Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 34.988
Lo que resolvió el tribunal
I. Por unanimidad, declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de la aquí demandada Swiss Medical Group S.A. -Andrea Eliana Torres- (del 19/05/2023); de conformidad con los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (arts. 17 y ccdtes. de la ley 13.928).
II. Por mayoría, hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido, y en consecuencia revocar el decisorio impugnado de fecha 17 de mayo de 2023, correspondiendo remitir el presente legajo al Tribunal a quo, a los fines de que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal local, y una vez evacuada la vista correspondiente, se deberá actuar lo que por derecho corresponda; teniendo presentes además las reservas efectuadas; todo ello de conformidad con los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (artículos 1, 23, 26, 27 de la Ley provincial 13.133; inciso 4°del artículo 29 de la Ley provincial 14.442; 45 a 54, y 64 de la Ley 24.240; Resolución 1578/21 -del 16/09/2021- de la Suprema Corte de Justicia provincial).
SI - 34988 - 2023 - (ED)
JUAREZ, VIVIANA ALEJANDRA C/SWISS MEDICAL SA S/AMPARO SI-34988-2023/III
IPP nro. SI-1191-2023 (ED) JUAREZ, VIVIANA ALEJANDRA C/SWISS MEDICAL SA S/AMPARO
Para resolver la impugnación concedida el 30 de mayo de 2023.
Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Gustavo Adrián Herbel, Carlos Fabián Blanco, y para el caso de disidencia el Juez Ernesto A. A. García Maañón (artículo 440 del Rito penal).
El Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
I. En el presente caso, la letrada apoderada de la aquí demandada Swiss Medical Group S.A. -Andrea Eliana Torres- dedujo una excepción por falta de competencia, peticionando la remisión de este proceso al fuero federal (el 10/05/2023). Con apoyo en diversas citas de jurisprudencia que reprodujo, alegó que dicho fuero resultaba competente para proseguir en el conocimiento de este legajo, atendiendo a la naturaleza de la pretensión incoada por la amparista, y a la luz de la normativa invocada por aquélla para sustentar su planteo.
Una vez corrida la vista de rigor (el 11/05/2023), la accionante Viviana Alejandra Juárez, con el patrocinio de la Dra. Lilian Valeria Figueroa, se opuso a dicha pretensión (el 12/05/2023). Tras efectuar consideraciones respecto de los alcances previstos por el art. 3 de la Ley provincial 13.928 (que rige los procesos de amparos), adujo que la acción fue correctamente interpuesta ante esta jurisdicción, debiendo privilegiarse la inmediatez y celeridad que el caso requiere. A ello agregó que debía primar la regla de que todos los Jueces de grado tienen competencia para intervenir en este tipo de acciones; para luego afirmar que la Ley nacional 26.682 (que regula a las empresas de medicina prepaga), hace referencia a una relación de consumo, sin hacer mención alguna a la invocada competencia federal, y que además -a su entender- las autoridades de aplicación serán aquellas previstas por las Leyes 24.240 y 25.156.
A su turno, los Sres. Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal nro. 5 departamental -María Angélica Sayago del Castillo y Pablo Adrián Rolón- rechazaron el planteo incoado por la accionada Swiss Medical Group S.A. (el 17/05/2023). Tras considerar que aquél resultaba extemporáneo, señalaron que -en el caso- se verificaba la existencia de un contrato de medicina prepaga que -a su criterio- se rige por la aludida Ley nacional 26.682, como así también por la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor); extremos éstos que -a su juicio- escapan al fuero de excepción postulado. A ello adunaron que el caso “aquí ventilado se encuentra subsumido en la ley 26.682 y especialmente en la ley 24.240, que determina la competencia ordinaria” (sic). En función de ello, concluyeron que ese Tribunal de juicio resultaba competente para entender en la presente acción.
