Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 5531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la presente demanda, condenando al accionado Carlos Ignacio Martínez y su aseguradora citada en garantía -en la medida de la cobertura contratada- a abonar a la ART demandante, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 09/100 ($274.144,09), con más los intereses fijados en el apartado “IV”, desde la fecha de la mora fijada para cada uno de los accionados, hasta su efectivo pago, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 CPCC).
2Imponer las costas generadas en ambas instancias a la parte demandada y su aseguradora -en la medida de la cobertura contratada- atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 del CPCC).
3Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LM - 5531 - 2021 - ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ MARTINEZ CARLOS IGNACIO Y OTROS S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ MARTINEZ CARLOS IGNACIO Y OTROS S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO"
JUZ. CIV. Y COM. N° 7
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ MARTINEZ CARLOS IGNACIO Y OTROS S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO” LM-5531-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente – art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI – POSCA – PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 9/08/2024, el sentenciante de origen resolvió: “1.-
HACER LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA
articulada por la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada y el demandado de autos Martínez Carlos Ignacio. 2.- RECHAZAR LA DEMANDA incoada por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, contra Martínez Carlos Ignacio y la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada. 3.- IMPONER LAS COSTAS a la actora vencida, de conformidad con lo que surge del considerando III. (Art. 68 CPCC). 4.- DIFERIR la regulación de honorarios para una vez firme la presente..."
Contra dicha forma de resolver, interpuso recurso de apelación la parte actora en fecha 13/08/2024, remedio concedido libremente en fecha 14/08/2024.
Elevadas las actuaciones, se radicaron ante esta Sala Primera con fecha 2/09/2024.
El día 25/09/2024, con el expediente en condiciones, se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte actora con dicha carga procesal en fecha 1/10/2024.
Con fecha 18/10/2024 se ordenó correr traslado de los agravios y resultando incontestado el mismo, con fecha 6/11/2024 se dio a las accionadas por decaído el derecho que dejaron de utilizar.
Finalmente, con fecha 4/12/2024 pasaron los autos para sentencia y sorteo de orden de estudio en fecha 28/02/2025.
II. Fundamentación de la parte actora En lo medular, la parte accionante postuló que -erróneamentese habría concluido en la instancia liminar que no se encontraba acreditada la responsabilidad atribuida a la parte demandada por el hecho ilícito ventilado en autos. Destaca que, a su entender, las circunstancias fácticas del caso se encontrarían indudablemente acreditadas con la IPP recibida en el expediente, cuyas constancias pertinentes habrían sido transcriptas en el fallo en crisis.
Asimismo, expuso: "...teniendo en cuenta que el accidente in itinere del cual fue víctima la trabajadora Fernandez Juarez y la participación en él del demandado se encuentran innegablemente probados; resulta inentendible la decisión del a quo que considera no acreditada la responsabilidad civil de la parte demandada, en las circunstancias del caso particular".
A lo cual agregó: "Acreditado el hecho y la intervención de la camioneta conducida por el demandado, la responsabilidad civil debió ser analizada por el a quo en la forma que lo imponen los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación, que determinan la responsabilidad objetiva del dueño y guardián de las cosas riesgosas [...] La responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa (en el caso la camioneta Ford F- 100 conducida por el demandado) es objetiva y solo cede cuando se demuestre una causa ajena; lo cual no ha sido siquiera invocado en estos autos por la contraparte, ni tampoco ha sido así merituado en el fallo apelado. Tampoco surge acreditada en la causa ninguna causa ajena, ni ninguna eximente que pueda haber liberado al demandado de la responsabilidad objetiva que le imponen las normas (lo cual se menciona al solo efecto de este análisis aun cuando no haya sido siquiera merituado ello en el fallo)".
Por otra parte, la apelante mencionó: "...en estos autos se encuentran acreditados los presupuestos de procedencia de la acción deducida en los términos previstos en el art. 39 inc. 5 LRT; dado que han sido aquí probados los pagos realizados por esta parte que constituyen el objeto de la repetición, la pertinencia y monto de aquellos según las obligaciones de esta parte como ART contratada por la empleadora de la trabajadora Fernandez Juarez, y los presupuestos de la responsabilidad civil de la parte demandada a los que nos hemos referido más arriba". Así, la recurrente finalizó peticionando se revoque el pronunciamiento en crisis y, en su lugar, se recepte favorablemente la demanda entablada.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. a.- La acción entablada en las presentes actuaciones en los términos del art. 39 inc. 5 de la Ley de Riesgos del Trabajo a) En el caso de autos, en fecha 18/05/2021, Asociart S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo se ha presentado planteando formal demanda por cobro de sumas de dinero, con fundamento en la norma contenida en el art. 39 inc. 5 de la Ley de Riesgos del Trabajo. La demanda fue entablada contra Carlos Ignacio Martinez, Claudia Dora Varela "...y/o contra quien resulte titular de dominio, propietario, guardián, tenedor y/o conductor al momento del accidente y/o por cualquier circunstancia resulte civilmente responsable por el automotor Ford F-100, Dominio TVS 511 a la fecha del accidente..."
En la presentación liminar, la accionante ha manifestado ser "...una empresa que opera en plaza como aseguradora de riesgos del trabajo conforme el marco legal impuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo..." Asimismo, expuso: "En el marco de su actividad, mi mandante celebró con la Sra. Carla Romina Enríquez (CUIT 27-30878835-6) un contrato de seguro de riesgos del trabajo por el cual mi representada se obligó a cubrir los riesgos de trabajo del personal dependiente de la persona nombrada, conforme las pautas y condiciones previstas en la LRT (Contrato N° 347649). Dentro de la nómina de personal dependiente de la empresa indicada se encontraba incluida la Sra. Fernández Juárez Evelyn Romina (DNI 38.070.685 - CUIL 20-38070685-8) al momento en que ésta fuera víctima del accidente de naturaleza laboral al que se aludirá en el apartado siguiente.
Cabe aclarar que el accidente en cuestión se produjo durante la vigencia del seguro de riesgos del trabajo contratado por su empleadora con mi mandante, lo que determinó la obligación de Asociart ART de responder por tal siniestro y de otorgar las prestaciones que surgen de la LRT". De igual modo, en el escrito de demanda, la actora ha vertido el siguiente relato de los hechos: "...Sra. Fernández Juárez Evelyn Romina sufrió un accidente de trabajo in itinere el día 13 de junio de 2019, aproximadamente a las 10 horas, en la intersección de la Ruta N°3 y Alicia M. de Justo, de la localidad de Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, en circunstancias en las que se dirigía desde su domicilio particular hacia su lugar de trabajo.
Según surge de la causa penal que se ofrecerá como prueba y tal como quedará acreditado de las probanzas a rendir en la causa, en esa oportunidad la trabajadora Fernández Juárez Evelyn Romina circulaba reglamentariamente a bordo de una motocicleta marca Motomel modelo CX 150 dominio 175 LAR por la Ruta N°3, en sentido a General Paz, cuando al llegar a la intersección con la calle Alicia M. de Justo fue violentamente embestida por un vehículo marca Ford F-100 Dominio TVS 511 conducido por el demandado Martínez Carlos Ignacio, quien iba circulando por dicha Ruta en sentido opuesto y de manera imprevista realiza un giro para ingresar a la calle Alicia M. de Justo. Como consecuencia directa del impacto la trabajadora cayó de la motocicleta en la que circulaba a la calzada, lo que le ocasionó diversas lesiones que dieron lugar a su atención médica y al otorgamiento de las prestaciones correspondientes por parte de mi mandante, según sus obligaciones como Aseguradora de Riesgos del Trabajo y de conformidad a las disposiciones de la LRT".
Seguidamente, la parte actora enunció los pagos cuyo cobro se persigue en autos: prestaciones en especie por $72.193,13, incapacidad laboral temporaria por $49.224,41 e incapacidad laboral permanente por $131.38,57. Agregando que: "Sin perjuicio de los rubros indicados precedentemente, forma parte del reclamo de autos el importe de todo otro gasto o concepto que esta parte haya abonado o deba abonar en lo sucesivo por cualquier concepto con causa en el siniestro indicado (Siniestro Nro. 0- 465723); según resulte de las pruebas a producir en la causa..." b) Por su parte, con fecha 16/03/2023, se presenta a contestar demanda la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada, reconociendo la existencia de contrato de seguro que amparaba al vehículo Ford Dominio TVS-511, instrumentado mediante póliza Nro. 4.060.022, vigente a la fecha del siniestro.
Tras efectuar una negativa de los hechos, la aseguradora planteó excepción de falta legitimación pasiva. Postuló: "...la actora, parte de un presupuesto de responsabilidad legal del codemandado asegurado de mi mandante, que no surge acreditado con la prueba que acompaña, ni que ofrece [...] La actora acciona el cobro de sumas de dinero supuestamente abonadas por la misma en virtud del contrato que la vinculara con quien, según denuncia, es el empleador del actor. Según sus afirmaciones, que mi parte desde ya desconoce, las ha abonado por haber considerado que el evento relatado constituyó un 'accidente in itinere', circunstancia que mi parte desconoce y sobre la que no ha tenido intervención ni ha sido parte a la hora de ejercer su derecho de defensa respecto a tal encuadre legal y menos aún, y que es más determinante, a la hora de determinar si la Sra. Fernandez Juárez ha sufrido daños y en su caso, si la actora, según afirma, abonó prestaciones dinerarias y en especie, lo ha sido como consecuencia del evento que se relata".
Acto seguido, impugnó en forma genérica la procedencia de los rubros y montos reclamados en la demanda.
Por último, se observa que la citada en garantía únicamente ha ofrecido la producción de prueba confesional en el expediente.
c) Con fecha 30/11/2023, luce agregada la contestación de demanda efectuada por Carlos Ignacio Martinez. Quien, tras efectuar una negativa de los hechos relatados en la demanda, formuló adhesión "...en todos sus términos a la excepción opuesta, impugnación formulada y prueba ofrecida por la citada en garantía..."
d) Con fecha 29/02/2024, la parte actora desistió de la acción contra Claudia Dora Varela y el codemandado genérico.
Así las cosas, ingresando al marco normativo aplicable al caso, comenzaré destacando que el art. 39 inc. 5 de la Ley de Riesgos del Trabajo dispone: "En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado". En efecto, a los fines de otorgar andamiaje a la presente demanda, dentro de este pleito, corresponde destacar que, para repetir las sumas de dinero erogadas con motivo de las prestaciones abonadas, la demandante tiene un doble despliegue probatorio, ya que no solo deberá demostrar el pago de las sumas de dinero erogadas a razón del accidente in itinere ocurrido el 13/06/2019, sino que además deberá probar la responsabilidad que le atribuye al autor del daño aquí demandado.
III. b.- La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, sobre la base de un micro-sistema jurídico integrado con un macro-sistema legal (C. C. y C.). La responsabilidad por el hecho acaecido el día 13/06/2019 Como se ha mencionado, se trata de dilucidar la responsabilidad por el accidente de tránsito que habría ocurrido el día 13/06/2019, aproximadamente a las 10:00hs, cuando Evelyn Romina Fernandez Juárez a bordo de su motocicleta (marca Motomel, modelo CX 150, dominio 175-LAR) circulando por la Ruta N°3, en sentido a la Av. General Paz, al llegar a la intersección con la calle Alicia M. de Justo, habría resultado colisionada por el vehículo (marca Ford, modelo F-100, dominio TVS-511) conducido por el demandado Carlos Ignacio Martínez, quien se encontraría transitando por dicha misma arteria en sentido opuesto y habría ocasionado el siniestro al realizar un giro para ingresar a la calle Alicia M. de Justo.
Así las cosas, atento a la fecha de que data el hecho en análisis, resultan de aplicación las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de La Nación (arts. 5 y 7 CCC).
El mencionado ordenamiento dispone en el capítulo destinado a tratar la responsabilidad civil, en su artículo 1757: “Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”. Del mismo modo, en cuanto a la legitimación pasiva determina:
“Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”. (art. 1758). Como así también, el artículo 1769 regula que: “Accidentes de tránsito. Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos”.
Es sabido que en el Código Civil –antes de la reforma 17.711-
no existía la responsabilidad por riesgo, como así tampoco ningún supuesto de responsabilidad objetiva. Ello fue así por la sencilla razón de que la sola idea de que nazca la obligación de resarcir el daño ocasionado sin la intervención de una conducta subjetivamente reprochable era inimaginable. Muchos años después, el supuesto ahora regulado en los arts. 1757 y 1758 CCyC fue uno de los puntos más trascendentes de la reforma instaurada al ordenamiento civil anterior por la reforma del año 1968 (ley 17.711), que modificó el art. 1113 de dicho cuerpo legal, e incorporó la responsabilidad objetiva en el ámbito extracontractual. En particular, la del dueño o guardián de una cosa viciosa o riesgosa por los daños ocasionados por el accionar de aquella, quien únicamente se eximía acreditando la ruptura del nexo causal o la pérdida de la guarda de la cosa. Más allá de ello, en la misma disposición se preveía la responsabilidad por los daños ocasionados “con” la cosa, supuesto en el cual se presume la culpa del agente. Sin perjuicio de que este último régimen de responsabilidad fue muy raramente aplicado por la jurisprudencia, lo cierto es que la distinción entre el daño ocasionado por el vicio o riesgo de la cosa, o con la cosa, se mantuvo vigente hasta la actualidad. (“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores. Infojus).
El primer caso previsto en el art. 1757 CCyC presupone el accionar de una cosa riesgosa o viciosa en la producción del daño. Al respecto, cabe recordar que las cosas pueden ser riesgosas: a) por su propia naturaleza, esto es, cuando, conforme a su estado natural, constituyen un peligro potencial para terceros; b) cuando la cosa, que no es peligrosa o riesgosa por su naturaleza, ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. En este último caso quedan comprendidos distintos supuestos, por ejemplo, aquel en que el daño es causado por el funcionamiento particular de la cosa o cuando el peligro nace del estado en que se encuentra (fusil cargado), o de la posición en que se localiza (madera transportada en un camión que cae sobre un automóvil al que precede en la ruta). (Autores y ob. cit.).
En cuanto a las cosas viciosas, ellas son relevantes, a los fines previstos en la norma objeto de comentario, cuando, debido al defecto que presenta, la cosa tiene virtualidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgos para terceros. Es que el riesgo o contingencia del daño es la mera consecuencia o derivación del vicio propio de la cosa. Sobre el riesgo de la actividad, ella puede ser peligrosa por su naturaleza, es decir, con motivo de sus características intrínsecas o habituales, o por las circunstancias de su realización, es decir, por factores contingentes referidos a la manera de llevarlas a cabo. El primer supuesto se presenta, por ejemplo, por la explotación de la energía nuclear, que es siempre peligrosa, y susceptible de generar accidentes para terceros. En cuanto al segundo caso, se configura cuando existen factores contingentes referidos a la manera de llevar a cabo la actividad. Se trata de un riesgo accidental, que puede o no presentarse, según el caso. Se vincula con las circunstancias que son determinantes para la calificación riesgosa de la actividad desplegada, que se vinculan, principalmente, con los medios o elementos empleados para el despliegue de la actividad, que pueden y deben ser controlados por su titular. (Autores y ob.cit.)
Del mismo modo, el art. 1757 CCyC consagra dos supuestos de responsabilidad distintos, que generan efectos similares. En primer término, regula la responsabilidad por el daño ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas y; en segundo término, incluye en el mismo régimen el daño producido por las actividades peligrosas o riesgosas por su naturaleza. a) Responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa. La primera nota distintiva de la disposición en estudio es que elimina la categoría de daños causados “con” las cosas que, como ya lo hemos adelantado, se encontraba prácticamente vacía de contenido, pues era de muy esporádica utilización por la jurisprudencia. El art. 1757 CCyC centra su campo de aplicación, entonces, en aquellos supuestos en que el daño es ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas, es decir, los supuestos en que el perjuicio es producido por el hecho de la cosa, en los que esta interviene activamente en la producción del resultado.
Así las cosas, resulta de aplicación la disposición en comentario cuando el daño sea ocasionado por una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización engendra daños para terceros. Por otra parte, y como surge del artículo en comentario, la responsabilidad es, en estos casos, objetiva, es decir que la conducta subjetivamente reprochable del agente es irrelevante a los fines de imputarle responsabilidad. El factor de atribución aplicable es el riesgo. Por ende, para eximirse de responsabilidad el sindicado como responsable deberá acreditar la causa ajena, es decir, el hecho de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1722, 1729, 1730 y 1731 CCyC).
Partiendo de esa premisa, a la víctima le bastará con acreditar el contacto material entre el hecho de la cosa y el daño, para que surja la presunción de adecuación causal, es decir, que el accionar de la cosa viciosa o riesgosa fue la que, conforme el curso normal y ordinario de los acontecimientos, produjo el resultado. b) Los daños ocasionados por las actividades peligrosas. La disposición en análisis prevé también la responsabilidad objetiva por el daño ocasionado por las actividades riesgosas. Cabe recordar, sobre este último aspecto, que una actividad es riesgosa cuando, por su propia naturaleza o por las circunstancias de su realización, genera un riesgo o peligro para terceros. No es relevante la intervención de cosas en la realización de la actividad.
Con anterioridad a la reforma, estos supuestos eran considerados comprendidos en el supuesto previsto —por analogía— en el art. 1113, in fine, CC. En estos casos, quien realiza la actividad, se sirve u obtiene un provecho de ella (art. 1758 CCyC) debe resarcir el daño ocasionado (autores y ob. cits.).
Por otra parte, El art. 1757 CCyC dispone expresamente que la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad reputada riesgosa no funciona como una eximente del deber de responder. Este principio es fundamental pues, como es sabido, en general la utilización de cosas riesgosas por su naturaleza es admitida por el ordenamiento jurídico (por ejemplo, utilización de automotores). Por ende, la sola utilización de la cosa no es en sí mismo un hecho ilícito, pero se volverá tal cuando el accionar de esta última ocasione un daño a un tercero (art. 1717 CCyC). Lo mismo sucede en el caso de las actividades peligrosas, que muchas veces están autorizadas por la normativa aplicable. Tampoco podrá oponerse a la acción incoada por la víctima la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar la producción del daño. (Autores y ob. cit). Finalmente, en cuanto a la legitimación pasiva se consagra la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa viciosa o riesgosa, al igual de lo que ocurría en el art. 1113, párr. 2 in fine, CC. En cuanto al dueño de la cosa que ocasiona el daño, es aquel que ostenta la titularidad de dominio, en los términos del art. 1941 CCyC. Por ende, será dueño de una cosa mueble registrable quien cuente con la inscripción registral pertinente (art. 1892 CCyC), y en los casos de cosas muebles no registrables conforme a las reglas de la apropiación, establecidas en el art. 1947 CCyC.(“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo- Sebastián Picasso Directores.Infojus).(http://www.saij.gob.ar/docsf/codigocomentado/CCyC_Na cion_Comentado_Tomo_IV.pdf).
A mayor abundamiento, se aplica para el caso bajo examen la teoría de los riesgos recíprocos. Esta postura fue sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud, y su actualizador André Tunc. En la especie, la ley presume que los demandados son responsables de los daños que haya causado al vehículo que conducía la parte actora y presume por otra parte, que la accionante es responsable de los daños que hipotéticamente habría causado al rodado de la parte demandada. En autos: “Sacaba de Larosa c/ Vilches” el Superior Tribunal Provincial aplica la tesis “de los riesgos recíprocos” en los casos de colisión entre automotores, fallo de la S.C.J.B.A., Pub. La Ley 1986-D-479, con nota de Félix Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial de la tesis de los “riesgos recíprocos” en la colisión de automotores”. Se refirió también respecto a este tema Atilio Anibal Alterini, comentando un fallo de la Corte Suprema Nacional, de diciembre 22 de 1987, caratulado: Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As., bajo el título: “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”, (pub. en La Ley 1988-D-297).
La Corte de Casación Francesa, tras las sentencias de las Cámaras reunidas del 13/02/1930 no se refiere ya a la presunción de culpa, sino a la presunción de responsabilidad (Mazeaud Henry, León, y su actualizador Tunc, Derecho Civil, T VII, página 262 parte segunda, traducción Alcala, Zamora y Castillo, Ed. Egea, Bs. As. 1960, cit. por Casielo Juan José, en presunciones de causalidad, La Ley T II, doctrinas esenciales, Trigo Represas, Félix, pág. 1034). Cabe acotar que Los hermanos Mazeaud y su actualizador Tunc, cuando hacen alusión a la aplicación de los riesgos recíprocos, comentan el caso de un supuesto accidente entre un automotor y una bicicleta. De lo que infiere que ambas cosas son riesgosas por si mismas y por su naturaleza.
De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos en estas circunstancias, en los que intervienen dos cosas riesgosas (motocicleta y automotor) se presenta como un microsistema jurídico regulado por la ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires Nro. 24.449 (vigente a la fecha del hecho) integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts. 1719, 1724, 1729, 1733, 1749,1751, 1757, 1758, 1769 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, la Ley de Tránsito 24.449 en su artículo 39 reglamenta que: “b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” y el artículo 64 regula que: “Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación”.
En consecuencia, siempre se exige el absoluto control del rodado, pues no puede eximirse de circular con precaución y pleno dominio del vehículo, circunstancia que no puede pasar por desapercibido por cualquier conductor, máxime cuando la atención del manejo debe ser acrecentada en las zonas de mayor circulación de vehículos y peatones. En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas en que se basa la aplicación de la teoría de los riesgos recíprocos, serian -entre otras- las siguientes: a) la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y constituye un principio que ilumina este sistema de responsabilidad objetiva (arts. 1729, 1730, 1731, 1733,1734, 1736, 1757, 1758 del Cód. Civil y Comercial de la Nación.). b) pesan presunciones concurrentes de causalidad y/o de responsabilidad, contra cada dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, quien debe afrontar los daños causados a la otra cosa y/o a la persona humana, salvo que pruebe la existencia (total o parcial) de eximición de responsabilidad; c) Que las presunciones de responsabilidad o de causalidad no son contrarias entre sí; d) Que las eximentes legales de liberación total o parcial son la culpa, o el hecho o la responsabilidad de la propia víctima (art. 1.729 del CCCN) o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder (art. 1731) , el caso fortuito o la fuerza mayor ( art. 1730) y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa de su dueño o guardián. Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; e) La carga o el “onus probando” de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivo-deudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; f) la participación activa o pasiva de cada uno de los vehículos coprotagonistas en el hecho o accidente.
En relación a la prueba de las eximentes de responsabilidad el artículo 1734 del Código Civil y Comercial de la Nación sostiene: “Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega”. De modo tal que quien pretenda eximirse total o parcialmente de la responsabilidad deberá probar la existencia de un hecho de la víctima, de tercero por quien no deba responder o un caso fortuito. Sostiene Tanzi, que el carácter dispositivo del proceso civil queda evidenciado sobre la idea de la carga de la prueba. Tradicionalmente se sostenía que la carga probatoria se debía asentar en el rol que el sujeto asumiera en el juicio o en la índole afirmativa o negativa de su alegación. Al actor le incumbía la carga de probar los hechos invocados como causa de su pretensión mientras que el demandado tenía la carga de probar los hechos sobre los que reposaban sus defensas o excepciones. La carga de la prueba no es ningún derecho del adversario sino que constituye un imperativo legal que se constituye en el propio interés de la parte que afirma hechos controvertidos, es decir aquellos no admitidos; el titular de la carga asume en el proceso la tarea de demostrar la existencia de su pretensión. Por su parte, el artículo 1736 del Código Civil y Comercial de la Nación regula la prueba en materia de relación causal: “La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca”. Por ende, se traslada al demandado la prueba de quebrar el nexo de causalidad acreditando la presencia de cualquiera de las causales genéricas que el mismo ordenamiento regula (Lencina, M. La responsabilidad objetiva y sus eximentes (Parte II). Diario Civil y Obligaciones Nro. 231 - 14.07.2020). Así las cosas, realizada esta introducción, corresponde preguntarse: ¿Qué ha sucedido en el teatro de los hechos? ¿Qué defensas se han planteado?
Para dar respuesta a dichos interrogantes, me abocaré al estudio y consideración de los hechos y las pruebas que avalan a los mismos. Veamos.
Conforme se expusiera párrafos arriba, al entablarse la presente demanda, la parte actora relató que: "...Sra. Fernández Juárez Evelyn Romina sufrió un accidente de trabajo in itinere el día 13 de junio de 2019, aproximadamente a las 10 horas, en la intersección de la Ruta N°3 y Alicia M. de Justo, de la localidad de Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, en circunstancias en las que se dirigía desde su domicilio particular hacia su lugar de trabajo [...] la trabajadora Fernández Juárez Evelyn Romina circulaba reglamentariamente a bordo de una motocicleta marca Motomel modelo CX 150 dominio 175 LAR por la Ruta N°3, en sentido a General Paz, cuando al llegar a la intersección con la calle Alicia M. de Justo fue violentamente embestida por un vehículo marca Ford F-100 Dominio TVS 511 conducido por el demandado Martínez Carlos Ignacio, quien iba circulando por dicha Ruta en sentido opuesto y de manera imprevista realiza un giro para ingresar a la calle Alicia M. de Justo. Como consecuencia directa del impacto la trabajadora cayó de la motocicleta en la que circulaba a la calzada, lo que le ocasionó diversas lesiones que dieron lugar a su atención médica..."
Ahora bien, de los escritos de contestación de demanda presentados en fecha 16/03/2023 y 30/11/2023, por la aseguradora citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada y adhesión del demandado Martínez, se observa que además de efectuar una negativa general de los hechos, esgrimieron: “Opongo al progreso de la presente acción, excepción de falta de legitimación pasiva fundada en el hecho de que la actora, parte de un presupuesto de responsabilidad legal del codemandado asegurado de mi mandante, que no surge acreditado con la prueba que acompaña, ni que ofrece (…) No existen elementos en autos ni prueba que acredite o tienda a acreditar con los medios probatorios que la causa impone, la responsabilidad legal del demandado en la ocurrencia y consecuencias del hecho alegado. Tampoco han sido ofrecidas pruebas para acreditar los daños físicos y la incapacidad por la que según la actora, se le ha abonado al asegurado y cuya repetición se pretende. Mi parte considera que la totalidad de la prueba ofrecida por la accionante, sin perjuicio de haber sido desconocido por ésta parte, no resulta relevante para la acreditación de los presupuestos fácticos y jurídicos que debe acreditar la actora para demostrar: la ocurrencia del hecho, la responsabilidad legal del asegurado de mi mandante en el mismo y sus consecuencias, justificación legal del pago que dice haber efectuado, su cuantía en relación al daño sufrido por el asegurado”.
Por lo cual, si bien los accionados efectuaran una negativa de los hechos, lo cierto es que no han resistido la pretensión de autos brindando un relato diferente sobre la mecánica del accidente vertida en el escrito de demanda. Siquiera han alegado eximente alguna de responsabilidad en los términos del artículo 1729, 1730, 1731 siguientes y concordantes del CCyCN, menos aún producido prueba en dicho sentido. Nótese que la parte accionada únicamente ofreció en juicio prueba de posiciones, la que fue tenida por desistida en fecha 23/05/2024. En suma, las contestaciones de demanda han quedado también huérfanas de prueba, no configurándose debidamente acreditada defensa alguna en el caso concreto, que lograra resistir la responsabilidad objetiva endilgada a la parte contraria.
En efecto, entre la prueba producida en autos, contamos con las actuaciones labradas en sede penal (v. copias digitalizadas de la IPP N° 05-00-029224-19 recibidas en fecha 14/09/2023). Destaco que la IPP ha sido ofrecida por la parte actora en su demanda, por lo que la misma ha quedado incorporada como medio probatorio instrumental público con validez y eficacia jurídica a este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso; por lo tanto y de conformidad a los arts. 289 inc. 2do, 292, 293 y 296 del CCC, y 375, 384, 385 y 456 del Cód. Proc. la declaro con validez y fuerza probatoria.
Así las cosas, a fs. 6 se vislumbra el siguiente relato del procedimiento: "En la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los trece días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las diez horas con veinte minutos [...] son desplazados por el Call Center 911 a las calles Ruta Nacional 3 y Dra. Alicia M. de Justo, lugar donde habría un accidente de tránsito. Arribados al lugar observan detenida en intersecciones de ambas calles a camioneta marca Ford modelo F100, con caja mudancera dominio TVS-511, y debajo de paragolpe delantero de la misma, motovehículo marca MOTOMEL modelo CX150, de color negra dominio 175-LAR, seguidamente vemos a una joven sentada en una silla y somos llamados por masculino a quien posteriormente identificado como Martínez Carlos Ignacio [...] hallándose solo sin acompañante, quien de manera espontánea refirió ser el conductor de la camioneta, mientras que la joven sentada en la silla resulta ser la conductora de la moto a quien posteriormente identificamos quien dijo ser y llamarse Fernández Juárez Evelyn Romina [...] quien de manera espontánea refirió sufrir golpes a raíz del choque, motivo por el cual se solicita vía radial ambulancia para su asistencia médica. Que siendo las 10:45 horas arriba ambulancia municipal número 98 a cargo del Dr. Nuñez Alejandro, matrícula provincial número 58.999, quien la revisa y decide trasladarla a Policlínico San Justo, para mejor atención, refiriendo que la femenina tenía politraumatismo en piernas..." (El resaltado no es original).
A fs. 23 consta declaración testimonial de Evelyn Romina Fernández Juárez exponiendo: "Que comparece de manera espontánea a los fines de prestar declaración testimonial, por accidente que sufrió el día 13 de junio del corriente año, que la misma refiere que ese día siendo alrededor de las 10:00 horas, la dicente se dirigía a su trabajo [...] a bordo de su motocicleta marca Motomel modelo CX-150 dominio 175-LAR, de color negra y roja, circulando por Ruta Nacional 3 en sentido a General Paz, que al llegar a su intersección con Dra. Alicia M. de Justo, una camioneta Ford modelo F100 de color blanca, con caja mudancera de madera, la cual circulaba por Ruta Nacional 3 en sentido contrario a la dicente es decir hacia provincia, de manera imprevista dobla sobre calle Dra. Alicia M. de Justo, en sentido a Avenida Crovara, y la colisiona, por lo que la dicente cae al suelo, y su moto queda debajo del paragolpe delantero de la camioneta, que de manera inmediata el conductor de la camioneta de quien solo recuerda que se llamaba Martínez Carlos se baja y la asiste, a la vez que otro joven la ayuda a pararse, como así llaman al 911, que a raíz del choque la deponente sufrió golpes, que luego de ello a pocos minutos se hace presente en el lugar un móvil policial, con personal policial, a quienes la dicente le comenta lo antes sucedido y piden una ambulancia, haciéndose presente a los pocos minutos, por lo que médico de la ambulancia la asiste y decide trasladarla al Policlínico de San Justo para una mejor atención médica [...] dándole el alta médica con politraumatismo, pero que de igual manera debía dirigir a una clínica por ART..." (El resaltado no es original).
Ahora bien, si bien con fecha 5/08/2019 se ordenara en sede penal el archivo de las actuaciones, lo cierto es que ello se dispuso "...hasta tanto se incorporen en la misma nuevos y mejores elementos de convicción que permitan continuar con la investigación…" del hecho típico penal. En este punto, se destaca que no media interdependencia entre lo actuado en sede penal y el análisis llevado adelante en las presentes actuaciones en sede civil (art. 1775 inc. "c" CCC). Con lo cual, se adelanta, en el caso arribo a una conclusión opuesta a la plasmada por el Magistrado de la instancia liminar.
En comentario a la citada norma, la doctrina explica: "...El inc. c) también resulta razonable, ya que el factor que aplica el juez penal es el subjetivo: analiza la culpa en sentido amplio (dolo o culpa), por consiguiente ello no impide que el responsable por algún factor objetivo sea condenado en el derecho privado a pagar una indemnización. En efecto, las consideraciones del juez penal no impedirán que la responsabilidad civil sea examinada desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva porque, a diferencia del examen de la cuestión en el derecho penal, existen supuestos en el derecho civil en los cuales para originar la obligación de responder basta la prueba de la relación de causalidad entre, por ejemplo, la cosa riesgosa y viciosa y el daño sufrido sin que sea necesaria prueba de culpabilidad alguna, tanto más si se tiene en cuenta que existen en el derecho civil supuestos en los que no basta acreditar la carencia de culpa, sino que debe demostrarse la ruptura del nexo causal..." (BUERES, A. J., "Cód. Civ. y Com. de la Nación analizado, comparado y concordado", 1° ed., Hammurabi, Bs. As., 2014, p. 196/197).
A mayor abundamiento, “conviene recordar que no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera. (artículos 31 y 18 C.N. y 15 Constitución Provincial, Suprema Corte Bs. As., 21/9/1984, - Aspron, José Hernán v. Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios), es decir, carece de relevancia en sede civil; máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).(Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, 0001, 21-3- 91,”Martín, Ángel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios”).
Tal como he destacado al principio del voto, en el caso particular de autos, la parte demandada y su aseguradora se han limitado a negar la existencia del hecho, más no han planteado eximente alguna ni han dado una versión diferente de lo acontecido en el caso. Las eximentes de responsabilidad son de interpretación restrictiva y deben ser necesariamente invocadas por quien pretenda repeler una acción de estas características, pues hacen a su propio interés. No debe perderse de vista, que conforme el análisis de la causa penal, surge la presencia del accionado en el teatro de los hechos, por lo cual mal pudo efectuarse una negativa de los acontecimientos relatados por la parte actora. En la especie, la falta de legitimación pasiva intentada ha quedado desacreditada por la falta de planteo de eximente de responsabilidad habilitado por el código de fondo; vale decir, el hecho de la propia víctima, de un tercero por el cual no se deba responder, el caso fortuito o la fuerza mayor.
En el caso bajo examen, advierto que se encuentra probado el accidente y que a raíz del mismo, la victima ha sufrido politraumatismos. Incluso, de la misma acta de procedimiento y demás declaraciones surgiría que el hecho aconteció en circunstancias en que la actora se dirigía a su lugar de trabajo. En adición a lo hasta aquí enunciado, con fecha 20/09/2023, luce agregada la contestación de oficio por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De la documental acompañada se desprende: a) Que Evelyn Romina Fernández Juárez registra un accidente in itinere que data del día 13/06/2019, identificado bajo el N°465723201902145300; b) Que el diagnóstico médico resultaba ser fractura cerrada de tobillo y contusiones, traumatismos superficiales múltiples. c) Que le fuera indicado la realización de tratamiento kinesiológico para rehabilitación de rodilla y tobillo izquierdo; d) Que el alta médica para regresar al trabajo fue otorgada para el día 26/09/2019; e) Que por el mencionado siniestro, le fuera otorgada incapacidad parcial y permanente en un 3.80% por fractura unimaleolar de tobillo izquierdo, con congruencia articular; f) Que además, en el formulario "Fin del tratamiento/ Alta médica", en cuanto a las características del accidente, se consignó: "Dirigiendo a su trabajo en moto, la encierra una camioneta y la tira".
Así las cosas, ponderando la forma en que ha quedado trabada la Litis, el análisis de las constancias obrantes en la causa penal, concluyo que se encuentra demostrada la existencia del hecho, circunstancias de tiempo, lugar y sujetos intervinientes.
Asimismo, habiendo detallado los efectivos policiales que:
"Arribados al lugar observan detenida en intersecciones de ambas calles a camioneta marca Ford modelo F100, con caja mudancera dominio TVS-511, y debajo de paragolpe delantero de la misma, motovehículo marca MOTOMEL modelo CX150, de color negra dominio 175-LAR...", y habiendo la víctima declarado que el rodado de la parte demandada "...la colisiona, por lo que la dicente cae al suelo, y su moto queda debajo del paragolpe delantero de la camioneta...", entiendo que se encuentra acreditado el contacto material de las cosas.
De igual modo, conforme se desprende de las constancias penales reseñadas, como también de la contestación de oficio remitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se aprecia el nexo causal existente entre dicha colisión y las lesiones padecidas por la víctima Evelyn Romina Fernández Juárez, según el curso ordinario y natural de las cosas, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (art. 1726 del C.C.C. y 375 del CPCC).
En consecuencia, frente a tal escenario, se reitera, la parte accionada no ha invocado ni acreditado algún hecho ajeno (culpa o hecho de la víctima, de un tercero por el que no debe responder, caso fortuito o fuerza mayor), como eximente de responsabilidad. Debiendo por lo tanto soportar las consecuencias que dicha actitud pasiva acarrea en su defensa. Frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente, es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos que demuestren algún eximente permitido por la legislación de fondo (artículo 375 CPCC su doctrina).
Asimismo, el accidente bajo examen reviste la característica de accidente in itinere.
La Ley de Riesgos del Trabajo define en su art. 6 inc. 1: "Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo..."
Tal como hemos analizado, en la causa penal (IPP N°05-00-
029224-19), tanto del relato del procedimiento policial agregado a fs. 6, como de la propia declaración brindada por la víctima Evelyn Romina Fernandez Juárez a fs. 23, surge que la misma se desempeñaba laboralmente como cajera de supermercado, encontrándose al momento de producirse el accidente en el trayecto hacia su lugar de trabajo. Del mismo modo, de la contestación de oficio efectuada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en fecha 20/09/2023 se desprende que la empleadora de Evelyn Romina Fernández Juárez al momento del hecho resultaba ser Carla Romina Enríquez, quien contratara a la aseguradora de riesgos del trabajo aquí demandante -Asociart SA ART-, Nro. contrato 347649, habiéndose registrado el hecho ocurrido el día 13/06/2019 como accidente in itinere.
A mayor abundamiento, de la pericia contable agregada en fecha 10/04/2024 se vislumbra que el experto informó: "La Sra. Carla Romina Enríquez (CUIT 27-30878835-6) tenía celebrado contrato de seguro de riesgos del trabajo con Asociart ART vigente a la fecha del accidente indicado en autos (13/06/2019), identificado con el numero 347.649 [...] La Sra. Fernández Juárez Evelyn Romina (DNI 38.070.685 - CUIL 20- 38070685-8) se encontraba denunciada como empleada en relación de dependencia de la empresa, desde el día 02 de junio de 2017 [...] Afirmativo, la empleadora realizó denuncia de siniestro ante Asociart ART por el accidente de trabajo narrado en esta demanda, a este accidente se le asigno el número de Siniestro 0-465723".
Con lo cual, en la especie, concluyo que se encuentra también configurado dicho recaudo legal, encontrándose acreditado que el accidente ventilado en autos reviste carácter in itinere.
En suma, acreditado en autos el contrato celebrado por accidente de riesgos de trabajo, la relación laboral entre la empleadora y víctima del daño, el accidente in itinere y la responsabilidad objetiva en cabeza de los accionados, entiendo que los agravios de la parte actora deben ser receptados.
En tal sentido, dejo propuesto revocar la sentencia apelada.
Pues corresponde tener por responsable del accidente acaecido el día 13/06/2019 a la parte demandada, la que deberá responder por el daño causado junto a su aseguradora citada en garantía, en la medida de la cobertura contratada. (arts.1734, 1736, 1757, 1758, 1769, del C.C.C.N. y arts. 163, 354, 375, 384 del Cód. Proc. y jurisprudencia citada “ut supra“). Finalmente, atendiendo como ha prosperado la responsabilidad, corresponde abocarme al tratamiento de las sumas reclamadas.
III.c. Los pagos efectuados por la ART Llegado este punto, cabe mencionar que, si bien la causa de la obligación resarcitoria originaria era el hecho ilícito, para la ART pagadora - aquí accionante- su crédito reconoce la causa en los pagos realizados. El art. 39 inc. 5 de la Ley de Riesgos del Trabajo, norma sobre la que se cimienta la presente acción, establece que la ART podrá repetir del responsable del daño causado el valor de las prestaciones prescriptas en dicha ley que hubiera abonado, otorgado o contratado para el damnificado o sus derechohabientes.
Bajo este orden de ideas, volviendo al cotejo de los obrados, con fecha 20/09/2023, se observa agregada contestación de oficio por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De la documental acompañada se desprende que el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N°38 dispuso: "...ARTICULO 2°.- Homológase el acuerdo celebrado con la intervención del funcionario competente, entre la trabajadora Sra. FERNANDEZ JUAREZ EVELYN ROMINA (C.U.I.L. N° 20380706858) y ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO respecto de la contingencia de fecha 13/06/2019, mientras prestaba tareas para el empleador ENRIQUEZ CARLA ROMINA (C.U.I.T. N° 27308788356) en virtud de la cual la Comisión Médica N° 38 - Delegación RAMOS MEJIA - Provincia de BUENOS AIRES ha determinado el TRES CON OCHENTA POR CIENTO (3.80%) de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva. ARTICULO 3°.- Dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la presente, la A.R.T. deberá poner a disposición de la trabajadora damnificada, el importe de la indemnización correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 27.348..." Asimismo, de la documental acompañada luce que la mencionada indemnización fuera acordada en la suma de $131.384,57.
A la par, se vislumbra agregada en autos con fecha 10/04/2024 pericia contable realizada por el contador público Emilio López Lobos. El experto señaló: "La parte citada ASOCIART ART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ha puesto a disposición de este perito los siguientes registros: a) LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES N° 41 [...] El mismo no merece observaciones de índole formal. b) LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES N° 35 [...] El mismo no merece observaciones de índole formal. c) LIBRO DIARIO AUTORIZACION SISTEMA MEDIOS OPTICOS [...] De acuerdo con las disposiciones del art 61 de la ley 19550 reformado por la ley 22903 se autoriza el empleo de medios ópticos a la sociedad ASOCIART ART SA en reemplazo de los siguientes libros rubricados: 1- Libro Diario n° 7. 2-Subdiario de ingresos y egresos n° 3. 3-Registro de órdenes de pago n° 24. 4-Libro de denuncias de siniestros n° 9. 5-Registro de afiliaciones n° 7. 6-Registro de pólizas emitidas n° 94. 7-Registro de cobranzas – fondos fines específicos decreto 590/97 n° 8. Autorizando los siguientes registros en CD-ROM: 1-Libro Diario. 2-Registro de órdenes de pago. 3-Libro de denuncias de siniestros. 4-Registro de afiliaciones. 5- Registro de afiliaciones bajas. 6-Registro de pólizas emitidas. 7- Amortizaciones de premios a cobrar. 8-Registro de pólizas rectificadas. 9- Registro de cobranzas –fondo fines específicos decreto 590/97. Autorizado el día 06 de marzo de 2002 Dra Sandra Castagna Inspectora Calificadora de la Inspección General de Justicia. El mismo no merece observaciones de índole formal. f) LIBRO DIARIO MEDIOS OPTICOS CD-ROM [...] Contenido Libro Diario MD5 = 4815ac86114eefc03161d6b13dc4c4528 mes Mayo de 2019. El mismo no merece observaciones de índole formal. d) LIBRO REGISTROS POLIZAS EMITIDAS DIGITAL [...] El mismo no merece observaciones de índole formal. e) LIBRO REGISTROS DE DENUNCIAS DIGITAL [...] El mismo no merece observaciones de índole formal". Además, por el siniestro de autos -identificado bajo el número: 0-465723-, el experto contable detalló que la parte actora había incurrido en los siguientes gastos: ILT $49.224,41, en especie $77.638,13 y por incapacidad $147.281,55.
En un mismo sentido, se observa que al contestar el punto "7"
de la pericia encomendada, el experto mencionó: "A la fecha de compulsa el monto de los gastos incurridos por el siniestro indicado supera el monto demandado de $252.802,11. A la fecha de compulsa los gastos ascienden a $274.144,09". (El subrayado y resaltado no son originales). Con fecha 10/04/2024 se confirió traslado de dicha pericia a las partes en la instancia liminar, no mereciendo pedido alguno de explicaciones.
Estimo que la pericia presentada en el expediente por parte del perito contador público Emilio Lopez Lobos, se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por lo que le otorgo pleno valor probatorio.
Ahora bien, resta señar que una vez elevada la causa a conocimiento de este Tribunal, como medida para mejor proveer, con fecha 17/07/2025 se cursó intimación a la parte accionante, la que fuera cumplida en fecha 7/08/2025. A través de dicha presentación electrónica, respecto a la indemnización por incapacidad que fuera abonada a la empleada damnificada, la ART accionante expuso que la fecha de liquidación del pago dataría del día 28/02/2020, tal como surgía de la pericia contable agregada en el expediente. Mientras que la fecha de efectiva realización de la transferencia databa del día 4/03/2020, conforme surgía del comprobante acompañado.
Del resultado de dicha intimación, con las manifestaciones vertidas por la parte accionante, se confirió traslado a la parte contraria en fecha 14/08/2025. Más, se observa que la demandada y su aseguradora citada en garantía han guardado total silencio sobre el tópico. Llegado este punto, cabe mencionar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone en el artículo 163 inc. 5 que: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”. El Código se refiere a las presunciones judiciales, por lo que quedan excluidas las legales (iure et de iure; iuris tantum). Las presunciones judiciales no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios, es decir, se trata de un procedimiento lógico (deductivo o inductivo) al que apela el sentenciador, y que se resume en la inferencia de un hecho desconocido de otro hecho conocido. Los indicios conformaran, se tiene precisado, un conjunto a fin de ser ponderados y relacionados unos con otros y todos entre sí. El indicio, entendido como vestigio o hecho conocido comprobado, es susceptible de llevarnos por aplicación de los principios de la lógica al conocimiento de otro hecho desconocido. Para ello los indicios deben ser graves, trascendentes y precisos, vale decir, probados y concordantes con otras conjeturas o medios probatorios (Carlos Eduardo Fenochietto Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, anotado y concordado legislación complementaria 7a edición actualizada y ampliada).
Bajo tal sendero, ponderando los siguientes indicios: a) la forma en que ha quedado trabada la Litis, b) los elementos probatorios incorporados a la causa, "ut supra" desarrollados, c) la pericia contable presentada y d) las manifestaciones vertidas por la parte actora en fecha 7/08/2025, respecto a la cuales la contraria guardara absoluto silencio (art. 919 CC; art. 263 CCC; art. 354 inc. 1 CPCC), presumo "pro-homine" efectuado el depósito en la cuenta bancaria de la empleada damnificada, en concepto de indemnización por la incapacidad resultante con motivo del accidente in itinere sufrido que se ventilara en las presentes actuaciones. Así las cosas, encontrándose acreditada en el expediente la existencia y vigencia del seguro contratado por la empleadora con la ART demandante, el carácter in itinere del accidente ventilado en autos y los pagos efectuados en consecuencia por la ART (art. 39 inc. 5 LRT), resta mencionar que la impugnación sobre el tópico que ha pretendido desarrollar la aseguradora citada en garantía en el punto "V" del escrito de contestación de demanda, a la que adhiriera el demandado Martínez, no se erige como un ataque defensivo puntual y concreto contra la procedencia del reclamo instaurado en las presentes.
Repárese en que la parte accionada no ha vertido una negación categórica de cada uno de los rubros que la ART reclamó en el escrito inicial. (art. 354 inc. 1 CPCC). Con lo cual, la técnica defensiva así intentada, desarrollada en forma puramente genérica, no prospera. Máxime, ponderando que las accionadas han tenido oportunidad de producir prueba de descargo, manteniendo una actitud probatoria pasiva en el juicio. A mayor abundamiento, nótese que al plasmar sus infructuosos argumentos, la aseguradora accionada se refirió a una persona que no es la víctima del hecho ventilado en las presentes: el Sr. Morales Aranda, siendo que la empleada accidentada en el caso resulta ser Evelyn Romina Fernández Juárez.
En suma, habiendo sido acreditado en el expediente que a razón del accidente in itinere acaecido el día 13/06/2019, en cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, la ART aquí accionante incurrió en gastos abonando la suma total de $274.144,09 y atento que en el escrito de demanda se supeditó el presente reclamo a "...lo que en más o en menos resulte de las pruebas de la causa...", dejo propuesto a mis distinguidos colegas de Sala revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la presente demanda, debiendo la parte accionada y su aseguradora, en la medida de la cobertura contratada, abonar a la ART demandante la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 09/100 ($274.144,09), con más los intereses que se fijan en el apartado siguiente. (art. 39 inc. 5 LRT; art. 354, 375, 384, 472, 474 CPCC).
IV. Cómputo de los intereses IV. a.- La mora Al entablar la demanda, la parte actora ha solicitado que los intereses sean "...calculados a tasa activa, o tasa de aplicación en el fuero, desde la fecha de cada erogación efectuada por mi mandante y hasta su efectivo pago..."
Ahora bien, considero que en el caso fue necesario constituir en mora a la parte accionada mediante una interpelación previa. Por lo que, adelanto, no he de receptar la petición de la accionante sobre el tópico. Al respecto se ha pronunciado la Sala E de la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Comercial, con criterio al cual adhiero entendiendo que: “La repetición exigida en la especie es una obligación de las denominadas “puras y simples” por no estar sujeta a ninguna modalidad (condición, cargo o plazo). Este tipo de obligaciones son exigibles desde su nacimiento, esto es desde el momento en que cumplió PREVENCION A.R.T. con la condena impuesta en la causa aludida”.
“Empero ello predica que a partir de la constitución de la obligación, el acreedor se encontraba en condiciones de reclamar su cumplimiento, al no hacerlo –al no reclamar- no incurrió en mora su contraparte".
“Es esta una hipótesis de plazo tácito porque no se especificó ningún tiempo de cumplimiento expreso que permita conocer cuando comienza o finaliza el ejercicio del derecho, mas pese a esa indeterminación la naturaleza y circunstancias del caso permiten inferir el momento en que la prestación será exigible o deberá cumplirse. De modo que para la constitución en mora será suficiente la interpelación sin necesidad de acudir a la vía judicial que lo autorice (art. 509 apartado 2do del Cód. Civ., Enrique MERINO y Luis MOISSET de ESPANÉS “La Mora en las obligaciones civiles” E.D. 41 – 1003, entre otros).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial SALA E, en autos “PREVENCION ART S.A. c/ BLANEF S.A.
s/ORDINARIO” (Expte. N° 43291/2015) 31/5/2018).
Por lo expuesto, deviene improcedente tomar como fecha de mora la de los pagos efectuados, al no existir constancia alguna de que se haya reclamado a la parte accionada al momento de efectuar los mismos. (Mismo criterio asumido esta Sala in re: "Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ Carton Basic Srl s/ Repetición de sumas de dinero”, Expte. 21022/2017, sent. 28/06/2022).
Sentado ello, cabe mencionar que el Acuerdo N°4013 SCBA, Anexo único, Anexo I, (modificado por Ac. 4039) aprobó el “Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos”, disponiendo en el Capítulo II titulado “De las notificaciones por medios electrónicos”, art. 10° lo relativo al Sistema general de notificaciones electrónicas: “Fuera de los supuestos de excepción previstos en el artículo 11° del presente reglamento, la notificación de las providencias, resoluciones y sentencias pronunciadas en los procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y contencioso administrativos, así como en las ejecuciones tributarías, que tramiten ante los órganos jurisdiccionales de todas las instancias, incluyendo los procesos correspondientes a la jurisdicción originaria de la Suprema automatizada, bajo el régimen previsto en este reglamento”.
“El sistema de gestión judicial predeterminará la comunicación automatizada asociada a la firma del respectivo acto procesal. De tal modo, al perfeccionarse el acto con la firma digital del magistrado o funcionario según correspondiere, sea en modo individual o bajo la modalidad de 'firma ágil' prevista en aquel sistema, se producirá la inmediata notificación adjunción de la resolución notificada […] A los fines del cómputo de dicha notificación se aplicará lo dispuesto en el artículo 13° del presente Reglamento…”
Asimismo, el mencionado art. 13° de dicho Acuerdo regla: “En los casos previstos en el artículo 10°, la notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel que la resolución judicial hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas…”
De esta manera, no constando interpelación previa dirigida a la parte accionada, propongo fijar la fecha de la mora al día 3/03/2023, esto es al día viernes inmediato posterior a la fecha en que se librara la cédula de notificación electrónica dirigida a la aseguradora "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" confiriéndose traslado de la demanda instaurada en autos. (v. trámite de cédula electrónica obrante en autos con fecha 27/02/2023, librada en fecha 1/03/2023). (art. 135 CPCC, arts. 10, 13 y concs. Anexo único, Ac. 4013, modif. Ac. 4039 SCBA).
Y por tratarse de obligaciones concurrentes, que se originan en distintas causas, atento a que se trata de una obligación pura y simple se fija como fecha de mora para la parte demandada el día 17/11/2023 en que fuera notificada del traslado de la presente demanda. (v. trámite de fecha 22/11/2023 agregado en autos). (arts.850, 851 CCC).
IV. b.- La tasa de interés Llegado este punto, he de mencionar que esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, considerando: “Es dable recordar, lo señalado al resolver el tema en los autos "Monzón Graciela Noemí c/ Transporte Ideal San Justo s/ Daños y Perjuicios" causa 22831-0, sobre la evolución del tema en debate, se señaló que: "...Nuestra Casación provincial se ha inclinado desde hace mucho tiempo por la aplicación de tasas bancarias pasivas para liquidar intereses moratorios, así fijó su posición sobre la utilización de tasas pasivas sobre depósitos a treinta días a inicios de la década del noventa en “Zgonc…” (C.43.858 del 21/05/1991), y lo reiteró recientemente en las causas “Ponce...” y “Ginossi” (causas 101.774 y 94.446, ambas del 21/10/2009). (...) Luego incorpora a una nueva doctrina legal conforme la cual los jueces debían utilizar la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (Ac. 119176, “Cabrera...”, del 15/06/2016). Esta doctrina legal deviene aplicable tanto a los intereses devengados en épocas de vigencia del artículo 622 del Código Civil como a aquellos que quedan bajo el imperio del artículo 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial (posteriores al 01/08/2015). La aplicación -en este caso en concreto- del fallo “Cabrera” pronunciado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el cual dispone la tasa pasiva más alta por sus componentes viene a reparar el perjuicio económico… (arts. 16, 17 de la CN, arts. 768, 772, 1737, 1740, 1748 CCyCN) (esta sala in re “Galván Julio Natalio y otro c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ daños y perjuicios” (causa nro. 5787/1) mi voto, Davalos Nancy c/ La Cabaña S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios, 19/6/2019, voto del Dr. Taraborrelli). (Esta Sala in re: “Asociart SA ART c/ Carton Basic SRL s/ repetición sumas de dinero”, Expte. 21022/2017, sent. 28/6/2022). (El resaltado me pertenece).
En efecto, constituyendo doctrina legal, si mi opinión es compartida, dejo propuesto que los accesorios deberán ser calculados a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de la mora señalada tanto para la parte demandada como citada en garantía en los dos últimos apartados del acápite "IV. a.- La mora" al resolver el cómputo de los intereses, hasta su efectivo pago (conf. Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016).
V. Las costas Atendiendo al modo en que se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (art. 68 del CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Posca y Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE REVOQUE la sentencia apelada y, en consecuencia, SE HAGA LUGAR a la presente demanda, condenando al accionado Carlos Ignacio Martínez y su aseguradora citada en garantía -en la medida de la cobertura contratada- a abonar a la ART demandante, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 09/100 ($274.144,09), con más los intereses fijados en el apartado “IV”, desde la fecha de la mora fijada para cada uno de los accionados, hasta su efectivo pago, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 CPCC). 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias a la parte demandada y su aseguradora -en la medida de la cobertura contratadaatento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 del CPCC). 3°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogas consideraciones, los Dres. Posca y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO. -
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. REVOCAR la sentencia apelada y, en consecuencia, HACER LUGAR a la presente demanda, condenando al accionado Carlos Ignacio Martínez y su aseguradora citada en garantía -en la medida de la cobertura contratada- a abonar a la ART demandante, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 09/100 ($274.144,09), con más los intereses fijados en el apartado “IV”, desde la fecha de la mora fijada para cada uno de los accionados, hasta su efectivo pago, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 CPCC). 2°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias a la parte demandada y su aseguradora -en la medida de la cobertura contratada- atento el principio objetivo de la derrota (arts. 68 del CPCC). 3°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia