Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 15.161
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada, encomendando al juez disponer la sustanciación de la promoción del incidente de nulidad a la contraria;
2No imponer costas atento a la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPCC).
LM - 15161 - 2018 - SERRANO VICTOR GABRIEL Y OTRO/A C/ SERRANO ROSANA GRACIELA Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "SERRANO VICTOR GABRIEL Y OTRO/A C/ SERRANO ROSANA GRACIELA Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
LM-15161-2018 JUZ. CIV. Y COM. N°3
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera-, celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “SERRANO VICTOR GABRIEL Y OTRO/A C/ SERRANO ROSANA GRACIELA Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)" (LM-15161-
2018), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DOCTORES TARABORRELLI – POSCA - PEREZ CATELLA; resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la decisión apelada de fecha 9/3/2023?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso.
En fecha 31/7/2018 se presentan los Sres. Victor Gabriel Serrano y Gabriel Arcangel Ledesma, con el patrocinio letrado de la Dra. Blanca Zunilda Medina Borja, promoviendo formal demanda de desalojo por finalización de comodato contra los Sres. Graciela Roxana Serrano, Gustavo Roberto Arias y/o cualquier otro ocupante que hubiere en el inmueble de la calle Sequeira N°3264, Planta Alta, de la localidad de Rafael Castillo. Relatan que “Conforme surge de la fotocopia legalizada que adjunto los actores adquirieron el inmueble por cesión de boleto que oportunamente realizara a su favor la compradora por boleto Sra. Lili Teresa Galindez con fecha 15 de abril de 1987.” Señalan que “Desde esa fecha ocupan la propiedad ubicada en Sequeira 3264 construyendo en la misma el actor Ledesma en la parte de delante de la propiedad y el Sr. Serrano en la parte de atrás”.
Que así las cosas, en el año 2011 le prestaron en comodato la planta alta de la casa del fondo a los demandados, quienes nunca la restituyeron pese a los requerimientos efectuados en años, motivo por el cual se vieron obligados a iniciar la presente acción.
Corrido el traslado de ley, en virtud de la cédula diligenciada en fecha 27/12/2018 obrante a fs. 26/27, ante la incomparecencia de la parte demandada se decreta su rebeldía en fecha 11/3/2019, la cual es notificada el 10/4/2019 (ver fs. 28)
Mediante la presentación efectuada el día 4/6/2019 los accionantes desisten del codemandado Gustavo Roberto Arias, constando en fecha 22/8/2019 la cédula dirigida a ocupantes y/o subinquilinos, librada bajo responsabilidad, a quienes en fecha 20/9/2019 se les da por decaído el derecho que han dejado de usar.
El 7/11/2019 se declara la cuestión como de puro derecho.
El día 19/12/2019 la Sra. Juez de grado requiere la causa penal que fuera denunciada, la que se recibe en fecha 29/9/2020, llamando el 11/12/2020 los autos para dictar sentencia.
En fecha 29/12/2020 la magistrada de grado resolvió “Hacer lugar a la demanda promovida por Víctor Gabriel Serrano y Gabriel Arcangel Ledesma; en consecuencia, condenar a Rosana Graciela Serrano y demás ocupantes a desalojar el inmueble de la calle Sequeira 3264, planta alta (fondo), de Rafael Castillo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días de adquirir firmeza la sentencia. Deberán hacer entrega del inmueble a los demandantes, libre de todo efecto y ocupantes, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública.” Impuso las costas a la parte demandada vencida (art. 68 CPCC) y reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.
En fecha 12/12/2022 se ordena el lanzamiento de la propiedad, librándose el 14/12/2022 el mandamiento a tales fines.
Con el escrito electrónico de fecha 6/3/2023 a las 17.43 hs.
comparece la demandada a tomar intervención en la causa. En su presentación denuncia expresamente haberse anoticiado del proceso a través de la orden de lanzamiento efectuada el día sábado 25/02/2023 cuando un oficial de justicia se apersonó a su domicilio y la intimó al desalojo de la propiedad. Que dicha oficial de justicia iba acompañada por una abogada y la puerta de entrada del pasillo que da hacia su casa fue abierta por el señor Víctor Gabriel Serrano.