Una vez notificada (el 17/05/2023), la apoderada de la firma prestataria dedujo un recurso de apelación, mediante el cual instó la revocación del decisorio apelado, y la remisión del legajo al fuero federal, efectuando además las reservas de acudir a instancias ulteriores (el 19/05/2023). Tras relevar los antecedentes del caso, y con apoyo en diversos precedentes jurisprudenciales, reeditó su postura declinante, por las razones a las que me remito en honor a la brevedad.
Luego de ser corrida la vista de rigor (el 22/05/2023), la amparista se opuso una vez más al planteo de la demandada, peticionando además la expresa imposición de costas a aquélla, con apoyo en los mismos argumentos que dedujo en su anterior presentación, a los que también habré de remitirme (el 29/05/2023). A ello agregó que La ley 24.240 resultaba aplicable a este caso, siendo que -a su entender- “en forma clara y especifica establece la competencia netamente ordinaria y no federal” (sic). Por su parte, el Tribunal a quo resolvió conceder el recurso de apelación introducido, y remitir estos obrados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín (el 30/05/2023).
A su turno, los Sres. Jueces integrantes de dicho Tribunal de Alzada - Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi- resolvieron declararse incompetentes para entender, y dispusieron la remisión de las actuaciones a esta Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental (el 01/06/2023). Tras relevar los antecedentes del trámite, y señalar que “el caso podría importar una cuestión de competencia de la justicia federal” (sic), advirtieron que la acción no tenía por objeto un acto administrativo particular o general, una omisión administrativa o una vía de hecho. Finalmente, el legajo fue radicado ante este Tribunal de Alzada (el 14/06/2023).
II. Reseñados los antecedentes del caso, estimo que, a los fines de evitar innecesarios dispendios jurisdiccionales en perjuicio del normal desarrollo de este proceso, y a la luz de las pautas fijadas por nuestro Máximo Tribunal provincial respecto de las apelaciones deducidas en este tipo de acciones, en cuanto a que “para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5827, es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen” (ver SCJBA, causa B.74.576, del 08/02/2017; y en el mismo sentido B.72.432 del 21/08/2013, B.73.316 del 29/12/2014, B.73.124 y B.73.317 ambas del 12/11/2014, y B.73.558 del 21/10/2015, entre otras), habré de avocarme al análisis del planteo recursivo aquí introducido. En primer término, cabe precisar que el artículo 22 de la Ley provincial 13.928 (que rige las acciones de amparo) veda la articulación de cuestiones previas, demandas reconvencionales o incidentes. Sumado a ello, debo señalar que la decisión impugnada no ha sido expresamente prevista como apelable en el art. 16 del mismo cuerpo normativo (en cuanto impone que serán recurribles las decisiones que: rechacen la acción por manifiesta inadmisibilidad -inc.1-; las referidas a medidas cautelares -inc. 2-; y la sentencia de definitiva -inc. 3-).
Sin embargo, no puedo pasar por alto que, en casos como el aquí planteado, en los que viene debatida la posible competencia de la justicia federal, la Suprema Corte de Justicia provincial se pronunció por sostener, en distintas oportunidades, que dicha circunstancia “debe considerarse indisponible para las partes, ya que se ofrece con los caracteres de un impedimento que, más allá de comportar una cuestión de competencia, toca a la demarcación misma con que la Constitución nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, con oportunidad siempre presente y en cualquier estado del juicio para restablecerla en su regularidad de oficio”; y es por ello que concluye que corresponde el ingreso al “examen del embate sin las limitaciones impuestas por las normas procesales” (ver SCJBA, causa L.118.758, del 21/09/2016; y en el mismo sentido L.118.847 del 04/08/2016, L.91.737 del 21-9-2011, L.117.462 del 20-8-2014, L. 116.553 del 8-4-2015, 84.578 del 23/12/2002, entre otras).
Siguiendo tales premisas, habré de proponer al acuerdo que se declare admisible el recurso de apelación deducido, por haber sido presentado en término, poseyendo la impugnante legitimación personal para hacerlo, siendo que además fueron observadas las formas exigibles para su interposición (arts. 17 y ccdtes. de la ley 13.928).
III. Sentado ello, cabe recordar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional que, a los fines de resolver cuestiones como la aquí articulada en torno a la competencia para entender en un determinado proceso, debe ser valorada especialmente la exposición de los hechos que el actor expresa en su demanda, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión, como así también la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (CSJN, Fallos: 328:73, y en el mismo sentido 303:1453, 1465; 306:229, 2230; 311:157, 311:557, 311:2198; 313:971, entre otros).
En el supuesto de autos, la amparista peticionó -por esta vía- que la empresa demandada le brinde “la prestación del dispositivo denominado Sensor FreeStyle Libre, o sistema de monitoreo continuo de glucosa intermitente o flash, en la cantidad de 2 (DOS) por mes (…), de conformidad con las Leyes 26.682 y 26.914, Resoluciones N° 2820/22 y 201/02 del Ministerio de Salud, artículos 14, 16, 28 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional y artículos 12, 36.8 y 38 de la Constitución Provincial.” (sic; del 26/04/2023). Aseguró que dicha prestación resultaba exigible de acuerdo al vigente Programa Médico Obligatorio (PMO), y aclaró que había agotado las vías administrativas previas, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Nacional, quien hizo lugar a su planteo, sin que la accionada cumpliera con ello.
En esa misma presentación, también solicitó el dictado de una medida cautelar, en virtud de la cual se “ordene la inmediata cobertura al 100%” (sic). Vale aclarar que esto último tuvo acogida favorable por parte del Tribunal a quo (el 28/04/2023), siendo que dicha prestación fue efectivamente proporcionada (ver constancias del 23/05/2023), sin que se presenten motivos de peso que logren controvertir dichos extremos. Establecido el cuadro de situación, sin desconocer los alcances del art. 3 de la Ley provincial 13.928 (en cuanto establece que, en la acción de amparo, será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos), no lo es menos que los invocados cuerpos legales, en virtud de los cuales la actora fundamenta su pretensión, integran el plexo normativo que abarca a las obras sociales y a las prestatarias privadas de servicios médicos (ver Leyes 23.660, 23.661, 23.753 y su modificatoria 26.914, 24.754, y 26.682), los cuales forman parte del derecho federal (art. 75 de la Constitución Nacional).
Vale destacar que nuestro Máximo Tribunal federal se ha pronunciado por sostener que, en casos como el que nos ocupa, resulta “…competente el fuero civil y comercial federal para tramitar la acción de amparo entablada por un afiliado contra una empresa prestadora de servicios médicos al considerar que ésta no le brindó las prestaciones necesarias para tratar la dolencia que padece, ya que están en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, al establecer la prestación médica obligatoria, que involucra a las obras sociales y a las prestadoras privadas de servicios médicos en razón de que la ley 24.754 extendió a éstas las prestaciones básicas de las leyes 23.660 y 23.661” (CSJN, Fallos: 326:3535; y en el mismo sentido ver también Fallos 312:985, 320:42, 324:2078, 326:3006, 326:3535; 328:4095). Sumado a ello, aseguró que “más allá de la relevancia de los aspectos de consumo eventualmente involucrados, cabe estar a la doctrina según la cual los pleitos que versan, en último término, sobre situaciones regidas por normas federales deben tramitar ante el fuero federal en razón de la materia (CIV 81242/2019/CS1, “Schek, Gustavo Alberto c/ Swiss Medical S.A. s/ daños y perjuicios”, del 13/08/20; CCF 9288/2019/CS1-CA1, “Delmenico, Cecilia c/ CEMIC s/ amparo de salud”, del 09/09/21; FCR 15953/2018/CS1, “P., C. A. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Pcia. del Chubut s/ amparo”, del 11/12/18; CSJ 89/2019/CS1, “B., S.T. c/ A.M.E.B.P.B.A. s/ amparo de salud”, del 7/3/19, y Fallos: 344:1253, “S., S.I.”; entre otros)" [según el dictamen del Procurador Fiscal en la causa CSJ 1618/2021/CS1 de la CSJN, “Torres López, Juan Bautista y otro c/ Casa Salud - Sistema Asistencial s/ Amparo”; del 11/11/2021]. Téngase presente además que dicho Tribunal lleva dicho que “…la competencia federal en razón de la materia es improrrogable y excluyente de las jurisdicciones provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios…” (CSJN, Fallos 324:2078).
En todo este marco, siguiendo los lineamientos fijados por la Corte federal, estimo que el Tribunal a quo no resulta competente para proseguir en el conocimiento de esta acción, en la que vienen debatidos aspectos vinculados al cumplimiento de leyes nacionales y resoluciones ministeriales que atienden al servicio de salud por parte de la prestadora aquí demandada.
La solución aquí propiciada también resulta conteste con lo decidido por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental en distintas oportunidades (ver causas SI-11939-2020 del 13/05/2021, y SI- 27221-2021 del 30/09/2021, ambas de la Sala I de dicho Tribunal; causa 45.485 del 07/11/2017 de la Sala II de dicho Tribunal; causas SI-47999- 2017 del 21/11/2017, y SI-40330-2013 del 12/12/2013, ambas de la Sala III de dicho Tribunal, entre otras).
Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación introducido por la demandada (del 19/05/2023), revocar el decisorio impugnado (del 17/05/2023), correspondiendo devolver este legajo al Tribunal a quo para su posterior remisión al Juzgado Federal con competencia en lo Civil y Comercial que por turno y territorialmente corresponda, a fin de que continúe en el conocimiento de la causa; imponiendo las costas en el orden causado, atento a la controvertida materia del caso aquí planteado; teniendo presentes además las reservas efectuadas (arts. 1, 3, 15, 16, 17, 25 y ccdtes. de la Ley 13928; arts. 4, 8, 68 y ccdtes. CPCC; Leyes 23.660, 23.661, 23.753 y su modificatoria 26.914, 24.754, y 26.682; art. 75 de la Constitución Nacional).
Es mi voto (arts. 106 C.P.P, 168 y 171 de la Const. Prov. Bs. As.). El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Comparto con mi Colega preopinante, que el recurso de apelación interpuesto es formalmente admisible -por sus mismos motivos y fundamentos- y que corresponde revocar la resolución judicial recurrida pero por distintas consideraciones, dado que a lo largo de la tramitación del presente amparo, no ha mediado ninguna intervención del Ministerio Público Fiscal. Me explico:
En el presente caso, se encuentra verificada la existencia de una relación de consumo que une a la amparista Viviana Alejandra Juárez con la demandada Swiss Medical Group S.A., sin que ello fuera materia de controversia alguna.
Dichos extremos han sido plenamente acreditados por los Sres. Jueces integrantes del Tribunal a quo en el decisorio aquí impugnado (del 17/05/2023), quienes categóricamente aseguraron que el caso “aquí ventilado se encuentra subsumido en la ley 26.682 y especialmente en la ley 24.240, que determina la competencia ordinaria” (sic).
Esto último fue refrendado por la propia amparista al momento de contestar las vistas conferidas (del 12/05/2023 y 29/05/2023). Tan es así que enfáticamente postuló que “las autoridades de aplicación serán las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156” (sic); para luego asegurar que la Ley 24.240 resultaba plenamente aplicable al caso, la cual “en forma clara y especifica establece la competencia netamente ordinaria y no federal” (sic). Sentado el cuadro de situación, respecto del cual -insisto- no ha mediado controversia alguna, vale recordar que las relaciones de consumo como la aquí ventilada se encuentran específicamente reguladas por la Ley nacional 24.240 (B.O. 15/10/1993).
Este último cuerpo normativo viene complementado y se integra a nivel provincial por la Ley 13.133 (B.O. 09/01/2004), en cuyo artículo 27 expresamente reclama que, en las correspondientes acciones entabladas por consumidores, “El Ministerio Público actuará obligatoriamente como fiscal de la ley”.
Dicha prerrogativa se integra, a su vez, con el texto del inciso 4° del artículo 29 de la Ley provincial 14.442 (del Ministerio Público), en cuanto impone que corresponderá al Agente Fiscal, en “materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes, cuando se manifestare afectación del interés público con gravedad institucional, o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad”.
Téngase presente además que, mediante el dictado de la Resolución 1578/21 (del 16/09/2021), la Suprema Corte de Justicia provincial, con la asistencia del Procurador General, fue precisa al asegurar que “la intervención procesal en materia no penal del Ministerio Público Fiscal se suscitará”, entre otros supuestos, “En los procesos relativos a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, de conformidad con los arts. 52 y 54 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133” (artículo 1°, inciso 4° de dicha Resolución).
En consonancia con todo ello, el Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia provincial también se ha pronunciado por dictaminar que: “Dicha previsión normativa derivaba del orden público comprometido en los procesos en los que se controvirtieran derechos de consumidores y usuarios, ponderando para ello la legitimación que el artículo 1° de la ley del Ministerio Público provincial le atribuye a la institución para el cumplimiento de su función de custodia de los intereses de la sociedad y de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales” (ver dictamen emitido en la causa C.124.384-1 de la S.C.J.B.A., del 19 de abril de 2021; y en consonancia con ello en causas P.126.187-1 del 9 de octubre de 2015, C.123.763-1 del 14 de julio de 2021, C. 119.562 del 7 de octubre de 2015, C. 119.253 del 24 de octubre de 2014, entre otros).
Ahora bien, advierto que en oposición a dichas normas y al criterio del Procurador General del Ministerio Público, el propio el Ministerio Público Fiscal local no ha tomado intervención alguna en estas actuaciones. Se ha dicho, -y lo comparto-, que el Ministerio Público Fiscal (y cada uno de sus integrantes) desempeña un papel central para el respeto y garantía de los derechos humanos en general, y de los de protección judicial y debido proceso en particular.
Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho de defensa en juicio previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional debe garantizarse a todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio, abarcando también al Ministerio Público (Fallos 268:266; 331:2077).
En este contexto, considero que el temperamento aquí impugnado deviene prematuro, por la omisión de dicha participación.
Por todo lo hasta aquí expuesto, habré de proponer al acuerdo hacer parcialmente lugar a la impugnación deducida, revocar la decisión aquí apelada, correspondiendo devolver el legajo al Tribunal a-quo, para que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal local y una vez evacuada la vista correspondiente, se deberá actuar lo que por derecho corresponda (artículos 1, 23, 26, 27 de la Ley provincial 13.133; inciso 4°del artículo 29 de la Ley provincial 14.442; 45 a 54, y 64 de la Ley 24.240; Resolución 1578/21 -del 16/09/2021- de la Suprema Corte de Justicia provincial). Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto del Juez Blanco, por los mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto (arts. 106 C.P.P, 168 y 171 de la Const. Prov. Bs. As.). Por todo lo expuesto, el Tribunal
I. Por unanimidad, DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de la aquí demandada Swiss Medical Group S.A. -Andrea Eliana Torres- (del 19/05/2023); de conformidad con los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (arts. 17 y ccdtes. de la ley 13.928).
II. Por mayoría, HACER PARCIALMENTE LUGAR al recurso de apelación deducido, y en consecuencia REVOCAR el decisorio impugnado de fecha 17 de mayo de 2023, correspondiendo remitir el presente legajo al Tribunal a quo, a los fines de que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal local, y una vez evacuada la vista correspondiente, se deberá actuar lo que por derecho corresponda; teniendo presentes además las reservas efectuadas; todo ello de conformidad con los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (artículos 1, 23, 26, 27 de la Ley provincial 13.133; inciso 4°del artículo 29 de la Ley provincial 14.442; 45 a 54, y 64 de la Ley 24.240; Resolución 1578/21 -del 16/09/2021- de la Suprema Corte de Justicia provincial).
III. Regístrese, notifíquese a la amparista, a la demandada, y al Ministerio Público Fiscal. Cumplido, devuélvase al Tribunal en lo Criminal nro. 5 departamental a los fines establecidos en el Punto II que antecede. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia