Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 33.744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar improcedente para el caso el agregado de la prueba documental incorporada por el apelante en su memorial de agravios de fecha 3/11/2022 (art. 270 CPCC).
2Confirmar la resolución apelada en cuanto fuera materia de agravios;
3Imponer las COSTAS DE ALZADA a la demandada que resulta vencida. (art. 68 CPCC, art. 19 y 25 ley 13.928);
4Diferir la regulación de los honorarios generados en este estadio para su oportunidad.
LM - 33744 - 2022 – M.G.R.F C/ A.M.S.S S/ AMPARO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL
" M.G.R.F C/ A.M.S.S S/ Amparo"
Lm-33744-2022 JUZ. DE FLIA. N° 10 En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “M.G.R.F C/ A.M.S.S S/ Amparo” Lm-33744-2022 habiéndose practicado el sorteo pertinente – art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA – PEREZ CATELLA - TARABORRELLI resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN
DOMINGO POSCA, dijo:
I. Los antecedentes del caso.
En la sentencia de fecha 2/11/2022 la Sra. Jueza de grado resolvió “Primero: Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. M.G.R.F en los términos de la Ley Provincial 13.928 y el artículo 43 de la Constitución Nacional, artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (Art. 75 inciso 2 de la Constitución Nacional), contra la A.M.S.S (C.U.I.T. n° 30-59035479-8). Y en consecuencia, instar a la A.M.S.S (C.U.I.T. n° 30-59035479-8) a los efectos que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la reincorporación y continuidad de la afiliación del actor -en los mismos términos y bajo las mismas condiciones- al servicio de medicina prepaga que oportunamente había contratado con la demandada. A cuyo fin Notifíquese electrónicamente. Segundo: Imponer a la demandada en concepto de daño punitivo el pago a la actora de la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000), con más los intereses establecidos en el considerando cuarto -si correspondieren- dentro del plazo de diez días de quedar firme la liquidación que al efecto deberá practicarse una vez que este pronunciamiento pase en autoridad de cosa juzgada, bajo apercibimiento de ejecución. (…)” a la vez que reguló los honorarios de los abogados intervinientes e impuso las costas a la demandada en su condición de vencida.
Contra tal forma de decidir, en fecha 3/11/2022 interpone recurso de apelación la demandada, el día 8/11/2022 se concedió el recurso en relación y se corrió traslado de los fundamentos a la parte contraria, que han contestado los mismos en fecha 10/11/2022.
a) Los agravios de la parte demandada En fecha 3/11/2022 obra el memorial de agravios de la demandada, quien se agravia en lo medular por cuanto, se dicta sentencia obligando a A.M.S.S (en adelante AMS) ordenando mantener la filiación del Sr. M.G.R.F, siendo que el mismo había sido dado de baja en los términos del art. 9 de la ley 26.682 en agosto del año 2022 por haber falseado su declaración jurada de salud. Por ello, la apelante entiende que en el presente caso no se está negando la afiliación. El mismo debió declarar su patología al momento de completar su declaración jurada, lo contrario vuelve nulo al contrato por estar viciada la voluntad de AMS.
Relata la apelante que, desde las medidas de aislamiento, las declaraciones juradas y altas se hacen de manera virtual y los formularios son suscriptos de manera digital y su certeza es la misma que al ser suscripta de manera presencial, siendo su confirmación y ratificación vía whatsapp. Y que el Sr. M.G.R.F no registro ningún antecedente, sin perjuicio de padecer antecedentes de obesidad. Junto al memorial, adjunta documental para intentar acreditar dichas circunstancias. Seguidamente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al presente caso.
A ojos del apelante, el actor decidió de mala fe omitir consignar la patología que padece, porque sabía que se le pediría una cuota diferencial, acompaña documental a fin de acreditar los antecedentes que padecería el Sr. M.G.R.F. Relata que, por las inconsistencias entre la declaración jurada de salud y los antecedentes médicos presentados por el propio actor, la demandada procedió a la expulsión en los términos habilitados por la normativa vigente. Por ello, entiende que el Sr. M.G.R.F deberá regularizar su situación en los términos del art. 9 de la Ley 26.682, debiendo denunciar a su ingreso todas las patologías o síntomas que padece bajo apercibimiento.
Considera AMS que el amaparista ha obrado con mala fe al entender que “…según indica documentación médica presentada se constata una preexistencia, lo cual no pudo haber desconocido.-“. Esgrime que la decisión apelada “…condena a mi representada cuando no ha violado norma alguna de todo el sistema regulatorio vigente (leyes 26.682, 24.754, 23660 y 23661) ni ha dictado acto por acción u omisión que pueda ser considerado violatorio de los derechos del amparista.” Sostiene que se ordena la afiliación, y ellos nunca se la han negado, sino que dieron estricto cumplimiento a la normativa y rescindieron el contrato, debiendo la actora solicitar una nueva afiliación con la debida denuncia de buena fe de sus patologías, a fin de que AMS pueda hacer valer sus derechos de solicitar un valor diferencial. Luego refiere que su actividad se encuentra regida por la ley 26.682, la cual en su art. 9 establece las previsiones para la incorporación de usuarios con patologías preexistentes. Sostiene que con la ley 26.682 se delimitaron las prestaciones médico-asistenciales que se encuentran obligadas a brindar las empresas de medicina prepaga y en qué condiciones, siendo muy clara respecto del falseamiento de la declaración jurada y sostiene que la parte actora no ha peticionado la inconstitucionalidad de la ley 24.754 y 26.682 por ello, no puede pretender que la resolución del presente se aparte de lo dispuesto por dicha normativa. Considera que “En el caso no ha habido negativa de afiliación de esta AMS sino que la parte actora fue dada de baja por falseamiento de su declaración jurada de salud por la patología preexistente que padece. Debiendo suscribir nuevamente los documentos de afiliación declarando debidamente su patología para poder solicitar el valor diferencial por cuota preexistente en caso que la SSSalud lo autorice.”
Luego indica que la ley 26.682 establece que las entidades de medicina privada no pueden negar la afiliación de un individuo con fundamento en una situación o enfermedad de preexistencia, autorizando para ello al cobro de sumas adicionales que variaran de acuerdo a si la preexistencia es de carácter temporario, crónica o de alto costo. El apelante entiende que la resolución apelada no respeta la seguridad jurídica toda vez que, a su modo de ver, “… sin modificación legal alguna se ordena suscribir contratos nulos, queriendo así alterar los derechos de esta entidad, resquebrajando la seguridad jurídica, que le otorga legalidad y legitimidad al acto.”
Insiste en que “… El régimen de empresas de medicina privada al que fue incorporado la parte actora, funciona bajo el régimen de la ley de Empresas de Medicina Privada Nº26.682, y bajo las normas y reglamentos de la Superintendencia de Servicios de Salud, las que expresamente disponen que el cobro de una cuota adicional por enfermedades preexistentes, así como ante el falseamiento de la declaración jurada rescindir el contrato con el usuario, sin que por ello caigan en formas de discriminación.” A ver del apelante el actor ha actuado con mala fe al momento de suscribir su declaración de ingreso y que la empresa demandada ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo hasta descubrir que el contrato que los vinculaba era nulo.
Luego se agravia por cuanto la Sra. Jueza de grado no considero que ha existido mala fe y refiere que “…no pudo la parte actora desconocer los antecedentes clínicos. El afiliado debe ser fidedigno y objetivo al informar no solo las enfermedades que conoce padecer sino también los síntomas que posee.” Y considera que la mala fe se encuentra probada con los hechos de la propia historia clínica. Seguidamente cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicables y esgrime que la buena fe es un principio que también debe estar presente en la etapa precontractual y refiere que la omisión del afiliado de denunciar una enfermedad preexistente conocida por aquel al momento de afiliarse, falseando la declaración jurada de salud, es motivo suficiente para justificar la rescisión unilateral del contrato por parte de la prestadora.
Así, señala el apelante que “…si bien como se anticipó resulta válido que el Estado tenga una intervención enérgica sobre la libertad contractual en el ámbito de los contratos de medicina prepaga, no es menos cierto que deben preverse mecanismos mínimos que tutelen a la otra parte de la relación (como es la posibilidad de reajustar el canon), en tanto, sin garantías elementales, no funcionaría el sistema privado. Así las cosas, se entiende por qué la propia ley 26.682 ha previsto que la falsedad de la declaración, junto a la falta de pago de tres cuotas consecutivas, sean las dos únicas causales que permiten a las empresas de medicina prepaga la rescisión del contrato (art. 9), revistiendo la norma carácter de orden público en virtud de lo dispuesto por el art. 28 de esa misma ley.”
En cuarto lugar, se agravia por cuanto se condena a A.M.S. cuando, a su modo de ver siempre ha actuado conforme derecho y no se negó a proceder a la afiliación, sino que deberá solicitar una nueva afiliación declarando la patología preexistente y refiere que la sentencia lo agravia por disponer la afiliación, pero no así el pago de un adicional por la enfermedad preexistente.
En quinto lugar, se agravia por entender que el amparo no es la vía para solicitar ni dictaminar daños, y en la resolución apelada se le ha impuesto el pago de una suma en concepto de daño punitivo. Refiere que “… no resulta procedente el reclamo de suma alguna ya que, la vía rápida del amparo no permite amplitud de debate y prueba coartando de esa manera derechos constitucionales reconocidos a esta parte como lo es el derecho de defensa en juicio y de bilateralidad.”
Por último, el apelante se agravia por la imposición de costas a su cargo, por entender que no ha hecho más que cumplir con la normativa vigente y finaliza su memorial ofreciendo prueba b) La contestación de agravios de la parte actora En fecha 10/11/2022 ha contestado el traslado la parte actora refiriendo en primer lugar que la queja planteada, a su criterio no constituye una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 CPCC, entiende que lo que se intenta es introducir aspectos a debate que ya han sido resueltos y recuerda que el accionado no ha replicado la acción, habiéndose resuelto el apercibimiento que el digesto procesal prevé para aquel extremo con la resolución de fecha 17 de octubre de 2022 que se encuentra firme y consentida.
Luego refiere que con el memorial de agravios se intenta ofrecer prueba, lo cual encuentra desacertado desde el punto de vista procedimental. Destacando también que la quejosa no ha comparecido a la audiencia prevista por el artículo 11 de la ley 13.928.
Seguidamente, la parte actora refiere que es imposible el pedido de la apelante de que se considera la veracidad de los estudios médicos y hechos relatados, toda vez que la misma no ha contestado la acción por lo tanto tampoco ha arrimado elementos de prueba tendientes a acreditar la postura sostenida.
Luego aclara que “…no se tratan de varios actores como parecería que interpretó la contraria. El único amparista resulta ser el Sr. M.G.R.F Primera aclaración.” y esgrime que “De haberse considerado la demandada con “derecho” a requerir el pago de una cuota adicional, debió haberlo manifestado en la oportunidad procesal pertinente más no en ésta instancia en la cual nos encontramos analizando la sentencia definitiva.” Seguidamente sostiene que la apelante pretende endilgarle mala fe al amparista, pero no ha ofrecido prueba a fin de acreditar dicho extremo. Luego, sostiene que “Como cierre a éste último aspecto señalado, creemos que la pieza que hoy nos encontramos replicando ha sido un “copipega” –si se nos permite el término- de algún similar reclamo instaurado en contra de la misma demandada, como fuera apuntado supra.”
Destacando que, en el memorial, el apelante hace referencia a varios amparistas cuando en el presente caso solo hay uno y no se requirió ningún tipo de prestación para su familia ni hay controversia en punto a facultades mentales.
Con respecto al agravio sobre el daño punitivo, el actor refiere que, no habiendo replicado la acción, no puede ahora el apelante desconformarse con la petición realizada en el líbelo inicial. Entendiendo que se debe realizar una interpretación análoga del instituto contemplado en el art. 59 y cctes del CPCC.
Luego esgrime que la relación entre las partes del presente proceso encuentra su origen en una relación consumeril la cual se encuentra reglamentada en la Ley 24.240 que en su art. 52 bis prevé la aplicación de daño punitivo como una sanción pecuniaria destinada a punir las actitudes demostradas por los proveedores que evidencien la violación clara de los derechos de los consumidores.
A ojos del amparista, ha quedado evidenciado en el presente proceso que el proveedor demandado obro en violación de los derechos consumeriles del actor y no resulta admisible sostener que el proceso de amparo resulta ajeno a la aplicación del daño punitivo.
Con respecto a la imposición de costas, la parte actora refiere que “...de no haberse negado el objeto del presente litigio- el actor no habría tenido que recurrir al arbitrio jurisdiccional a fin de dirimir la controversia.” c) El dictamen del Agente Fiscal.
Recibidas las presentes actuaciones en esta Sala Primera, con fecha 23/11/2022 se corre vista de las mismas a la Fiscalía de Cámaras Departamental, siendo esta reiterada en fecha 7/12/2022 la cual ha sido evacuada con el dictamen obrante en fecha 14/12/2022 habiendo dictaminado que “…tras la lectura de las presentes, entiendo que nos encontramos frente a una relación de consumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240.”
Finalmente, con fecha 14/12/2022 pasaron los autos para resolver y se efectuó el pertinente sorteo de vocalía el día 19/12/2022.
La solución.
I. El pedido de deserción del recurso En primer lugar atento a que el accionante ha manifestado que el memorial presentado no constituye una crítica concreta y razonada, corresponde poner de resalto que "Los escritos donde se fundan o motiva un recurso deben contener una crítica razonada, objetiva, precisa y seria de los errores que se atribuyen al fallo de primer grado, denunciando en qué consisten ellos punto por punto; debiendo la idoneidad de la crítica autoabastecerse en el propio escrito de agravios sin que pueda suplirse con remisión a motivos o argumentos explicitados en otros escritos".(CC0102 MP 70371 RSI-348-88 I 14-6-1988 "Club Privado Edad Madura c/ Mauriño de Serna, Nidia E. s/ Rescisión de contrato y repetición de lo pagado"; CC0102 MP 94573 RSI-495-95 I 15-6-1995; “A., E. c/ V., M. A. s/ Alimentos”; CC0102 MP 95524 RSI-14-96 I 2-2-1996, “Textil Tucumán S.R.L. c/ Funes, Amalia Susana y otro s/ Ejecución”; CC0102 MP 100439 RSI-259-97 I 15-4-1997 “Galli, Gabriela y otra c/ Iñurrieta, Marcelo y otro s/ Homologación”; CC0102 MP 107143 RSI-1150-98 I 29-12-1998 “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Gran Bristol S.A. s/ Apremio” JUBA B1400445)
A mayor abundamiento, es dable considerar que "la expresión de agravios es la demanda de segunda instancia, es el escrito clave que delimita la pretensión del apelante y la potestad decisoria del tribunal de alzada". (Luis A. Rodríguez Saiach, “Teoría de la Práctica de las Nulidades y Recursos Procesales”, Tomo 2 “Recursos Procesales”, Editorial Gowa, Año 2000, Pág. 300).
Se requiere que la misma se trate de una crítica puntual y no genérica, seria y objetiva, en la cual conste el error de razonamiento en el que - a criterio del apelante- ha incurrido la el Sr. Juez de primera instancia. No obstante, esta Sala Primera se ha expedido en innumerables fallos, a favor de la doctrina del agravio mínimo, en virtud de la cual, y a los fines de no recaer en un excesivo rigor formal, se aplica un criterio restrictivo en cuanto a la declaración de la insuficiencia en la fundamentación, todo ello teniendo en consideración la consecuencia fatídica que atraería aparejada la adopción de un criterio más abarcativo.
En este orden de ideas, esta Sala ha expresado que “El agravio debe demostrarse en el mismo escrito en que se expresa, es decir el recurso debe bastarse a sí mismo. (SCBA, Ac. Y Sent., 1962. v. II, p. 739, V.I, p. 359 cit. Por Morello-Sosa-Berizonce: “Códigos… t. III, pág. 338, Librería Editora Platense-Abeledo-Perrot, Bs. As, 1998). Sin Perjuicio de ello, lo cierto es que las exigencias prescriptas deben apreciarse con criterio restrictivo, atento que la ausencia de tales recaudos importa la inadmisibilidad de la segunda instancia. Fenochietto al analizar la deserción del recurso, expresa que mediando dudas, es decir si existe o no impugnación suficiente por tratarse de un acto lacónico o incompleto, debe estarse por la apertura de la instancia. La jurisprudencia ha decidido que debe primar un criterio de amplia tolerancia para evaluar la suficiencia de la expresión de agravios, con la finalidad de amparar la garantía de defensa en juicio y en consideración a ello se expresó que si la apelación cumple en cierta medida con las exigencias del ritual, puede estimarse que la carga procesal de fundar los agravios se cumple con el mínimo de técnica exigida en materia recursiva (Fenochietto, op. Cit., pág. 102). Este criterio ya ha sido adoptado por esta Sala en la causa “Combustibles Vázquez Hermanos S.R.L c/ Municipalidad de La Matanza s/ Amparo”, R.S.I. nº 4, sentencia de fecha 23 de mayo de 2000.” (causa “Colatrella c/ Dirección Gral. De Cultura y Educación s/ amparo”. Causa Nº 24/1, RSI 12/00 sentencia de fecha 12 de julio de 2000). Por lo cual, en virtud del criterio del mínimo agravio y pasando el escrito de fecha 3/11/2022 por el tamiz de la admisibilidad, entiendo que el recurso habrá de ser analizado.
II. La introducción de elementos de prueba Seguidamente he de observar que en el memorial de fecha 3/11/2022, el apelante acompaña prueba documental. Al respecto no puedo dejar de lado que el art. 270 del CPCC, establece "...si el recurso se hubiese concedido en relación ... no se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos", conforme con ello el tribunal debería fallar teniendo únicamente en cuenta las actuaciones producidas en Primera Instancia. La preclusión no solo opera la extinción de las facultades no ejercidas en tiempo propio por las partes, sino también gobierna la actividad del órgano jurisdiccional, impidiendo que ex officio se retroceda a etapas procesales agotadas. ("Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado y Comentado. 2 edición ampliada y actualizada por Roland Arazi. Tomo I. Ed. Rubinzal- Culzoni").
Al respecto la jurisprudencia ha dicho que “…cuando el recurso ha sido concedido en relación no procede recibir nuevos elementos de juicio y, por categórica prescripción legal, no se admite la alegación de hechos nuevos ni la apertura a prueba, en segunda instancia. El Tribunal para la revisión de la providencia impugnada, sólo puede guiarse a través del memorial, por las mismas pautas decisorias que el “a quo” tuvo a su alcance.” (ALSINA, Tratado, 2 ed., v., IV, p. 404, nº9; PALACIO, Derecho porcesal civil. Ed. 1979, v. V., p. 298, nº 612, “b”). (Cám. 2º, sala I, La Plata, causa B-45562, reg. Int. 345/78 entre otros), (MORELLO-SOSA- BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial- Prov. De Bs. As. y de La Nación- Comentados y Anotados, Tomo III, pág. 389).
Asimismo, cabe recordar que el art. 272 del CPCC, en su primera parte, establece que: “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia”. Al respecto la doctrina ha dicho que: “aquí la potestad revisora de la Alzada sufre una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso, por lo que en consecuencia no puede resolverse sobre capítulo alguno que no hubiese sido propuesto a decisión del inferior”. (MORELLO-SOSA- BERIZONCE-TESSONE, “Manual de Códigos Procesales en los Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación”- Segunda edición ampliada, pag. 300).
Por su parte, la jurisprudencia ha expresado: “Se infringe el principio de congruencia en el ámbito de la alzada desde que se está en presencia de una cuestión que no ha sido articulada oportunamente pues recién se introduce en el ámbito de la litis en ocasión de expresarse agravios. (CC0103 LP 242862 RSD-17-4 S 12-2-2004, “Mercerat, Gustavo C. C/ rey, Ricardo s/ desalojo”, JUBA B202210). Es por ello que, los jueces deben ser coherentes en sus decisiones tanto con lo planteado en la impugnación como así también respecto a cuestiones propuestas y valoradas en el auto apelado. La función de la Alzada está circunscripta al contenido del auto y su concreta impugnación; por lo que no corresponde expedirse sobre temas que no fueron objeto de decisión en la instancia de grado. (arg. art. 272 del CPCC).
En razón de lo expuesto, dicha petición resulta contraria a lo dispuesto por el código de rito, resultando improcedente de acuerdo a la normativa vigente el ofrecimiento de nuevos medios probatorios, no existiendo en la especie circunstancias especiales que hagan factible apartarse de tal principio general. Considero que debe desestimarse la documental ofrecida en el memorial de fecha 3/11/2022 adjunta en formato PDF a tal escrito.
III. El proceso de Amparo El derecho a la salud se presenta como un derecho humano básico e indispensable para el desarrollo de los restantes derechos. Puede ser definido como el conjunto de obligaciones tendiente a asegurar el acceso a una asistencia sanitaria, es decir, como aquel en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales, especialmente la familia, en cuanto titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado y de los grupos económicos y profesionales, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social garantizando el mantenimiento de esas condiciones. A los fines de su efectivización cada Estado organiza su propio sistema de salud, el que en el caso de Argentina, funciona a través de tres subsistemas: el público, el de obras sociales, y el empresas de medicina privadas (C5aCiv. y Com. Córdoba, 2012/08/29, “B.I. c/ Galeno o Galeno Argentina SA s/ Amparo”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Año IV, nro. 11, diciembre 2012, La Ley, pág. 217).
Tras la reforma constitucional de 1994, se otorgó a la tutela de la vida y de la salud una protección especial sustentada por pluralidad de normas, integradas al plexo normativo con igualdad de fuerzas, una de fuente interna cuyo origen es La Constitución Nacional y Provincial y otras derivadas de normas supranacionales de jerarquía constitucional (art 75 inc. 22 CN) que son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación racial, Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos del Niño) (María Soledad Webb. “¿En la fertilización asistida colisiona el derecho a procrear con la integridad de la vida en estado embrionario?”. Revista Derecho de Familia y de las personas. Año II. Nro. 10, noviembre 2010, La Ley. pág. 296). Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus leyes modificatorias, define como consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1). Del mismo modo, el art. 2 dice que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional actividades (…) de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. El art. 42 de la C. N. y 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., establecen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.). El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor (art. 1095 del C. C. y C. N.).
Este derecho que ha nacido para llevar protección al débil jurídico encuentra su antecedente en la situación de minusvalía en que se ve colocado el hombre moderno al interactuar con los "proveedores" de bienes de consumo y su corpus está integrado por un conjunto de mecanismos jurídicos específicos, desarrollados para paliar esa situación de hiposuficiencia y prevenir el acaecimiento de menoscabos a los derechos de los consumidores (v. Rusconi, Dante D.; Manual de Derecho del Consumidor, Abeledo Perrot, pág. 1).(C. 120.955, "Chiesino, Roxana Helena contra 'Thiara S.A.'. Escrituración". SCBA 07/03/2018).
La relación de consumo —con anclaje y reconocimiento constitucional en el art. 42 CN— es un concepto más amplio y abarcativo que la típica relación contractual. En los términos de la LDC, la relación de consumo es el vínculo jurídico —y no solo contractual— que se entabla entre el consumidor y los proveedores de bienes y servicios. Lo que caracteriza al derecho del consumidor es el principio de protección al débil jurídico en el marco de una relación que se presenta como estructuralmente desigual y asimétrica a la que la ley pretende equilibrar. De un lado, se ubica el consumidor que es el sujeto que requiere de especial tutela, y del otro, los proveedores de bienes y servicios, que son los sujetos particularmente obligados, por su carácter de profesionales o expertos.
La relación de consumo es entonces, el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, por consiguiente, debe comprender todas las situaciones posibles en las que el consumidor —como débil jurídico— debe ser protegido, ya sea antes durante y después de contratar, o cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, o cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente.
La doctrina y la jurisprudencia han subrayado que "el propio art. 42, CN. adopta esta expresión de relación de consumo para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios.” (Responsabilidad bancaria en las relaciones de consumo. Legitimación del consumidor que pide daño directo y justicia gratuita Autor: Darcy, Norberto C. Publicado en: LA LEY 29/07/2020, 29/07/2020, 8 - RCyS2020-IX, 79 Cita Online: AR/DOC/1239/2020).
Kemelmajer de Carlucci expresa que “las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el CCyC recoge no sólo en los artículos 1096/1122 sino que extiende a otros ámbitos específicos.” (cfr.autcit “La aplicación del Código Civil a las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes”, segunda parte, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2016, pág. 60/61; Heredia, Pablo “El derecho transitorio en materia de contractual”, en Revista CCyC, año 1, N° 1, págs. 3, 14).
El Código Civil y Comercial de la Nación, regula los contratos de consumo a partir de su artículo 1092 conforme lo expuesto “ut supra”, regulando sobre la relación de consumo, su interpretación, disponiendo asimismo en su artículo 1097 y siguientes que: “Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias” (art. 1097), “Trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores”.
Del mismo modo, el deber de información, debe suministrarse también durante la ejecución del contrato, es un derecho cuyo desarrollo se remite a los arts. 4, 6, 9, 10, 25, 28, 34 y 37 de la ley 24240, afirmado por la doctrina nacional y extranjera (TSJ Córdoba, Sala Cont. Adm., 1/9/2.009, “Simonelli de Labadie, c/ Pcia. de Córdoba, cit., por Vitolo Daniel, Defensa del Consumidor, Ed. Ad-Hoc, pág. 117). El consumidor tiene derecho a una información veraz y adecuada, al igual que se merece condiciones de un trato digno y equitativo (arts. 42 C.N. y 38 de la Const. Pcia. de Bs. As.). La información debe ser clara, objetiva, veraz, detallada, eficaz, y suficiente sobre las características esenciales del contrato (art. 1.110, 1.094 y 1.095 del C.C. y C.).
Ahora bien, siendo que en la especie el vínculo entre las partes se encuentra plasmado en un contrato de medicina prepaga, el cuál reviste las características de ser sinalagmático, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo. Conforme las normas de nuestro código de fondo no pueden soslayarse que resulta aplicable a su respecto la ley de defensa del consumidor –en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General Dra. Ochoa en fecha 14/12/2022- que también encuentran acogida en el art. 42 de la Constitución Nacional-, desplazándose la concepción demoliberal de la Constitución Histórica que reconocía el derecho personal de propiedad y libertad contractual. Como consecuencia de este encuadre legal, la interpretación de las cláusulas limitantes de cobertura, debe efectuarse con criterio restrictivo y favorables al particular-consumidor (esta sala in re “Garbarino SA c/ Rafo Rodrigo Diego s/ Cobro Ejecutivo, RSD nro. 114, folio nro. 557, 5/7/12, entre otros).
La relación contractual que vincula a los amparistas con sus prestadoras de salud demandadas, configura un supuesto de un contrato predispuesto, de adhesión y además obligatorio, en la media en que la afiliada directa no tuvo oportunidad de discutir las condiciones de contratación.
Asimismo, las empresas de medicina prepaga están reguladas por la ley 26.682 que en su art. 9 dispone “… Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del término de diez (10) días.” Seguidamente en el art. 10 reza “Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período de carencia deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de Aplicación. Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.” De las constancias arribadas a esta Sala Primera, surge de la documental adjunta en la demanda (v. archivos adjuntos en fecha 9/9/2022) que la afiliación del Sr. M.G.R.F a la A.M.S tiene vigencia desde abril de 2022 (ello conforme surge de la credencial acompañada), con fecha 21/7/2022 el accionante ingreso al Hospital Italiano por una oclusión intestinal (ello conforme surge del informe de internación acompañado). Seguidamente fue diagnosticado con un tumor de colon (lo cual se desprende de uno de los certificados médicos acompañados.). De la carta documento adunada se vislumbra que su alta en la afiliación ha operado desde el día 5/4/2022 y que la demandada (A.M.S.S) la ha dado de baja desde el día 24/8/2022 porque en julio habría detectado que el Sr. M.G.R.F tenía una enfermedad preexistente (obesidad) y lo había ocultado en su declaración jurada de estado de salud.
Ahora bien, debo poner de resalto que no surge de las pruebas obrantes en las presentes actuaciones que el Sr. M.G.R.F haya ocultado alguna enfermedad preexistente al momento de afiliarse a la prepaga, ni que haya actuado con mala fe, en momento alguno, omitiendo brindar información relativa a su estado de salud.
Asimismo, es dable destacar que del análisis de los elementos incorporados a la causa, se concluye que la parte demandada no ha logrado acreditar tal extremo, máxime considerando que no contestó el traslado de la acción, ni se presentó en la audiencia a la que fuera citada (ello conforme surge del acta labrada en fecha 19/10/2022) y luego pretendió incorporar prueba al proceso a través del memorial de agravios, lo cual se encuentra expresamente vedado por el código de procedimiento -conforme ya lo expresara de manera precedente- (art. 375, 384, CPCC).
A mayor abundamiento, en la especie, se observa sin hesitación que la parte demandada no ha obrado de buena fe. En efecto, y en función de lo “ut supra” desarrollado, no debe perderse de vista que el artículo 9 del CCyCN regula que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, al igual que el art. 961 del mismo cuerpo legal, el cual dispone que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.
La actuación o comportamiento de la parte demandada, importa o implica –a ver de este juzgador- la violación de dos principios básicos o deberes jurídicos impuestos por la ley de defensa del consumidor, que debe garantizar en la “ejecución del contrato” el responsable directo, y que son: a) el deber de información (art. 4 de la ley 24240, mod. por la ley 26361); y b) el trato digno (regulado en el artículo 8 bis de LDC), lo cual se reitera no ha cumplido la prestadora de salud.
Por todo ello, propongo a mis distinguidos colegas de Sala confirmar el punto Primero del resolutorio apelado de fecha 2/11/2022 en cuanto hace lugar a la acción de amparo promovida e insta a la A.M.S.S a los efectos de arbitrar las medidas necesarias para garantizar la reincorporación y continuidad de la afiliación del actor -en los mismos términos y bajo las mismas condiciones- al servicio de medicina prepaga que oportunamente había contratado con la demandada, declarando abstracto el tratamiento de los demás agravios esgrimidos por apelante, excepto el referido al daño punitivo y la imposición de costas que tratare a continuación.
IV. El daño punitivo Seguidamente he de tratar el agravio referido al daño punitivo, para lo cual huelga destacar que el mismo está previsto en el art. 52 bis de la Ley de defensa al consumidor que establece “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan.
La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47 inciso b) de esta ley”. La citada norma es acorde al deber de información del proveedor, la protección al consumidor y el trato digno y equitativo (arts. 4, 5 y 8 bis Ley 24.240, art. 38 CPBA y art. 42 CN) Ahora bien, deben distinguirse los daños punitivos de aquellos daños y perjuicios que pudieran reclamar los afectados y que al igual que todo daño cierto deben ser probados en un proceso de conocimiento. Los erróneamente llamados daños punitivos no deben confundirse con aquellos daños que deben resarcirse siguiendo el principio de la reparación integral. Afirma la doctrina: “Como hemos sostenido antes que ahora, entendemos que la conceptualización del instituto como "daño punitivo" resulta errónea, resultando preferible utilizar la denominación de multa civil.
Dicha expresión, que consideramos más precisa, es la que incluso - amén de cómo se titula - es utilizado en la redacción de la norma del Art. 52 bis, o bien la de "sanción pecuniaria disuasiva" como lo hacía el Proyecto de Reforma de Código Civil en la redacción original del art. 1.714. Esto sin lugar a dudas porque no nos encontramos en presencia de un daño stricto sensu como se enseña en el "Derecho de Daños" clásico, sino que por el contrario nos encontramos ante un mecanismo de prevención y eventual sanción a una conducta reprochada por el ordenamiento, más propio del derecho penal que civil, si se quiere.” (Bilbao, Jorge Luís, “Apuntes sobre Daño Punitivo. Comentario al fallo "Castelli, María Cecilia C/Banco de Galicia y Buenos Aires", de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 17- 10-2018 4 de Diciembre de 2018 www.saij.gob.ar Id SAIJ: DACF180258).
El subrayado no es original.
Se ha dicho que "la norma sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor..." (2). Sea a título de Dolo o Culpa Grave, pero también cuando implique un abuso de posición de poder, obtención de enriquecimientos indebidos, entre otros. Entendemos que lo que mayor trascendencia reviste es la violación por parte del proveedor de obligaciones legales o contractuales, cuando dada su posición de profesional en el servicio que presta no podía haberlas incumplido en forma alguna.” (Bilbao, Jorge Luís; obra citada.) La multa civil (Nos alejamos de la denominación de daños punitivos) ya había sido pensada como medida con finalidad preventiva aún antes de la incorporación en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Ello lo destaca la doctrina: “El Maestro Alterini ya se manifestaba sobre la aplicación de la multa civil mucho antes de su incorporación a nuestro ordenamiento al decir "En mi opinión, en la responsabilidad contractual (muy especialmente en el área del Derecho del consumo), el tribunal, al dictar sentencia, y con finalidad preventiva, está facultado para imponer al responsable el pago de una indemnización punitiva accesoria, si: 1) su conducta fue obrada con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas; 2) Demostró grave indiferencia respecto de los derechos ajenos, o de los intereses de incidencia colectiva; y 3) Tuvo aptitud para producir daños importantes a esos derechos, o a esos intereses" .” (Bilbao, Jorge Luís; obra citada.) El amparo tiene origen pretoriano, obedece a la evolutiva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación (Casos “Siri” y “Kot”) que ha trazado los lineamientos de una acción constitucional en épocas lejanas donde aún no se pensaba el derecho desde el concepto de relación de consumo. (Arts. 42 CN y 38 CPBA, en el crisol de las reformas constitucionales de 1993). El amparo tiene su reverdecer permanente, afirmándose como tutela expedita al vaivén de las nuevas categorías de derechos.
Si se trata de una medida con finalidad preventiva, pierde sustento cualquier necesidad de un intenso debate sobre su procedencia, bastando en el caso concreto, con el resultado que ha obtenido el amparista, inequívoca prueba de una conducta del proveedor caracterizada por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas y en perjuicio del derecho a la salud de un afiliado a la empresa de medicina prepaga. Ello significa que en la eventualidad que el consumidor pueda alegar daños y perjuicios, el debate sobre la procedencia de la indemnización, debe guiar al interesado a los procesos de conocimiento adecuados. No es el supuesto de la multa civil o sanción pecuniaria disuasiva. La multa civil no tiene su origen en un daño cierto valorable según el principio de reparación integral.
En consecuencia, insisto resulta ser la admisibilidad del amparo la prueba necesaria para advertir la procedencia de la sanción que es preventiva y aleccionadora. Conducir al afectado a un proceso de conocimiento para volver a debatir el llamado daño punitivo, significa la derogación de principios básicos de las relaciones de consumo que tienen su cúspide en el artículo 42 de la Constitución Nacional (Va en su entendimiento el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y al mismo tiempo constituiría un valladar para el acceso a la justicia de los consumidores, dejando al amparo de lado para obtener la tutela efectiva.
Dispone el artículo 42 de la CN, en su primer párrafo: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”
El contrato de medicina prepaga expresa una relación de consumo y tiene por objeto una finalidad social porque se relaciona con la protección de la salud y los intereses económicos de los consumidores, a quienes también debe asegurarse un trato digno, equitativo y no discriminatorio (arts. 1097 y 1098 C.C.C.). Se trata de una cláusula constitucional operativa. Es más, para que proceda la multa civil, no es necesario que el consumidor experimente un daño específico, bastando con que se den los presupuestos para la procedencia del instituto, entre ellos el incumplimiento grave del proveedor.
Cito nuevamente a Bilbao: “En definitiva, nos atrevemos a decir que la multa civil no tiene su origen en un daño cierto sino que en lo que se apoya es en la conducta desplegada por el proveedor durante la relación de consumo, aun cuando ella no implique daño alguno pero que implique un riesgo a los derechos de los consumidores con motivo de un incumplimiento de una obligación sea de naturaleza contractual, sea de naturaleza legal. Dice el Dr. Álvarez Larrondo "Repárese que la finalidad de ésta figura es punir, sancionar, reprender a aquél que ha actuado con desidia o fraude... Se trata en síntesis, de desmantelar el negocio de dañar”. Lo que hace que la multa civil se posicione en un estadio temporal anterior al daño efectivamente causado.” (Obra citada).
Estos recaudos surgen evidentes del propio proceso de amparo. En este caso el amparo resulta ser el proceso principal para determinar la procedencia de la multa civil. No corresponde buscar a una acción autónoma para debatir la procedencia del denominado daño punitivo, mejor comprensible como multa civil o cláusula penal disuasiva.
Ha señalado Bilbao: “Dicho en otras palabras, no existe acción autónoma para reclamar daños punitivos. 2) Su finalidad, justamente, no es mantener la indemnidad de la víctima ni restablecer las cosas al estado anterior. Por el contrario, tienden a prevenir y desalentar la reiteración de conductas dañosas similares. 3) Son verdaderas penas privadas con características propias que delimitan sus contornos de especialidad." (5). Si bien no compartimos la imposibilidad de requerir la multa autónomamente, adherimos a las restantes apreciaciones.” (Obra citada). El subrayado no es original.
La suprema corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado sobre el daño punitivo que “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196).” (…)“ (SCBA "Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico" voto del Dr. De Lázzari 17 oct 2018 — 119.562) En el caso bajo examen, la desafiliación del actor y la actitud procesal asumida durante la tramitación del presente por parte de la demandada, vulneraron el derecho del amparista, incurriendo de ese modo en la violación de la obligación de brindar al consumidor un trato digno, contrariando la equidad ante la ley. Ello, sumado a la procedencia del amparo como se ha esgrimido con anterioridad, me lleva a concluir que en el caso bajo examen las circunstancias apuntadas tienen la entidad suficiente para aplicar en la especie el daño punitivo.
Sin perjuicio de ello, que bastaría para desestimar este aspecto de los agravios, debo señalar que los fundamentos de la resolución apelada, aun siguiendo el principio del agravio mínimo, no han sido suficientemente rebatidos por el apelante. (arg. art. 260 del CPCC).
En consecuencia, propongo desestimar el agravio y confirmar la procedencia del daño punitivo a favor del actor.
V. La imposición de las costas Con respecto a la interposición de costas de primera instancia atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, entiendo que poco trecho queda por recorrer para concluir que las costas ocasionadas tanto en la instancia de origen como en la presente, deben ser impuestas a la demandada que resulta vencida haciendo regir el principio objetivo de la derrota. (art. 68 CPCC, art. 19 y 25 ley 13.928).
Por ello, a la cuestión planteada voto POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión, los Señores Jueces DRES. HÉCTOR ROBERTO PEREZ CATELLA Y JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, adhieren al voto del vocal preopinante, votando POR LA AFIRMATIVA. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme el resultado obtenido en la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal:
1. Declarar improcedente para el caso el agregado de la prueba documental incorporada por el apelante en su memorial de agravios de fecha 3/11/2022 (art. 270 CPCC). 2°) CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto fuera materia de agravios; 3°) IMPONER LAS COSTAS DE ALZADA a la demandada que resulta vencida. (art. 68 CPCC, art. 19 y 25 ley 13.928); 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios generados en este estadio para su oportunidad. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los Fecho dese cumplimiento con el pto. 6° del presente resolutorio. FECHO, Pasen las presentes actuaciones a despacho para resolver el recurso incoado contra los honorarios regulados en el punto Tercero del resolutorio apelado.
Fin de la sentencia