Plantea la nulidad de las notificaciones, las que se efectuaran bajo responsabilidad de la parte actora.
El 9/3/2023 la Sra. Juez de grado dicta el auto que arriba cuestionado a este Tribunal, el que reza: “…Teniendo en cuenta lo informado por Secretaria y que la solicitante se anotició de estas actuaciones el 25 de febrero de 2023 (ver punto 1 del escrito en despacho), el plazo para promover el incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda venció el día 6 de marzo a la hora 12. Luego, por extemporáneo, corresponde rechazar el incidente promovido (arts. 116, 124, 155 y 170 del Código Procesal)…”
En fecha 27/3/2023 toma intervención el Asesor de Menores e Incapaces.
El 29/5/2023 es radicada la causa por ante este Tribunal.
II. Los agravios de la parte y su contestación De la pieza presentada en fecha 13/3/2023 -en la cual se interpone el recurso de revocatoria con apelación en subsidio- se observa que la parte relata “Ese fatídico 25/02/2023 se notifica el lanzamiento de mi persona y de mis hijos menores de edad, sin ninguna explicación, solo mencionando un expediente, que referenciamos recién entre el lunes y martes, ya que carecíamos de otro tipo de verificación del expediente. Entiendo que el oficial de justicia tenía una manda de V.S. al respecto que era desalojar y no me dejó comprobante de la demanda ni de la sentencia de autos, solo me notificó un plazo para el desalojo.” Que le resultó imposible saber ese día de que se trataba el juicio referido.
Manifiesta al respecto “Los plazos es imposible contarlos desde el sábado, ese día solo se notifica el desalojo, a los efectos de la “Demanda y Sentencia” el primer día de nota es el martes 28/02/2023, con lo cual la presentación efectuada estaba en término.”
Corrido el traslado a la contraria, esta lo evacuó con la presentación de fecha 18/4/2023, en la cual expresó “Como surgen de la actuaciones la demandada fue notificada en tiempo y forma, teniendo conocimiento real de la iniciación de las presentes. No obstante ello durante años no fue diligente frente al presente proceso, muy por el contrario tuvo una actitud esquiva ante las diferentes notificaciones cursadas.”
Considera una maniobra dilatoria el argumento de la contraria acerca de su notificación espontánea, resultando su pedido de nulidad extemporáneo.
III. La solución Si bien es cierto que el código de procedimiento en el art. 170 establece el plazo para articular un incidente de nulidad, el que resulta ser de cinco días desde que se toma conocimiento del acto, no lo es menos que para brindar una solución justa al caso sometido a estudio, entiendo primordial señalar –como expresara mi estimado colega de Sala, el Dr. Posca- que el derecho dispositivo no puede interpretarse sin compatibilizar al proceso justo con el derecho de defensa en juicio. (Esta Sala, en autos "REYNOSO MIGUEL ANGEL C/ LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOMNIBUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (Expte. LM - 35395 – 2019), RS 124-2023 de fecha 12/7/2023)
Se ha considerado “…que sólo son aplicables algunas reglas de fondo a las nulidades procesales. Así, para determinar los efectos de la violencia y el dolo sobre actos procesales. (…) Que “Cuando no hay norma procesal expresa aplicable debe estudiarse el caso de acuerdo con los principios generales del derecho procesal y las garantías constitucionales para saber si se presenta entonces una nulidad implícita”.
En tal sentido, se ha dicho “Pensamos que cuando la irregularidad del acto procesal excede el vicio de forma, y se vinculan con su sustancia (error, dolo, violencia, fraude), se hace necesario recurrir a la teoría civilista, con la debida adecuación a los caracteres propios de los actos procesales. Así, por ejemplo, ocurriría cuando se desarrolla el proceso contra un menor sin la intervención del Asesor de Menores (art. 59, Cód. Civil), cuando una de las partes confiesa sobre la base de un error de hecho excusable, reconociendo como verdadero un hecho que no es tal (arts. 926 a 928, Cód. Civil), acciones dolosas que pueden ser imputadas a las partes, al juez o a los funcionarios, una transacción viciada de lesión subjetiva, etc.” (Colombo, Carlos – Kiper, Claudio; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, anotado y comentado; Tomo II, 2da. Ed., Bs. As., La Ley, 2006, págs. 330, 331)
Siguiendo dicha línea de pensamiento, razono prudente mencionar que no obstante encontrarnos aqui ante una situación en la cual la parte demandada –Rosana Graciela Serrano- atacó la validez de la notificación de la demanda y lo actuado con posterioridad, fuera del plazo que prevé la normativa de rito, encontrándose comprometido el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, y atento las particularidades que rodean el presente caso, a las cuales me referiré a continuación, me permiten inferir que la irregularidad del acto procesal excede el vicio de forma, y se vincula con su sustancia.
Este Tribunal ha solicitado en el marco de una medida para mejor proveer, dictada a los efectos de contar con información suficiente para el abordaje de la cuestión, y poder así dar respuesta al caso concreto, los autos caratulados “Serrano Rosana Graciela s/ Protección contra la violencia familiar" (Exp. 41949/2018), en trámite por ante el Juzgado de Familia N°1 Departamental, ya constando en la presente causa la recepción de la IPP Nº 10199/2018 que tramitara por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Departamental. (Ver trámite de fecha 29/9/2020).
Del pormenorizado análisis de las mentadas actuaciones se advierte lo siguiente:
Del formulario de declaración de fecha 3/10/2018 (denuncia FD00002452-0037146/2018) surgen los siguientes datos de la denunciante Rosana Graciela Serrano, nombre y apellido del padre: Victor Gabriel Serrano, nombre y apellido de la madre: Anastasia Ledesma. Que ha formulado la denuncia contra su padre, domiciliado en la calle Sequeira N°3264 de la localidad de Rafael Castillo -al igual que ella-, planta baja, pudiendo leerse del relato de los hechos “REFIERE QUE TIENE PROBLEMAS DE VIEJA DATA CON SU PROGENITOR, EL CUAL ES UNA PERSONA ALCOHOLICA Y AGRESIVA, QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES LA AGREDIO FISICA Y VERBALMENTE, PERO QUE NUNCA RADICO DENUNCIA. QUE EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 17:00 HS. SU HIJO MENOR ARIAS OLIVER ALEXANDER (4), ESTABA JUGANDO EN LA ESCALERA DE SU FINCA, ES QUE SU ABUELO SERRANO LO PISO Y LE PROPINO UNA CACHETADA, CULPANDOLO DE QUE HABIA TIRADO AGUA EN LA VEREDA, QUE A RAIZ DE ELLO EL MENOR SUBIO LLORANDO A LA FINCA POR LO QUE LA DEPONIENTE BAJO DE SU DOMICILIO A LOS FINES DE HABLAR DE LO SUCEDIDO CON SERRANO EL CUAL LE MANIFESTO “TE LOS VOY A MATAR A TODOS” sic. SEGUIDAMENTE LE PROPINA UN GOLPE DE PUÑO A LA ALTURA DE LA BOCA, DONDE INTERVIENEN LA HIJA DE LA DICENTE ARTECI VICTORIA VALENTINA (15) A LA CUAL TOMA FUERTEMENTE POR EL CUELLO, QUE EN ESE MOMENTO SUELTA A LA MENOR E INGRESA AL INTERIOR DE LA FINCA, VOLVIENDO A SALIR CON UN ARMA DE FUEGO CALIBRE 22 CORTO, EL CUAL COLOCA EN EL ROSTRO A LA DENUNCIANTE MANIFESTANDO “TE VOY A MATAR A VOS Y A TODOS TUS HIJOS” sic., LUEGO ESTE INGRESA AL INTERIOR DE SU FINCA CERRANDO TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA MISMA. ANTE LO EXPUESTO SOLICITA PERIMETRO DE SEGURIDAD PARA SI Y SU GRUPO FAMILIAR.”
En virtud de lo denunciado, en igual fecha, el organismo interviniente –Comisaría de la Mujer y la Familia de Gregorio de Laferrere- resuelve iniciar actuaciones bajo la calificación legal de Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones agravadas por el vínculo, el comparendo de la denunciante y mas actuaciones de rigor, con intervención a la UFIJ Especializada en Delitos derivados de la violencia familiar, y de Género y Delitos contra la integridad sexual N°4, Juzgado de Garantías en turno y Defensor Oficial, del Departamento Judicial de La Matanza.
Del formulario para denuncia de violencia familiar se desprende la existencia de hijos, entre ellos menores de edad (de 4, 6, 12, 15, 21 y 24 años), respecto de los cuales se ha señalado que han sido víctimas directas de actos de violencia, asi como testigos de tales actos. Por su parte también se observa que ha denunciado frecuencia semanal en tales actos de violencia.
En la misma fecha han sido examinadas las víctimas de la agresión denunciada, habiendo ordenado la Agente Fiscal interviniente RONDIN CUSTODIA DINAMICA URGENTE en el domicilio de la víctima, a los fines de resguardar su integridad física.
A su vez, en igual fecha, la comisaría resuelve decretar el cierre de las actuaciones, atento a no existir diligencia judicial pendiente, elevando las mismas.
Ante la citación efectuada, la Sra. Serrano comparece por ente la Fiscalía actuante en fecha 4/10/2018, ratifica su declaración y expresa que “...siempre la relación con su progenitor Victor Gabriel Serrano, fue mala, que el mismo es una persona alcohólica y violenta. Que hace diez años la dicente regresó a la vivienda de su padre, toda vez que su progenitora se encontraba enferma de cáncer, y antes de morir ésta le dijo que construyera en la parte de arriba del domicilio de ellos a los fines de que la declarante no continuara alquilando. Agrega que desde ese momento tiene inconvenientes con su progenitor, que Serrano suele agarrársela con sus hijos, sobre todo con uno de ellos que es discapacitado (...) la amenaza que se lo va a tirar y matar. (...)”
En relación al hecho ocurrido en el día anterior manifestó que “...una vez que arribó personal policial y con anuencia de Serrano ingresaron a la vivienda de este a los fines de dar con el mencionado revolver, siendo que no pudieron hallarlo...”
Del informe efectuado en fecha 5/10/2018 por el Perito Médico del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, designado a los efectos de determinar el carácter de las lesiones sufridas por los menores agredidos, de acuerdo a los precarios médicos señala que el niño no posee lesiones, expresando luego “se examina precario médico de la joven Artesi Victoria de 15 años de edad, se informa escoriaciones en el cuello y mano izquierda estas lesiones descriptas son de carácter LEVE”
Por su parte, en igual fecha, la perito forense oficial de la Asesoría Pericial Departamental, al serle requerido informe sobre las lesiones sufridas por Rosana Serrano, hace mención a antecedentes obrantes en el expediente –copia de protocolo de atención a víctimas de violencia con diagnóstico de excoriaciones en cara y brazo, excoriaciones en mucosa yugal-, concluyendo “Las lesiones sufridas por Serrano Rosana requirieron para su curación un lapso menor a 30 días con igual tiempo de incapacidad laboral salvo complicaciones, encontrándose comprendidas en el art. 89 del CP.” (Se acompañan los protocolos de atención a víctimas de violencia de género)
El día 13 de diciembre de 2018 obra en la causa penal bajo estudio un informe efectuado por la Auxiliar letrada, mediante el cual hace saber al Agente Fiscal que ha mantenido comunicación telefónica con la Sra. Rosana Graciela Serrano, quien manifestara que se ha otorgado la medida de prohibición de acercamiento solicitada, interviniendo el Juzgado de Familia N°1 Departamental. A raíz de ello, se dispone el archivo de la causa, solicitándose al Centro de Asistencia a la Víctima Departamental que tome intervención a los fines de brindar asistencia a la denunciante. Por otro lado, de las constancias del expediente de protección sobre violencia familiar se vislumbra, entre otras cuestiones, el informe social realizado el 8 de octubre de 2018 en el que consta haberse evidenciado “...la presencia de una conflictiva intrafamiliar histórica con serios indicadores de violencia...”; la entrevista psicológica realizada a la denunciante el 26/10/2018, en la cual hace mención de diversos acontecimientos sufridos, exponiendo luego la profesional “Dada la histórica conflictiva familiar, los graves hechos de violencia denunciados por la actora, se sugiere dar lugar a la medida de exclusión solicitada, como así también se cree conveniente que previamente el Sr. Serrano sea evaluado por la perito psiquiatra del Juzgado, debido a la gravedad de los hechos relatados”.
En fecha 26/10/2018 se encuentra el dictado de la siguiente medida cautelar “1°) Hacer saber al Sr. Serrano Victor Gabriel que deberá cesar y/o abstenerse de la realización de todo acto violento sea de carácter físico, psicológico o emocional, respecto de la Sra. Serrano Roxana Graciela, inclusive telefónico, por mensaje de texto o por mail o redes sociales bajo apercibimiento, en su caso, de aplicar las medidas pertinentes dispuestas en el art. 7° y concordantes de la ley 12.569...”
Por último, obra la entrevista efectuada en fecha 31/10/2018 por la perito psiquiatra al Sr. Victor Serrano, de la que puedo observar que el mismo al denunciar los acontecimientos difiere con lo expresado por la Sra. Rosana Serrano, concluyendo la profesional que “A raíz de lo evaluado se infiere una conflictiva familiar de larga data, que llevarían a episodios agresivos cruzados entre padre e hija, que interferirían y afectarían de manera negativa a todos los miembros de la familia.”
Ahora bien, de la reseña efectuada en cuanto a las circunstancias que rodean la presente causa se vislumbra que nos encontraríamos prima facie ante la presencia de una persona en estado de vulnerabilidad, en función de que la Sra. Serrano se encontraría inmersa en una situación de violencia familiar y contra la mujer, motivo por el cual la cuestión bajo análisis debe ser valorada con perspectiva de género (leyes 24417 y 12569, Convención Interamericana de Belem do Para; CEDAW; Reglas de Brasilia).
Tiene dicho la jurisprudencia que “El poder judicial tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, el cual se desprende de una aplicación armónica de diversas normas internacionales y locales, entre las que se destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ("Belem Do Pará"), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW"), la ley 26.485 -destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres- y el propio Código Civil y Comercial. Juzgar con perspectiva de género, implica, entonces, el esfuerzo intelectual de comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y varones para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad. Como bien señala la doctrina especializada, la perspectiva de género debe ser aplicada aun cuando las partes involucradas en un caso no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso del proceso.” (CC0102 MP 174213 370-S S 29/12/2022)
Resulta oportuno destacar que en la exposición de motivos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad se expresa “(...) El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. (...)”, asimismo, brinda un concepto de personas en situación de vulnerabilidad “(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.”
Este tribunal ha tenido la oportunidad de señalar que “cuando referimos sobre la vulnerabilidad de la víctima no estamos adelanto opinión en el caso concreto. Se trata de un concepto que visto en abstracto exige en ocasión de su dinamización, interpretaciones lejanas al exceso ritual manifiesto, de modo que el proceso deje de ser una fórmula mecánica y desprovista de la búsqueda de la verdad objetiva.” ("REYNOSO MIGUEL ANGEL C/ LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOMNIBUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”, Expte. LM - 35395 – 2019, RS 124-2023 de fecha 12/7/2023, voto del Dr. Posca.)
Por lo expuesto, entiendo que sería necesario adoptar medidas de protección respecto de la demandada –Rosana Serrano-, en tanto resultaría merecedora de una tutela diferenciada, a los efectos de que no se vulnere su derecho de acceso a la justicia y defensa en juicio.
“Es oportuno recordar las nuevas facultades o roles que han asumido los jueces con el devenir de los cambios de paradigma que se viven en la sociedad. “Las reformas normativas introducidas a nivel constitucional en 1994, especialmente la incorporación al bloque de constitucionalidad federal de los tratados internacionales de derechos humanos indicados en el artículo 75, inc. 22 CN, exigen que el sistema jurídico argentino recepte, plenamente y en todas sus ramas, las reglas y principios constitucionales de nuestro Estado social y democrático de Derecho. El Código Civil y Comercial, al menos desde un punto de vista teórico, recepta aquel desafío, otorgando a los Tratados internacionales en los que la Nación es parte -y en particular los de Derechos Humanos- un papel fundamental en un nuevo ordenamiento.
En este aspecto innova profundamente al receptar explícitamente la constitucionalización del derecho privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina y, que a juicio de quien suscribe estas líneas, constituye el cimiento fundante de una nueva época en el ejercicio del derecho. Y si bien este nuevo paradigma pretende esparcir su estandarte por el derecho en todas sus formas, entiendo que importa un trascendental desafío para quienes tienen a cargo la tarea de juzgar. Los nuevos pilares en los que se funda el Código Civil y Comercial ponen a disposición de los jueces herramientas fundamentales para la reconstrucción del derecho desde la óptica de los principios, valores, la ética, la igualdad, la no discriminación, la equiparación real ante una situación visiblemente desfavorable; en definitiva, la apertura del sistema a soluciones más justas, la reconstrucción de la ciencia jurídica, vista como una práctica social compleja, en la que los derechos vuelven al centro de la escena”.
(“El perfil del Juez a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Nuevos desafíos y razones para dejar atrás prácticas disvaliosas. Hacia un Juez Constitucional”. Luciano Minetti Kern, Profesor JTP Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (UNRN). Secretario, Juzgado Civil y 1 Comercial N º 3 de Viedma; publicado en http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/ comunicaciónjudicial/index.php/especiales/item/527-perfil, con cita a Ricardo L. Lorenzetti. “Presentación del Código Civil y Comercial de la Nación”. Tomo La Ley 2014-E. 8 06/10/14).”
“Cabe aquí mencionar, como ha dicho la jurisprudencia que “debe tenerse siempre presente que por encima de las leyes procesales se encuentran los principios constitucionales. Ello significa que en aquellas excepcionales situaciones en las cuales la aplicación lisa y llana de tales normas configuren una notoria injusticia, el Juzgador debe apartarse de ellas y aplicar los principios básicos de la función de juzgar, sin dejar de advertir lo excepcional de la cuestión, en base a lo cual se decide entrar en el tema. (…) debe tener siempre en cuenta que el fiel cumplimiento de las normas procesales no pueden apartarlo de su misión final.“ (CC0001 LZ 66883 RSI- 429-9 I 13/10/2009, en autos: “Scarpino Pascual c/Ramos Mario Oscar y ot s/Ejecutivo”).” (Esta Sala en autos “GIOACCHINI MARIA PAULA C/ GREGGIO CRISTINA MIRTA S/ EJECUCION HIPOTECARIA” (Expte. LM- 15615-2010), RSI Nº 222 de fecha 24/10/2019)
Por ello, deduzco que de no considerar la petición de la demandada se incurriría en un rigorismo inadecuado, dando primacía a normas estrictamente procesales, por sobre disposiciones de jerarquía superior contempladas tanto en nuestro ordenamiento nacional como en el supra nacional, hallándose comprometido el orden público que exige ser contemplado para garantía de la defensa de personas en evidente situación de vulnerabilidad.
Conforme fuera mencionado, el caso concreto presenta particularidades que son excepcionales: interpone la parte demandada la nulidad de la notificación de la demanda, y lo actuado en consecuencia en este proceso desalojo; el parentesco que existiría entre las partes involucradas (padre-hija, tío-sobrina), el cual fuera omitido por los accionantes al iniciar la demanda y durante el trámite de la causa; la evidente conflictiva familiar que se ha vislumbrado de la compulsa de las causas recibidas ad effectum videndi et probandi , de la cual se deduce que la demandada se hallaría inmersa en una relación de violencia familiar, siendo víctima de violencia de género.
Por lo cual, razono que nos hallamos frente a una persona que se encontraría en estado de vulnerabilidad, que –en el caso concreto- podría haberse encontrado dificultada de acceder a la justicia y ejercer plenamente su derecho de defensa, por lo que sería necesario brindarle protección adecuada. Es decir “la posibilidad de defenderse mediante un debido proceso. Ello es correlato necesario de la observancia en el trámite de las actuaciones del art. 15 de la Constitución provincial, que asegura la inviolabilidad de la defensa de la persona y sus derechos en todo procedimiento, administrativo o judicial, en armonía con la garantía contenida en los arts. 18 de la Constitución nacional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22, C.N.), normas todas que, en definitiva, resguardan el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva, en función del cual aquella protección debe hacerse efectiva por medio de un proceso -o procedimiento- conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una decisión fundada”. (SCBA LP B 61412 RSD- 104-19 S 29/05/2019). “La "defensa en juicio" o el "debido proceso" consisten en la oportunidad o posibilidad suficiente de participar (o tomar parte) con utilidad en el proceso. De ahí que el debido proceso deje la idea de un proceso regular y razonable, y de una tutela judicial eficaz. La garantía de la defensa en juicio exige, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran asistirle, asegurando a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma, ya se trate de procedimiento civil o criminal, requiriéndose indispensablemente la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia.” (CC0203 LP 125050 RSD-76-19 S 02/05/2019)
Ha dicho nuestro Superior Tribunal en relación al tema que “El derecho de defensa no se compadece con una conducción del proceso en términos estrictamente formales, debiendo descalificarse la obturación indiscriminada del acceso a la jurisdicción, al amparo de cánones procesales inoficiosamente rigurosos. (SCBA LP C 108529 S 29/08/2017) “Más allá de la urgencia que demande un proceso deben respetarse todas y cada una de las garantías que integran el paradigma de debido proceso legal, entre las que se incluye la inviolabilidad de la defensa en juicio que asegura al demandado la posibilidad de ser oído y aportar pruebas. La vulneración del derecho de defensa en juicio afecta el mandato constitucional de garantizar el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad, garantía que ha sido objeto de compromisos asumidos por el Estado mediante la suscripción de diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre; 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 8.1, 24, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”. (SCBA LP C 119234 S 06/04/2016).
Consecuentemente a los argumentos precedentemente desarrollados, las particularidades del caso concreto a las cuales ya me he referido, no sería justo en este contexto reprochar a la demandada – reitero prima facie la parte vulnerable del proceso– por comparecer a ejercer su derecho horas después de haberse vencido el plazo que para hacerlo tenía, conforme lo previsto por el código de procedimiento, restringiéndole el acceso a la justicia. Entiendo que –en el presente caso- la demandada se ha visto dificultada para ejercer sus derechos, dada la situación de violencia en la cual se encontraba inmersa, por lo cual resultaría necesario analizar las circunstancias que rodearon la causa, apartándome de una respuesta meramente formal, que no brinda justicia al caso.
Reitero, las soluciones en el proceso no pueden gravitar en desmedro de la persona prima facie vulnerable, mediante aplicaciones rigurosas de los principios procesales.
Por todo lo expuesto, la función preventiva del juez, entiendo prudente receptar el incidente de nulidad promovido, revocando su rechazo in limine, debiendo correrse traslado de su articulación a la contraria, lo que propongo a mis distinguidos colegas de Sala (leyes 24417 y 12569; Convención Interamericana de Belem do Para; CEDAW; Reglas de Brasilia, arts.18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8.1, 24, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 75, inc. 22, 18 de la CN; art. 15 de la Constitución Provincial, art. 1710 del CCyC; arts. 34 inc. c), 36 inc.) 2 del CPCC)
En virtud lo resuelto se declara abstracto el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la apelante.
IV. No se imponen costas, atento a la forma en que se resuelve (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinaria y jurisprudencia expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos los Dres. Ramón Domingo Posca y Héctor Roberto Perez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A:
AUTOS, VISTOS y
Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal
1. REVOCAR la resolución apelada, encomendando al juez disponer la sustanciación de la promoción del incidente de nulidad a la contraria; 2) NO IMPONER costas atento a la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los DEVUELVASE.
Fin de la sentencia