Abriendo la norma
Mo de 27109 - 2023 - Revainera Camila Alejandra C/ Torres Gaston Ariel Y Otro/a S/ Daños Y Perj.autom. C/les. O Muerte (exc.estado) Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº 4 - Morón · Causa 27.109
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, disposiciones legales citadas, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, F A L L O :
I. Rechazar la demanda promovida por Camila Alejandra Revainera contra Gastón Ariel Torres y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.
II. Imponer las costas del juicio a la accionante (arts. 68 y 163, inc. 8, y ccds. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para su oportunidad procesal (art. 51 de la Ley 14.967).
Constituidos. Oportunamente, archívese y comuníquese a la Receptoría General de Expedientes Departamental (Ac. 3397/08).
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 4 Departamento Judicial Morón Colón nº 151 (Edificio Tribunales), segundo piso, sector G, Morón.
"REVAINERA CAMILA ALEJANDRA C/ TORRES GASTON ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
EXPEDIENTE NRO.: MO-27109-2023.-
RESOLUCION REGISTRADA ELECTRONICAMENTE
Morón, en la fecha y hora de referencia.-
Estos autos caratulados "REVAINERA CAMILA ALEJANDRA C/ TORRES GASTON ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", EXPEDIENTE NRO.:
MO-27109-2023, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 4, a mi cargo, Secretaría única, del Departamento Judicial Morón, venidos a mi público despacho en estado de dictar sentencia definitiva y de los que,
I. Se presenta Camila Alejandra Revainera, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Tripolone, promoviendo demanda por daños y perjuicios contra Gastón Ariel Torres, en su carácter de conductor y titular del vehículo marca Citroën Berlingo, dominio LWX430, y/o contra quien resulte civilmente responsable, por la suma de $5.390.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más intereses, costas y costos hasta su efectivo pago.
Asimismo, solicita se cite en garantía, en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.
Relata que el día 19 de junio de 2022, alrededor de las 20:50 horas, mientras regresaba de dejar a su hijo con su padre, lo cual hacía caminando por la vereda de la calle Coronda, al llegar a la altura 2121 de dicha arteria, fue embestida violentamente por una camioneta Citroën Berlingo dominio colocado LWX430, que impactó de lleno sobre el lado derecho de su cuerpo, haciéndola caer al suelo y golpear su cabeza contra el cemento. Refiere que dicha camioneta salió raudamente marcha atrás, sin tener en cuenta el paso de los posibles peatones, siendo conducida por un sujeto que posteriormente se identificó como Gastón Ariel Torres, domiciliado en el lugar.
Sostiene que, según los testigos, su única reacción fue gritarle al conductor, pero que, producto del golpe, perdió el conocimiento por unos segundos. Agrega que el denunciado logró detener la marcha, descendiendo del vehículo y manifestándole: “perdóname, no te vi” (sic). Refiere que, en estado de shock, logró incorporarse como pudo con ayuda de amigos, y que, ante la actitud desentendida del conductor, se retiraron caminando unas pocas cuadras. Sin embargo, indica que el dolor comenzó a intensificarse, presentando adormecimiento en el brazo derecho. Manifiesta que, auxiliada por dichas personas, llegó a su domicilio y se dirigió inicialmente al Hospital Eva Perón de Merlo, donde no pudieron realizarle estudios radiológicos, motivo por el cual concurrió al Hospital de Morón, donde tampoco recibió atención por ausencia de traumatólogo de guardia, en razón de tratarse de un día feriado, no quedando constancias médicas de dichas asistencias.
Expone que, al día siguiente, se presentó en el domicilio del demandado solicitándole que la trasladara a un centro de atención médica, accediendo éste y llevándola al Hospital Posadas junto con su esposa, donde fue asistida por los múltiples traumatismos sufridos y se le practicaron los estudios correspondientes.
Agrega que, persistiendo los dolores, el día 5 de julio de 2022 concurrió por su cuenta al Sanatorio San Juan Bautista de Libertad donde se le realizaron nuevos estudios y se le indicó la consulta con especialista en hombro. Señala que, por carecer de medios económicos, recién el 20 de julio pudo asistir al Sanatorio del Oeste de Ituzaingó, donde se le diagnosticó luxación de clavícula y hombro.
Indica que no pudo realizar estudios de resonancia magnética ni continuar tratamiento kinesiológico por falta de recursos y cobertura de salud, lo que le impidió continuar con su recuperación, debiendo guardar reposo con uso de cabestrillo.
Manifiesta que presenta dificultades para dormir, automedicándose con clonazepam, y que su vida se vio profundamente afectada desde el hecho. Refiere que dejó de trabajar durante varios meses como auxiliar de enfermería y como peluquera particular Agrega que fue contactada por personal de la aseguradora, quien le manifestó mediante mensajes de WhatsApp que existía un video donde se observaba un supuesto roce mínimo, ofreciéndole la suma de $50.000 a los fines de desarticular el reclamo, lo que rechazó por considerarlo improcedente.
Describe y cuantifica los daños reclamados en los siguientes rubros: daños físicos ($500.000), tratamientos futuros ($200.000), gastos de farmacia y asistencia médica ($50.000), tratamiento kinesiológico ($240.000), daño psicológico ($100.000), tratamiento psicológico ($200.000), daño moral ($500.000) y lucro cesante ($3.600.000), lo que arroja un total de $ 5.390.000.
Atribuye la responsabilidad del hecho al obrar negligente del demandado, fundando su pretensión en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, invocando asimismo la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba (art. 1735 del CCyC).
Ofrece prueba y solicita se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda, con costas. (v. DEMANDA - SE PRESENTA (233900433022643353)) .
II. Con fecha 13/11/2023 (v. DEMANDA - CONTESTA (253300433022857398)) se presenta el Dr. Leonardo Andrés Sánchez, actuando como gestor procesal del demandado Gastón Ariel Torres, contesta demanda cursada contra éste y solicita la citación en garantía de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.
Tras efectuar una negativa particularizada de los hechos y de la documentación invocada por la parte actora, reconoce la ocurrencia de un siniestro vial, aunque le asigna una entidad y significación menor a la sostenida por la demandante.
Así, refiere que, en la fecha y hora indicadas en la demanda, el sr. Torres, a bordo del vehículo Citroën Berlingo dominio LWX430, efectuaba una maniobra de retroceso a muy baja velocidad con el fin de ingresar el rodado al garaje de su domicilio sito en calle Coronda n° 2121 de la localidad de Pontevedra, Partido de Merlo, oportunidad en la cual se habría producido un leve contacto entre la parte trasera del vehículo y el brazo derecho de la actora.
Afirma que dicha mecánica se encuentra registrada en una cámara de seguridad del domicilio, cuyo video acompaña, del que surge que se trató de un contacto mínimo, insuficiente para generar las lesiones y secuelas invocadas en la demanda.
Por otro lado, agrega que las luces de marcha atrás del vehículo se encontraban activadas con anterioridad, lo que habría permitido a la actora advertir la maniobra.
Asimismo, manifiesta que el propio demandado trasladó a la actora al día siguiente al Hospital Posadas, donde le habrían informado que no presentaba lesiones de consideración.
Sobre esa base, califica el reclamo como improcedente, afirmando que no existe relación de causalidad entre el hecho denunciado y los daños reclamados, por cuanto las lesiones invocadas resultan incompatibles con la entidad del contacto descripto. En consecuencia, invoca la existencia de un ejercicio abusivo del derecho y niega la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados.
Opone defensa de culpa de la víctima, sosteniendo que la actora, pese a encontrarse advertida de la maniobra de retroceso por las señales lumínicas del vehículo, continuó su marcha sin adoptar recaudos, contribuyendo a la producción del hecho.
Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.
Con el poder acompañado el 17/11/2023 (v. RATIFICA GESTION (234900433022890081)) se dio por ratificada la referida gestión procesal.
III. Con fecha 22/11/2023 (v. DEMANDA - CONTESTA (243100433022913549)) vuelve a tomar intervención el Dr. Leonardo Andrés Sánchez, esta vez en carácter de letrado apoderado de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, quien contesta el llamado en garantía. Reconoce la existencia de cobertura asegurativa respecto del vehículo Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDI SX dominio LWX430, instrumentada mediante póliza n.º 11051203, con un límite máximo de cobertura por acontecimiento de $ 23.000.000.
A continuación, adhiere en todos sus términos a la contestación de demanda efectuada por el asegurado, solicitando se la tenga presente en todos sus términos y se rechace la demanda entablada en todas sus partes, con costas a la actora.
IV. El 15/3/2024, la parte actora desistió del codemandado genérico (v. PRUEBA - SOLICITA APERTURA (238600433023537273)) .
VII. Frente a la existencia de hechos controvertidos, el 18/3/2024 se recibió la causa a prueba, fueron producidas las informadas por la Actuario con fecha 31 de octubre de 2025 (v. INFORME DEL ACTUARIO/A (253100433027597466)) .
VIII. Con fecha 5 de mayo de 2026, se dictó la providencia de autos para sentencia, que quedó firme, clausurándose el debate (arts. 155, 170, 482 y ccdtes. del C.P.C.C.).
Primero. Prejudicialidad penal.
De la causa penal remitida ad effectum videndi et probandi (IPP N° -10-00-047139-22/00, en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial de Morón, se desprende que con fecha 26 de noviembre de 2024 fue ordenado su archivo. Por lo tanto, y al darse la excepción del inciso c del artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, no existe prejudicialidad penal, encontrándose habilitada la jurisdicción civil.
Segundo. Hechos.
No existe controversia en cuanto a la participación de las partes intervinientes, ni respecto de la fecha y lugar del hecho, ocurrido el día 19 de junio de 2022, alrededor de las 20:50 horas, sobre la vereda del domicilio sito en calle Coronda n° 2121 de la localidad de Pontevedra, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, se encuentra controvertida la mecánica del suceso y, fundamentalmente, la entidad del contacto denunciado y su aptitud para generar las lesiones invocadas por la actora.
Desde un frente, la accionante sostiene haber sido embestida violentamente por el vehículo conducido por el demandado al efectuar una maniobra de retroceso, lo que le habría provocado la caída y diversas lesiones de consideración. Por el otro, el demandado y la citada en garantía, reconocen la ocurrencia de un contacto, aunque lo califican como leve e insignificante, producido a muy baja velocidad, negando que el mismo posea entidad suficiente para ocasionar los daños cuya reparación se pretende. En tales condiciones, la resolución del litigio exige, en primer término, determinar la mecánica del accidente y la consecuente atribución de responsabilidad, para luego, en su caso, analizar la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
A tal fin, los elementos de prueba obrantes en autos serán valorados conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 375 y 384 del C.P.C.C.).
Tercero. La responsabilidad civil.
Frente a ésta controversia, se impone a los fines del esclarecimiento de la pretendida existencia de responsabilidad, encuadrar jurídicamente las pretensiones deducidas en el juicio (art. 163, inc. 6°, del C.P.C.C.). Liminarmente, es menester señalar que, en la especie, es de aplicación la norma contenida en los arts. 1.757, 1.758 y 1.769 del CCyC, que regulan lo atinente a la responsabilidad civil por el riesgo de las cosas, aplicable a los accidentes en que, tal como ocurre en autos, son víctimas peatones y que consagra la inversión de la carga de la prueba que obliga a los accionados a arrimar las que desbaraten la presunción legal en su contra (en tal inteligencia, Cám. Civ. y Com. San Martín, sala II 70115 7 RSD-33/16 S 15/03/2016).
El automóvil, atento su desarrollo técnico, su capacidad de desplazamiento, potencia y versatilidad de maniobra, constituye una cosa generadora de riesgo, que obliga a su conductor a extremar las precauciones.
Así, por tratarse de un daño ocasionado por el riesgo de la cosa, al damnificado le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual el mismo provino, pues con la reunión de esos extremos se presume la responsabilidad de su dueño o guardián, quien, para eximirse o disminuir tal atribución, debe acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad (conf. art. 1.113 segunda parte “in fine” del Código Civil, Bustamante Alsina, J. “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 265, nº 860).
No debe soslayarse que en general, el nivel normal de diligencia que corresponde al conductor de un vehículo debe apreciarse en función de una regla fundamental para el tránsito en la vía pública, que prescribe "que el conductor debe mantenerse siempre dueño del control del vehículo, adaptando su marcha a las circunstancias especiales del caso" (Brebbia, Roberto, ob. cit., t. 1. p. 202).
Es que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo, asume sobre si la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista. Así, la aparición de la figura del peatón distraído o del ciclista desaprensivo, son hechos que acaecen, si no normalmente, al menos ocasionalmente y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esas emergencias, salvo, por supuesto, casos excepcionales (S.C.B.A., Ac. 74632 S 21-11-2001; Cám. Civ. y Com. La Plata, Sala III 124415 RSD-68-19 S 23/04/2019).
Pues existe de parte de quien circula un deber de cuidado frente a terceros, consistente en estar en condiciones de realizar las maniobras evasivas necesarias para evitar un daño, o sea que, aunque la culpa provenga de la víctima, el conductor tiene igualmente, ante la inminencia de un evento dañoso, la obligación de realizar la o las maniobras para impedir el accidente (Monterroso Casado, Responsabilidad civil por accidentes de circulación. La concurrencia de causas, Aranzadi, Navarra, ed. 2001, p. 163); algo que desde antiguo viene reiterando nuestra jurisprudencia, cuando decide que el conductor debe conservar en todo momento el absoluto dominio del vehículo que dirige, para poder maniobrar con eficacia en procura de evitar daños a terceros, aun en la circunstancias más adversas e imprevistas (CNCiv, Sala H, 13/8/96, “Grossi C/Virgini, LL, 1998-E-821, jurispr. agrup., caso 13.165; ídem, Sala E, 14/3/00, “Franco de Palomo C/Valentín”, LL, 2000-313; Trigo Represas - Compagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Tomo 1, 2º Ed., 2008, pág, 278).
Por otro lado, se viene sosteniendo que frente a la duda en los supuestos de colisión de un peatón por un automotor siempre se deberá estar por una interpretación favorable al peatón. In dubio pro peatón es la solución que expresamente consagra el art. 64, Ley 24449. Es que el peatón, el hombre medio que transita por las calles, es quien, por lo general, sufre las consecuencias del riesgo creado por los automotores que circulan por las arterias de la ciudad. En pocos supuestos como en este se advierte tan marcadamente la situación de inferioridad del hombre frente a la máquina (Conf. CNCiv., sala B, 12/08/04, “Sosa c. Di Como”, LL 1005-A-588, entre muchos).
En síntesis, se interpreta que siempre y cuando el peatón cumpla con las exigencias legales, en principio gozará de los beneficios a su favor, y en consecuencia la responsabilidad será del automovilista.
Sentadas estas premisas, comenzaré por analizar la versión de los hechos expuestos por cada una de las partes en sus respectivos escritos, para luego proceder a estudiar los elementos probatorios por ellas producidos.
Cabe recordar que el demandado y su aseguradora, aun reconociendo la ocurrencia del hecho, le asignaron una entidad mínima, carente de aptitud causal suficiente para producir los daños invocados. Asimismo, sostuvieron que las luces de marcha atrás del vehículo se encontraban activadas con anterioridad, lo que habría permitido a la actora advertir la maniobra.
En tales condiciones, corresponde ingresar en la valoración integral de la prueba producida a fin de determinar la efectiva mecánica del hecho y, especialmente, la existencia de un adecuado nexo causal entre el evento y los daños invocados.
Pues bien, adelanto que de la prueba reunida en autos, valorada conforme las reglas de la sana crítica (arts. 375 y 384 del C.P.C.C.), se desprende que la dinámica del suceso se corresponde con la descripta por la parte demandada, y no con la versión sostenida en el escrito postulatorio. El principal elemento que me conduce a tal conclusión es el registro fílmico acompañado por Torres en su contestación, el cual, si bien fue desconocido por la actora al evacuar su traslado y en oportunidad de absolver posiciones, fue objeto de análisis por el perito informático designado en autos, quien arribó a la conclusión de que el mismo no presentaba alteraciones ni modificaciones (v. DICTAMEN PERICIAL - PRESENTA (249300433024970956)).
A ello se suma que, del cotejo de dicho material con las restantes constancias de la causa, se advierte que tanto el escenario en el que se desarrolla el hecho como la fisonomía de las personas intervinientes guardan correspondencia con las fotografías del lugar acompañadas con la demanda, así como también con las características físicas de la propia actora, del demandado y de la testigo presencial Azul Milena Gallardo, apreciables en la audiencia de vista de causa celebrada el 8/8/2024, la cual quedó videograbada.
Todo ello permite otorgar al referido registro pleno valor probatorio (art. 384 del CPCC).
Así entonces, su visualización permite advertir con claridad que el vehículo del demandado se encontraba efectuando una maniobra de retroceso a muy baja velocidad, produciéndose un leve contacto con la actora, de entidad mínima, que no interrumpe su marcha ni genera una caída inmediata.
Ello, tal lo adelantado, resulta congruente con la versión brindada en la contestación de demanda, con la denuncia de siniestro efectuada por el propio asegurado ante su compañía (acompañada por esta última en su presentación del 22/11/2023) y con la prueba confesional rendida por el propio demandado en la audiencia de vista de causa.
Muy por el contrario de lo afirmado en el escrito liminar, en la filmación no se observa impacto violento alguno, ni caída al suelo, ni golpe de la cabeza contra la superficie, ni pérdida de conocimiento, ni la necesidad de auxilio inmediato por parte de terceros, quedando desmentidos de manera categórica tales extremos.
Vale señalar, en este punto, como ya se ha destacado en otros precedentes en trámite ante este Juzgado (causas MO-66207-2017 y MO-32374-2022, entre otras), que esta diferencia sustancial entre lo objetivamente acreditado y lo afirmado en la demanda no puede ser soslayada. En esa línea, se ha señalado que la notoria discordancia entre las constancias probatorias y el relato contenido en el escrito inicial no resulta un aspecto menor ni puede ser ignorado. La parte actora se encuentra alcanzada por un deber de explicitación veraz de los hechos en que funda su pretensión, no siendo compatible con el principio de buena fe procesal la construcción de una versión fáctica que no encuentra respaldo en los elementos objetivos de la causa.
Antes bien, dicha infracción lejos de favorecer su posición, termina por debilitarla.
Como se ha dicho, las partes no tienen la facultad de ser veraces, sino el deber de serlo (CNCiv., Sala L, voto del Dr. Liberman, in re “Ulrich, Roberto Rafael c/ Ferrovías S.A.C. (línea Belgrano Norte) s/ daños y perjuicios”, 21/08/2015).
Más aún, la versión actoral se vuelve más endeble al analizar su absolución de posiciones, donde introduce inconsistencias relevantes respecto de la secuencia fáctica, particularmente en lo atinente al momento y modo en que se habría producido la caída y la supuesta pérdida de conocimiento, circunstancias que, como adelanté, no se verifican en el registro fílmico ni en el resto de la prueba producida.
En dicha oportunidad Revainera ya no sostuvo haber caído al suelo ni haberse golpeado la cabeza contra el cemento con pérdida de conocimiento en el lugar del hecho, sino que refirió haber caído sobre su acompañante. Asimismo, afirmó que no se habría desmayado en ese momento, sino con posterioridad, cuando fue asistida por personas de la cuadra y por su propia amiga Azul Milena Gallardo. Sin embargo, esta última, al ser interrogada específicamente sobre tal extremo, lo negó, manifestando que habría estado al tanto de haber ocurrido un desmayo.
Continuando con el análisis de dicho testimonio, si bien la referida testigo aludió a la existencia de un impacto “seco” y sostuvo que la actora cayó sobre ella y al piso, también reconoció que inmediatamente después del episodio continuaron caminando e incluso insultando al conductor del vehículo, sin advertir en ese momento signos aparentes de gravedad, circunstancia que relativiza sensiblemente la entidad del evento en ese preciso instante.
Los restantes testigos ofrecidos por la actora, Franco Nahuel Mangini y Tomás Aníbal Joel Clavelino, tampoco aportan elementos suficientes para modificar las conclusiones antes expuestas, ya que ninguno de ellos presenció directamente el hecho.
Ambos declararon sobre circunstancias que conocieron por dichos de la propia actora con posterioridad al episodio. Mangini se refirió principalmente a los dolores que aquella manifestaba y a las atenciones médicas posteriores, mientras que Clavelino reconoció que, si bien escuchó gritos desde cierta distancia, no observó la secuencia del incidente y tomó conocimiento de lo ocurrido cuando la propia accionante se lo relató luego del hecho.
A su turno el Ingeniero mecánico Oscar H. Martino, en su dictamen de fecha 25/5/2024 (v. DICTAMEN PERICIAL - PRESENTA (243800433024059069)), fue particularmente categórico al señalar la falta de correspondencia entre la entidad del contacto observado en el video y las lesiones denunciadas por la actora, concluyendo que las mismas no resultan compatibles con la mecánica del siniestro (v. respuesta "e").
Por su parte, la pericia psicológica elaborada por la Lic. Vanesa Carolina Aguilera Gómez, descartó la existencia de daño psíquico atribuible al hecho de autos, al no evidenciarse una perturbación emocional de entidad suficiente (v. DICTAMEN PERICIAL - PRESENTA (251000433024396964)). A ello se suma que la actora fue declarada negligente en la producción de la pericia médica, privando así a la causa de un elemento técnico fundamental para acreditar las lesiones invocadas (golpe en la cabeza, traumatismos múltiples, luxación de clavícula y hombro, lesión cervical, entre otras) y su eventual relación causal con el hecho. No obstante ello, cabe agregar que de la historia clínica remitida por el Hospital Profesor Alejandro Posadas (v. OFICIO RECIBIDO (237200433022972343)) surge que la actora fue asistida a las 15:44 hs. del día siguiente, consignándose como diagnóstico “contusión en hombro derecho”, refiriendo la paciente un “trauma por aplastamiento en tórax y hombro derecho”. Asimismo, se dejó constancia de que no presentaba dificultad respiratoria, conservaba movilidad del hombro y que la radiografía realizada arrojó resultado normal, indicándose únicamente analgesia. Nótese que en dicha oportunidad no se advirtió luxación de hombro ni de clavícula, ni tampoco se consignaron otros traumatismos, golpe en la cabeza o pérdida de conocimiento, extremos que luego fueron invocados en la demanda.
Por si fuera poco, los antecedentes médicos remitidos con fecha 21/12/2023 (v. OFICIO RECIBIDO (238500433023107728)) por el Sanatorio San Juan Bautista dan cuenta de una atención brindada a la actora el día 5 de julio de 2022, donde se consignó: “paciente quien presenta caída de propia altura con posterior dolor en hombro izquierdo, sin limitación a la movilidad, se decide manejo ambulatorio con cabestrillo, analgesia y medio físico”. No solo no se refiere como antecedente el evento de autos, sino que además se menciona una caída de propia altura (circunstancia que no surge del video acompañado a la causa) y dolor en el hombro izquierdo, sector del cuerpo respecto del cual no se advierte contacto alguno en el video. Finalmente, también cabe señalar que la causa penal iniciada por denuncia de la propia actora fue archivada, sin que de su trámite surgieran elementos útiles para acreditar las lesiones denunciadas ni la mecánica del hecho.
Así entonces, la apreciación conjunta de todos los elementos probatorios reunidos en autos me conduce a concluir que el accidente ocurrió, como ya adelanté, en los términos relatados por la parte demandada, esto es, mediante un contacto leve, producido a muy baja velocidad durante una maniobra de retroceso, carente de entidad suficiente para generar las lesiones y secuelas invocadas en la demanda.
En tales condiciones, no se encuentra acreditado el necesario nexo causal entre el hecho y los daños cuya reparación se pretende, extremo indispensable para la procedencia de la acción (arts. 1737, 1739 y ccdtes. del C.C.yC.), lo que impone el rechazo de la demanda entablada. Ello así, pues la plataforma fáctica invocada en el escrito inicial no ha logrado ser acreditada. Lejos de ello, el elocuente video agregado a la causa, valorado en conjunto con las restantes constancias producidas en autos, demuestra una mecánica sustancialmente distinta a la allí relatada, sin que resulte jurídicamente posible fundar una condena sobre hechos diferentes a los alegados por la propia accionante (art. 163 del C.P.C.C.).
Cuarto. Costas del juicio.
Atento al principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas del presente proceso a la parte vencida (conf. arts. 68 y 163, inc. 8°, del Cód. Proc.).
La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes se efectuará en su oportunidad (arts. 51 de la Ley 14.967).
Por todo lo expuesto, disposiciones legales citadas, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, F A L L O :
I. Rechazar la demanda promovida por Camila Alejandra Revainera contra Gastón Ariel Torres y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.
II. Imponer las costas del juicio a la accionante (arts. 68 y 163, inc. 8, y ccds. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para su oportunidad procesal (art. 51 de la Ley 14.967).
constituidos. Oportunamente, archívese y comuníquese a la Receptoría General de Expedientes Departamental (Ac. 3397/08).
Fin de la sentencia