Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III
SI - 34243 - 2022 - RICARDO OMAR ALMIRON, AGUSTINA COSACHOV, PEDRO PABLO DI SPAGNA, CARLOS ANGEL DIAZ, NANCY EDITH FORLINI, LEOPOLDO LUCIANO LUQUE, DAHIANA GISELA MADRID, MARIANO ARIEL PERRONI S/ ELEVACIÓN A JUICIO SI-34243-2022/III
IPP nro. 1408-2093-2000 RICARDO OMAR ALMIRON, AGUSTINA COSACHOV, PEDRO PABLO DI SPAGNA, CARLOS ANGEL DIAZ, NANCY EDITH FORLINI, LEOPOLDO LUCIANO LUQUE, DAHIANA GISELA MADRID, MARIANO ARIEL PERRONI S/ ELEVACIÓN A JUICIO
Para resolver las impugnaciones deducidas por los asistentes técnicos intervinientes a fojas 8586/8589 (correspondiente ésta a los Defensores particulares del coimputado Pedro Pablo Di Spagna, Dres. Manuel Eduardo Barros y Facundo Matías Perelli); a fojas 8590/8605vta. (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Carlos Ángel Díaz, Dres. Vilma Paola Carluccio y Diego María Olmedo); a fojas 8606/8608 (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Mariano Ariel Perroni, Dres. Miguel Ángel Pierri y Facundo Díaz); a fojas 8609/8627 (correspondiente al Defensor particular de la coimputada Nancy Edith Forlini, Dr. Nicolás Fernando D´Albora); a fojas 8628/8664vta. (correspondiente a los Defensores particulares de la coimputada Agustina Cosachov, Dres. Vadim Mischanchuk y Christian Eduardo Carlet); a fojas 8666/8723vta. (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Leopoldo Luciano Luque, Dres. Julio Adrián Rivas y Mara Digiuni); a fojas 8725/8734 (correspondiente a los Defensores particulares de la coimputada Gisela Dahiana Madrid, Dres. Rodolfo Amadeo Baqué y Martín Miguel De Vargas); y a fojas 8736/8749vta. (correspondiente al Defensor particular del coimputado Ricardo Omar Almirón, Dr. Franco Chiarelli); apelaciones éstas que fueran todas ellas concedidas por el Juez a quo a fojas 8751 de este legajo.
Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel, y para el caso de disidencia el Juez Ernesto A. A. García Maañón (artículo 440 del Código Procesal Penal).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En primer lugar, debo decir que los aludidos recursos de apelación deducidos por los Defensores particulares intervinientes a fojas 8586/8589, 8590/8605vta., 8606/8608, 8609/8627, 8628/8664vta., 8666/8723vta., 8725/8734, y 8736/8749vta., que fueran todos ellos concedidos por el Juez a quo a fojas 8751 de este legajo, deben ser declarados formalmente admisibles. Ello así, toda vez que han sido interpuestos en término, por partes que se encuentran debidamente legitimadas para así hacerlo, respecto de una decisión que el ordenamiento procesal declara expresamente apelable, y por cuanto además han sido observadas las formas requeridas para su interposición (artículos 21 inciso 1, 337, 421, 439, 442, 443 y concordantes del Código Procesal Penal).
II. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud de las impugnaciones articuladas contra la resolución dictada por el Juez a quo a fojas 8445/8561vta.
En lo que aquí interesa, por ser motivo de agravios en las impugnaciones deducidas que aquí nos convocan, el Juez de Garantías interviniente -Orlando Abel Díaz- rechazó las oposiciones defensistas introducidas a fojas 8134/8140vta. (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Mariano Ariel Perroni, Dres. Miguel Ángel Pierri y Facundo Díaz); a fojas 8162/8206 (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Leopoldo Luciano Luque, Dres. Julio Adrián Rivas y Mara Digiuni); a fojas 8207/8248 (correspondiente a los Defensores particulares de la coimputada Agustina Cosachov, Dres. Vadim Mischanchuk y Christian Eduardo Carlet); a fojas 8249/8252vta. (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Pedro Pablo Di Spagna, Dres. Manuel Eduardo Barros y Facundo Matías Perelli); a fojas 8253/8269 (correspondiente al Defensor particular de la coimputada Nancy Edith Forlini, Dr. Nicolás Fernando D´Albora); a fojas 8270/8285 (correspondiente al Defensor particular del coimputado Ricardo Omar Almirón, Dr. Franco Chiarelli); a fojas 8286/8331 (correspondiente a los Defensores particulares del coimputado Carlos Ángel Díaz, Dres. Vilma Paola Carluccio y Diego María Olmedo); y a fojas 8332/8373 (correspondiente a los Defensores particulares de la coimputada Gisela Dahiana Madrid, Dres. Rodolfo Amadeo Baqué y Martín Miguel De Vargas). Además, desestimó la excepción de falta de acción y los requerimientos nulificantes allí articulados, como así también aquéllos de fojas 1/8vta. y 11/17 del Incidente de nulidad 4 que corre por cuerda -correspondientes a los Defensores particulares de los coimputados Leopoldo Luciano Luque, y Agustina Cosachov, respectivamente- (artículos 23, 201, 205, 207, 245, 321, 323, 328, 329, 334, 335, 336, 337 y concordantes del Rito penal).
En razón de todo ello, atendiendo a lo requerido por la acusación pública a fojas 7939/8127 de este legajo, y a la luz del cuadro probatorio que allí valoró, dispuso la remisión a juicio de la presente causa, seguida a los aquí imputados Leopoldo Luciano Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Ariel Perroni, Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisela Madrid y Pedro Pablo Di Spagna, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en orden al endilgado delito de homicidio simple cometido mediante dolo eventual (Hecho 1), de acuerdo a lo normado por los artículos 45 y 79 del Código Penal. Aunado a ello, dispuso la elevación a juicio de esta causa seguida al aludido imputado Leopoldo Luciano Luque en orden al delito de uso de documento privado falso, conforme lo establecido por el artículo 292 del Código Penal (Hecho 2); como así también respecto de la imputada Agustina Cosachov en orden al delito de falsedad ideológica, contemplado en el atribuido artículo 293 del Código Penal (Hecho 3).
El endilgado Hecho 1 fue descripto por la acusación pública en los siguientes términos: “Al menos entre los días 11 y 25 de noviembre de 2020 en la vivienda sita en el lote 45 del barrio San Andrés de la localidad de Benavídez, del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, lugar donde debía llevarse a cabo el tratamiento de rehabilitación clínica y de control del paciente, bajo la modalidad de internación domiciliaria de quien en vida fuera Diego Armando Maradona, los aquí imputados Dres. Leopoldo Luciano Luque, Agustina Cosachov (psiquiatra) y el Lic. Carlos Ángel Díaz (psicólogo) integrantes del equipo médico tratante de la salud física y mental de la víctima, junto con al menos la Dra.
Nancy Forlini -coordinadora de la prestadora médica contratada para la atención del paciente-, Mariano Perroni -en su calidad de coordinador de Medidom S.R.L.-, Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid -en su calidad de enfermeros- y Pedro Pablo Di Spagna -médico clínico designado al efecto del tratamiento del paciente-, tras haber asumido voluntariamente ese rol y ocupando materialmente esas funciones, infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo -al tiempo que también conocían que sus consortes hacían lo propio- colocando o colaborando a colocar un cúmulo de factores y circunstancias notoriamente burdas, incrementando todos los antes nombrados el riesgo por fuera del margen permitido ocasionando el fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse.
Así, habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era conocido al menos por todos los profesionales de la salud nombrados (enfermedad renal crónica, enfermedad hepática preexistente -cirrosis dual-, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro neurológico cróco, adicción al alcohol y psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas sumado al cuadro de abstinencia alcohólica), ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud de Diego Armando Maradona, colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, ya que provocaron el deceso de Diego Armando Maradona el día 25 de Noviembre de 2020 a las 12:30 hs. en ese domicilio producto de una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco.
Para así proceder, particularmente los imputados Luque y Cosachov, asumiéndose como parte del equipo médico tratante y responsables de su salud, contrariando las indicaciones de los profesionales de la Clínica Olivos y de las buenas prácticas clínicas y médicas que debían brindarle dispusieron el traslado del damnificado el 11 de noviembre de 2020 a esa finca sin los requerimientos básicos para el tratamiento los que eran conocidos por éstos donde falleciera tan sólo 15 días después, lugar donde -además- el equipo médico tratante y responsables de su salud no aseguraron que se contaran con los elementos necesarios que la internación requería imposibilitando dar una respuesta mínima e inmediata de los galenos que finalmente el día del deceso concurrieron al lugar. Desde el día -11 de noviembre de 2020- y hasta el día del deceso -25 de noviembre de 2020-, los nombrados Luque y Cosachov omitieron asistir adecuadamente a Diego Armando Maradona e impidieron que recibiera la debida atención médica que hubiese evitado el deceso, particularmente la referida al campo cardiológico; ello con la representación de que la muerte era un resultado esperable frente a la falta de asistencia colocándolo bajo la órbita de un control deficiente, ineficiente e indiferente en un sitio inadecuado.
Permitieron, además, junto al Lic. Carlos Ángel Díaz, que se concretaran las supuestas indicaciones del paciente que no se encontraba en condiciones de decidir, ordenando el retiro de los acompañamientos terapéuticos; impidiendo que las enfermeras ingresaran a su habitación; que se controlaran sus signos vitales; que no se realizaran debidamente las visitas de los especialistas; que no se cumpliera lo solicitado por el único médico clínico que acudió en interconsulta, y que no se le permitiera el ingreso al nutricionista -entre otras cuestiones de vital importancia que el cuadro de salud de la víctima requería-.
Todo ello, conocido por cada uno de los profesionales encargados de que, en la vivienda particular, se cumplieran con todos los estándares que la internación requería, implicó librar al paciente a su suerte de lo que todos fueron solidaria y conjuntamente responsables.
En ese contexto, Leopoldo Luque, violando las reglas del buen arte de curar y con pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente, evitó asistir y propiciar la debida atención médica a Diego Armando Maradona, sin garantizar su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocar a especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro lo ameritaba, librando su destino a su suerte. Además, en forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados por personas ajenas al equipo médico y que personalmente tuvo la oportunidad de evaluar, circunstancia que no llevó a cabo ni por sí, ni por medio de los profesionales que acudieron al domicilio como así tampoco confeccionó una historia clínica con los datos relevantes de diagnóstico, terapia y enfermedad del paciente.
Incluso, particularmente el 18 de noviembre de 2020, frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar conforme las reglas del buen arte de curar, asumiendo el evidente, notorio y previsible riesgo que ello aparejaba y que aprobó con desprecio.
En relación a la médica psiquiatra, Dra. Agustina Cosachov, en pleno conocimiento de la patología cardíaca que afectaba a la víctima, no adoptó los recaudos adecuados a su lex artis al tiempo de realizar las debidas visitas que el cuadro del paciente exigía, sin imponer límites al doliente, no aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos que había indicado a Diego Armando Maradona, desentendiéndose de los efectos adversos -en particular de la Venlafaxina, Quetiapina, Gabapentina, Lurasidona, Naltrexona, Levetiracetam- y eludiendo los controles y/o estudios apropiados de su evolución que implicaban un imperativo ineludible.
Por su parte, a sabiendas de los síntomas que lo aquejaban desde su traslado al barrio San Andrés el 11 de noviembre de 2020, evitó la asistencia correspondiente mediante el apartamiento de los acompañantes terapéuticos Carlos y Alejandro Cottaro, obstaculizando la concurrencia al domicilio de un médico clínico y un nutricionista para la evaluación de la víctima, apartándose del lugar donde se producía la internación domiciliaria, sin adoptar un plan de contingencia y seguimiento adecuado.
En consecuencia, la imputada, teniendo la posibilidad real de evitar la situación de peligro objetivo que creaba su comportamiento, ante el resultado que se presentaba como previsible y evitable, permaneciendo indiferente frente a las notorias falencias apuntadas que no tendió a revertir, asumió desaprensivamente los riesgos que corría la salud de Maradona, y las consecuencias que ello podía generar. Los síntomas visibles de desmejoramiento del paciente y las advertencias de su entorno exigían la asistencia médica inmediata que no procuró y obstaculizó vista su injerencia directa por ser la encargada de suministrarle -o hacerle suministrar- la medicación.
Por último, omitió también encargarse personalmente de la reanimación del paciente al momento en que se detectó que no poseía signos vitales aquél 25 de noviembre de 2020, conforme las buenas prácticas médicas le exigían, en razón de haber sido la única médica presente en el lugar.
El imputado Carlos Ángel Díaz, por su parte, también integrante del equipo médico tratante desde el 26 de octubre de 2020 asumiendo las responsabilidades inherentes al tratamiento psicológico de Diego Armando Maradona, con poder de decisión y control respecto del temperamento psicológico coordinado con las pautas médicas y psiquiátricas a adoptar respecto del paciente omitió disponer su internación en un centro de rehabilitación adecuado conforme estipula y lo facultaban leyes vigentes. Además, paulatinamente, se involucró en el ámbito de actuación profesional de la psiquiatra Cosachov intercediendo en la toma de decisiones ajenas a su incumbencia profesional extendiéndose en las relaciones con el entorno familiar. Además, el 17 de noviembre de 2020, indicó a la psiquiatra Agustina Cosachov que los enfermeros limitaran su actuación sólo al suministro de medicación sin control personalizado y aprovechando esa esfera de poder sobre el paciente para aislarlo de su familia, manipulando a esta última, informándoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión del paciente ocultando al entorno familiar la información relativa al verdadero cuadro de salud del causante, eludiendo de ese modo que ajenos al equipo médico hubieran podido adoptar medidas tendientes a revertir las falencias apuntadas y, en consecuencia, a evitar el desenlace fatal.
Por otro lado, también omitió realizar las visitas y el seguimiento del paciente en tiempo y forma, conforme le era requerido por su especialización y espacio que ocupaba dentro del equipo médico e imposibilitó la oportuna adopción de otros cursos de salvamento que hubieran evitado la muerte a la que fue indiferente.
Por su parte, Nancy Forlini, Jefa Médica a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical Group S.A., a cargo de gerenciar y gestionar debidamente los elementos y medios necesarios para los cuidados de Maradona al momento de su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo, entre los que se encontraba, de conformidad al cuadro del paciente, dotar al lugar, del personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma -entre otros- nada de lo cual propició. Además, Forlini, omitió analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas para un paciente con las limitaciones físicas y psíquicas de Maradona como el resto de los intervinientes.
De otra parte, el Dr. Pedro Pablo Di Spagna, en su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo -al igual que el resto de los intervinientes- de controlar regularmente el estado de salud del paciente. En ese contexto, se presentó en esa calidad tan sólo en dos oportunidades, a saber: el día 12 de noviembre de 2020 oportunidad en que sugirió la realización de una serie de estudios (análisis de sangre y orina, electrocardiograma; placa de tórax y ecocardiograma doppler color) de los cuales nunca se aseguró de su efectiva materialización, seguimiento y/o control en su caso.
Luego, sólo concurrió el próximo 18 de noviembre avalando en su carácter de profesional de la salud una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol y considerar que era necesario el adecuado control clínico del mismo todo lo cual se representó acabadamente.
Mariano Perroni, por su parte, en su carácter de coordinador de enfermeros de la empresa “Medidom Internaciones Domiciliarias S.R.L.”, en pleno conocimiento de la prestación del servicio médico, en especial del manejo de los enfermeros para con el paciente, completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía, simulando que se efectuaba un tratamiento sistemático, lógico y acorde a las patologías que presentaba cuando, en rigor, nada de lo que se colocaba en las planillas se llevaba a cabo omitiendo controlar adecuadamente que los enfermeros a su cargo realizaran los controles que el cuadro indicaba además de presentarse como indiferente a las comunicaciones y/o datos que sí los mismos le cursaban como coordinador para que ejecute las acciones pertinentes.
En consecuencia, Perroni, a sabiendas de la situación de peligro que creaba su comportamiento, apareciendo el resultado como previsible y evitable y mostrándose indiferente con la posibilidad del resultado muerte que se representó, demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia ya que los integrantes de su equipo, de haber actuado de conformidad a la labor esperada, hubieran logrado ser las primeras personas en dar cuenta de la situación real del paciente y advertir sus falencias, a causa de la cercanía y el contacto permanente derivado de la actividad asignada en el caso concreto, y su protocolo de actuación. Luego de ello, con la intención de ocultar su accionar, los dos enfermeros Madrid y Almirón, en connivencia con Perroni, consignaron falsamente en las hojas de enfermería, que el paciente había sido revisado en diversas oportunidades.
Por último, en ese contexto de riesgo para la víctima, los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid, en clara inobservancia de los deberes a su cargo, consistentes -entre otras- en la evaluación constante del paciente; el cumplimiento del tratamiento médico prescripto y en el seguimiento de su evolución (conf. art. 8.5, Anexo 1 de la Resolución 704/2000 del Ministerio de Salud), omitieron asistir a Diego Armando Maradona los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento que esa omisión podía provocar a su muerte.
Concretamente, hallándose a cargo del cuidado de la salud de Diego Armando Maradona en su calidad de enfermeros, Almirón y Madrid prestaron servicios los días de semana, y desde al menos el primer turno desde el día lunes 23 de noviembre hasta el momento que se determinó que la víctima se encontraba sin signos vitales, realizaron cuanto menos chequeos y/o revisaciones deficitarias.
Así, omitieron advertir los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca que evidentemente presentaba, pues de haber desarrollado su función específica y acorde a la buena práctica, hubieren posibilitado un correcto abordaje durante su período agónico de al menos doce horas antes del fallecimiento.”.
El Hecho 2, únicamente atribuido al imputado Luque, fue descripto por la acusación pública en los siguientes términos: “El haber confeccionado falsamente un documento privado cuyo texto reza: ‘Buenos Aires, 1 de septiembre de 2020. Jefatura Archivo Clínica Olivos. De mi mayor consideración, yo, Diego Armando Maradona DNI 14276579, me dirijo a usted para solicitar entregue a mi médico personal Dr. Leopoldo Luque DNI 29271744, copia de mi historia clínica. Desde ya muchas gracias’, estampando al pie la firma apócrifa del damnificado de autos, Diego Armando Maradona ya que no se correspondía de su puño y letra, haciendo uso del mismo cuando el imputado Leopoldo Luciano Luque formalizó la presentación de dicho documento ante las autoridades de la Clínica Olivos el día 2 de septiembre de 2020 mediante la remisión del correspondiente correo electrónico obteniendo en consecuencia en la misma fecha copias de la referida historia clínica provocando perjuicio desde que dicho documento podía solo ser entregado al paciente que desconocía la apócrifa solicitud que nunca formuló y fue hallado en el domicilio particular del imputado Leopoldo Luque de la calle 30 de Septiembre 1856 de la localidad de Adrogué, Provincia de Buenos Aires al formalizarse la diligencia de allanamiento ordenada por el Titular del Juzgado de Garantías Nro. 2 Departamental -Sede Tigre- Dr.
Orlando Abel Díaz en el marco de la causa de referencia el pasado 29 de noviembre de 2020 en horas de la mañana”. Finalmente, el Hecho 3, endilgado únicamente a la imputada Cosachov, ha sido descripto por el Ministerio Público Fiscal en los siguientes términos: “Haber insertado en un certificado médico el siguiente contenido: ‘Bs As. Diego Maradona DNI 14276579. Al momento de la evaluación el paciente se encuentra vigil, orientado en persona, tiempo y espacio. En buenas condiciones de aseo general. 20/10/20’, suscripto por la aquí imputada Agustina Cosachov con su correspondiente sello aclaratorio que reza su nombre y médica UBA ESP. EN PSIQUIATRÍA M.N. 144241, siendo el contenido ideológicamente falso ya que para la época el paciente Diego Armando Maradona se encontraba alojado en el barrio Campos de Roca I de la localidad de Brandsen, Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires sitio al que la imputada nunca compareció a observarlo expidiendo dicho certificado a requerimiento de terceras personas el día 26 de octubre de 2020 conociendo fehacientemente que el estado de la víctima era otro.
Dicho documento además fue hallado en la vivienda de la imputada Cosachov en calle Soler 4120 Piso 5° B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al formalizarse la diligencia de allanamiento mediante el correspondiente exhorto ordenada por el Titular del Juzgado de Garantías Nro. 2 Departamental -Sede Tigre- Dr. Orlando Abel Díaz en el marco de la causa de referencia el pasado 1° de diciembre de 2020 en horas del mediodía en tanto también aquella aseveración falsa fue introducida en la correspondiente historia clínica labradas por la nombrada respecto del damnificado Diego Armando Maradona e incorporada a éste expediente judicial”.
III. Sentado ello, previo a relevar los términos de lo planteado por las partes en las distintas impugnaciones que aquí nos convocan, estimo necesario señalar que, con motivo de los pedidos de audiencias instados -en sus recursos- a tenor de lo normado por los artículos 442 y 447 del Rito penal, por parte de los Defensores particulares de los coimputados Agustina Cosachov, Pedro Pablo Di Spagna, Leopoldo Luciano Luque y Gisela Dahiana Madrid, este Tribunal de Alzada dispuso la materialización de dichas diligencias a los precitados fines.
Es así que, en presencia de los asistentes técnicos de los particulares damnificados presentados en autos (Dres. Mario Raúl Baudry y Carlos Federico Guntin, en representación de Diego Fernando Maradona Ojeda; Fernando Andrés Burlando y Fabián Raúl Améndola, en representación de Dalma Nerea y Gianinna Maradona Villafañe), contando además con la asistencia del Dr. Nicolás Fernando D´Albora (Defensor particular de la coimputada Nancy Edith Forlini), y de los Dres. Vadim Mischanchuk y Christian Eduardo Carlet (Defensores particulares de la coimputada Agustina Cosachov), los asistentes técnicos requirentes se expresaron ante este Tribunal de Alzada en los términos aludidos (Dres. Vadim Mischanchuk, Defensor particular de la coimputada Agustina Cosachov; Dr. Manuel Eduardo Barros, acompañado por el Dr. Facundo Matías Perelli, y su asistido el coimputado Pedro Pablo Di Spagna; Dr. Julio Adrián Rivas, acompañado por la Dra. Mara Digiuni, Defensores particulares del coimputado Leopoldo Luciano Luque; Dres. Rodolfo Amadeo Baqué y Martín Miguel De Vargas, Defensores particulares de la coimputada Gisela Dahiana Madrid).
Vale señalar que dichas diligencias fueron íntegramente registradas por Secretaría, habiéndose adjuntado a este legajo las piezas correspondientes que dan cuenta de ello.
IV. Establecido ello, cabe señalar que, contra la reseñada decisión del Juez a quo, los asistentes técnicos del imputado Luque dedujeron el recurso de apelación de fojas 8666/8723vta.
Iniciaron su presentación efectuando distintas consideraciones en cuanto al rechazo de la oportunamente peticionada nulidad de la pericia de fojas 5217/5285, elaborada en autos por la denominada “Junta Médica Interdisciplinaria”, mediante la cual fueran informadas diversas circunstancias relativas al fatal desenlace aquí investigado.
Al igual que en su anterior planteo (ver fojas 1/8vta. del Incidente de nulidad 4 que corre por cuerda), expresaron su posición cuestionando la intervención de tres profesionales allí actuantes (Corasaniti, Flichman, y Schiter); con sustento en las iniciales declaraciones testimoniales brindadas por dos de ellos en este proceso (Corasaniti y Schiter), al tiempo que -según lo alegado- la restante profesional (Flichman) habría tenido participación en la externación sanatorial llevada a cabo el 11 de noviembre de 2020. Tras afirmar que asistía razón al Juez a quo, en cuanto a que no cuestionaron la aludida integración profesional dispuesta en el momento procesal oportuno para hacerlo, adujeron que los nombrados peritos “debieron excusarse o no aceptar participar en la misma, y no violar la norma” (sic); agregando que -a su entender- resultaba “arbitrario, tendencioso y parcial” (sic), sin que efectuaran mayores precisiones argumentales al respecto.
A su vez, reeditaron las mismas objeciones oportunamente efectuadas respecto al análisis desarrollado en esa experticia y las conclusiones allí vertidas, para luego aducir que no fueron precisados “los principios científicos o prácticos, las operaciones experimentales o técnicas en las cuales fundan sus conclusiones” (sic). También reafirmaron que -a su entender- los peritos actuantes se extralimitaron al efectuar “una valoración de la eventual responsabilidad penal y el grado de la misma” (sic); y entendieron que se verificaba “indefensión para esta parte, debido a que las conclusiones de la pericia limitan o condicionan la capacidad de análisis del Juzgador” (sic). Interpretaron que “Si bien el Sr. Juez (…) negó estar condicionado por las extralimitaciones en las que incurrieron los peritos, no podemos pasar por alto que en el auto apelado se refiere en los mismos términos que la Junta Médica a la internación domiciliaria y le da la misma trascendencia al ‘acta de externación’, por sobre la realidad probada de los hechos” (sic); sin que -en definitiva- introdujeran mayores argumentaciones tendientes a desvirtuar el razonamiento expresado por el Magistrado garante para sustentar su rechazo.
Seguidamente, cuestionaron la desestimada nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que gira en torno al endilgado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Con apoyo en los mismos argumentos expuestos en su anterior planteo (ver fojas 8162/8206), alegaron que dicho requerimiento fiscal no se ajustaba a las condiciones normativamente impuestas para así hacerlo. Entendieron que no se efectuó una detallada, clara y circunstanciada descripción de los hechos atribuidos; siendo que -a su criterio- la acusación pública “no distingue la división de tareas, ni la forma en que se llevó a cabo esta división de trabajo; ni qué rol cumplió o debió cumplir cada profesional de la salud, poniendo en cabeza de nuestro ahijado procesal, por el hecho de ser su médico personal/de confianza/de cabecera, el rol de responsable final de su salud” (sic). A ello agregaron que “no solo no indica qué conductas fueron las que elevaron o crearon el riesgo prohibido, sino que tampoco detalla cuál hubiera sido la conducta debida” (sic). También adujeron que no fue delimitado “el ámbito de competencia de cada uno de los profesionales de la salud (…) para averiguar cuál es el deber de actuación posible y exigible en el caso concreto de cada uno de ellos” (sic). A su vez, objetaron que el Juez a quo haya considerado que el acta de externación sanatorial de fojas 309vta./310 habría de “servir de guía (…) para determinar las responsabilidades concretas que le incumbían a cada uno” (sic); siendo que ello -a su criterio- representaba “una clara violación al principio de división de funciones y de independencia de los Magistrados” (sic).
En este marco, tras reafirmar que el requerimiento fiscal no se ajustaba a las exigencias normativas para así proceder, postularon la revocación del temperamento desestimatorio adoptado por el Juez a quo respecto de ese planteo nulificante.
A continuación, cuestionaron la calificación legal asignada al imputado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal). Luego de efectuar consideraciones respecto de esa figura penal, alegaron que el Código Penal “no contiene ninguna cláusula que permita convertir o equiparar las conductas omisivas a conductas activas (…) siendo el tipo de homicidio simple un tipo activo y cerrado” (sic). Así, postularon que “el tipo legal adecuado según la descripción de los hechos (…) sería el homicidio culposo contemplado en el artículo 84 del Código Penal” (sic). A ello adunaron que -a su entender- los imputados “no tenían un plan criminal común. Algunos galenos no se conocían los unos con los otros” (sic).
Seguidamente, objetaron la valoración de la prueba efectuada por el Magistrado garante respecto a ese mismo evento atribuido.
Tras reafirmar que “de la requisitoria fiscal no surge qué acción u omisión cometió nuestro defendido” (sic), entendieron que, contrariamente a lo expresado por el Juez a quo, la presunta víctima “se encontraba cursando una internación domiciliaria” (sic), tal como así “lo describió en la intimación la fiscalía” (sic). Interpretaron que se había conformado “una división de trabajo horizontal entre el Dr. Luque, la Dra. Cosachov, el Lic. Díaz y la internación domiciliaria que cursaba el paciente” (sic). Así, adujeron que, “además de contar con una cobertura privada de salud -Swiss Medical Group-, el paciente tenía, por fuera de la misma, un médico de su confianza -nuestro defendido-, y un equipo de salud mental -conformado por su psiquiatra y su psicólogo.” (sic). En función de ello, objetaron que el Juez a quo haya concluido que, “para delimitar las responsabilidades de los profesionales actuantes basta con considerar el acta de externación” (sic). Aclararon que esa pieza “fue confeccionada por Clínica Olivos y sus asesores y firmada por los médicos ajenos a dicha clínica y la familia del paciente. No se firmaron varias copias (…) quedó en Clínica Olivos” (sic); agregando a ello que “no fue revisada por los firmantes con anterioridad” (sic).
También adujeron que, en oposición a lo plasmado en esa “acta”, “los participantes de las reuniones en las que se acordó la internación domiciliaria asumieron responsabilidades” (sic). Explicaron que la familia de la presunta víctima “se comprometió a buscar un domicilio nuevo para el paciente (…). Su equipo de salud mental a que continúe el tratamiento iniciado en dicho campo. El Dr. Luque a realizar en el domicilio el seguimiento postquirúrgico y a actuar de nexo con el paciente, en caso de que la familia o el paciente se lo requiriera; y su prepaga a brindar una internación domiciliaria.” (sic).
Así, postularon que “No se le puede otorgar más validez legal a un papel (…) que a los hechos probados mismos. Es cierto que Clínica Olivos confeccionó e hizo suscribir este ‘acta’, pero también es cierto que, a partir de las reuniones llevadas a cabo previas a la externación y del pedido formal (por parte de la Dra. Cosachov) e informal de la familia de llevar el tratamiento de recuperación a través de una internación domiciliaria, su obra social Swiss Medical Group, montó la estructura de una internación domiciliaria en el domicilio escogido” (sic). A ello adunaron que, el día 14 de octubre de 2020 (es decir, tres días después de su externación sanatorial), “se llevó a cabo una reunión (…) entre los directivos de Swiss Medical, sus médicos personales y la familia” (sic), con motivo de los “reclamos (…) del funcionamiento de la internación domiciliaria (…) y se comprometieron, desde Swiss Medical, a enviarle a la Dra. Cosachov cada fin de mes las evaluaciones de los médicos a cargo de la misma.” (sic).
En este marco, postularon que el fatal desenlace investigado ocurrió cuando la presunta víctima “cursaba una internación domiciliaria (…) a cargo de una empresa privada ‘Medidom Internaciones Domiciliarias S.R.L.’ contratada por Swiss Medical a tal fin, y la misma contaba con un equipo propio de enfermeros, supervisores, médico clínico, neurólogo y nutricionista” (sic).
En otro orden de ideas, interpretaron que, si bien era cierto que la presunta víctima contaba con “antecedentes médicos cardiológicos y hepáticos” (sic), no lo era menos que -a su entender- “no tenía ninguna patología actual en dichos campos que requiera tratamiento” (sic). Entendieron que no fueron agregados elementos de prueba indiciarios de la posible existencia de una “enfermedad renal crónica, enfermedad hepática preexistente -cirrosis dual-, e insuficiencia cardíaca congestiva (…) sino que contaba con antecedentes de haber padecido enfermedades en esos ámbitos” (sic). Apuntaron que la presunta víctima “estaba en condiciones de obtener el alta sanatorial 48 horas después de la cirugía efectuada en Clínica Olivos” (sic); y para luego aclarar que su externación fue postergada para “idear un tratamiento que le permita al paciente superar sus adicciones” (sic). A ello agregaron que personal médico de dicho sanatorio, como así también la “asesora psiquiatra que contrató su obra Social, Dra. Waisman” (sic), no informaron posibles “parámetros establecidos en la ley de salud mental (…) para ser internado compulsivamente” (sic).
También aseguraron que Luque “no tenía influencia en las decisiones que tomaba su familia” (sic), al punto tal que “sus propias hijas (…) le dijeron que (…) se ocupe de la parte neurológica, que ellas se encargarían de encontrar un clínico para el seguimiento de su padre” (sic). Asimismo, cuestionaron el criterio sentado por el Magistrado garante relativo a que la información brindada “a los familiares del paciente fue insuficiente, deficiente y sesgada” (sic); postulando que, “de asistirle razón dicha imputación debería ir apuntada contra la dirección médica de la institución, debido a que el paciente se encontraba internado, es decir bajo su órbita y cuidado.” (sic). A su vez, objetaron la posibilidad de que Luque, “en su rol de médico de cabecera del paciente, no lo haya internado compulsivamente en un centro de rehabilitación” (sic). A su entender, ello “no sólo desvirtúa e intenta cuestionar el criterio médico escogido (…) asegurando que el paciente no contaba con la capacidad necesaria para decidir” (sic), sino que además -a su criterio- no se verificaban las pautas impuestas por la Ley 26.657 (comúnmente llamada Ley de “Salud Mental”), al no advertirse “parámetro clínico (riesgo cierto e inminente para sí o para terceros) ni consentimiento del paciente” (sic). Recordaron que Luque es médico neurocirujano, siendo así que, “ante una circunstancia de salud que exceda su especialidad, y encontrándose en la función de médico de confianza” (sic), habría de arbitrar las medidas del caso. Tan es así que, a su criterio, “su obra social (…) montó la compleja estructura de una internación domiciliaria, la que dirigió de principio a fin” (sic).
Asimismo, cuestionaron la imputación relativa a que, el día 18 de noviembre de 2020, Luque “se abstuvo de actuar conforme las reglas del buen arte de curar” (sic). Entendieron que no resultaba “clínicamente posible” (sic) que una persona pueda “encontrarse cursando un edema agudo de pulmón desde el día 18 hasta el día 25. (…). Además quedó probado (…) que nuestro defendido no sólo no menospreció la advertencia dada (…) sino que él mismo día 18 concurrió, aun sin la obligación de tener que hacerlo, al domicilio para corroborar si efectivamente estaba hinchado. Lo examinó y no lo corroboró.” (sic).
A todo ello agregaron que el paciente “fue evaluado cardiológicamente dos veces en 2019 y dos veces en 2020 (…) sin que ninguno de los cardiólogos haya encontrado ningún hallazgo significativo” (sic). Adunaron que “los médicos que lo monitorearon durante la internación (…) coincidieron que no se podían representar de ningún modo que iba a fallecer por un evento cardiológico.” (sic). Así, interpretaron que la presunta víctima “falleció de un evento cardiológico agudo y no crónico (…). La insuficiencia cardíaca fue aguda y comenzó el día 25 de noviembre, mismo día en el que fallece durmiendo en su cama.” (sic). Estimaron que, si bien su corazón “era más grande que uno normal, ello se debe (…) a su actividad física durante su vida deportiva” (sic).
En este contexto, señalaron que Luque “no dejó hasta el fatal desenlace de ser su médico de confianza, y como tal, consideró que la mejor alternativa para él era hacer un tratamiento psiquiátrico por sus adicciones y llevarlo a cabo a través de una internación domiciliaria, prestada y dirigida por su medicina prepaga, que llevaba a cabo el seguimiento clínico y los eventuales tratamientos que pudieran surgir (…) con personal contratado a tal fin que siempre supuso idóneo y capacitado para realizarlo.” (sic). Aseguraron que “no falleció librado a su suerte ni en situación de abandono, falleció en un domicilio que su familia eligió (…) cursando una internación domiciliaria (…) por una patología cardiológica aguda” (sic).
Así, concluyeron que Luque “no ejerció acto alguno que permita representar reproche penal” (sic); instando por ello la revocación del temperamento adoptado, y el consecuente sobreseimiento de su asistido en orden al precitado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal). Con relación al endilgado Hecho 2 (uso de documento privado falso; artículo 292 del Código Penal), tras efectuar una reseña de lo peticionado en su oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio, como así también a lo decidido por el Juez a quo al respecto, los impugnantes afirmaron que “Si bien esta excepción no resulta ser el medio habitual para declarar la inexistencia del delito investigado, esta negativa no puede ser absoluta y debe ceder cuando, de la descripción de los hechos efectuada en un requerimiento de elevación a juicio y del examen de las actuaciones, surge con toda evidencia la ausencia de encuadramiento de los hechos en las figuras penales determinadas por tal requerimiento” (sic).
También insistieron en expresar que el evento endilgado “resulta atípico (…) toda vez que no se encuentra acreditada la concurrencia de un elemento típico constitutivo del mismo: el perjuicio causado (…) o que pudiera ocasionar” (sic). Postularon que el artículo 292 del Código Penal “exige, para que se configure el delito, que la falsificación pueda generar perjuicio” (sic); para luego asegurar que ese perjuicio “nunca se configura por el sólo hecho de utilizar el documento privado adulterado, sino que debe consistir en la posibilidad de que (…) se vulnere algún otro bien” (sic). A su criterio, dichos extremos no se verificaban en el presente caso, en la medida en que su asistido “no causó ningún tipo de perjuicio a ninguna de las partes, por el contrario, sirvió para que el paciente comprenda su enfermedad real y comience la realización de un tratamiento psiquiátrico para dicha patología” (sic), como así también para “elaborar un plan concreto para tratar sus dolencias” (sic).
En este marco, tras alegar que la acusación pública “no explica qué perjuicio causó o pudo causar” (sic) su asistido a partir de dicho accionar, y enfatizar que el Magistrado garante “no ha tratado correctamente los argumentos de esta defensa” (sic), solicitaron la revocación del temperamento adoptado al respecto, y el consecuente sobreseimiento de Luque en orden a ese evento.
En oportunidad de llevarse a cabo la peticionada audiencia a tenor del artículo 447 del Rito penal, el Defensor particular -Dr. Rivas- reafirmó los términos de lo alegado, para luego peticionar -en forma subsidiaria- un cambio de calificación legal respecto del atribuido Hecho 1 en orden al delito de “homicidio culposo” (sic), tal como así surge de las constancias adjuntas al legajo.
V. En su presentación recursiva de fojas 8628/8664vta., los Defensores particulares de la imputada Cosachov peticionaron la revocación del temperamento adoptado en los términos decididos. En primer término, cuestionaron el rechazo de la nulidad articulada con relación a la pericia de la citada “Junta Médica Interdisciplinaria” (conforme así fuera peticionado a fojas 11/17 del Incidente de nulidad 4). Tras hacer referencia a lo decidido por el Juez a quo, insistieron en postular que los profesionales allí actuantes “tomaron en consideración (…) para arribar a conclusiones incriminatorias” (sic) la declaración testimonial inicialmente prestada por Cosachov, cuando aún no había sido notificada en los términos de los artículos 60 y 162 del Rito penal. Luego de reproducir ciertas expresiones allí vertidas, adujeron que “más allá que no se haya nombrado concretamente a la Dra. Cosachov” (sic), tal como así lo sostuvo el Juez a quo en su decisión, ello -a su entender- “no subsana que se hayan tomado sus manifestaciones” (sic). A ello adunaron que “resulta imposible saber qué grado de injerencia tuvo la declaración de la Dra. Cosachov en las conclusiones arribadas” (sic).
Así, tras señalar que “el perjuicio concreto” (sic) se encontraba -a su criterio- verificado a partir del hecho de que “se utilizó una declaración testimonial de una de las imputadas para dictaminar pericialmente en contra de la misma imputada y (…) luego sirvió de basamento para citar a prestar declaración de imputado, requerir la elevación a juicio y hasta elevar la presente causa a juicio” (sic), instaron la “nulidad del informe médico pericial (…) y todos sus actos consecuentes” (sic); sin que -en definitivaintrodujeran mayores precisiones argumentales con relación a los motivos desestimatorios expresados por el Magistrado garante al respecto. En forma subsidiaria, cuestionaron la decisión de elevar a juicio la presente causa respecto de su asistida en orden al Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Luego de señalar que “los elementos de cargo no superan a los de descargo” (sic), estimaron que en el aludido requerimiento fiscal, como así también en la resolución apelada, no fue precisada “cuál de las múltiples conductas fue lo que habría originado la lamentable pérdida -pues se trata de conductas diferentes de diversos médicos y enfermeros hasta con distintas especialidades” (sic); extremos éstos que -a su entenderconculcaban el derecho de Defensa en juicio de su asistida, “por desconocer de cuál de todas las conductas debemos defendernos” (sic).
A ello adunaron que “tampoco surge una clara división de conductas de los supuestos coautores basadas en un plan criminal pactado con anterioridad. Se desconoce cuál era el rol que (…) debían llevar a cabo y cuál era la función que debía cumplir cada uno de ellos para llegar al objetivo de la muerte” (sic). Tales circunstancias, a su criterio, permitirían “saber (…) si todos cumplieron con ese aporte homicida o por el contrario, si alguna de las conductas desarrolladas podría haber sido abstracta” (sic). A continuación, adujeron que no se logró prima facie acreditar que, “de haber estado internado el paciente en otro lugar (…) el resultado no se hubiera producido” (sic). Entendieron que “de ser previsible el evento cardiológico que llevó a la muerte (…) por qué motivo se le dio el alta sanatorial” (sic). También estimaron que, al momento de prestar declaración a tenor del artículo 308 del Rito penal, no fue endilgada a su asistida una “supuesta falta de información a la familia al momento del alta sanatorial del paciente” (sic). A su criterio, ello constituía “una clara violación al principio de congruencia, con el claro perjuicio de haberle impedido dar explicaciones en su momento” (sic).
En lo atinente a la informada capacidad de la presunta víctima, postularon que “a la fecha de los hechos, no existía ninguna resolución judicial, ni informe de equipo interdisciplinario que sostuviera algún tipo de incapacidad” (sic). Adujeron que los peritos dictaminantes en autos no habían “evaluado nunca al paciente” (sic) en vida, verificándose además una “confusión (…) entre capacidad reducida y capacidad restringida” (sic). También expresaron que “el riesgo cierto e inminente al que alude la Ley de Salud Mental está referido a riesgo psiquiátrico no clínico (…) no alude a eventos cardiológicos que nada tiene que ver con la psiquiatría” (sic). Destacaron que la presunta víctima “contaba con el alta sanatorial de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a múltiples y complejos estudios cardiológicos con resultados óptimos (…) caso contrario (…) no le hubiera otorgado el alta sanatorial” (sic). A partir de ello, se cuestionaron “de dónde surge ese conocimiento de riesgo cardiológico que se debía tener sobre el paciente” (sic), quien -a su entender- presentaba un “ínfimo compromiso clínico, pues su corazón estaba bien según los estudios con los que se le otorgó el alta sanatorial” (sic).
Con respecto a la endilgada decisión de prescindir del servicio de acompañantes terapéuticos, entendieron que no se logró prima facie acreditar que ello “haya determinado la muerte del paciente, sobre todo cuando durante las 12 horas desde el comienzo de agonía que padeció (…) estaba presente una enfermera a cargo de su cuidado” (sic). Adujeron que “todos los días se le controló los signos vitales al paciente y con parámetros que no indicaban una descompensación cardiovascular como la que tuvo” (sic). Interpretaron que “la hinchazón por retención de líquidos (…) no siempre es signo de una afectación cardiovascular” (sic). Estimaron que el hecho de que la presunta víctima haya sido externada “sin patología cardíaca alguna no es un dato menor (…) puesto que ello implica guiar a los profesionales de la salud (…), descartando cuestiones cardiológicas” (sic). A ello adunaron que “la medicación indicada por nuestra defendida fue exactamente la misma que (…) recibió durante su internación (…) período en el cual (…) solucionó sus complicaciones clínicas y egresó sin patología cardíaca alguna” (sic).
En otro orden de ideas, consideraron que tampoco se logró prima facie justificar que su asistida “tuvo intención de matar (…) ni siquiera con un dolo eventual” (sic). Tras alegar que no se contaba con elementos de prueba indiciarios de que aquélla “se haya representado la posibilidad cierta de la muerte (…) y a pesar de ello haya continuado su conducta” (sic), postularon que “a lo sumo se le podría imputársele -sin que ello implique certeza de responsabilidad- una culpa con representación” (sic). Adunaron que tampoco se logró prima facie probar el eventual “móvil” (sic) que Cosachov, como así también el resto de los imputados, pudieran haber tenido “para dejar morir” (sic) a la presunta víctima. Así, estimaron que no fue justificado, con el grado de conocimiento exigido, un posible “plan criminal acordado para distribuirse los roles con anterioridad” (sic). A partir de todo ello, luego de considerar que no se logró prima facie acreditar que Cosachov pudiera haber llevado a cabo “un accionar contrario a la norma (…) como así tampoco una relación causal entre el resultado y el accionar médico desplegado” (sic), instaron su sobreseimiento en orden al precitado evento (artículos 45 y 79 del Código Penal).
En cuanto al endilgado Hecho 3 (falsedad ideológica; artículo 293 del Código Penal), los asistentes técnicos también requirieron su sobreseimiento.
Luego de hacer referencia a lo decidido por el Juez a quo, como así también a lo alegado por aquéllos en su oposición a la elevación a juicio de fojas 8207/8248, aseguraron que “más allá del error no intencional en la consignación de la fecha, V.S. no ha dado respuesta al planteo” (sic), relativo a que “no se ha acreditado el uso de ese supuesto documento falso (…) y por ello no hubo perjuicio alguno” (sic). En ese marco, tras reafirmar que el evento atribuido carecía de “trascendencia jurídico penal” (sic), solicitaron la revocación del temperamento adoptado en cuanto al punto. Finalmente, efectuaron reservas de recurrir en instancias ulteriores. En la oportunidad de materializarse la audiencia ante este Tribunal en los términos de lo normado por el artículo 447 del Rito penal, el Defensor particular actuante -Dr. Mischanchuk- reafirmó los términos de lo alegado, tal como así surge de autos.
VI. En su recurso de apelación de fojas 8590/8605vta., los Defensores particulares del imputado Díaz también solicitaron la revocación del decisorio impugnado.
Tras afirmar que el Juez a quo erróneamente consideró prima facie acreditada una “posición de garante” (sic) de su asistido, efectuaron una reseña del abordaje profesional que aquél habría desarrollado respecto de la presunta víctima, “tendiente a que superase el cuadro de severa adicción que presentaba” (sic). Adujeron que Díaz “no es médico ni desempeñó tareas análogas a las de esa profesión” (sic); y que además no “dirigió el proceso de internación domiciliaria” (sic).
Aclararon que Díaz no indicó al personal capacitado en enfermería interviniente que “dejara de hacer lo debido, sino que realizase su tarea de modo tal que no perturbase el tratamiento de recuperación” (sic); circunstancia ésta que, a su entender, no resultaba indiciaria de una posible “acción orientada a acabar con la vida de Maradona” (sic). A ello agregaron que los acompañantes terapéuticos “fueron removidos ambos por decisión de Agustina Cosachov” (sic); aclarando luego que Díaz la había asesorado en tal sentido.
Por otra parte, cuestionaron la tesis relativa a que Díaz ejerció ascendencia en Luque y Cosachov respecto de la toma de decisiones. Con apoyo en ciertas transcripciones de mensajería aportadas, adujeron que se evidenciaba “incomodidad” (sic) y “desprecio” (sic) por parte de los dos nombrados hacia Díaz. Advirtieron que este último “era denostado por querer introducir un neurólogo en el equipo médico” (sic). Enfatizaron que Díaz “hablaba con sus familiares y personas cercanas para contribuir a un mejor desarrollo del tratamiento de rehabilitación (…) no se le aceptaban las sugerencias que realizaba sobre determinada medicación (…) pero que claramente dejaba sujeto a la decisión de la psiquiatra interviniente” (sic). En otro orden de ideas, objetaron la imputación relativa que Díaz debió haber procurado una internación compulsiva de la presunta víctima. Tras efectuar diversas consideraciones respecto de los alcances normativos de la Ley 26.657 (Ley de “Salud Mental”), postularon que Díaz “no estaba facultado ni obligado a disponer la internación (…) en ningún centro de rehabilitación o nosocomio de cualquier índole para tratar su adicción al alcohol” (sic). A ello adunaron que, a la luz del estado de salud de la presunta víctima, tampoco se verificaban las condiciones normativamente impuestas para así proceder.
Por otra parte, señalaron que la actividad profesional desarrollada por Díaz, “por ser un especialista en el área de las adicciones (…) comenzó de una manera muy positiva y se pudieron constatar avances en el tratamiento y mejorías dentro del ámbito de las adicciones” (sic). Enfatizaron que el nombrado se “comprometió con la familia (…) mostrándose predispuesto (…) velando en todo momento por la salud mental de su paciente específicamente en las implicancias provocadas a partir de sus adicciones” (sic). Frente a todo ello, consideraron que “el desempeño y el rol que le cupo (…) ha sido desnaturalizado para moldear una imputación cuyo relato se retroalimenta de abstracciones e imprecisiones” (sic). Así, concluyeron que “la acusación formulada por la Fiscalía no sólo adolece de sentido y precisión; sino que, además, también carece de fundamento legal, con lo cual no hay acción u omisión reprochable” (sic).
También cuestionaron la tesis fiscal relativa a que Díaz “omitió realizar las visitas en debido tiempo y forma” (sic). Explicaron que el nombrado “elaboró una serie de pasos (…) con visitas programadas para el chequeo de su evolución” (sic), tal como así podía apreciarse -a su entender- en las transcripciones de mensajería agregadas en autos. Luego de expresar que “la realización de visitas estrictamente personales no es esencial para estos tratamientos” (sic), alegaron que Díaz visitó a la presunta víctima “todas las veces que se le permitió, estuvo a disposición de la familia con el compromiso profesional que el caso requirió. Por ello, no hay conducta que reprocharle.” (sic).
En cuanto a la hipótesis relativa a que Díaz imposibilitó que se adoptaran “distintos cursos de salvamento” (sic), adujeron que “estas conductas no han sido descriptas por la acusación pública; y no conformes con ello, aseguran que de no haber existido estas acciones -que no sabemos cuáles son- no se hubiese producido el desenlace fatal” (sic). Así, con apoyo en citas de doctrina que reprodujeron, alegaron que esa “atribución vaga, genérica e imprecisa no puede ser aplicada (…) como acción típica del delito imputado” (sic). A ello agregaron que “si lo que se busca reprochar es una ‘no conducta’, tampoco se configuraría el supuesto” (sic); por cuanto -a su criterio- “además de no haber sido probados los parámetros que realizan al tipo penal, se estaría vulnerando el principio de legalidad” (sic).
En otro orden de ideas, refutaron la posibilidad de que Díaz haya podido haberse representado el fatal aquí desenlace investigado, y que además se habría conformado con ello. Apuntaron que, en las distintas transcripciones de mensajería aportadas en autos, “no surge (…) consideración seria del resultado, sino (…) supuestos hipotéticos sobre la responsabilidad que le cabría por una eventual internación o participación médica (…) en un contexto medicinal, y -bajo ningún punto de vista- del de un plan delictivo.” (sic). Enfatizaron que Díaz “propuso la intervención de un médico permanente” (sic), y que además “en todo momento veló por la salud mental (…) de acuerdo al rol que cumplía como psicólogo” (sic); sin que -a su entender- haya sido prima facie acreditado “un desprecio sustancial hacia la vida” (sic) por parte de aquél.
Con relación al endilgado “plan elaborado” (sic), señalaron que los presuntos “aportes no están individualizados concretamente en la acusación” (sic). Adujeron que, en caso de que “la fiscalía pretenda mostrar una correlación entre su intervención y el resultado fatídico (…) deberá mostrar que el mismo dependía decisivamente de su voluntad” (sic). Insistieron en cuanto a que Díaz “no tenía poder de decisión y mucho menos la voluntad de que se desencadene el resultado” (sic); para luego enfatizar que, en su condición de psicólogo, Díaz integraba “la esfera médica que rodeaba” (sic) a la presunta víctima, habiendo cumplido “acabadamente con su cometido” (sic).
A partir de todo ello, tras afirmar que “los fiscales se dedicaron a formular acusaciones abstractas que carecen de una pretensión objetiva” (sic), postularon que -a su entender- no se encontraban reunidas las condiciones necesarias para disponer el inicio de la etapa plenaria en esos términos, instando así la revocación del decisorio apelado, y el consecuente sobreseimiento de su asistido en orden al citado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
VII. En su recurso de apelación de fojas 8609/8627, el Defensor particular de la imputada Forlini también peticionó la revocación de la decisión en crisis.
Inició su presentación haciendo alusión a los términos de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, como así también a lo expresado en su oposición de fojas 8253/8269, mediante la cual refutó lo endilgado por la acusación pública a su asistida. A continuación, hizo referencia a lo decidido por el Juez a quo al respecto, y postuló que se verificaba una “falta de congruencia entre las omisiones imputadas en el requerimiento fiscal y el auto de elevación a juicio, con las correlativas violaciones a la garantía de imparcialidad del tribunal y del principio acusatorio” (sic).
Adujo que la acusación pública, “sobre la base de entender que lo que se había acordado fue una internación domiciliaria” (sic), atribuyó a Forlini “las siguientes omisiones: 1) no dotar al lugar de enfermería especializada en salud mental; 2) no dotar al lugar de acompañamiento terapéutico; 3) no dotar al lugar de nutricionista; 4) no dotar al lugar de aparatología avanzada para RCP avanzada; 5) no garantizar estudios de laboratorio; 6) no garantizar estudios de electrocardiograma; 7) no analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas.” (sic).
Aunado a ello, interpretó que “en el auto de elevación (…) V.S. le reprochó a mi defendida las siguientes omisiones: 1) no haber instado a la adopción inmediata de decisiones inmediatas de reaseguro a Cosachov con respecto a la salud del paciente; 2) no haber adoptado disposiciones tendientes a revertir ‘los paupérrimos controles de enfermería’ que se le practicaban al paciente, para así tener un ‘monitoreo más adecuado y fidedigno del real estado de salud’; 3) no haber incentivado nuevas evaluaciones de clínica médica o cardiológica; 4) no haber dispuesto la concurrencia de una ambulancia al domicilio que ponderara el estado del paciente y la consecuente posibilidad de trasladarlo a un nosocomio.” (sic). A partir de ello, postuló que el Juez a quo, “al coincidir con esta defensa en todos sus argumentos, ha debido esforzarse para encontrar nuevas omisiones que pudiera reprocharle a mi defendida” (sic); quien -a su criterio- “no tuvo la oportunidad de defenderse materialmente de lo que ahora V.S. le achaca.” (sic). Así, con apoyo en el “principio de congruencia, como consecuencia necesaria del derecho de defensa” (sic), alegó que el Magistrado garante “dictó la elevación a juicio sobre la base de una imputación diversa” (sic), sin que el Ministerio Público Fiscal haya ampliado “su acusación en el requerimiento” (sic). A ello adunó que el Juez a quo debió resolver “la contienda entre quien sostiene la imputación y quien la resiste, pero nunca (…) decidir la imputación” (sic). Por todo ello, instó la revocación de dicho resolutorio.
En forma subsidiaria, el impugnante dedujo distintos cuestionamientos a los aspectos allí decididos.
Por un lado, objetó la tesis relativa a que Forlini “omitió tomar medida alguna” (sic) tendiente a revertir el cuadro de situación que presuntamente se estaba desarrollando. Entendió que resultaba necesario que sea especificada “la conducta debida, a los efectos de poder proceder a imputar el resultado a su falta de realización” (sic); recaudo éste que -a su entenderno fue cumplimentado en autos. También apuntó que el Magistrado garante consideró que “la evaluación de las condiciones de la vivienda no era tarea de mi defendida sino del equipo médico tratante” (sic); y que ello no debía ser “mensurado desde esta judicatura, en respeto de las garantías fundamentales del proceso -debido proceso, defensa en juicio, imparcialidad del juzgador y principio acusatorio y de congruencia-” (sic). Según el impugnante, “si V.S. hubiera adoptado el mismo criterio con respecto a Nancy Forlini, habría dictado su sobreseimiento.” (sic).
En cuanto a la reprochada “posición de garante” (sic) de su asistida, advirtió una contradicción en el desarrollo argumental expresado. Interpretó que, por un lado, el Magistrado garante “parece hablar del nacimiento de una posición de garante basada en el ‘bloqueo’ de información, y al mismo tiempo admite que esa información era efectivamente transmitida por Nancy Forlini a Cosachov” (sic). Aclaró que “la falta de comunicación directa entre los enfermeros y los interconsultores estaba sólo limitada a la vía telefónica, puesto que los médicos tratantes, al constituirse en el domicilio, podían tanto informarse de la situación conversando con los enfermeros, como accediendo a los registros de enfermería” (sic). Apuntó que esa directiva fue emitida por Cosachov hacia Forlini, tratándose de un “acto de colaboración de Nancy Forlini con el equipo médico tratante” (sic), que -a su entender- no justificaba la endilgada “posición de garante con respecto a la vida y la salud” (sic) de la presunta víctima. Adunó que la “posición de garante de Nancy Forlini (…) sólo podría afirmarse si (…) hubieran sido desplazados los garantes originarios, es decir, Luque, Cosachov y Díaz” (sic). Pese a ello, “los agentes fiscales como V.S. siguen sosteniendo la posición de garante de los mencionados profesionales” (sic).
También señaló que el Juez a quo consideró prima facie acreditado que Forlini no adoptó “en ningún caso, una decisión médica” (sic). A criterio del impugnante, ello resultaba indiciario de que Forlini “no pudo haber puesto en riesgo el bien jurídico, ya que éste ya se encontraba en riesgo en virtud de los desmanejos del equipo médico tratante” (sic); quienes -a su criterio- estaban en pleno conocimiento del estado de salud de la presunta víctima. En cuanto a los atribuidos “escasos controles de signos vitales” (sic), aseveró que ello “fue una determinación de los propios médicos tratantes, razón por la cual ‘no hacer nada al respecto’ no puede fundamentar una posición de garante (…) sino simplemente la ejecución de las directivas” (sic). Destacó que el Juez a quo tuvo por prima facie probado que “la única indicación proveniente de los médicos que comandaban los cuidados domiciliarios -Luque, Cosachov y Díaz- (…) era la de velar por el suministro de las drogas indicadas, en debido tiempo y forma. No habría indicación médica alguna relativa a la toma de signos vitales” (sic). Por otra parte, señaló que, a criterio del Magistrado garante, se encontraba prima facie acreditado que los tres imputados aludidos (Luque, Cosachov y Díaz) habrían estado debidamente anoticiados respecto del “empeoramiento paulatino del estado de salud del paciente (…) falta de apetito, prolongadas jornadas de sueño (…) rechazo a recibir visitas de profesionales médicos (…) taquicardia (…) edematización” (sic). A partir de ello, el impugnante descartó la posibilidad de que la endilgada “mediatización” (sic) de la información, respecto al estado del paciente, “habría generado una peor atención médica” (sic). Por el contrario, consideró que ello “sólo podría configurarse ante el desconocimiento de los médicos tratantes del estado real de salud del paciente” (sic); extremo éste que -a su entender- no se verificaba en el caso.
En cuanto a la “omisión de instar a Cosachov a la adopción inmediata de decisiones de reaseguro” (sic), alegó que esa “imputación de V.S. luce contradictoria” (sic). Argumentó que, por un lado, el Juez a quo “admite que las decisiones de reaseguro correspondían a Cosachov pero, por el otro, le reprocha a Nancy Forlini no haberlas instado, como si se tratara de la superior jerárquica de Cosachov” (sic). Con respecto a la atribuida “omisión de revertir los ‘paupérrimos controles de enfermería’” (sic), precisó que, tal como “ha sido reconocido por V.S., la dinámica de los controles de enfermería fue definida por el equipo médico tratante” (sic). Así, a criterio del impugnante, Forlini “no tenía la capacidad de intervenir (…) por no ser la profesional a cargo de la vida y la integridad física del paciente” (sic). Siguiendo esas mismas premisas, el Defensor objetó la atribuida “omisión de incentivar nuevas evaluaciones de clínica médica o cardiológica” (sic), como así también la “concurrencia de una ambulancia al domicilio que ponderara el estado de salud del paciente y la consecuente posibilidad de trasladarlo a un nosocomio” (sic). Postuló que, más allá de que Forlini efectivamente “puso a disposición” (sic) tales servicios, la nombrada no era la persona que debía instar la materialización de tales medidas, por cuanto -a su entender- existía un equipo médico tratante encargado de ello, quien además tenía pleno conocimiento de todas las circunstancias vinculadas al estado de salud de la presunta víctima.
También adujo que “el carácter de médica (..) no permite achacarle omisiones relativas a la función médica cuando no las cumplía en el caso específico” (sic). Así, “descartada (…) la modalidad de internación domiciliaria por V.S., las únicas omisiones que se le pueden achacar (…) son aquellas relativas a la misión específica que debía cumplir: garantizar las prestaciones solicitadas por el equipo médico tratante y autorizadas por Auditoría Médica. El rol (…) era administrativo y de coordinación, en ningún caso asistencial.” (sic). A ello adunó que “no la vuelve garante en relación al bien jurídico protegido” (sic) el hecho de que, según el Juez a quo, “frente al conocimiento de una emergencia y la ausencia inmediata del equipo médico tratante, pudiera activar algún mecanismo de salvataje” (sic). En función de ello, el impugnante entendió que el decisorio apelado “no puede ser reputado como un acto jurisdiccional válido (…) por haberse excedido en su jurisdicción” (sic), y por cuanto además “es autocontradictori[o]” (sic). Así, siendo que -a su criterio- no se encontraban reunidas las condiciones necesarias para disponer el inicio de la etapa plenaria, instó la revocación del temperamento adoptado, y el sobreseimiento de su asistida en orden al Hecho 1. En forma subsidiaria, solicitó la revocación de dicho resolutorio, y la devolución del legajo a la instancia de origen “a los efectos de que se dicte un nuevo fallo, ajustado a derecho” (sic), formulando además reservas de acudir a instancias ulteriores.
VIII. En su presentación recursiva de fojas 8606/8608, los Defensores particulares del imputado Perroni también instaron la revocación de la decisión en crisis.
Tras relevar los términos de lo resuelto en torno al endilgado Hecho 1, alegaron que se verificaba “una errónea calificación del rol que desempeñaba” (sic) su asistido. Entendieron que su “inclusión en un grupo de WhatsApp” (sic) no resultaba “determinante (…) para realizar una secuencia de conductas que debió realizar (…) las cuales le competen a otros imputados” (sic).
Por otra parte, luego de efectuar distintas consideraciones respecto a la figura penal endilgada, interpretaron que Perroni “tuvo que haber querido el resultado para calificar el delito como homicidio simple y no suponer que, por el conocimiento que pudo o no tener en base a la integración de un grupo de WhatsApp, hacen a los elementos integrativos del elemento subjetivo” (sic). Aclararon que Perroni “siempre estuvo en contacto con Forlini a quien le manifestaba la situación” (sic); y enfatizaron que la nombrada “obligaba a que todo lo que suceda debía ser informado a ella” (sic). Afirmaron que el Juez a quo omitió “tener en cuenta la ausencia de materialización de la conducta de Perroni en el resultado de muerte” (sic); al tiempo que -a su entender- no fue establecido “un cuadro normativo de cómo debió actuar Perroni (…) siempre actuó dentro del riesgo permitido que tiene el ejercicio de sus conductas como coordinador de enfermeros” (sic). Destacaron que aquél no “medicaba, ni daba ese tipo de indicaciones por cuestiones obvias. Son los médicos tratantes quienes se encargan (…) solo tenía que completar los turnos de los enfermeros” (sic). Así, postularon que no existe “un actuar relevante y menos aún a título de dolo eventual” (sic) por parte del nombrado.
También alegaron que Perroni fue imputado en orden a una acción presuntamente “antirreglamentaria con conocimiento pleno del daño que podría causar su actuar” (sic); extremo éste que, a su entender, “exige un grado de previsibilidad y evitabilidad lo que trae aparejado una construcción normativa de lo que se entiende por actuar doloso/dolo” (sic). A partir de ello, advirtieron “una grave incongruencia al normativizar el actuar de Perroni teniendo como norte una conducta con dolo eventual y luego finalizar con una conclusión de que la violación de dichas reglas hace presumir el conocimiento y voluntad de querer el resultado lesivo.” (sic). A ello agregaron que “se debe analizar profundamente qué es la coautoría y dentro de esta figura el rol y la participación de cada uno que se dirija concreta y precisamente a un resultado posible conforme a la mecánica de los hechos investigados y a las conductas desplegadas por los imputados” (sic). Así, luego de postular que no se presentaban “las condiciones de hecho y derecho que permitan imputarle un resultado típico” (sic), solicitaron el sobreseimiento de Perroni en orden al endilgado evento, efectuando además las reservas de recurrir en instancias superiores.
IX. A su turno, el Defensor particular del imputado Almirón apeló dicha resolución, instando también la revocación del temperamento adoptado a su respecto con relación al endilgado Hecho 1 (ver fojas 8736/8749vta.).
Inició su presentación señalando que el Juez a quo “ha enderezado en parte, la errónea interpretación fáctica de los sucesos llevada adelante por parte del MPF” (sic). Tras apuntar que la acusación pública endilgó la presunta implementación -en el caso- de “una internación domiciliaria” (sic), alegó que ello fue “enderezad[o] por el Sr. Juez Garante” (sic), quien “estableció (…) que se trataron de cuidados domiciliarios” (sic). Aclaró que dicha “cuestión no es secundaria, puesto que el MPF apoyó todo su reproche legal en una supuesta internación domiciliaria (y consecuentemente toda la normativa existente en relación al tópico) […] Cargándolo de un sinnúmero de responsabilidades que en la realidad no asumió” (sic).
Luego de afirmar que Almirón “no fue enfermero en el marco de una internación” (sic), el Defensor enfatizó que las “reglas de una internación y de los cuidados domiciliarios difieren abismalmente” (sic). A partir de ello, consideró que el “reproche en cuanto a las reglas del arte que ha desarrollado/asumido mi pupilo, claramente han variado” (sic); verificándose así -a su entender- una falta de “congruencia de la resolución y lo coloca a mi defendido en una situación legalmente injusta” (sic). Por otra parte, luego de señalar que la acusación pública sustentó su imputación en lo normado por la Resolución 704/2000 del Ministerio de Salud de la Nación (relativa a las “internaciones domiciliarias”), efectuó diversas consideraciones respecto a los alcances de dicho cuerpo normativo.
Interpretó que, en el caso de los “cuidados domiciliarios” (sic), los pacientes no se encuentran transitando “un cuadro en el que su vida se encuentra en riesgo (…) es utilizada para pacientes que presentan una patología de seguimiento y acompañamiento” (sic), tal como así se verificaba -a su criterio- en el caso de autos. Postuló que ese último tipo de servicio resultaba compatible con “las tareas por las que fue delimitado su campo de acción, por las que fue contratado y las que debía y que efectivamente cumplió” (sic). Apuntó que el Juez a quo consideró prima facie acreditado que la única tarea que le fuera asignada a su asistido habría consistido en el suministro de los fármacos prescriptos en tiempo y forma.
Asimismo, entendió que se verificaba un “incongruente e ilógico” (sic) razonamiento por parte del Magistrado garante, al considerar reprochable a su pupilo el incumplimiento de las conductas previstas en la Ley 12.245 (comúnmente llamada del “Ejercicio de la Enfermería”). Argumentó que, en el presente caso, esas condiciones “no fueron las contratadas, asumidas ni exigibles legalmente a mi pupilo” (sic), sin que además exista “norma específica en relación a los cuidados domiciliarios” (sic). En todo este marco, sintetizó que “la imputación (…) por parte del MPF fue errónea, tratando el caso como una internación domiciliaria y ahora el Sr. Juez Garante haciendo alusiones genéricas como ‘cumplimiento fiel a las reglas propias del arte’, cae nuevamente en el error invocando una norma que trata del ejercicio de la enfermería.
El MPF y el Sr. Juez de Garantías lo han colocado en una posición de garante de la vida (…) más allá de lo que verdaderamente se pudo representar y de las funciones, obligaciones, información y prescripciones que tenía y que asumió.” (sic).
Alegó que su asistido “realizó las tareas que legalmente asumió” (sic), pudiendo incluso constatar “la taquicardia y la edematización del pie derecho” (sic), como así también “las señales que daba” (sic) la presunta víctima. Entendió que, “sin contar con la información completa del paciente era imposible de que llegue a una conclusión médica, a la representación penalmente aludida, la posibilidad de muerte.” (sic). También recordó que Almirón “no es galeno, con lo cual nunca pudo diagnosticar patologías que corresponden al ámbito médico en base a la información que se iba volcando tanto en los chats como en las planillas de enfermería.” (sic). Aunado a ello, objetó la tesis relativa a que, “de haber observado al paciente habría detectado el proceso de edema agudo de pulmón” (sic). A su entender, dicha “conjetura no está fundamentada en ninguna constancia probatoria” (sic); siendo así que -a su criterio- ello “tiene su razón de ser en una cuestión totalmente aleatoria y no con una cuestión imputable a las tareas que le fueron encomendadas” (sic).
A la luz de todo lo expuesto, dado que -a su entender- no se encontraban reunidas las exigencias normativamente impuestas para disponer el inicio de la etapa plenaria en los términos aludidos, el impugnante solicitó el sobreseimiento de Almirón en orden al precitado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
X. Por su parte, los Defensores particulares de la imputada Madrid también apelaron dicha resolución, instando la revocación del temperamento adoptado a su respecto en orden a ese mismo evento (ver fojas 8725/8734). Luego de relevar los términos de lo decidido por el Juez a quo, postularon que “la modalidad de externación (…) fue de cuidados domiciliarios” (sic). A ello agregaron que “es de relevante y vital importancia la categorización de la modalidad de externación a los efectos de la imputación enrostrada” (sic). Afirmaron que, a la luz de los conocimientos profesionales de cada uno de los imputados, “no se puede colocar en el mismo nivel de responsabilidad penal a los (…) médicos que a los enfermeros” (sic). Tras señalar que -en el presente caso- se verificaba una “subordinación funcional al equipo médico tratante” (sic), expresaron que “el marco normativo de una internación domiciliaria y los cuidados domiciliarios son diversos” (sic), y por tanto “las responsabilidades y alcance de las obligaciones de los profesionales de enfermería” (sic). Adujeron que “no existe normativa que rija la actividad de los cuidadores domiciliarios” (sic). También postularon que “la actividad de Madrid se encontraba dirigida por el equipo médico tratante y sus superiores de Medidom (…) la única orden que tenían era suministrarle la medicación al paciente y evitar que se auto medique” (sic).
Asimismo, interpretaron que, en el informe pericial de la citada “Junta Médica Interdisciplinaria”, fueron merituadas “las obligaciones de los enfermeros (…) para una internación domiciliaria y no para cuidados domiciliarios” (sic). Tras alegar que el Magistrado garante tuvo por prima facie probado que “los enfermeros solo estaban para administrar y suministrar la medicación al paciente” (sic), entendieron que “si los médicos con el grado de saber científico y de su arte no advirtieron ni los síntomas ni las patologías, menos aún podrían advertirlas quienes no tienen conocimientos de la ciencia galena, es decir los enfermeros” (sic). Por otra parte, consideraron que el Juez a quo erróneamente apoyó su argumentación en las previsiones establecidas en la Ley 12.245 (comúnmente llamada del “Ejercicio de la Enfermería”). Luego de señalar que allí fueron contempladas “funciones no (…) obligaciones” (sic), afirmaron que no fueron especificadas cuáles pudieron haber sido las funciones incumplidas por parte de Madrid. Agregaron que el Magistrado garante “crea la presunción de que si Madrid hubiera observado al paciente habría detectado el proceso de edema agudo de pulmón (…) es una mera conjeturación o suposición que no está fundamentada en ninguna constancia probatoria” (sic).
A su vez, estimaron que se verificaba un “injusto y desigual” (sic) trato respecto de la situación procesal de su asistida, al considerarla -según los impugnantes- como “análoga a la de Di Spagna” (sic). Indicaron que “Madrid no es médica, con lo cual nunca pudo diagnosticar patologías que corresponden al ámbito médico en base a la información que se iba volcando tanto en los chats como en las planillas de enfermería” (sic). Agregaron que “la negativa del paciente a recibir algún tratamiento o procedimiento se apreciaba ajustada a la reserva de derechos que concede la ley” (sic). También adujeron que no se había logrado prima facie acreditar que “la toma de medicación por parte del paciente (..) se relaciona con la causal de muerte” (sic).
En cuanto a las reprochadas “acciones salvadoras que podrían haber desplegado ambos enfermeros” (sic), alegaron que Madrid no se encontraba “en posición de garante (…) deberían haber sido los médicos, más aún cuando Madrid había sido rechazada por el paciente” (sic). A ello adunaron que el Magistrado garante “no establece qué obligaciones resultan violentadas por Madrid conforme a la normativa citada” (sic); para luego interpretar que “la existencia de una cadena de mando entre médicos y enfermeros (…) hace aplicable la causal de justificación del art. 34 inc. 5 del Código Penal” (sic).
En todo este marco, postularon que el Magistrado garante “confirma que la modalidad de externación (…) fue mediante la modalidad de cuidados domiciliarios a contrario de lo manifestado por el MPF en su requerimiento, pero (…) los niveles de control en cuidados domiciliarios no son lo rigurosamente exigidos en una internación domiciliaria, tanto para la parte médica como para la parte de enfermería” (sic). A ello agregaron que los aludidos “síntomas de la patología cardíaca” (sic), que la presunta víctima habría evidenciado las horas previas a su deceso, “debi[eron] ser advertid[os] no solo por los médicos tratantes, sino también por los médicos de la prepaga.” (sic). Así, entendieron que “las acciones desplegadas por Madrid no pueden constituir delito alguno, toda vez que se desempeñó diligentemente cumpliendo con su obligación de administrar la medicación y controlando que el paciente no se auto medique” (sic). Adunaron que el dolo “en la representación eventual del resultado (…) sí corresponde a los galenos, más nunca a los enfermeros. Madrid no participa en modo alguno en el plan criminal” (sic).
En función de todo ello, con apoyo en citas de doctrina que reprodujeron, instaron el sobreseimiento de su asistida en orden al endilgado Hecho 1, efectuando además las pertinentes reservas de recurrir en instancias superiores. Sumado a ello, solicitaron la materialización de una audiencia en los términos de lo normado por el artículo 447 del Rito penal.
Es así que, en oportunidad de llevarse a cabo dicha diligencia oral ante este Tribunal de Alzada, los Defensores particulares actuantes reafirmaron su posición, e insistieron en el dictado del sobreseimiento de Madrid en orden al atribuido Hecho 1.
Aunado a ello, y a diferencia de lo alegado en su originario planteo recursivo (fojas 8725/8734), el Defensor particular Dr. Baqué expresó: “…esta defensa viene a sostener los dos planteos de nulidades oportunamente interpuestos. Entendemos que hubo una violación al derecho de defensa en juicio de nuestra clienta al citarse al doctor Di Spagna a indagatoria porque hay una modificación de la plataforma fáctica. Que luego de la citación del Dr. Di Spagna a indagatoria meses después, le debería haber sido notificada esta situación y este nuevo hecho de cómo hubiese sucedido con la intervención del doctor Di Spagna. Esa nulidad la seguimos manteniendo. También mantenemos la nulidad de la pericia médica solo en cuanto a la misma carece de un perito enfermero. Es una pericia médica donde no hay ningún perito que se explaye sobre cuestiones de enfermería y el rol de un enfermero; por ende, cualquier consideración que pueda tener la pericia respecto a la enfermera es dada por personal que no es idóneo. Porque no son peritos los que intervinieron ninguno es perito en enfermería. Entonces, esta defensa continúa manifestando dichas dos nulidades, sosteniéndolas.” (sic). A ello agregó: “…se le debería haber llamado a indagatoria nuevamente a mi clienta para advertirle que había una modificación de la plataforma fáctica. Porque había tercero.” (sic); para luego indicar: “…creo que al agregar otro imputado que para usted, con el cual ella no tenía trato, es una modificación de la plataforma fáctica, muchas gracias.” (sic); sin que fueran agregadas mayores precisiones argumentales al respecto.
XI. Finalmente, los Defensores particulares del imputado Di Spagna también instaron la revocación del temperamento adoptado a su respecto en orden al Hecho 1 (ver fojas 8586/8589).
Tras hacer alusión a la imputación fiscal, adujeron que “los acusadores, partieron de un error de concepto en relación a que el paciente estaba sometido a una internación domiciliaria” (sic); postulando así que -a su entender- “se encontraba externado con cuidados domiciliarios” (sic). Explicaron que, en el caso de una internación domiciliaria, “se debe contar con los mismos elementos que existen en un nosocomio (…) existe un médico responsable, que desarrolla el tratamiento e imparte directivas a todos los profesionales que se encuentran afectados (…) es una relación vertical (…) y no transversal como se aprecia que ocurrió” (sic). Por otra parte, señalaron que “la externación del paciente (…) fue consensuada con la familia y bajo la dirección de los dos médicos tratantes, Dr. Luque y la Dra. Cosachov” (sic). Aclararon que su asistido “fue convocado por la Dra. Forlini, de Swiss Medical, a través de la firma Medidom, a los efectos de realizar una interconsulta de su especialidad clínica, concurriendo juntamente con un médico neurólogo” (sic). Apuntaron que “su participación se limitó a interrogar al paciente a los fines de si estaba orientado en tiempo y espacio, controlar sus signos vitales (…) pidió determinados estudios, para nueva evaluación” (sic). Luego, Di Spagna “elevó un informe de la situación a la Dra. Forlini, y los pedidos de estudios” (sic).
Afirmaron que quedaba “a criterio del médico tratante, que se efectuaran o no, además obviamente de la voluntad del paciente y/o de la familia” (sic). Tras alegar que Di Spagna no podía “obligarle a un paciente a efectuarse estudios (…) su voluntad es lo que prima (…) no estaba declarado insano ni incapaz” (sic), adujeron que “la acusación pública y el a quo (…) le imponen una obligación no solo de imposible cumplimiento sino además algo que se encontraba fuera de su incumbencia profesional y del rol asumido” (sic).
También aclararon que, con el transcurrir de los días, la imputada Forlini “lo convoca nuevamente para que examine al paciente, acompañado esta vez con un nutricionista” (sic). Destacaron que ello no pudo concretarse dado que, tal como así se lo transmitió el imputado Luque y familiares del paciente, este último se opuso. A partir de ello, se cuestionaron: “un médico que no es el tratante, que realizó una interconsulta, que carecía de dependencia profesional alguna con Swiss Medical, ni Medidom, se le puede asignar caprichosamente el rol de médico tratante, cuando surge de las constancias de autos que los familiares iban a contratar un médico clínico, sin lugar a dudas no, máxime la escueta intervención de Di Spagna en la interconsulta” (sic). Así, entendieron que “el nexo de evitación que deja entrever la fiscalía (…) luce inexistente (…). Es decir, si Di Spagna realmente pudiera haber tenido la facultad de realizarle obligadamente los estudios que recomendó e incluso hubiera contado con sus resultados ¿bajo qué razonamiento lógico y fáctico los Fiscales y el a quo sostienen que ello hubiera evitado el resultado?” (sic).
En este marco, sintetizaron que “su conducta positiva (ver clínicamente al paciente 1 vez y aconsejar algunos estudios), lejos de aumentar un riesgo (no creado por él) lo intentó reducir (…) teniendo además en cuenta que él carecía de posibilidad y autoridad para disponer otra cosa.” (sic). Interpretaron que “cuando se asigna el rol de garante lo que realmente importa es que exista una estrecha relación entre el obligado y el bien jurídico que debe proteger, de manera tal que en sus manos esté el control de la situación” (sic). A ello adunaron que “habrá dolo cuando el omitente, en forma voluntaria, no procura impedir el resultado, conociendo que está en situación de garantizar que él no se produzca. Circunstancia que tampoco se da” (sic).
A partir de todo ello, solicitaron la revocación del decisorio apelado en orden al atribuido Hecho 1, efectuando además reservas de recurrir en instancias superiores.
También instaron la realización de una audiencia ante este Tribunal de acuerdo a lo normado por el artículo 447 del Rito penal; oportunidad ésta en la que el Defensor particular -Dr. Barros- reafirmó los términos de su planteo, al tiempo que su asistido peticionó que: “revean mi situación” (sic), tal como así surge de las constancias adjuntas a este legajo.
XII. Con el alcance que otorgan los artículos 434 y 435 del Código ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal de Alzada, deberá ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución impugnada, abarcados por los agravios que motivaran las impugnaciones oportunamente interpuestas, sin perjuicio de conocer más allá cuando eso permita mejorar la situación de las personas aquí imputadas, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere. Conforme así fuera reseñado, en el presente caso los apelantes introdujeron alegaciones tendientes a cuestionar el decisorio de fojas 8445/8561vta., en virtud del cual el Juez a quo rechazó las nulidades articuladas con relación a la experticia de fojas 5217/5285, como así también respecto a la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante a fojas 7939/8127 que gira en torno al atribuido Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Por otra parte, fueron deducidos agravios tendientes a revocar la decisión de disponer el inicio de la etapa plenaria en orden al reseñado Hecho 1 endilgado a todos los imputados; como así también con relación a los Hechos 2 y 3, únicamente atribuidos a los encausados Luque y Cosachov respectivamente (artículos 292 y 293 del Código Penal). Establecido el cuadro de situación, estimo que, a los fines de una mayor claridad expositiva y correcta solución de los distintos cuestionamientos efectuados, habré de expedirme, en primer término, respecto a las alegaciones que giran en torno a los reseñados planteos de nulidad rechazados, cuya desestimación fuera instada oportunamente por la acusación pública a fojas 8399/8423 al corrérsele la vista de rigor (ver fojas 8375).
Tal como así lo expusiera en varios antecedentes (ver causas 27.012/III, 28.079/III, 29.294/III, 30.814/III, entre otras de esta Sala III del Tribunal), el postulado rector, en lo que hace al sistema de nulidades, es el de la conservación de los actos, y su interpretación debe ser restrictiva, siendo que sólo procede la declaración de nulidad cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca; mas no así cuando se plantea en el único interés de la ley, o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial. En otras palabras, no se admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo cuando ello lesiona el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que, por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés. Y, aun tratándose de nulidades absolutas, esta sanción procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.
En ese sentido, tal como así se ha dicho y lo comparto, “La nulidad en el solo beneficio de la ley no debe declararse, puesto que su fundamento es que concretamente se haya impedido el eficaz ejercicio de una garantía constitucional establecida a favor de la reclamante” (ver Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, causa 78.478, del 11 de julio de 2016). En consonancia con todo ello, también se ha expresado así nuestro Máximo Tribunal federal en numerosas oportunidades (ver C.S.J.N., Fallos 295:961; 298:312; 303:554; 306:149; 310:1880; 311:1413; 322:507; 324:1564; y 330:4549, entre otros).
Analizados los antecedentes del caso a la luz de los agravios introducidos, que fueran reeditados luego en las diligencias materializadas a tenor del artículo 447 del Rito penal, considero que no se presentan motivos de peso que fundadamente justifiquen la revocación de los temperamentos desestimatorios adoptados por el Juez a quo, tal como seguidamente expondré.
Preliminarmente, en cuanto a la nulidad instada por la Defensa del imputado Luque respecto a la experticia elaborada por la denominada “Junta Médica Interdisciplinaria” de fojas 5217/5285, vale señalar que, tal como así lo relevó el Magistrado garante en su decisión, el planteo defensista venía sustentado, por un lado, a partir de la intervención allí de tres profesionales, atendiendo a las primigenias declaraciones testimoniales brindadas por dos de ellos en este mismo proceso -Corasaniti y Schiter-, mientras que -según lo invocado- la restante perito -Flichman- habría tenido participación en la externación sanatorial de la presunta víctima (ver fojas 1/8vta. del Incidente de nulidad 4 que corre por cuerda).
Para rechazar esa pretensión, el Juez a quo analizó los alcances de lo normado por el artículo 245 del Rito penal, y señaló que no fue expresamente establecido que una posible “infracción” (sic) a las previsiones allí contenidas resulte “pasible de ser nulificada” (sic). De modo tal, consideró aplicables al caso “las reglas generales del régimen de nulidades procesales: la vulneración de un derecho fundamental del alegante y el perjuicio concreto que el acto le representara, no subsanable con posterioridad” (sic); extremos éstos que -a su entender- no se verificaban en el supuesto de autos.
Tras enfatizar que la parte no cuestionó oportunamente la citada integración de peritos mediante el correspondiente instituto de la recusación (artículos 47 y concordantes del Rito penal), pese a haber sido debidamente anoticiados -en tiempo y forma- de ello (circunstancia ésta que incluso viene refrendada por los aquí impugnantes), el Magistrado garante destacó que dicha experticia fue desarrollada “a partir de la reunión de un número importante de entendidos en la medicina, de distintas áreas” (sic); siendo así que, a su entender, “cada profesional ha de verter su decisión de forma separada de la opinión mayoritaria, dejando debidamente clara la postura divergente” (sic).
A esta altura, estimo necesario destacar que, tal como así surge de las constancias de fojas 5217/5285, dicho informe pericial fue suscripto por un total de dieciséis profesionales de distintas especialidades, tratándose de once peritos oficiales (entre ellos, Corasaniti), y otros cinco peritos más propuestos por las partes (entre los que se encuentran Schiter y Flichman). Sumado a ello, fueron incorporadas seis presentaciones más (ver fojas 5287/5299, 5300/5314, 5318/5473, 5475/5478, 5534/5597, y 5598/5618), mediante las cuales un total de diez peritos propuestos por las distintas partes efectuaron ampliaciones o ciertas apreciaciones a los términos de lo plasmado en dicha experticia, entre las cuales, fue incorporada la presentación de los profesionales propuestos por la Defensa del aquí imputado Luque, Dres. Antonio José Maya y Antonio Martín Maya (ver fojas 5318/5473).
En todo este contexto, el Juez a quo fue categórico al sostener que todo ello “exceptúa, bajo mi entendimiento, cualquier sospecha de influencia negativa e ilegítima de los expertos supuestamente teñidos de subjetividad sobre el resto” (sic); sin que además -a su entender- se advirtieran circunstancias de entidad suficiente que pudieran llegar a resultar indicativo de ello. De modo tal, siendo que -a su juicio- no se logró demostrar la posible existencia de la alegada “arbitrariedad y parcialidad” (sic) en las conclusiones allí vertidas, ni mucho menos una posible “la vulneración del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio” (sic), desestimó las alegaciones defensistas introducidas en cuanto al punto.
Seguidamente, consideró improcedentes los demás argumentos introducidos por esa misma parte, asegurando que lo expresado por la Defensa representaba “una crítica pormenorizada de las derivaciones allí sentadas” (sic). A su criterio, ello no lograba justificar sin más que “las conclusiones de la Junta Médica respondan a criterios antojadizos, lejanos a la ciencia médica” (sic), de forma tal de poder eventualmente tornar operativo dicho planteo nulificante. Insistió en cuanto a que las circunstancias aludidas por la Defensa representaban “discrepancias respecto de las conclusiones desde el punto de vista probatorio, es decir, un desacuerdo con lo establecido por los profesionales que guarda correspondencia con el mérito de la prueba, mas no (…) se apoyan en aspectos que llevan a afirmar su ilegalidad.” (sic). También enfatizó que lo dictaminado pericialmente no resultaba vinculante a los fines de decidir en el caso, dado que ello -a su entender- implicaría “relegar en auxiliares de la justicia el poder decisor de quienes ejercemos la jurisdicción” (sic). Finalmente, el Juez a quo desestimó las demás alegaciones efectuadas, afirmando que, si bien asistía razón a la Defensa en cuanto a que los profesionales dictaminantes “no deben verter consideración jurídica alguna sobre la cuestión en análisis, ni sobre la materialidad ilícita ni la responsabilidad de los sujetos sometidos a proceso” (sic), consideró que dichas circunstancias tampoco generaron “un estado de indefensión y que limite (…) la capacidad de reflexión de este Magistrado” (sic). Aclaró que, si bien fueron consignadas expresiones tales como “riesgo permitido, deberes de vigilancia y cuidado, responsabilidad” (sic), no lo era menos que -a su criterio- “la incidencia de tales inadecuadas expresiones es nula en la decisión que este juzgador se encuentra adoptando, caracterizada por la fundamentación y tratamiento de las probanzas reunidas en autos y la posible intervención de cada uno de los imputados en los eventos materia de incriminación, con basamento objetivo en los elementos válidamente incorporados al proceso -arts. 209, 210, 211 y ccdtes. del ritual-. Con ello, se suprime cualquier mínima sospecha de vulneración del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio -arts. 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional-.” (sic).
En función de todo ello, siendo que -a su juicio- no se encontraba violentada garantía constitucional alguna en perjuicio del imputado Luque, quien además contó con la efectiva posibilidad cierta de “controlar, participar de la medida probatoria rebatida y proponer a la jurisdicción una valoración diversa desde su punto de vista” (sic), rechazó el planteo nulificante en todos los términos postulados.
Reseñado todo ello, debo decir que -a mi entender- las alegaciones introducidas por la parte en su impugnación, reeditadas luego más escuetamente en la oportunidad prevista por el artículo 447 del Rito penal, no se erigen como una crítica razonada a los motivos plasmados en el decisorio apelado, con la debida argumentación que nuestro Rito penal exige para así hacerlo, sin que además se aprecie oficiosamente arbitrariedad alguna en el temperamento adoptado.
Recuérdese que, en su apelación de fojas 8666/8723vta, los asistentes técnicos de Luque se limitaron a reeditar su posición, en cuanto a que los nombrados peritos debieron haberse excusado de intervenir allí, por las mismas razones anteriormente aludidas, para luego postular genéricamente que -a su entender- resultaba “arbitrario, tendencioso y parcial” (sic), sin que efectuaran mayores precisiones argumentales al respecto; y sin que -en definitiva- cuestionaran el temperamento desestimatorio fundadamente desarrollado por el Magistrado garante en cuanto al punto.
Luego, insistieron en expresar los mismos argumentos con relación a las conclusiones allí vertidas, los cuales -a criterio del Juez a quoconstituían meras discrepancias valorativas que no lograban justificar sin más su declaración de nulidad, o una posible arbitrariedad en su perjuicio; sin que ello tampoco fuera materia de fundado agravio o cuestionamiento alguno por los apelantes, y sin que además se presenten motivos de peso que -en esta instancia- logren predicar lo contrario, ni mucho menos arbitrariedad en el criterio adoptado por el Juez a quo en cuanto al punto. Aunado a ello, observo que no dedujeron consideración alguna capaz de rebatir fundadamente el criterio sentado por el Magistrado garante, relativo a la falta de incidencia de las expresiones allí plasmadas respecto al temperamento a adoptarse y, por ende, la inexistencia de una posible vulneración a las garantías constitucionalmente protegidas del imputado Luque. Tan es así que ello no fue la base de sustentación del decisorio aquí apelado.
De hecho, los apelantes genéricamente indicaron que “Si bien el Sr. Juez (…) negó estar condicionado por las extralimitaciones en las que incurrieron los peritos, no podemos pasar por alto que en el auto apelado se refiere en los mismos términos que la Junta Médica a la internación domiciliaria y le da la misma trascendencia al ‘acta de externación’, por sobre la realidad probada de los hechos” (sic), sin que efectuaran mayores precisiones argumentales en cuanto al punto, eventualmente capaces de rebatir el reseñado criterio fundadamente sentado al respecto por el Magistrado de grado.
En definitiva, encuentro que los impugnantes reiteraron su desacuerdo con lo informado en esa experticia, sin que hayan introducido cuestionamientos específicos de entidad suficiente que, en esta instancia, logren controvertir motivadamente el razonamiento expuesto por el Juez a quo para rechazar su pretensión nulificante en los términos reseñados, y sin que además se advierta oficiosamente arbitrariedad alguna en el desarrollo lógico expresado para así decidir.
Aunado a ello, observo que los apelantes no lograron justificar fundadamente en qué medida -a su criterio- las invocadas circunstancias, relativas a los tres peritos aludidos, pudieran llegar a justificar que éstos habrían actuado de una forma imparcial tal que eventualmente torne arbitraria o infundada dicha experticia en perjuicio del imputado Luque, sin que ello tampoco se aprecie oficiosamente; especialmente si se tiene en cuenta que -vale recordar- aquélla fue suscripta por un total de dieciséis peritos, entre los cuales se encuentran los tres citados profesionales. Mucho menos lograron fundadamente justificar el eventual perjuicio irreparable o posible lesión concreta a las garantías constitucionales de su asistido que ello pudiera eventualmente haber generado, sin que ello tampoco se advierta oficiosamente; teniendo especialmente en cuenta que, tal como así fuera reseñado, Luque contó con la efectiva posibilidad de proponer los peritos que, mediante su presentación de fojas 5318/5473, se expidieron en torno a las mismas conclusiones vertidas en la aludida experticia.
En razón de todo ello, dado que lo alegado no representa una crítica razonada a los motivos expresados en la decisión impugnada, y siendo que además no se advierte oficiosamente la posible existencia de un gravamen o una lesión de las características aludidas precedentemente, ni mucho menos arbitrariedad alguna, habré de proponer al acuerdo desestimar las alegaciones introducidas a fojas 8666/8723vta., reeditadas luego en la oportunidad prevista por el artículo 447 del Rito penal, en cuanto al punto analizado precedentemente (artículos 201, 203, 207, 421, 434, 435, 439, 442, y concordantes del Rito penal).
Continuando con el estudio del caso, observo que el Magistrado garante se pronunció respecto al planteo de la Defensa de la imputada Cosachov, mediante el cual también fuera peticionada la nulidad de esa pericia (ver fojas 11/17 del Incidente de nulidad 4 que corre por cuerda). El Juez a quo relevó que, en este caso, la pretensión venía sustentada a partir de determinadas expresiones allí vertidas que, a criterio de la parte, resultaban indicativas de que fue ponderada -a esos fines- la declaración testimonial inicialmente prestada por Cosachov, cuando aún no había sido notificada en los términos de los artículos 60 y 162 del Rito penal. Indicó que, en ese informe pericial, se dejó consignado que “en el documento firmado al momento de la externación (…) no está plasmada la rúbrica del paciente. Esto se contradice con las excusas de los profesionales tratantes, al manifestar que Diego `no se dejaba revisar´” (sic). Contrariamente a lo postulado por la Defensa, el Magistrado garante consideró que, en ese informe pericial, no se hizo “alusión directa a las manifestaciones brindadas por la Dra. Cosachov cuando aún era testigo” (sic). De hecho, fue categórico en cuanto a que se efectuó “una mención genérica a lo expresado por los profesionales tratantes, bajo el empleo del término ‘excusas’” (sic). A ello agregó que, “más allá de la vaguedad de la cita cuestionada” (sic), las circunstancias aludidas no lograron incidir en las conclusiones vertidas en esa experticia, las cuales -a su juicio- encontraron “sustento en las probanzas recogidas (…) relativas primordialmente al historial de salud de la víctima” (sic). Así, pese a “lo inapropiado de la inclusión de expresiones de tal naturaleza” (sic), el Juez a quo fue concluyente en cuanto que no se verificaba vulneración alguna a las garantías constitucionalmente protegidas de la imputada Cosachov. A ello agregó que, “aún en el supuesto de aceptarse como válida la hipótesis defensista (…) los excesos terminológicos en que puedan incurrir los expertos no deben ser materia de ponderación alguna por parte de la jurisdicción, no verificándose con ello perjuicio real y cierto alguno para la parte impugnante” (sic). De hecho, tales extremos no fueron materia de ponderación alguna en el decisorio aquí apelado.
En este marco, el Magistrado garante rechazó la aludida pretensión nulificante en los términos requeridos.
Frente a ello, aprecio que, en su impugnación de fojas 8628/8664vta., los asistentes técnicos indicaron que “más allá que no se haya nombrado concretamente a la Dra. Cosachov” (sic), tal como así lo sostuvo el Juez a quo, ello -a su entender- “no subsana que se hayan tomado sus manifestaciones” (sic) en consideración; sin que efectuaran mayores precisiones argumentales al respecto, capaces de rebatir fundadamente el criterio sentado por el Magistrado garante en cuanto al punto. A ello agregaron genéricamente que resultaba “imposible saber qué grado de injerencia tuvo la declaración de la Dra. Cosachov en las conclusiones arribadas” (sic); para luego postular que “el perjuicio concreto” (sic) se encontraba verificado -a su criterio- a partir del hecho de que “se utilizó una declaración testimonial de una de las imputadas para dictaminar pericialmente en contra de la misma imputada y (…) luego sirvió de basamento para citar a prestar declaración de imputado, requerir la elevación a juicio y hasta elevar la presente causa a juicio” (sic); sin que tampoco introdujeran mayores precisiones argumentales al respecto. Vale señalar que ello fue reeditado luego, más escuetamente, en el marco de la audiencia celebrada ante este Tribunal en los términos del artículo 447 del Rito penal, sin que tampoco fueran desarrolladas mayores precisiones argumentales al respecto.
Reseñado todo ello, considero que las citadas alegaciones no representan una fundada crítica a los argumentos desestimatorios motivadamente expresados por el Juez a quo para rechazar el planteo nulificante oportunamente introducido, sin que además se verifique la posible existencia de un gravamen de imposible subsanación ulterior o una posible lesión concreta a las garantías constitucionalmente protegidas de la imputada Cosachov, ni mucho menos una posible arbitrariedad en el temperamento adoptado.
Es que, en lo que aquí sustancialmente interesa, aprecio que los impugnantes no dedujeron cuestionamientos capaces de poner en crisis el fundado criterio del Magistrado garante, relativo a la falta de incidencia de las expresiones allí vertidas respecto a la decisión a adoptarse y, en particular, al carácter no vinculante de lo dictaminado en dicha pericia, con la consiguiente inexistencia de una posible conculcación a las garantías constitucionalmente protegidas de la imputada. De hecho, y tal como así fuera relevado por el Juez a quo en su decisorio, la inicial declaración de Cosachov no constituyó expresamente la base de sustentación de los fundamentos de esa experticia, ni mucho menos -vale destacar- del temperamento aquí impugnado, sin que todo ello fuera fundadamente controvertido por la parte.
Sumado a ello, observo que la Defensa no logró justificar fundadamente el eventual perjuicio o posible lesión, de las características anteriormente analizadas, que ello pudiera haber generado a la encausada Cosachov; especialmente si se tiene en cuenta que -insisto- el Juez a quo no hizo mérito de la citada declaración y de las aludidas expresiones vertidas en esa pericia para así resolver.
A mi entender, la prosecución del trámite de este proceso, seguido a Cosachov, no implica sin más la eventual existencia de un gravamen de las características anteriormente aludidas, ni mucho menos una posible vulneración o lesión a sus derechos de raigambre constitucional. Es que, sumado al hecho de que la imputación fiscal viene sustentada a partir de numerosos elementos de prueba (entre los cuales se encuentra dicha pericia), no lo es menos que, a lo largo de todo el proceso, la encausada contó con la efectiva posibilidad de ejercer acabadamente su derecho de Defensa en juicio, pudiendo efectivamente expresarse en varias oportunidades en torno a la incriminación fiscal y demás circunstancias que rodean el caso. Incluso más, pudo ofrecer la producción de determinadas medidas de prueba que hacían a su derecho (ver fojas 6358/6480, y 7867/7877vta.); entre ellas el informe de fojas 5598/5618, confeccionado por los peritos que la parte misma propuso (Dres. Aníbal Areco y Ricardo Iglesias), quienes se pronunciaron respecto a las mismas conclusiones vertidas en la aludida experticia.
Por añadidura, observo que la nombrada pudo efectuar, a través de sus asistentes técnicos, diversas consideraciones tendientes a sustentar su oposición a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, y así procurar su desvinculación del proceso (artículos 335, 336 y concordantes del Rito penal; ver fojas 8207/8248), tal como así también lo pudo hacer en la impugnación que aquí nos convoca, sin que además haya mediado temperamento coercitivo alguno a su respecto.
Todo ello, a mi juicio, descarta la posibilidad de considerar acreditada una posible vulneración a las garantías constitucionalmente protegidas de la nombrada y, por ende, la existencia de un perjuicio o una lesión de las características anteriormente referidas (artículos 18, y 75 inciso 22, de la Constitución Nacional; 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En todo este contexto, siendo que las alegaciones defensistas no logran rebatir fundadamente la argumentación expresada por el Magistrado garante para decidir en la forma descripta, sin que además se presenten -a mi juicio- motivos de peso que justifiquen la posible existencia de un perjuicio actual y de imposible subsunción posterior respecto a la imputada Cosachov, ni mucho menos una posible vulneración a sus garantías constitucionalmente protegidas o arbitrariedad alguna en el temperamento adoptado, habré de desestimar los agravios defensistas introducidos a fojas 8628/8664vta., reeditados luego en la oportunidad prevista por el artículo 447 del Rito penal, en cuanto al punto analizado (artículos 201, 203, 207, 421, 434, 435, 439, 442, y concordantes del Rito penal).
Con relación a las alegaciones que giran en torno a la rechazada nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio de fojas 7939/8127, adelanto que éstas habrán de correr la misma suerte que las anteriores, por las razones que a continuación expondré.
Vale recordar que, en sus presentaciones recursivas, los asistentes técnicos de los imputados Luque y Cosachov, y en consonancia con ello también los defensores del imputado Díaz en su impugnación, adujeron que el citado requerimiento fiscal no lograba ajustarse a las previsiones normativamente establecidas para así hacerlo, toda vez que -a su entenderno fueron precisadas, en forma clara y circunstanciada, las conductas materia de imputación respecto al endilgado Hecho 1, violentando así el derecho de Defensa en juicio y el debido proceso en perjuicio de las citadas partes.
En cuanto al punto, corresponde señalar que el Tribunal de Casación Penal bonaerense lleva dicho, y así lo comparto, que: “la requisitoria es una formulación caracterizada por su carácter provisorio y con base en los medios de investigación llevados a cabo durante la investigación penal. Nótese que la requisitoria carece de una solicitud concreta de pena pues es en el juicio donde se producirán los medios de prueba sobre los que luego acusará (conforme artículo 367 del Código Procesal Penal).” (ver Sala III del citado Tribunal, causa 19.849, del 17/04/2008, Jueces Dres. Violini, Borinsky y Sal Llargués).
Ese mismo Tribunal también se ha expresado por sostener, y así concuerdo, que: “…el fiscal en su requerimiento no debe componer un proyecto de sentencia sino sólo fundar racionalmente un hecho que da por comprobado y una responsabilidad que perfila como comprobable (art. 335 del ritual).” (ver Sala I del citado Tribunal, causa 28.100, del 12/05/2011, Jueces Dres. Piombo y Sal Llargués).
En consonancia con ello, se dejó establecido que “…el pronunciamiento fiscal solicitando la elevación a juicio sólo tiene carácter de conclusión provisoria, respecto de la cual basta la razonada convicción de que existen elementos suficientes para el ejercicio de la acción en orden a la sustanciación del juicio.” (ver Sala III del citado Tribunal, causa 75.751, del 18/08/2016, Jueces Dres. Borinsky y Violini).
Sentado todo ello, analizados los antecedentes del caso, habré de coincidir con el Juez a quo en cuanto a que, en el presente caso, se encuentran debidamente abastecidas las pautas impuestas por el artículo 335 del Código ritual, sin que además -a esta altura- se verifique oficiosamente la posible existencia de un perjuicio real y concreto para los aludidos imputados, ni mucho menos para el resto de los encausados, que además pudiera eventualmente haber afectado garantías constitucionales en su perjuicio.
Cabe recordar que dicha cláusula normativa establece que todo requerimiento fiscal de remisión a juicio deberá contener, bajo sanción de nulidad, “los datos personales del imputado (…); una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; y la calificación legal. Asimismo deberá especificar si, en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por Tribunal Criminal con o sin jurados o por Juez Correccional.”.
Establecido ello, cabe señalar que, en su presentación de fojas 7939/8127, los acusadores públicos de intervención consignaron -desde un inicio- todos los datos personales de cada uno de los imputados de autos. A continuación, desarrollaron una completa descripción del endilgado Hecho 1 en términos que, a mi entender, resultan claros, precisos, circunstanciados y específicos, al que calificaron como homicidio simple cometido mediante dolo eventual, con cita en lo normado por los artículos 45 y 79 del Código Penal.
Es así que, en la exposición fáctica de su incriminación, efectuaron distintas precisiones descriptivas en torno a las acciones u omisiones que detalladamente consideraron reprochables a cada una de las personas imputadas, según el específico rol que a cada una de aquéllas les habría correspondido el presente caso y que, a su criterio, habrían incidido en el fatal desenlace aquí endilgado; expresando específicamente, a esos fines, las correspondientes circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que todo ello habría acontecido.
Seguidamente, relevaron lo expresado por los distintos encausados en sus correspondientes declaraciones (según artículos 308 y 317 del Rito penal), para luego enunciar la totalidad del cuadro probatorio adjunto en virtud del cual sustentaron la acusación. También hicieron especial hincapié en aquellos elementos de prueba agregados que -a su criterio- lograban consolidar fundadamente la hipótesis incriminante, transcribiendo a esos fines las partes que estimaron relevantes, correlacionándolos detalladamente los unos con los otros. Aunado a ello, tras hacer nueva alusión a cada una de las acciones u omisiones que detalladamente estimaron atribuibles a cada uno de los encausados en el presente caso, y que -a su entender- incidieron en el fatal desenlace atribuido, introdujeron diversas consideraciones y argumentaciones tendientes a fundamentar su imputación, como así también respecto al juicio de subsunción legal postulado (artículos 45 y 79 del Código Penal).
A partir de todo ello, los Agentes Fiscales de intervención concluyeron que se encontraban reunidas las exigencias normativamente impuestas para disponer el inicio de la etapa plenaria de la presente causa, seguida a todos los imputados allí referidos, en orden al precitado hecho y el aludido delito. A ello agregaron que, a su entender, el caso habría de ser juzgado por un Tribunal en lo Criminal departamental a desinsacularse, pudiendo incluso llegar a ser instrumentado en autos el instituto del juicio abreviado (artículo 395 del Rito penal).
Frente a todo ello, observo que, tras haber sido corridas las vistas de rigor (ver fojas 8146), los aquí apelantes pudieron formular adecuadamente sus oposiciones a dicha pretensión fiscal, conforme lo normado por el artículo 336 del Rito penal, haciendo lo propio los demás asistentes técnicos intervinientes.
Nótese que, en sus respectivas presentaciones, todos ellos pudieron desarrollar diversas y pormenorizadas objeciones tendientes a refutar los términos de la citada incriminación fiscal. Incluso más, introdujeron versiones distintas respecto de aquello que -a su criterio- ocurrió en el caso. También cuestionaron el valor convictivo asignado a los reseñados elementos de prueba, para luego objetar la calificación legal asignada. Y, en función de todo ello, postularon que no se encontraban reunidas las condiciones impuestas normativamente para disponer la elevación a juicio de esta causa en los términos instados por la acusación pública, solicitando así el consecuente dictado del sobreseimiento de sus asistidos en orden al precitado hecho, tal como así también lo pudieron hacer los demás asistentes técnicos intervinientes en cada una de sus presentaciones. Téngase presente además que, en la oportunidad prevista por el artículo 308 del Rito penal, la acusación pública intimó a los encausados en orden a ese evento e idéntico tipo penal.
Es así que, en presencia de sus asistentes técnicos, los nombrados pudieron tomar efectivo conocimiento de la hipótesis fiscal enunciada y de los elementos de cargo adjuntos, en virtud de los cuales -según la acusación pública- aquélla venía sustentada, a los cuales tuvieron efectivo acceso. Pese a haber sido debidamente informados que podían abstenerse de declarar, aquéllos decidieron efectuar sus exposiciones, aportando además -en el caso de Luque y Cosachov- sendas presentaciones por escrito, las cuales se integraron a sus declaraciones. Y, al igual que en las oposiciones a dicho requerimiento fiscal, los encausados pudieron manifestarse en torno al citado evento en los términos atribuidos, desarrollando diversas y pormenorizadas explicaciones, expresando además determinadas circunstancias tendientes a contradecir los términos de lo endilgado. Incluso más, conforme a lo normado por el artículo 317 del Rito penal, los imputados Luque y Cosachov efectuaron mayores precisiones respecto a lo inicialmente expuesto, a través de los escritos de fojas 7847/7851, 7867/7877 y 7879/7883.
Sentado todo ello, y tal como así lo adelantara, considero que la citada pretensión fiscal abastece los recaudos impuestos por el artículo 335 del Rito penal, verificándose además un cabal y adecuado conocimiento, por parte de los encausados y sus asistentes técnicos, respecto a las imputadas conductas y demás circunstancias descriptas que -a criterio de la acusación pública- justificaban la apertura del juicio. Tan es así que, conforme fuera analizado, los nombrados pudieron expresar su posición a lo largo del proceso, procurando restarle valor a la citada hipótesis incriminante, contando incluso con la posibilidad cierta de producir elementos de prueba a esos fines, sin que hayan sido invocados, ni mucho menos se aprecien oficiosamente, motivos de peso que permitan suponer lo contrario. Todo ello -a mi entender- denota un claro, eficiente y adecuado ejercicio del derecho de Defensa en juicio que, en esta instancia, descarta la posible existencia de un perjuicio o una lesión concreta y real que haya eventualmente afectado las garantías constitucionales invocadas (artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Cabe señalar que nuestro Alto Tribunal provincial lleva dicho, y así lo comparto, que el derecho de Defensa en juicio es una garantía constitucional que se desprende del “debido proceso” receptado por el artículo 18 de la Carta Magna Nacional. De modo tal, si no ha existido afectación de la aludida garantía, desde que no se ha generado perjuicio alguno a las personas imputadas, tampoco se ha visto afectada la buena marcha del proceso, pues en la medida en que aquél perjuicio no ha operado, éste, o sea el proceso, es “debido” (ver S.C.B.A., P. 70.828, 09/10/2003). Y, precisamente, la cuestión aquí ventilada ha sido “debida” en todos sus actos, aún en los términos objetados por los asistentes técnicos. Por todo lo hasta aquí expuesto, dado que -a mi entender- la aludida pretensión fiscal logra ajustarse a las pautas normativamente impuestas para así hacerlo, sin que además se verifique la posible existencia de un perjuicio de las características analizadas precedentemente, ni mucho menos una eventual lesión a las garantías constitucionales de los encausados o arbitrariedad alguna en el temperamento adoptado, habré de desestimar los agravios defensistas introducidos en cuanto al punto analizado precedentemente (artículos 201, 203, 207, 335, 336, 421, 434, 435, 439, 442, y concordantes del Rito penal).
Por lo demás, en cuanto a las restantes alegaciones introducidas en forma originaria ante este Tribunal, por parte del Defensor particular de la imputada Madrid -Dr. Baqué- en el marco de la audiencia celebrada el pasado 14 de marzo de 2023 (artículo 447 del Rito penal), estimo que éstas habrán de correr la misma suerte que las anteriores.
Tal como así ya fuera reseñado, los asistentes técnicos de la imputada Madrid introdujeron -en la instancia de origen- el recurso de apelación de fojas 8725/8734. En esa presentación, tras cuestionar la valoración de la prueba desarrollada por el Juez a quo en su decisorio, los Defensores postularon que no se encontraban reunidas las condiciones normativamente impuestas para el inicio de la etapa plenaria en orden al imputado Hecho 1, instando así su sobreseimiento; todo ello por los motivos a los que me remito en honor a la brevedad.
En ese mismo escrito, también peticionaron la celebración de una audiencia, en los términos de lo normado por los artículos 442 y 447 del Rito penal. Es así que, una vez convocadas las partes, se dio inicio a la audiencia ordenada ante este Tribunal a los fines precitados (el 14 de marzo de 2023). Entre otras cuestiones, el Defensor particular actuante -Dr. Baquéintrodujo novedosos agravios, distintos a aquéllos que fueran desarrollados en su originario planteo impugnativo de fojas 8725/8734.
Nótese que, a diferencia de lo oportunamente alegado, el asistente técnico expresó en esta ocasión: “…esta defensa viene a sostener los dos planteos de nulidades oportunamente interpuestos. Entendemos que hubo una violación al derecho de defensa en juicio de nuestra clienta al citarse al doctor Di Spagna a indagatoria porque hay una modificación de la plataforma fáctica. Que luego de la citación del Dr. Di Spagna a indagatoria meses después, le debería haber sido notificada esta situación y este nuevo hecho de cómo hubiese sucedido con la intervención del doctor Di Spagna. Esa nulidad la seguimos manteniendo. También mantenemos la nulidad de la pericia médica solo en cuanto a la misma carece de un perito enfermero. Es una pericia médica donde no hay ningún perito que se explaye sobre cuestiones de enfermería y el rol de un enfermero; por ende, cualquier consideración que pueda tener la pericia respecto a la enfermera es dada por personal que no es idóneo. Porque no son peritos los que intervinieron ninguno es perito en enfermería. Entonces, esta defensa continúa manifestando dichas dos nulidades, sosteniéndolas.” (sic). A ello adunó: “…se le debería haber llamado a indagatoria nuevamente a mi clienta para advertirle que había una modificación de la plataforma fáctica. Porque había tercero.” (sic); para luego afirmar: “…creo que al agregar otro imputado que para usted, con el cual ella no tenía trato, es una modificación de la plataforma fáctica, muchas gracias.” (sic), sin que fueran expresadas mayores precisiones argumentales al respecto.
Establecido ello, vale señalar que, tal como así ya fuera expresado desde un inicio en la presente resolución, este Tribunal de Alzada deberá limitar su análisis a las cuestiones alcanzadas por los motivos de agravio introducidos por la parte apelante al momento de la interposición de su recurso, salvo casos de nulidad absoluta o cuestiones que puedan mejorar la situación de la persona imputada (artículos 434 y 435 del Código ritual). De modo tal, siendo que, en el marco de la aludida audiencia celebrada ante este Tribunal, fueron introducidos novedosos agravios relacionados a la fundamentación del decisorio aquí apelado, entiendo que lo posteriormente alegado representa una queja manifiestamente tardía y, por lo tanto, extemporánea.
Cabe recordar que, tal como así fuera previsto normativamente, los motivos de agravio y sus fundamentos solo pueden ser expresados dentro del plazo de cinco días y en un solo escrito, presentado ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se apela, quien deberá analizar si lo concede o lo deniega; sin que exista la posibilidad de una instancia de “mejora” o “ampliación” del recurso, sino solo de expresión oral de los fundamentos ya brindados por escrito en aquélla presentación recursiva (artículos 421, 433, 441 y 442 del Código ritual).
Téngase presente que el artículo 421, párrafo 2°, del Código Procesal Penal expresamente reclama que los recursos de apelación deberán ser interpuestos “bajo sanción de inadmisibilidad, en las condiciones de [...] forma determinadas, con específica indicación de los motivos en que se sustenten”.
Por su parte, el artículo 442 del mismo Código exige, “bajo sanción de inadmisibilidad”, la “indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos”, los cuales deberán ser expresados dentro de los cinco días de notificada la parte. A partir de ello, se colige que los agravios presentados por fuera de ese plazo resultan manifiestamente inadmisibles.
En definitiva, se aprecia que la audiencia fijada -a la luz de lo normado por los artículos 442 y 447 del mismo cuerpo legal- tiene como finalidad que la parte informe los agravios y fundamentos que previamente fueron presentados por escrito en la instancia de origen; pero no autoriza en modo alguno a introducir nuevos puntos de agravio, ya que ello implicaría una suerte de extensión del plazo para interponer el recurso de apelación, en los términos del artículo 421 del Código de rito.
En todo este contexto, se advierte que -a todas luces- las novedosas alegaciones introducidas en esta Instancia fueron en contradicción con la normativa vigente; sin que además se advierta oficiosamente arbitrariedad alguna, en el desarrollo lógico expresado por el Juez a quo en su resolución para desestimar los aspectos oportunamente invocados en el sentido reseñado, y sin que además ello haya sido fundadamente desvirtuado; razón por la cual habré de declarar sin más su inadmisibilidad (artículos 421, 442, 447 y concordantes del Código Procesal Penal).
Amén de ello, no puedo pasar por alto que, en relación a lo expresado por el Dr. Baqué en dicha diligencia, observo que, una vez celebrada la diligencia a tenor del artículo 308 del Rito penal respecto del coimputado Di Spagna (ver fojas 7737/7751vta.), los acusadores públicos de intervención expresamente dispusieron, en función de ello, que: “sin perjuicio que se ha mantenido incólume el encuadre fáctico y, por consiguiente, la significación jurídica respecto de los restantes 7 (siete) imputados, a fin de evitar posibles y futuros planteos que causen un dispendio innecesario de recursos y de tiempo para el trámite de la investigación, líbrese cédula a los imputados Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Ricardo Almirón, Gisella Madrid y a sus defensas técnicas, con el objeto que -más allá de la publicidad por sistema de la encuesta- tomen conocimiento de la imputación formulada al mentado Di Spagna y de sus dichos para que en el término de 72 hs. indiquen expresamente a ésta Fiscalía si desean o no ampliar sus dichos en orden al art. 317 en función del art. 308 párrafo primero del C.P.P.” (sic; ver fojas 7797/7801vta.).
Pese a haber sido debidamente notificados de ello en tiempo y forma (ver fojas 7826/7829vta., y 7835), aprecio que los impugnantes -Dres. Baqué y De Vargas- no impulsaron la oportuna adopción de temperamento alguno al respecto. Tampoco así lo hicieron, en el sentido aludido, al momento de ser notificados de la decisión fiscal de declarar el cierre de la etapa preparatoria (ver fojas 7885/vta. y 7892).
XIII. Seguidamente habré de expedirme respecto a los demás agravios introducidos, que giran en torno a la decisión de disponer el inicio de la etapa plenaria, con relación a todos los imputados, en orden al endilgado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Preliminarmente, debo señalar que, si bien este Tribunal de Alzada ya tuvo oportunidad de intervenir en este mismo proceso (ver causas números 33.118/III, 33.177/III, 33.423/III, 33.458/III, 33.513/III, 33.521/III, 33.529/III, 33.765/III, 33.789/III, y 33.814/III, todas ellas del registro de esta Sala III del Tribunal), ésta es la primera ocasión en la que habré de pronunciarme respecto a un auto de mérito (artículos 21 inciso 1°, 210, 334, 335, 336, 337 primer párrafo, en función del 157, incisos 1° y 3°, y concordantes del Rito penal).
Sentado ello, cabe recordar que nos encontramos en la fase preliminar del proceso, cuya finalidad es recopilar elementos tendientes a la formación de la convicción del Ministerio Público Fiscal para poder acusar o no, y en esa inteligencia, a partir del principio de valoración de la prueba (artículos 210, 334, 335 y concordantes del Código Procesal Penal), y del carácter eminentemente preparatorio del juicio que reviste la investigación penal preparatoria, se exige que en ella se reúnan los elementos indispensables y suficientes para que dicho órgano requirente pueda formular tal instancia. A ello debo agregar que no se exige certeza para su decisión, sino sólo que esté justificada la existencia del delito atribuido y que exista probabilidad positiva de que las personas acusadas hayan participado del ilícito endilgado (artículos 337 primer párrafo, en función del 157, incisos 1° y 3°, del Rito penal).
En consonancia con ello, se ha pronunciado el Máximo Tribunal bonaerense al sostener, y así lo comparto, que “…a los efectos de decidir la elevación a juicio y desechar el sobreseimiento, no se trata de establecer si la prueba permite condenar, sino -en ese estadio del proceso- si permite descartar la eventualidad de una condena” (ver S.C.B.A., P. 132.913, del 10 de febrero de 2021).
También dejó establecido, y a su vez lo comparto, que “Para la elevación a juicio basta con la probabilidad de que luego de transitado el debate oral, público, contradictorio y continuo, y producida la totalidad de la prueba reunida y la que complementaria o suplementariamente pudiere establecerse, escuchados los testigos de cargo y de descargo, al propio imputado si lo deseare, los peritos del caso, aclarados los puntos que pudieren resultar contradictorios u oscuros, se dilucide definitivamente lo relativo al reproche endilgado al imputado.” (ver S.C.B.A., P. 124.987, del 27 de diciembre de 2017).
Sentado todo ello, y como primera cuestión, debo señalar que los impugnantes dedujeron distintos agravios en torno a la calificación asignada al endilgado Hecho 1 (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Al respecto, debo señalar que, atendiendo a las previsiones contenidas en el artículo 23 inciso 5° del Rito penal, tales extremos -a esta altura del proceso- no resultan dirimentes a los fines de aquí decidir. Es que, conforme seguidamente analizaré, encuentro que el cuadro probatorio adjunto permite alcanzar -a esta altura- el grado de conocimiento exigido para considerar prima facie consolidada la imputación fiscal, en los términos endilgados y requeridos por la acusación pública, relativa a que el aporte que cada uno de los aquí encausados habrían efectuado en el caso respecto de la salud de la presunta víctima, atendiendo al rol y a las funciones que éstos habrían evidenciado en el citado período externativo, habrían sido determinantes en el fatal desenlace aquí endilgado; todo ello sin que -por el momento- una eventual modificación del juicio de subsunción efectuado logre generar incidencia concreta alguna en la situación procesal de cada uno de los imputados, especialmente teniendo en cuenta que no ha mediado temperamento coercitivo alguno a su respecto, que pudiera llegar a ser eventualmente modificado.
En todo este marco, resultando por ello inconducente -en esta instancia procesal- el análisis defensista propuesto en los términos aludidos, y siendo que además todas las alegadas circunstancias que analizaré seguidamente, como así también los aludidos aspectos relativos a dicha calificación legal, podrán ser eventualmente materia de un acabado estudio y debate en la siguiente instancia procesal, atendiendo al principio del contradictorio, estimo que dichas alegaciones habrán de correr su suerte por la negativa (artículo 23 inciso 5 “a contrario” del Rito penal). Seguidamente, y tal como así lo adelantara, estimo que el plexo probatorio incorporado permite -en esta instancia- considerar prima facie acreditada la imputación fiscal, en los términos oportunamente endilgados y requeridos por la acusación pública, sin que se presenten motivos de peso que -en esta instancia- logren desvirtuar sin más dichos extremos (artículos 210, 337 en su remisión al 157, y concordantes del Rito penal). Veamos.
En primer término, debo señalar que no ha sido motivo de controversia alguna que, tal como así lo tuviera por prima facie acreditado el Juez a quo, los aquí imputados Luque, Cosachov y Díaz habrían conformado un grupo de trabajo, con al menos un mes aproximadamente de antelación al fatal desenlace aquí investigado.
Es así que, a la luz de las aptitudes personales y profesionales de cada uno de ellos (Luque, como médico neurocirujano; Cosachov, como médica psiquiatra; y Díaz, como licenciado en psicología), los nombrados habrían promovido la adopción de diversos temperamentos con respecto a la salud de la presunta víctima de autos, Diego Armando Maradona. Por otra parte, no ha merecido reproche alguno que, según así también fuera prima facie acreditado, el día 3 de noviembre de 2020 se habría efectivizado el traslado de la presunta víctima a la Clínica Olivos, donde habría sido intervenido quirúrgicamente, con motivo de un hematoma subdural que aquél presentaba.
Tampoco fue cuestionado que, transcurridos ocho días (el 11 de noviembre de 2020), el paciente habría sido externado de ese nosocomio, para luego ser alojado en una vivienda particular (ubicada en el lote 45, del Barrio San Andrés, de la localidad de Benavídez, Partido de Tigre). Allí, habría estado acompañado en forma constante por personas de su entorno. También habrían acudido al lugar distintos profesionales de la salud y profesionales capacitados en enfermería, entre ellos el aquí encausado Di Spagna (en su presunta condición de médico clínico), como así también los imputados Almirón y Madrid (tratándose presuntamente de personal capacitado en enfermería). Ello así, de acuerdo a las indicaciones que habrían cursado los demás imputados Forlini y Perroni (presuntos integrantes de la nómina de trabajadores de las firmas Swiss Medical Group S.A. y Medidom Internaciones Domiciliarias S.R.L., respectivamente). Finalmente, viene conformado que, transcurridos catorce días de su externación sanatorial (el día 25 de noviembre de 2020, a las 12:30 horas), se habría podido constatar la defunción del paciente en la vivienda aludida, como presunta consecuencia de una insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco, sin que -en principio- pudiera llegar a reputarse correlación alguna entre la citada intervención quirúrgica y el fatal desenlace aquí investigado. Establecido el cuadro de situación, respecto del cual -insisto- no habrían mediado fundados cuestionamientos, encuentro que las alegaciones defensistas introducidas, apoyadas en las distintas versiones de descargo ensayadas (según artículos 308 y 317 del Rito penal), no logran poner en crisis -a esta altura- los términos de la hipótesis fiscal intimada. De hecho, a la luz de la secuencia de eventos que a continuación describiré, considero que, con el grado de conocimiento exigido para esta etapa, se verifican indicadores que resultan suficientes para estimar prima facie consolidada la tesis incriminante, en los términos oportunamente intimados y luego requeridos por la acusación pública a fojas 7939/8127 (artículos 210, 337 -en función del 157-, y concordantes del Rito penal).
A. En ese sentido, cabe señalar que, en sus distintas exposiciones (a tenor de los artículos 308 y 317 del Rito penal), los encausados postularon su ajenidad al hecho investigado, procurando refutar el rol asignado por la acusación pública a cada uno de ellos en el citado período externativo, tal como así también lo hicieron sus asistentes técnicos en cada una de sus oposiciones al citado requerimiento fiscal.
En muy prieta síntesis, el imputado Luque alegó que, por haberse implementado en el caso una internación domiciliaria (según Resolución 704/2000 del Ministerio de Salud de la Nación), no recaía en él la asistencia, control y el seguimiento médico de la presunta víctima (ver fojas 6512/6553 y 7879/7883). En el mismo sentido, se ha expresado la encausada Cosachov, indicando que su intervención en el caso se limitaba únicamente a prescribir la medicación suministrada al paciente (ver fojas 6358/6433 y 7867/7877). Por su parte, el imputado Díaz adujo que no integraba el equipo médico asistencial a cargo de esa fase externativa, enfatizando su condición de psicólogo convocado únicamente para evitar que la presunta víctima incurriera en posibles conductas adictivas (ver fojas 6315/6343). A su turno, la imputada Forlini negó la posibilidad de que, en el presente caso, pudiera haberse llevado a cabo una internación domiciliaria en los términos atribuidos, postulando que se trataron de unos “cuidados domiciliarios”; para luego señalar a los encausados Luque y Cosachov como las personas a cargo de la asistencia y control médico de la presunta víctima en ese período (ver fojas 6208/6222 y 6687/6690).
Por su parte, el encausado Perroni procuró argumentar su ajenidad al hecho, enfatizando su condición de empleado administrativo encargado de la coordinación del personal capacitado en enfermería interviniente, apuntando a Forlini, Luque y Cosachov, como las personas responsables del cuidado del paciente (ver fojas 6179/6207).
En consonancia con ello, la licenciada en enfermería Madrid afirmó que, en el presente caso, fueron implementados unos “cuidados domiciliarios”, y postuló que cumplió con las instrucciones brindadas por su superior jerárquico laboral (el imputado Perroni), consistentes en administrar la medicación prescripta y evitar que la presunta víctima se automedicara; para luego señalar a los encausados Luque y Cosachov como las personas a cargo de la asistencia médica del paciente (ver fojas 6049/6178). Del mismo modo que la anterior, se ha expresado el imputado Almirón, quien también dijo ser profesional capacitado en enfermería, señalando además que no contaba con información relativa a los antecedentes médicos de la presunta víctima, pese a haberlo así requerido (ver fojas 5937/5952). Finalmente, el imputado Di Spagna expresó que -en su condición de médico clínico- intervino en el marco de tales “cuidados domiciliarios” por pedido de la encausada Forlini, a quien le reportó la encomendada actividad que aquél habría desarrollado, consistente en la verificación del estado de salud de la presunta víctima y la recomendación de ciertos estudios médicos, sin que asumiera el rol de médico a cargo de su asistencia (ver fojas 7737/7751).
B. Sentado todo ello, tal como así lo apuntan los acusadores públicos en su requerimiento de fojas 7939/8127, y el Juez a quo en el decisorio aquí apelado, en este proceso han sido incorporados diversos elementos de prueba que darían cuenta aquéllas circunstancias presuntamente vinculadas a la decisión de externar al paciente del centro asistencial que lo albergaba (el día 11 de noviembre de 2020), cuya válida incorporación al legajo no fue materia de cuestionamiento alguno.
En lo que aquí interesa, contamos con los testimonios de Dinorah Giannina Maradona Villafañe, quien dijo ser hija de la presunta víctima de autos (ver fojas 448/451 y 3621/3624; del 28/11/2020 y 26/02/2021). Al igual que los demás testigos, aprecio que la nombrada, quien ha prestado juramento de decir verdad, los hechos sobre los que declara han caído directamente bajo la acción de sus sentidos, da la razón satisfactoria de sus dichos, expresando por qué y de qué manera sabe lo que ha declarado, y no se encuentra afectada por inhabilidades justificadas en legal forma, explicó que el imputado Luque era el “médico de cabecera” (sic) de su padre, quien además “decidió el traslado (…) a la Clínica Olivos a los efectos de operarlo” (sic).
Precisó que, días después de su intervención quirúrgica (el 9 de noviembre de 2020), participó en una reunión desarrollada en ese nosocomio, en la que estuvieron presentes los imputados Luque y Cosachov, como así también las hermanas de su padre (Rita, Ana y Claudia Maradona), sus hermanas Dalma y Jana Maradona, los profesionales médicos Dres. Dimitroff y Schiter, y otras personas más. Recordó que, en esa oportunidad, “nos explicaron que mi padre clínicamente ya se encontraba dado de alta pero como bien sabíamos y estaba en evidencia, él tenía problemas de adicción al alcohol y a los medicamentos (…) nos dieron tres alternativas: que se vaya a una clínica de rehabilitación (…) para lo cual se necesitaba como condición su consentimiento, la otra opción era la internación domiciliaria y la última era internarlo en un neuropsiquiátrico por intermedio de la justicia” (sic).
Con posterioridad, se llevó a cabo otra reunión más en ese lugar, con las citadas personas, en la que además intervino el imputado Díaz. La testigo aseguró que, en esta ocasión, recibieron “asesoramiento acerca de la internación domiciliaria y en recomendación de Leopoldo Luque, pese a que yo no estaba tan convencida, decidimos que la mejor opción era la internación domiciliaria” (sic).
A ello agregó que, el día 11 de noviembre de 2020, “cuando le dan el alta, nos volvimos a reunir con Jana y yo junto con su médico de cabecera el Dr. Luque y la psiquiatra, Dra. Cosachov y Nancy Forlini representante de Swiss Medical o de la empresa que se encarga de la derivación de la internación domiciliaria (…) nos pusimos de acuerdo con que la internación domiciliaria se iba a llevar a cabo en Tigre” (sic). Aseveró que Luque y Cosachov “nos brindaron la seguridad para que esa opción se lleve a cabo” (sic), aclarando que iban a ser convocados “enfermeros, los terapeutas y un médico clínico, ello sin desplazar al Dr. Luque como su médico de cabecera” (sic). También precisó que se había conformado un grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (sic), integrado por familiares y allegados a su padre, como así también por los imputados Luque, Cosachov y Díaz, en el que se informaba respecto a su cotidiana evolución física.
En consonancia con ello, fueron agregadas las declaraciones testimoniales de Jana Maradona, hija de la presunta víctima de autos (ver fojas 486/490 y 3625/6328; del 28/11/2020 y 26/02/2021). En idénticas condiciones que la anterior, también hizo referencia a las citadas reuniones, y demás circunstancias allí ventiladas. Aclaró que, frente a la propuesta del personal médico de dicho nosocomio de trasladar a su padre a un centro asistencial especializado, el imputado Luque “Se opuso rígidamente, bajo pretexto de que mi papá no iba a aceptar. Todas nosotras estábamos evaluando, pero él ya había decidido (…) decía que no enfáticamente” (sic). También recordó que, en el segundo encuentro mencionado (del 10/11/2020), “estuvimos de acuerdo en que se dé la internación domiciliaria” (sic).
A ello agregó que “resolvimos elegir la postura de Luque y Agustina a pesar que para nosotros era mejor la propuesta que quería desde la Clínica Olivos” (sic). Aunado a ello, hizo idéntica referencia a la reunión mantenida con personal de la empresa Swiss Medical Group S.A., el mismo día de su externación sanatorial (el 11/11/2020). Precisó que, en esta ocasión, les dijeron: “estamos a disposición para todo lo que necesiten (…) se planteó cómo iba a ser la internación. Iba a ser seria, se dijo textualmente y varias veces que iba a ser seria. Sería con enfermeros 24/7, con especialistas que requirieran Luque y Agustina, con una ambulancia a disposición” (sic). A ello agregó que “preguntamos con Giannina cómo iba a ser el control, y nos dijeron que dependía del día a día.
Esto nos lo dijo la gente de Swiss Medical. Agustina y Luque asintieron.” (sic). Aclaró que “Luque tomó el rol de gerenciador (…) se iba a encargar de todo, Agustina solo de la parte psiquiátrica” (sic). También recordó que, al firmar “el documento en el que le daban el alta (…) nos dijo creo que Cosachov que (…) era algo formal pero alguien tenía que firmar” (sic).
En las mismas condiciones, también se expresó la testigo Dalma Nerea Maradona Villafañe, hija de la presunta víctima (ver fojas 444/446, del 28/11/2020). Al igual que las anteriores, describió las citadas reuniones desarrolladas, tendientes a decidir la externación sanatorial de su padre. Precisó que “De la internación domiciliaria se encargaba su médico de cabecera Leopoldo Luque con un respaldo de Swiss Medical, a pedido de él, que supuestamente cubriría lo que él no tenía, como un médico clínico, acompañantes terapéuticos y enfermeros (…). Cualquier decisión pasaba por él y era quien iba a controlar la internación” (sic). A ello agregó que Luque “se negó totalmente a cualquiera de las opciones que no sea la domiciliaria y ahí empieza esta internación domiciliaria que claramente no funcionó (…) nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria” (sic).
En consonancia con ello, la testigo Verónica Carolina Ojeda, anterior pareja de la presunta víctima de autos, expuso que participó en uno de los aludidos encuentros, donde “se decidió entre todos, después de escuchar y por indicación del Dr. Luque y la Dra. Cosachov hacer la internación domiciliaria (…) en todo momento hablaban de internación domiciliaria (…) iba a estar las 24 hs. monitoreado, con una enfermera, un asistente terapéutico y asistidos por la obra social” (sic; ver fojas 601/604vta., del 30/11/2020). A ello agregó que “su médico de cabecera era el Dr. Leopoldo Luque desde hace algunos años” (sic).
En sus declaraciones de fojas 7405/7409 y 7410/7413 (ambas del 13/10/2021), las testigos Claudia Nora y Ana Estela Maradona -quienes dijeron ser hermanas de la presunta víctima- coincidieron en afirmar que también intervinieron en una de las aludidas reuniones, haciendo referencia a las mismas circunstancias anteriormente declaradas, agregando a ello que tomaban noticia de la evolución de su hermano a partir de la información vertida en el citado grupo de mensajería. La testigo Ana Estela Maradona precisó que, en esa reunión, se acordó “que iban a poner una domiciliaria, con una ambulancia, que iban a tener todos los recaudos necesarios” (sic). En las mismas condiciones, el testigo Víctor Alejandro Stinfale también expuso que participó en uno de esos encuentros, acompañado por el Dr. Benvenutti (ver fojas 7265/7271, del 02/09/2021). Aseguró que, en esa ocasión, “se empezó a hablar de cómo iba a ser la internación domiciliaria (…) lo iba a cubrir Swiss Medical (…) habría una ambulancia (…) Benvenutti les dijo qué se necesitaba para una internación domiciliaria, les explicó que necesitaban un clínico, un médico en cada especialidad” (sic). Precisó que Luque iba a ser “el medio para llegar a Diego” (sic); recordando además que el imputado Díaz “hablaba, dio opiniones. Lo mismo Cosachov y Luque. Todos interactuaban y mucho” (sic).
Esto último se integra con lo expresado por el testigo Rodolfo Benvenutti, quien dijo ser médico cirujano convocado por Stinfale para que “supervisara la operación en la Clínica Olivos” (sic; ver fojas 7351/7355; del 20/09/2021). También dio cuenta que asistió a la referida reunión, en la que estaban “todos de acuerdo en que sería una internación en el domicilio” (sic). Recordó que se encontraba presente “el psicólogo” (en referencia al imputado Díaz); siendo que “Cosachov manifestó las necesidades y todo lo que se estaba organizando para que esta internación pudiera suceder, junto con Luque comentaba que iba a haber presencia de especialistas psicológico, psiquiatra, un médico clínico (…) Luque como Cosachov indicaron que mantuvieron reuniones y conversaciones en la cual Swiss Medical ponía a disposición todo” (sic).
El deponente aclaró que sus intervenciones “fueron aportes como consultor” (sic), habiendo aconsejado que “tenía que haber seguimiento clínico, neurólogo, eventualmente cardiólogo (…) tener mucho cuidado al respecto de la medicación que eligieran (…) por las intercurrencias clínicas que pudieran generar (…) estar correctamente evaluado” (sic). Precisó que Luque tendría a su cargo “la parte médica si (…) no quería tomar la medicación, o si tenía un problema con algún profesional” (sic). El testigo agregó que, en esa oportunidad, recomendó la necesidad de que “esté todo el equipamiento. Estoy casi seguro que de la ambulancia se habló. Sí se habló de (…) un médico clínico todo el tiempo, se habló de un neurólogo, de un cardiólogo o de un médico clínico (….) para que pueda interactuar con el psiquiatra” (sic). Recordó que Luque y Cosachov “comentaban que Swiss Medical se estaba encargando del equipamiento y especialistas” (sic); aclarando además que “ella iba a hacer el seguimiento psiquiátrico en conjunto con el psicólogo especialista en adicciones (…) hablaban de medicaciones específicas (…) dije que tenía que estar muy bien evaluado por un médico clínico para que esa medicación no le genere una complicación posterior” (sic). Finalmente, aclaró que “Se pusieron de acuerdo en todo la familia, la parte médica y se quedaron esperando a que Swiss Medical defina si era una internación compulsiva o domiciliaria (…) y nos fuimos” (sic).
En abono a todo ello, contamos con las transcripciones de fojas 7548/7572vta., practicadas respecto de la grabación presuntamente obtenida de esa reunión (del 10/11/2020). De allí surge que el testigo Benvenutti habría efectivamente recomendado la necesidad de contar con “un equipo multidisciplinario (…) un médico de confianza que sea en rigor un administrador de todo lo que opinen el resto de los profesionales o de las especialidades y que diga ‘si’, ‘no’ (…) que vea una cuestión integral y general (…) es fundamental, porque le vas a dar medicaciones que pueden montarse sobre otras medicaciones y dar efectos adversos (…) un psiquiatra que haga lo que es la psicofarmacología (…) un compendio de cosas que se tienen que hacer todo junto” (sic).
A su turno, Luque habría coincidido con esas propuestas, aclarando que “las especialidades pueden acercarse a él (…) para no desgastar mi relación con él y cuando me necesiten, a la hora que sea (…) yo estoy” (sic). A ello Luque presuntamente adunó que “Lo que hizo Swiss Medical hoy -que lo tengo que terminar de confirmar- (…) que iba a tener su psiquiatra, evaluarlo (…) ellos cubrirse y cubrirnos a nosotros, de que no requiere una internación obligatoria y que no ir en contra de su voluntad” (sic). Por su parte, la imputada Cosachov habría explicado que ella supervisaría “la parte psiquiátrica (…) el plan farmacológico se arma y después los enfermeros supervisan y también el acompañante terapéutico” (sic). Con respecto al plan farmacológico, Cosachov habría explicado que “ayer yo me comuniqué con esta psiquiatra (…) que convocó Swiss (…) conversamos respecto de su Naltrexona a ver sobre el Disulfiram” (sic). En esa misma oportunidad, Díaz habría referido “no nos basemos solamente en un cuidado médico como una vigilancia (…) acá es alcohol cero (…). Lo mismo -lo que hablábamos con Agustina y con el equipo- el tema del psicofármaco, tener contabilizado todo lo que toma (…) otro aspecto que me parece súper importante -Agus que lo charlamos nosotros- es tratar de poder ver si podemos meter un Disulfiram” (sic). Sumado a ello, Díaz habría recomendado “no desgastar el vínculo (…) sino ahí perdemos” (sic); agregando presuntamente a ello: “tal vez el Disulfiram, viste, con la Naltrexona, viste, con el Bupropión, así tipo Naltreva, puede servir” (sic). Prosiguiendo con el análisis del caso, también aprecio que fue incorporado el testimonio de Sebastián Nani, quien dijo ser Jefe de Cardiología de la Clínica Olivos (ver fojas 6863/6870, del 06/08/2021). El nombrado dio cuenta que conocía al imputado Luque, a quien señaló como el “médico de cabecera” (sic) de la presunta víctima. Aclaró que, por pedido de aquél, el paciente fue derivado al citado nosocomio y que, “cuando salió de la operación (…) intervine en el monitoreo junto con otro cardiólogo” (sic). También fue preciso al asegurar que no estuvo presente al momento de decidir la externación sanatorial del paciente, pero tuvo conocimiento “por los médicos de la clínica que se firmó un acuerdo donde Swiss Medical les ofrecía un centro de rehabilitación pero se decidió desistir de eso y llevar a cabo la internación domiciliaria” (sic).
A la luz de su cuadro físico, el deponente consideró que “un paciente de las características de Maradona (…) necesitaba un médico clínico y un psiquiatra para la internación domiciliaria” (sic). Adunó que “necesitaba irse a un centro de tercer nivel con un equipo interdisciplinario que conste de un clínico y un psiquiatra con un lugar preparado para el manejo” (sic). También recordó que, “en las tres últimas ocasiones en que formé parte del control de monitoreo de cardiología (…) no noté una falla cardíaca (…) no presentó ningún tipo de aviso de complicación cardiológica inminente tanto durante la finalización de la cirugía, como así tampoco durante la reversión de la anestesia” (sic).
Por otra parte, fue agregada la declaración testimonial del profesional médico Mario Alejandro Schiter (ver fojas 496/498, del 28/11/2020). El testigo explicó que fue convocado “como consultor por Swiss Medical para el post operatorio” (sic) de la presunta víctima. Agregó que, atendiendo a la posterior evolución del paciente luego de ser intervenido quirúrgicamente, recomendó su traslado a “un centro de rehabilitación con internación” (sic). También hizo referencia a la misma reunión del día 10 de noviembre de 2020 y demás circunstancias allí ventiladas; y aclaró que, una vez producido el fatal desenlace investigado, fue contactado por Claudia Villafañe “para formar parte como veedor de la autopsia, a lo cual accedí y presencié (…) mi conclusión fue coincidente con la de mis colegas” (sic).
A su turno, la testigo Marcela Waisman, quien dijo ser médica psiquiatra, declaró que fue convocada por Schiter para “evaluar a un paciente, a modo de interconsulta” (sic; ver fojas 7262/7264, del 31/08/2021). Aseguró que, en dos oportunidades, se trasladó hasta la Clínica Olivos, donde la presunta víctima de autos se encontraba alojado, pero no pudo tomar contacto personal con aquél. En la última ocasión, tras advertir que se encontraba dormido y por ello “era inevaluable” (sic), conversó con la imputada Cosachov “acerca de la situación de su paciente (…) Esa fue toda mi intervención” (sic).
También fue agregado el testimonio de Fernando Villarejo, quien declaró ser Jefe de Cuidados Intensivos de la Clínica Olivos (ver fojas 7236/7240vta., del 26/10/2021). Al igual que los anteriores, afirmó que, el 3 de noviembre de 2020, el paciente fue trasladado allí, practicándosele la citada intervención quirúrgica. Indicó que los “médicos de cabecera” (sic) de la presunta víctima eran Luque y Cosachov, recordando que esta última “estaba todos los días, y varias horas, allí en la clínica” (sic). Incluso, la nombrada “escribió en la historia clínica (…) guiaba el tratamiento psiquiátrico de base” (sic). También aseguró que los Dres. Waisman y Schiter no lograron evaluar a la presunta víctima, dado que “no le permitieron el ingreso (…) ninguno de los dos pudo ver al paciente” (sic). Por otra parte, señaló que, atendiendo a la positiva evolución del paciente, se sugirió “a la familia, y también a los médicos de cabecera” (sic) la posibilidad de “una internación en una institución especializada (…) tanto Cosachov como Luque dijeron no estar de acuerdo” (sic). Recordó que evaluó “muchas veces al paciente (…) clínicamente estaba muy estable. No hacía suponer de ninguna manera ninguna enfermedad orgánica que impidiese su externación. Sí tenía muchas alteraciones vinculadas a cuadros psiquiátricos (…). Nosotros planteamos la opción a un instituto de rehabilitación a cargo de nuestros psiquiatras, y de acompañantes terapéuticos. Cosachov y Luque no lo aceptaron (…). El lunes siguiente se realizó otra reunión, y se resolvió que se iba a externar en otras condiciones que ellos entendían más adecuadas, sin el alta otorgada por nosotros, y ellos asumiendo el riesgo” (sic).
Al ser preguntado “si el paciente estaba en condiciones de recibir el alta a nivel cardiológico” (sic), respondió que se encontraba “estable. No había signos de insuficiencia cardíaca” (sic). En cuanto a la posibilidad de haberse representado el fatal desenlace aquí investigado, contestó que “no me parecía que fuese posible, porque clínicamente estaba muy bien” (sic). No obstante, aseguró que “pacientes en estas condiciones, de excitación psicomotriz, pueden tener riesgo. Por eso lo ideal es tratarlo en centro de cuidados especializados, con posibilidad de atender urgencias” (sic). A su turno, el testigo Pablo Dimitroff, quien dijo ser Director médico de la Clínica Olivos, recordó que, a instancias del imputado Luque, se llevó a cabo la aludida intervención quirúrgica, con resultados positivos (ver fojas 7255/7261, del 30/08/2021). Precisó que “el sistema de monitoreo permanente nos mostraba que tanto lo cardiovascular como lo respiratorio estaba perfecto, no tuvo arritmias, ni alteraciones en la saturación. Tuvo en algún momento alguna alteración de la presión cardíaca en momentos que se excitaba” (sic).
También reseñó que, “en forma conjunta con la prepaga” (sic), se comenzó “a pensar alternativas para poder generar desde su alta una continuación del tratamiento” (sic). Aclaró que “tuvimos un par de reuniones (…) en la que hubo familia, las hijas, estuvieron los Dres. Luque y Cosachov estuvo gente de Swiss Medical (…) Ricardo Watman, gerente médico de Swiss Medical” (sic). Aclaró que “estaban dadas las condiciones para que (…) pueda externarse” (sic). No obstante, aseguró que la presunta víctima “necesitaba un seguimiento (…) con el personal adecuado (…) adecuación de su tratamiento farmacológico psiquiátrico y que rehabilitara motrizmente” (sic).
Explicó que, en la primera reunión citada, recomendaron su derivación a “un centro de rehabilitación al que (…) pudiera tener un equipo que lo asistiera (…) ante la enfermedad psicopatológica, acompañante terapéutico, psicólogo, psiquiatra (…). Luque nos planteó que esto no iba a pasar, que no íbamos a contar con el aval de DAM” (sic; en referencia a la presunta víctima). A ello agregó que “la única alternativa que nos quedaba (…) era tener que pasar por encima de su voluntad (…) dar intervención a un juez y que éste dictamine a favor” (sic).
En el encuentro desarrollado el día 11 de noviembre de 2020, “que fue el día que se externó” (sic), estaban presentes todos los anteriormente referidos, con excepción de los testigos Villarejo y Dalma Maradona Villafañe. Aclaró que “lo que nos planteó la familia como el equipo médico fue que (…) no contaban con el acuerdo del paciente y que (…) la intervención de un Juzgado ellos preferían no hacerlo” (sic). También le expresaron que “habían acordado con el equipo médico tratante en armar en un nuevo domicilio (…) un esquema de cuidado del paciente que iba a estar a cargo de ellos y que sí iba a necesitar de algunos cuidados y asistencias fundamentalmente del área de enfermería, algún médico de seguimiento que se hiciera presente (…) que continuaran los acompañantes terapéuticos” (sic).
El testigo agregó que, frente a ello, “les dijimos que (…) tanto la clínica como Swiss Medical habían redactado un documento (…) que hacía mención que habíamos tenido las reuniones, los ofrecimientos (…) a esto la familia se había negado y que el equipo médico tratante había ofrecido entonces hacerse cargo del seguimiento del paciente en un domicilio (…) con presencia de acompañantes terapéuticos y de servicio de enfermería y controles médicos que iban a dar en relación a su requerimiento por parte de Swiss Medical (…) y se procedió a que todos firmáramos” (sic). Al serle exhibida la pieza obrante a fojas 309vta./310, el testigo la señaló como al instrumento al que hizo referencia, reconociendo además su firma allí estampada. Al ser preguntado si el contenido de ese instrumento fue leído a viva voz a los allí presentes, contestó: “No sé si en su totalidad pero sí gran parte” (sic).
A esta altura, cabe señalar que, en la aludida pieza de fojas 309vta./310, cuya válida incorporación al legajo no viene cuestionada, se dejó expresamente consignado que la presunta víctima: “ha tenido una evolución pos-quirúrgica favorable y se encuentra en condiciones de externación sanatorial (…) si bien puede ser externado, no se encuentra de alta médica (…) se ha convocado al equipo médico tratante (…) designado por el paciente y familiares, ajeno a Swiss Medical, a su entorno cercano y a la familia para consensuar la continuidad terapéutica al egreso. La propuesta de Swiss Medical es continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y los profesionales con el objetivo de acordar la mejor estrategia terapéutica. Esta propuesta no es aceptada por la familia.” (sic). También se hizo constar que “El equipo médico tratante del Sr. DM (Dr. Leopoldo Luque y Dra. Agustina Cosachov), prescribió y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica - domiciliaria del paciente y solicita a Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios consistentes en: -Asistencia diaria de enfermería -Acompañante terapéutico. Se acordará el régimen de estos servicios al efectivizar el egreso (…). El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical. De acuerdo a la evolución posterior (…) se acompañará desde Swiss Medical con los requerimientos asistenciales que el cuadro clínico requiera. En caso de requerir insumos relacionados a los cuidados domiciliarios el equipo tratante deberá requerirlos a auditoría médica de Swiss Medical a los fines de su implementación de corresponder” (sic).
Finalizado el texto de ese instrumento, obran únicamente cinco firmas ológrafas, cada una con sus presuntas aclaraciones que -en principio- se corresponderían a los imputados Luque y Cosachov, como así también al testigo Dimitroff (invocando su condición de Director médico de la Clínica Olivos, a través de su sello aclaratorio), y dos de las hijas de la presunta víctima (Dinorah Giannina Maradona Villafañe y Jana Maradona). Sin embargo, no habría sido suscripta por representante alguno de la aludida empresa Swiss Medical Group S.A. (presunta empleadora de la aquí imputada Forlini), ni mucho menos por personal de Medidom Internaciones Domiciliarias S.R.L. (presunta empleadora del aquí encausado Perroni); sin que además haya sido especificada la fecha y el lugar de su presunta suscripción. Tampoco habría sido especificado el sitio al cual habría de ser posteriormente alojado el paciente.
Continuando con el análisis del plexo probatorio, también observo que fueron agregadas distintas transcripciones de mensajes, presuntamente remitidos con anterioridad a dicha externación sanatorial (del 11/11/2020), por parte de los imputados Luque, Cosachov y Díaz, que darían cuenta aquellas circunstancias presuntamente relacionadas con la adopción de dicho temperamento; cuyo valor probatorio asignado tampoco ha sido motivo de cuestionamiento alguno.
Nótese que, el 26 de octubre de 2020 (es decir, 16 días antes de esa externación sanatorial), los imputados Luque y Cosachov habrían intercambiado los mensajes que a continuación transcribo (ver fojas 4892/4981). A las 12:54 horas, Cosachov le habría asegurado a Luque: “hay que activar si o si la domiciliaria la primera semana de noviembre” (sic). Minutos después (a las 12:56 y 12:57 horas), Cosachov le habría aclarado: “Si fracasa la internación domiciliaria: internación (…) Avisame así empezamos a reclutar gente” (sic). Instantes después (a las 13:00 y 13:12 horas), Luque habría coincidido con aquélla al afirmar presuntamente: “las medidas a tomar (...) son, la menos mediática sería una internación domiciliaria (…) y la opción 2 es, si fracasa, una internación (…) estoy absolutamente convencido que hay que hacerlo (…) me va a llamar ese psicólogo y en base a lo que diga el psicólogo -que va a decir lo mismo que decimos todos- se lo vamos a plantear a Matías y listo” (sic).
El 5 de noviembre de 2020 (es decir, dos días después de la citada intervención quirúrgica, y seis días antes de su externación sanatorial), los imputados Díaz y Cosachov habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 2650/2756). A las 18:16 horas, Díaz le habría recomendado a la nombrada: “lo hablamos los tres más a la noche (…) de ir armando el dispositivo de internación domiciliaria (…) mandá la carta que habías armado para Swiss Medical (…) podemos ir planificando esto para los próximos días” (sic); agregando presuntamente a ello: “él no va a aceptar una internación voluntaria (...) tenemos que organizar ahí la internación domiciliaria” (sic). Frente a ello, la imputada Cosachov le habría asegurado: “ya la mandé la carta (…) está todo activado (…) están a total disposición” (sic, a las 18:21 y 18:24 horas).
En este punto, cabe señalar que, en oportunidad llevarse a cabo un allanamiento en la vivienda de la imputada Cosachov, pudo secuestrarse -entre otros elementos- diversas anotaciones presuntamente confeccionadas a mano alzada por la nombrada, que darían cuenta la evolución de la salud de la presunta víctima, y que fueran presuntamente suscriptas al pie cada una de ellas por parte de Cosachov, junto con su sello aclaratorio; cuya válida incorporación al legajo tampoco fue objeto de cuestionamiento alguno.
Es así que, en las anotaciones de fojas 889/vta., puede leerse textualmente: “4/11/2020. En consonancia con estrategia con el equipo tratante comenzamos a pensar estrategias para el alta. Me comunico con auditor médico de Swiss Medical a los fines de ir preparando internación domiciliaria (…). Previo OK del equipo tratante del paciente (Dr. Luque y Lic. Charly Díaz) envío nota de internación domiciliaria al médico auditor (ver adjunto en la historia clínica). El auditor me informa este mismo día que está todo en marcha” (sic).
En abono a esto último, también fue secuestrada una copia de un requerimiento presuntamente suscripto por Cosachov, con su correspondiente sello aclaratorio, fechado también el 4 de noviembre de 2020 (es decir, siete días antes de su externación sanatorial), dirigido a “quien corresponda” (sic, ver fojas 910). Tras haber sido consignados los datos personales de la presunta víctima, puede leerse: “se indica internación domiciliaria del paciente, solicitando como indispensable para llevar a cabo la misma: enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad de tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico. A su vez contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se considera necesario el traslado.” (sic)
Prosiguiendo con el análisis de dichos mensajes, observo que el día 7 de noviembre de 2020, en el grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados de la presunta víctima), el imputado Luque habría informado a las 18:50 horas: “Diego viene evolucionando día a día mucho mejor (…) hay que programar lo que es después de que salga de la clínica (…) el plan es que se vaya el viernes (…) Eso nos da tiempo para (…) optimizar el estado de salud de Diego y, al mismo tiempo (…) preparar una internación domiciliaria. La casa sería por zona norte (…) equiparla de modo tal que sea una internación domiciliaria seria, bien seria, con profesionales, con equipo, todo lo que necesitamos (…). Quería ver si están todos de acuerdo” (sic; ver fojas 5123/5153). Momentos después, familiares de la presunta víctima habrían asentido: “me parece perfecto lo de la internación domiciliaria seria” (sic; a las 18:52 horas); como así también: “A mis hermanas y a mí nos parece perfecto” (sic; a las 19:14 horas). A ello Cosachov habría agregado: “me parece genial una internación domiciliaria cumpliéndola” (sic; a las 19:16 horas).
Al día siguiente (el 8 de noviembre de 2020), en ese mismo grupo de mensajería, Cosachov habría consultado al resto de sus integrantes: “Me contactó el auditor de Swiss Medical (…) Avanzo con la organización de la internación domiciliaria? Estamos todos de acuerdo? (…) realicé una nota formal pidiendo enfermeros especializados en adicciones preferentemente hombres, médico clínico y neurólogo” (sic; a las 10:16 y 10:17 horas, ver fojas 5123/5153). Momentos después (a las 10:19 horas), una de las familiares del paciente habría contestado: “yo estoy de acuerdo con la internación y con que esté el lugar equipado a las necesidades de papá” (sic); siendo que otro familiar más habría expresado: “dije que estaba de acuerdo con una internación domiciliaria seria” (sic; a las 11:13 horas). En forma paralela a ello, ese mismo día también (el 8 de noviembre de 2020), los imputados Luque y Cosachov habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 4892/4981). A las 10:08 horas, Luque le habría requerido a Cosachov: “lo de la internación manejalo vos (…) tenés mi total apoyo y obviamente ante consultas yo voy a intervenir o ante algún evento (…) pero manejalo vos con Charly” (sic; en presunta referencia al imputado Díaz). Dos minutos después (a las 10:10 horas), Cosachov le habría respondido: “perfecto (…) si vos me das el okey de planificar la internación y todo eso con él, yo no tengo problema (…) previo consultándote a vos” (sic). Instantes después (a las 10:13 horas), Luque habría enunciado: “Lo importante es armarle la internación (…) voy a volver a hablar mañana seguro para terminar de definir cómo va a ser la internación (…). El plan es éste: es la internación domiciliaria, se iría de alta el viernes (…) y que del lunes al viernes tener todo organizado en la casa” (sic).
A la tarde de ese mismo día (a las 17:25 horas del 08/11/2020), Cosachov le habría transmitido a Luque: “en algún momento tendríamos que charlar sobre ir introduciéndole a Diego lo que se viene” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Luque en ese momento: “Yo lo hablo con él” (sic). Instantes después (a las 17:34 horas), Cosachov le habría expresado a Luque: “para ir armando la internación domiciliaria algo hay que pensar. Si improvisamos nos va a salir mal me parece” (sic). Un minuto después (a las 17:35 horas), Luque habría objetado: “No entiendo qué necesitas saber Agustina (…). Hay que buscarle la gente y las cosas y meterlo en la casa a partir del viernes. El viernes se va de alta, no hay mucho más” (sic). Frente a ello, Cosachov le habría aclarado: “confío en vos y sigo tu línea (…) el tema es (…) la cuestión de la parte de coordinación, digamos, de la parte psiquiátrica (…) con qué medicación se va a ir a la casa, cuál sería la ideal, qué cuestiones tendría que haber (…) me parece fundamental que se coordine con el entorno de él (…) por eso planificamos lo de la reunión (…) para que todos tengamos un discurso común” (sic; a las 17:39 horas). Al día siguiente (el 9 de noviembre de 2020; es decir, el mismo día en el que se habría celebrado la primera reunión en la aludida Clínica), el imputado Luque le habría asegurado al testigo Maximiliano Pomargo a las 15:18 horas: “la reunión, que la hagan, yo escucho y sabes cómo le lleno la cabeza (…) tu papá no se va a bancar la internación en un psiquiátrico (…) las hijas lo tienen totalmente descartado, no sé para qué quieren esa reunión” (sic; ver fojas 4138/4215). Minutos después, Luque habría agregado: “las hijas van a escuchar lo que los tipos le van a decir, y van a decir no ya tenemos todo arreglado con Luque (…) todos convencidos de que va a hacer (…) una internación domiciliaria” (sic; a las 15:22 y 15:28 horas). Varias horas después (a las 19:27, 19:28 y 19:37 horas), Luque le habría confirmado a Pomargo: “Ya está (…) Domiciliario (…) Me peleé con todos (…) Dalma de culo (…) Pero la di vuelta” (sic). Minutos después (a las 19:59 horas), Luque le habría asegurado: “me re planté (…) les dije probemos una internación domiciliaria y si falla se le interna contra su voluntad” (sic).
Avanzada la tarde de esa misma jornada (el 09/11/2020), en el grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados de la presunta víctima), Cosachov habría informado: “tuvimos reunión con el director de la Clínica Olivos y directivos de Swiss Medical para pensar en cómo seguir luego del alta (…) dos alternativas: internación en un lugar intermedio (Clínica que propone Swiss), y la internación domiciliaria consideramos en común acuerdo que lo mejor es intentar en primer lugar la domiciliaria con el apoyo de Swiss y gente capacitada (…). La otra alternativa sería muy complicada considerando que Diego se quiere ir” (sic; entre las 19:46 y 19:48 horas; ver fojas 5123/5153). Frente a ello, una persona del entorno de la presunta víctima habría manifestado: “todos de acuerdo que vamos a seguir una línea para que la internación domiciliaria sea efectiva” (sic; a las 20:22 horas).
En horas de la mañana del 10 de noviembre de 2020 (esto es, el mismo día en el que se habría desarrollado el segundo encuentro; ver fojas 4892/4981), Cosachov habría remitido el siguiente mensaje a Luque: “me llamó el auditor médico de Swiss recién. (…) Estaría todo ok (…) me dijo que de ahora en más combinemos todo con los (…) que estaban ayer en la reunión” (sic; a las 7:46 horas). Minutos después (a las 8:15 horas), Cosachov habría agregado: “estaría todo listo pero tenemos que ultimar los detalles” (sic).
A la noche de ese mismo día (a las 20:59 horas del 10/11/2020), Cosachov le habría expresado a Luque: “esta psiquiatra me tiró algunos tips (…) respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica (…) para quedar vos protegido legalmente” (sic). A ello presuntamente agregó: “ponen que la decisión de la internación domiciliaria es de la familia y los médicos de cabecera (…) ella me sugirió (…) que legalmente nos convenía a nosotros (…) hacer una última evolución diciendo que (…), frente a las distintas opciones terapéuticas es quien, la familia, quien comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria (…) legalmente nosotros así estamos más cubiertos” (sic). Momentos después (a las 21:23 horas), Luque habría coincidido con aquélla al afirmar: “Sí, tal cual y también la voluntad de Diego es fundamental (…) aclarar que Diego está lúcido, vigil y conoce sus acciones” (sic).
Al día siguiente (el 11 de noviembre de 2020; esto es, el día de su externación sanatorial), la imputada Cosachov le habría remitido a Luque los siguientes mensajes (ver fojas 4892/4981). A las 8:16 horas, Cosachov le habría consultado: “vamos a hacer lo de la historia clínica en Olivos? Me dejó medio preocupada esta mina con lo legal (…) Se limpiaron mucho las manos los de Olivos en la HC” (sic). Más de una hora después (a las 9:46 horas), Luque le habría encargado: “Hay que conseguir números de gente que se responsabilice” (sic). Más tarde (a las 10:12 horas), Cosachov le habría informado: “El auditor de Swiss (…) ayer me refirió con este Pablo (…) No me contestó y le mandé al auditor de Swiss, no me contesta (…) se comprometieron a darnos todo (…) ahora que tenemos que ejecutarlo se borran” (sic).
Horas después (a las 12:25 y 12:26 horas), Luque le habría consultado a Cosachov: “pudiste evolucionar eso que dijimos? Que Diego está lúcido (…) lo que se habló en la charla también con esta gente de Swiss Medical (…) que ellos proponían una intervención de tercer nivel pero Diego se niega a eso (…) en conjunto con la familia, por no querer accionar en contra de su voluntad, el médico a cargo, Luque, conmigo la Dra. tal, decidimos tal cosa (…) la familia está consciente de eso” (sic). Minutos después (a las 13:05 horas), Cosachov le habría transmitido la tranquilidad a Luque de que: “Todo evolucionado (…) quedamos cubiertos” (sic). En forma concomitante (también el 11/11/2020), Cosachov y Díaz habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 2650/2756). A las 7:58 horas, Cosachov le habría consultado a Díaz, en presunta referencia al encuentro llevado a cabo el día anterior: “re bien ayer (…) Qué te pareció a vos?” (sic). Instantes después (a las 8:01 horas), Díaz habría coincidido: “buenísimo, yo pensé que iba a haber (…) mucha reticencia fundamentalmente hacia mí que ni me conocen” (sic); agregando presuntamente a ello: “Fijate después lo del Disulfix (…) voy a armar todo un protocolo para poder (…) tener como bien bien claro, sistematizado y por escrito (…) para que quede bien bien profesional todo y que la familia se haga cargo” (sic). Frente a ello, Cosachov habría replicado: “lo del protocolo me encantó (…) Me lo mandás (…) Así siempre actuamos en unidad vos y yo” (sic; a las 8:02 y 8:03 horas). Dos minutos después (a las 8:05 horas), Cosachov le habría aclarado: “estoy acostumbrada viste cuando pongo Disulfiram a hacer (…) esos consentimientos explicando efectos adversos (…) que tiene que ser una toma supervisada y que la familia y el paciente tienen que entender lo que están tomando y los posibles efectos adversos y demás (…) por las dudas y para cubrirnos viste (…) después llega a tener una reacción o alguna situación y nada está bueno que esté ese consentimiento viste a nivel legal.” (sic). Varios minutos después (a las 8:34 horas), Díaz le habría contestado: “Excelente Disulfiram. Hay que hacer eso” (sic).
En horas del mediodía (a las 12:03 horas), Cosachov le habría pedido a Díaz: “vos podrías estar en una reunión a las 15 hs. donde vamos a reunirnos con el Director de Olivos para el alta y la familia porque había que firmar como el equipo tratante, Luque está en una operación, sino yo firmo sola (…) como para que haya un poco más de peso me parece y repartir un poco la responsabilidad” (sic). Momentos después (a las 12:28 horas), Díaz se habría excusado al afirmar: “estoy justo con la internación de dos pacientes (…) si puedo voy” (sic); al tiempo que Cosachov le habría contestado: “Tranqui igual viene Luque” (sic; a las 12:35 horas). Más tarde (a las 13:02 y 13:03 horas), Cosachov le habría anoticiado a Díaz: “evolucioné todo en la HC (…) Para quedar cubiertos nosotros los médicos sobre todo (…) legalmente” (sic); obteniendo como presunta réplica de Díaz: “obvio” (sic; a las 13:03 horas). A ello Cosachov habría agregado: “dejé un papiro en la historia clínica (…) me quedo tranquila” (sic; a las 13:03 horas); al tiempo que Díaz le habría contestado “Excelente” (sic; a las 13:03 horas). Varios minutos después (a las 13:39 y 13:40 horas), Díaz le habría sugerido a Cosachov: “Armate el consentimiento de Disulfix (…)
Importantísimo” (sic); obteniendo como presunta respuesta de la nombrada: “ya lo armo (…) y te lo paso” (sic; a las 13:40 horas), para luego remitirle a Díaz un archivo titulado “Consentimiento informado Disulfiram” (sic; a las 13:59 horas).
Avanzada la tarde de esa misma jornada (a las 16:43 y 16:44 horas del 11/11/2020), Cosachov le habría anunciado a Díaz: “Todo gestionado (…) Tuvimos que poner el gancho en un escrito” (sic). Minutos después (a las 17:00 horas), Cosachov le habría expresado su disconformidad a Díaz en cuanto a que: “siento que soy la médica de cabecera en un punto con Luque, que estoy codo a codo laburando con él, pero por otro lado (…) no siento que yo esté con una remuneración acorde” (sic). Varios minutos después (a las 17:20 horas), Díaz le habría contestado: “hasta ahora fue todo muy desprolijo (…) de mi parte también (…) o sea, dos cosas: o delimitar ciertas responsabilidades o sumar algún otro psiquiatra viste o médico (…) no puede caer toda la cuestión médica sobre tus espaldas (…). Acá el objetivo es pasarle la pelota a la familia (…) para que esto no insuma demasiado tiempo (…) si él anda bien y está limpio (…) va a aflojar mucho nuestro laburo, es ir una hora y volver (…). Y si no (…) se interna y nos abrimos” (sic).
Momentos después (a las 17:30 horas), Cosachov le habría informado a Díaz, que el imputado Luque: “estuvo 10, 15 minutos, vino para la reunión, firmó, ni siquiera leyó lo que había firmado, me dijo ‘che, fijate vos de leerlo, yo me voy’ (…) como que la responsabilidad va a terminar cayendo, como qué sé yo (…) si hay algún problema con algún refuerzo me van a llamar a mí a cualquier hora, si hay algún problema de excitación también (…) Luque puede ir y decirle dos boludeces pero (…) la gestión (…) va a caer sobre mí (…) todas las cuestiones las vamos a tener que resolver nosotros (…) yo como médica y vos ahí poniéndole el cuerpo como psicólogo y organizando todas las cosas” (sic).
A todo ello Cosachov habría agregado: “va a haber mucha logística que organizar (…) va a exigir una disponibilidad y una coordinación (…) Dios quiera que todo esto sea tranquilo y no tengamos que ir seguido y demás pero (…) no lo veo tan así y cualquier tipo de dificultad nos van a preguntar a nosotros porque somos los referentes de salud mental” (sic; a las 17:30 horas). Instantes después (a las 17:31 y 17:32 horas), Cosachov le habría advertido a Díaz: “Se nos viene bomba a vos y a mi (…) Por la responsabilidad digo (…) De la internación (…) Luque es bla bla” (sic). Frente a ello, Díaz le habría interpelado: “Pero no pasó nada aún (…) No?” (sic; a las 17:32 horas); obteniendo como presunta respuesta de Cosachov: “No pero ya lo veo venir” (sic; a las 17:32 horas). Frente a ello, Díaz le habría expresado: “Me cagué toodo (…) pensamos qué hacer (…) cómo resguardarnos” (sic; a las 17:33 horas).
En horas de la noche de ese mismo día (a las 20:12 horas), Díaz le habría recomendado a Cosachov: “Meter un clínico allá (…) Así resuelve cosas” (sic). En ese mismo momento, la nombrada le habría contestado: “Ya pedimos uno” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Díaz: “Para estar fijo?” (sic). Instantes después (a las 20:15 horas), Cosachov habría objetado: “un clínico instalado allá? Me parece mucho” (sic); siendo que Díaz le habría acotado: “si desde acá uno opina algo desacertado la responsabilidad termina siendo nuestra” (sic; 20:16 horas); a lo que Cosachov habría respondido: “Exactamente” (sic; 20:17 horas).
Ese mismo día también (el 11/11/2020), en el grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados a la presunta víctima; ver fojas 5123/5153), una persona del entorno familiar habría remitido, a las 16:21 horas, una fotografía que se correspondería a la aludida pieza de fojas 309/vta./310 (dando cuenta la condiciones de dicha externación sanatorial). Minutos después (a las 16:44 horas), esa misma persona habría expresado: “nos estaría faltando el médico de cabecera que coordine todo” (sic). Frente a ello, la imputada Cosachov habría asegurado en ese mismo momento: “el médico de cabecera es Luque. El que integra todos los profesionales” (sic).
A ello Cosachov habría agregado: “El clínico va todos los días supuestamente según dijeron para hacer el control general de su estado clínico (…) el clínico es de Swiss (…) es clave para el control diario de (…) signos vitales, que lo revise, tomar presión (…) está pedido (…) además de una interconsulta con neurólogo” (sic; entre las 16:45 y 16:47 horas). C. Prosiguiendo con el análisis del caso, también aprecio que fueron agregados otros elementos de prueba más, que darían cuenta las circunstancias presuntamente acaecidas los días posteriores a dicha externación sanatorial (del 11 de noviembre de 2020), especialmente aquéllas relativas a la evolución física de la presunta víctima hasta el momento del fatal desenlace aquí investigado (el 25 de noviembre de 2020).
En ese sentido, contamos con los aludidos testimonios de Dinorah Giannina Maradona Villafañe, quien recordó haber visitado a su padre el mismo día en el que fuera trasladado a la citada vivienda, oportunidad en la que observó que “le tomaron la presión” (sic; ver fojas 448/451 y 3621/3624; del 28/11/2020 y 26/02/2021). También aseguró que, dos días después, su padre “comenzó a tener cambios de humor, no quería ver a nadie, ni quería que estén los acompañantes terapéuticos” (sic). Aclaró que, al tercer día, “ya no estaban más los acompañantes terapéuticos (…) se enojó porque uno de ellos (…) le saturó el cerebro hablándole del Club Huracán” (sic). Aseveró que “su psiquiatra Agustina Cosachov y su psicólogo Carlos Díaz nos comentaron que no había problemas en que no esté el acompañante terapéutico por no ser necesario en esta etapa” (sic).
A todo ello agregó que “los días posteriores mi padre se encontraba deprimido (…) la psiquiatra y psicólogo nos indicaron que lo único importante era que (…) se encontraba sin tomar alcohol y tomando una medicación ordenada.” (sic).
Puntualizó que, el 18 de noviembre de 2020 (es decir, siete días después de su externación sanatorial), visitó nuevamente a su padre “ya que se encontraba en un estado de depresión y no quería ver a nadie. Luego llegó Jana.” (sic). También se encontraba allí presente la imputada Madrid “quien me mandó a darle la medicación a mi papá porque ella no quería entrar, toda vez que en otras oportunidades mi papá ya la había echado” (sic); pedido éste al que la testigo accediera. Momentos después, se hizo presente “un médico clínico junto con un nutricionista quienes esperaron a que llegara su médico de cabecera el Dr. Luque para entrar a ver a mi papá.” (sic). A su arribo, Luque accedió a su habitación.
Momentos después regresó, y “sugirió” (sic) a los citados profesionales “que no entraran a verlo porque a él lo había insultado, pegado una trompada y tirado con algo” (sic). Los dos nombrados le manifestaron que “querían entrar a verlo igual y nos pidieron (…) que entremos a ver si podíamos convencerlo (…) no quiso saber nada” (sic). En razón de ello, los aludidos profesionales se retiraron acompañados por Luque, siendo que éste último les pidió que “lo dejemos tranquilo” (sic). La testigo aseveró que, “durante los últimos días (…) lo notó muy hinchado” (sic) a su padre, agregando a ello que ese “miércoles 18 de noviembre de 2020 le comentó esta situación al Dr. Luque a lo que le respondió que él no lo veía tan hinchado” (sic).
Adunó que, por comentarios de “Maxi” (sic), pudo saber que “los días siguientes fueron todos iguales (…) seguía con esos estados de ánimo depresivos” (sic). También recordó que, dos días antes de su deceso (el 23/11/2020), remitió un mensaje al citado grupo de mensajería consultando “cuánto tiempo más íbamos a respetar ese distanciamiento con mi padre (…) el psicólogo Carlos me respondió que era necesario que se respete su espacio (…) lo importante era que no estaba tomando alcohol y tomando la medicación indicada, a lo que se sumó Agustina Cosachov diciendo que lo iban a ir a ver en el transcurso de la semana y nos avisaban” (sic). También precisó que, a las “12:34 hs.” (sic) del día 25 de noviembre de 2020, recibió un llamado telefónico de Cosachov informándole que su padre “no tenía pulso, que estaban intentando reanimarlo (…) que ya habían llamado a la ambulancia” (sic).
Aproximadamente a las 13:00 horas, la testigo llegó a la citada vivienda, pero no logró acceder a la habitación de su padre “porque lo estaban tratando de reanimar” (sic). En ese momento, su “primo Jony y Carlos el psicólogo (…) me respondieron que cuando entraron a darle la medicación no tenía pulso” (sic). Momentos después, “vino un médico a decirme que ya no había nada más para hacer” (sic).
Finalmente, aseguró que las circunstancias vinculadas a la salud de su padre “lo hablaba con los médicos Luque, Cosachov y Carlos” (sic). Aseveró que Luque “tomaba siempre las decisiones sobre la salud de papá con el equipo que trabajaba con él” (sic); e insistió en cuanto a que el imputado Díaz “decía que ahora lo importante era que esté mi papá sin consumir alcohol con las pastillas ordenadas (…) necesitábamos darle su espacio (…). Carlos ponía distancia” (sic).
En sus declaraciones de fojas 486/490 y 3625/6328 (del 28/11/2020 y 26/02/2021), Jana Maradona coincidió con la anterior testigo en cuanto a que, durante los primeros días en esa vivienda, la evolución de su padre era positiva. No obstante, el miércoles siguiente, su “estado no era bueno, estaba además irascible” (sic). Al igual que la anterior deponente, describió la misma secuencia de eventos con relación a la aludida visita de Luque, el médico clínico y el especialista en nutrición (del 18/11/2020). También hizo idéntica referencia a la decisión de Luque de “darle un espacio y esperar un tiempo” (sic); aclarando que ello también fue “avalado por Agustina y el psicólogo Carlos” (sic). Aunado a ello, aseguró que, ese día, su padre estaba “muy hinchado (…) sobre todo los párpados y las manos” (sic). Finalmente, explicó que, el 25 de noviembre de 2020, mientras se estaba dirigiendo a la citada vivienda, “me escribe Jony (…) diciendo que papá entró en paro y lo están reanimando” (sic). Al llegar, “Maxi” le manifestó: “fuimos a intentar darle medicación, no se despertaba, intentamos reanimarlo, llamaron a un médico del barrio, pero tampoco pudo” (sic). La testigo también recordó que Cosachov le dijo que “llegó a las 12 o 12:30 para revisarlo, pero que no se despertaba, la enfermera le tomó el pulso, no tenía, tampoco respiraba. Llamaron a seguridad, para hacerle respiración boca a boca, le hicieron RCP entre enfermera y Agustina, pero nada” (sic). La declarante agregó que luego llegó Luque, y le dijo “hicimos lo mejor que pudimos” (sic). Aunado a ello, la deponente aseguró que, ese día, pudo observar que su padre estaba “muy inflamado en la panza. Me llamó mucho la atención” (sic).
En el mismo sentido, la testigo Dalma Nerea Maradona Villafañe afirmó que la última vez que vio a su padre con vida fue “en la Clínica y ahí lo vi bien pero después cuando lo vi el día que ya había fallecido lo vi muy hinchado” (sic; fojas 444/446).
También contamos con el aludido testimonio de Verónica Carolina Ojeda (ver fojas 601/604vta., del 30/11/2020), quien dio cuenta que, tres días después de dicha externación sanatorial (el 14 de noviembre de 2020), visitó a la presunta víctima en esa casa, junto a su hijo y la acompañante terapéutica de este último. En ese momento, su evolución era positiva, pero días después, “creo martes 17 o miércoles 18 (…) era otro Diego. Estaba decaído, estaba en la cama y no se quería levantar, de muy mal humor, malo y agresivo. (…) Pregunté si esta situación se la contaban a los médicos y todos me decían que sí. Yo hablaba con Agustina Cosachov y Luque y nunca le supieron decir porqué estaba así de deteriorado. Incluso llegué a discutir con la Dra. Agustina Cosachov que era la que le daba la medicación. Le pedí a Agustina que vaya el psicólogo más seguido (…) esto pasó el lunes feriado 23 de noviembre y no tuve más respuesta.” (sic).
También recordó que, ese día (el 23/11/2020; es decir, dos días antes de su defunción), el paciente estaba acompañado por “una enfermera ‘rubiecita’ que estaba sentada en el living (…) y el custodio”. Tras hacer referencia a las características de la casa, aseguró que el citado living “estaba muy alejado de la habitación donde se encontraba Diego (…) era imposible saber qué estaba pasando adentro” (sic). Precisó que fue varias veces a esa vivienda, y no vio “a ningún médico aparte de Luque y Cosachov” (sic); aclarando que los dos nombrados “manejaban todo y decidían sobre su tratamiento” (sic).
En consonancia con ello, fue agregada la declaración de Griselda Vanesa Morel (ver fojas 2810/2815, del 10/02/2021). La deponente dijo ser terapeuta psicomotriz del hijo de la anterior testigo, a quienes acompañó en varias oportunidades a la casa mencionada. Fue coincidente en cuanto a que, “el día miércoles” (sic), la presunta víctima “no quería recibir a nadie (…) echaba a todos (…) yo entré y me hacía señas de que me vaya” (sic). También fue precisa en cuanto a que ese día “no se le veía la cara de lo hinchado que estaba (…) las piernas delgadas y lo hinchado que estaba. Cuando salgo estaban Tafa, Verónica, la enfermera y les digo que estaba recontra hinchado, hay que hacer algo (…) Tafa me contestó (…) puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo” (sic); aclarando luego “de una manera más técnica que estaba lleno de líquido” (sic). Ese mismo día, también “llegó el psicólogo (…) se acercó a la puerta y no lo quiso recibir” (sic). A ello adunó que “Al otro lunes (…) entró Dieguito (…). Cuando salió le pregunté qué le había dicho el papá y me dijo: ‘me abrazó y me dijo que me iba a extrañar’ (…) Ésa fue la última vez que fuimos a Tigre a verlo.” (sic).
Al ser preguntada “si sabe (…) por qué Diego echó a los acompañantes terapéuticos” (sic), la testigo contestó que “se sentía muy invadido, no tenía intimidad” (sic). También recordó haber presenciado, “muchas veces en el horario de la merienda” (sic), que la presunta víctima ingirió medicación, la cual “se las daba Charly, Jonathan, Maximiliano (…). Eran varias pastillas que le daban en la mano” (sic).
Por su parte, el testigo Nicolás Esteban Taffarel afirmó ser masajista de la presunta víctima, a quien asistió por muchos años (ver fojas 6852/6858, del 05/08/2021). También refirió que, durante el período de su externación sanatorial, concurrió a la citada vivienda entre los días 12 al 24 de noviembre de 2020, “salvo los domingos” (sic).
En cuanto al estado anímico de la presunta víctima, aseguró que estaba “deteriorado y entregado. De lo físico lo vi hinchado, un día que me preocupé (…) lo dije a la enfermera (…). Él tomaba diuréticos y vi que en Tigre se los sacaron por eso le pregunté a la enfermera porqué motivo se los habían sacado (…) me dijo que no sabía” (sic). Aclaró que ello ocurrió “el segundo o tercer día de la internación, el 12 o el 13 de noviembre” (sic). También expresó que, “el último tiempo” (sic), el paciente “Desmejoró mucho. Cuando bajó de peso se vino abajo (…) bajó como 10 kilos en una semana” (sic).
Por otra parte, explicó que “avisaba a Luque las cosas que a mi criterio estaban mal o yo las veía mal. Cuando veía algo raro lo avisaba por las dudas” (sic). Precisó que “cuando salió de la Clínica Olivos estaba edematizado (…). En la casa se redujo un poco pero seguía hinchado y ahí es cuando pregunto por qué no le daban más los diuréticos y le aviso a Luque y él me dijo que eso lo manejaban los médicos de la obra social, que él únicamente iba a tener que ir a sacarle los puntos porque era cirujano” (sic). Al ser consultado respecto “del chat del día 18/11/20 (…) en cuanto (…) le refiere a Luque ‘duerme desde ayer muy raro (…) hace 25 horas que está acostado’” (sic), el testigo aseveró que el paciente “estaba depresivo. No se quería levantar no quería ver a nadie (…) que nadie entre a la pieza. Cambió hasta el trato.” (sic).
También fue preguntado respecto al mensaje “del día 18/11/20 (…) en cuanto refirió (…) está muy hinchado (…) los ojos hinchados como una teta” (sic). En ese sentido, aseguró que, al ingresar a su habitación, “me acerqué lo saludé (…). Tenía los ojos muy hinchados y los pómulos también, estaba como chino (…) eso nunca lo había visto por eso lo informé. La cara estaba muy hinchada (…) llevaba ya como dos días sin levantarse” (sic). Aclaró que ello se lo comentó a la testigo Ojeda, “que estaba ahí con el nene, también estaban Maxi y Jony. Después le avisé a Luque y me dijo que podía ser porque hace mucho no se levantaba (…) me trajo mucha preocupación porque en un cuerpo en un estado horizontal durante mucho tiempo los líquidos no fluyen y los pulmones se colapsan por los gases, un edema agudo de pulmón” (sic). A su vez, recordó que, luego de ello, “me puse a leer, y (…) les dije que había que rotarlo” (sic). Reiteró que, a su entender, “estaba muy hinchado y no descansaba bien. Esto se lo decía a Luque cuando iba a visitar a Diego” (sic).
En otro orden de ideas, aseguró que el último día que vio al paciente con vida fue el 24 de noviembre de 2020 (es decir, el día previo a su defunción). Aclaró que, ese día, “no se quería levantar (…) le pregunté si quería que lo afeite o bañe y me dijo textual ‘No ya está Taffita cualquier cosa te llamo’ (…) lo noté entregado y con la voz entre cortada. Nunca lo había visto en una situación así” (sic). Al ser preguntado si consideraba que la presunta víctima “se encontraba en el lugar adecuado y bien tratado” (sic), contestó: “Si la pregunta viene apuntada a la internación domiciliaria, fue pésima. Muy básica, con algodón, gasas y solución fisiológica para un paciente de élite. Muy mala la internación domiciliaria” (sic). En cuanto a si sabía “a cargo de quién estaba la internación domiciliaria” (sic), el nombrado dijo que tenía “entendido que de Swiss Medical. Que le iban a poner todo” (sic).
Asimismo, entendió que la presunta víctima “No tenía médico de cabecera” (sic), agregando a ello que “Luque era amigo de Diego y Cosachov abarcaba la parte psiquiátrica a mi parecer, no sé si era de cabecera” (sic). El testigo agregó que “le avisaba o advertía al Dr. Luque todas las circunstancias manifestadas (…) porque al ser él que le acercaba los profesionales a Diego, era (…) con quien podía apoyarme” (sic). Al ser consultado si -a su entender- “Luque tenía alguna responsabilidad por la salud de Diego” (sic), opinó: “A mi percepción no (…) lo operó de la cabeza, a los diez días le sacó los puntos y después se siguió ocupando cuando el accionar de él ya estaba hecho que era la cirugía de cabeza” (sic). Finalmente, en cuanto a si “tiene conocimiento de quién fue la decisión de llevar a cabo la internación domiciliaria” (sic), el testigo respondió: “La clínica presionó (…). Pusieron a Luque y a Cosachov entra la espada y la pared. Decían que no podía estar más (…) internado en la clínica (…) yo los escuchaba hablando (…). Después de ahí tuvieron una reunión familiar donde quedaron en hacer una internación domiciliaria donde Swiss Medical iba a aportar todo” (sic).
En sus declaraciones de fojas 24/25vta. y 7470/7477 (del 25/11/2020 y 28/10/2021), el testigo Jonathan Alejandro Espósito, quien dijo ser sobrino de la presunta víctima, dio cuenta que lo acompañó durante todo el proceso externativo en la aludida vivienda. Explicó que su tío “tomaba la medicación normalmente todos los días (…) yo ayudaba en incentivarlo a que las tome” (sic). Aclaró que esa medicación “se la daban las enfermeras en los horarios de toma de medicación, salvo cuando (…) estaba durmiendo, en ese caso, iba yo a darle la medicación (…) no tenía problema en tomar la medicación conmigo (…). La psiquiatra era quien dejaba las indicaciones respecto de la medicación” (sic).
En otro orden de ideas, recordó que, la primera semana en esa casa, su tío “estuvo de diez (…). Luego de esa semana comenzó a recaer (…) estaba más hinchado (…). Lo hablé con el enfermero. Sé que lo hablaron con el Dr. Luque. No sé si alguien hizo algo al respecto” (sic). Puntualizó que estaba hinchado en “todo el cuerpo (…) una voz media ronca” (sic). Al ser consultado “si el cambio en la voz fue simultáneo a la hinchazón” (sic), contestó que “Sí porque antes no lo hacía” (sic). A ello adunó que, “los días previos” (sic) a su defunción, “se lo veía bajo de ánimo (…) mal de aspecto. Los últimos dos días no salió de la habitación” (sic).
También aseguró que el “último día (…) no quiso comer (…) la última vez que supe que tomó líquidos fue la noche anterior cuando le dimos la pastilla” (sic). Recordó que, la noche del 24 de noviembre de 2020 (previa a su fallecimiento), “aproximadamente las 23 horas, entré con Ricardo -el enfermero de turno- (…) a darle la medicación, lo saludé y me fui a dormir a mi habitación.” (sic). Aclaró que, “en el living, cerca de la habitación de mi tío dormía el enfermero, o enfermera que tocaba” (sic). A ello agregó que, esa última noche, lo vio con “la remera mojada y se la quisimos cambiar pero no quiso, no sé si era transpiración o porque se había orinado encima porque le solía pasar, calculo que porque retenía líquido o no llegaba al baño” (sic). También recordó que el “enfermero le tomó los pulsos y él se dejó tomar (…) estaba medio fastidioso ese día” (sic).
También afirmó que, el día de su fallecimiento (el 25/11/2020), el testigo se despertó “tipo 9.30, 10 horas pero no fui a la habitación de mi tío porque generalmente lo levantaba cuando le dábamos la medicación (…) estábamos esperando que viniera la psiquiatra (…) le iba hacer un ajuste en la medicación” (sic). Recordó que esa mañana “estaba el de seguridad, Maxi (…) la mucama y la enfermera. El enfermero de la noche ya no estaba” (sic). Precisó que, cuando “la psiquiatra Agustina y el psicólogo Carlos” (sic) llegaron a la vivienda, ingresaron a la habitación de su tío. Momentos después, “salieron diciendo que Diego no se quería levantar (…) entré junto con Maxi (…) y me encontré a Diego recostado sobre la cama boca arriba con el brazo derecho colgando del colchón, estaba hinchado, con la lengua como hacia afuera, lo toqué y estaba helado” (sic). El deponente le pidió a “Maxi” que llamara a la ambulancia, al tiempo que “entró la enfermera y comenzó hacerle tareas de reanimación” (sic). A ello agregó que “Julio -el chico de seguridad- (…) hacía respiración boca a boca (…) la ambulancia tardó en llegar más o menos veinte minutos (…) Maxi o Carlos (…) llamaron a la guardia del barrio para saber si había algún médico (…) en unos minutos llegó un médico vecino y comenzó también a hacerle tareas de reanimación” (sic).
Por su parte, el testigo Christian Maximiliano Pomargo explicó que se desempeñaba como asistente de la presunta víctima, habiéndolo acompañado en la citada vivienda durante el período de externación aludido, de lunes a sábados de “9/10 de la mañana y me iba entre las 15/17” (sic; ver fojas 28/29vta. y 7460/7469; del 25/11/2020, y 27/10/2021). También afirmó haber participado de la citada reunión del día 10 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, aclarando que buscó “casas con un tiempo muy corto porque teníamos la presión de que ya le daban el alta” (sic).
Con respecto a la evolución física de la presunta víctima luego de su externación sanatorial, relató que “la primera semana estuvo súper bien, animado, pero la semana pasada, el día lunes y martes, estuvo medio bajoneado, se tiró a la cama, no quería ver a nadie” (sic). Aseguró que “con Jony, le avisamos a la psiquiatra y al psicólogo de ésto y por eso lo fueron a ver el miércoles pasado” (sic, en referencia al día de su defunción). También dijo que se contactó con Cosachov “por el tema de que estaba deprimido si podían venir” (sic); y que además “en el grupo pongo que estaría bueno que vaya el acompañante terapéutico” (sic). Adunó que a Cosachov “le pasaba un montón de detalles (…) porque yo entendía que en relación a la abstinencia tenía que hablar con ella” (sic). En cuanto al imputado Luque, manifestó que “hablamos (…) para que venga un poco más por si se vuelve a tirar en la cama” (sic).
Aseveró que “No había una dieta o por lo menos si existía yo la desconozco” (sic). Al ser preguntado respecto a cómo se le suministraba la medicación a la presunta víctima, contestó: “La enfermera (…) tenía todo en un tupper. Y a la hora de la medicación le decían a Jony le decís a tu tío que tome la medicación” (sic). Al ser interrogado respecto a porqué el acompañante terapéutico “estaba al principio y no concurrió más” (sic), replicó: “Diego dijo que no fuera más (…) porque le empezó a hablar de fútbol” (sic). Al ser encuestado si “observó a Maradona hinchado o escuchó algún tipo de ronquido” (sic), aseguró que “Sí, hinchado. El lunes 23 de noviembre” (sic); habiéndole consultado al respecto “a la enfermera a Dahiana (…) no será la medicación (…) se lo dije a la enfermera para que hable” (sic). Recordó que “nos decían que era porque estaba mucho acostado” (sic). A ello adunó que “Taffarel (…) decía lo de la retención de líquidos (…) eso siempre le decíamos a Luque (…) y él nos dijo eso que cuando la persona estaba acostada que es por eso (…). Respecto de ronquidos, no porque en mi horario estábamos afuera para no hacer ruido (…). Por la noche yo no estaba” (sic).
También explicó que, el día del deceso de la presunta víctima (el 25/11/2020), llegó a esa vivienda a las 9:00 horas. Aclaró que no fue “a ver a Diego porque no se lo molestaba si él estaba durmiendo (…) esperábamos al psicólogo y a la psiquiatra para darle la medicación” (sic). Cuando éstos últimos llegaron, “nos preguntaron cómo estaba Diego (…) hablaron con la enfermera y fueron a la habitación (…) salieron y le dijeron a Jony que despertara a Diego (…) entramos con Jony (…) y Diego no respondió” (sic). El deponente le gritó “a la enfermera que algo pasaba” (sic), quien a su turno “comenzó a hacerle reanimación con masajes cardíacos, Agustina también y Julio Coria respiración boca a boca.” (sic). El testigo se comunicó con Giannina Maradona Villafañe, como así también con el imputado Luque a quien le dijo “tenés algún contacto, mandame una ambulancia” (sic). Entre tanto, pudo ver que el imputado Díaz “estaba llamando como si fuera algo normal” (sic). El deponente se acordó que “tenía el número del Jefe de ambulancias de Swiss Medical (…) y llamé a ese muchacho” (sic). También le pidió “al de seguridad, porque Agustina estaba ayudando a la enfermera, que vaya al barrio a buscar un médico y ahí viene un médico del barrio que apenas llegó empezó a ayudar y llegó la ambulancia” (sic).
A su turno, el testigo Julio César Coria explicó que se desempeñaba laboralmente como personal de seguridad de la presunta víctima, habiéndolo acompañado en la citada vivienda durante el período de su externación sanatorial (ver fojas 4519/4524, del 23/04/2021).
Afirmó que, “en horas de la mañana” (sic) del 23 de noviembre de 2020 (es decir, dos días antes de su fallecimiento), se trasladó hasta esa casa. Recordó que “a la tarde fue Verónica Ojeda con su hijo y la terapeuta.” (sic). Aclaró que “Diego lo llamó y le manifestó que no quería ver a nadie (…) que lo salude el hijo y nada más” (sic). Al día siguiente (el 24/11/2020), la presunta víctima “se levantó cerca de las dos o tres de la tarde, se bañó en el baño de abajo (…) porque le habían colocado un duchador (…) el dicente le indicó que se afeite y le contestó ‘hoy no negro’” (sic). Adunó que, “en horas de la noche, alrededor de las 23 hs. lo volvió a ver cuando le dieron la medicación (…) intercambió unas palabras y Diego estaba recostado en su cama” (sic). Aclaró que, cuando ingresó a su habitación, “no advirtió ninguna cuestión de salud o molestia en Diego Maradona. Lo saludó con un beso y le manifestó andá tranquilo” (sic).
También precisó que, a “la mañana temprano llegó el relevo del enfermero (…) después llegaron la psiquiatra y el psicólogo (…) e ingresaron a la habitación. Salieron y les manifestaron que (…) no los quería atender (…) entraron Jonathan, Maximiliano y la enfermera y empezaron a decir que no reaccionaba” (sic). El testigo ingresó a esa habitación y, “a pedido de la enfermera que masajeaba el pecho comenzó a realizarle respiración boca a boca hasta la llegada de la ambulancia” (sic). Al ser preguntado “si el día 25 de noviembre de 2020 alrededor de las 06:20 hs. observó y/o escuchó movimientos en la habitación de Diego Armando Maradona” (sic), el nombrado categóricamente aseveró que “no observó ni escuchó movimientos” (sic). Incluso, aseguró que aquél día no vio al imputado Almirón “en ningún momento que haya ingresado ni egresado de la habitación ocupada por Maradona” (sic). Al ser interrogado respecto a si “recibió órdenes de Díaz en relación a impedir que entre alguien en particular a la casa” (sic), replicó que “Nunca nadie me dijo que no entre alguien. El que decía quién entra y quién no entra era Diego” (sic). A todo ello agregó que no observó a persona alguna “advertir a Gisela Dahiana Madrid que deje dormir a Diego Maradona y no sea molestado” (sic). Finalmente, recordó que “Los enfermeros estaban ubicados entre la cocina y el living y durante el día todos se quedaban en la parte externa de la casa” (sic).
En el mismo sentido, contamos con la declaración de Aníbal Martín Domínguez (ver fojas 4362/4364vta., del 22/04/2021), quien también dijo ser empleado de seguridad de la presunta víctima, habiendo permanecido ininterrumpidamente en la citada vivienda entre los días 16 y 22 de noviembre de 2020.
Recordó que, el 16 de noviembre de 2020 (es decir, cinco días después de su externación sanatorial), “Los acompañantes terapéuticos ya no estaban” (sic). Aclaró que el paciente estaba instalado “en el playroom de abajo” (sic), mientras que “los enfermeros se quedaban abajo en la cocina o el living” (sic). Aseguró que, durante el período en el que trabajó allí, pudo advertir que la presunta víctima “no salía de la pieza” (sic). También aseveró que estaba “hinchado, tenía la cara hinchada (…) los ojos hinchados, todos lo decíamos (…) Luque le dijo que era normal que esté hinchado porque estaba acostado” (sic). A ello agregó que, en una oportunidad, Luque fue personalmente a la vivienda, y el testigo “le volvió a decir que estaba hinchado y le dijo que era por la operación y porque estaba acostado” (sic). También expuso que, el 18 de noviembre de 2020, le avisó a Luque “que estaba el nutricionista y el clínico y la respuesta de Luque fue despectiva, que esperen porque él estaba viniendo” (sic). Con relación al imputado Díaz, afirmó: “me parece que Diego lo echó (…) fue un día que había echado a todos” (sic). Aclaró que Díaz no le brindó indicación específica alguna y, al ser preguntado si “recibía órdenes de prohibir el ingreso a algún familiar” (sic), contestó que no; agregando a ello que “ni él ni el equipo médico tratante nunca me dieron ninguna orden respecto a eso” (sic). Adunó que “quien daba las órdenes en la casa” (sic) era “Diego, y si no se hacía lo que él quería se re calentaba” (sic).
En sus declaraciones de fojas 34/38 y 2824/2827(del 25/11/2020 y 10/02/2021), Romina Milagros Rodríguez dijo haberse desempeñado como empleada doméstica en la citada vivienda, durante el período de externación sanatorial aludido. Precisó que “había un equipo que atendía a Diego” (sic), y que además “había un enfermero que le pasaba los medicamentos” (sic).
Tras afirmar que el paciente “estaba muy deprimido, decaído, triste” (sic), señaló que, el día de su defunción (el 25/11/2020), “Antes del mediodía, llegó la psiquiatra junto con el psicólogo y se pusieron a hablar con la enfermera” (sic). Instantes después, “la psiquiatra y el psicólogo le llevan la medicación (…) como no tuvieron respuesta salieron y dijeron que parecía que estaba dormido” (sic). En razón de ello, “Jonathan y Maxi fueron a darle la medicación y al poco tiempo sale Maxi y dice ‘no reacciona’ y entramos todos a la habitación y lo encontramos a Diego boca arriba con las extremidades frías, parecía inconsciente” (sic). Seguidamente, desarrollaron tareas de resucitación “a lo largo de unos 15 minutos” (sic), y momentos después llegó un médico vecino que colaboró con ello. Luego, arribaron varias ambulancias. También recordó que “en un momento una doctora (…) me dijo que había fallecido y que no había mucho más que hacer” (sic). A ello agregó que, la noche previa a su defunción, la presunta víctima “estaba medio enojado porque el enfermero le quería cambiar la remera y él no quería” (sic).
En el mismo sentido, fue agregado el testimonio de Colin Campbell Irigoyen (ver fojas 17/19 y 2451/2452vta.; del 25/11/2020 y 15/12/2020). El nombrado dijo ser médico cirujano y vecino de la vivienda donde se encontraba la presunta víctima. Afirmó haber concurrido allí aproximadamente a las 12:30 horas del 25 de noviembre de 2020, a raíz de un pedido de auxilio cursado por personal de vigilancia del lugar. Al llegar a la habitación del paciente, pudo observar a “una enfermera junto con un masculino que oficiaba de custodia, haciéndole maniobras de RCP a Diego Armando Maradona que yacía en la cama matrimonial” (sic). El testigo constató sus signos vitales, pudiendo advertir que su cuerpo “se encontraba con una temperatura debajo de lo normal” (sic). Aclaró que “estaba muy frio, con rigidez en la boca, sin latidos y sin pulso, sudoroso, con color de piel pálido (…) sudoración fría (…) El brazo estaba suelto, flojo” (sic). Pese a ello, los tres nombrados prosiguieron con las tareas de reanimación que venían desarrollando.
Aclaró que “La psiquiatra estaba al lado de la cama pero no estaba haciendo nada. Pregunté hacía cuánto estaba así y me dijeron que lo vieron a la mañana que desayunó y luego se encerró en el cuarto. Esto me lo dijo, creo que la psiquiatra (…). También pudo ser la enfermera (…) Me dijeron que lo encontraron así, sin signos vitales, es decir, sin pulso, haría veinte minutos, media hora (…) lo escuché de alguien pero no puedo precisar quién” (sic).
Momentos después, llegó una ambulancia y, en colaboración con un médico que se hizo presente, el testigo continuó con las tareas de reanimación “por un lapso no menor de media hora” (sic). Instantes después, arribó otra ambulancia más, retirándose el testigo de la habitación “previo auxiliar en la intubación con propósitos de colocarle una vía área recomendado por el Dr. Pintos que fuera el primer médico de ambulancia en llegar” (sic). Entre tanto, el deponente permaneció en la cocina acompañado por familiares de la presunta víctima, mientras seguían llegando otras ambulancias más. Aclaró que, desde que “entré hasta que llegó la primera ambulancia (…) pudieron haber pasado entre 10 y 15 minutos pero no lo puedo precisar con exactitud.” (sic). Agregó que, “luego de un tiempo de realizar las maniobras y los esfuerzos para reanimar” (sic), pudo escuchar que los médicos allí presentes “determinaron que no debían mover el cuerpo ya que no había nada más que hacer” (sic). Finalmente, aseguró que la presunta víctima “se trataba de una persona edematosa. Luego supe que era paciente cardíaco y entendí que se debía a eso, por el líquido que se acumula en los miembros inferiores y en el pulmón” (sic).
En consonancia con ello, Juan Carlos Pinto declaró ser médico clínico, y empleado de la empresa de ambulancias que acudió al lugar en primer término (ver fojas 32/33, del 25/11/2020). El nombrado recordó que, a las 12:25 horas de ese día, fueron alertados respecto a un “código rojo” (sic) en la citada vivienda, dando cuenta de una “pérdida de conocimiento en adulto” (sic). Precisó que, en “las observaciones del llamado, dice (…) está en paro, maniobras” (sic). Según el testigo, aproximadamente cinco minutos después, ingresó a la habitación de la presunta víctima, donde se encontraba “un médico del barrio y una enfermera (Madrid) comprimiendo el cuerpo de Maradona que se encontraba sobre la cama boca arriba.” (sic). Acto seguido, el testigo desarrolló “actividad eléctrica con el desfibrilador y el paciente se encontraba (…) sin actividad eléctrica (…) el corazón estaba básicamente parado.” (sic). No obstante, el testigo y las otras personas mencionadas prosiguieron con las tareas de reanimación.
Aproximadamente cinco minutos después, arribaron varias ambulancias más, ingresando profesional médico a esa habitación. Aclaró que “cada quince minutos aproximadamente por vía endovenosa comenzamos a aplicarle ampollas de adrenalina, yo apliqué tres ampollas y una atropina” (sic). Precisó que “las maniobras no resultaron, finalizándolas a los 45 minutos aproximadamente” (sic). El deponente aseguró que, “al voltear el cuerpo del paciente pude constatar livideces cadavéricas, esto significa que la sangre se deposita en la parte más baja del cuerpo porque no hay nada que la bombee (...) esto se produce aproximadamente luego de una hora del fallecimiento” (sic); agregando a ello que “pudo constatar el inicio de la rigidez en el maxilar inferior del paciente” (sic). En otro orden de ideas, fue incorporado el testimonio de Nelsa Marilyn Pérez (ver fojas 6846/6851, del 05/08/2021). Tras afirmar que se desempeñaba laboralmente como “coordinadora de enfermería administrativa de la empresa Medidom” (sic; firma ésta presuntamente empleadora del imputado Perroni), explicó que una de sus funciones consistía en recibir “mails de prepagas u obras sociales en donde se solicitan los cuidados domiciliarios o internaciones domiciliarias” (sic). Indicó que, en el presente caso, “el prepago solicitó cuidados domiciliarios” (sic), tratándose de la firma “Swiss Medical” (sic). Recordó que, “en un primer momento (…) el coordinador de Swiss Medical Germán Dornelli (…) me informó que se trataba de un paciente VIP (…) y consultó si contábamos con disponibilidad de enfermeros” (sic). Con posterioridad, el nombrado le remitió “un mail solicitando enfermeros 24 horas, un kinesiólogo y un médico clínico. Después, pidieron un neurólogo y que no fueran dos enfermeros sino uno solo” (sic).
La testigo aclaró que “no habían solicitado equipamiento” (sic), siendo que ello -a su entender- es que lo “que distingue al cuidado de la internación domiciliaria” (sic). Afirmó que nunca le fue remitida una epicrisis “ni demás documentación” (sic), y que ello tampoco fue cumplimentado “cuando armé los grupos de WhatsApp en donde agrego a todos los que van a formar parte del equipo, como ser, enfermeros, médicos, entre otros. Tampoco al momento en que ingresaron al paciente dentro del domicilio hicieron entrega de la epicrisis, amén que los enfermeros la habían solicitado. Ante ello, se lo solicité a Swiss Medical, sin embargo no enviaron nada” (sic).
La deponente recordó que “conocí primero a Perroni” (sic), quien “se encargó de formar el equipo y luego me comunicó que (…) iba a estar integrado por Ricardo Almirón, Dahiana Madrid, creo que una persona llamada Tamara Mansilla, Aldo Arnez y Cinthya Córdoba” (sic). Agregó que, transcurridos “tres o cuatro días” (sic), Perroni le informó que “lo había llamado la psiquiatra para reducir los turnos de enfermería a 12 horas para que el paciente no se sienta invadido.” (sic). Explicó que Cosachov “solicitó que los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón asistan de lunes a viernes y que los enfermeros Aldo, Dahiana o Cinthya durante los fines de semana” (sic). Aclaró que esto último “se lo transmitió la Dra. Cosachov a Mariano Perroni y este último me lo comunicó a mí” (sic). Adunó que ello se debió a que “el paciente tenía mayor afinidad con los enfermeros Almirón y Madrid. Sin embargo tuve conocimiento que, en un momento dado, el paciente (…) le dijo a Dahiana Madrid ‘cambiate y andate a tu casa, no te quiero ver más’ (…) la enfermera se dirigió a su auto (…) y se quedó allí durante cuatro horas” (sic). La deponente fue categórica en cuanto a que “el enfermero no puede abandonar el lugar del trabajo, porque de lo contrario incurre en abandono de persona” (sic).
Aclaró que los imputados Perroni y Madrid “no pidieron cambio de enfermera, fue ese día puntual, luego siguió yendo” (sic). También dio cuenta que Madrid permanecía “en la cocina y si el paciente aceptaba que le dé la medicación o lo controle, por ejemplo, si orinó y demás, lo controlaba pero si el paciente se negaba no lo hacía” (sic). Al ser preguntada respecto “a quién corresponde la función de controlar a los enfermeros en lo atinente a la asistencia y actividades que realizan” (sic), categóricamente respondió “a Mariano Perroni” (sic). Tras ser consultada respecto a quién “pidió especialmente por la enfermera Madrid” (sic), contestó que la imputada Cosachov “solicitó al coordinador de enfermería por Madrid y Almirón (…) Madrid cubría la guardia durante el día y Almirón durante la noche” (sic). Aclaró que no recordaba cuándo ello habría acaecido, pero fue “antes de que ocurriera el episodio entre Madrid y Maradona” (sic).
También explicó que los profesionales actuantes “tenían indicado la administración y control de los medicamentos.” (sic). Recordó que “El primer día (…) el enfermero (…) pidió las indicaciones médicas a la gente que encontraba en el domicilio (…) le hicieron entrega de un papel sin la rúbrica de ningún médico. Ante ello, se solicitó la epicrisis (…) enviaron un papel con indicaciones escritas por la psiquiatra donde constaban todos los horarios de las medicaciones.” (sic). Explicó que cada “vez que la psiquiatra cambiaba las indicaciones de la medicación, horarios, y demás, se lo comunicaba a Forlini (…) y luego Forlini nos enviaba al chat” (sic). Afirmó que Cosachov “se sentía invadida por los enfermeros (…) quería comunicarse con un único referente, la cual era Forlini” (sic).
Al ser interrogada respecto a “si en algún momento de la internación domiciliaria, le requirieron entrega de aparatología o insumos” (sic), la deponente contestó que se pidieron insumos para curación, y que además “se envió tensiómetro, oxímetro, saturómetro, dos soluciones fisiológicas o tres, dos vías de suero, un termómetro y dos abocat. Aparatología no se envió nada” (sic). A ello agregó que “el neurólogo fue a visitarlo una vez, mientras que el médico clínico dos veces” (sic). Aclaró que, en su primera visita, el médico clínico Di Spagna “pudo revisarlo sin inconvenientes (…) dejó un pedido de análisis y demás estudios y solicitó un nutricionista (…) en la próxima visita del clínico se le envió un nutricionista deportólogo.
Cuando llegaron al domicilio los que se encontraban allí le dijeron que el paciente no quería recibir a nadie” (sic). A su vez, recordó que, “en una oportunidad, hubo un episodio (…) le (…) cayó mal algo que comió (…) se solicitó inmediatamente una ambulancia, la cual fue suspendida cuando estaba a media cuadra (…) por decisión familiar (…) y se les dijo que si volvía a reiterarse el episodio la ambulancia iría igual porque podía deshidratarse” (sic). Entendió que “las órdenes médicas las daban sus dos médicos personales, los Dres. Luque y Cosachov” (sic). Aseveró que la función de la imputada Forlini era “ser cabeza del equipo que atendía a este paciente en particular, lo que significa que converge todo en ella (…) como coordinadora es recibir todo lo que solicita e informan los enfermeros y ella transmitirlo a Swiss Medical y sus médicos personales” (sic).
Aclaró que, “en caso de que se soliciten estudios y/o análisis médicos (…) se le enviaba a la Dra. Forlini, junto con la historia clínica en forma online” (sic).
Al ser consultada respecto a “la diferencia entre cuidados domiciliaros e internación domiciliaria” (sic), la testigo contestó “el equipamiento (…) más cosas cuando se trata de una internación” (sic). Tras ser interrogada con relación a “si todos los cuidados domiciliarios cuentan con un equipo interdisciplinario” (sic), contestó “depende el requerimiento” (sic), aclarando que en este caso “había todo a su disposición (…) enfermeros, kinesiólogos y médicos” (sic). Tras reafirmar que era “coordinadora administrativa” (sic) y no enfermera, postuló que, según su experiencia, “un síndrome de abstinencia no se trata en un domicilio sino en una clínica de rehabilitación” (sic); agregando a ello que “luego del tratamiento en una clínica de rehabilitación corresponderían los cuidados domiciliarios” (sic). Aclaró que, “cuando solicitaron nuestros servicios para la internación yo ya sabía que el Dr. Luque era el médico tratante (…) por la televisión” (sic).
A su turno, el testigo Germán Dornelli dijo ser empleado de la empresa Swiss Medical Group S.A., desempeñándose “en la parte administrativa de coordinación operativa y cuidado domiciliario” (sic, ver fojas 7208/7210, del 24/08/2021). Indicó que, en este caso, su intervención consistió en “enviar autorizaciones al prestador asignado para que pueda brindar su servicio en el domicilio” (sic); aclarando que “Medidom fue la designada.” (sic). Agregó que “Los cuidados domiciliarios autorizados en ese momento fueron enfermería 24 horas (…) kinesiología y creo que una licenciada en nutrición, un elemento ortopédico” (sic).
No obstante, al serle exhibida la pieza obrante a fojas 2953, tratándose -en principio- de un correo electrónico presuntamente dirigido por Dornelli a la anterior testigo -Pérez- (el día 11 de noviembre de 2020, a las 10:54 horas), donde habría sido consignado: “el servicio solicitado es enfermería 24 horas, preferentemente hombres con dos personas en cada guardia. Médico diario, y seguimiento neurológico cada 15 días” (sic); el nombrado lo reconoció como propio, aclarando que el médico diario allí aludido “es médico clínico” (sic).
También recordó que fue incluido en el grupo de mensajería denominado “Tigre”, conformado por “prestadores de la empresa, mi jefe y yo (…) parte del personal de Medidom y parte de Swiss Medical” (sic). Tras ser interrogado respecto a “si el servicio que se brindaba al paciente (…) se correspondía con un servicio domiciliario o internación domiciliaria” (sic), contestó que “Era un cuidado domiciliario” (sic). Interpretó que un “cuidado domiciliario se le brinda a los socios que requieren poder terminar un tratamiento en su domicilio, que esté en condiciones médicas, ello lo evalúa la gerencia médica (…). Los servicios pueden ser (…) kinesiología, enfermería, algún elemento ortopédico. Eso es el cuidado domiciliario. En el caso neurológico se llaman visitas médicas y están contemplados en los cuidados domiciliarios” (sic).
Asimismo, contamos con la declaración de Cinthya Elizabeth Córdoba, quien afirmó ser licenciada en enfermería y pareja del aquí imputado Perroni, (ver fojas 6808/6816, del 02/08/2021), cuyo valor probatorio asignado no fue materia de controversia alguna.
La nombrada explicó que, el 11 de noviembre de 2020 (es decir, el día de la citada externación sanatorial), fue convocada por el imputado Perroni “para realizar cuidados domiciliarios de un paciente psiquiátrico y que, a su vez, presentaba un hematoma subdural” (sic). Aseguró que “la internación se iba a llevar a cabo en un domicilio en Tigre cuya dirección se la pasó la coordinadora Nancy Forlini” (sic).
Aproximadamente a las 23:00 horas de aquél día (el 11/11/2020), se trasladó a la citada vivienda “para tomar la guardia de Ricardo Almirón” (sic). Precisó que “su función consistía en suministrar la medicación psiquiátrica que tenía indicada, siendo ésta la única indicación brindada” (sic). A ello agregó que, “pese a no estar indicado, le controlaba los signos vitales y las necesidades básicas al paciente” (sic). Expuso que asistió al lugar “5 o 6 veces, cumpliendo una jornada de aproximadamente 12 horas de trabajo” (sic). Tras insistir en cuanto a que “no había indicación médica (…) para tomarle los signos vitales al paciente” (sic), aseguró que “por su cuenta controlaba los signos vitales (…) lo que incluía frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura corporal y luego lo anotaba en las hojas de evolución que tenían de la empresa (…) lo controlaba en distintos horarios siempre y cuando el paciente lo permitía.” (sic).
Aclaró que, “por indicación de Nancy Forlini, se había pedido un organigrama de horarios de los distintos enfermeros” (sic). Al serle exhibidas las piezas de fojas 128/vta. a 158/vta., la testigo reconoció sus firmas estampadas en las planillas obrantes a fojas 129/vta. (del 11/11/2020), 130/vta. (del 12/11/2020), 133/vta. (del 13/11/2020), 138/vta. (del 15/11/2020), 150/vta. (del 21/11/2020), 153/vta. (del 22/11/2020), y 154/vta. (del 23/11/2020).
A esta altura, debo señalar que, tal como así se desprende de cada una de las citadas piezas de fojas 128/vta. a 158/vta., cuya válida incorporación al legajo tampoco fue cuestionada, allí se puede leerse en la parte superior de cada una de éstas la siguiente leyenda pre-impresa: “Medidom Internaciones Domiciliarias S.R.L.” (sic). También se puede apreciar el título pre-impreso: “Historia Clínica” (sic), y por debajo de éste, fue completado a mano alzada el nombre del paciente (Diego Armando Maradona), la empresa de medicina prepaga interviniente (Swiss Medical), y la fecha del inicio del turno desarrollado por cada uno de los profesionales intervinientes. Por añadidura, se hizo constar, en los casilleros allí obrantes y también a mano alzada, guarismos correspondientes a los siguientes datos relativos a los signos vitales de la presunta víctima: temperatura corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, consignando además el horario en el que todo ello habría corroborado; como así también: diuresis, baño y cambio de ropa. A su vez, fue completado manualmente el detalle de los fármacos presuntamente ingeridos por aquél, y sus correspondientes horarios. Finalmente, en cada uno de los reversos de esas planillas, fueron efectuadas diversas anotaciones a mano alzada, relativas a la evolución y demás datos de interés durante el turno desempeñado por cada profesional, para luego ser presuntamente suscriptas, todas ellas al pie del reverso, por las personas informantes, junto con las correspondientes aclaraciones de sus nombres y matrícula profesional habilitante.
Continuando con el análisis de su testimonio, aprecio que la testigo Córdoba fue precisa al asegurar que “las directivas e indicaciones para ejercer su función las daba Nancy Forlini, a quien le reportaban todo a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘Tigre’ integrado por Nancy Forlini, junto con otros médicos y enfermeros, en el cual reportaban el estado de salud del paciente.” (sic). Aclaró que “los primeros días mantuvo chats (…) con Agustina Cosachov donde le informaba la cantidad de medicación que quedaba (…). Luego Nancy Forlini les prohibió tener contacto con Cosachov (…) solo debían tener contacto y comunicarle las cosas respecto del paciente a ella” (sic). Agregó que ello ocurrió el “14 de noviembre aproximadamente” (sic), oportunidad en la que “Maradona se despertó un poco agresivo por la mañana (…) la testigo llamó a Cosachov para informarle tal situación” (sic). A ello adunó que, “por haber recurrido directamente a la psiquiatra, Nancy les dijo que no llamen más a Cosachov, que se había sentido invadida” (sic). La testigo aclaró que su mensaje fue “para que no surja alguna eventualidad de que se lastime” (sic); recordando que incluso Cosachov le pidió a ella que “se quede en el living para que Diego no la vea” (sic).
Aseguró que ésa “fue la única que vez que el paciente no la dejó controlarle los signos vitales” (sic); extremos éstos que se compadecen con lo presuntamente consignado en la planilla obrante a fojas 133/vta., correspondiente al turno iniciado el día 13 de noviembre de 2020, donde puede leerse: “06:00 hs. (…) se niega a control de signos vitales” (sic). La testigo también precisó que “en ocasiones el paciente mismo le ha pedido que lo controle. Con posterioridad (…) pudo volver a controlarle los signos vitales (…) como si nunca hubiera pasado nada” (sic). Indicó que sus “signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales (…) en un momento advirtió que el paciente presentaba los miembros inferiores edematizados, circunstancia que informó por chat a Nancy Forlini y que consignó en la evolución de enfermería pero no recibió ningún tipo de indicación médica de su superior, refiriéndose a Nancy Forlini” (sic). A esta altura, también debo señalar que, en la planilla obrante a fojas 133/vta. (del 13/11/2020), la deponente habría consignado: “se observa MID leve edema” (sic); siendo que, en aquélla de fojas 150/vta. (del 21/11/2020), habría hecho constar: “se observa edema en MMII” (sic).
También recordó que “un mediodía le había caído mal la comida, circunstancia que se reportó a fin de obtener indicaciones a seguir (…). Sin embargo (…) no le dieron ningún tipo de indicación (…) volvió a controlarle los signos vitales al paciente y luego éste último le informó que se le había pasado la molestia” (sic). Una vez más, debo señalar que dichos extremos también resultarían contestes con lo presuntamente consignado en la citada planilla de fojas 150/vta. (del 22/11/2020), dando cuenta que el paciente “manifiesta tener molestar en el estómago (…) se informa a Dra. Forlini” (sic); para luego consignar: “refiere que ya se le pasó” (sic). Por otra parte, Córdoba apuntó que, el 23 de noviembre de 2020 (es decir, dos días antes de su defunción), el paciente “permaneció todo el día en su habitación, solo se levantó para ir al baño (…) ese día concurrió Verónica Ojeda junto con su hijo” (sic). La deponente aclaró que ella “generalmente se quedaba en la habitación o en la cocina, también en el living (…) pero entraba a verlo muy seguido (…) la gente que se encontraba en la casa no quería que (…) entre mucho a verlo a la habitación (…) pero ingresó igual para hacer su trabajo.” (sic). Aclaró que “Monona le decía que no lo moleste mientras que Jony le decía que lo deje tranquilo (…) a lo que les respondía que debía entrar para respetar los horarios de medicación, controlarlo, en suma, cumplir con sus funciones” (sic).
Indicó que “la última vez que recuerda haberlo visto ingerir alimentos fue el domingo 22 de noviembre del 2020 a la noche (…) comió pizza” (sic). Agregó que “el lunes 23 de noviembre (…) le ofreció prepararle algo de comer (…) pero éste no quiso, solo ingirió té y agua” (sic). Al ser preguntada “si había algún tipo de plan nutricional y/o guía para la alimentación” (sic), aseveró que no, aclarando que “la única indicación que había era la medicación psiquiátrica (…) no había un nutricionista pese a que en el grupo de WhatsApp se pidió” (sic). Al ser interrogada respecto a “si notó en alguna oportunidad que el paciente se encontraba taquicárdico” (sic), contestó que “en ningún momento durante su turno” (sic). No obstante, recordó que “Almirón sí reportó haber advertido (…) desconoce si obtuvo algún tipo de indicación al respecto” (sic).
Tras ser preguntada si “advirtió entre los días 22 y 23 de noviembre que el paciente se encontraba hinchado” (sic), contestó que no, “más allá de los miembros inferiores (…) que reportó en el primer momento en que lo advirtió” (sic). En cuanto a “si se le ha impedido ejercer su función de enfermería” (sic), respondió que “durante sus guardias (…) Monona y/o Jony le decían que no moleste a Diego Maradona (…) pero la testigo haciendo caso omiso entraba igual” (sic). Aseguró que “la medicación se la daba la compareciente, quien veía y controlaba que la tome, para ello abría una botella de agua nueva para calcular cuánto liquido tomaba y a su vez se cercioraba que tome la medicación en su presencia” (sic).
Finalmente, explicó que, el día del deceso de la presunta víctima, “su pareja Mariano Perroni le pidió que lo acompañe a ver a Diego porque Nancy Forlini le había dicho que debía concurrir al domicilio porque no se podía comunicar con Gisela Madrid y no tenía forma de saber qué estaba sucediendo allí, que no había novedades (…) al llegar el paciente ya había fallecido” (sic). En consonancia con ello, fue incorporada la declaración del licenciado en enfermería Aldo Nelson Arnez Zenteno (ver fojas 6834/6836, del 04/08/2021). El nombrado explicó que “su relación laboral con Medidom comienza el 12 de noviembre de 2020 a través de Mariano Perroni que se contactó (…) para ofrecerle hacer unas guardias domiciliarias” (sic).
Aclaró que el imputado Perroni le dijo que el paciente tenía prescripta “medicación y control por abstinencia” (sic). Al serles exhibidas las piezas de fojas 128/vta. a 158/vta., el testigo reconoció como propias las firmas estampadas en las planillas de informes de fojas 137/vta. (del 14/11/2020), 139/vta. (del 15/11/2020), 151/vta. (del 21/11/2020) y 156/vta. (del 23/11/2020). Aseveró que la medicación “se la daba yo de propia mano. Tomaba delante mío. Le daba el agua, veía que tomara bien y previamente le hacía un control de signos vitales. Siempre lo hice así” (sic). Al ser preguntado “si tuvo algún inconveniente para tomarle los signos vitales al paciente o en el trato con él” (sic), replicó que no, agregando a ello que “siempre fue cordial conmigo.
Lo único, el sobrino y los de seguridad me dijeron que no lo moleste. Yo lo miraba de cerca” (sic). Precisó que “el parte diario” (sic) lo informaba en el aludido grupo de mensajería “Tigre”, y aseguró que la imputada Forlini era “quien le daba directivas dentro del chat” (sic). Aclaró que nunca tuvo contacto con Cosachov, y explicó que, “para cumplir con el servicio” (sic), le fueron brindados los siguientes elementos: “tensiómetro, saturómetro, termómetro, la medicación que él tomaba y lo que había para colocar una vía” (sic).
Por otra parte, recordó que, el día 15 de noviembre de 2020, el paciente “a las 2:45 horas se levanta, va al baño y luego al dormitorio. Yo lo observaba de cerca porque me separaba solo una puerta de vidrio. (…) Yo ingresaba a su habitación a la noche para observar cómo descansaba y si necesitaba algo” (sic). También aseguró que “No había ninguna dieta en particular. Las indicaciones que teníamos estaban en una hoja escrita a mano en la heladera y eran por la medicación. Después hubo una hoja escrita por computadora firmada por Cosachov” (sic). Agregó que el “día 23 en mi guardia no comió (…) esos días él no quería comer (…) no tenía apetito” (sic). Al ser preguntado si “alguna de las personas que se encontraban en la casa le impidieron hacer su tarea” (sic), aseguró que no, insistiendo en cuanto a que “yo estaba siempre cerca” (sic). También se enteró que el paciente “supuestamente no se dejaba atender por la enfermera Madrid” (sic). En cuanto a si “alguna vez el paciente estuvo taquicárdico” (sic), replicó “no me consta” (sic). Con respecto a si “observó al paciente edematizado” (sic), contestó que “por lo general lo vi bien. Puede ser que un poco hinchado en las piernas para el día 23 o 24” (sic). En el mismo sentido, fue incorporada la declaración de Daiana Loreley Cáceres, quien también dijo ser licenciada en enfermería (ver fojas 6827/6829, del 02/08/2021).
La nombrada explicó que Perroni la contactó “ofreciéndole un trabajo a domicilio” (sic); razón por la cual se trasladó a la vivienda en cuestión “el primer sábado desde que comenzó la internación” (sic). Aclaró que la presunta víctima “la recibió bien” (sic), y le controló “los signos vitales (…) lo ayudó a bañarse” (sic). Incluso más, “después de seis horas aproximadamente lo medicó” (sic). La segunda vez que asistió al lugar también “controló sus signos vitales siendo éstos de parámetros normales” (sic). Recordó que ese día “tuvo una molestia digestiva” (sic), pero más tarde “volvió a controlarlo y el paciente se sentía mejor” (sic). Aclaró que “las cuestiones relacionadas al paciente” (sic) las plasmó “en unas planillas y además en el grupo de WhatsApp” (sic). Al serle exhibidas las piezas de fojas 128/vta. a 158/vta., la testigo reconoció como propias las firmas estampadas en las planillas de informes de fojas 136/vta. (del 14/11/2020) y 152/vta. (del 22/11/2020).
Fue categórica en cuanto a que, esos dos días, la presunta víctima “dejó que le tomaran los signos vitales (…) sin ninguna objeción. En mi primera guardia él mismo me pidió que lo controlara” (sic). También precisó que la medicación estaba indicada “en un papel pegado en la heladera” (sic); asegurando que “se la daba yo. Una vez se la di en la boca, otra se la agarró él” (sic). Al ser preguntada si “las personas que estaban en la casa le indicaron que no ingresara a la habitación del paciente” (sic), afirmó que el primer día “Jonathan y la señora que cocinaba” (sic) le dijeron que “no se lo invada demasiado (…) creo que me lo decían porque ellos lo conocían y si lo invadíamos iba a estar de mal humor” (sic). Pese a ello, la deponente fue categórica al afirmar que “lo controlé y lo mediqué sin problemas las dos veces y personalmente” (sic).
Al ser interrogada si recordaba “alguna incidencia que le haya llamado la atención” (sic), respondió que sí, señalando “los edemas que tenía (…) estaba bastante edematizado. El malestar digestivo que él refería fue porque no estaba comiendo bien y por eso le estaban dando Omeprazol (…) tenía dificultad en la marcha” (sic). Aclaró que, el segundo día de su servicio (es decir, el 22/11/2020), “cuando le levanté la remera veo que (…) tenía edematizado los miembros superiores y me llamó la atención (…) lo noté con una retención a diferencia de la primera guardia” (sic). Explicó que ello no lo reportó “al no ir tantas guardias seguidas” (sic). Al ser preguntada respecto a “quien se lo debería haber reportado” (sic), contestó a la imputada Cosachov.
En cuanto a si “en alguna oportunidad supo que el paciente se encontraba taquicárdico” (sic), contestó: “al momento de controlarlo yo, estaba normal” (sic). Al ser preguntada si “alguna de las personas que estaban en la casa le dio órdenes relacionadas a la función que la dicente debía cumplir” (sic), aseguró que no, agregando a ello que “solamente en la primera guardia me dijeron que no lo invada pero nadie se opuso a que haga mis tareas” (sic). A ello adunó que solía estar “cerca del paciente. Cuando él estaba del lado del comedor, yo estaba en una mesa en la cocina y sino yo estaba en la mesa del patio” (sic). También recordó haberlo visto subir a la parte superior de la casa, con ayuda de los allí presentes, para poder bañarse.
Tras ser consultada respecto “de quién recibía directivas” (sic), explicó que “Cosachov me dio algunas directivas. La Dra. Forlini estaba en el chat, una vez habló conmigo pero no por directivas, sino por un saturómetro. El día que llegué al domicilio Forlini (…) me dijo que iba a llegar un saturómetro (…). Cuando yo escribía en el chat informando respecto del paciente me respondían Forlini y Perroni diciéndome ´ok gracias por avisar´” (sic).
Asimismo, fue agregada la declaración de la testigo Tamara Débora Mansilla, quien también afirmó ser licenciada en enfermería (fojas 6837/6841, del 04/08/2021). La nombrada recordó que, el 9 de noviembre de 2020 (es decir dos días antes de su externación sanatorial), fue contactada por el imputado Perroni para que asumiera “la guardia de Diego Maradona el día 12 de noviembre del 2020 en el horario comprendido entre las 23 y las 07 horas” (sic). Al serle exhibidas las planillas anteriormente referidas, reconoció como propia la firma estampada en aquélla de fojas 132/vta., correspondiente al citado día (el 12/11/2020).
Precisó que, al llegar a la aludida vivienda aquél día, “me encontré con el enfermero Ricardo (…) me presentó a Diego Maradona, el cual se encontraba acompañado por su hija Giannina, su nieto y su sobrino. Me pidieron que guarde la intimidad del paciente y me hicieron pasar afuera de la habitación” (sic). Aseguró que no le suministró medicación alguna, dado que “durante mi turno no estaba indicado” (sic). Precisó que “lo dejé dormir, igualmente me quedé cerca de la habitación por cualquier inconveniente, más precisamente en la cocina que se encuentra junto a la habitación” (sic). También declaró que la presunta víctima “se levantaba a cada rato para ir al baño (…) estaba preocupado porque tenía la pierna hinchada. Yo también lo noté” (sic). Precisó que “tenía el pie hinchado, él mismo se daba cuenta de eso (…) me lo mostró en el momento en que se acostó, me dijo exactamente ‘mirá cómo tengo la pierna’. Estaba visiblemente hinchada” (sic). Aclaró que ello lo dejó asentado en la citada planilla, y también dio aviso “a través del grupo de WhatsApp de nombre ‘Tigre’ y a Mariano el coordinador de enfermería” (sic). Este último le respondió que “lo iba a informar pero desconozco qué pasó después” (sic), sin que además haya recibido indicación alguna al respecto. Vale señalar que, en consonancia con ello, en la aludida planilla de fojas 132/vta. (correspondiente al citado turno iniciado el 12/11/2020), puede leerse: “Se observa edema en pie derecho” (sic).
Agregó que, a las 7:00 horas del día siguiente (el 13/11/2020), “finalizó mi turno (…) me informaron que iban a poner a otra persona en mi lugar (…) estuve de acuerdo porque no deseaba continuar yendo (…) era una persona que rechazaba la atención, no dejaba que lo acompañe al baño, tampoco quería que lo agarre” (sic). Pese a ello, la deponente fue categórica al asegurar que pudo “tomar los signos vitales” (sic). También explicó que “no se me dio la oportunidad de brindarle la atención profesional adecuada (…) tampoco me parecía bien que me quede en la cocina mientras el paciente estaba en la habitación” (sic). Aseveró que, a su entender, correspondía que “me quede en la habitación junto en él, pero Diego no quería (…) él se levantaba y ni siquiera avisaba, si se caía no te enterabas. Por eso, me quedé cerca de la habitación, en la cocina” (sic). A ello adunó que la vivienda “no presentaba las condiciones acordes para él, el baño se encontraba en malas condiciones (…). Él se orinaba todo encima (…) yo tenía que estar atenta para seguirlo” (sic). Tras ser preguntada si “contaba con elementos para desarrollar su tarea” (sic), contestó que ella misma llevó sus “cosas (…) pero no había una caja de emergencia o algo por el estilo” (sic). Al ser consultada “si ha intercambiado mensajes de WhatsApp con la Dra. Cosachov” (sic), respondió que sí, “debido a que Diego en un momento me pidió una medicación” (sic); y que además Cosachov le “preguntó cómo había pasado la noche Diego” (sic). Por su parte, el testigo Carlos Cottaro, quien dijo ser acompañante terapéutico, explicó que “los primeros días de noviembre de 2020” (sic) fue convocado por el testigo Schiter, para “ayudar en el equipo de Diego Maradona” (sic; ver fojas 2816/2822; del 10/02/2021).
El 7 de noviembre de 2020 (esto es, cuatro días antes de su externación sanatorial), concurrió a la Clínica Olivos para asistir a la presunta víctima, permaneciendo allí hasta el día siguiente. El día de su externación sanatorial (el 11/11/2020), el testigo “acompañó el traslado del paciente hasta la casa” (sic). A ello agregó que, dos días después (el 13/11/2020), su hermano Alejandro Cottaro, quien también se desempeñaba como acompañante terapéutico de la presunta víctima, le informó que “lo habían echado Maxi y Jony (…) necesitaban espacio para Diego” (sic); y le pidieron que “se quede en la puerta sin ingreso a la finca” (sic). En razón de ello, el testigo le encomendó a su hermano que “vuelva dado que la función del acompañante terapéutico no es compatible con estar a distancia del paciente y sin contacto visual” (sic). A continuación, el deponente dio aviso de lo ocurrido y, momentos después, “Cosachov le manda un audio (…) explicándole (…) que al menos por unos días iban a prescindir de su servicio de acompañante terapéutico para no saturar al paciente dado que ya había enfermeros” (sic).
En otro orden de ideas, el testigo explicó que las funciones de los acompañantes terapéuticos en este caso consistían en “tratar de intermediar entre Diego y su entorno para que no se ofuscara; llevarlo para el lado de la abstinencia del alcohol y pasar las novedades sobre eventuales cambios de ánimo que el paciente pudiera tener” (sic). Aseguró que “quienes daban las directivas eran Luque y Cosachov” (sic), precisando que aquéllos eran “el cuerpo médico tratante” (sic). También consideró que esa vivienda no era “un lugar preparado para una internación domiciliaria. No había nada. Ni un termómetro” (sic). Aunado a ello, aseveró que “tendría que haber estado cualquier acompañante terapéutico en todo momento (…). Si no hay un operador profesional dentro nadie puede dar cuenta del estado del paciente. Éramos especialistas en situaciones críticas y por eso era necesario que estemos.” (sic).
En el mismo sentido, el testigo Alejandro Daniel Cottaro dio cuenta que el día 8 de noviembre de 2020 fue contactado por su hermano (Carlos Cottaro), para asistir al paciente en la aludida Clínica, donde tomó contacto con aquél (ver fojas 2905/2907, del 19/02/2021). Aclaró que su función en este caso “era acompañar (…) saber qué pasaba, cómo estaba de ánimo” (sic).
También recordó que, el 13 de noviembre de 2020, fue convocado nuevamente para “hacer el acompañamiento terapéutico” (sic). Al llegar a la citada casa, conversó con otro profesional terapéutico más (Carlos Bacchini), quien le transmitió que “Diego estaba bien (…) que no le esté muy encima.” (sic). Aproximadamente a las 11:30 horas, “se levantó Diego (…) estaba de buen ánimo (…). La enfermera colocó la medicación en la mesa y se la dio el sobrino Jonathan” (sic). Momentos después, el paciente fue ayudado a trasladarse a la parte superior de la casa, donde se bañó. Horas después, “llegó una persona que dijo que era kinesiólogo. (…). Cuando termina de hacerle el tratamiento (…) Diego le pide que lo lleve a la habitación (…) el kinesiólogo salió de la habitación y le dijo a Jonathan ‘qué pasó con Diego que está re molesto’” (sic). En razón de ello, “Jonathan y Julio” (sic) hablaron con la presunta víctima y, momentos después, “me agarra aparte Jonathan y me pregunta si yo le había dicho algo a Diego, porque no quería más acompañantes en la casa (…) que me tenía que ir (…) llamé a mi hermano (…) me dijo que (…) volviera a la casa (…) volví a entrar (…) me llama justo mi hermano y me dijo que había hablado con la psiquiatra que me vaya del lugar” (sic). El deponente aclaró que su hermano le dijo que “más adelante nos iban a llamar pero nunca me llamaron” (sic). Aunado a ello, consideró que “Maradona no tenía que estar en esa casa sino internado en una institución o centro de rehabilitación. La casa para mí no reunía las condiciones, cuando llegamos había pis en el suelo y la enfermera se puso a limpiar” (sic).
En consonancia con todo ello, fue agregado el testimonio de Carlos Roberto Bacchini, quien también dijo ser acompañante terapéutico interviniente en el caso (ver fojas 2908/2910, del 19/02/2021). Aclaró que, el mismo día de su externación sanatorial, acompañó a la presunta víctima en la citada vivienda, recordando que estaba “re bien” (sic). Agregó que, el viernes siguiente, “Diego no quería reemplazo pero Carlos Cottaro mandó un reemplazo igual (…) nunca volví porque me llamó Carlos Cottaro diciéndome que nos habían sacado del servicio” (sic).
Por otra parte, declaró que “la medicación cuando estaba Ricardo el enfermero se la daba él y cuando era el turno de las enfermeras se la daban los familiares (…) El jueves siguiente (…) Diego echó a una de las enfermeras porque entraba mucho (…) lo quería controlar, bañar y/o asistirlo” (sic). A todo ello adunó que la presunta víctima “necesitaba un baño más cerca, equipado y un equipo de primeros auxilios” (sic); recordando haber visto que lo ayudaron a subir a la parte superior de la casa, donde se bañó. Afirmó que “las personas que estaban con él (…) no lo dejaban decidir” (sic); precisando que “le daban de comer los que ellos querían. No seguían ningún plan de dieta.” (sic).
Por otra parte, en su declaración de fojas 7219/7222 (del 25/08/2021), el testigo Jorge Eduardo Macía afirmó ser médico neurólogo. Precisó que, el 12 de noviembre de 2020 (es decir, el día siguiente a la externación sanatorial), fue contactado por “un enfermero que estaba organizando un grupo de trabajo para una empresa tercerizada” (sic). Luego, fue convocado por la imputada Forlini, quien le explicó que la presunta víctima “tenía médico tratante, pero necesitaba una evaluación neurológica (…) que yo no decidiera tratamientos que eso estaba a cargo de los médicos tratantes. A la Dra. Forlini me la presentaron como la Jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.” (sic).
A la tarde de ese mismo día (el 12/11/2020), el testigo concurrió a la citada vivienda para evaluar al paciente, pudiendo advertir que estaba “ubicado en tiempo, en persona y en espacio. No encontré al examen déficit motor (…) no le faltaba fuerza en ningún miembro (…). Tampoco le encontré déficit sensitivo y ni signos extrapiramidales” (sic). Recordó que, en la habitación de la presunta víctima, también se encontraba su sobrino y el imputado Di Spagna, precisando que desarrolló su “evaluación y después hizo el doctor Di Spagna la suya” (sic). Aclaró que la persona que lo llamó aquél día, también le comentó que “necesitaba un clínico, le pregunté al Dr. Di Spagna. Yo fui con el Dr. Di Spagna en el auto de él. El Dr. Di Spagna es amigo y colega” (sic).
El testigo explicó que, una vez que cumplieron con sus tareas, se retiraron de allí, comunicándose con la imputada Forlini, quien le “pidió que sin ninguna urgencia le haga un informe. En el transcurso de los días posteriores (…) le envié uno y después tuve que llenar una ficha de Swiss Medical” (sic). También le comentó “la evaluación telefónicamente a Forlini” (sic). Al serle exhibida la pieza de fojas 2637, la reconoció como el informe al que hizo alusión (tratándose en principio de un correo electrónico remitido a Forlini, el día 26/11/2020 a las 8:56 horas, dando cuenta las aludidas circunstancias relativas al estado de la salud del paciente). Tras ser interrogado respecto a “si la fecha del que luce en dicho correo -26/11/2020- es la fecha que efectivamente lo envió” (sic), contestó “recuerdo habérselo enviado antes pero capaz que lo reenvié el 26” (sic).
El deponente aclaró que Forlini le habría encomendado que informara “cómo estaba (…) neurológicamente. Me contó que había médicos que decidían el tratamiento que yo solo podía hacer una sugerencia si es que hacía falta (…) para que ellos tomaran la decisión (…) no iba como médico tratante” (sic). Aseguró que él no adoptó “ninguna conducta porque lo vi compensado, no lo encontré con ninguna enfermedad aguda neurológica, ni consideré ningún estudio (…) me dijeron de Swiss Medical que lo iba a evaluar regularmente y nunca más me llamaron” (sic). También recordó que “Después se hizo un grupo de WhatsApp me incluyeron sin preguntarme (…) se llama Tigre. Alguna vez contesté algo” (sic). Finalmente, apuntó que no tuvo acceso a una epicrisis o a la historia clínica de la presunta víctima, aclarando que “pedimos que nos dieran toda la información pero con lo que teníamos no hacía falta” (sic).
Por otra parte, contamos con la declaración del testigo Luciano Spena, quien dijo ser licenciado en nutrición (ver fojas 7780/7782, del 04/01/2022). Tras aclarar que compartía “espacio de trabajo” (sic) con el imputado Di Spagna, dio cuenta que este último lo llamó “y me dice si le podía facilitar el contacto a alguien de Swiss Medical para hacer una visita a Maradona” (sic). Aproximadamente dos días después, el testigo recibió un llamado de la imputada Forlini para “hacer una visita al paciente” (sic). Es así que, el 18 de noviembre de 2020 (es decir, siete días después de su externación sanatorial), el deponente concurrió a la citada vivienda, acompañado por el encausado Di Spagna, quien “tenía que ir a hacer un informe” (sic). El testigo aclaró que él “iba puntualmente a hacer un interrogatorio nutricional del paciente respecto a un cuadro de indigestión que había tenido días pasados” (sic).
Al llegar a la casa, fueron atendidos por dos hijas de la presunta víctima y por “la cocinera” (sic), quienes les indicaron que debían “esperar al médico del paciente para poder ingresar a verlo” (sic). Momentos después, el imputado Luque se hizo presente “e ingresó a donde estaba el paciente (…). Nos acercamos a la cocina que era la antesala al lugar donde estaba el paciente, se escuchaban discusiones y gritos del paciente (…) sale Luque y dice que no estaba (…) de ánimo para recibir visitas” (sic). Frente a ello, el imputado Di Spagna le contestó que prefería “que se lo diga el paciente o la familia (…) Giannina dice que ella lo convencería al papá (…) a los 5 o 10 minutos vuelve a salir diciendo que (…) no estaba de ánimo” (sic). A su turno, Di Spagna les manifestó que “nos quedábamos el tiempo que fuera necesario (…). Las hijas dijeron que no tenía mucho sentido” (sic). En razón de todo ello, el testigo y el imputado Di Spagna se retiraron de allí. Luego de ello, Di Spagna le informó “a la encargada Forlini (…) que no lo pudimos ver (…) Forlini nos sugirió que al día siguiente sería un buen día para regresar” (sic). Sin embargo, al día siguiente Di Spagna “me dice que no íbamos a poder hacer la visita porque los médicos tratantes no consideraban que se pueda hacer porque el paciente no estaba de buen ánimo” (sic). Al ser preguntado respecto a quiénes consideraba como sus “médicos tratantes” (sic), replicó “el Dr. Luque (…) fue quien se encargó de hablar con el paciente, por lo cual entiendo que es el médico tratante. Otra de las personas que entiendo es la Dra. Cosachov porque fue la que sugirió que no vayamos al día siguiente (…). Entiendo que ellos tienen la decisión sobre el paciente. (…) Ni yo ni Pedro lo éramos” (sic). A ello adunó que el imputado Luque “no nos reportó el estado clínico del paciente” (sic), y que además no tuvo acceso a una epicrisis.
También aclaró que él no elaboró informe alguno, y agregó que sus servicios habrían de ser abonados por “Swiss Medical, pero nunca fueron pagados” (sic). Al ser preguntado respecto a quien convocó a Di Spagna y al testigo para desarrollar esa tarea, contestó que “de cuidados domiciliarios de Swiss Medical” (sic); habiendo sido contactado por la imputada Forlini “en el ámbito de un cuidado domiciliario, para efectuar una visita por un cuadro de indigestión” (sic). Finalmente, recordó que “la cocinera (…) nos cuenta acerca de un cuadro de indigestión que tuvo el paciente y que no venía comiendo bien” (sic); agregando a ello que la nombrada “le hacía comidas que le gustaban (…) para que coma” (sic).
Continuando con el análisis del plexo probatorio, también observo fueron agregadas diversas transcripciones de mensajes presuntamente remitidos con posterioridad a dicha externación sanatorial por parte de los distintos imputados (Luque, Cosachov, Díaz, Forlini, Perroni, Di Spagna, Almirón y Madrid), cuya válida incorporación al legajo tampoco fue cuestionada.
Nótese que, en horas de la tarde del día de su externación sanatorial (a las 16:30 y 16:31 horas del 11 de noviembre de 2020; ver fojas 5032/5042), la imputada Cosachov le habría manifestado a Forlini: “Me presento. Soy la Dra. Cosachov Agustina, Psiquiatra de Diego Maradona” (sic). A su turno, Forlini le habría contestado: “Hola (…) Dra. Nancy Forlini (…) estamos en contacto para lo que necesites me avisas” (sic; a las 16:44 y 16:45 horas).
Ese mismo día también (el 11/11/2020, a las 16:55 horas), se habría conformado el citado grupo de mensajería denominado “Tigre”, presuntamente integrado por los imputados Forlini, Di Spagna, Perroni, Madrid, y Almirón, entre otras personas más, cuyas transcripciones obran a fojas 2943/2952. De allí surge que, a las 17:39 horas de aquél día, la imputada Forlini se habría presentado al resto de los integrantes; haciendo lo propio el imputado Perroni a las 18:46 horas, quien además aseguró presuntamente: “voy a estar con el tema del personal de enfermería” (sic), sin que ello -en principio- fuera eventualmente controvertido por sus interlocutores.
Al día siguiente (el 12 de noviembre de 2020, ver fojas 2943/2952), en el citado grupo “Tigre”, el imputado Perroni habría efectuado un detalle de la “Medicación en stock” (sic), para luego agregar presuntamente: “la evolución de la noche fue favorable sin complicaciones” (sic; las 7:53 y 7:55 horas). Instantes después (a las 8:13 horas), la imputada Forlini habría retransmitido un mensaje de “la psiquiatra personal” (sic, en presunta referencia a Cosachov), dando cuenta determinados requerimientos cursados por aquélla. Frente a ello, Perroni habría sugerido: “Más que chata me parece que la silla con chatero” (sic; a las 8:13 horas). Un minuto después (a las 8:14 horas), una persona registrada como “Mary Medidom” (sic) habría informado: “Médico clínico hoy te lo vamos a resolver en el día neurólogo en búsqueda” (sic).
Más tarde (a las 8:31 horas), Forlini habría manifestado: “Se requiere Ketorolac y enema cuál usa” (sic). A su turno, Perroni habría remitido un archivo (a las 8:36 horas); y en función de ello Forlini habría ordenado sin más: “Laxante entonces” (sic; a las 8:39 horas). Minutos después (a las 9:00 horas), la citada persona “Mary Medidom” habría anoticiado: “la Dra. Psiquiatra si necesita información respecto al paciente debe llamar o escribir a la Dra. Forlini o a los coordinadores Mariano y Germán” (sic). En forma concomitante (también el 12/11/2020; ver fojas 5032/5042), la imputada Cosachov le habría pedido a Forlini: “hoy estaría bueno si ya va el médico clínico a evaluarlo y a hacerle el seguimiento” (sic; a las 08:08 horas); obteniendo como presunta respuesta de Forlini: “Lo sé” (sic, a las 08:08 horas). A ello Cosachov habría agregado: “necesitaríamos según me dicen los enfermeros chata, papagayo y equipamiento para la cama” (sic, a las 08:08 horas); siendo que Forlini habría replicado en ese mismo momento: “Estoy en línea directa con el equipo” (sic). A su vez, Cosachov habría insistido: “me gustaría que lo evalúe el clínico y un neurólogo también” (sic, a las 08:09 horas); obteniendo como presunta respuesta de Forlini en el momento: “Está todo encaminado” (sic).
Momentos después, Cosachov le habría pedido: “Si llega a ir clínico o neurólogo (…) Le pasarías mi celular? (…) Así yo hablo con ellos” (sic, a las 8:10 horas). Frente a ello, Forlini le habría preguntado: “Lo clínico lo vemos con vos o con Luque?” (sic, a las 8:12 horas). Dos minutos después (a las 8:14 horas), Cosachov le habría aclarado: “Con los dos no hay problema. Si querés primero conmigo y yo después con Luque (…) yo estoy manejando casi toda la medicación entonces más que nada por eso me gustaría hablar con el clínico y neurólogo (…) Mayormente su cuadro es Psiquiátrico” (sic). Un minuto después (a las 8:15 horas), Forlini le habría contestado: “Ok” (sic); agregando presuntamente a ello: “La medicación se va a cumplir según las indicaciones acordadas” (sic).
En paralelo a ello, y también en horas de esa mañana (el 12/11/2020; ver fojas 2650/2756), el imputado Díaz le habría sugerido a Cosachov: “empezar a meter otra gente (…) todo lo que se pueda meter va a venirnos bárbaro (…) para cubrirnos es lo mejor meter gente a full” (sic; a las 8:00 y 8:02 horas). Instantes después (a las 8:02 y 8:03 horas), Cosachov habría asentido, al afirmar presuntamente: “sí a full (…) Hoy pido a Swiss (…) Coincido con vos (…) Si no yo quedo como responsable” (sic). Frente a ello, Díaz habría replicado: “Eso nos va a aliviar” (sic; a las 8:03 horas). Avanzada la tarde (a las 17:54 horas), Cosachov le habría informado a Díaz: “parece que ahora estaba pidiendo un laxante (…) se lo di porque ya hablé con el médico” (sic).
Ese mismo día también (el 12/11/2020), los imputados Cosachov y Luque también habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 4892/4981). A las 8:13 horas, Cosachov le habría informado: “estaba encargándome de hablar con la mina esta que me pasaron el contacto ayer (…) hay que pedirle todo (…) papagayo, si necesita equipamiento de cama, si queremos que vaya el neurólogo, el clínico (…) tengo un grupo con los enfermeros y los acompañantes (…) no quiero que nadie se corte solo (…) me están pasando el parte cada 1 hora” (sic).
Avanzada la tarde (a las 18:52 horas), Cosachov le habría advertido a Luque: “la coordinadora esta de los insumos y de los profesionales de Swiss ya me llamó varias veces (…) está llegando el neurólogo para evaluarlo y el clínico supuestamente va mañana (…) parece que sólo nos quieren autorizar acompañantes y enfermeros, y que los otros médicos nos encarguemos nosotros, le dije: `no dale, no quedamos en eso´” (sic). A ello Cosachov habría agregado: “se quieren lavar mucho las manos con el tema de las evoluciones (…) está bueno tener un informe y un sello de alguien que se compromete con la evolución (…) no son tan benévolos los de Swiss como hicieron parecer” (sic). Frente a ello, Luque habría comentado: “Dale joya” (sic; a las 18:04 horas).
Más tarde (a las 19:42 horas del 12/11/2020, ver fojas 2943/2952), en el citado grupo de mensajería denominado “Tigre”, el imputado Perroni habría informado: “ya se retiró el clínico y el neurólogo continúa todo bien cualquier duda médica se la informarán ellos” (sic); siendo que Forlini habría expresado: “Gracias por avisar” (sic; a las 19:50 horas). Horas después (a las 22:47 horas), tras haber sido incorporado al grupo el testigo Jorge Macía (médico neurólogo), Forlini le habría consultado a aquél: “avisanos cómo te fue en la IC” (sic, a las 22:49 horas). Momentos después (a las 22:52 horas), Macía le habría informado: “lo vi bien tranquilo el examen neurológico es normal” (sic).
A esta altura, vale señalar que, tal como así surge de la pieza obrante a fojas 2638/vta., tratándose de una planilla impresa, en cuya parte superior, reza el título: “Evolución Mensual por Médico de Seguimiento” (sic), el imputado Di Spagna -en su condición de médico clínico- habría hecho constar que, ese día (el 12 de noviembre de 2020), habría revisado a la presunta víctima. En función de ello, habría constatado que el paciente se encontraba: “lúcido, orientado auto y alopsíquicamente en tiempo y espacio, colaborador (…) Normohidratado, Afebril, TA 120/80, FC 100 v min, FR 20 xmin, sat 02 97% (…) Pte refiere constipación de 48 hs. de evolución, abdomen blando o indoloro RHA positivos. Se indicó (5) cinco gotas de picosulfato de sodio VO, con buena respuesta al tratamiento según refiere control de enfermería. Se sugiere control de dieta por nutricionista. Se solicitaron estudios médicos que pudiera tener el paciente (…) se sugiere realizar laboratorio completo (…) ECG, RX tórax y Ecocardiograma doppler color para evaluación por cardiología si ameritara” (sic); para luego ser presuntamente suscripta al pie por el nombrado, junto con su sello aclaratorio.
Cabe señalar que, en su descargo a tenor del artículo 308 del Rito penal (ver fojas 7737/7751), el imputado Di Spagna reconoció a ese informe, y la firma allí estampada, como propios, y además aseguró habérselo remitido a la imputada Forlini.
Prosiguiendo con el análisis de los aludidos mensajes, también observo que, en horas de la mañana del día siguiente (el viernes 13 de noviembre de 2020), Cosachov habría intercambiado los siguientes mensajes con la imputada Forlini (ver fojas 5032/5042). A las 8:11 horas, Cosachov le habría requerido: “los informes de los médicos que fueron ayer” (sic); aclarándole además: “estoy confeccionando viste la historia clínica para que esté todo al día” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Forlini: “aún no los tengo” (sic; a las 8:20 horas). Horas después (a las 11:52 horas), Cosachov le habría informado: “hay mucha queja de parte de Diego en relación al tema de ir al baño (…) durante la internación le dieron este Rapilax (…) yo no hablé con el clínico y tampoco tengo el informe ni nada, ¿vos podrías preguntarle a él? (…) no manejo el tema de los laxantes y demás, no quiero meter la pata (…) qué le parece si le dejamos reglado todos los días determinadas gotas hasta que regularice” (sic).
Dos minutos después (a las 11:54 horas), Forlini le habría contestado: “¿Pero eso no lo debería ver Luque que es el médico tratante de él?” (sic); agregando presuntamente a ello: “lo que es (…) medicación y seguimiento básico lo veían ustedes, eso es lo que se firmó. Que nos baje la indicación en una orden médica y nosotros damos curso, le digo al enfermero” (sic). Forlini también le habría aclarado: “nuestro médico todavía no fue, no sé si va hoy o mañana (…) si el doctor Luque, que lo conoce, nos da la indicación de una orden médica, le damos curso (…) el contexto de paciente clínico lo manejaban ustedes. Así que decime qué le damos en una orden médica” (sic).
Algunos minutos después (a las 11:59 horas), Cosachov le habría replicado: “por lo que me comentaron fue ayer (…) el médico clínico y el neurólogo” (sic). Además, le habría objetado: “vamos a tener que ajustar porque hubo un mal entendido (…) yo me encargo de la coordinación de los médicos junto a Luque (…) por eso te pido los informes (…) si el neurólogo (…) indica un anticonvulsivante y yo lo apruebo yo me responsabilizo (…). Pero yo no puedo indicar un laxante o (…) una medicación para la presión si el médico clínico no lo indicó porque no es mi especialidad” (sic). A ello presuntamente adunó: “eso lo habíamos aclarado en las reuniones con los directivos de Swiss (…) un médico clínico que le haga el seguimiento, yo me responsabilizo por las medicaciones que el médico clínico indique (…) yo después te hago una orden” (sic). Aunado a ello, Cosachov le habría advertido: “si el acuerdo fue éste en todo caso vamos a tener que reevaluarlo (…) y lo reajustamos (…) necesito que el clínico que vaya lo evalúe, y en base a eso me diga las indicaciones y ahí yo me responsabilizo, pero necesito un clínico que activamente si ve algo (…) me diga” (sic). También aclaró presuntamente: “con Luque esas cosas no las manejamos porque no es nuestra especialidad, por eso le pedimos ayuda a Swiss Medical en las especialidades que no manejamos” (sic); sin obtener respuesta alguna de parte de Forlini, eventualmente objetando los aludidos extremos manifestados.
En horas de la noche de ese mismo día (a las 21:48 horas del 13/11/2020), Forlini habría comunicado a Cosachov: “Me informaron que tiene el pie un poquito de edema y que cenó y después fue al baño y vomitó una vez. Le dije que (…) llame a la emergencia para que lo evalúen” (sic). Minutos después (a las 21:59 horas), Forlini habría aclarado: “Comieron camarón con ajo y brócoli (…) yo les indiqué que llamen a un móvil medio no quiere (…) otra opción es darle Reliveran (…) le duele un poquito la pierna” (sic). Instantes después (a las 22:10 horas), Cosachov le habría respondido: “Perfecto Nancy (…) Coincido con vos (…) Si no quieren ya es responsabilidad de ellos” (sic); obteniendo como respuesta de parte de Forlini: “Ok” (sic, a las 22:14 horas).
Ese mismo día también (el 13/11/2020), los imputados Cosachov y Luque habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 4892/4981). A las 9:46 horas, Cosachov le habría comentado: “te mandé la historia desde antes de la internación, ahora tengo que hacer toda la parte de cuando se decidió la internación (…) quiero tener todo prolijo por las dudas (…) pedí los informes de los médicos que fueron ayer (…) la de Swiss, como que todavía no los tiene” (sic). Dos minutos después (a las 9:48 horas), Luque le habría contestado: “Gracias geniaaaaaa” (sic).
Avanzada la tarde (a las 18:43 horas), Cosachov le habría referido a Luque: “mucha gente le resulta un exceso (…) se empezó a superponer el rol del enfermero con el del acompañante (…) pegó onda con una enfermera (…) le voy a decir a Carlos Cottaro, el acompañante, que por ahora (…) prescindimos unos días de los acompañantes” (sic). Dos minutos después (a las 18:45 horas), Luque habría asentido, al afirmar presuntamente: “dale no hay drama” (sic). Instantes después (a las 18:48 horas), Cosachov le habría advertido a Luque: “me volvieron loca (…) todos los enfermeros escribiéndome (…) Diego terminó echando a un acompañante” (sic). Más tarde (a las 19:35 horas), Cosachov le habría informado a Luque: “ayer fue el neurólogo y fue el clínico, esta mina, Forlini, la que pusieron para controlar y auditar todo (…) como que no me quería pasar los informes de los médicos, no quería que yo me comunique con ellos para dar la opinión, estaba muy pendiente de (…) si los médicos de ellos (…) indicaban o sugerían medicación y yo le digo (…) hay que mandar un clínico para que lo vea y que le haga el seguimiento” (sic). A ello Cosachov habría agregado: “están con que nosotros firmamos que nomás Swiss Medical nos daba acompañante terapéutico y enfermero (…) dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora dicen que son cuidados personales (…) no me gusta (…) aunque sea que nos pongan un médico clínico coherente y que pueda regular el tema de si necesita un laxante o si necesita un Ketorolac (…) el día de mañana tiene un problema de presión y nos puede indicar un antihipertensivo porque esas cosas yo no las manejo y calculo que vos tampoco” (sic).
Momentos después (a las 19:41 horas), el imputado Luque le habría contestado a Cosachov: “lo bueno de todo esto es que (…) la reunión la tuvimos con la presencia de las hijas (…) si nos están mintiendo, nos están mintiendo a nosotros y ellas” (sic). Luego de unos minutos (a las 19:52 horas), Cosachov le habría replicado: “tenemos a las chicas de nuestro lado (…) mañana tengamos la reunión lo más pacíficamente posible (…) que venga un clínico que nos ayude, no que esté con reticencias de ‘no te paso el informe (…) porque vos sos la médica tratante’” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Luque: “Ok” (sic; a las 19:54 horas).
En horas de la mañana de esa misma jornada (el 13/11/2020), los imputados Perroni y Cosachov habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 5043/5047). A las 7:57 horas, Perroni le habría comunicado: “por ahora vamos bien” (sic). Horas después (a las 11:38 y 11:39 horas horas), Perroni le habría pedido a Cosachov: “si indica (…) un Enemol él se va a quedar más tranquilo (…) no creo que hay que negársela (…) o lo llamamos a Jorge que hable con el clínico y que le indique un Enemol (…) qué me dice, yo le digo a la chica a la enfermera o le dice usted a Dahiana que le aplique un Enemol o lo que quiera doc” (sic). Instantes después (a las 11:39 y 11:41 horas), Cosachov le habría respondido a Perroni: “Que lo evalúe el clínico eso me parece (…) no manejo esos temas (…) Le escribí al clínico pero nunca me contestó” (sic).
A continuación (a las 11:42 y 11:48 horas), Perroni habría replicado: “le pido yo a Forlini que hable con el clínico y que se haga cargo ella de la parte clínica (…) voy a hablar con el clínico para que si me tiene que indicar algo que me lo dé (…) si esperamos tantos jefes (…) se va a demorar en que me respondan” (sic). Instantes después (a las 11:51 y 11:55 horas), Cosachov le habría pedido: “podés hablar con el clínico en privado y preguntarle lo del laxante y demás o decirle que me llame?” (sic). Frente a ello, Perroni le habría contestado: “lo llamé a Jorge porque no tengo el número del clínico (…) ya indiqué un Lactulón” (sic; a las 11:54 horas). Un minuto después (a las 11:56 horas), Cosachov le habría aclarado a Perroni: “estoy en contacto con el clínico (…) Yo me arreglo” (sic).
Más tarde (a las 12:24 y 12:25 horas), Cosachov le habría consultado a Perroni, con relación a la imputada Madrid: “Hay posibilidad de que ella esté durante el día? (…) aparentemente pegó mucha onda” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Perroni: “Sí obvio” (sic; a las 12:29 horas). En horas de la noche de ese mismo día (entre las 22:31 y 22:38 horas), Cosachov le habría pedido al nombrado: “Fíjate Marian. Si está durmiendo y está bien (…) si el enfermero considera que hay que evaluarlo ahora lo evaluamos” (sic). Frente a ello, Perroni le habría contestado: “recién me comuniqué (…) está perfecto, está esperando el Reliveran” (sic; a las 22:38 horas). Avanzada la noche (a las 23:15 horas), Perroni le habría informado a Cosachov: “está bien (…) no tiene ningún tipo de erupción, no refiere tener ninguna picazón, comezón” (sic). A ello Perroni habría agregado: “lo de la ambulancia (…) va a tener que ser protocolizado en alguna reunión que va a tener Forlini” (sic). También le habría advertido a Cosachov: “yo hago infusiones domiciliarias me dan todo el kit, ambu vía suero (…) hay que mirar para el futuro, va a tener puesto una vía, un suerito, alguna medicación básica hasta que llegue la ambulancia y reciba la atención necesaria. Qué le parece (…) estoy rompiéndome la cabeza para acomodarlo como quede más prolijo” (sic).
Instantes después (a las 23:22 y 23:23 horas), Cosachov le habría requerido a Perroni: “Mañana hablamos (…) Así aclaramos el procedimiento a seguir ante situaciones como éstas (…) muy desprolijo todo hoy” (sic). Un minuto después (a las 23:24 horas), Perroni le habría expresamente advertido: “aporto para que no sea desprolijo, y pensando a futuro, en un caso de urgencia no estamos bien parados. No puede ser que no haya una vía, un aboca un suero (…). Ya lo informé a Forlini, le dije tiene que haber un kit (…). En el caso que haya que pasarle algo (…) no cuesta nada estar preparados” (sic).
En paralelo a todo ello, en horas de la tarde de ese mismo día (a las 15:10 horas del 13/11/2020, ver fojas 2943/2952), en horas del mediodía (a las 13:13 horas), la citada persona registrada como “Mary Medidom” expresó presuntamente en el citado grupo de mensajería “Tigre”: “agregué al grupo al Dr. Spagna médico clínico de Diego” (sic); sin que al respecto haya mediado reflexión o cuestionamiento alguno.
Es así que, tras ser incorporado allí, el imputado Di Spagna habría recomendado: “para tratar la constipación de este paciente y por la medicación que toma, tenemos dos alternativas la primera es lactulosa (…) 30 ml. dos veces al día disuelto (…). La otra alternativa es (…) Rapilax 750 gotas (…) iniciar con 5 gotas disueltas (…) con 4 hs. alejado de la medicación psiquiátrica. Por lo que pudimos ver y evaluar ayer el paciente se había automedicado con Rapilax, así que optamos por esa alternativa (…) dar lejos de la otra medicación (…) discontinuar si el paciente evacúa. Sugiero además como le expresé ayer al paciente, que un nutricionista le revise la dieta (…) así evitamos agregarle más medicación a la que ya toma que es bastante. Les dejo la indicación escrita y estoy a disposición” (sic). Instantes después (a las 15:12 horas), Di Spagna habría remitido un archivo en ese mismo grupo. Un minuto después (a las 15:13 horas), Forlini habría expresado: “Excelente (…) Avanzamos” (sic); replicando presuntamente Di Spagna en ese momento: “Genial! Quedo atento” (sic).
Entre tanto, a las 14:35 horas de esa misma jornada (el 13/11/2020, ver fojas 4982/5018), el testigo Taffarel -quien dijo ser masajista de la presunta víctima- le habría informado a Luque: “está con mucho edema de MMII (…) Mucho (…) dije adelante de la enfermera si le daban algún diurético y Maxi me dijo que se encargue la enfermera” (sic). Horas más tarde (a las 16:22 horas), Luque le habría contestado: “Camina? Tiene que caminar” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Taffarel: “sí anda por el patio” (sic, a las 16:25 horas).
También en horas de la tarde de ese día (el 13/11/2020; ver fojas 2650/2756), Cosachov le habría manifestado al imputado Díaz: “tenemos que ponernos firmes (…) no pueden tomar decisiones sin consultarnos a nosotros (…) Diego dijo bueno el enfermero sí, pero el acompañante no (…) negociaron eso y sin consultarnos” (sic; a las 16:23 y 17:07 horas). Frente a ello, Díaz habría contestado: “ahí hablo yo” (sic; a las 17:07 horas). Minutos después (a las 17:13 y 17:16 horas), Cosachov le habría pedido a Díaz: “no llames (…) parece que era medio gomoso el acompañante (…) si hay una enfermera y un acompañante todo el tiempo (…) el tipo se sofoca al toque. Lo mismo viste nuestra presencia” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Díaz en ese momento: “tenés razón, capaz que (…) el enfermero y el acompañante terapéutico en él terminan cumpliendo la misma función” (sic).
Horas después (a las 19:36 y 19:53 horas), Cosachov le habría informado a Díaz: “la de Swiss Medical creó una reunión para mañana con Luque, conmigo, con las hijas para ver lo del tema del médico clínico (…) como quién es responsable, si el médico clínico sugiere o indica (…) cuanta menos responsabilidad tengan ellos mejor (…) si querés y podés te sumo” (sic). Frente a ello, Díaz se habría excusado, al afirmar presuntamente: “tengo pacientes” (sic; a las 21:39 horas).
A la tarde de esa misma jornada también (el 13/11/2020; ver fojas 4216/4239), Cosachov le habría aclarado al testigo Pomargo -quien dijo ser asistente personal de la presunta víctima-: “no está dentro de las posibilidades que Diego decida echar a alguien (…) hay ciertas normas de Swiss Medical que tienen que respetar (…). En todo caso el acompañante (…) si no le cae muy bien (…) vemos después de cambiarlo, o que no esté tan encima” (sic; a las 16:15 y 16:21 horas). A su turno, Pomargo habría expresado: “el pibe era muy gomoso (…) se cansó, y dijo no lo quiero ver más (…). El enfermero que está un campeón. Ni se lo escucha (…) se va a la otra punta, Diego no lo ve. Solo para cuando le hace las cosas. La piba de hoy, también” (sic; a las 17:11 y 17:25 horas).
En cuanto a este último aspecto, vale señalar que, tal como así se desprende de las planillas de informes de fojas 134/vta. y 135/vta., presuntamente confeccionadas por los imputados Madrid y Almirón respectivamente con relación a los turnos del citado día (el 13/11/2020), Madrid habría iniciado sus actividades laborales a las 7:00 horas de aquél día hasta las 15:00 horas; oportunidad en la que habría sido reemplazada en sus funciones por Almirón, quien a su vez se habría retirado de allí a las 23:00 horas de la jornada.
Ese mismo día también (el 13/11/2020), en el aludido grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados a la presunta víctima; ver fojas 5123/5153), el imputado Díaz habría expresamente manifestado a las 18:08 horas: “no hay ningún rol que pueda ocupar un acompañante. De hecho, hoy es contraproducente un acompañamiento terapéutico (…) estoy viendo un Diego absolutamente colaborativo y con ganas de estar bien (…) no creo que haga falta más gente (…) entiendo que con la voluntad que tiene Diego, con que haya un enfermero y la gente con la que está acostumbrado a vincularse es suficiente” (sic). Un minuto después (a las 18:09 horas), Cosachov habría asentido, al afirmar presuntamente: “coincido con Charly (…) por ahora sería ‘exceso’” (sic).
Frente a ello, dos personas del entorno familiar de la presunta víctima habrían concordado con esa propuesta (a las 18:12 y 18:46 horas). Instantes después, tras ser consultada por una familiar de la presunta víctima respecto a la posibilidad de concurrir a la casa para visitarlo (a las 19:06 horas), Cosachov habría aconsejado: “es algo muy dinámico que tenemos que ir construyendo día a día. (…). Algunas veces podemos responder a su demanda de estar solo” (sic; a las 19:08 y 19:09 horas). Entre tanto, a las 18:45 horas de esa misma jornada (el 13/11/2020), en el citado grupo de mensajería “Tigre” (ver fojas 2943/2952), el imputado Almirón se habría presentado al resto de los integrantes: “soy Ricardo Almirón, enfermero.
Diego está de buen humor, por suerte pudo evacuar, hizo efecto el laxante, parámetros normales, administré su medicación y está descansando” (sic). Un minuto después, Perroni habría consignado dos signos de aprobación; al tiempo que el imputado Di Spagna habría expresado: “Excelente noticia! Muchas gracias” (sic; a las 18:47 horas); haciendo lo propio también la imputada Forlini (a las 18:50 horas). Horas después (a las 21:46 y 21:27 horas), Almirón habría advertido: “Diego tiene el pie derecho un poco edematizado (…) Recién cenó (…) Y fue al baño a vomitar (…) se podrá dar algún antiemético” (sic). Frente a ello, Forlini habría ordenado sin más: “Llamen a emergencias para que lo evalúen” (sic; a las 21:48 horas).
Instantes después (a las 21:53 horas), Di Spagna le habría aconsejado: “Para el miembro que lo mantenga elevado. Respecto de los vómitos, Reliveran gotas pero coincido con Nancy que antes del Reliveran se lo evalúe. Comió? Qué comió? (…) hay algún cambio en la conducta o algo fuera de lo normal? (…) para eso amerita lo que dice Nancy una evaluación” (sic).
Momentos después (a las 21:58 horas), la imputada Forlini habría manifestado: “Una bomba lo q comieron” (sic). Por su parte (a las 22:02 horas), Di Spagna habría expresado: “Coincido, pero (…) más allá de malestar digestivo, hay algún cambio en el sensorio, si no le damos 10 gotas de Reliveran (…) insisto en que un nutricionista le revise la dieta y lo oriente (…) que se le ofrezca la asistencia de la ambulancia y en caso de negarla, se lo medique con Reliveran” (sic). A ello Di Spagna habría adunado: “Qué TA tiene?” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Almirón sin más: “130 90” (sic, a las 22:03 horas); siendo que Di Spagna habría manifestado en ese momento: “Bien” (sic). Aunado a ello, Almirón habría informado: “Se niega a que vengan médicos (…) Reliveran gotas no tenemos (…) Solicito pedido?” (sic, a las 22:03 horas); siendo que Di Spagna habría recomendado: “Reliveran (…) 10 gotas (…) Y que afloje a la comida” (sic, a las 22:05 y 22:06 horas). Instantes después (a las 22:10 horas), Di Spagna presuntamente insistió: “veamos la posibilidad de que un nutricionista le revise la dieta (…) Hay que ordenarlo en ese sentido” (sic). Instantes después (a las 22:14 horas), Forlini habría manifestado: “coincido con vos” (sic). Más tarde (a las 23:43 horas), la testigo Córdoba habría dado aviso que controló los signos vitales de la presunta víctima; obteniendo como presunta respuesta de Forlini: “Gracias (…) Avisanos si pasa algo (…) si vuelve con síntomas llamen a emergencias” (sic).
A esta altura, debo señalar que, conforme así se desprende de la citada planilla de informes de fojas 135/vta., presuntamente confeccionada por el imputado Almirón respecto del turno iniciado el día 13 de noviembre de 2020, el nombrado habría controlado los signos vitales de la presunta víctima en tres oportunidades (a las 17:00, 20:00 y a las 23:30 horas), cuyos valores resultarían contestes con la información anteriormente mencionada en el citado rango horario (“130 90”; sic). También habría hecho constar la presunta ingesta de la medicación indicada en dos ocasiones (a las 17:30 y 23:30 horas), habiendo consignado además que, a las 20:00 horas, el paciente presentaba: “pie derecho edematizado se avisa a médico” (sic); para luego ser presuntamente suscripta al pie por el nombrado, junto con su aclaración.
En la planilla de fojas 134/vta., presuntamente suscripta y confeccionada por la imputada Madrid respecto del turno de la mañana y la tarde de ese mismo día (el 13/11/2020), la nombrada habría dejado consignado que controló los signos vitales de la presunta víctima en una sola oportunidad (a las 11:45 horas), y que además el paciente habría ingerido la medicación en dos oportunidades (a las 11:30 y 14:00 horas); para luego ser presuntamente suscripta al pie por aquélla, junto con su aclaración.
A esta altura, estimo necesario señalar que, en su descargo a tenor del artículo 308 del Rito penal (ver fojas 6049/6178), la imputada Madrid aseguró que: “A partir del 13 [en referencia al día 13 de noviembre de 2020] no tuvo más contacto físico con el paciente” (sic); agregando a ello que, con respecto a la medicación prescripta, “no veía cuando la ingería” (sic). En horas de la noche de ese mismo día también (el 13/11/2020), en el aludido grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados de la presunta víctima; ver fojas 5123/5153), una familiar del paciente habría informado a las 22:34 horas: “Me acaba de contactar una persona que es la encargada de las internaciones domiciliarias de Swiss Medical que papá vomitó (…) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo y que ella piensa que debería revisarlo alguien (…) me dijo que habló con Agustina y ella le dijo que eso era una decisión familiar! (…) los familiares hay cosas que no podemos decidir que para eso estaría el médico clínico o por lo menos su médico que responde por él” (sic).
Instantes después (a las 22:36 horas), Cosachov habría asegurado: “Yo no dije eso (…) dije que si el enfermero de turno evalúa que la situación amerita que pidan el móvil independientemente de la voluntad de él” (sic). A ello Cosachov habría adunado: “hay que frenar un poco la comunicación de Swiss Medical porque es un teléfono descompuesto (…) Aclaremos mañana en la reunión (...) Nancy no puede convocar en este horario a la familiar a alarmar (…) en la reunión fijamos un protocolo a seguir en caso de situaciones de este estilo” (sic, a las 22:41, 22:42 y 22:46 horas). Prosiguiendo con el análisis de esos mensajes, aprecio que, a las 22:55 horas de aquél día (el 13/11/2020; ver fojas 4216/4239), el testigo Pomargo le habría expresado a Cosachov: “Los de Swiss va a ser un dolor de cabeza” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Cosachov: “mañana le pongo los puntos (…) Diego tenía un poco de náuseas (…) querían llamar a la ambulancia (…) llamaron a las chicas. Las angustiaron (…) mañana vamos a tener una reunión” (sic; a las 22:58 horas). Transcurridos tres días de su externación sanatorial (el sábado 14 de noviembre de 2020), en el citado grupo de mensajería “Tigre” (ver fojas 2943/2952), la imputada Forlini habría consultado a las 7:28 horas: “Cómo pasó la noche” (sic). A su turno, la testigo Córdoba -quien dijo ser licenciada en enfermería- habría informado: “descansó toda la noche, se despertó a las 06 hs. me solicitó la medicación fue administrada tomó 450 cc. de agua, deambuló al baño sin dificultad diuresis abundante, se despertó molesto (…). No quiso que controle signos vitales” (sic; a las 7:30 y 7:31 horas). Frente a ello, Forlini le habría encomendado sin más: “Déjenlo tranquilo en un rato los toman” (sic, a las 7:31 horas).
A esta altura, debo señalar que todo ello se compadecería con lo plasmado en la planilla de informes obrante a fojas 133/vta. presuntamente confeccionada por Córdoba (respecto del turno iniciado el 13 de noviembre de 2020); quien además habría consignado que controló los signos vitales de la presunta víctima en una oportunidad (a las 23:00 horas), habiendo ingerido la medicación a las 6:00 horas del día siguiente (el 14/11/2020); para luego ser presuntamente suscripta al pie por la nombrada, junto con su aclaración.
En horas de la mañana de ese mismo día (el 14/11/2020), los imputados Cosachov y Luque habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 4892/4981). A las 11:18 horas, Cosachov le habría expresado: “Nancy es insufrible” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Luque: “muy positiva la reunión en el sentido de nos pusimos re firmes” (sic, a las 11:19 horas). En ese momento, Cosachov le habría replicado: “la idea de ellos es lavarse las manos cuanto más puedan y esta Nancy va a ser problemática” (sic); agregando presuntamente a ello: “Diego sigue bien” (sic). Instantes después, Luque le habría recomendado a Cosachov: “no te expongas tanto con él. Andá lo justo y necesario” (sic, a las 11:24 horas). Instantes después (a las 11:25 horas del 14/11/2020), en el aludido grupo de mensajería denominado “Parte Médico Olivos” (integrado por Luque, Cosachov, y Díaz, como así también por familiares y allegados a la presunta víctima; ver fojas 5123/5153), Cosachov habría preguntado: “Qué les pareció la reunión? (…) Me pareció productiva” (sic). Frente a ello, una familiar del paciente habría expresado: “creo que deberíamos pensar en conseguir un clínico de cabecera” (sic; a las 11:40 horas); al tiempo que otra familiar más habría agregado: “Con el médico que consigamos ellos se quedarían ‘tranquilos’” (sic, a las 11:43 horas). Instantes después, una persona del entorno familiar habría aclarado: “Leopoldo es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera” (sic; 11:45 horas). Frente a todo ello, Cosachov habría acotado: “Quien les parece que contacte al clínico? (…) Quieren proponer alguno uds? O cómo les parece hacer?” (sic; a las 11:50 horas); obteniendo como presunta respuesta de una familiar: “me voy a poner a investigar” (sic; a las 11:56 horas).
En paralelo a ello (a las 11:51 y 11:52 horas del 14/11/2020; ver fojas 4216/4239), Cosachov le habría consultado al testigo Pomargo: “Cómo lo ves hoy?” (sic); obteniendo como presunta respuesta de aquél: “de primera” (sic). A su turno, Cosachov habría agregado: “seguramente vaya mañana (…). Si no me quiere ver lo saludo de lejos y listo (…) Vamos a respetar su espacio” (sic; a las 11:53 horas).
Durante la tarde de ese mismo día (a las 17:06 horas del 14/11/2020), el testigo Taffarel le habría informado a Luque: “Está bien de humor (…) Lo único mucho edema de piernas mal” (sic, ver fojas 4982/5018). Minutos después (a las 17:11 horas), Luque le habría contestado: “Viernes le saco los puntos” (sic). Más tarde (a las 18:30 horas y 18:31 horas), Luque le habría informado a Taffarel: “hoy hubo una reunión de zoom (…) yo me puse firme (…) si el ten está en la casa hoy porque yo me paré de manos con todos sino (…) lo metían en un loquero” (sic).
En horas de la noche (también del 14/11/2020), la imputada Cosachov le habría comunicado a Díaz: “voy mañana” (sic; a las 20:00 horas, ver fojas 2650/2756). Varios minutos después (a las 20:30 horas), Díaz le habría asegurado: “si sale bien Diego, esto puede ser algo que quede para la posteridad” (sic); agregando presuntamente a ello: “perdemos matrícula y vamos en cana o somos semidioses” (sic).
A la tarde de esa misma jornada (también del 14/11/2020), en el citado grupo de mensajería “Tigre” (ver fojas 2943/2952), el testigo Arnez Zenteno habría informado la positiva evolución de la presunta víctima; siendo que Forlini y Perroni habrían agradecido ello (a las 16:28, 18:28, 20:25 y 21:12 horas).
Mediante la planilla de informes de fojas 137/vta., presuntamente confeccionada por aquél respecto del turno que abarcaba las últimas horas de ese día y las primeras del siguiente (14 y 15 de noviembre 2020), Arnez Zenteno habría hecho constar que controló los signos vitales de la presunta víctima en una ocasión (a las 21:00 horas del 14/11/2020); habiendo ingerido la medicación prescripta media hora después (a las 21:30 horas); para luego ser presuntamente firmada al pie por aquél, junto con su aclaración.
También fue incorporada la planilla de informes de fojas 136/vta., presuntamente confeccionada por la testigo Cáceres respecto del turno desarrollado a partir de la mañana del citado día (el 14/11/2020), haciendo constar presuntamente que controló los signos vitales de la presunta víctima en tres oportunidades (a las 9:00, 16:00 y a las 19:30 horas); habiendo ingerido la medicación en el horario previsto (a las 16:00 y 19:30 horas); para luego ser presuntamente suscripta al pie, con su aclaración. A la mañana del día siguiente (a las 06:58 y 08:21, del domingo 15 de noviembre de 2020), en el citado grupo de mensajería “Tigre” (ver fojas 2943/2952), los testigos Arnez Zenteno y Córdoba habrían informado la correcta evolución del paciente, obteniendo como presunta respuesta de Perroni: “Gracias” (sic; a las 07:04 y 08:24 horas). Horas después (a las 10:19, 10:23 y 10:29 horas), la imputada Forlini habría remitido varios archivos, respecto de los cuales Perroni habría expresado: “Perfecto” y “Recibido” (sic, a las 10:26 horas, y 10:30 horas). A lo largo de ese mismo día (a las 13:40, 19:55, y 23:48 horas), se volvió a informar respecto de la positiva evolución de la presunta víctima; siendo ello también agradecido por Forlini y Perroni (a las 14:05, 15:05, 17:49, y 19:56).
En la planilla de informes de fojas 138/vta., presuntamente confeccionada por la testigo Córdoba respecto del turno iniciado el aludido día (el 15/11/2020), la nombrada habría dejado constancia que controló los signos vitales de la presunta víctima en dos oportunidades (a las 8:40 y 20:00 horas); habiendo ingerido la medicación en dos ocasiones (a las 8:40 y 16:00 horas). También habría hecho constar la presencia del “psicólogo” (sic), y que además la “psiquiatra Agustina deja medicación” (sic); para luego firmar presuntamente esa pieza, junto con su aclaración.
Por su parte, el testigo Arnez Zenteno habría hecho lo propio en la planilla obrante a fojas 139/vta., confeccionada respecto de ese mismo día (el 15/11/2020), haciendo constar que verificó los signos vitales de la presunta víctima en una ocasión (a las 00:00 horas), habiendo ingerido la medicación a las 21:30 horas; para luego suscribir presuntamente esa pieza, junto con su aclaración.
En horas del mediodía de esa misma jornada (el 15/11/2020), los imputados Cosachov y Díaz habrían intercambiado los siguientes mensajes (ver fojas 2650/2756). A las 12:22 horas, Cosachov le habría informado a Díaz: “recién me voy de lo de Diego, le dejé toda la medicación (…) aparentemente se levantó a la mañana (…) tomó la medicación y se volvió a acostar (…) me parece viene medio depre viene la cosa (…) no lo quise despertar” (sic).
Horas más tarde (a las 18:31 horas), Cosachov le habría expresado: “agradezco tu participación (…) estoy súper contenta de que estés en el equipo (…) un gran hallazgo tu incorporación” (sic). Varios minutos después (a las 19:13 horas), Díaz le habría contestado: “Fue bastante genuino todo lo que dije” (sic); agregando presuntamente a ello: “me da un poco cagazo este tema de la potencial bipolaridad” (sic); obteniendo como presunta respuesta de Cosachov: “pensá que ahora está bien medicado igual” (sic; a las 19:36 horas).
En paralelo a todo ello, en horas de la tarde de esa jornada (a las 15:29 y 15:30 horas, del 15/11/2020), Luque habría preguntado a una persona registrada como Julio Soria: “En q anda? (…) Sigue vivo?” (ver fojas 5078/5093); obteniendo como presunta respuesta de aquél: “Obvio” (sic, a las 15:30 horas); al tiempo que Luque habría replicado: “Yo me borré lindo” (sic; a las 15:30 horas).
Transcurridos cinco días de su externación sanatorial (el lunes 16 de noviembre de 2020), Cosachov habría remitido a Forlini el siguiente mensaje a las 8:24 horas: “los informes médicos aprox cuando los tendremos? ¿La nutricionista se aprobó?” (sic, ver fojas 5032/5042); obteniendo como presunta respuesta de Forlini: “hoy o mañana estimo q estarán. La nutricionista se pasa hoy para iniciar búsqueda por zona” (sic; a las 8:25 horas).
Fin de la sentencia