Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa 35.604
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar en todos sus términos el temperamento adoptado -el 5 de marzo del corriente año- por los Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi;
Correspondiendo NO ACEPTAR LA INCOMPETENCIA decidida por dicho Tribunal de Alzada para el tratamiento del recurso de apelación deducido el pasado 22 de febrero del corriente; y devolver el presente legajo a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar ésta el órgano competente para entender en el conocimiento del mencionado remedio procesal; invitando a los Magistrados integrantes de dicho Tribunal a los fines de que, en caso de estimarlo, procedan a plantear la eventual contienda negativa de competencia ante el Máximo Tribunal provincial; todo ello por las razones y los alcances expuestos en los Considerandos (artículos 1, 3, 16, 17, 17 bis y concordantes de la Ley 13.928; 1, 2, 7 inciso 1, y concordantes de la Ley 12.008; 1, 2, y concordantes de la ley 12.074; 1, 1, 21 “a contrario”, y concordantes del rito penal; 18, 43, y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 20 inciso 2, 161 inciso 2, 166 de la Constitución Bonaerense).
SI - 35604 - 2024 - (ED)
CAVACNA, FRANCO C/ IOMA S/ AMPARO SI-35604-2024/III
IPP nro. Identificacion en Receptoría (ED) CAVACNA, FRANCO C/ IOMA S/ AMPARO
Para resolver el planteo decidido el día 5 de marzo de 2024.
Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos Fabián Blanco, Ernesto A. A. García Maañón, y para el caso de disidencia el Juez Gustavo Adrián Herbel (artículo 440 del Rito penal).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En el presente caso, la Sra. Titular del Juzgado de Ejecución Penal 3 departamental -Julieta Berlingieri- hizo lugar a la acción de amparo aquí entablada por Franco Ezequiel Cavacna -cuyas demás circunstancias personales obran en autos- (con el patrocinio letrado de Paula González Guido), contra el Instituto Obra Médico Asistencial (I.O.M.A); ordenando así la provisión, en forma integral y sin topes, de una serie de prestaciones asistenciales indicadas en favor del amparista. Todo ello por los motivos a los que habré de remitirme en honor a la brevedad (ver sentencia dictada el día 19 de febrero de 2024).
Una vez notificada de ello (el 19/02/2024), la letrada apoderada de la parte demandada -Laura Marina Fioriti- dedujo un recurso de apelación contra dicha sentencia, mediante el cual instó su revocación, por las razones a las que también habré de remitirme (ver escrito del 22 de febrero de 2024). Aunado a ello, expresamente peticionó la “elevación de los presentes autos a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín” (sic), con apoyo en lo normado por el artículo 17 bis de la Ley 13.928.
Dicho remedio procesal fue concedido con efecto devolutivo por parte de la Jueza a quo, de acuerdo a lo establecido por los artículos 16 inciso 3° y 17 del citado cuerpo normativo (ver auto del 22/02/2024). Tras ser corrida la vista de rigor (el 22/02/2024), sin que el amparista se expidiera al respecto, la Magistrada de grado dispuso la remisión de estos obrados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín (el 28/02/2024), tal como así fuera requerido.
Una vez radicadas las actuaciones ante dicho Tribunal (el 29/02/2024), los Sres. Jueces integrantes -Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi- resolvieron: “1°) Declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13.928 (t.o. por Ley n° 14192) en cuanto establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción; y 2°) consecuentemente, declinar la competencia de este Tribunal de Alzada y disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro (cfr. art. 38 y cc. de la Ley 5827, t.o. por Ley 13634).” (ver decisión del día 5 de marzo de 2024).
En su voto, el Juez preopinante Saulquin (al que adhirió en todos sus términos la Jueza Bezzi), postuló que: “-en orden a una nueva lectura de lo dispuesto por el art. 17 bis de la ley provincial n° 13.928 (Artículo Incorporado por Ley 14192)- considero que la especial atribución de competencia en materia recursiva a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo en el marco de la acción de amparo deviene inconstitucional.” (sic). Interpretó que el reseñado artículo devenía contrario a “lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Provincial, vulnerando principios de rango constitucionalidad, tales como el de Jerarquía Normativa, la garantía del Juez Natural, el principio de Tutela Judicial Continua y Efectiva y de Igualdad ante la ley.” (sic).
Tras afirmar que “el análisis de constitucionalidad de la norma en cuestión -art. 17 bis de la ley 13.928-, resulta procedente sin perjuicio de la falta de planteo al respecto” (sic), introdujo diversas apreciaciones respecto de las condiciones de procedencia y alcances de dicha oficiosa declaración de inconstitucionalidad. También hizo alusión a lo normado por los artículos 43 de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución Provincial, como así también a los artículos 3 y 17 bis de la Ley 13.928.
A continuación, estimó que “la determinación de la competencia de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo dispuesta por el artículo 17 bis de la ley 13.928, resulta antagónica con lo consagrado por el art. 20 de la Constitución Provincial, en lo tocante al ‘juez competente’. Ello así, en la medida en que establece una competencia especial en cabeza de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, soslayando la garantía del juez natural, consagrada en la Carta Magna provincial y en el texto original de la ley aplicable, e incurriendo en consecuencia en una vulneración del principio de jerarquía normativa.” (sic).
Adunó que dicha atribución de competencia “desnaturaliza la esencia de la acción de amparo en razón de la cual se justifica la intervención de cualquier juez, independientemente del fuero en el que desarrolle su actividad. En efecto, teniendo en cuenta que la procedencia de la acción de amparo presupone la afectación de derechos constitucionales de forma manifiesta, de manera que pueda ser percibida por cualquier magistrado independientemente de su especialización, la atribución de competencia efectuada a través del art. 17 bis referido a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, se aprecia contradictoria con el espíritu de la acción constitucional de amparo.” (sic).
También señaló que “la fundamentación que surge de la exposición de motivos de la ley 14.192 -que reformó la ley 13.928-, consistente en ‘evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público’, luce insuficiente a los efectos de justificar el apartamiento de lo dispuesto de manera clara y precisa por la Constitución Provincial en su art. 20: ‘El Amparo procederá ante cualquier juez’. Así las cosas, teniendo en consideración las características de la acción de amparo, no se advierte cómo la aplicación del principio de juez natural en las instancias recursivas pudiera derivar de manera razonable en el dictado de sentencias contradictorias” (sic).
Por otra parte, estimó que esa atribución de competencia “deriva, además, en el caso concreto de este Tribunal, en una afectación al principio de tutela judicial efectiva con relación a las demás materias de competencia propia de este fuero” (sic).
Explicó que “el aumento exponencial en la cantidad de procesos de amparo en los que, en virtud del art. 17 bis de la ley 13.928, deben entender las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, llevó a este Tribunal a dedicar la mayor parte de sus recursos humanos a la pronta resolución de los mismos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la garantía consagrada en el art. 15 de la Constitución Provincial respecto del resto de los conflictos que, a través de los procesos ordinarios, llegan a este Tribunal para su dilucidación.” (sic).
Luego de hacer referencia a ciertos datos estadísticos, postuló que la “concentración en el ingreso de amparos, al menos en esta Cámara de San Martín, ha impactado ciertamente de modo negativo en la celeridad de la respuesta jurisdiccional en el universo restante de procesos en los que esta Alzada interviene; generándose no sólo un colapso que es sobrellevado a partir del gran compromiso y esfuerzo de sus miembros (magistrados, funcionarios y personal); sino también, y a pesar del esmero y dedicación antes mencionado, se ha producido un visible desbalanceo en el cumplimiento de los plazos para el dictado de las sentencias definitivas.” (sic). Así, concluyó que todo ello “se traduce, en definitiva, en una afectación al principio de tutela judicial efectiva y continua respecto del universo de justiciables del fuero.” (sic).
Finalmente, interpretó que “el art. 17 bis de la ley 13.928 resulta contrario al Principio de Igualdad, consagrado por el art. 16 de la Carta Magna y el art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, en la medida en que establece una competencia especial en razón de la materia con el fin de ‘evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público’ (cfr. exposición de motivos ley 13.928); circunstancia que -siguiendo el espíritu de la norma-, importaría el reconocimiento de una garantía únicamente para aquellos justiciables cuya pretensión se enmarque en lo dispuesto por el artículo en cuestión (…), lo que dejaría -siguiendo la lógica de la norma en cuestión- al resto del universo de amparistas ante el riesgo de resultar sujetos al dictado de sentencias contradictorias.” (sic). Entendió que “no resulta razonable que una distinción de la naturaleza de la dispuesta por la norma en cuestión, se sustente en un propósito básico y común de la administración de justicia toda: ‘evitar el dictado de sentencias contradictorias” (sic).
En todo este marco, luego de hacer alusión a ciertos antecedentes de jurisprudencia, postuló la inconstitucionalidad de dicha norma, y la consecuente declinación de competencia en favor de esta Alzada. Una vez remitido el legajo a la Secretaría de Sorteos de este Tribunal (el 06/03/2024), aquél fue radicado ante esta Sala III de la Excma. Cámara.
II. Preliminarmente, estimo necesario señalar que, tal como así surge de las constancias de autos, no ha sido denunciado -por el momento- el eventual incumplimiento de la sentencia dictada en este legajo por parte del ente aquí demandado; siendo que -vale destacar- la impugnación articulada ha sido concedida por la Jueza a quo con expreso efecto devolutivo (artículos 16 inciso 3° y 17 bis de la Ley 13.928).
III. Ahora bien, analizados los antecedentes del caso, habré de adelantar que no concuerdo -en modo alguno- con los fundamentos expresados por los Magistrados del fuero contencioso administrativo aquí intervinientes para justificar la oficiosa declaración de inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13.928, en virtud la cual pretenden solventar -por vía elíptica- la declinatoria de competencia articulada, por los motivos que seguidamente expondré.
A. Previo a avocarme al análisis de la inconstitucionalidad aquí decidida, cabe señalar que es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia Nacional que, a los fines de resolver cuestiones como la aquí planteada, la cual -en definitiva- gira en torno a la competencia para entender en el proceso, la jurisdicción actuante deberá valorar especialmente la exposición de los hechos que el actor manifiesta en su demanda, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión, como así también la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (ver C.S.J.N., Fallos 328:73; y en el mismo sentido ver también Fallos 303:1453, 303:1465, 306:229, 306:2230, 311:157, 311:557, 311:2198, 313:971, y “Competencia CSJ 2758/2021/CS1 G., M. P. c/ IOMA s/ acción de amparo”; entre otros).
En el supuesto de autos, Franco Ezequiel Cavacna -cuyas demás circunstancias personales obran en autos- promovió la presente acción de amparo, contra el Instituto Obra Médico Asistencial (I.O.M.A) del cual es afiliado, con el objeto de obtener la cobertura de determinadas prestaciones asistenciales que le fueron indicadas (ver presentación del día 20/12/2023). Dicha pretensión fue acogida favorablemente por parte de la Magistrada de Ejecución Penal interviniente (el 19/02/2024); lo que motivó la posterior impugnación de la representante legal del I.O.M.A, en virtud del cual instó la revocación de dicha sentencia (ver escrito de fecha 22/02/2024). En esa misma apelación, la letrada actuante peticionó la elevación de las actuaciones al Tribunal del fuero contencioso administrativo que aquí viene declinando su competencia; criterio éste que fuera receptado por la Jueza a quo, quien concedió dicho remedio procesal con expreso efecto devolutivo (el 22/02/2024).
Establecido el cuadro de situación, se observa -sin hesitación algunaque el objeto de la pretensión aquí introducida tiene su origen en la conducta que, en el ejercicio de sus funciones administrativas, se le atribuye al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.).
Vale recordar que estamos ante un ente autárquico, creado en el marco de la Administración provincial, “con capacidad para actuar pública y privadamente de acuerdo con las funciones establecidas en la presente ley y realizará en la Provincia todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes en actividad o pasividad y para sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su régimen” (artículo 1° de la Ley provincial 6.982; B.O. 24/12/1964).
B. Habiéndose delimitado el marco de conocimiento de las presentes actuaciones, debo decir que no encuentro motivo de peso que fundadamente justifique la adopción del temperamento aquí emitido por los Magistrados integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín.
Veamos.
Tal como así lo expresé en distintos antecedentes de este Tribunal (causas 34.036/III, 34.176/III, 34.519/III, entre otras), ha sido criterio invariable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la mentada declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional; siendo que las leyes dictadas, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y por tanto obliga a ejercer dicha atribución únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (ver C.S.J.N., Fallos: 226:688, 242:73, 288:325, 290:83, 292:190, 294:383, 298:511, 300:1087, 302:457, 302:484, 302:1149, 311:394, 312:122, 312:435, 314:424, entre muchos otros).
De esta forma, cualquier intento de deslegitimación constitucional de una determinada cláusula normativa impone, a quien lo pretende, el deber de demostrar fundadamente y con claridad de qué manera la regla cuestionada contraría la Constitución Nacional, y cuál sería el perjuicio efectivamente irrogado (ver C.S.J.N., Fallos 332:5).
Cabe recordar además que el Máximo Tribunal federal lleva dicho que, como principio rector, la primera regla de interpretación de las leyes consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador (ver C.S.J.N., Fallos: 302:973). Por ende, los jueces no pueden sustituirlo, sino que deben aplicar la norma tal como éste la concibió (ver C.S.J.N., Fallos 300:700). También se ha pronunciado por reconocer expresamente que resulta ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (ver C.S.J.N., Fallos: 147:402, 150:89, 160:247, 238:60, 247:121, 251:21, 257:127, 275:218, 293:163, 300:642, 301:341, 313:410, 314:424, 318:1256, entre otros).
En resumen, la precitada declaración de inconstitucionalidad se impone como un deber para los órganos jurisdiccionales únicamente en aquellos casos en los que una determinada cláusula normativa trasgreda manifiestamente principios constitucionales.
Establecido todo ello, debo recordar que el artículo 18 de la Carta Magna nacional es claro al imponer que “ningún habitante de la Nación puede (…) ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
Vale recordar además que el artículo 5° de la misma Carta Magna prevé que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”.
Siguiendo tales premisas, en el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se estableció que “La Legislatura establecerá los tribunales de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía”. Sentado todo ello, en el vigente artículo 17 bis de la Ley provincial de Amparo 13.928 (incorporado a través de la Ley 14.192; B.O. 16/12/2010), se impuso que en aquellas “acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción” (los destacados me pertenecen).
A mi entender, la delimitación trazada por el legislador local no es antojadiza, ni mucho menos caprichosa. De hecho, fueron expresadas razones objetivas que fundadamente justifican la precitada asignación de competencia por apelación que, en modo alguno, puede ser tachada de irrazonable.
Apréciese que, atendiendo a la especialidad del fuero contencioso administrativo, el legislador provincial argumentó, en los fundamentos de la reseñada Ley 14.192, que: “en los amparos deducidos contra el Estado, será Tribunal de Alzada la Cámara Contencioso Administrativa correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público” (los destacados me pertenecen).
En definitiva, el temperamento adoptado respondió a un criterio estrictamente objetivo, fundado en la especialidad de ese fuero jurisdiccional.
Recuérdese que, en la última parte del artículo 166 de nuestra Constitución provincial, el legislador provincial delimitó la competencia de los tribunales del fuero contencioso administrativo, para aquellos casos que hayan sido “originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas”.
Esas mismas prerrogativas fueron coincidentemente receptadas en el artículo 1° de la Ley provincial 12.008 y sus modificatorias, denominada “Del Procedimiento Administrativo” (B.O. 03/11/1997).
Allí, se impuso que corresponderá “a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones del presente Código.” (inciso 1°). Sumado a ello, se dejó expresamente establecido que: “La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los demás entes provinciales o municipales, se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho administrativo. Procederá esta presunción aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho privado o principios generales del derecho.” (inciso 2°).
Incluso más, todo ello fue reafirmado luego a través del artículo 1° de la Ley provincial 12.074 y sus modificatorias, denominada “Del Fuero Contencioso Administrativo” (B.O. 27/01/1998).
En dicha cláusula normativa, se estipuló que, mediante el dictado de esa ley, “se establecen los Tribunales competentes para decidir los casos correspondientes al Fuero Contencioso Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 166, último párrafo y 215 de la Constitución de la Provincia, con el alcance y en las condiciones establecidas en las disposiciones siguientes y en el Código Procesal Contencioso Administrativo”. Y, en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, se decidió crear “las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con competencia para entender como Tribunal de alzada en las causas previstas en el artículo 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia, con el alcance establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008)” (los destacados me pertenecen).
En síntesis, a la luz de las facultades constitucionales reservadas a nuestra provincia, el legislador local merituó la necesidad de asignar celeridad en la inicial tramitación de las distintas acciones de amparo que pudieran entablarse y, a esos fines, habilitó la competencia de todos los juzgados y tribunales de primera instancia.
No obstante, en determinados y puntuales casos (en los que vengan cuestionadas posibles actuaciones u omisiones de los referidos actores procesales), dejó establecida la exclusiva competencia para entender a “una jurisdicción especializada -la del fuero contencioso administrativo- en relación a una eventual instancia de apelación” (ver Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires: causas B. 72.870, de 4-XII-2013; B. 73.112, de 4-VI-2014; B. 73.096, de 25-VI-2014; B. 73.140, de 12-XI-2014; B. 73.316, de 29-XII-2014; B. 73.824, de 2-IX-2015; B. 74.116, de 11-V-2016; B. 74.233, de 22-VI-2016; B. 75.646, de 19-XII-2018; B. 77.163, resol. de 2-VI-2021; B. 77.473, resol. de 20-XII-2021, B. 78.950, resol. de 14-II-2024).
En todo este contexto, mal podría afirmarse que la potestad legislativa provincial, para asignar competencia en el conocimiento de este tipo de casos, pudiera haber excedido los límites de la garantía de razonabilidad analizada precedentemente. Mucho menos podría llegar a considerarse verificada una posible vulneración constitucional, en perjuicio de las partes aquí intervinientes.
Sumado a ello, advierto que la particular naturaleza y el tenor del reclamo incoado constituyen parámetros objetivos plenamente válidos y diferenciadores que, en modo alguno, trastocan el invocado principio de igualdad. A riesgo de ser reiterativo, la garantía constitucionalmente protegida de la igualdad no obsta a que el legislador contemple, en forma distinta, situaciones que considera diferentes en la medida en que esa distinción no sea arbitraria.
A diferencia de lo postulado por los Magistrados declinantes, encuentro que la forma en que se asignó competencia a dichos órganos de alzada propende, primordialmente, a brindar un efectivo acceso a la justicia para quien se ve obligado a promover un determinado reclamo judicial tendiente a lograr el efectivo goce de sus derechos, en el marco del cual contará con la efectiva posibilidad de acceder a una doble instancia revisora, a ser atendida por un órgano jurisdiccional particularmente especializado en la materia bajo análisis.
En todo este contexto, considero que homologar el temperamento aquí decidido implicaría desatender, arbitraria e infundadamente, la innumerable e invariable doctrina jurisprudencial fijada por nuestro Máximo Tribunal provincial, en lo atinente a la asignación de la competencia de dicho fuero especializado para el conocimiento de casos como el aquí ventilado (ver Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires: causas B. 72.870, de 4-XII-2013; B. 73.112, de 4-VI-2014; B. 73.096, de 25-VI-2014; B. 73.140, de 12-XI-2014; B. 73.316, de 29-XII-2014; B. 73.824, de 2-IX-2015; B. 74.116, de 11-V-2016; B. 74.233, de 22-VI-2016; B. 75.646, de 19-XII-2018; B. 77.163, resol. de 2-VI-2021; B. 77.473, resol. de 20-XII-2021, B. 78.950, resol. de 14-II-2024).
Nótese que, en un reciente caso de similar tenor al aquí analizado (en el que también el I.O.M.A. resultaba ser demandado), la misma Cámara Contencioso Administrativa de General San Martín trabó la cuestión de competencia allí ventilada, con la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro; y es así que -el 14 de febrero de 2024- el Máximo Tribunal provincial fue categórico al insistir en la asignación de competencia a la Cámara aquí declinante “para conocer y decidir el recurso de apelación” (sic; ver S.C.J.B.A., causa B 78.950, “Giménez Norma Beatriz C/ I.O.M.A. S/ Competencia”).
En ese pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia provincial enfáticamente destacó que “la pretensión se dirige contra una acción u omisión en el ejercicio de las funciones administrativas por parte de una autoridad local como lo es el IOMA” (sic). En razón de ello, arribó a la categórica conclusión de que, por tratarse “de un caso alcanzado por el art. 17 bis de la Ley de Amparo, corresponde declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para conocer en el recurso articulado por la demandada” (sic). En lo atinente a los restantes argumentos introducidos para justificar la pretendida declaración de inconstitucionalidad, que giran en torno al invocado cúmulo de procesos asignados a ese Tribunal para su resolución, considero que éstos también habrán de sellar su suerte por la negativa. Es que, sumado al hecho que ello no constituye -en modo alguno- un parámetro válido para solventar fundadamente una posible transgresión inconciliable al texto constitucional, advierto que dicha argumentación conllevaría sin más una injustificada violación al principio constitucionalmente protegido del debido proceso (artículo 18 de la Carta Magna nacional), al sustraer infundadamente a los Jueces naturales, designados previamente por una ley que, por tanto, son llamados a intervenir en este proceso. Insisto, no existe duda alguna que, por expresa manda del artículo 17 bis de la Ley 13.928, dicha calidad la revisten los Magistrados que componen la Cámara Contencioso Administrativa aquí declinante.
En ese sentido, no puedo pasar por alto que la Corte Suprema de Justicia de La Nación lleva dicho que todo procedimiento judicial “debe responder al imperativo del debido proceso, conforme a su índole particular” (C.S.J.N., Fallos 325:1649 y 327:1249). Por ello, el procedimiento previo exigido constitucionalmente no puede ser establecido, luego, en forma arbitraria por las autoridades judiciales. Por el contrario, se debe tratar de un procedimiento reglado previamente por ley, mediante el cual se definan con anterioridad y previsibilidad los actos que lo componen, y el orden en el que éstos deben ser llevados a cabo.
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha pronunciado respecto de los alcances de los artículos 8 y 25 del referido instrumento. Así, ha postulado que el derecho al debido proceso legal debe ser entendido como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos” (Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros”, Sentencia del 19 de septiembre de 2006).
En resumen, estoy convencido de que el Tribunal especializado aquí declinante está compelido a asumir el ejercicio de la jurisdicción asignada previamente por ley, dentro de los límites de la impugnación que fuera articulada, sin que se verifique motivo válido y de peso suficiente que justifique sin más desatender las pautas normativamente establecidas para así hacerlo.
Insisto, atendiendo al principio constitucional de separación de los poderes, no es competencia de los órganos jurisdiccionales evaluar el acierto o la conveniencia del medio adoptado por los otros poderes, en el ámbito propio de sus atribuciones, de forma tal que pudiera llegar a justificarse un apartamiento de las pautas impuestas, conforme así ocurre en este caso.
El temperamento que aquí propongo no representa una cuestión meramente formal. De hecho, la intervención de un Tribunal de Alzada, sin competencia material para intervenir, podría acarrear sin más una eventual declaración de nulidad absoluta que ciertamente corresponde evitar. Ello así, especialmente si se tiene en cuenta que el aquí accionante viene reclamando el cumplimiento de determinadas prestaciones asistenciales que hacen a su salud y a su calidad de vida.
Finalmente, debo agregar que la solución que aquí postulo también ha sido coincidentemente resuelta por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, en el marco de un proceso en el que recientemente se planteó una situación del mismo tenor que la aquí suscitada (causa nro. 16.738, "Arameda, Rebeca de los Ángeles c/ I.O.M.A. s/ Incidente de apelación de amparo", del 29 de febrero de 2024). Del mismo modo, también ha sido criterio conteste por parte de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de General San Martín, en otra causa en la que también se suscitó un idéntico planteo que el aquí debatido (causa nro. 83.192, “Lucchetta, Ricardo Alberto c/ I.O.M.A. s/ Amparo", del 6 de marzo de 2024). Incluso más, así lo han entendido los Sres. Jueces integrantes de la Sala II de este Tribunal de Alzada en otro caso del mismo tenor (causa nro. 85.879, "Caceres Britos, Armando S/ Incidente de Apelación en Amparo", del 12 de marzo de 2024).
A la luz de todo lo hasta aquí expuesto, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia nacional en cuanto a que debe estarse siempre a favor de la validez de las normas, y que la inconstitucionalidad de una ley sólo debe declararse en casos extremos cuando ésta no admita una interpretación que permita su compatibilización con la Constitución Nacional (CSJN, Fallos: 14:425; 147:286, 335:2333), habré de rechazar en todos sus términos el planteo articulado -el 5 de marzo del corriente año- por los Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi.
En función de todo ello, corresponde no aceptar la incompetencia decidida por dicho Tribunal de Alzada para el tratamiento del recurso de apelación deducido el pasado 22 de febrero del corriente; debiendo devolverse el presente legajo a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar ésta el órgano competente para entender en el conocimiento del precitado remedio procesal.
Aunado a ello, siguiendo la doctrina fijada por el Máximo Tribunal Federal, en cuanto a que “Para la correcta traba del conflicto de competencia resulta necesario el conocimiento por parte del tribunal que lo promovió de las razones que informan lo decidido por el otro magistrado interviniente, para que declare si mantiene o no su anterior posición” (ver C.S.J.N., Competencia 602/2013 (49-C)/CS1, en “Dato Diego y otro c/ EN y otro s/ daños y perjuicios”, del 12/04/2015; y en el mismo sentido también ver: Competencia CCC 7219/2014/CS1 del 09/06/2015; Competencia CIV 17538/2014/CS1 del 15/09/2015; y Competencia CSS 28736/2008/CS1 del 06/10/2015; entre otras), corresponde invitar a los Magistrados integrantes de dicho Tribunal a que, en caso de estimarlo pertinente, procedan a plantear la eventual contienda negativa de competencia ante el Máximo Tribunal provincial (artículos 1, 3, 16, 17, 17 bis y concordantes de la Ley 13.928; 1, 2, 7 inciso 1, y concordantes de la Ley 12.008; 1, 2, y concordantes de la ley 12.074; 1, 1, 21 “a contrario”, y concordantes del rito penal; 18, 43, y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 20 inciso 2, 161 inciso 2, 166 de la Constitución Bonaerense).
Marginalmente, no puedo dejar de señalar que, salvo mejor opinión, el Tribunal de Alzada aquí remitente se alzó jurisdiccionalmente a lo decidido reiteradamente por el Máximo Tribunal Provincial en numerosos casos como el presente, resolviendo así contrariamente a la ley; resultando deseable, para una correcta administración de justicia, evitar situaciones como la aquí planteada, máxime si se tiene en cuenta que en este caso se encuentra en juego el derecho constitucionalmente protegido a la salud, de una persona que viene peticionando determinadas prestaciones asistenciales que hacen a su adecuada calidad de vida.
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto del Juez Blanco, por los mismos motivos y fundamentos. Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
Por todo lo expuesto, el Tribunal
I. RECHAZAR en todos sus términos el temperamento adoptado -el 5 de marzo del corriente año- por los Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi;
correspondiendo NO ACEPTAR LA INCOMPETENCIA decidida por dicho Tribunal de Alzada para el tratamiento del recurso de apelación deducido el pasado 22 de febrero del corriente; y DEVOLVER el presente legajo a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar ésta el órgano competente para entender en el conocimiento del mencionado remedio procesal; invitando a los Magistrados integrantes de dicho Tribunal a los fines de que, en caso de estimarlo, procedan a plantear la eventual contienda negativa de competencia ante el Máximo Tribunal provincial; todo ello por las razones y los alcances expuestos en los Considerandos (artículos 1, 3, 16, 17, 17 bis y concordantes de la Ley 13.928; 1, 2, 7 inciso 1, y concordantes de la Ley 12.008; 1, 2, y concordantes de la ley 12.074; 1, 1, 21 “a contrario”, y concordantes del rito penal; 18, 43, y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 20 inciso 2, 161 inciso 2, 166 de la Constitución Bonaerense).
II. Regístrese, notifíquese Fiscalía General departamental, al amparista Cavacna y al ente aquí demandado. Fecho, cúmplase con la remisión dispuesta en el punto I que antecede. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia