Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 35.395
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada de fecha 6/3/2023;
2No imponer costas atento a la forma en que se resuelve.
3Dejar sin efecto la regulación de honorarios.
LM - 35395 - 2019 - REYNOSO MIGUEL ANGEL C/ LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOMNIBUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "REYNOSO MIGUEL ANGEL C/ LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOMNIBUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Expte. LM - 35395 - 2019 Juzg. Civ. y Com. N°10 En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera-, celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “REYNOSO MIGUEL ANGEL C/ LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOMNIBUS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (Expte. LM-35395-2019), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DOCOTRES POSCA - PEREZ CATELLA; resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada de fecha 6/3/2023?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON
DOMINGO POSCA, dijo:
I. Antecedentes del caso.
De las constancias de autos se observa que conforme el pedido de caducidad de la parte demandada, en fecha 23/6/2021 se ordenó intimar a la parte actora a fin de que manifieste su intención de continuar con la acción y realizar actividad útil (ver auto de fecha 28/6/2021), habiendo la misma activado el proceso.
Posteriormente, luego de entender que había transcurrido nuevamente el plazo legal, en fecha 15/2/2023, la citada en garantía solicitó se decrete la caducidad de la instancia.
Teniendo en miras que el último acto procesal en el expediente era del 6/10/2022, en fecha 6 de marzo de 2023 la Sra. Juez de la Instancia de origen decretó la caducidad de la instancia, impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida y reguló honorarios a los profesionales intervinientes por las tareas desarrolladas en la causa.
Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación (ver presentación electrónica de fecha 14/3/2023, a la que se adjunta en formato pdf. escrito firmado por la parte), remedio que es concedido en relación con el proveído dictado en fecha 15/3/2023 y fundado con la pieza de fecha 21/3/2023.
Previo desestimar la prueba aportada por la parte actora, se dispone correr el traslado del memorial (ver auto de fecha 27/3/2023), el que es contestado por la Dra. Marisol Pino –por la parte demandada y citada en garantía-, teniéndose a la misma por cumplido con lo ordenado en fecha 31/3/2023.
Elevadas las presentes actuaciones, son radicadas por ante esta Sala Primera en fecha 6/6/2023.
El 21/6/2023 pasan los autos al acuerdo, practicándose el correspondiente sorteo de vocalía.
II. Los agravios de la parte De la pieza presentada se observa que la parte relata haber sufrido en fecha 07/09/2022 un accidente laboral utilizando una máquina amoladora que lo dejó incapacitado (impidiéndole la visión de un ojo), por lo que debió acudir a diversas consultas, ser sometido a una intervención quirúrgica, infiriendo ello “bastante tiempo de recuperación sin poder deambular, con reposo y con muchos controles médicos a los cuales hasta el día de la fecha me estoy sometiendo con el afán de que con una nueva intervención quirúrgica se pueda recuperar la visión del ojo.” Seguidamente expresa que por tal motivo no pudo contactar a su letrada patrocinante, lo que ocasionó que el proceso no pueda ser impulsado correctamente.
Afirma que la resolución recurrida le ocasiona un agravio irreparable toda vez que impide la obtención de una indemnización por los daños que las codemandadas ocasionaron en su persona los cuales continúan aquejándolo hasta el día de la fecha.
Señala que en el resolutorio impugnado se ha cometido un error en el entendimiento y aplicación del instituto jurídico de la Caducidad de Instancia, el cual se encuentra amparado en nuestro ordenamiento jurídico como una forma anormal de finalización de los procesos, siendo un remedio para evitar que se extiendan en el tiempo de manera indefinida cuando la parte encargada de llevarlos adelante mostrase un evidente desinterés; debiendo este instituto ser interpretado de forma restrictiva.
Argumenta que en el presente caso, tal como se mencionara y acreditara, su parte no ha mostrado desinterés, sino que por el contrario ha procurado por todos los medios con los que cuenta la obtención de una justa resolución que pueda reparar el daño sufrido a manos de las codemandadas. Que “Sin embargo, debido al accidente sufrido (...), me vi impedido de ponerme en contacto o recibir comunicación de mi letrada a los fines de impulsar el proceso, ello toda vez que la misma es patrocinante y requiere de mi suscripción para realizar actos que tiendan al impulso procesal; mi mencionada condición me impidió por el periodo de tres meses poder salir de mi hogar, así como tampoco era capaz de leer o escribir siquiera ya que el accidente de mención me ocasionaba fuertes dolores así como también la pérdida de la visión de mi ojo derecho.”
LA SOLUCION.
La caducidad de instancia es un modo de terminar el proceso a causa de la inactividad de los sujetos procesales después de transcurrido el plazo legal, con las características de no extinguir, en principio, el derecho que se hizo valer en juicio, el que nuevamente podrá ser deducido ante otro magistrado, si bien con las limitaciones previstas en el art. 318, párr. 2°. La perención no se produce automáticamente, ni tampoco de pleno derecho, toda vez que se requiere expresa decisión judicial que así lo declare. (arg. Art. 317).
Cabe traer a la memoria la interpretación estricta que debe dársele a éste instituto, en tal sentido señala Toribio Sosa que: en materia de caducidad, “desde luego que lo deseable es la solución autónoma (por vía acuerdo autocompositivo) o heterónoma (a través de sentencia) del conflicto, por manera que la salida perencional debe ser observada con criterio estricto. Por lo tanto, y lo mismo que tratándose de cualquiera de los institutos jurídicos que conducen a la aniquilación de un derecho (v. gr. Renuncia, prescripción, etc.), la interpretación en la materia debe ser severa, cautelosa y restrictiva, a favor del mantenimiento, vitalidad y supervivencia del procedimiento, encaminado hacia su desenlace natural, la sentencia. Máxime si el juicio se encuentra en estado avanzado. Con más precisión se ha resuelto que el criterio restrictivo con que debe juzgarse toda petición de caducidad de la instancia sólo es de aplicación en supuestos de duda, de duda razonable o fundada. (Toribio E. Sosa, Caducidad de Instancia, Edit. La Ley, año 2005).
“La interpretación restrictiva al ponderar la procedencia de la caducidad de la instancia solo es relevante cuando las constancias del expediente resultan dudosas, más no cuando el planteo es manifiestamente procedente. (Cam. Nac. Civil, Sala I, LL 200-A-600-14663)
Es dable señalar que de las constancias de este expediente, se observa que luego de decretarse la apertura a prueba, la magistrada de grado advierte que restaba notificar al chofer del traslado de la demanda, motivo por el cual tal decisión es dejada sin efecto.
Ante el pedido de la accionante se ordena intimar a la empresa de transporte demandada para que proporcione los datos del conductor del colectivo (ver auto de fecha 15/7/2022), negándose la misma a suministrarlos (ver escrito de fecha 19/7/2022), por lo que en fecha 13/9/2022 la magistrada de grado resuelve “...Como medida para mejor proveer, por economía y celeridad procesal, intimar a la parte demandada LA VECINAL LA MATANZA SACI DE MICRO-OMNIBUS para que en plazo de cinco (5) días identifique al chófer del colectivo, que conforme fuere denunciado en el escrito liminar, conducía el día 28 de febrero del año 2019, en el horario estimado de las 12.00 hs am, el ómnibus dominio AC110JF, Interno 93, de la Línea 180; ello bajo apercibimiento - en caso de incumplimiento o negativa - de desinsacular un perito a dichos fines, a su exclusiva costa...”
Con la pieza de fecha 16/9/2022 la parte demandada se limita indicar el nombre y apellido del chofer que conducía la unidad al momento del siniestro que se denuncia.
Con fecha 6/10/2022 la parte actora solicita se la intime a denunciar el domicilio que conste en sus legajos respecto del chofer denunciado Arnaldo Gustavo Aguirre y ahora codemandado, a los efectos de correrle el pertinente traslado, pedido frente al cual la Sra. Juez de grado proveyó con fecha 13/10/2022 “Sin perjuicio de la intimación peticionada en la pieza en despacho, a los fines de recabar información acerca del domicilio del chofer Arnaldo Gustavo Aguirre (DNI 26.077.018) deberá la peticionante librar los correspondientes oficios a 1) Juzgado Federal con Competencia Electoral en el Distrito de la Pcia. de Bs. As.; 2) Cámara Nacional Electoral; 3) Policía Federal Argentina; 4) Policía de la Provincia de Buenos Aires; 5) Registro Nacional de las Personas; 6) Registro Provincial de las Personas; y 7) Ministerio del Interior. (...)”
Luego, en fecha 6/3/2023 –ante solicitud de la contraria- se decretó la caducidad de la instancia.
Cabe analizar si hubo inacción procesal por parte del accionante, o por el contrario si el proceso se vio afectado o sufrió alguna interrupción que impida la aplicación del instituto “sub examine”.
Para brindar una solución justa al caso sometido a estudio, entiendo primordial señalar que el derecho dispositivo no puede interpretarse sin compatibilizar al proceso justo con el derecho de defensa en juicio, cuya raigambre constitucional flexibiliza en forma amplia el principio que frente a la duda no procede la caducidad de instancia.
Que a su vez, la integración de la Litis es de orden público, de modo que en su resultado los jueces pueden disponer de oficio las medidas conducentes.
En el caso concreto, el actor demanda por los daños y perjuicios que dice haber sufrido cuando era transportado por la empresa de transportes demandada.
La víctima de un accidente de tránsito es la parte vulnerable del proceso de daños. Este concepto es prima facie puesto que en el caso concreto el juicio se encuentra en los umbrales y sin la debida integración de la Litis. Es decir que cuando referimos sobre la vulnerabilidad de la víctima no estamos adelanto opinión en el caso concreto. Se trata de un concepto que visto en abstracto exige en ocasión de su dinamización, interpretaciones lejanas al exceso ritual manifiesto, de modo que el proceso deje de ser una fórmula mecánica y desprovista de la búsqueda de la verdad objetiva. Si el actor ha solicitado oportunamente que se requiera de la empresa de transportes demandada aquella información necesaria para conocer el domicilio de su dependiente – chofer del colectivo que ha intervenido en el hecho controvertido -, resulta incompatible con la celeridad del proceso, no proveer la petición del actor y disponer que se diligencien los oficios a las oficinas públicas para que informen sobre el domicilio del codemandado. En efecto, no se debe olvidar que al advertir la señora juez de grado la falta de integración de la Litis, dejó sin efecto el auto de apertura a prueba, de modo que correctamente ejerció la facultad oficiosa para la integración de la Litis y prevenir con ello futuras nulidades o incidencias que podrían entorpecer el ritmo del proceso.
En el nuevo concepto de proceso civil son fundamentales los deberes de cooperación entre las partes para facilitar el dinamismo de los actos procesales. Si bien viene firme a esta Alzada el auto que desestima el requerimiento al demandado para que informe sobre el domicilio de su dependiente, entiendo que han quedado pendientes actividades que no incumbían exclusivamente al actor y que comprometían también la cooperación del demandado, quien podía rápidamente informar el domicilio actual del chofer dependiente de su empresa – también demandado en el caso concreto.
Pareciera que la verdad al someterse a formulismos es como el agua que se escapa entre las manos.
Llevar al actor a realizar la búsqueda del codemandado mediante los distintos oficios dirigidos a las oficinas públicas, sin mayores certezas sobre la actualización del domicilio real, cuando uno de los codemandados cuenta con información fehaciente sobre el domicilio del chofer dependiente, resulta incompatible con los principios de celeridad procesal. No es justo en este contexto reprochar al actor – reitero prima facie la parte vulnerable del proceso de daños – por su inactividad procesal y dictar en consecuencia la caducidad de instancia.
El principio de actividad y celeridad procesal no es la obra exclusiva del actor, aun bajo la mirada del principio dispositivo.
Se da la paradoja que aquél que no colabora en el proceso, podría beneficiarse con el acuse de la caducidad de instancia, opuesto en el caso concreto por la citada en garantía.
Se ha señalado: “La justicia es un valor ideal y es asimismo una virtud. De ambos puntos referenciales podemos analizar el fenómeno del ritualismo” (BERTOLINO, Pedro J. “El exceso ritual manifiesto” Librería Editora Platense, La Plata 1979, p. 189), Entiendo que –en el caso- se ha dificultado el derecho de defensa del actor, sin perjuicio de su inactividad, que sin el preludio que estamos destacando, seguramente y desde el punto de vista formal, la instancia fue interrumpida por los plazos de caducidad.
Nadie duda que en el caso concreto la declaración de caducidad de instancia es la respuesta formal a la inactividad del actor. Sin embargo, si se hubieran ordenado los actos procesales de otro modo y en esa función procesal se ofreciera al proceso un deber de colaboración – siguiendo el redil de la prueba donde coopera aquel que está en condiciones de contribuir al esclarecimiento de los hechos - tal vez no se hubiera estancado el proceso en el umbral del trámite.
Debe destacarse que el principio de colaboración y la buena fe procesal, ordenan el valor justicia en el proceso liberado de formalismos innecesarios y con mayor razón cuando prima facie – y sin prejuzgar – podrían inferirse las razones de orden público que gobiernan a las relaciones de consumo.
Se ha señalado: “V.2. El principio de colaboración y la buena fe procesal”
“Podemos decir que uno de los deberes del Estado se encuentra en la necesidad de crear normas que tengan por finalidad lograr durante el curso de un proceso la verdad material. En este sentido, deberá asegurar que aquellos que intervengan adecuen su comportamiento en miras de tal finalidad.”
“Con respecto a la colaboración cabe señalar que, en esta faz procesal, más allá del sistema de deberes y cargas procesales, encontramos un canal de análisis en la posibilidad de la no colaboración procesal.” “Preliminarmente y hasta antes de la entrada en vigencia del actual código de fondo en materia civil, podríamos haber inferido que una parte no está obligada a colaborar con el proceso más allá de sus intenciones en límites que no excedan el sistema dispositivo.”
“Puede verse al instituto de la colaboración como una herramienta de peso que el judicante tiene a su alcance, pero no deja de serlo como un auxilio en la tutela judicial efectiva con miras a hacer cumplir los principios de la buena fe y la lealtad procesal que hacen al debido proceso legal, todo concatenado con la garantía de la defensa en juicio. Bien sabemos que, así como es común en la sociedad ver como cualquier sujeto puede abusar de sus derechos, es común en un proceso ver que una parte puede abusar del mismo proceso —o su posición en él—, haciendo un uso indirecto de él y utilizándolo en contra de la finalidad propia por la que fue iniciado. En estos supuestos toda herramienta, como el sistema de proporcionalidad, es bien receptada por los órganos jurisdiccionales para disuadir estas conductas y ordenar la dirección del proceso de manera que se desarrolle en los términos esperables. Ahora bien, de tratarlo como un sistema, lleva a las partes a cubrir la necesidad de colaborar con la jurisdicción para aportar todo lo que esté al alcance de cada una de ellas y facilitar la celeridad del proceso y su concreción.”
“El Dr. Peyrano considera la colaboración un principio que adquiere importancia desde que el proceso deja de ser adversarial para ser una "discusión dialéctica para dirimir conflictos". En estos términos podemos analizar la contribución procesal desde tres ópticas distintas: 1) puede ser entendida como una carga a cumplir por parte de unos u otros litigantes; un deber jurídico del órgano jurisdiccional o de un tercero y puede tener consecuencias y responsabilidades derivadas de la letra de la ley; 2) puede ser utilizada como una herramienta única para hacer valer principios procesales clásicos como el de moralidad, el principio de buena fe, el de equidad o la lealtad procesal; o 3) puede ser interpretada como un salvoconducto del principio de defensa en juicio, cuya importancia y peso en el campo del debido proceso redunda explicar.”
“Bien sabemos que las conductas de los litigantes condicionan el proceso. La buena fe y la lealtad procesal demandan que no se pongan obstáculos en el desenvolvimiento del proceso, pero aquí nos encontramos con un conflicto. No podemos pretender que la contraparte se entregue a ser abatida por quien se postula en su contra.”
“Aquí la labor jurisdiccional toma singular relevancia, pues debe establecer una delgada línea de interpretación fáctica en cada caso en particular en la que aplicar la letra de la ley sin generar detrimentos para ninguna de las partes, en pos de lograr la verdad objetiva y sin dejar de imponer las cargas y responsabilidades a quien corresponda. Aunque la demanda promovida sea oscura o poco precisa, si el demandado demuestra conocer o entender las pretensiones de quien la interpone, sin encontrar impedimentos ni obstáculos a su respuesta, cualquier excepción sería improcedente.”
“Hemos también de analizar los alcances de la colaboración. Si bien ella debe ser recíproca ¿dónde encuentra su límite? Debe ponderarse, más allá de las exigencias y cargas, el error humano y establecerse un umbral de tolerancia que no menoscabe derechos de ninguna de las partes. Un fino equilibrio de los jueces en pos de no incurrir en un excesivo ritualismo.” (Allende, Ezequiel E.“Los principios procesales y el deber de colaboración en el proceso de alimentos” RDF 105, 129Cita: TR LALEY AR/DOC/1778/2022; doctrina que resulta aplicable a todo proceso judicial)
Además, en el caso concreto, prima facie podría interpretarse la existencia de una relación de consumo, resultando imperativo el deber de colaboración del demandado a los efectos del esclarecimiento de los hechos. (Artículo 53 – Normas del Proceso - de la ley 24.240 (texto según ley 26.361) que consagra el deber de colaboración en juicio promovidos por usuarios y consumidores).
En lo pertinente dispone el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (Texto según ley 26.361) “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.” Se trata de una disposición de orden público (Art. 65 Ley 24.240)
“No sólo cuando está comprometido el orden público el juez debe proceder de oficio, pues el orden público puede servir sólo como criterio concurrente de la investigación, en el sentido que, cuando una circunstancia lo afecta, normalmente no se confía a la iniciativa del demandado hacerla valer en el proceso, y por lo tanto el juez debe valorarla de oficio.” “Es tan significativo el deber del juez de imponer la integración de la litis que lo demuestran algunas reflexiones de la doctrina que extiende el lapso durante el cual debe hacerse efectivo ese derecho deber judicial hasta la oportunidad del llamamiento de autos para sentencia.(...)”
“Ante la alternativa de rechazar una acción por no haberse integrado la litis o intentar subsanarlo incluso después de quedar firme la providencia del llamamiento de autos cabe inclinarse decididamente por la segunda de las posibilidades. Si se propicia superar el rigor del vallado temporal del art. 89 del Código Procesal, es más valiosa la directiva de propender al saneamiento procesal, que someterse al automatismo de rechazar la acción por esa falencia. La limitación de miras del art. 89 del Código Procesal no es suficiente como para perder de vista la fecundidad normativa del art. 34 del Código citado cuando en su inciso b) obliga al juez a señalar, antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca ordenando que subsanen dentro del plazo que fija, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades, o en el inciso e) lo constriñe a vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, la que sin duda queda comprometida al frustrarse la decisión del fondo de la cuestión por defectos procesales, ya que esa economicidad conduciría a sanearlos.”
“Pero además del deber de integrar debidamente la litis que la ley impone al juez, el art. 89 hace factible que ella sobrevenga a solicitud de cualquiera de las partes, de allí que no quepa pensar que la carga de esa integración pesa exclusivamente sobre la parte accionante pues también la accionada debió instarla ya que los deberes de lealtad y buena fe alcanzan indistintamente a ambas partes del proceso (arg. art. 34, inc. d), del Código Procesal).“ (PLANTIE MARCELO RICARDO c/ TALARICO IRMA SUSANA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOSENTENCIA.CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. , 6/4/1988.6 de Abril de 1988Id SAIJ:
SUC0004497http://www.saij.gob.ar/17454-nacional-codigo-procesal-civil-co mercial-nacion-lns0004592-1981-08-18/123456789-0abc-defg-g29-54000sca nyel?#I0172 Retomando la obra de BERTOLINO, “Precisamente la preciosa jurisprudencia inaugurada en “Colalillo” que hace prevalecer la verdad jurídica objetiva sobre los excesos rituales, contribuye de una manera eminente al logro, dentro de las humanas limitaciones, del imperio de la justicia y a que el derecho no aparezca divorciado de la realidad” (Obra citada, pág. 206). (Corte Suprema: “Colalillo, Domingo c/ Compañía de Seguros España y Río de La PlataBuenos Aires, 18 de septiembre de 1957 Fallos 238:550)
La CS ha señalado en “Colalillo” “Que, sin embargo, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte.”
“Que concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho.” Conforme fuera mencionado, el caso concreto presenta particularidades que son excepcionales.
Reitero, las soluciones no pueden gravitar en desmedro de la víctima, prima facie la persona vulnerable en el proceso de daños, mediante aplicaciones rigurosas de los principios procesales.
En definitiva, no procede la caducidad de instancia cuando la integración de la Litis es una obligación que también le incumbe al demandado si para ello fuera necesaria su colaboración para informar sobre el domicilio del chofer dependiente codemandado. (Interpretación extensiva artículo 313 CPCC)
Por lo tanto, conforme los argumentos expuestos, no queda mas que revocar la resolución cuestionada, sin costas atento a la forma en que se resuelve, declarando abstracto el tratamiento de los agravios introducidos por el apelante, lo que propongo a mi distinguido colega de Sala. (arts. 310, 313, su interpretación, 68 2do. párrafo del CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinaria y jurisprudencia expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos el Dr. Perez Catella también VOTA POR LA NEGATIVA.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A:
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1) REVOCAR la resolución apelada de fecha 6/3/2023; 2) NO IMPONER costas atento a la forma en que se resuelve. 3°) DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia