como el momento para la evaluación de la deuda, pues las partes han consentido la valoración y cuantificación de dicho rubro 4°) CONFIRMAR todo el resto en cuanto ha sido materia de agravios 5º) SE IMPONGAN LAS COSTAS DE ALZADA a la citada en garantía (art. 68 CPCC) 6º) SE DIFIERAN la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia