Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 24.193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confírmase la resolución de fecha 19/08/2022, en lo que ha sido materia de recurso y agravios.
2Con costas por la actividad de Alzada a la recurrente. (art. 68 y 69 del CPCC)
L. L. G. C/ DESPEGAR.COM.AR S/ DAÑOS Y . PERJUCIOS E INCUMP.
Jz 3 AVELLANEDA - LANUS AL – 24193-2021 (CAS)
En la ciudad de Lomas de Zamora,
Se reciben los autos por ante esta Alzada a fin de resolver el recurso de apelación deducido en fecha 25/08/2022, contra el pronunciamiento del 19/08/2022 mediante el cual el señor Juez de grado desestimó los planteos contrarios a la aplicación de la ley de defensa de consumidor efectuados por la parte demandada. A su vez rechazó la citación de tercero y la excepción de incompetencia interpuesta por la accionada, y;
1. Excepción de incompetencia y aplicación de la LDC (art. 345 inc. 1 del CPCC; arts. 3 y 65 de la Ley N° 24.240).
En primer lugar, resulta conveniente recordar que uno de los caracteres de la competencia federal es ser "limitada" o "excepcional", ya que no cabe su ejercicio más allá de los casos expresamente contemplados en las normas constitucionales y sus leyes reglamentarias (ley 48; dec. ley 1285/58 y sus modificatorias).
Al respecto, el más Alto Tribunal de la Nación tiene decidido que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, esto es, que se encuentra circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fija su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva (cfr. Fallos 305:193, entre otros). Y la pauta decisiva para determinar si la competencia es de orden federal, la constituye la circunstancia relativa a si la causa se encuentra directa o indirectamente regida por las precisiones contenidas por una norma federal, y que la pretensión esgrimida por la actora exija o tienda a precisar el sentido o alcance de aquéllas; es decir, cuando está en juego su interpretación (SCBA, causa 98495 del 9/11/2011).
En esa inteligencia de principios, se ha dicho también que toda determinación de competencia debe efectuarse atendiendo, de modo principal, a la exposición de los hechos y a las pretensiones del actor, por lo que resulta necesario entonces ponderar si tales pretensiones —y las cuestiones que involucran— exigen precisar, o no, el sentido y el alcance de normas federales puesto que si dicha evaluación diera una respuesta afirmativa, habrá quedado fijada la jurisdicción de excepción (cfr. Cervio, Guillermo J., "Derecho de las Telecomunicaciones", Editorial Abaco 1966, págs. 266/71 y juris. de la C.S.j.N. allí cit.).
En esta línea, corresponde recordar que conforme surge del relato expuesto en la demanda, la pretensión de la actora gira en torno a una compraventa de un paquete turístico (que incluía pasajes aéreos) efectuada por intermedio de la accionada, a quien —con motivo de la cancelación del vuelo— le atribuye el incumplimiento de las prestaciones que asumiera a su favor.
Sobre el particular, entendemos que la cuestión es de neto corte mercantil, por cuanto el ámbito de su análisis está inmerso en el marco de la relación comercial existente entre la demandada y uno de sus clientes, que debe dilucidarse sustancialmente a través de la aplicación de las normas de derecho común, no apareciendo en principio cuestiones involucradas con la interpretación de normas federales atinentes al derecho aeronáutico.
En este sentido, debe añadirse que la actora funda su pretensión en disposiciones de la Ley de defensa del consumidor N° 24.240, imputando a la contraria una actuación que califica de antijurídica y reclama ser indemnizada por los daños que el fracaso del negocio le habría generado, materia que también se diferencia esencialmente de ámbito del derecho aeronáutico.
En torno al agravio vinculado a la aplicación de la Ley 24240, debe señalarse que hoy es criterio jurisprudencial unánime la aplicación de la ley de defensa del consumidor a los contratos de turismo, resolviendo a la luz de los principios de esta última los reclamos planteados por los usuarios de los servicios turísticos, atento al carácter de orden público de las disposiciones de la LDC y la jerarquía constitucional de la protección al usuario (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional). Como corolario de lo expuesto, debido a la naturaleza jurídica de la relación que unió a las partes, la estructura mercantil bajo la cual se encuentra asentada la sociedad demandada y no habiendo la actora dirigido la acción contra la compañía aérea que debía concretar el transporte, debe concluirse que no existen motivos para apartarse de lo resuelto por el señor magistrado de anterior grado, en relación a la competencia asumida y la aplicabilidad al caso de la normativa consumeril.
En principio, la intervención obligada de terceros es una medida excepcional, y no basta la existencia de un mero interés del citante. (arg. art. 94 del CPCC)
Es que, como todo proceso contradictorio comprende, en principio, únicamente a quienes intervienen en él como partes actora o demandada, sólo debe admitirse la intervención de terceros en circunstancias excepcionales, cuando exista un real interés jurídico a proteger y sea esa la única vía para hacerlo. (Cfr. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial, 1ª reimpresión, v I, p. 233; esta Sala I, 3/3/2011, "Ambroa, Karina v. Bustos Pablo D. y ot. s/daños y perjuicios").
En el caso concreto, entendemos que la demandada no puede pretender la intervención coactiva del tercero invocando el interés de la actora por la eventualidad de una acción dirigida contra aquel, —si es que la demandante manifiesta que carece de tal interés—, ya que ésta última sólo persigue la reparación de los daños resultante del incumplimiento contractual de la accionada.
En otras palabras, una recta interpretación del art. 94 del CPCC excluye que una de las partes pueda invocar la comunidad que en la controversia pueda tener la otra, a los efectos de lograr que coactivamente intervengan los terceros contra la voluntad del presunto beneficiario de esa intervención.
En suma, las mismas motivaciones de economía procesal que han inspirado el dispositivo de la citación de terceros también están comprometidos en mantener —por principio— el desenvolvimiento regular del litigio entre los sujetos originarios.
Sobre tales premisas, entendemos que la intervención del tercero pretendida por la demandada aparece injustificada en el sub lite, por lo que los agravios vertidos no habrán de tener favorable acogida.
3. Costas Habiendo sido cuestionada la imposición de costas efectuada por el juez de grado, hemos de indicar que tal como se extrae de la resolución en crisis, las costas han sido impuestas en el orden causado, y por ende, carece de virtualidad lo argumentado por la recurrente en su memorial de agravios.
Por ello, coincidiendo con lo dictaminado por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, el Tribunal
1. Confírmase la resolución de fecha 19/08/2022, en lo que ha sido materia de recurso y agravios.
2. Con costas por la actividad de Alzada a la recurrente. (art. 68 y 69 del CPCC)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO PABLO SAUL MOREDA JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMAN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
(Parte actora - Dra. Díaz)
(Parte demandada - Dr. Romano Yalour)
Fin de la sentencia