Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 22.244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la inconstitucionalidad y aconvencionalidad del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro –Decreto- Ley N°15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t. o. Dec. N° 897/95);
2Dejar sin efecto todo lo actuado en las presentes -incluso la orden de secuestro-, volviendo las actuaciones a la instancia de origen a fin de que las mismas se readecuen al proceso de ejecución prendaria. Del mismo modo, toda vez que el apelante ha denunciado el inicio de un juicio que podría encontrarse “prima facie” relacionado con las presentes actuaciones (véase constancias electrónicas de fecha 23/05/2023 y memorial de fecha 07/08/2025) y atendiendo a los principios de defensa en juicio, debido proceso; como así también ante la posible existencia de una eventual conexidad entre las causas denunciadas, póngase dicha circunstancia a conocimiento del juzgador de grado, a sus efectos; ello en miras de preservar la doble instancia (arg. arts. 18 de la CN, 15 Const. Prov. bs. As.; 34 inc. 5 ap. B, 598 y siguientes del CPCC; Ley 24240 y sus modificatorias).
3SIN COSTAS DE ALZADA.
LM - 22244 - 2024 - FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ AGUILAR DANIEL ALEJANDRO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ AGUILAR DANIEL ALEJANDRO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY
12962)
LM-22244/2024 JUZ. CIV. Y COM.N°2
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ AGUILAR DANIEL ALEJANDRO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) LM-22244/2024 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA - PEREZ CATELLA- TARABORRELLI resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿Es constitucional el procedimiento previsto por el art. 39 de la ley 15348/46?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
RAMON DOMINGO POSCA dijo:
I. Los antecedentes del caso Que vienen los presentes a esta Alzada en virtud del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto con fecha 07/08/2025 por Aguilar Daniel, habiéndose rechazado el primer remedio intentado y concedido en relación el recurso de apelación en subsidio con fecha 27/08/2025, contra el auto dictado el 16/07/2025 el cual ordena el secuestro del automotor prendado. En efecto, la instancia de grado resolvió: “En virtud de lo solicitado y no habiendo arribado acuerdo alguno conforme surge del acta labrada con fecha 10/4/2025, y encontrándose firme el levantamiento de suspensión dispuesta con fecha 22/5/2025, provéase la pieza a despacho en el siguiente sentido: Encontrándose la actora comprendida entre las entidades aludidas en el art. 39 del Dec. Ley 15.348/46 (ratificado por Ley 12.962 - T.O. por Dec. 897/95), de conformidad con lo solicitado en el escrito liminar, líbrese mandamiento de secuestro del automotor indicado, con habilitación de días y horas inhábiles (art. 221 del Cód. Proc. y art. 209 Ac. SCJBA 3397/08)”.
Bilateralizada la cuestión, la misma no recibió réplica por la contraria, conforme proveídos de fecha 26/09/2025 y 16/10/2025.
Corrida la vista a la Fiscalía de Cámara dptal, la misma contesta con fecha 19/12/2025.
II. Fundamentación del memorial De la lectura del memorial presentando por el Sr. Aguilar Daniel Alejandro se advierte que ha cuestionado la orden de secuestro del vehículo prendado.
Es así que manifestó: “La medida ordenada, pese a estar formalmente notificada, resulta desproporcionada y prematura, toda vez que no se ha acreditado suficientemente en autos el derecho invocado por la actora ni la urgencia que justificaría una medida tan gravosa. Esta parte ha informado en tiempo oportuno la existencia de un proceso judicial en trámite ante el fuero de relaciones de consumo (Expte. J-01-00068667-7/2025-0) donde se discute la validez del vínculo contractual que da sustento a esta acción, encontrándose pendiente de resolución una medida cautelar que podría afectar directamente la continuidad del presente proceso. Asimismo, esta parte ha denunciado y documentado que el plan de ahorro cuya ejecución se pretende fue íntegramente abonado mediante cesión de cuotas de un plan anterior, constando el pago de 78 cuotas, lo que pone en crisis la legitimidad de la obligación que motiva la presente acción”
Del mismo modo, agregó: “Finalmente, el vehículo cuya entrega se pretende forzar mediante auxilio de la fuerza pública constituye herramienta de trabajo del demandado, lo cual transforma la medida en un acto de afectación grave y directa a su derecho constitucional de propiedad y trabajo (arts. 14, 17 y 18 CN), además de configurar un acto abusivo contrario al principio de razonabilidad (art. 28 CN)”.
En suma, peticionó se deje sin efecto el mandamiento de secuestro.
III. La solución del caso En el caso de autos, se encuentra apelado el proveído que autoriza el libramiento del mandamiento de secuestro del automotor prendado de conformidad con la normativa citada.
Ahora bien, sin perjuicio de los agravios expuestos por el apelante y el estado de las presentes actuaciones, lo cierto es que esta Sala Primera ya se ha expedido respecto a este tipo de procesos. Esta Alzada ha considerado la viabilidad de readecuar los procesos de acción de secuestro a ejecuciones prendarias de manera de compatibilizar las pretensiones de los acreedores con los derechos reconocidos a los consumidores. Asimismo, en reiteradas oportunidades se ha sentenciado respecto a la naturaleza de orden público que reviste la normativa nombrada, debiendo ser aplicada de oficio por los magistrados cuando se constate la presencia de una relación de consumo en los términos de la ley 24240.
Por dichas circunstancias apuntadas corresponde efectuar de oficio las siguientes consideraciones legales. Veamos.
1. Mi posición frente al conflicto de leyes En el voto “Rombo Compañía Financiera S. A. C/ Ruiz Fuentes, Juana S/ Acción De Secuestro (Art. 39 Ley 12962)” (Causa Nº 5040/1) RSD N°40/18 sentencia del 13/03/18, sostuve con extensos fundamentos, por entonces en minoría, la inconstitucionalidad del artículo 39 del Decreto N°15.348/46, ratificado por la ley 12962 de Prenda con Registro, según Decreto N°897/95 y entendí que esa disposición no podía integrar el diálogo de fuentes. Ratifico mi posición porque considero que las leyes ostensiblemente incompatibles con el derecho privado constitucionalizado, no pueden integrarse a ningún concierto jurídico donde prevalezca el criterio de interpretación integrativa.
2. El control de constitucionalidad y convencionalidad de la ley Esta Sala en los autos “Asociación Mutual Asis c/ Alasina Celia Rosa s/ Cobro Ejecutivo” causa Nº 3275/1” RSD Nº 58/14 sentencia del 15 de mayo de 2014, con voto del Dr. Taraborrelli, ha decidido; “El único mecanismo jurisdiccional para dejar de aplicar una ley es su declaración de inconstitucionalidad, ya que los Tribunales solo en ese caso pueden prescindir de ella, no siendo práctica aceptable eludir la aplicación de la norma sobre la base de argumentos valorativos, de justicia e injusticia, conveniencia o inconveniencia, oportunidad o inoportunidad (Rivera, “Limites de las facultades judiciales…”, L.L., 24.8.99, párr. 3, citado por esta Cámara, Sala I, en causa nº 40587, “Maquiavello…” del 17.08.99, y por esta Sala I, en causa nº 47.084, “Banco Galicia y Bs.As….”, del 11.03.04). Sólo la declaración de inconstitucionalidad de la ley habilita al juez a soslayar su aplicación, lo que –ahora-puede decretar de oficio, conforme doctrina legal casatoria".
“La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha admitido, en recientes pronunciamientos, la declaración de inconstitucionalidad de oficio, abandonando de ese modo el anterior criterio negativo, el que se venía sustentando -por mayoría- desde 1983. En un primer precedente sostuvo el Superior Tribunal que tal declaración oficiosa es aconsejable por razones de economía y celeridad procesal…” (SCBA Ac. 72258, 28/05/03, “A. de M., M., por si y en repres. De su hijo menor J.B. y Z., M.E., en repres. de sus hijos menores C.M. y M.D.M. c/ policía de la Pcia. De Buenos Aires”, D.J.J., 165-261, citados en “Algunas tendencias jurisprudenciales en la Suprema Corte de Buenos Aires”, cit. J.A., 2004- II, fasc. Nº13). En aquel precedente se dijo –en síntesis- y en voto concurrente de la mayoría que “a los jueces les asiste la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes” (SCBA, Ac. 72258, 28/5/03). También se dijo que “la declaración oficiosa de inconstitucionalidad no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás poderes, pues dicha tarea es de esencia de aquel, siendo una de sus funciones específicas la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por el Ejecutivo y el Legislativo, a fin de mantener la supremacía de la Constitución. El control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho que, en cuanto tal, puede ser resuelta por el Juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia). La aplicación de este principio influye en el deber de mantener la supremacía de la Constitución (causa citada, fundamentos del Dr. De Lazzari). En suma, los jueces provinciales –ha decidido el Superior Tribunal local- están constitucional y legalmente habilitados para declarar, con ciertas particularidades que surgen de los votos concurrentes, que una norma jurídica se contrapone a las garantías constitucionales.” (“Seguro de Depósito SA c/ García, Marisa Alejandra y O. s/ Cobro Ejecutivo. Incidente art. 250 del CPCC, Causa nro.: 47668. Azul, 2/12/2004, Cam. Civil, Sala II).
Por ello los jueces no podemos mantenernos ajenos al universo que nos rodea, pues se nos ha conferido la función de juzgar conforme a la equidad, respetando por sobre todo la jerarquía constitucional y los derechos y garantías fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Nacional, los cuales son inherentes a las personas desde siempre y mucho antes de que el estado se organizara como tal. Tampoco se pueden pasar por alto los derechos y garantías, amparados por los Tratados Internacionales a los cuales hace mención el art. 75 inc. 22 de la CN. En tal aspecto, no pueden los magistrados eludir sus responsabilidades, postergando decisiones con el fin de no entrometerse en asuntos que directamente son de atribución a los poderes políticos, pues no es función de los jueces revisar los actos de poder político, se trata de que en casos como el que nos ocupa atiendan al control de constitucionalidad, con el fin de instalar un equilibrio entre los poderes.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Rodríguez Pereyra Jorge Luis y o. c/ Ejército Argentino s/ daños y Perjuicios” (27/11/2012) se ha pronunciado de la siguiente manera: “…La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75 inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que estos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”.
Sentado ello y admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad, cabe realizar en autos el correspondiente examen del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro. (Decreto Ley N° 15.348/46, ratificado por la Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t.o Decreto N° 897/95).
3. El secuestro prendario previsto en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro. (Decreto Ley N° 15.348/46, ratificado por la Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t. o Decreto N° 897/95)
El controvertido artículo dispone: “Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el art. 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.”
La ejecución prendaria requiere de la iniciación de un juicio ejecutivo. El incumplimiento del deudor motiva un proceso cuyo ámbito permite al deudor oponer excepciones. Si bien se trata de un procedimiento con conocimiento restringido, resulta compatible con el ejercicio del derecho de defensa en juicio. El secuestro prendario previsto en el artículo 39 de la ley de Prenda con Registro, a favor de determinados acreedores, constituye una excepción puesto que ha sido considerado un mero trámite judicial especial que tiende a facilitar en forma inmediata el secuestro del bien prendado, a los efectos de su venta extrajudicial, y que desde el texto literal se anuncia que no se admite ningún tipo de articulación por parte del deudor e inclusive no se pueden interponer recursos. Tampoco el trámite se suspende, entre otras causas, por incapacidad o muerte del deudor. Esta excepción, a mi entender, lesiona garantías constitucionales que inclusive se han revalorizado con la aplicación del bloque de constitucionalidad. El artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro prevé a favor de entidades bancarias y financieras expresamente mencionadas, una variante al proceso de ejecución regulados por el artículo 26 y los siguientes del controvertido ordenamiento legal. En efecto, en vez de tramitar la ejecución judicial, se le ofrece al acreedor una alternativa sin audiencias con el deudor para la liquidación privada de la cosa pignorada. Se requiere al juez el secuestro del bien prendado y su puesta a disposición del acreedor quien tiene facultades para su liquidación siguiendo las previsiones de la prenda con desplazamiento.
Se afirma que la intervención judicial es limitada y se agota con la realización del secuestro de la cosa, sin abrir un proceso de ejecución. Esta discordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Prenda con Registro, a mi modo de ver, distorsiona el principio de igualdad entre deudores. Se ha considerado que se trata “de un secuestro derechamente ejecutivo, no de naturaleza cautelar, lo que determina las reglas interpretativas que han de aplicarse”. (MOIA, Ángel Luís y PRONO, Patricio Manuel: “La prenda con Registro y su realización”, págs. 606 y ss). No son muchos los requisitos para la procedencia del secuestro prendario y ninguna oportunidad se da al juez para indagar sobre el monto y legitimidad de la deuda cuyos componentes son complejos porque además de capital hay intereses. Basta con que el acreedor adjunte el certificado prendario y si bien también debe presentar el contrato prendario inscripto y con vigencia. (Arg. Arts. 18, 23 y concs. de la Ley de Prenda con Registro); (MOIA, Ángel Luís y PRONO, Patricio Manuel: “La prenda con Registro y su realización”, págs. 609).
De modo que los jueces se limitan a la comprobación formal de la documentación exigida por la ley y que presenta el acreedor. Vamos a ver después si se vulneran derechos constitucionales cuando se priva al deudor del bien pignorado sin citación o emplazamiento previo. Es razonable que los regímenes abreviados de ejecución sean cuestionados por ser considerados lesivos de la garantía de defensa en juicio y por desnaturalizar las atribuciones propias del Poder Judicial. (En este aspecto el concepto es anunciado por MOIA y PRONO, obra citada, pág. 614). Basta ver el comentario de Farina al respecto y sobre su alcance me he de referir después. (FARINA, Juan M., “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, ED 121-842).
FARINA critica que el banco a cuyo favor se ha suscripto la prenda con registro no tenga que probar absolutamente nada para hacer valer el derecho que le confiere el artículo 39 del Decreto Ley 15.348/46, excepto la existencia del certificado prendario. Destaca el autor que “La norma no exige siquiera que se acredite la subsistencia de la inscripción en el Registro de Créditos Prendarios” (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-842). El autor citado traza sólidos conceptos que son irrefutables respecto a situaciones que pueden darse y que debidamente demostradas en el acotado trámite de un juicio ejecutivo, bien podrían liberar al deudor o morigerar su situación. Sostiene FARINA: “…Puede ocurrir que se trate de una prenda flotante que grave – por ejemplo – doscientos vacunos y que el deudor haya pagado ya la mitad de su deuda. Dado que el Banco acreedor no tiene que dar ninguna explicación al juez sobre la subsistencia de su crédito ni sobre el monto que pretenda, está facultado a solicitar el secuestro del total de los bienes prendados. Para advertir las graves consecuencias que esto puede aparejar piénsese en la posibilidad del secuestro de la totalidad o de gran parte de los bienes de uso de una empresa, (máquinas, camiones, computadoras, etc) “sin que el deudor pueda promover recurso alguno”. El deudor podría haber pagado gran parte de su deuda o toda la deuda. El banco podría haber imputado caprichosamente tales pagos a cuenta de los intereses usurarios carente de toda legitimidad; no obstante, lo cual el deudor – según el art. 39 –debe permanecer inerme pues no puede promover recurso alguno”. (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-842).
4. El diálogo de fuentes La Constitución Nacional ya no es sólo una norma programática porque sus cláusulas son operativas y se ha convertido en la principal fuente del ordenamiento jurídico, siendo de directa aplicación sus normas jurídicas. En consecuencia, las leyes deben obedecer a la Constitución para no ser declaradas inconstitucionales. La Constitución es la ley reguladora de las demás fuentes del derecho. Resulta indudable que quedan derogadas las leyes que se opongan a la Constitución.
Lo explica el Dr. Lorenzetti, coautor del Anteproyecto. “El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la doctrina jurídica argentina”. (LORENZETTI, Ricardo: “Aspectos valorativos y principios preliminares”, Introducción al “Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina”, Visión Jurídica Ediciones, Buenos Aires 2014).
Si bien estudiosos juristas se preocupan por la forma en que se resuelve el diálogo de fuentes y que en esa corriente el derecho del consumidor arrasaría con legislación de arraigo y de prerrogativas en la rama del derecho comercial y de los derechos reales, lo cierto es que a mí más me preocupa que se resuelvan cuestiones tan complejas y delicadas sin mencionar siquiera el alcance de cláusulas constitucionales que son operativas. La Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en su actual Doctrina Legal establece que es obligación de los jueces aplicar el bloque de constitucionalidad a través del diálogo de fuentes.
El diálogo de fuentes no puede llevar al extremo de una integración de leyes a la constitución como si tuvieran la jerarquía de la carta magna. El diálogo de fuentes es una tarea armónica para poder cumplir en la aplicación práctica con el ejercicio del derecho privado constitucionalizado. Entonces la especialidad y la antigüedad de una ley ceden frente a disposiciones que traducen el derecho privado constitucionalizado. Dejan de tener importancia viejos axiomas como la prioridad en el tiempo o que una ley especial prevalece sobre una ley general.
El bloque de constitucionalidad impone la aplicación de diversas leyes que brotan igual que retoños del tronco constitucional. Stiglitz considera la aplicación del Derecho del Consumidor si bien emergente de la ley especial 24.240, en diálogo con aquellas incorporadas en el Código Civil y Comercial de la Nación, al cobijo de la Constitución Nacional (arts. 42, 43, e instrumentos internacionales incorporados por el art. 75 inc.22), “y con un notorio direccionamiento en favor del consumidor, en función del principio protectorio.” Defensa del consumidor, diálogo de fuentes y principio de protección: “Stiglitz, Gabriel A. Publicación: Revista de Derecho del Consumidor - Número 1 - noviembre 2016 30-11-2016); (“El principio de interpretación del Derecho y del contrato, a favor del consumidor (arts. 3 y 37, ley 24.240 y 1094 y 1095, Cód. Civil y Comercial). “B) Las normas de protección del consumidor son de orden público (art. 65, ley 24.240).“ C) El principio protectorio se fortalece, dentro de esta mecánica de armonización, a través de un proceso de constitucionalización e internacionalización, en cuanto: “a) debe efectuarse inexorablemente en función de los mandatos constitucionales, arts. 42 y 43 C.N.; “b) y en conexión con los derechos incorporados, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), emergentes de los Tratados Internacionales, de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales” (Obra citada).
Entonces si bien no todo es derecho del consumidor, todo es derecho derivado de la Constitución Nacional.
En esta orientación y consagrando el diálogo de fuentes, emerge el anteproyecto de reforma de la Ley 24.240 en donde la Comisión de reconocidos juristas que la impulsan han señalado expresamente que el método propuesto se basa en el diálogo de fuentes (ver pto 1.2 del mencionado Anteproyecto). Al respecto se propone incluir expresamente en la ley, el art. 28 que señala: “Diálogo de fuentes. Los casos relativos a la protección del consumidor se rigen por el sistema de protección del consumidor, que se integra con la Constitución Nacional, Los tratados Internacionales de los que la Argentina es parte, en particular las Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos, esta ley, el Código Civil y Comercial y las leyes especiales que regulan aspectos particulares de las relaciones de consumo. Se integra también con la ley de lealtad comercial, y con la ley de defensa de la competencia. La doctrina y la jurisprudencia son una fuente material secundaria. Los jueces deben integrar el derecho aplicable al caso con las diferentes fuentes del sistema, armonizándolas con el fin de maximizar los derechos humanos y fundamentales en juego y de acuerdo a los principios que lo rigen”. En base a ello cuando organizamos el diálogo de fuentes es para que en la integración de toda la legislación se busquen afinidades que permitan priorizar los principios del código civil y comercial de la Nación. 4.2 La Suprema Corte de Justicia en su doctrina legal ha interpretado el diálogo de fuentes Ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “En efecto: “Interpretar el texto legal para encontrarle una significación compatible con el bloque constitucional a la luz de un necesario diálogo de fuentes, no es ya una mera opción para el juez sino un imperativo constitucional y convencional” (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP) Carátula: Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual B4203054 JUBA).
“Las soluciones jurídicas deben ser dadas de conformidad con el contexto fáctico que reúne el conflicto. Disociar la realidad de la fría letra de las normas nos lleva a resultados que en algunos casos afectan seriamente lo que el paradigma actual del derecho entiende como dignidad humana. “(Del voto del Dr. De Lazzari, B4203054 JUBA).
Siguiendo la doctrina legal resulta útil señalar que “Interpretar el texto legal para encontrarle una significación compatible con el bloque constitucional a la luz de un necesario diálogo de fuentes, no es ya una mera opción para el juez sino un imperativo constitucional y convencional.” La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido las bases de interpretación del contrato en épocas de derecho privado constitucionalizado y en este aspecto, si bien la doctrina se relaciona con una figura asociativa, lo cierto es que los principios que se consideran también resultan aplicable al caso. (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP) Carátula: Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual; B4203054 JUBA). “No existe contrato fuera del contexto de una determinada matriz social y económica que le da significado y define sus reglas. Así es que ha nacido una nueva concepción de lo contractual como un proceso de proyección de intercambios en el futuro hecho en el presente: el "contrato relacional" (Macneil, Ian R., "The Many Futures of Contracts", 1974, Southern California Law Review, 47-691; ídem, "Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law", 1978, Northwestern University Law Review, 72-854).”(SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP)
Carátula: Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual).
La solidaridad contractual es un concepto relativamente nuevo en el derecho actual que impone en todos los casos soluciones fértiles en los surcos donde sea plasmada la voluntad común.
Es indudable que el Superior Tribunal Provincial ha considerado nuevos derechos y nuevos vientos para socorrerlos. La voluntad común se trata con mano solidaria.
Ha señalado la SCBA que, en todos los contratos, inclusive los asociativos que motivaron los fundamentos del superior tribunal, “Por más asociativo agrario que sea, continúan rigiendo en este ámbito las bases esenciales de toda relación contractual. Así la obligación de no dañar, la prohibición del abuso del derecho, el comportamiento de buena fe, etc. (arts. 19, Const. nac.; 1071 y 1198, C.C.). (Caso “Alvarez” citado).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires define en su doctrina legal la nueva función del contrato, expuesta a una revalorización por su incidencia social. “Resulta oportuno traer aquí lo que ya esbozara en mi voto en la causa "Lisi", C. 104.935, sent. del 3-XI-2010 y el a quo recordara en su sentencia. Allí sostenía, y aquí reitero, que el paradigma contractual clásico ha entrado en crisis y finalmente ha sido superado. El actual Código Civil y Comercial de la Nación nos otorga pautas interpretativas ciertas (arts. 1, 2 y 3; C.C. y C.N.) e impone que determinadas bases y criterios de interpretación sean respetados por las partes y por la comunidad jurídica en general, en tiempos donde el aspecto económico pareciera ocupar un lugar arrollador respecto de otros ámbitos, entre ellos el jurídico.” (Caso “Àlvarez” citado, B4203054 JUBA). “Así, hoy día podemos observar la tendencia del llamado "derecho civil constitucional", a partir del cual se advierte el reconocimiento de la incidencia de los valores y principios constitucionales en el derecho civil, lo cual no resulta apenas una tendencia metodológica, sino la preocupación en la construcción de un orden jurídico más sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, entre los cuales está el de disponer de un derecho contractual que, más allá de estampar operaciones económicas, sea primordialmente volcado a la promoción de la dignidad de la persona humana (arts. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22, Const. nac.).”
“Con el establecimiento de bases de reconocimiento de la desigualdad entre las partes contratantes y la construcción de la idea de intervención del Estado para la disminución de las diferencias, además de la fuerza de la voluntad del contrato concebida como autonomía privada, se exige considerar también al contrato como un instrumento justo y útil para los particulares y la sociedad toda (arts. 14, 16, 17, 28, 75 incs. 18 y 19, Const. nac.).”
“Es decir, que la relación que los sujetos particulares pretenden concretar debe tener por objeto el alcance previsto en las reglas privadas fijadas en el contrato (art. 1137, C.C.), pero también el dado por la ley y, por sobre todo, por la Constitución. De esta manera, el contrato deja de ser el poder reconocido a los particulares para la creación de normas o preceptos para ser ahora la elección de resultados ya declarados en la Carta Magna, pues sólo estos son de interés para la colectividad en orden a la producción de bienes (arts. 953, 1167, 1168, 1169 y concs., C.C.).”
“Esta idea del pasaje de la autonomía de la voluntad hacia un sentido finalista constitucionalmente idóneo con el alcance que expresé, tiene recepción desde hace años en la teoría contemporánea (cómo no recordar a modo de ejemplo el análisis de Emilio Betti en su "Teoría general del Negocio Jurídico", 1959).”
“A su vez la autonomía privada, en la idea de Perlingieri ("Perfis do direito civil", Introduçao do direito civil constitucional, 3ra. ed., Renovar, 2007; idem, Perlingieri, P., "Il diritto civile nella legalitá costituzionale", Napoli, 1984) debe ser aún más acotada. Dicho autor considera que la autonomía negocial no es un fin en sí mismo y sobre todo no representa un principio que se pueda substraer al control de correspondencia y funcionalidad a la luz del sistema de normas constitucionales e, incluso, me permitiría agregar también, del sistema de normas supranacionales que regulan los derechos humanos. Ello impone que se someta el contenido de los pactos contractuales a un juicio de compatibilidad con el ordenamiento globalmente considerado (arts. 18, 28, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).” Es importante destacar que la SCBA ha decidido que la interpretación del contrato debe contextualizarse con la realidad, solución que a mi entender contribuye notablemente a sustentar la solución que sostengo: “En este orden de ideas, la autonomía privada en materia contractual debe contextualizarse con la realidad. Como observa Ronaldo Porto Macedo Junior, es cierto que el reconocimiento de las relaciones de poder en los contratos no niega el principio de la libertad contractual. Por otro lado, no es menos correcto que su reconocimiento afecta sensiblemente las presuposiciones clásicas de la libertad contractual y el papel del Estado como agente regulador y ordenancista de las relaciones contractuales ("Contratos relacionales y defensa del consumidor", Ed. LL, 2006, pág. 111 y ss.). ” (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP): “Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, B4203054 JUBA).
Digo parafraseando a un director de orquesta que no quiere que ningún músico desafine, que el concierto exige que cada intérprete armonice su talento con la finalidad del arte que se pretende demostrar. En este aspecto, entiendo que las distintas ramas del derecho que son originarias deben acoplarse magistralmente al derecho privado constitucionalizado que si bien tutela al consumidor ninguna duda puede plantearse en cuanto también tutela a toda persona humana, sin distinción alguna, puesto que ya no constituye una novedad ni lo podemos calificar como una disciplina incipiente y a prueba. Es el derecho pleno del ciudadano y en poco tiempo prácticamente todo el ordenamiento jurídico privado constitucionalizado será derecho del consumidor como hoy las prácticas de los oferentes que en épocas donde tenía amplia vigencia el concepto de comerciante, inspiraron una rama jurídica que ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos donde aparece la prevalencia de la empresa organizada que por supuesto ha desplazado al comerciante y desvanecido en los textos unificados al concepto de actos de comercio. Tantos cambios formidables no auspician hablar de prerrogativas del derecho comercial o de los derechos reales sujetos a revoluciones legislativas que han tenido su anuncio hace años de la mano de los contratos atípicos de consumo. Los derechos reales han sido detrás de esos cambios e inclusive otrora frente a la falta de explicación de la naturaleza jurídica de esos vínculos, se interpretó que también eran aplicables las reglas de la sociedad anónima, el condominio o la propiedad horizontal. La enjundiosa doctrina discutía por entonces si se traban de derechos personales o derechos reales. Vean que curioso era el contrato de consumo el que obligaba a ese debate. Era el consumidor el que adhería a fórmulas contractuales propuestas por el oferente cuya posición dominante dejaba sobre el pupitre los formularios que el débil contractual suscribía como si fueran mágicos pregones que al unísono le explicaban como acceder a un bien determinado.
Basta dar un solo paso para considerar que el contrato por adhesión también es un contrato de consumo. La jurisprudencia citada tiene su mérito porque es anterior a la reforma del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Ha decidido en fecha cercana el superior tribunal provincial que el título preliminar del código civil y comercial ofrece “criterios ineludibles” en la época actual “donde el paradigma de la interpretación legal se ha visto modificado raigalmente, recogiendo así lo que venía difundiendo la doctrina más relevante en la materia” (Caso “”Alvarez”, voto del Dr. De Lazzari). En la causa mencionada se afirma fuertemente que la aplicación del bloque de constitucionalidad constituye un imperativo para el juez: “Así, interpretar el texto legal para encontrarle una significación compatible con el bloque constitucional a la luz de un necesario diálogo de fuentes, no es ya una mera opción para el juez sino un imperativo constitucional y convencional”.
“D) Particular aplicación posee en el caso el paradigma de la justicia social (art. 39, inc. 3, Const. prov. Bs. As.), que como ya en 1974 lo enunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Bercaitz, es "la justicia en su más alta expresión", y cuyo contenido "consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización". Los principios de igualdad y no discriminación, de su lado, poseen un carácter dinámico. Se trata de restablecer la igualdad ante las situaciones de hecho que la mortifican y es preciso distinguir jurídicamente para igualar fácticamente.”
“…Completando los desarrollos fundantes de la posición que asumo, me permito señalar que el bloque constitucional de nuestro país contiene entre otras a la Convención Americana de Derechos Humanos quien propugna la progresividad en su art. 266, ello implica para los Estados el deber de no adoptar políticas regresivas que tengan por objeto o efecto la disminución del estado de goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que a fin de dar cumplimiento al principio pro homine -elemento fundamental en materia de interpretación y aplicación de derechos humanos-, previsto en el art. 29 de la citada Convención, los jueces siempre deben "efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales; pudiendo incluso optar por la interpretación más favorable en caso de aplicabilidad de la Convención Americana y otros tratados internacionales sobre derechos humanos". Asimismo otro principio cardinal en la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como también de cualquier otro tratado en esta materia, es como hemos visto, el de progresividad (Corte IDH, Caso "Cinco Pensionistas vs. Perú", 28-II-2003).” /Causa “Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, B4203054 JUBA).
La suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, destaca, en la causa citada, la función judicial de controlar la convencionalidad y constitucionalidad de las leyes. “Así la judicatura en su rol de control de convencionalidad y constitucionalidad “tiene como cometido determinar el alcance que tiene el derecho invocado en nuestro sistema desde una óptica que asegure su mayor operatividad en relación con el caso concreto. Toda norma debe "garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos" ("Fallos" 327:3677; 332:2043).”
“Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha dado la pauta de que la ley se torna arbitraria cuando los medios que se adoptan para lograr esos fines no guardan adecuada proporción con ellos o con las circunstancias que la motivaron ("Fallos" 98:20; 147:402; 171:348; 200:450; 249:252; 256:341; 263:460; 288:325; 299:428).”(Caso “Älvarez” citado). 4.2 Las fuentes que dialogan son aquellas que superan el test de constitucionalidad Considero importante remarcar que, para que el método del diálogo de fuentes sea viable, es necesario contar con diferentes leyes que sean constitucionales. Ello no sucede en el caso bajo estudio.
Podrá en algún caso discutirse cuál disposición legal ha de prevalecer y como ejemplo daré el conflicto que se plantea con la prescripción en aquellos casos donde una ley especial prescribe un plazo menor que el previsto en una ley general; o cuando el debate concierne a leyes primeras o posteriores en el tiempo e inclusive cuando el criterio de armonización se relaciona con la jerarquía, situación que podrá hacer prevalecer mediante una tarea dialoguista, aquella disposición que permitan una solución compatible con el derecho privado constitucionalizado. A mi entender, no es el caso de la controvertida disposición legal que autoriza el secuestro prendario, inaudita parte. Tampoco podemos resumir el problema al secuestro en sí mismo cuando el antiguo artículo 39 de la ley de Prenda, arroja sobre el deudor otras consecuencias que exceden el ámbito de defensa en juicio, por conculcar sus derechos de igualdad y de propiedad. La armonización de la legislación y de los intereses económicos de las partes en pugna (tutela del consumidor y derechos del acreedor), desde el texto particular del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro exige un pronunciamiento constitucional, sin que ello se reemplace con vislumbrar una integración de fuentes plurales que interprete ambos intereses jurídicos mediante la aplicación del artículo 36 de la mencionada ley que si bien prescribe que “Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago, salvo lo dispuesto por el artículo 39” (El destacado pertenece al Tribunal), en forma muy concreta ordena una excepción que ha autorizado a determinados acreedores a solicitar el secuestro del automóvil y la venta extrajudicial.
Resulta indudable que difícilmente se puedan armonizar dos disposiciones de una misma ley sin declarar inconstitucional la excepción contenida en la última parte del artículo 36, al que he aludido precedentemente.
La jurisprudencia que se inclina a considerar que basta para solucionar el conflicto y reponer el derecho de defensa en juicio del deudor consumidor, con declarar inaplicable la controvertida disposición porque queda excluida por el ejercicio dialoguista de las fuentes, fundamentan sus conclusiones en las mismas garantías constitucionales que he visto vulneradas al sostener que el controvertido artículo es inconstitucional. El desplazamiento del controvertido artículo 39 de la Ley de Prenda, a mi entender, se ha realizado fundamentalmente sobre la base de su inaplicabilidad por erosionar garantías constitucionales.
Sabemos que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico y que solo tiene aplicación para el caso concreto. Sin embargo, un crisol de nuevos derechos y novedosas interpretaciones asoma en esta época, bastando para ello receptar el título preliminar del Código Civil y Comercial de La Nación en cuanto a las fuentes y aplicación, debiéndose interpretar que deben aplicarse las leyes conforme a la Constitución Nacional y a los Tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte. (Art. 1°). Ello significa, a mi entender, que solo pueden dialogar las leyes ordinarias que sean compatibles con los principios de la Constitución Nacional y Los Tratados de Derechos Humanos, en los que la República sea parte. El requisito para la armonización, integración y complementariedad normativa, requiere que cada una de las leyes que se comprendan, debe superar el test de constitucionalidad y que su armoniosa aplicación permita una solución legal que justifique prescindir de una declaración de inconstitucionalidad de algunas de esas disposiciones.
Antes se discutía una confrontación de leyes y la prevalencia seguía diferentes criterios, basados en la anterioridad, especialidad o jerarquía. Actualmente ya no se confrontan leyes, se armonizan o coordinan entre si al ser partes de la integración jurídica.
Álvarez Larrondo señala: “Adaptando su desarrollo a nuestro ordenamiento, podemos decir que son tres los tipos de "diálogo" posibles entre estas dos normas fundamentales:
“a) La aplicación simultánea de las dos leyes, donde una ley puede servir de base conceptual para la otra (diálogo sistemático de coherencia), especialmente si una ley es general y la otra especial; si una ley es la ley central del sistema jurídico, y la otra un microsistema específico, no completo materialmente. Así por ejemplo, el concepto de nulidad y sus efectos surge del Código Civil y Comercial, por lo que no resulta necesaria su reiteración en el texto de la ley 24.240 y sus modificatorias; “b) La aplicación coordinada de las dos leyes, donde una ley puede complementar la aplicación de la otra, al depender de su campo de aplicación en el caso concreto. Así, por ejemplo, las cláusulas generales de una ley pueden encontrar uso subsidiario o complementario en el caso regulado por otra ley. Aquí el juez va a "elegir" entre las normas, siguiendo principios de derecho, tales como el expresamente desarrollado por nuestros codificadores, "favor debilis".
“c) El diálogo de las influencias recíprocas sistemáticas, como en el caso de la redefinición del campo de aplicación de la norma y del concepto de debilidad, al incorporarse contratos de consumo y contratos de adhesión como categorías disímiles.”
“Esta lectura responde claramente al desarrollo que tuvo y proyecta el Derecho del Consumo. En consecuencia, al tiempo de aplicar el nuevo "sistema" del Derecho del Consumo, se requiere del necesario y progresista "diálogo de las fuentes", y su coordinación en pos de la obtención del resultado fijado por art. 42 de CN.” (ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M. “La Corte Suprema y el Derecho del Consumo. Una nueva lección en materia de políticas de Estado”
www.pensamientocivil.com.ar/.../3168-corte-suprema-y-derecho-del-consumo-una-n. .).
La tarea de armonización está prevista en el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor cuyos fundamentos son muy explícitos en cuanto al sistema de diálogo de fuentes tal como establecí al transcribir el art. 28 en el pto. 4.1.
La expresión “armonizar” como verbo intransitivo significa “estar en armonía (una cosa) con otra o con otras”, y como verbo transitivo “Crear armonía o correspondencia entre varias cosas.” Dijimos que ya no se confrontan distintas leyes mediante el diálogo de fuentes, se armonizan todas. Armonizar tiene entre otros sinónimos “concertar” “acordar”, “pactar”, “convenir”, “amigar”, “conciliar”, “proporcionar”, “equilibrar”, “igualar”. "hermanar” y los antónimos son “Discordar”, “disonar”, “enemistar”, de modo que este novedoso ejercicio de dialogo de fuentes, todavía expuesto a otras definiciones evolutivas de la doctrina, no debe ser asimilado a un mero desplazamiento (“Discordar”) de una disposición incompatible con la Constitución y los Tratados con jerarquía constitucional. (Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional). En este caso, reitero, la ley que afecta garantías constitucionales debe ser declarada inconstitucional y tratándose de relaciones de consumo, ello constituye la última ratio del ordenamiento jurídico.
Me parece que declarar inconstitucional una ley que no supera el test de constitucionalidad fortalece el concepto de derecho privado constitucionalizado. Como ya adelanté, el desplazamiento de leyes mediante el diálogo de fuentes se da cuando se argumenta en torno a la prevalencia de leyes primero en el tiempo respecto a otras posteriores que no consultan coincidencias, o respecto de aquellas, que tienen carácter especial y que se armonizan con las que tienen carácter general, o cuando el debate también argumenta sobre la jerarquía, en cuyo caso también se adviertan controversias en cuanto a su interpretación y aplicación. En todos los casos no podríamos decir que algunas de esas leyes podrían ser inconstitucionales.
En este contexto, a mi entender, puede promoverse el diálogo de fuentes y desplazarse a una ley para aplicar otra disposición que brinde una solución análoga, extremo que no ocurre en los presentes por no encontrarse otro procedimiento de similares características disponible en el universo jurídico. Ello más allá de las facultades de quienes juzgan de redireccionar el proceso a los fines de compatibilizar las pretensiones en un proceso constitucional, tal como se propondrá posteriormente.
Voy a referirme a los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de La Nación, hoy código vigente, en cuanto a la aplicación de las fuentes. Señalan los distinguidos codificadores actuales: “De todos modos queda claro y explícito en la norma que la interpretación debe recurrir a todo el sistema de fuentes. Así, se alude a la necesidad de procurar interpretar la ley conforme con la Constitución Nacional y los tratados en que el país sea parte, que impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución. Ello implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que puede ser interpretada en armonía con la Constitución, criterio que constituye una restricción al quehacer judicial, reiteradamente recordado por la Corte Suprema de Justicia de La Nación cuando afirma que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del ordenamiento jurídico por lo que sólo será pronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 288: 325; 290:83; 292:190; 301:962; 324:3345; 325:645, entre otros). Para excluir una ley mediante su desplazamiento, resulta necesario indagar sobre su constitucionalidad, caso contrario el criterio aplicado no tendría el predicamento de una solución razonablemente fundada (Art. 3° Código Civil y Comercial de La Nación). En este aspecto, la inaplicabilidad de la ley porque no satisface garantías constitucionales constituye, según mi teoría, una declaración indirecta de inconstitucionalidad.
Entiendo que el juez debe aplicar la ley, excepto cuando sostenga su inconstitucionalidad en el caso concreto. Es decir no se puede prescindir de una disposición tan particular como el artículo 39 de la Ley de Prenda, con cuestionamientos concretos, dejándola asida a una ola jurídica y que siga navegando de este modo en el océano, simplemente ignorándola como si fuera la tempestad que ya no preocupa.
En síntesis, considero que las leyes dialogan cuando cada una de ellas resulta interlocutora hábil del derecho privado constitucionalizado, de modo que aun cuando se sostenga que carezca de incidencia porque invariablemente ha de ser desplazada por otras disposiciones, lo concreto es que su exclusión en el caso del artículo 39 de la ley de prenda obedece a que resulta incompatible con el derecho privado constitucionalizado porque indica que carece de sustento para modificar, coordinar o complementar soluciones legales basadas en el diálogo de fuentes. No se trata de seleccionar una ley, aplicando una disposición por otra. Una vez excluida la controvertida disposición de la ley de prenda, es necesario que la solución se sustente en el diálogo de fuentes.
4.3. La doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos y la aplicación de la Ley de Defensa del consumidor Es insoslayable la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. En este aspecto la resolución apelada y el dictamen fiscal son elocuentes. Comparto esta impronta del derecho moderno que va buscando el camino donde van las personas humanas. La Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 119.253, "Camderros, Lidia Marta y otros contra Francés Administradora de Inversiones S.A. y otros. Daños y perjuicios", resolvió, por mayoría, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia impugnada. La causa se remite a la instancia ordinaria a efectos de que se dicte nuevo pronunciamiento, incluyendo como base normativa para la resolución del caso la de la ley del consumidor 24.240 (T.O.) de conformidad con las pautas expresadas en el voto mayoritario. “La sentencia de Cámara que, asumiendo el esquema protectorio de las consumidoras financieras, declara la nulidad de la cláusula inserta en el contrato de adhesión que establecía la jurisdicción arbitral, debía evaluar el caso y mensurar el plexo probatorio bajo la misma plataforma legal y marco protectorio de la Ley de Defensa del Consumidor y las específicas pautas interpretativas que el mismo impone (art. 42 de la Const. nacional; ley 24.240).” (SCBA LP C 119253 S 29/11/2017 Juez DE LÁZZARI (MA):
“Camderros, Lidia Marta y otros contra Francés Administradora de Inversiones S.A. y otros. Daños y perjuicios”, B4203492 JUBA).
De los fundamentos del ya mencionado Anteproyecto de reforma de la Ley 24.240, se desprende la especial relevancia otorgada al juez o jueza en la aplicación de una norma de orden público. Se establece que, ante el silencio del ejecutante, se puede acudir a las presunciones vinculadas a la existencia de una operación de crédito para el consumo. Su justificación radica en la garantía del estricto cumplimiento de las normas protectorias del consumidor, remarcando el dictado, aún de oficio, de las medidas que impidan la desnaturalización de los mecanismos sustanciales y procesales previstos para su tutela (ver pto,. II.3 “Crédito para el consumo y protección del sobreendeudamiento del Anteproyecto de reforma de la Ley 24.240).
5. La función social del contrato Considero que no se pueden resolver cuestiones tan delicadas como aquellas que autoriza el artículo 39 de la Ley de Prenda sin registro, sin considerar la función social del contrato que constituye a su vez una revelación explícita en los fundamentos del nuevo código civil y comercial de La Nación y del Anteproyecto de reforma de la ley 24.240.
En los fundamentos del Código Civil y Comercial de La Nación se destaca: “La función económico-social del contrato debe responder a la protección de los contratantes, especialmente del más débil”.
El derecho de propiedad integra el contrato. (Art. 17 Constitución Nacional; art. 965 CCCN). La constitucionalización del contrato es una verdad explicita. La legislación que se controvierte es vetusta y contraria a principios constitucionales. Sabido es que la Carta Magna ordena que los principios, derechos y garantías reconocidas no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. (Art. 28 CN). Sabemos también que los principios, derechos y garantías dejaron de ser programáticas para ser operativas. La función social del contrato también atañe a la libertad de contratación (Art. 19 CN), al principio de igualdad (Art. 16 CN), 42 CN y los tratados de Derechos Humanos. El diálogo de fuentes se expresa mediante el bloque de constitucionalidad.
(Arts. 1 y 2 CCCN); (Art. 75 inc. 22 CN); Los derechos de igualdad (Art. 16 CN; 11 C. Prov. Bs. As.; de propiedad (Art. 17 CN; 31 C. Prov. Bs. As; defensa en juicio (18 CN; 15 C. Prov. Bs. As). (Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) – Adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Arts. 1° y 7° - derecho de igualdad – ; 8° -derecho a un recurso efectivo -, 10° - derecho a ser oído públicamente y con justicia en un tribunal independiente - 11° - derecho a las garantías necesarias para su defensa -, art. 17° - derecho a la propiedad, individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad -, art. 22 ° - garantía a la protección de los derechos económicos y sociales -); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Art. 3° -garantías de los derechos económicos, sociales y culturales - ; Ley 23.313 –De aprobación de los Pactos Internacionales de Aprobación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por la República Argentina con fecha 8 de agosto de 1986, aprobado por ley 23.313, del 17 de abril de 1986, con reservas), -Art. 3 – derecho de igualdad de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto -; Art. 14° - Garantías de igualdad y de defensa en juicio. Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia; toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil -; Art. 26° - todas las personas son iguales ante la ley -).
(Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, ratificada por la República Argentina: 14 de agosto de 1984. Aprobada por Ley 23.054 del 1 de marzo de 1984, con reservas, declaraciones interpretativas y aceptación de competencia.) – Arts. 8° - Garantías Judiciales -, entre ellas derecho a ser oído y a recurrir el fallo;
21. Derecho a la propiedad privada -).
En 1946 el automóvil era un bien escaso que adquirían comerciantes y personas de buen pasar económico. En aquella época no se estudiaba la función social del contrato. Era infrecuente que las personas de clase media y mucha menos de escasos recursos accedieran a un automóvil. Las calles de los arrabales y localidades periféricas eran transitadas por carros y carruajes, y por algunos vehículos. Setenta años después hasta las calles de menor transito se encuentran con numerosos autos estacionados frente a las casas. Muchos dejan sus autos estacionados en la calle porque son escasos los garajes y las cocheras particulares. Es decir, el automóvil tiene una función social que inclusive asegura el derecho de propiedad de las personas que aún no cuentan con recursos para adquirir una vivienda. El automóvil tiene un uso intensivo y constituye un bien importante en el concepto de confort moderno. Frente a tanta evolución sobre la función social de contrato, la legislación de facto de 1946 ratificada por una ley de 1947, se ha mantenido inalterable como si fuera el bastión que resiste frente a los temporales.
5.1. El principio de conservación del contrato La Ley de Prenda con Registro prevé que el deudor pueda incorporar el bien a su patrimonio con el mayor dinamismo, y el artículo 39 de la mencionada legislación constituye en este aspecto una injustificada confrontación. Dispone el Artículo 8º de la Ley de Prenda con Registro: “El dueño de los bienes prendados puede industrializarlos o continuar con ellos el proceso de su utilización económica; los nuevos productos quedan sujetos a la misma prenda. En el contrato de prenda puede estipularse que los bienes se conservarán en el estado en que se encuentren, sin industrializarlos, ni transformarlos.” Si la propia ley de prenda con registro prevé la industrialización de los bienes prendados para asegurar un proceso de utilización económica es porque se traduce en su finalidad que las cosas prendadas favorezcan el desarrollo de las economías. El principio de conservación del contrato y su utilidad social se diluyen frente al artículo 39 de la ley citada que constituye una excepción a la regulación legal cuando el acreedor secuestra el bien prendado y lo subasta extrajudicialmente. (Doct. Art. 1066 CCCN). Si el deudor fuera intimado y tuviera oportunidad de honrar su obligación, el contrato seguiría produciendo sus efectos propios, sin mayor gravamen para el adquirente.
No advierto la utilidad social que puede tener la liquidación del bien del deudor, sin oírlo en un proceso justo.
5.2. El concepto de actividad bancaria ha cambiado mucho El banco actualmente es generador de múltiples contratos y servicios que antes no cumplía en igual medida. Es la época de los contratos de servicios. El banco que era considerado por su solvencia y profesionalismo ha expuesto su función a la relación de consumo y en consecuencia en su ámbito de actuación también está la hipótesis de la cláusula abusiva.
El “dinamismo del mercado” es expresamente destacado en el Anteproyecto de reforma de la ley 24.240 como uno de los extremos en los que reposa la preocupación legislativa frente a los sujetos vulnerables que resultan ser los consumidores o usuarios.
5.2.1. Los riesgos de la mora En esta época prevalece el refinanciamiento de las deudas. No es moneda corriente el sistema de auto liquidación. Las leyes que insisten en esa modalidad se han caído del nuevo sistema jurídico. Es más, a menudo, los prestamistas refinancian las deudas. La ejecución es el trámite extremo ante la falta de otro recurso. Con ello se mantiene la función social del contrato porque se supone que las cosas son útiles para la persona humana cuando tienen su dinamismo en el obrar del adquirente. El secuestro o la venta forzada en subasta privada constituyen extremos que deben ser conjugados en un proceso constitucional donde primero el deudor sea oído y tenga oportunidad de hablar del asunto que le concierne.
Se difunde la noticia que: “Entidades bancarias ahora llaman a deudores en riesgo de incumplir sus pagos para renegociar contratos de créditos. Además, se adelantan a ofrecer refinanciación de los préstamos a aquellos que ya cayeron en mora.”
(https://gestion.pe/.../bancos-ablandan-condiciones-deudas-evitar-clientes-caigan-mor a).
En un proceso constitucional donde el instituto del abuso del derecho constituye una aplicación insoslayable y de oficio, esta limitación del obrar del acreedor es desconocida por la cuestionada legislación prendaria. (Los antecedentes de la reforma de 1968 al artículo 656 CC). (Doct. Arts. 1071 CC; 10 CCCN). El Código Civil y Comercial de La Nación regula el supuesto de abuso de posición dominante. (Art. 11).
El crédito hace circular a la sociedad hacia el acceso a bienes y servicios. La insolvencia del consumidor es un tema de la coyuntura económica actual. El consumidor se endeuda mediante contratos de consumo, a los que adhiere. Si no le ofertan el consumidor no contrata. Si no adhiere la fórmula del oferente que constituye un documento auto creado, no accede a la contratación moderna. Supongo que el empresario que es un profesional organizado ha previsto porcentajes de mora y con esa base arbitrado los recaudos para que la insolvencia de algunos consumidores no provoque una distorsión significativa en sus finanzas y que los eventuales incumplimientos no le impidan seguir cumpliendo con su actividad crediticia. El incumplimiento es un riesgo propio que asume el prestamista.
Si bien es cierto que se optimiza el crédito cuando los deudores son puntuales en el cumplimiento de sus obligaciones, debe tenerse en cuenta que el empresario asume un riesgo propio de los negocios cuando da crédito y en los componentes de la deuda hay recursos que en cierto modo morigeran los perjuicios de la mora. Ello sin tener en cuenta que los intereses punitorios o moratorios, más elevados que aquellos que perciben los ahorristas, está orientado a esa finalidad. Además, el empresario organizado debe tener un capital y una solvencia profesional que le permita satisfacer su función crediticia. El porcentaje de morosos tiene una previsión en las estadísticas y contabilidades del oferente, de modo que tampoco hay certezas que, si en todos los casos los acreedores optaran por el juicio ejecutivo sin recurrir al artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro, sería dificultoso recuperar el dinero prestado con fuerte gravitación en sus finanzas. Tampoco puede ponerse exclusivamente el acento en las seguridades económicas del oferente sin considerar los intereses económicos del consumidor. (Art. 42 Constitución Nacional).
El endeudamiento del consumidor es un también un problema social. No se resuelve ninguna problemática ni se protege los derechos económicos y sociales de los consumidores si los acreedores fueran corriendo con un proceso monitorio urgiendo en los talones de los deudores e indiferentes a una coyuntura que también ha sido producto de ofertas y publicidades generosas en cuanto a la disponibilidad del crédito (Nos llegan por todos los caminos noticias que hay a nuestra disposición un crédito pre adjudicado y nos invitan a integrar círculos de ahorro previo sin mayores requisitos). El trato digno, equitativo y no discriminatorio (Art. 8 bis Ley 24.240 texto Ley 26.361; 1096 y 1097 CCCN); (Art. 42 CN), no concluye con la oferta, se extiende a la etapa contractual y post contractual, de modo que aún en la ejecución de la deuda es impostergable escuchar al deudor en un proceso explícito y constitucional con intervención activa del magistrado, donde se pueda saber que documentos se cuentan para ejecutar, cuánto pago el deudor hasta ese momento y los intereses, entre otras consideraciones y a renglón seguido continuar según las perspectivas del caso, el proceso de ejecución constitucional. Entre otras desconsideraciones, se ignora que en la contratación moderna se impone una relación de consumo, que se reclama la regulación del pagare de consumo, y que la oferta se ha transformado notablemente. Hoy el oferente es la difusa tempestad de mil ofertas que nos ofrecen cambiarnos la vida en un momento, con solo acceder a un producto determinado.
El sobreendeudamiento del deudor constituye una de las preocupaciones de las que se encarga el Proyecto de reforma de la ley 24.240. De los fundamentos del mismo, se desprende el singular interés por brindar un sistema de protección frente a las graves consecuencias del fenómeno global del endeudamiento excesivo de las economías domésticas. Ello justifica la previsión de políticas de protección del consumidor en el mercado de crédito y de programas especiales para sujetos hipervulnerables. Se propone en el art. 81 la definición del concepto: “El sobreendeudamiento del consumidor es la situación caracterizada por la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales.
El destinatario de la protección particular prevista en la presente ley es el consumidor persona humana.”. Asimismo, se preveen recursos para afrontar dicha situación (arts. 79,82, 83, 84, 85, 86,87,88,89 y sgtes). En esa dirección se regula el principio de préstamo responsable. En efecto, el art. 79 define que: Los proveedores de crédito, en cualquiera de las modalidades de otorgamiento, deberán ajustar su actividad al principio de préstamo responsable. En cumplimiento del citado principio, deberán observar, entre otros, los siguientes deberes: 1. Indagar acerca de las necesidades concretas del consumidor y sobre su capacidad de reembolso; 2. Asesorar y aconsejar adecuadamente la toma del empréstito o la financiación, conforme las opciones disponibles; 3.
Advertir sobre los alcances del compromiso patrimonial derivado de la operatoria, en consideración de los recursos existentes para afrontarlos; 4. Evaluar los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de otras fuentes disponibles, evitando decisiones que resulten de aplicar métodos exclusivamente automatizados; 5. Informar el resultado de la evaluación al interesado, con indicación de la fuente consultada; 6. Decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito y comunicarlo de modo fehaciente al consumidor; 7. Adoptar cualquier medida que contribuya a la prevención del sobreendeudamiento o, en su caso, abstenerse de desplegar cualquier práctica que estimule el endeudamiento excesivo del consumidor.
Los riesgos y costes derivados de una financiación o de préstamos acordados en infracción al principio mencionado en el presente artículo, serán soportados total o parcialmente por los proveedores o intermediarios de crédito.”
Entiendo que un porcentaje de morosos no provoca una distorsión económica y financiera de envergadura que pueda perjudicar la fluidez del crédito, al menos para justificar la supresión de garantías constitucionales. En todo caso el acreedor puede recuperar el dinero prestado en un proceso constitucional de ejecución. Es cierto que ha crecido la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos y que ello podría tener un impacto en los balances. Sin embargo, la oferta de consumo motiva al endeudamiento, bastando para ello observar los resúmenes de tarjetas de crédito que, si bien autorizan un pago mínimo, los intereses son muy elevados, superando holgadamente la inflación y la llamada tasa activa. Ello no obstante la legislación de consumo y la ley sobre tarjetas de créditos. Es decir, los bancos toman recaudos que permitan sostener sus balances frente a riesgos bajos y medios y con relación a la categoría de incobrables, para poder formar fondos que constituyan un porcentaje del crédito otorgado (entre el 5% (riesgo bajo) y 25 % (riesgo medio), 100 % (incobrables) a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del BCRA. El endeudamiento de las familias argentinas ha crecido en los últimos años, especialmente en materia de créditos personales y tarjetas de crédito, insumiendo la deuda un promedio aproximado a dos meses de ingresos del deudor. (Ver. www.iprofesional.com/.../172877-tarjetas-bancos-prestamos -pagos-deudas-morosidad).
5.3. La solvencia del empresario En el derecho de consumo no basta con caracterizar a las empresas como solventes, profesionales o dotadas de infalibilidad. Son empresas que gozan de posición dominante y sufren los avatares de las crisis y los distintos movimientos de los mercados. Son enajenadas, declaradas en quiebra o en concurso. No es tranquilo el océano donde navegan las instituciones privadas porque el mercado fluctúa y la crisis a veces volatiliza las utilidades del empresario.
Puede ser que el deudor llegue al juicio de conocimiento cuando la empresa tengo menos solvencia que cuando le secuestró el vehículo para subastarlo. ¿Qué garantías hay para el deudor si tardíamente y ya liquidado el bien, pretende el saldo resultante de la subasta? Demasiadas quimeras sobre el derecho de propiedad del deudor.
Otros acreedores como el Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos oficiales cuentan con los recursos con mayor garantía, lo que torna volátil cualquier argumento sobre el perjuicio que pueden causar los deudores.
5.4. Empresarios y consumidores. Ayer comerciantes y particulares. Los conflictos de intereses Considero que es errónea la posición que justifica el procedimiento del artículo 39 de la ley de prenda con el exclusivo argumento que protege un derecho económico y salvaguarda el crédito. A mi modo de ver no se puede sostener una teoría exclusivamente mercantilista o financiera a expensas del derecho de defensa en juicio. En todo caso habría que compatibilizar el razonable derecho del acreedor a cobrar la deuda en el menor tiempo posible y el derecho de defensa en juicio del deudor. No me parece que la solución sea desoír disposiciones de orden público del derecho del consumo con un argumento muy simple que pudo haber sido entendible setenta años atrás y que hoy, a mi criterio, no resiste una confrontación con disposiciones constitucionales y de derecho sustentado en esas garantías.
La doctrina ha intentado dirimir el dilema de la protección del crédito y de la tutela del consumidor, sin ignorar las dificultades que la coyuntura plantea frente a la necesidad de equilibrar derechos económicos y derechos sociales. En definitiva el consumo es la fuerza motor de la producción y del trabajo. Es la prosperidad del empresario y el bienestar del ciudadano. Una mirada parcial que justifique un trámite inaudita parte con carácter ejecutorio podrá mitigar las arcas del financista y sin embargo doblegar a la gallina de los huevos de oro. Sin consumidor no hay progreso en la sociedad moderna.
En este aspecto se ha señalado: “La irrupción del derecho del consumidor ha generado un verdadero conflicto de intereses, pues, cuando quien interviene en la relación de crédito es un consumidor, surge patente el enfrentamiento de dos sectores del ordenamiento jurídico con valores antagónicos”.
“Es que, el derecho mercantil nació con la finalidad de proteger el comercio y a su principal protagonista: el comerciante. Fue tradicionalmente el derecho de los mercaderes – hoy empresarios -, y no sólo se ocupa de regular las relaciones de ellos entre sí, sino que avanza por sobre los no comerciantes, a los que alcanza mediante los actos unilateralmente mercantiles (Art. 7”, cód. de comercio)”.
“En el polo opuesto se ubica el derecho del consumidor, cuyo objeto confeso es el de tutelar a los consumidores y usuarios frente a los proveedores de bienes y servicios”.
"La diversa función económica que tienen las operaciones comerciales y financieras de los empresarios, por un lado, y las adquisiciones de productos y servicios por los consumidores, por otro lado, revela sin lugar a dudas la contraposición de intereses, que el solo juego del mercado tiende a resolver a favor de los primeros”.
“En esa confrontación entre empresarios y consumidores, es necesario delinear el justo término entre las expectativas de lograr el rápido cobro por parte de los acreedores (empresarios) y las posibilidades de defensa de los deudores (consumidores), para que esa finalidad no sea alcanzada a costa de sacrificar derechos de defensa en juicio de estos últimos”. (SÁNCHEZ CANNAVÓ, Sebastián Ignacio: “Crédito al consumo y acceso del consumidor a la justicia frente al juicio ejecutivo”, ED, 214-885). Los autores que aprecian con exclusividad el derecho comercial y critican que el diálogo de fuentes solo gira en torno al derecho del consumidor, involuntariamente olvidan que el problema es al revés: las distintas ramas del derecho en su formación originaria y clásica que aún no fueron reformuladas en sintonía con la tutela del consumidor y en la medida que exista una relación de consumo, devienen obsoletas.
Estas leyes surgieron cuando nadie hablaba de consumidores y la tutela efectiva no había empezado a provocar los sueños de los mejores procesalistas. La doctrina también ha señalado que “En suma, el correcto desenvolvimiento de las economías nacionales sobre la base de mercados libres, competitivos y abiertos, exige como recaudo complementario, pero condicionante, la vigencia de un efectivo sistema político-jurídico de protección de los consumidores, que garantice a éstos la completa y real oportunidad de situarse en un punto de equilibrio con los proveedores de bienes y servicios en las relaciones de consumo. Por ello es que la consideración de ciertas normas como parte del sistema del Derecho del Consumidor debe realizarse sin colisionar con una visión integral del mismo”.
(WAJNTRAUB, Javier H. “Régimen jurídico del consumidor comentado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2017, págs. 35/36). He leído con atención sentencias donde se justifica el secuestro prendario, con fundamentos en que ello es necesario para no generar costos adicionales al sistema puesto que de no procederse de ese modo habría muchos trastornos económicos. Sin embargo, no he advertido una explicación suficientemente didáctica que permitiera tener certezas sobre el aserto. Es discutible que la mora de un deudor perjudique a un sistema crediticio o que muchos deudores en mora lo pongan en riesgo, cuando el acreedor tiene expeditos los juicios ejecutivos. Sucede que el contrato moderno no es todos los casos consecuencia del ahorro de años y sus adquirentes se ven atraídos a la adquisición del vehículo porque constituye un valor relevante en el concepto amplio de confort.
En muchos casos el automóvil es una herramienta imprescindible para el deudor. Ya la vieja doctrina había ampliado inclusive el elenco de bienes inembargables. En un proceso inaudita parte el deudor, por ejemplo, no podría hacer valer estos derechos o solicitar un mecanismo de refinanciación compatible con sus recursos. Digo ello porque el contrato tiene una función social. El secuestro prendario desoye la finalidad social del contrato.
Sabemos de las fragilidades de los débiles frente al poder omnipotente de las corporaciones. También sabemos que muchos débiles contractuales no cumplen con sus obligaciones y que otros pagan sus deudas obteniendo en los tribunales diversas morigeraciones porque han adherido a cláusulas abusivas. También sabemos que muchos pagan puntualmente sus deudas e inclusive altos intereses, sin plantear ninguna queja. También sabemos que el empresario crea riqueza y que da trabajo, que pone en movimiento los aparatos productivos, pero a su vez sabemos que sin débiles consumidores que dejen vacías las góndolas, vayan de vacaciones o compren automóviles, las empresas cerrarían sus puertas inmediatamente. En consecuencia, me parece justo que haya un mecanismo legal que no ponga solamente el acento en que el crédito se tornaría oneroso por culpa de los morosos cuando siquiera se demuestra que porcentaje de incumplidores afecta a cada sector.
5.5. La prenda es un contrato accesorio del mutuo Lo accesorio sigue a lo principal. Este principio inveterado del derecho también sustenta la solución que considero adecuada. La subasta tal como está prevista en el artículo 39 de la Ley de Prenda, deshace todos los esfuerzos para incluir socialmente a las personas mediante contratos de financiamiento.
El secuestro de un automóvil prendado deriva de figuras contractuales conexas donde emerge explícitamente una relación de consumo. Debe darse ese carácter a toda operación financiera celebrada en el ámbito de la adhesión y del consumo. La financiación para el consumo tiene un fuerte impacto social y dimensiona al contrato fuera de ambientes estrictamente particulares. La movilidad social de los contratos de consumo dicta el ritmo del negocio jurídico moderno abierto a las muchedumbres que acceden a bienes y servicios.
Ese acceso a bienes y servicios asegura que la producción no se va a neutralizar por las crisis económicas y en esa difusión se consolida el derecho de propiedad de las personas más vulnerables. El consumidor es un débil contractual que asiste en forma pasiva a la formación del contrato en cuya genética no ha participado. El consumidor integra grupos, clases y categorías de personas. El Código Civil y Comercial recepta la defensa de los intereses colectivos. El derecho del consumidor avanza a pasos de atleta porque la relación de consumo ya tiene el caudal del océano. Es la naturaleza del contrato de consumo quien exige una adaptación de todas las ramas del derecho privado a su impronta.
También noto que el artículo 39 de la Ley de Prenda debe confrontarse con las leyes de Lealtad Comercial (Ley 22.802) y de Defensa de la Competencia. (Ley 25.156). (Art. 3° Ley 24.240 texto Ley 26.361). Digo ello porque constituye un universo jurídico el caudal de disposiciones que organizan la tutela del débil contractual, de modo que resulta, a mi entender, un argumento irrelevante, insistir en que las prerrogativas que la ley de prenda concede a favor de las instituciones autorizadas no necesariamente significa que la solvencia o el profesionalismo que detentan impida o disminuya la tentación de la cláusula abusiva, del abuso del derecho o del abuso de la posición dominante. Si así fuera, no se habrían creado en la jurisprudencia el concepto de cláusula abusiva ni hubiera sido necesario reformar constituciones, adherir a tratados, convenciones, instrumentos internacionales y legislación especial porque el equilibrio contractual entre los fuertes y los débiles sería un idilio o romance para el acceso al consumo y la contratación con función social. Sabemos que ese idilio o romance tiene las fugacidades del amor que pronto se olvida. Allí está la explicación de tanta normativa explícita. Esto no significa presumir que los contratos son en todos los casos abusivos y que los deudores pagan todas sus deudas. Simplemente significa que los controles administrativo y judicial tienen por objeto impedir abusos y que la tutela judicial efectiva es garante del derecho de defensa en juicio porque los contratos de adhesión y de consumo son figuras auto creadas.
La prelación normativa establecida en el artículo 3° de la ley de defensa del consumidor tiene su correlato en los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de La Nación. En efecto, “Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas en interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable…”. (Art. 1094 CCCN). Es importante destacar, para que no haya dudas que estamos en el camino correcto, señalar que el artículo 1094 citado en su último párrafo establece que “En caso de duda sobre la interpretación de este Código y las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”.
No debe olvidarse que “El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa” (Art. 1095 CCCN). Ello es derivación del artículo 42 de la Constitución Nacional. Por otra parte, y retomando los fundamentos del Anteproyecto de reforma de la ley 24.240 es preciso señalar que la conexidad contractual ha sido materia de especial regulación. Al respecto se ha propuesto en el art. 92: “Conexidad contractual en la operatoria de crédito para el consumo. Presunciones. Se entiende que existe un contrato de crédito conexo al de consumo cuando en virtud del primero, el consumidor obtiene financiación para la adquisición de bienes o para la prestación de servicios como destinatario final, y ambos contratos tienen una finalidad económica común. La conexidad contractual se presume: 1. Cuando se publiciten ambos contratos de manera conjunta, o en la publicidad de uno de ellos se haga referencia al otro; 2. Cuando existe una cooperación regular entre el proveedor de bienes y servicios y el de crédito, sin que se exija un acuerdo formal previo ni que sea concertado en exclusividad; 74 3. Cuando el contrato de crédito se ofrece o se celebra en el ámbito donde se desarrolla la actividad del proveedor de bienes o servicios y a la inversa; 4. Cuando en cualquiera de los contratos exista una referencia a las obligaciones emergentes del otro; 5. Cuando el bien objeto del contrato de consumo sirva de garantía de cumplimiento del contrato de crédito.”
Asimismo, en el art. 93 se regula la especial situación de conexidad contractual en la operatoria de crédito para el consumo, estableciéndose: “Efectos. Sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas generales y especiales, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al proveedor de bienes y servicios, el consumidor quedará habilitado a: 1. Suspender los pagos pendientes al proveedor del crédito; 2. Oponer el incumplimiento del proveedor de bienes y servicios, como defensa, en caso de ser demandado por el proveedor de crédito; 3. Peticionar una reducción proporcional del monto del crédito inicialmente otorgado, con la consiguiente disminución del importe de los plazos de amortización, en caso de cumplimiento defectuoso o parcial del proveedor de bienes y servicios; 4. Reclamar al proveedor del crédito el cumplimiento de la obligación impuesta al proveedor de bienes y servicios, previo requerimiento insatisfactorio contra este último; 5. Exigir al proveedor del crédito el resarcimiento de los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor de bienes y servicios; La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a su efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado. Si el consumidor ha ejercido su derecho de revocación del contrato con el proveedor de bienes y servicios que se ha financiado total o parcialmente mediante un contrato de crédito vinculado, dejará de estar obligado por este último, sin responsabilidad alguna.”
Estas reformas legislativas evidencian un nuevo paradigma frente a la interpretación de institutos como el que no ocupa, que requieren de quien juzga un esfuerzo en clave constitucional para garantizar efectivamente los derechos que consagra la letra de la ley. 6. No se trata de poner en la misma línea a leyes ordinarias y a la Constitución Nacional. No se trata de aplicar el viejo adagio que una ley general no deroga una ley especial No considero que la ley de prenda con registro por ser especial desplaza a la ley general con alusión a la ley de defensa del consumidor 24.240 reformada por ley 26.361. Considero que esa conclusión prescinde de considerar el llamado diálogo de fuentes.
La era del derecho privado constitucionalizado ha hecho perder actualidad a estas inveteradas fórmulas que tenían su aplicación doméstica en el derecho individual donde el océano jurídico se mostraba calmo. Cuando una ley especial resulta contraria a una ley general que protege al consumidor, la primera de ella debe ser reformulada para no estar fuera del ámbito de los derechos de incidencia colectiva. Ninguna ley particular puede ser aplicada a consumidores cuando carece del linaje constitucional que promueve a los derechos de tercera y cuarta categorías.
En el diálogo de fuentes, de inexcusable aplicación, prevalece la jerarquía de la ley sobre la especialidad.
La solución correcta que responde al bloque de constitucionalidad es aplicar la ley de mayor jerarquía.
Dispone el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de La Nación en su último párrafo que “En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”. (Arts. 42 CN, 1, 2, 14, 1101y 1095 Código Civil y Comercial; 1 y 3 Ley 24.240 texto Ley 26.361).
A partir de la vigencia del Código Civil y Comercial no hay dudas, a mi entender, siguiendo los fundamentos y lo dispuesto expresamente en el artículo 1094 que ha de prevalecer la disposición que mejor resguarde los derechos del consumidor. (Doct. Arts. 42 CN; 1, 2, 14 Y 1101 CCCN; 1 Ley 24.240 –texto Ley 26.994 y 3 Ley 24.240 texto Ley 26.361).
De manera tal que se vuelve vetusta la aplicación del viejo adagio que dispone que una ley general posterior no pueda derogar una ley particular anterior. Debe advertirse que en la época del derecho privado constitucionalizado y por aplicación del diálogo de fuentes, prevalece la ley de mayor jerarquía. Es evidente que el paso del tiempo (más de 70 años) ha tornado obsoleto al artículo 39 de la ley de Prenda con Registro, por otra parte, inmersa en una legislación coyuntural de una época diferente. En consecuencia, entre leyes generales, en este caso la ley de defensa del consumidor y el Código Civil y Comercial de La Nación, y una ley particular, tal la Ley de Defensa del Consumidor, por ser derivación de principios constitucionales vigentes, han de prevalecer sobre una ley particular anterior y dictada en una época donde se no se había planteado el derecho privado constitucionalizado. Prevalece el diálogo de fuentes. (Art.
42 CN).
Es razonable que frente a leyes que son discordantes por su sanción en tiempos diferentes y con soluciones opuestas, se aplique sin distinguir entre leyes generales y particulares, aquella que tiene mayor jerarquía. La aplicación de la teoría contraria sería igual que derogar al derecho privado constitucionalizado con la sencilla y formal solución de rescatar una ley especial anterior.
Pensemos que el derecho privado constitucionalizado no es la delicada prenda confinada al placar para ser utilizada en contadas ocasiones. Es la gala del derecho cotidiana.
El Dr. SOBRINO cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Banco de la Provincia de Buenos Aires vs. Dirección Nacional de Comercio Interior" (B. 721, XLIV), de fecha 19 de marzo de 2014) "...en los casos que presentan colisión de normas, no es la ley, sino la Constitución Nacional la fuente principal de los derechos de los consumidores…” (SOBRINO, Waldo Augusto: “La Ley General (Código Civil y Comercial) puede modificar una ley Especial (Ley de Seguros) (Nuevos principios legales) Junio de 2017 www.saij.gob.ar SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA Id SAIJ: DACF170266).
Resulta aplicable: “No es posible sostener una solución contraria sobre la base de afirmar que esta última ley es especial respecto de la ley 24.240, o que la garantía prendaria tiene también sus propias reglas que escapan a la regulación general prevista para el consumo. Ese razonamiento prescinde, por lo pronto, de que la defensa del consumidor ha dado lugar a un sistema autónomo cuyo campo de aplicación no se define por el contenido de los contratos, sino que los abarca a todos en tanto ellos sean celebrados por personas que reúnan aquellas calidades de consumidor y proveedor que señaló la Corte. Es decir: cuando se genera una relación de consumo -lo cual ocurre cada vez que en ella aparecen esas calidades personales de los partícipes-, el contenido del contrato pasa a un segundo plano.
Y esto pues, con la referencia a “contratos de consumo” no estamos significando un tipo contractual determinado, sino que, por el contrario, “…se está haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal prácticamente todo el universo de los contratos…”, resultando incalculable la cantidad de acuerdos que pueden revestir o no tal carácter, según se configuren o no los referidos presupuestos (Lorenzetti Ricardo Luis, Consumidores, 2da. Edición actualizada, año 2009, p. 275, Rubinzal-Culzoni). (HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ GENOVA, MARIO OSCAR s/SECUESTRO PRENDARIO Expediente N° 25347/2016 U S O O FICIA L Fecha de firma: 21/09/2017) “Estas consideraciones impiden argumentar que las leyes especiales -entre ellas, en lo que aquí interesa, la ley 12.962- prevalecen por sobre la ley 24.240, que es de carácter general.
Ese razonamiento, se reitera, no percibe que no existe aquí ninguna relación de género a especie en esos términos, de modo que, cuando hay relación de consumo -que existirá cualquiera que sea el contenido del contrato-, ella deberá ser regulada por la referida ley 24.240 y sus normas concordantes, desplazando, en su caso, a toda disposición que disponga en contrario.” “Así debe resolverse, dando preferencia a esa ley, por ser ella de fuente constitucional, extremo que denota que la solución de conflictos normativos no puede guiarse por la aplicación de las reglas tradicionales que autorizan a fundar la prevalencia de una norma en la circunstancia de que sea anterior, o especial… (sic, Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores”, p. 49, ed. 2009; el resaltado es nuestro), sino que debe buscarse en las pautas que rigen la jerarquía constitucional de las disposiciones enfrentadas (art. 31 CN).
Esa fuente constitucional del estatuto consumerista surge de lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional que se transcribe a continuación porque lo amerita el caso, a saber: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno…” Y, como si fuera poco, agrega que “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos…”, de lo que se deriva que aquéllas –dentro de las que naturalmente se encuentran incluidas los jueces- tienen esa obligación constitucional específica, que, en lo que aquí interesa, obligará a hacer lo conducente para asegurar la prevalencia de las normas respectivas.
La contundencia de los textos constitucionales citados es tal, que la ley 24.240 no puede ser considerada una ley más: es reglamentación específica de esas normas constitucionales, lo cual conduce a la antedicha HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ GENOVA, MARIO OSCAR s/SECUESTRO PRENDARIO ...conclusión según la cual, por imposición de la jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional, esa ley -y disposiciones concordantes debe prevalecer por sobre cualquier otra norma que se le oponga. De esto se deriva, en lo que aquí interesa, que la posición que otorga preeminencia al art. 39 de la ley 12.962 por sobre las disposiciones que rigen el derecho del consumidor, no puede ser compartida.
Cuando el contrato que justifica el secuestro y cobro allí regulados ha generado una relación de consumo, ese contrato y todas sus consecuencias deben considerarse regidos primero y principalmente por la ley de defensa del consumidor, y supletoriamente por esas normas específicas, cuya aplicación procederá en tanto y en cuanto no hayan resultado modificadas por aquélla.·(“HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ GENOVA, MARIO OSCAR s/SECUESTRO PRENDARIO Expediente N° 25347/2016/ Juzgado N° 9 Secretaría N° 18 Buenos Aires, 21 de septiembre de2017.). (www.fiscales.gob.ar/.../HSBC-Bank-Argentina-S.A.-c.-Genova- Mario-Oscar-s.-secuest..).
No es posible sostener después de tantos cambios en el derecho una solución fundada en una legislación ya cuestionada antes de la era del consumo. (Ver los cuestionamientos que realizó FARINA (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, publicado en EL DERECHO, Tomo 121, páginas 8421/844, publicación de 1988). Los derechos no se ejercen solo hasta la mitad del camino. El derecho constitucional asegura el derecho de defensa en juicio. (Art. 18 CN). El debido proceso no puede relegarse en ningún caso aun justificando prerrogativas del derecho comercial o de los derechos reales, que no constituyen sectores aislados del derecho y al igual que todas las otras ramas jurídicas deben tener vasos comunicantes con la Constitución Nacional. Ningún principio de celeridad para que el acreedor cobre rápido puede llevar al extremo de olvidar a la constitución nacional. Cuando un ciudadano es privado de su derecho de propiedad, inclusive cuando no sea un consumidor, sin intervención de los jueces, se lesiona la garantía al debido proceso que antaño era propia del derecho penal y en su evolución se asimiló a todos los procesos con contenido patrimonial. Aplicando estos conceptos debe afirmarse que “ningún habitante de la Nación podrá ser penado o ejecutado en sus bienes sin juicio previo fundado en ley”, y añado con suficiente intervención para que pueda ser oído, respetando los ámbitos de celeridad procesal que se admiten en los rápidos terrenos de la ejecución. El art. 17 de la Constitución Nacional, prescribe que ningún habitante de la nación puede ser privado de su propiedad “sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
Resulta evidente que los principios constitucionales que son originarios y han sido considerados en la reforma de 1994 deben ser asimilados con integralidad. En caso de duda debe aplicarse la ley más favorable al consumidor.
La legislación controvertida también contradice al principio de conservación del contrato, al no dar soluciones alternativas al secuestro prendario.
El artículo 39 de la Ley de Prenda inclusive desplaza disposiciones del Código Civil originario que ya tutelaba a una prenda menos gravosa según la situación del deudor y el valor de la cosa prendada, basta para ello repasar la prohibición contenida en el texto del artículo 3222 del Código Civil que muy bien recuerda MORINIGO cuando sostiene en el repaso de las corrientes de opinión sobre la constitucionalidad del artículo 39 de la ley de Prenda: “Esta prohibición es receptada por nuestra legislación en el art. 3222 del Código Civil, el que establece que “es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda, aun cuando ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de los modos establecidos en este título”. (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 (www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1). Seguir el rumbo de una señal ya vieja nos puede hacer llegar a lugares equivocados.
Debe tenerse en cuenta que el artículo segundo del Código Civil y Comercial de La Nación dispone que “la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento” y se impone al juez el deber de “resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada” (art. 3º CCCN), adecuando las disposiciones del Código Civil que determinaba en el artículo 15 el deber de juzgar sin que puedan valerse del pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, sin la exigencia de dar en todos los casos una solución razonablemente fundada y tampoco sin hacer mención a los tratados de derechos humanos porque en aquella época el derecho constitucional no contenía este bloque de constitucionalidad y no se habían por entonces construido los principios del derecho de las convenciones y los tratados cuya jerarquía constitucional también constituye una evolución jurídica moderna. (Art. 75 inc. 22 CN). En consecuencia, el intérprete actual no está limitado a la lectura de la ley ordinaria y tiene la obligación de repensar el derecho desde los principios constitucionales. Esta orientación se determina en la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP): “Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, B4203054 JUBA).
No tenemos un nuevo código porque se ha legislado su sustitución como simple antecedente legislativo. El nuevo código impone, tal como se anuncia en sus fundamentos, la aplicación del principio del derecho privado constitucionalizado que se traduce en tornar operativos todos los derechos fundamentales que emanan de la Constitución Nacional de 1994 y de los tratados y convenciones que asimilan igual jerarquía. En este contexto aplicar viejas fórmulas aun cuando deriven de jurisprudencia estable y acuñada en épocas anteriores a la entrada en vigencia del nuevo código, es más bien propio de épocas donde los principios eran programáticos y requerían una reglamentación concreta. Entonces seguir decidiendo sobre el artículo 39 de la ley de prenda como si no se hubiera evolucionado en los derechos, es no dar respuesta a la exigencia de decidir en forma razonablemente fundada.
El código y toda ley complementaria, deben ser obedientes a los principios constitucionales que resultan principales por su función integradora y muy útil en aquellos casos de situaciones no regladas o cuando se adviertan contradicciones entre distintas leyes, de modo que en todos los supuestos ha de prevalecer una solución compatible con la aplicación de la ley de mayor jerarquía.
Los tratados de derechos humanos contienen principios universales que resguardan los bienes fundamentales de las personas y de la sociedad, entre ellos las garantías de igualdad y de defensa de la propiedad. Los conceptos de trato digno, equitativo y no discriminatorio deben ser orientadores de soluciones que aseguren al ciudadano sus derechos. (Art. 42 CN).
Los principios constitucionales impregnan a todo el derecho de esa impronta necesaria para que cada garantía se torne operativa y no se diluya frente a reglamentaciones particulares. El derecho privado responde al bloque de constitucionalidad. Los derechos y garantías están tutelados en forma explícita e implícita. (Art. 33 CN). El derecho es universal y distante de ideologías, prevaleciendo el concepto de derechos humanos y de persona humana.
En consecuencia:” De modo que, a luz de lo expresado, el nuevo Código enfatiza una concepción según la cual a las relaciones jurídicas de carácter privado le son efectiva, operativa e inmediatamente aplicables las normas constitucionales que tutelan la protección de los derechos fundamentales de la persona. Tal concepción constituye una pauta hermenéutica cardinal en la estructura del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.” SANTIAGO PEDRO IRIBARNE Marzo de 2015 Revista Derecho Privado. Año III, N° 10. Ediciones Infojus, p. 111 Infojus Id SAIJ:
DACF150440).
7. El principio de igualdad frente a la ley El artículo 39 de la ley de prenda con registro vulnera el principio constitucional de igualdad frente a la ley (Artículo 16 Constitución Nacional; art. 11 Const. Prov. Buenos Aires), porque somete a determinados deudores a un sistema extrajudicial de ejecución auto liquidable totalmente opuesto a otras ejecuciones que aseguran el debido proceso. (Artículos 16 y 18 Constitución Nacional).
Ningún interés sectorial o corporativo por más importante que sea para la producción y el crédito puede diferir derechos que con esa práctica después se tornan abstractos en desmedro de la persona humana cuyos valores se aprecian en la época actual en una dimensión superlativa, a diferencia de antaño donde el individuo y su autonomía dominaban la escena del derecho.
La mencionada disposición vulnera el derecho de igualdad frente a la ley, al conceder a determinados acreedores prendarios de privilegios que no tienen otros ciudadanos al autorizarlos a subastar bienes sin seguir un proceso judicial. Al respecto señala FARINA: “…no se advierte a título de qué, a estos acreedores prendarios por el solo hecho de ser una entidad financiera, se le otorgan semejantes poderes omnímodos y omnipotentes confiriéndoles un privilegio del que no gozan el resto de los habitantes de La Nación: prescindir de la acción judicial para el reconocimiento de derechos litigiosos. La circunstancia de tratarse de una entidad financiera no crea a su favor ninguna presunción de infalibilidad, honestidad, objetividad, imparcialidad ni seguridad jurídica. La experiencia nos demuestra a diario lo opuesto. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que la ley ponga en manos de un grupo de particulares, por el solo hecho de adoptar la forma de entidad financiera, semejantes poderes? (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-844).
Ello no ofrece dificultad en diversos títulos ejecutivos: factura conformada, cheque, pagaré, leasing y garantía hipotecaria. Lo atípico tiene que ver con el certificado de prenda con registro y otras leyes similares, al regularse un trámite que no prevé la intervención del deudor.
Tampoco hay simetrías con el proceso de ejecución hipotecaria.
Ello torna indócil la solución legal del artículo 39 de la Ley de Prenda, suscitando desigualdades entre los deudores. La doctrina ha señalado: “No se pasa por alto que en el régimen similar de la ejecución hipotecaria extrajudicial no se contempla ninguna limitación relacionada con sujetos especialmente habilitados para recurrir al régimen regulado en el Título V, de la Ley N° 24.441. El único recaudo previsto por el Art. 52 de la referida ley es que la posibilidad de recurrir a la vía extrajudicial haya sido pactada expresamente.” (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013,Cita: IJ-LXXI-486, (www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo =68486&print=1 ).
“También podrá sostenerse que si el Legislador no ha previsto ninguna limitación para la ejecución extrajudicial de inmuebles –respecto de los que siempre ha tenido una regulación legal más rigurosa que para los bienes muebles- no se justificaría mantener la restricción para la prenda con registro.”
“Sin embargo, estos posibles argumentos deben ser desechados, ya que la autoliquidación del sistema del art. 39 de la L.P.R. es mucho más intenso que el previsto en la Ley N° 24.441 para la hipoteca.” (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 (www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1). “No debe perderse de vista que el código civil y comercial de la Nación ha jerarquizado a los bienes muebles registrables e inclusive unificado en algunos efectos las exigencias formales, por ejemplo la escritura pública para la donación”.
“En efecto, en el sistema de la L.P.R. el trámite de secuestro prendario tramita inaudita pars, y la ley expresamente veda al deudor realizar todo tipo de planteo para obtener la suspensión de la medida ya decretada. También es claro que la ley manda que todos los planteos que el deudor tuviera que realizar quedan relegados para el juicio ordinario. Entonces, si un acreedor inescrupuloso – o tal vez negligente, para no descartar que lo haga por error- promueve el secuestro prendario, el deudor no podría demostrar que no se encuentra en mora, exhibiendo los recibos de pagos extendidos por el acreedor”.
La doctrina expresa: “La situación de la ejecución hipotecaria extrajudicial es diferente. Aquí sí se contempla la participación del deudor. Tanto es así que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 54 de la Ley N° 24.441, antes de disponer la desocupación del inmueble gravado y su entrega al acreedor, el juez debe citar al deudor por cinco días para otorgarle el derecho de oponer las excepciones contempladas en el art. 64 de la misma ley”.
“Resta señalar que el inciso a) del mencionado art. 64 prevé como excepción oponible por el deudor la inexistencia de mora. Entonces, como se observa, en este sistema de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria son mucho más reducidas las alternativas de abuso por parte del acreedor. El previo control judicial, con intervención del deudor, alejan dicha posibilidad.” (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo =68486&print=1).
8. El derecho de defensa en juicio El derecho de defensa en juicio (Arts. 18 Constitución Nacional; 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires) constituye una columna del derecho procesal que no admite, a mi entender, ningún tipo de excepciones y con mayor razón si para soslayar esta garantía se acuñan conceptos economicistas o basadas en el pragmatismo de los negocios jurídicos que promueve el oferente.
La doctrina ha señalado: “Tiene dicho Farina que el sistema contemplado por la ley prendaria exhorbita las facultades de los particulares, atribuyendo al acreedor las facultades propias de un verdadero juzgado. De este modo se daría una suerte de “justicia por mano propia”, situación vedada en nuestro derecho” (MOIA, Àngel Luis y PRONO, Patricio Manuel “La prenda con registro y su realización”, con cita de FARINA, Juan M., “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, ED 121-842).
Añaden los autores citados: “Igualmente, sostiene el profesor rosarino, ciertas instituciones son beneficiarias de una prebenda tal que anula las posibilidades de defensa efectiva por parte del dueño de la cosa. Es que “la circunstancia de tratarse de una entidad financiera no crea en su favor ninguna presunción de infalibilidad, honestidad, objetividad, imparcialidad ni seguridad jurídica. La experiencia nos demuestra a diario lo opuesto”.(Autores citados, obra citada, pág. 615 con cita de (FARINA, Juan M., “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, ED 121-844).
Las soluciones que se dan sobre la base literal de un texto cuestionado, sin explorar si tienen simetría con el derecho actual, no consultan la firme evolución del derecho privado. Si se admite una relación de consumo hay que aplicar la ley de defensa del consumidor. La intervención del consumidor es insoslayable en todo proceso que afecte sus derechos y esta cualidad es una referencia directa del deber de información que no se limita a las preliminares de un contrato o a su cumplimiento porque se explica también a la obligación de ser informado y oído en un trámite judicial. (Art. 4 ley 24. 240 texto Ley 27.240) e interpretación Arts. 3, 5, 7, 8, 19, 36 y 37 Ley 24.240 texto Ley 26.361; 1095 CCCN); (Art. 42 CN). Encontramos rápidamente un déficit grosero en el artículo 39 porque no prevé la intervención del deudor. El consumidor tiene derecho a un proceso justo, inclusive cuando por los antecedentes del título o la garantía, resulta aplicable el proceso más breve o ejecutivo que prevea la ley local. No entiendo cuando se afirma que en el trámite del artículo 39 de la ley de prenda porque no está previsto su intervención, el consumidor no pueda defenderse. El derecho de defensa en juicio tiene raigambre constitucional y ninguna ley reglamentaria o de inferior jerarquía puede ignorarla. Es más, aun con antelación a la intervención del deudor, es obligación del juez explorar minuciosamente los documentos que el acreedor presenta ante los estrados para reclamar el secuestro prendario, y en caso de ser necesario requerir su integración con otros antecedentes, por aplicación de la ley de defensa del consumidor.
El orden público es inderogable y los jueces deben actuar de oficio, inclusive cuando se consiente la cláusula abusiva. (Art. 65 Ley 24.240 texto Ley 26.361).
En este contexto el juez no debe limitarse a dar curso al secuestro prendario para la subasta extrajudicial del automóvil. De manera tal que por mandato constitucional que ha receptado los derechos de incidencia colectiva y viene desde hace décadas librando una batalla evolutiva que se advierte en nutrida doctrina y jurisprudencia y en el crisol de leyes que tienen la impronta del orden público, carece de nutrientes la repetida idea que el artículo 39 de la ley de prenda constituye una actividad jurisdiccional limitada a la simple comprobación de admisibilidad de la medida y su diligenciamiento, por considerársela una vía jurisdiccional voluntaria, sin intervención del deudor, para obtener la orden de secuestro de un vehículo, agotándose su finalidad con la entrega del bien pignorado al acreedor prendario para que proceda a su subasta extrajudicial. La solución de no dar intervención al deudor es incompatible con el derecho de defensa en juicio del deudor y con mayor razón con la relación de consumo. (Art. 42 CN; Art. 65 Ley 24.240). Entre otras cuestiones el juez de oficio debe verificar los requisitos de venta de crédito y la competencia. (Art. 36 Ley 24.240). Respecto de los términos abusivos y cláusulas ineficaces, la solución debe ser la más favorable al consumidor (Art. 37 Ley 24.240). El debido proceso y el derecho a ser oído constituyen garantías constitucionales.
El artículo 39 de la ley de Prenda con Registro vulnera disposiciones constitucionales porque confiere a las entidades financieras mencionadas del derecho a solicitar el remate de los bienes prendados sin un proceso constitucional justo, afectándose con ello el derecho de defensa en juicio del deudor y soslayándose la tutela efectiva. (Art. 18 Constitución Nacional). Sostiene con razón el distinguido autor Juan M. FARINA que “Esta norma atenta contra el elemental principio básico de nuestro ordenamiento jurídico de que nadie puede hacerse justicia por mano propia sino que todo diferendo debe someterse a conocimiento y resolverse por los jueces naturales. (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-842).
Los frágiles sustentos del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro se volatilizan aún más cuando se piensa que en años recientes se ha planteado la ilegitimidad del artículo mencionado “en su generalidad cuestionando la modificación producida mediante el decreto 897/95. Esta norma, bajo la excusa de “ordenar” el texto vigente, introdujo importantes modificaciones en el articulado de la ley 12.962” (Ver MOIA, Ángel Luis y PRONO, Patricio Manuel, “La prenda con registro y su realización”, citada, pág. 615, con cita de ZIULU, Adolfo Gabino, ¿Es constitucional la nueva ley de prenda con registro?, LA LEY 1998-a, 1014).
No hay trámites diminutos ni pretensiones autónomas que autoricen a prescindir de la intervención del afectado. El cauce del artículo 39 de la Ley de Prenda excede el ambiente cautelar y conservatorio que pudiera tener una medida para asegurar los derechos del acreedor. En este aspecto el intérprete debe ser muy exigente con las leyes que promueven la exclusión del afectado porque el texto literal no explica por si solo la naturaleza del derecho de defensa en juicio y cuando se soslaya esta garantía debe efectuarse una fuerte compulsa de la legislación particular con los principios básicos del proceso civil y comercial. Mi teoría es simple: sin acceso a la justicia, sin derecho de defensa en juicio se quiebra el escudo protector de los débiles contractuales. No basta, vuelvo a decir, con reenviar al consumidor a un juicio ordinario posterior cuya finalidad es abstracta. ¿Recuperará su automóvil saldando el precio? Indudablemente no es posible porque el bien prendado fue subastado en forma privada. Le entregaran las monedas cuando le ofrezcan una rendición de cuentas extrajudicial y que camino deberá empezar a recorrer cuando entienda que es injusta. ¿Se abrirán entonces para el débil contractual las puertas de los Tribunales o volverá mansamente a su casa sin procurar defensa alguna?
¿Sabemos los términos de la subasta? ¿La subasta privada garantiza los derechos del deudor? ¿Va a asistir un delegado del juez a la subasta? ¿Habrá garantías sobre la puja de los oferentes? ¿Quién comprará el vehículo? ¿Qué precio abonará? ¿Habrá un saldo? ¿Se citará inmediatamente en las oficinas del ejecutante al deudor para darle una espontánea rendición de cuentas? ¿Estará obligado el consumidor a discutir minucias en un juicio ordinario posterior cuando no sea satisfecho equitativamente y con estricta justicia respecto al saldo de la subasta? ¿Se le exigirán que afronte con ese saldo gastos y honorarios? Son algunas preguntas tal vez imaginadas porque no me consta lo que sucede en la trastienda después de una subasta privada. Sin embargo, estamos ante un débil contractual y ello es una verdad que también deben admitir los que son partidarios del secuestro prendario.
Por alguna razón se han simplificado los trámites de defensa del consumidor y abaratado sus costos, discutiéndose inclusive la procedencia del acceso gratuito a la justicia. ¿En el juicio ordinario posterior tendrá alguna ventaja en este aspecto o deberá afrontar la onerosidad del proceso? ¿Deberá esperar que el juicio de conocimiento tarde dos o más años para obtener una sentencia o se le dará inmediata satisfacción? Es absurdo conducir a una persona a un sinuoso camino para determinar entre otras situaciones si estaba en mora y cuánto adeudaba por entonces o si mediaron cláusulas abusivas y si es necesario morigerar el alcance de los intereses o más delicado aún, si en realidad había cumplido con los pagos. Tiene derecho hasta el deudor moroso a pagar su deuda cuando es oído. Ya sabemos que es necesario que quien presta dinero recupere pronto el crédito. Para ello están los procesos ejecutivos de conocimiento limitado, si bien en cierto modo más ampliados cuando hay una relación de consumo. Si bien se admite que en esos ambientes procesales se encuentran limitadas las defensas del deudor, ello no significa que no se le dé adecuada intervención y que en ese contexto pueda alegar lo permitido y conducente en los procesos de ejecución.
El procedimiento de secuestro prendario vulnera garantías constitucionales de defensa en juicio de tutela de los derechos de incidencia colectiva. (Arts. 19 y 42 Constitución Nacional)- Vulnera derechos humanos al proceso justo. Los recursos ulteriores a la subasta judicial no le garantizan al consumidor la adecuada defensa en juicio de sus derechos puesto que sobre la realización del bien y aun considerando la entrega de un saldo, su derecho de propiedad ya fue afectado.
Me parece más justo que el castigo para el deudor sea compatible con la gravedad de su incumplimiento en un proceso donde al menos pueda oponer excepciones o plantear recursos que le permitan la doble instancia que a mi entender no solo es una garantía del derecho penal sino también un baluarte del derecho privado constitucionalizado. Incluso se ha admitido que por esas razones tampoco procede la caducidad de instancia, de modo que la discrecionalidad en activar el trámite que pueda iniciar el acreedor no se condice con la liquidación que pareciera derivar de un proceso ejecutorio urgente a punto tal que no hay noticias al deudor de sus contingencias.
Para que liquidar un bien si notificado en un plazo breve el deudor puede saldar la deuda o consignarla. Si persiste su silencio el desarrollo del trámite es constitucional.
El artículo 39 de la ley de prenda no ha sido precisamente una literatura jurídica pacifica a los ojos de la doctrina. En cada época hubo miradas que también contemplaron ciertas posibilidades del deudor para intervenir en un trámite que podrá ser simple desde lo literal pero sumamente complejo en el equilibrio de derechos entre las partes. Imaginamos supuestos extremos, por ejemplo, una deuda inexistente o un pago que prácticamente es equivalente a un elevado porcentaje, como no admitir la audiencia al deudor. Acaso por un mero formalismo se va a obligar al deudor a recorrer el sinuoso sendero del juicio ordinario posterior, si el dilema se puede resolver en el rápido terreno de la ejecución. Nos resistimos a concederle carácter ejecutorio a un trámite desprovisto de garantías constitucionales. ¿Y si oído el deudor el juez declara la nulidad del trámite? Es función del juez prevenir nulidades y trámites innecesarios. La ley dice que no se suspende el secuestro y la subasta extrajudicial en caso de muerte del deudor. Sin embargo, en este supuesto puede haber un seguro. Ese tema parece que no puede discutirse en el trámite del artículo 39 de la ley de prenda.
No es posible que no se escuche al deudor, quien podría demostrar que pago todo el crédito y que hay inexistencia de deuda. Llevar adelante un trámite cuando no se debe nada resulta incompatible con el proceso justo. En base a ello entendemos que hay muchas razones para citar al deudor y darle audiencia. Se ha señalado: "Corresponde señalar que en punto a la inexistencia de la deuda la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “los tribunales inferiores están obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos, razón por la cual no pueden ser tenidas como sentencias válidas aquellas que omitan tratar en forma adecuada las defensas aludidas” (CSJN, sentencia de fecha 09/11/2004 in re “Municipalidad de Paraná c. Reula, Emilio R.”; Fallos 327:4832). Es que no puede exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos, circunstancia que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales (CSJN Fallos: 312:178, cons. 51 y 61; 278:346; 298:626; 302:861; 312:178; 318:1151; 294:420; 316:2153; 318:646; 323:816; 324:2009 y 325:1008; entre otros pronunciamientos). Esta Corte local también se expidió en sentido semejante, al declarar que tanto “la existencia de la deuda como su exigibilidad son de la esencia de todo proceso de ejecución, resulta entonces que planteada la cuestión, los tribunales deban considerar si se trata, la ejecutada, de deuda existente y exigible, pues no se puede llegar al extremo del rigor formal de condenar a una deuda cuya inexistencia o inexigibilidad luzca palmariamente de las constancias mismas de la causa" (CSJTuc., sentencia N° 1078 del 03/11/2008, en "Provincia de Tucumán -DGR- vs. Cajal Emma A. s/ Ejecución fiscal")..."
Se ha señalado respecto a un supuesto relacionado con el artículo 39 de la Ley de Prenda: “Al fallecer el demandado, encontrándose vigente el seguro de vida, conforme reseñamos, el saldo debía quedar saldado. En consecuencia, la deuda deviene inexistente y el presupuesto de hecho del secuestro pretendido por el actor no encuentra fundamento ni en los hechos ni el derecho”.
“Consideramos que el obrar del banco no merece el resguardo procesal que otorga el art. 39 de la Ley de Prenda y que no puede exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir el secuestro prendario con fines de la venta extrajudicial del bien cuando la deuda es inexistente -por mediar un seguro de vida vigente- cuando dicha inexistencia resulta manifiesta en autos, circunstancia que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales. Imponer a los padres del demandado fallecido un juicio posterior para acreditar la inexistencia de deuda que en estos autos constatamos en forma manifiesta, resultaría contrario a los más elementales principios de Justicia, celeridad y economía procesal, máxime cuando si el banco actor hubiese obrado conforme a su deber de informar oportunamente -impuesto por la Ley de Defensa al Consumidor- el presente proceso se hubiese evitado.”
“Consideramos que el proceso debe ser un intento por develar la verdad y un esfuerzo por alcanzar la Justicia.” (Autos: "Icbc Bank (Industrial And Commercial Bank Of China Argentina S.A.) C/ Bazan Ernesto Raul S/ Secuestro Prendario" - Expte. 238/14.- S. M. de Tucumán, 08 de septiembre de 2017 Sentencia Nro. 315 https://dpicuantico.com/sitio/wp.../09/JURISPRUDENCIA-COMERCIAL-27-9.pdf).
8.1. Los principios del proceso civil clásico son derogados con el secuestro prendario inaudita parte La constitucionalización del derecho privado es una conquista del ciudadano como tal. No constituye una prerrogativa del ciudadano en función de su profesión o actividad. Entiendo que con la sanción de la ley de defensa del consumidor de 1993 y sus sucesivas modificaciones, la reforma constitucional de 1994 y la puesta en vigencia del código civil y comercial de La Nación que ha puesto en la cresta de la ola y como un crisol sobre el océano la tutela irrenunciable de los consumidores, toda ley anclada en el tiempo y que en su momento respondía a su época, experimenta una confrontación con los principios constitucionales porque deviene incompatible con el nuevo sistema jurídico sustentado en la majestad de los derechos de tercera y cuarta generación.
Los códigos no valen por la ebullición de sus artículos, tienen valor por sus principios. Si asimilamos los principios de un código no vamos a tener ninguna dificultad en comprender la finalidad de cada disposición y advertir si su texto resulta contrario a sus principios. Con ello el atento lector podrá advertir defectos de técnica legislativa, derogaciones tácitas o disposiciones que se contraponen. En ningún caso los textos literales pueden constituir un encierro para el intérprete. Los principios son liberadores frente a situaciones complejas donde la intrincada lectura pareciera que nos convence con la primera mirada.
No debemos olvidar que el derecho constitucional tiene mandatos muy explícitos. El Código Civil y comercial de La Nación ha superado el texto de los artículos 15 y 16 del Código Civil porque cuando el genial codificador trazo en manuscritos la magna obra que perduró por tres siglos (parte del siglo 19, todo el siglo 20 y casi década y media del presente siglo), el mundo jurídico se cautivaba con la primera generación de derechos. El nuevo código civil y comercial de La Nación no se escribió a la luz de una lumbre encendida por un fósforo mientras las mulas, los asnos, los bueyes y las carretas tiraban los carros hacia adelante. El Código Civil y Comercial es resultado de las nuevas categorías de derechos y lleva en su genética la ardua labor de largos años de doctrina y jurisprudencias evolutivas. El intérprete cuando se abraza a la atenta lectura de una ley especial, lo primero que debe advertir es si resulta contraria al bloque de constitucionalidad. Estos principios están explicados en los fundamentos del Código Civil y Comercial de La Nación. Cuando se habla de las prerrogativas del derecho comercial no debe obviarse que este ordenamiento jurídico que ha nacido en las prácticas de los comerciantes también se ha constitucionalizado y que ese logro que enaltece al jurista moderno es el derecho de la unificación civil y comercial. Buscar la solución en una ley que escapa al nuevo sistema social de derecho es seguir validando prerrogativas que resultan contrarios al bloque de constitucionalidad e inclusive a la ley de defensa del consumidor y al Código Civil y Comercial.
Los derechos constitucionales son operativos y en consecuencia no es excusa la falta de legislación ni la vigencia de una ley particular opuesta a los nuevos vientos constitucionales.
A mi entender, el planteo del caso no se resuelve exclusivamente sobre el rodeo a leyes o artículos puntuales, como si fuera el diamante que entendemos encontrar con la lectura de una ley antigua cuya especialidad debe ceder frente a la jerarquía de la Constitución Nacional, los Tratados, los Instrumentos Internacionales y las leyes que se fueron dictando siguiendo la brújula del constitucionalismo. El planteo del caso se resuelve aplicando los nuevos principios del derecho privado constitucionalizado. En cuanto a los principios fundamentales del derecho procesal que resultan vulnerados por el artículo 39 de la ley de prenda con registro, el destacado autor Juan M. FARINA sostiene que son: a) Principio dispositivo; b) Principio de contradicción, c) Principio de escritura y d) Principio de publicidad. (“Ejecución de Prenda con Registro por las entidades financieras”, EL DERECHO 121, pág. 844).
9. Las garantías procesales alcanzan al derecho civil y comercial Sostiene THEA que las garantías procesales no son exclusivas del derecho penal y deben ser interpretadas con criterio amplio. “Creemos que esta interpretación es incorrecta, y por ello debemos aclarar que, para nosotros, todo el elenco de garantías procesales establecidos en el artículo 8 de la Convención es aplicable, en cuanto sea compatible, a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como lo ha confirmado en forma constante y reiterada la jurisprudencia de la Corte IDH” (THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047). "Como lo ha señalado recientemente la Corte IDH en el Caso Claude Reyes, la respuesta es afirmativa, es decir, todos los órganos del Estado, tanto en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, administrativas o legislativas, deben cumplir con el debido proceso legal”. “Ahora bien, establecido que el debido proceso legal debe ser respetado por todos los órganos del Estado en el ejercicio de las diversas funciones estatales, cabe interrogarse si existe alguna diferencia en su aplicación a los distintos procesos y, en caso afirmativo, cuáles”. “Ya dijimos en la introducción que, mientras el debido proceso sustantivo, como garantía de razonabilidad, se aplica de igual forma a las decisiones provenientes de cualquier órgano del Estado, por el contrario, la determinación de qué garantías procesales del debido proceso adjetivo - y con qué alcance- son aplicables en el ejercicio de las distintas funciones estatales, dependerá de las particularidades que se presenten en cada caso y proceso concreto”.
“En consecuencia, debido a que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención se aplican directamente, y sin necesidad de mayores adaptaciones, a los procesos judiciales, creemos necesario hacer, en forma previa, algunas referencias generales sobre las características más salientes de la garantía del debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo, y en el legislativo de sanción de las leyes, ya que serán de utilidad para la aplicación y adaptación de cada garantía procesal en dichos ámbitos.” (THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047).
En consecuencia, siendo operativa la garantía del debido proceso no constituye excusa la falta de regulación legal o la vigencia de una ley que cercena este derecho, debiéndose adecuar los procedimientos a un ambiente procesal de bilateralidad suficiente y compatible en este caso con la celeridad de un proceso cautelar ejecutorio. Después de ser oído el deudor, y en caso de resultar pertinente, podrá el juez ordenar la subasta. El deudor debe ser oído en la primera oportunidad donde se afectan su derecho de defensa en juicio. Caso contrario su derecho se torna abstracto porque su ejercicio luego de la subasta extrajudicial del automóvil carecerá de la extensión y dinamismo necesarios para que su ejercicio sea pleno. Diferir la defensa del derecho de propiedad para después de la liquidación del bien prendado supone un estado de indefensión incompatible con una garantía constitucional operativa. El juicio ordinario posterior es visto como una postergación del derecho de defensa en juicio cuando los derechos son actuales y se relacionan con la tutela de un valor determinado en cuyo alcance se construye el derecho de propiedad. Diferir a un juicio de conocimiento posterior que es inusual, atípico, complejo y especialmente oneroso toda intervención del deudor significa una desigualdad manifiesta entre acreedores y deudores, especialmente cuando se justifica el sistema en la idea que favorece económicamente al primero por el recupero rápido de los créditos en trámites simples y sin onerosidad. Además en el sistema del juicio ejecutivo, a diferencia del régimen de la prenda, el juicio ordinario posterior está exclusivamente limitado para el debate de aquellas cuestiones que resultan propias de la causa de la obligación.
9.1. El artículo 39 de la Ley de Prenda y la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica Resulta evidente que los Estados parte están obligados a adecuar su legislación a los principios del pacto de San José de Costa Rica. (Art. 2°). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) fue aprobada por la República Argentina por Ley 23.054, que comenzó a regir el 5 de septiembre de 1984.
El artículo 8 de la Convención Americana consagra las garantías judiciales que son consideradas como un eje básico en la estructura de protección de los derechos humanos. El derecho al debido proceso legal no se ciñe estrictamente al derecho penal porque su expansión alcanza a todas las relaciones jurídicas. De modo que no puede admitirse un trámite que no asegure, entre otros derechos, el acceso a la jurisdicción, la intervención del juez natural, independiente e imparcial, considere la presunción de inocencia en este caso asimilable al derecho privado constitucionalizado, igualdad de las partes y equidad de los procedimientos, inviolabilidad de la defensa en juicio y decisión justa, dictada en un plazo razonable. Además, el proceso justo debe asegurar la aplicación de la ley de defensa del consumidor y el criterio de interpretación que no puede olvidarse cuando hay una relación de consumo. Estas garantías no son satisfechas por el artículo 39 de la ley de prenda.
En un impecable artículo de doctrina el Dr. Guillermo V. FARINA sostiene fundamentos que no advierto controvertidos en las sentencias que tienen una solución basada en otro rumbo, que no aluden siquiera. (FARINA, Guillermo V. “El Pacto de San José de Costa Rica (“Algunas consideraciones en materia comercial. El artículo 39 de la ley de prenda con registro”, La Ley 1988-E, 1142). Destaco la importancia de ese trabajo de doctrina porque data del año 1988 es decir es anterior a la ley de defensa del consumidor y a la reforma de la Constitución Nacional, y por entonces sin la constitucionalización del derecho privado en auge, el prestigioso autor ya destacaba que la mencionada disposición no asimilaba los principios de la Convención. (Arts. 8 punto 1 (La persona tiene derecho: 1) a ser oída; 2) con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable; 3) Por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley).
La solución contraria en este aspecto tiene un excesivo acatamiento al texto literal del artículo 39 de la ley de prenda, prioriza la economía del oferente y no reflexiona sobre los derechos de raigambre constitucional y sobre la elemental tutela, ya no solo del consumidor, sino de cualquier deudor, en el proceso judicial moderno, liberado de protagonismo dispositivo e inmerso en una caudalosa fuente de derecho constitucional. Inclusive el Decreto 897/95 ha sido controvertido por parte de la doctrina por su eventual inconstitucionalidad.
Me parece que adecuar una ley exclusivamente a las reglas de igualdad y libertad de mercado no necesariamente satisface en materia de secuestro prendario los derechos de los consumidores.
De modo que si bien entendemos razonable la postergación de ciertas cuestiones cuando se tratan de juicios ejecutivos, consideramos que tiene otra gravitación diferir nada menos que el derecho de defensa en juicio porque el legislador en el lejano 1947 al ratificar un decreto del año 1946, ha privilegiado la realización de la garantía.
Es cierto que el deudor muchas veces no se presenta, en cuyo caso el trámite aun es más expedito. En otras veces si se presenta y en algunos casos plantea defensas verosímiles y en otras meramente dilatorias o inoficiosas que lo someterá a la imposición de costas. Estos balbuceos de la conducta humana no justifican sacrificar el derecho de defensa sobre la presunción que tamaña dilación ha de perjudicar al acreedor como sostenedor del crédito. Si con la garantía de defensa en juicio se cree que se distorsiona el funcionamiento del mercado de créditos, tal como opina una orientación de doctrina, mayor daño se provoca al ejercicio de los derechos constitucionales cuando el deudor es expulsado de un trámite que concierne a su derecho de propiedad.
El estado social de derecho se fragmenta con leyes que contrarían garantías elementales o aseguran privilegios a la parte fuerte de la relación jurídica. Es un deber ineludible de la jurisdicción aplicar a toda contienda los principios constitucionales que comprenden a los tratados internacionales a los que ha adherido la Nación Argentina.
No nos olvidemos que las garantías constitucionales constituyen cláusulas operativas que no requieren su reglamentación. Ello significa que los jueces deben asegurar el ambiente procesal sobre la base de los principios relevantes para la defensa de los derechos que la Constitución y los Tratados aseguran cuando se carece de una legislación de fondo o procesal adecuadas, o bien apartar la ley que contradice la majestad de esos principios y resolver exclusivamente con la aplicación directa de La Constitución y los Tratados. Es decir que la discrecionalidad del acreedor sobre la base del artículo 39 de la ley de prenda requiere el necesario equilibrio que asegure las garantías constitucionales.
9.2. Causas y consecuencias del secuestro prendario que afectan los derechos de propiedad y de defensa en juicio del deudor Ningún trámite de venta privada asegura el derecho de defensa en juicio que por su trascendencia no es diferible a otras acciones o procesos. Resulta curioso que mientras que al deudor no se le realiza ninguna situación o emplazamiento previo al trámite, el acreedor puede proceder a la venta privada de los bienes sin que esté acreditado en debida forma que el deudor no ha pagado o cuánto ha pagado del saldo, fecha de la mora y eventuales requerimientos del acreedor. Ello lo destaca MORINIGO, en el panorama de las posiciones antagónicas, citando a CAMARA. (Obra citada, Cfr. Cámara, Prenda con registro…, Pág. 546.). Cfr. Rivarola, Mario A., T. IV, n° 1661, Pág. 107, citado por Cámara, Prenda con registro…, Pág. 546). (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486 &print=1). En el comercio moderno hay otras herramientas para proteger el crédito, tales como la financiación y en este aspecto la ley de prenda no asegura cuando se aplica estrictamente el secuestro prendario, la finalidad que se plantea en su aplicación. En cuanto al reclamo de la deuda que es un derecho legítimo del acreedor, el secuestro del bien prendado debe ser realizado en un proceso justo y constitucional.
9.2.1. Al deudor no se le permite solicitar la suspensión de la subasta por haber efectuado pagos FARINA critica la solución legal porque el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro no exige que el acreedor informe sobre el monto de la deuda. Sostiene el distinguido autor que “el deudor no tiene posibilidad alguna de pretender la suspensión del remate mediante el pago. Menos puede el deudor discutir el monto del crédito pretendido por el banco pues esto le está vedado por la ley. La cuestión reviste caracteres en cierto modo dramáticos en el momento actual dado que la prenda, a través de sus extensas cláusulas especiales, establece criterios indexatorios a veces de difícil determinación, tasas de intereses fluctuantes, intereses punitorios, no rara vez con referencia a la tasa Libor del mercado de Londres o cosas parecidas ¿Quién es el árbitro de toda esta cuestión?”.
“Sólo el banco acreedor, pues el banco remata los bienes, practica la planilla de lo que en su opinión es su crédito y el deudor nada puede hacer pues el único camino que le queda expedito es deducir con posterioridad un juicio ordinario por lo que tenga que reclamar al acreedor, si considera que la prenda es nula o que no debe lo que el banco pretende”. (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-842).
El artículo 39 de la ley de la ley de prenda ha sido interpretando en perjuicio del deudor en casos muy extremos como aquel donde solicitó que se deje sin efecto el secuestro con fundamento en que había pagado la deuda luego del inicio del trámite. El criterio correcto es permitir la intervención del deudor y considerar válidos los pagos efectuados y que el acreedor los impute a la deuda original, practicando liquidación a tales fines. Son soluciones justas que aseguran el ejercicio regular de los derechos y se fundamentan también en el principio de buena fe. (Arts. 9, 729 y 961 CCCN). El acreedor prendario es un profesional organizado que no puede ignorar cuánto le debe el deudor.
Imagino a un deudor que pagó parte de la deuda correr de ventanilla en ventanilla requiriendo informe sobre el resultado de la subasta, precio obtenido y reclamo de rendición de cuentas, por mencionar algunos reclamos verosímiles. ¿Le dirán que debe pagar gastos y honorarios? Ese camino sin un juez que haya previamente controlado la subasta.
Constituye un exceso ritual incompatible con la verdad objetiva y el delicado equilibrio entre premios y castigos desestimar un planteo serio de pago porque se trata de un trámite donde la actividad judicial está limitada a comprobar los recaudos de admisibilidad de la medida y cursar la orden de secuestro. ¿Es razonable que un acreedor insista en secuestrar un bien cuando el deudor ha normalizado sus pagos? En qué estante de la biblioteca han quedado los libros que enaltecen la buena fe en los negocios. Estas soluciones son contrarias al principio de cooperación entre deudores y acreedores y constituyen un caso extremo que facilita la interpretación literal del artículo 39 de la ley de Prenda.
Piénsese que en la década del ochenta del siglo pasado y en los años subsiguientes, la Cámara Nacional de Comercio con relación a la integralidad del pago y advirtiendo situaciones donde el acreedor no retiraba sumas depositadas por considerar que eran parciales en una época ´con altos índices de inflación, dio creación a una doctrina constitucional que se resume en el deber de colaboración del acreedor para no tornar la deuda más onerosa para el deudor y le ordenaba retirar el dinero que estaba a su disposición para ser después deducido de la respectiva liquidación. En el caso el deber de cooperación significaba una excepción al principio de la integralidad del pago.
La jurisprudencia del consumidor reciente ha considerado abusiva la conducta del acreedor que resiste los pagos del deudor luego de caer en mora. No veo por qué esta jurisprudencia enaltecedora de la función social del contrato no resulte aplicable al secuestro prendario. Habrá deudores que harán oídos sordos a la bilateralidad del trámite y otros que vendrán con premura a honrar las obligaciones. Los segundos no pueden ser expoliados porque se infiere de la mora y en todos los casos una calamidad que pone en grave riesgo al crédito.
Inclusive para los primeros debe haber también un trato justo. En todos los casos el castigo al moroso debe ser proporcional a la gravedad de su incumplimiento y no dimensionar la sanción como una medida ejemplar que le dé una lección a potenciales morosos. (Art. 794 CCCN).
9.2.2. El juicio ordinario posterior El derecho de defensa en juicio no está garantizado con el juicio de conocimiento posterior.
También advierto que quienes consideran que el derecho de defensa en juicio se soluciona con el juicio ordinario posterior, no han medido suficientemente su factibilidad, onerosidad y posibilidades de defensa en juicio que podría tener aquel al que no se le permite ser oído en el estrecho ámbito del artículo 39 de la ley de prenda. Resulta aplicable: “Por último, no debe dejar de reflexionarse acerca de la interpretación y alcances del art. 1821 del Código Civil y Comercial de la Nación, que autoriza al deudor a oponer contra el portador de un título valor, las defensas personales (causales) que tenga contra él, que por ser una norma legal nacional de fondo prevalece sobre las locales procesales, lo que robustece la inconstitucionalidad de la exigencia ritual del pago previo de la condena ejecutiva para tramitar el juicio ordinario posterior". (BARREIRA, Eduardo A. ¿Es inconstitucional el pago previo de la condena ejecutiva? Por Eduardo A. BarreiraDelfino, Cevasco, Camerini, Barreira Delfino, Polak, (www.abogados. com.ar, /es-inconstitucional-el-pago-previo-de-la-condena .../19504). Decirle al débil contractual que después que le hayan subastado extrajudicialmente el vehículo y satisfecho el acreedor su crédito, vaya a un juicio de conocimiento a demandar lo que considere que tiene derecho, incluyendo daños y perjuicios, no resuelve su derecho de defensa en juicio que como derecho sustancial y constitucional no puede ni debe diferirse a otras instancias o acciones.
Se ha señalado con relación al juicio ordinario posterior:“ El esquema así diseñado no admite ninguna defensa del deudor destinada a resistir la aludida orden de secuestro, ni a postergar el cobro del crédito, ni a cuestionar la cuenta, quedando todo ello deferido a lo que resulte de la acción judicial independiente que, en su caso, decida promover el mismo afectado; acción que, naturalmente, tampoco tiene carácter “defensivo” en términos tradicionales, dado que, a esa altura, todo habrá ya sucedido, por lo que el actor en ese nuevo juicio deberá, más que defenderse, demostrar que aquel proceder fue ilícito y reclamar daños y perjuicios”.
Inclusive la distinguida Cámara Civil y Comercial de Junín declaró la inconstitucionalidad del artículo 551 del CPCC: “Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 551 del CPCC de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establece que, para la iniciación del proceso de conocimiento posterior, se impone el cumplimiento previo de la condena impuesta en el proceso ejecutivo, cuando en el caso concreto el cumplimiento del recaudo bajo examen, por la entidad económica de la condena recaída en el juicio ejecutivo, es susceptible de ocasionar una demora considerable en la iniciación del proceso de conocimiento posterior. “Di Prinzio Gino c/ Castellazzi Jorge Enrique s/ materia a categorizar” (Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, 8/11/-2016 Cita:
MJ-JU-M-101937-AR | MJJ101937).
Resulta evidente que, si tratándose de un juicio ejecutivo regular la defensa del deudor se torna compleja, más acentuada estará su indefensión cuando sin su conocimiento previo e intervención se lo somete a un secuestro prendario y en un rápido paso a una subasta extrajudicial. El consumidor no tiene oportunidad tampoco de iniciar el juicio de conocimiento antes de la liquidación de su automóvil y del cobro del acreedor.
Indudablemente la jurisprudencia por declaración de inconstitucionalidad o de aplicación directa de la ley cuando en la legislación procesal local no se exige condicionamiento alguno para el juicio ordinario posterior, ha señalado que se torna difícil el ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Afirmar que el deudor tiene expeditas acciones posteriores a la subasta y venta del bien, acudiendo a un proceso de conocimiento ulterior, por cierto, complejo y oneroso, es la quimera de alcanzar los astros alzando las manos. ¿Alguien ve a menudo un juicio ordinario posterior?
Al respecto el Dr. Farina explica con pulcro pragmatismo, argumento que no puede contradecirse con el texto exclusivo del artículo 39 de la ley de prenda con registro, que: “Agreguemos, además, que el supuesto remedio del juicio ordinario que prevé el art. 39, en casi todos los casos no es más que una burla pues el remate de los bienes prendados lleva generalmente el desmantelamiento, en menos de un día, de un establecimiento de campo o de una empresa, con todo el encadenamiento de consecuencias imposibles de sobrellevar que pueden conducir, casi inevitablemente, a la quiebra. ¿Es éste el remedio que nos brinda el juicio ordinario de dos o tres años de duración” (para ser optimista) previsto por el articulo 39? (FARINA, Juan M. “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, EL DERECHO, T. 121-842).
Si fuera factible el proceso de conocimiento ya dije que su carácter complejo y oneroso seguramente le daría al consumidor un argumento de claudicación en la defensa de sus derechos. No veo el agravio que pueda causar a los acreedores que se escuche al deudor, aunque sea en el rápido terreno de la ejecución para que pueda oponer excepciones o cuestionar las cláusulas abusivas. Hoy nadie discute que hay que integrar el título ejecutivo con el contrato cuando hay una relación de consumo. Esta sala en decenas de causas lo ha resuelto de este modo. El régimen que no comparto no da esa posibilidad y expone al intérprete a soluciones diversas puesto que en algunos casos se defiende a ultranza los derechos del consumidor y en otros se considera que sobre la constelación jurídica es posible contemplar figuras que se han vuelto prehistóricas. Ello es entendible porque la aplicación del derecho del consumidor constituye un debate abierto y los tribunales están profundizando un camino descubierto en épocas recientes.
No estamos diciendo que hay que condonar la deuda o tolerar morosidades. Tampoco estamos diciendo que la subasta es inconstitucional. Estamos diciendo que hay que oír al deudor antes de subastar el automóvil, con debido contralor judicial del proceso e intervención del fiscal a los efectos de cumplir con el control de legalidad. El derecho de defensa se ejerce antes de la subasta y tiene como dije un concepto épico cuando se razona que para defenderse está el juicio ordinario posterior. Que falta de analogía con el juicio ejecutivo donde el juicio ordinario posterior está librado para aquellas cuestiones que no se pueden discutir en el acotado ámbito del ejecutivo. Sin embargo, esas limitaciones, es cierto son una vieja historia porque el derecho del consumidor que tiene principios novedosos para el lector clásico, ha obligado a dar soluciones compatibles con el derecho de información y en este aspecto, por ejemplo, se permite la integración del título ejecutivo con el contrato que le antecede, a los efectos de garantizar el derecho de defensa del consumidor. Si el viejo concepto de juicio ejecutivo ha sido transformado y se admite en muchos casos que es posible discutir la causa de la obligación, que muchas veces se presume, como tolerar un trámite al que se le niega el carácter de instancia o proceso y que se resumen en la autorización judicial de un remate privado sin audiencia al deudor y sin recurso alguno.
También Morinigo afirma: “Cámara también se ha manifestado crítico de la norma en análisis, expresando que si bien por la misma se fortifica al acreedor se deja en mayor indefensión al deudor, a quien no se hace ninguna citación ni emplazamiento previo. Principalmente ha cuestionado que el acreedor puede proceder a la venta de los bienes sin que quede acreditado en debida forma que el deudor no ha pagado ni en el momento del vencimiento ni en el de ser requerido por el acreedor.”, con cita de Cámara, Prenda con registro…, Pág. 546) (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1).
El juicio ordinario posterior es una quimera. No es el ámbito para poder asegurar el derecho de propiedad ya vulnerado en el trámite del artículo 39 de la ley de prenda por la sencilla razón que la propiedad ya fue cercenada con el apoderamiento del bien y su venta en subasta privada. Seguramente el deudor en el juicio de conocimiento podrá discutir cuestiones relacionadas con el capital y los intereses, a modo de repetición o bien reclamar eventuales daños y perjuicios. Sin embargo, el automóvil ya fue subastado. Es inverosímil el reenvío al deudor a un juicio posterior de conocimiento cuando en la jurisprudencia se ha establecido la inconstitucionalidad del art. 551 del CPCC en cuanto exige al deudor primero el pago de la deuda y después el inicio del juicio ordinario. por unanimidad decidió la inconstitucionalidad del procedimiento condicionado al pago de la deuda. El juicio ordinario posterior asegura el derecho de defensa en juicio si no se condiciona al pago de la deuda, de modo que a mi entender debe ser iniciado en forma simultánea al ejecutivo, en este caso al trámite del artículo 39 de la ley de prenda o como lo sostiene la doctrina, incluso con anterioridad al juicio de ejecución. En consecuencia, siguiendo con coherencia esta teoría de no condicionar al deudor al pago de la deuda para iniciar el juicio ordinario posterior, fluye sin necesidad de mayores vueltas que a los efectos de garantizar el derecho de defensa en juicio el deudor prendario debe ser oído antes del secuestro del vehículo, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran dar seguridades al acreedor y que en todo caso debe ser aquella que menos perjuicios cause al deudor. En esta audiencia podrá decidir que plantea defensas o al mismo tiempo en forma simultánea iniciar el juicio ordinario previsto en el artículo 39 de la ley de prenda. Es decir, se torna ilusorio el juicio ordinario posterior en el contexto del artículo 39 de la Ley de Prenda.
El consumidor como persona humana no está para las batallas épicas en juicios de conocimiento posterior que son individuales. Él ya ganó la batalla cuando el derecho del consumidor se alzó en el columpio de las categorías de nuevos derechos que la Constitución Nacional mediante una cláusula operativa les concedió el mayor ámbito de tutela. (Art. 42 CN).
9.2.3. El juez al disponer directamente el secuestro prendario no controla el alcance de las cláusulas del contrato de consumo. Ello afecta el derecho de defensa en juicio En cuanto al profesionalismo o la solvencia del oferente que ha dado argumento para justificar que tiene aptitud para solicitar secuestros prendarios se trata de una presunción en muchos casos discutible en la actualidad. Si la cláusula abusiva constituye un concepto evolutivo de creación de la jurisprudencia, mereciendo un tratamiento explícito en la legislación evolutiva, fundamentalmente a partir de la reforma de 1969 (Art. 656 CC texto Ley 17.711), con mayor actualidad en la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario (Art. 36 LDC) y recientemente en el Código Civil y Comercial de La Nación, resulta indudable que esa creación de la jurisprudencia ha justificado la legislación que buscó en su fuente la fundamentación adecuada. Hoy hablar de cláusula abusiva es moneda corriente y frente a esa realidad no alcanza con hablar del profesionalismo o solvencia de las empresas puesto que precisamente son empresarios los oferentes que incurren en cláusulas abusivas. Digo ello con relación a la respetable doctrina que sostiene que casi no se conocen casos de abusos en los secuestros prendarios.
El conquistador de derechos ha incorporado al código civil en 1968 al instituto del abuso del derecho y que en el Código Civil y Comercial no solo se actualiza su concepto, sino que también se incorpora el abuso de posición dominante. ¿Para qué iluminar al Código con nuevos institutos si los vencemos dando lugar a viejas prerrogativas del derecho comercial o de los derechos reales?
Basta para ello considerar la sólida doctrina y consolidada jurisprudencia que han limitado el ejercicio del pacto comisorio (cláusula resolutoria) cuando se han efectuado pagos importantes del precio o construido por un valor significativo y proporcional al valor del inmueble. Antes, y en épocas contemporáneas a la ley de prenda con registro (1946), se sancionó la ley 14.005 (1950) que limitaba el ejercicio del pacto comisorio. (cláusula resolutoria). Entiendo que el derecho concedido por el artículo 39 de la ley de prenda causa un daño innecesario al deudor porque se secuestra el bien prendado sin su intervención y se le niega la posibilidad de ejercer su defensa en un proceso justo.
9.2.4. La defensa en juicio es una garantía constitucional no desplazable por una ecuación económica. Características del debido proceso La sociedad democrática y pluralista necesita que en todo proceso se escuche a las partes. El artículo 39 de la ley de prenda constituye un monólogo a cargo del acreedor. Diluye la función del juez activo a quien la ley le asigna una función meramente instrumental. (Doctrina artículo 8 de la Convención Americana), Las garantías del debido proceso han sido estudiadas por la doctrina; ver THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047). Afirma el autor citado: “El artículo 8 de la Convención Americana consagra, bajo la denominación de "Garantías Judiciales", uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye todo el sistema de protección de los derechos humanos, cuyos límites al abuso del poder estatal representan la garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención: El derecho al debido proceso legal”. “En rigor de verdad, más que un pilar del sistema de protección de los derechos humanos, parece más acertado afirmar que el artículo 8 de la Convención Americana contiene un conjunto de pilares, que sostienen la tutela de los demás derechos de las personas. Ellos son, entre otros y sin perjuicio de las particularidades de su ámbito de aplicación y de la extensión que le ha dado a cada uno la jurisprudencia nacional e internacional, las garantías de acceso a la jurisdicción, intervención de juez natural, independiente e imparcial, presunción de inocencia, igualdad de las partes y equidad de los procedimientos, inviolabilidad de la defensa en juicio y decisión justa, conforme a derecho, dictada dentro de un plazo razonable “.(THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047).
“Las garantías procesales mencionadas en el artículo 8 son muchas, y muy diversas. Tal es su extensión y diversidad, que podría pensarse que la enumeración es taxativa, y que allí están previstas todas las posibilidades que pueden presentarse en los distintos tipos de proceso. Nosotros entendemos más apropiado considerar que el número de garantías es susceptible de ampliación, conforme a una interpretación teleológica, sistemática y dinámica del texto convencional, en función de las especificidades que se presenten en cada caso concreto, y a la luz de los nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos “(THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (junio 2009), p. 11.
Id SAIJ: DACF090047). Entiendo al compartir lo expuesto por el autor citado, que la Convención Americana además de asegurar las garantías procesales que indica en su texto por no ser enunciativa, facilita la comprensión del intérprete para considerar otras garantías particulares no previstas. En esta orientación no puede olvidar quien deba decidir en estos casos que el constitucionalismo social ha impuesto un principio en el Código Civil y Comercial de La Nación y que la voz potente que indica que el derecho privado se ha constitucionalizado. Frente a tan enérgica visión del derecho, nada puede mitigar su aplicación y a mi entender, este concepto diluye todo debate que desde posiciones antagónicas se determina.
(Arts. 42 y 75 CN). El debido proceso legal es un derecho humano que no se debe discutir con teorías que pretenden justificar la movilidad del crédito. Afirma THEA al estudiar los principios del debido proceso legal y las pautas para su interpretación: “El derecho de defensa de la persona humana, asegurada mediante un debido proceso, no es objeto de discusión. No obstante, resulta un tanto difícil acordar qué significa un debido proceso, y es por ello que su interpretación puede dar lugar a numerosas y variadas discusiones. A título meramente ejemplificativo, cabe preguntarnos: ¿Qué se entiende por "debidas garantías"? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Cuánto tiempo es un "plazo razonable"?
¿Cómo se asegura la independencia e imparcialidad de los jueces? ¿Qué mínimo de elementos jurídicos se requieren para que exista un proceso que sea debido, o sea adecuado, apropiado, ajustado a sus fines? A pesar de la variedad de respuestas que ofrecen éstas, y otras preguntas similares, debemos reconocer que la riqueza del artículo 8 de la Convención Americana nos va a facilitar la tarea interpretativa, ya que muchos de los interrogantes que podrían llegar a suscitarse a partir de una consagración abstracta o general del debido proceso legal, quedan saldados automáticamente por el propio texto de la Convención.”(THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11.
Id SAIJ: DACF090047).
También estoy de acuerdo con el criterio amplio de debido proceso que formula el autor: “a) Definición: El debido proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el respeto de sus derechos”.
“Para poder afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta garantía que denominamos debido proceso legal, tiene que cumplir el requisito indispensable de otorgarle al individuo la oportunidad suficiente de participar con utilidad en dicho proceso”.
“Esto significa que el debido proceso legal no queda satisfecho por el cumplimiento de meros formalismos exigidos por el derecho de defensa, sino que su utilidad, es decir, la satisfacción de la finalidad para la cual ha sido contemplada la garantía, reviste la misma importancia que aquél.” THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: “Obviamente, esta utilidad requerida al proceso, no implica que las pretensiones de las personas cuyos derechos u obligaciones están sujetos a la determinación de una autoridad pública, deban conducir necesariamente a una decisión favorable. Se exige, básicamente, que dichas decisiones estén debidamente fundadas, y ajustadas a ciertos parámetros mínimos de razonabilidad “.
“Así, podríamos sintetizar nuestra concepción del debido proceso legal a partir de los dos aspectos que consideramos esenciales, definiéndola como aquella garantía que asegura el ejercicio del derecho de defensa en un proceso que debe culminar en una decisión fundada, justa y razonable.” (THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047).
Este principio del debido proceso ha sido considerado en el Código Civil y Comercial de La Nación: Artículo 1° que entre las distintas fuentes de aplicación del derecho, instruye que los casos que el código rige, debe aplicarse la Constitución Nacional y los Tratados de derechos humanos en los que la República sea parte; Artículo 2° que dispone que “La Ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”; Artículo 3° “El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.
A mi entender, no hay ninguna duda que el artículo 39 de la ley de prenda no asegura el debido proceso y que resolver en contrario vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación dispuestas en el Título Preliminar, Capítulo I – Derecho -, de modo que ello alcanzaría para declarar la inaplicabilidad de la mencionada disposición al presente caso.
9.2.5. Una ley particular no puede negar el derecho a interponer un recurso. La prohibición afecta el derecho de defensa en juicio Diferir el derecho de defensa a un juicio de conocimiento posterior y negar al mismo tiempo el derecho a un recurso de apelación también vulnera el principio constitucional de defensa en juicio (Artículo 18 CN; 15 Const. Prov. Bs. As.). (Artículo 25 Convención Americana).Al respecto señala THEA que la garantía del debido proceso legal “tiene especial importancia en una sociedad democrática porque, junto con el derecho a un recurso (consagrado en el artículo 25 de la Convención), tutela todos los demás derechos de las personas, constituyéndose así en un requisito sine qua non para la existencia de un verdadero Estado de Derecho.” (THEA, Federico Gastón: “Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas” La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047).
No estamos ante supuestos donde las resoluciones judiciales no causan gravamen.
9.2.6. No hay certezas para el deudor sobre la obligación del acreedor de rendir cuentas La ley de Prenda nada dice sobre la obligación de rendir cuentas. Esta omisión de la ley dificulta el derecho de defensa en juicio del deudor que está expuesto luego de la subasta privada a recorrer un sinuoso camino de reclamos por diversas ventanillas.
La rendición de cuentas debe ser presentada al juez en forma suficientemente documentada. ¿Podrá el deudor discutir las bases de esa liquidación cuando no supo antes el alcance de la deuda que dio origen al secuestro prendario? No se da noticia al deudor sobre el capital e intereses antes de la subasta privada. Lo gravitante es que el deudor no puede pedir rendición de cuentas en el trámite de secuestro prendario, de modo que se lo obliga a iniciar una acción puntual cuando tal vez la suma resultante sea ínfima porque no pudo controlar los gastos, perjudicándose con ello una garantía elemental de los consumidores como resulta ser el acceso a la justicia.
Ello es grave porque si el acreedor no realiza la rendición de cuentas que la ley no exige y que está implícita en la propia naturaleza de la autoliquidación, ese desinterés o desidia obliga al deudor a litigar sin las certezas que dan los actos procesales adecuados en tiempo oportuno. Si el consumidor consintiera la inactividad de rendir cuentas por la razón que fuera, el daño al prestigio de la tutela efectiva será ostensible porque el perjuicio económico en los intereses del consumidor constituye una cuestión de orden público. (Art. 65 Ley 24.240).
Este aspecto también tiene que ver con la discrecionalidad del acreedor en un proceso donde no interviene el deudor.
La rendición de cuentas tardía y sin el control previo de los gastos porque no los ha denunciado el acreedor, afecta el derecho de defensa en juicio del deudor porque sin consulta y control judicial se han efectuado erogaciones que tal vez carezcan de razonabilidad o sean arbitrarias e infundadas. Una rendición de cuentas sobre esa base implica sinuosidades procesales que impiden concretar además del derecho de defensa en juicio que tiene que ser contemporáneo a los actos procesales, afectación de principios básicos del derecho privado constitucionalizado, tales como el trato digno, equitativo y no discriminatorio. (Art. 8 bis ley 24.240 texto ley 26.361, 1096, 1097. 1098 y 1099 CCCN). (Art. 42 CN).
La obligación de rendir cuentas es irrenunciable. La doctrina ha señalado: “La obligación de rendir cuentas ha sido fundada en el deber genérico impuesto por los arts. 70 y 33, Inc. 4 del Código de Comercio a todos los comerciantes. En el caso de las entidades especialmente habilitadas para recurrir al trámite previsto en el art. 39 de la L.P.R., esta obligación hallaría mayor fundamento, atento su mayor grado de especialización y profesionalismo.
“La obligación de rendir cuentas del acreedor no puede ser eximida o dispensada en el contrato, ya que dicha cláusula sería nula, por ser contraria a normas de orden público indisponibles para las partes. En consecuencia, estando interesado el orden público, el derecho a reclamar la rendición de cuentas es irrenunciable.” (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1).
“Esta obligación que pesa sobre el comerciante más que un deber que nace de un contrato constituye un deber legal y profesional inherente al ejercicio del comercio, que hace más a la esencia misma del comerciante, por el interés que tienen los terceros y la comunidad general de conocer las negociaciones en que interviene, y de dar carácter público a las actividades comerciales. Subyace tras la obligación de rendir cuentas la idea de publicidad, no en interés exclusivo de los contratantes o directamente afectados, sino que es el orden público el que principalmente se encuentra interesado en el cumplimiento de dicha obligación, lo que la torna irrenunciable. (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?id articulo=68486&print=1).
9.2. 7. El deudor ignora los cálculos que va a hacer el acreedor De acuerdo con lo que se viene exponiendo, una vez producida la subasta el acreedor deberá imputar las sumas obtenidas a la cancelación del crédito, sus accesorios y los gastos producidos para hacerse de la cosa (como gastos causídicos del secuestro prendario, etc.), así como los gastos de la subasta. En caso que el producido de la subasta excediere el monto del crédito, sus accesorios y los gastos a deducir, el saldo deberá ser puesto a disposición del constituyente del gravamen. (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1).
La ley no solamente no exige rendición de cuentas, sino que además no hay certezas sobre el ámbito procesal donde el deudor puede requerirlas. Lo razonable es que el acreedor realice extrajudicialmente la rendición de cuentas, de modo que debiera comunicarse inmediatamente con el deudor, a esos efectos. Al respecto señala la doctrina: “Parte de la doctrina entiende que la rendición debe efectuarse en el mismo expediente en que se tramitó el secuestro prendario. Contrariamente a esta postura mayoritaria, entendemos que no es exigible al acreedor que efectúe la rendición en dicho marco. Es más, al no existir ninguna norma que disponga que la rendición debe efectuarse en el expediente del secuestro prendario, habrá que aceptar que su realización excederá notoriamente el limitadísimo marco de conocimiento del dicho trámite.” (MORINIGO, obra citada). De todas formas, la oportunidad queda expuesta a la voluntad del acreedor cuando el deudor no intima a rendir cuentas.
En este redil procesal atípico la ley no prevé rendición de cuentas y tampoco se ha previsto algún tipo de sanción frente a situaciones indóciles donde el acreedor perturba el derecho del deudor a percibir inmediatamente el saldo disponible. Hay indefensión frente a situaciones dilatorias o burocráticas. En este aspecto señala la doctrina: “Como se expuso al inicio de este capítulo, no hay ninguna norma que imponga al acreedor la obligación de rendir cuentas del producido de la subasta.
Consecuentemente, tampoco hay ninguna norma que le imponga una sanción específica por el incumplimiento de su deber genérico de rendir cuentas.” (MORINIGO, obra citada).
Fíjese que curiosidad, si el deudor no intima la rendición de cuentas, el acreedor no queda constituido en mora cuando en realidad debiera ser una obligación espontánea, a los efectos de no agravar la situación del afectado. Lo paradójico es que los intereses del eventual saldo no correrán desde la subasta y si desde la constitución en mora. Aquí también encontramos un perjuicio innecesario para el derecho de propiedad del deudor. Ha señalado la doctrina: “Por aplicación de los principios generales, el acreedor quedará constituido en mora de su obligación de rendir cuentas ante la intimación del deudor o del constituyente del gravamen. En caso que hubiere quedado un saldo a favor del constituyente del gravamen, los intereses se devengarán recién a partir de la mora y no desde el momento de la subasta.” (MORINIGO).
9.2. 8. El deudor desconoce el alcance de los gastos. No depende de su voluntad la onerosidad del trámite extrajudicial El hecho de que el remate de la cosa pignorada se realice de forma extrajudicial y sin que –por ello mismo- pueda mediar una imposición de costas al deudor o constituyente del gravamen, ha llevado a que se cuestionara cuáles son los gastos que el acreedor puede legítimamente detraer en la liquidación que practique al momento de presentar su rendición de cuentas”.
“El punto de partida para el análisis de este aspecto debe ser el art. 3 de la L.P.R., que establece: “Los bienes afectados a la prenda garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre ellos, el importe de la obligación asegurada, intereses y gastos…”
“En este sentido, debe entenderse que los gastos en que incurrió el acreedor para el remate de los bienes pignorados se encuentran cubiertos por el privilegio especial, ya que, de acuerdo al primer apartado del artículo citado, la garantía comprende no sólo el crédito principal, sino también a los intereses y gastos”.
Se somete innecesariamente al deudor a determinados gastos que tornan excesivamente onerosa su situación. En este aspecto señala la doctrina: “Siendo que los bienes prendados quedan en poder del constituyente del gravamen, cuando la norma alude a los “gastos” es evidente que está incluyendo a los gastos de justicia y a los que demande la venta extrajudicial, en el supuesto del Art. 39.” (MORINIGO, Fernando: “Ejecución prendaria extrajudicial” Publicación: Revista Argentina de Derecho Empresario - Número 13 Fecha: 01-12-2013 Cita: IJ-LXXI-486 www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68486&print=1).
La rendición de cuentas comprende también los gastos y honorarios. “El acreedor también podrá incluir en la rendición de cuentas –como gasto deducible- los honorarios que hubiese tenido que abonar al letrado que intervino en el trámite de secuestro prendario, ya que también corresponde incluir este rubro como un gasto cubierto por el privilegio del Art. 3° L.P.R.” (MORINIGO, Obra citada). Ello podría atenuarse con la audiencia del deudor, quien podría satisfacer el crédito y no afrontar tantos gastos en un trámite donde no participa.
Se tornan azarosas las cuestiones relacionadas con los gastos y en este aspecto la ley no contiene ninguna previsión. Una cuestión controvertida se relaciona con los gastos de depósito del bien secuestrado, arista álgida del caso que supone en la práctica soluciones diversas en la doctrina y en la jurisprudencia. “En este mismo sentido, se ha aceptado que el acreedor deduzca en la liquidación el monto correspondiente a la guarda o depósito de un bien secuestrado, aun cuando el mismo se haya efectuado en un local de su propiedad. En sentido contrario Zavala Rodríguez sostiene que el acreedor –y no el deudor- debe abonar los honorarios del depositario, porque no se trata de un depósito judicial.” (MORINIGO, Obra citada). Vemos entonces que es enorme el perjuicio que se causa al deudor cuando no es escuchado.
Es indudable que existe una fuerte asimetría entre este procedimiento y el previsto por el artículo 54 de la Ley 24.441. La cuestión se torna incierta para el deudor porque el acreedor puede informar sobre gastos sin limitaciones y en este aspecto no es posible ningún tipo de resistencias. “Cabe señalar que en esta subasta extrajudicial prevista por la L.P.R. no hay límite para el monto de los gastos que el acreedor puede deducir, como sí sucede, en cambio, con la subasta extrajudicial prevista para los créditos hipotecarios por el art. 54 de la Ley N° 24.441. En efecto, esta ley dispone que, en caso de realizarse un remate extrajudicial por el procedimiento previsto en su Título V, el acreedor sólo podrá deducir hasta el 3% del monto del crédito en concepto de gastos. Si los gastos efectivamente realizados superasen dicho monto –lo que es altamente probable en la mayoría de los casos-, los mismos deberán ser soportados por el acreedor. La L.P.R. no contempla ninguna limitación de este tipo, lo que constituye un indudable acierto.” (MORINIGO, Obra citada).
Indudablemente esta situación deja desguarnecido al deudor, a quien se lo invita a discutir en un juicio de conocimiento posterior cualquier exceso en que pudo haber incurrido el acreedor al formular gastos.
Al ser el deudor un extraño en ese unilateral proceder del acreedor la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro se advierte en forma ostensible también en esta consecuencia de la subasta extrajudicial. Este mecanismo inconsulto afecta los derechos de propiedad y de defensa en juicio (Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional).
10. El derecho de propiedad Además, la falta de garantía de defensa en juicio afecta también el derecho de propiedad del deudor. (Art. 17 CN; 31 Const. Prov. Bs. As). El artículo 965 del Código Civil y Comercial prescribe que “Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante”. En consecuencia, el secuestro y la subasta privada, sin audiencia del deudor, al privarlo del derecho de defensa en juicio y concretarse la liquidación del bien prendado, somete a un desamparo total al derecho de propiedad del afectado, quien se ve privado de ejercer su defensa mediante la demostración del pago, la oposición de excepciones y las garantías a obtener recursos de apelación.
11. La Ley no contempla la función social del contrato y la situación personal del deudor La situación personal del deudor ha significado en el derecho clásico una razón para morigerar por ejemplo deudas de juego o establecer indemnizaciones de equidad. Sabemos que el derecho privado constitucionalizado le concede al antiguo concepto de incapacidad una noble comprensión que ha modificado la mirada sobre la persona humana. Pensemos en un deudor que está enfermo y que el vehículo constituye una herramienta necesaria para su traslado a los centros de atención o que le ha de permitir a los demás integrantes de la familia su utilización para el transporte cotidiano. Pensemos en un deudor que ha fallecido y sus deudos enfrentan una situación económica adversa y el bien prendado es imprescindible para desarrollar las actividades de la viuda y de los hijos pequeños. ¿Vamos a golpear la puerta de la casa, entrar al garaje y secuestrar el vehículo? Inclusive muchas veces hay un seguro que da cobertura en situaciones de infortunio y no obstante ello se ha procedido al secuestro del bien prendado. La ley no admite excepciones y dispone que el trámite de la venta extrajudicial no se suspenderá, entre otras razones, por incapacidad o muerte del deudor. No estamos discutiendo un privilegio del acreedor.
No se puede calificar como un trámite burocrático el requerimiento de secuestro prendario. Además, en todo “trámite”, si se admitiera esa devaluación de la jurisdicción, si en su trayecto inconsulto se afecta el derecho de propiedad, resulta indispensable oír al deudor, quien, entre otras cuestiones, podría plantear las excepciones del artículo 16 de la controvertida ley. Invitarlo a una mesa cuando solo han quedado las migajas no es dar una respuesta constitucional al ciudadano, con mayor razón cuando en la familia se ha suscitado una situación excepcional que en las fronteras del desamparo requiere la solución menos gravosa para la condición humana. Oír al deudor se torna imperativo.
11. 1. El artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro vulnera los derechos de las personas con capacidades diferentes al impedir la suspensión del procedimiento Dispone el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro en su última parte: “El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor”.
El artículo 39 de la Ley de Prenda vulnera derechos de las personas humanas discapacitadas al no contemplar su situación personal y perjudica un proceso evolutivo de integración social.
La tutela constitucional de las personas humanas vulnerables constituye un planteo integral que no puede disociarse en supuestos de secuestro prendario inaudita parte de un bien que integra el patrimonio de una persona con capacidades especiales, sin oírla para que tenga oportunidad de oponer excepciones o reprogramar la deuda.
El derecho privado constitucionalizado protege a los grupos, clases y categorías de personas y entre ellos al conformado por personas con capacidades diferentes a quienes se pretende tutelar por las consideraciones que la persona humana merece. Se ordena en el nuevo derecho la inserción social de las personas con capacidades especiales y progresivas, de modo que no queden excluidas o relegadas. En este aspecto la controvertida disposición está reñida con los principios del derecho privado constitucionalizado. No oír a una persona con capacidades diferentes es contrario a principios del Estado Social de Derecho. Es una disposición discriminatoria. No debemos olvidar que uno de los principios del Código Civil y Comercial de la Nación es la constitucionalización del derecho privado, explicado suficientemente en los fundamentos.
El artículo 36. 5- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone: “De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados”. Es decir que ni aun en situaciones extremas donde el deudor ha fallecido o se ha incapacitado y su familia debe afrontar esta situación con entereza y tal vez sobrellevando dificultades económicas se continua con un procedimiento que no solamente no contempla la intervención del deudor sino que también le impide a sus deudos obtener la audiencia necesaria para demostrar lo conducente para el buen derecho a resguardar.
Se supone que las personas vulnerables deben ser tuteladas por el derecho. El Código Civil y Comercial de La Nación orienta soluciones siguiendo la Convención Internacional de las personas con discapacidad. (Ver Fundamentos del Código Civil y Comercial de La Nación). No advertimos que en este aspecto el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro cumpla con el bloque de constitucionalidad (Ley 25.757 --Créase en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del cumplimiento de la Ley de Cheques Nº 24.452 en cuanto establece la integración de un Fondo de Financiamiento del Programa para Personas con Discapacidad. Sancionada: Julio 16 de 2003.Promulgada de Hecho: agosto 8 de 2003.
Ley 25.730. Sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Multas aplicables. Establécese como destino de los fondos recaudados a los Programas y Proyectos a favor de las personas con discapacidad. Sancionada: marzo 1 de 2003. Promulgada: marzo 20 de 2003. Ley 25.280 Apruébese una Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscripta en Guatemala. Sancionada: Julio 6 de 2000.Promulgada de Hecho: Julio 31 de 2000. SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS EN HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ley 24.901 Objetivo.
Ámbito de aplicación. Población beneficiaria. Prestaciones básicas. Servicios específicos. Sistemas alternativos al grupo familiar. Prestaciones complementarias. Sancionada: noviembre 5 de 1997.
Promulgada de Hecho: diciembre 2 de 1997. Ley N° 22.431 -Sistema de protección integral de los discapacitados Buenos Aires, 16 de marzo de 1981. Ley 26.378 Apruébese la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. Sancionada: mayo 21 de 2008 Promulgada: junio 6 de 2008).
El anteproyecto de reforma de la ley 24.240 también ha contemplado la Convención de personas con discapacidad” Ley Nacional 26.378, por lo que resulta importante incorporar al razonamiento consumeril a todos los sujetos considerando sus mayores vulnerabilidades en función de características las específicas que hacen singular a cada una de las personas.
En el mencionado Anteproyecto, se incorpora también la noción de hipervulnerabilidad del consumidor. En su art. 3 se establece que el principio de protección del consumidor se acentúa tratándose de colectivos sociales hipervulnerables, en donde en el marco de la relación de consumo, la educación, la salud, la información, el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente garantizados.
Por otra parte, se declara el principio de protección especial para situaciones de hipervulnerabilidad, en donde se establece que el sistema de protección del consumidor protege especialmente a colectivos sociales afectados por una vulnerabilidad agravada, derivada de circunstancias especiales, en particular, niñas, niños y adolescentes, personas mayores enfermas o con discapacidad entre otras (ver art. 5.6 del Anteproyecto).
12. El artículo 2220 del Código Civil y Comercial de La Nación en cuanto regula la prenda en forma subsidiaria debe ser interpretado en su integración y relación con el derecho privado constitucionalizado y no como una referencia a una ley específica Si bien es cierto que el art. 2220 del CCCN en su último párrafo dispone que “Esta prenda se rige por la legislación especial”, ello no significa que se deba entender que necesariamente se relacione con ley especial vigente, pudiéndose interpretar que en todo caso se está aludiendo a un concepto de descodificación, lo que exige a mi entender que se adecue la ley especial a los principios del derecho privado constitucionalizado que ha auspiciado la reforma del Código Civil y Comercial de La Nación y que se explica en forma exhaustiva en los fundamentos. Sostener lo contrario, constituiría una contradicción del flamante texto legal con sus principios inspiradores.
Se ha señalado: “VII. No se ignora que el art. 2220 del CCyCN establece que la prenda con registro se rige por su legislación especial ni que, al así disponer, esa norma no ha efectuado ninguna distinción vinculada con el consumidor. Pero esa ausencia de distinción no es algo que haya ocurrido sólo en ese caso, sino que, en cambio, es temperamento que se reitera en la generalidad de las regulaciones que trae el nuevo código, que, junto con ese modo de legislar que se estima del todo conveniente, ha destinado todo un capítulo general a regular la relación de consumo a partir del art. 1092 (además de los contratos bancarios regulados en los arts. 1384 y ss). Las soluciones particulares del código deben, por ende, integrarse a las disposiciones de ese capítulo que regula la relación de consumo, sin que tal integración pueda imaginarse descartada porque el legislador no haya establecido tantas excepciones vinculadas al consumidor como institutos particulares ha regulado.” (“HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ GENOVA, MARIO OSCAR s/SECUESTRO PRENDARIO Expediente N° 25347/2016/ Juzgado N° 9 Secretaría N° 18 Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017.). www.fiscales.gob.ar/.../HSBC-Bank-Argentina-S.A.-c.-Genova-Mario-Oscar-s .-secuest...
13. La libertad contractual en los contratos de adhesión. Es abusiva la cláusula del contrato donde el deudor autoriza el secuestro del bien prendado y la subasta extrajudicial Desde ya que son inadmisibles las renuncias anticipadas del deudor a su defensa en juicio. Escasos valores tendrían las garantías constitucionales operativas si su alcance fuera limitado en los contratos. El derecho moderno ya no tolera la apropiación o adjudicación de los bienes gravados a favor del acreedor por la sola voluntad de éste y en este aspecto basta repasar la evolución del abuso del derecho en el ejercicio del pacto comisorio, actualmente denominada cláusula resolutoria. La cláusula es abusiva y su nulidad absoluta. (Arts. 37 Ley 24.240; 985, 986, 987, 988, 1117, 1118, 1119, 1120,1121 y 1122 Código Civil y Comercial de La Nación). En alusión a ello no es ocioso recordar que el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor respecto a la interpretación de los contratos de consumo, indica que sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: b) las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte…” Es idéntica la regulación del artículo 988 del Código Civil y Comercial de La Nación.
El orden público contractual no permite estas licencias que solo se explican mediante la obligada adhesión.
En el ítem siguiente se ha de mencionar el Proyecto de Ley presentado en dos oportunidades por el Senador Juan M. Irrazabal, anticipándose en la consideración de este punto, lo atinente a la modificación del artículo 36 de la Ley de Prenda con Registro.
El proyecto, sin perjuicio de su estado parlamentario, constituye un importante antecedente legislativo (S-0100/12); (S. 308/14). “Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 del Decreto-Ley 15.348/1946, texto ordenado según Decreto Nº 897/1995. Artículo 2º – Modifíquese el artículo 36 del Decreto-Ley Nº 15.348/1946, texto ordenado según Decreto Nº 897/1995, que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 36.- Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago”.
Es trascendente también la siguiente conclusión: “Es abusiva la cláusula del contrato de adhesión que autoriza al acreedor a subastar extrajudicialmente el automóvil del deudor. Ningún valor tiene el consentimiento del deudor que se vuelve irrelevante frente al orden público de la legislación de consumo.” (Conclusiones y recomendaciones del XVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor. I Encuentro Nacional de Profesores de Derecho del Consumidor. En memoria al Profesor Dr. Félix A. Trigo Represas. Mar del Plata, 3 y 4 de noviembre de 2017).
El artículo 39 de la Ley de Prenda inclusive desplaza disposiciones del Código Civil originario que ya tutelaba a una prenda menos gravosa según la situación del deudor y el valor de la cosa prendada, basta para ello repasar la prohibición contenida en el texto del artículo 3222 del Código Civil que establece que “es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda, aun cuando ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de los modos establecidos en este título”.
De modo que la autonomía de la voluntad ya estaba orientada por el orden público en el texto originario del Código Civil.
En consecuencia, debe tenerse por no escrita la controvertida cláusula del contrato de prenda.
14. El interés del legislador de dar una solución constitucional al régimen del secuestro prendario. Un proyecto de Ley Juan M. Irrazabal solicita la reproducción del expediente S-0100/12 (Diario de Asuntos Entrados N°8 de 2012) conteniendo el proyecto de ley de SU autoría modificando el Régimen de Prenda con Registro (S-0308/14) www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/ 346671/downloadPdf .
El senador Juan M. Irrazabal insiste en su anterior iniciativa (S-0100/12) proponiendo nuevamente en el proyecto la derogación del artículo 39 de la ley de Prenda. Debe tenerse en cuenta que se trata de un proyecto de 2014, es decir novedoso en el tiempo y que evidencia con mucha firmeza que el legislador sobre este tema ha comenzado a preocuparse por el concepto social de derecho.
El proyecto, sin perjuicio de su estado parlamentario, constituye un importante antecedente legislativo (S-0100/12) “Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 del Decreto-Ley 15.348/1946, texto ordenado según Decreto Nº 897/1995. Artículo 2º – Modifíquese el artículo 36 del Decreto-Ley Nº 15.348/1946, texto ordenado según Decreto Nº 897/1995, que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 36.- Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago”. Los fundamentos del proyecto son suficientemente explícitos en la interpretación de un estado de derecho donde prevalece el bloque de constitucionalidad. Destaca el senador Juan M. Irrazabal que el debate parlamentario fue escaso y que la ley 13.548/46 integró por entonces un conjunto de leyes que se orientaban a resolver una coyuntura financiera de la época.
Voy a reproducir parcialmente los fundamentos.
“…El Decreto-Ley 15.348/46 del 28 de mayo de 1946, firmado por Edelmiro Juan Farell, fue ratificado por el Congreso de la Nación el 26 de marzo de 1947 mediante Ley Nº 12.962 junto con otros catorce decretos sobre organización bancaria, entre ellos la nacionalización y la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, los marcos legales del Banco de la Nación Argentina, del Banco Hipotecario Nacional y del control de cambios. Su trámite parlamentario, contenido en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 29 de agosto y 21 de diciembre de 1946 y 26 de marzo de 1947 y los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 4 y 5 de diciembre de 1946 y 20 de marzo de 1947, sugiere que el análisis por parte de los legisladores del régimen de prenda con registro fue escaso, dados los otros mucho más importantes asuntos sobre los que el Congreso se debía expedir al mismo tiempo, cosa que hizo en un tiempo relativamente reducido.” “Ello se evidencia aún más por la ausencia de intervenciones o comentarios de senadores y diputados en referencia al mencionado régimen, que ya establecía en caso de incumplimiento del deudor la prescindencia de trámite judicial y el secuestro de los bienes prendados por parte del juez. No obstante, surge también del análisis de la discusión parlamentaria que los legisladores entendieron que el secuestro prendario, en el texto aprobado limitado a favor de instituciones oficiales y bancarias con domicilio en el país, operaría dentro del contexto de las demás normas sobre organización bancaria aprobadas en conjunto, que respondían a una concepción en la que el Estado intervenía fuertemente en el sistema financiero y la vida económica, a fin de compensar y corregir los desequilibrios.”
(Fundamentos).
“Posteriormente, y habiendo disuelto hace más de un año el Congreso de la Nación, el 12 de agosto de 1963 José María Guido firmó el Decreto-Ley Nº 6.810, permitiendo la constitución de prendas con registro en favor de organismos internacionales de financiamiento de los que la República Argentina fuera miembro. Finalmente, con fundamento en las políticas de desregulación económica, apertura comercial y globalización financiera, el decreto 897 del 11 de diciembre de 1995 aprobó el “texto ordenado” -que en realidad encubrió una sustancial modificación- del régimen de prenda con registro, dejando sin efecto por un lado las restricciones a las entidades facultadas a constituir prendas con registro (incisos a), b) , c) y d) del artículo 5º), y por el otro la protección contra la usura (inciso e) del artículo 5º, que permitía a los prestamistas hasta un máximo de dos puntos sobre la tasa de préstamos personales del Banco Nación, e inciso i) del artículo 45, que penaba con prisión al prestamista que cobrara más que la tasa de referencia). De esta manera quedó la puerta abierta de par en par a la desprotección del deudor, a las cláusulas abusivas y los contratos leoninos, sustentados en la amenaza del secuestro y remate del bien prendado en caso de incumplimiento del deudor”.
“En rigor, el secuestro prendario no implica la iniciación de una ejecución judicial, sino que apunta a que el acreedor pueda disponer del bien prendado para venderlo de acuerdo al artículo 585 del Código de Comercio, es decir publicación con diez días de anticipación y remate público. De esta manera, las entidades financieras que son acreedoras de prendas con registro crean por sí mismas el título ejecutivo, y ante su sola presentación, el juez procede al secuestro administrativo del bien prendado sin necesidad de proceso judicial alguno, para un remate extrajudicial. Estableciendo una explícita asimetría entre deudor y acreedor, el régimen vigente pone al primero en una situación de indefensión mientras otorga al segundo un privilegio, no sólo respecto al deudor, sino que también frente a cualquier otro acreedor que detente idéntico crédito, pero no sea una institución oficial, bancaria o financiera. Si bien el régimen prevé que los deudores cuenten con una vía judicial, sólo pueden ejercerla mediante el procedimiento ordinario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación una vez que el bien objeto del contrato ya se encuentre subastado. El juicio ordinario no sólo es engorroso sino posterior a la consumación de una posible injusticia. Asimismo, se verifica que usualmente las entidades financieras establecen en sus contratos la jurisdicción de la Capital Federal, lo que genera numerosos inconvenientes a los deudores del interior del país”.
“Con frecuencia se afirma que el propósito de este esquema de asimetría es brindar un marco de racionalidad económica al crédito prendario: si el deudor no cumple con sus obligaciones, el acreedor se hace rápida y fácilmente con el bien prendado, lo que daría un incentivo al deudor para cumplir con los pagos convenidos en tiempo y forma. Empero, cualquier regulación, para reputarse beneficiosa, debe analizarse en su debido contexto normativo, teniendo en cuenta su puesta en práctica efectiva y su adecuación a los principios constitucionales. Como se ha mostrado anteriormente, las normas objeto de modificación por la presente propuesta, respecto a la prescindencia de trámite judicial, estaban previstas para un contexto de normativa económico-financiera con importantes diferencias respecto al actualmente vigente y son previas a la introducción de derechos y garantías que protegen a usuarios y consumidores en la Constitución Nacional. La asimetría jurídica planteada en el régimen vigente agrava la asimetría de información existente entre el sujeto pasivo y el sujeto activo respecto a los pormenores que rigen la actividad, vista la virtual inexistencia de limitaciones a las entidades crediticias y a las condiciones del crédito, entonces la indefensión se hace patente, y con ella la injusticia. El argumento que sin esta garantía de ejecución administrativa el crédito prendario se volvería más costoso e inaccesible no es más que una variante del recurso retórico del efecto perverso, que no hace sino perpetuar una notoria inequidad. En rigor, la derogación del artículo 39 propuesta no significa la indefensión de los acreedores, que siguen estando habilitados para ejecutar la prenda mediante proceso judicial ordinario.” (Fundamentos). www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/313552/downloadPdf 458/16 Senado De La Nación Proyecto De Ley IRRAZABAL:
REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY DEROGANDO EL DCTO. -LEY 15.348/46 -, REGIMEN DE PRENDA CON REGISTRO -, REFERENTE AL SECUESTRO PRENDARIO. (REF. S. 308/14)
El proyecto constituye un antecedente parlamentario de mucha importancia. Los fundamentos del proyecto son constitucionales y explican suficientemente la problemática del deudor indefenso y el privilegio que tiene el acreedor prendario autor del título que exhibe al juez frente a otros acreedores que carecen de las ventajas que da el artículo 39 de la ley de prenda con registro.
15. Los pensadores del derecho actual pregonan el desplazamiento del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro. Conclusiones y recomendaciones del XVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor. I Encuentro Nacional de Profesores de Derecho del Consumidor. En memoria al Profesor Dr. Félix A. Trigo Represas. Mar del Plata, 3 y 4 de noviembre de 2017 El debate científico en fecha muy cercana indica una aproximación a la solución que promovemos en la presente ponencia. Tienen relevancia las conclusiones del importante concierto científico porque se han considerado en pleno auge del derecho privado constitucionalizado y ya vigente el Código Civil y Comercial de La Nación. La Comisión N° 1 – Prácticas y cláusulas abusivas. Protección de los consumidores de crédito contra acciones de recupero abusivas-, entre diversas conclusiones ha determinado y recomendado:
1.-La vía reconocida por el artículo 39 de la Ley de prenda N° 12.962 resulta desplazada por colisionar con los principios fundamentales del derecho del consumo, por lo que no corresponde su planteo contra los consumidores de crédito.
2. Resulta deseable una modificación legislativa que determine la prohibición expresa de los eventuales planteos de los secuestros prendarios contra los consumidores de crédito.
Es importante considerar las conclusiones y recomendaciones del congreso científico porque constituye un estudio actualizado de una problemática no resuelta por el legislador y, a mi entender, incorrectamente tratado por una parte de la doctrina y de la jurisprudencia que sostienen la aplicación del artículo 39 de la ley de prenda.
Es trascendente la siguiente conclusión: “Es abusiva la cláusula del contrato de adhesión que autoriza al acreedor a subastar extrajudicialmente el automóvil del deudor. Ningún valor tiene el consentimiento del deudor que se vuelve irrelevante frente al orden público de la legislación de consumo”.
Las recomendaciones o conclusiones de las Jornadas de Derecho civil y del Congreso Argentino de Derecho del Consumidor han sido tenidas especialmente en cuenta por los juristas que redactaron el Anteproyecto de Reforma de la ley 24.240 (ver pto. 1.2 del Anteproyecto).
16. Nuevos rumbos de la Jurisprudencia Si bien no se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma como propicio en mi voto, la evolución jurisprudencial se ha ido orientando hacia la inaplicabilidad del art. 39 del decreto ley 15.348, argumentándose también en esos casos la afectación a garantías constitucionales que he ponderado en mi ponencia a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad.
En efecto, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del dpto. judicial de Junín en los autos “Fiat Crédito Cia Financiera S.A. C/ De Natale Cesar Leandro S/Acción De Secuestro (Art.39 Ley 12962) (N° Orden: 1 Libro de Sentencia Nº: 58 sentencia del 2/02/17) han resuelto hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 56; y en consecuencia declarado inaplicable a las relaciones de consumo el trámite previsto en el artículo 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-, ordenando en consecuencia que la accionante ponga a disposición del demandado el automotor secuestrado en autos.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Dpto Judicial de Morón ya se ha pronunciado por la inaplicabilidad del art. 39 de la ley 12.962 a las relaciones de consumo. (ver "FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ LARENAS BELMAR LUIS RICARDO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)", Causa No MO-40825-2018 sentencia del 16/04/19). En el mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Sala Primera de la Cámara Colega del dpto. judicial de Azul con fecha 30/04/19 en los autos "Banco Santander Rio S.A. C/ Ver Florencia Paola S/ Acción de secuestro 1- 63917-2018”.
En el voto de la Dra. Comparato se ha establecido: "Siguiendo el sendero que nuestro Superior Tribunal provincial ha comenzado a marcar en materia de aplicación de la ley de protección al consumidor en las operaciones de crédito para consumo con garantía prendaria, adelanto mi criterio en cuanto a que considero que el trámite normado por el art. 39 no puede ser aplicado a las relaciones de consumo en tanto impide el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio del consumidor, parte débil en el contrato principal, al cual accede la prenda como garantía de cumplimiento. La solución propuesta encuentra su respaldo legal en el art. 42 CN y lo dispuesto por el art. 1094 CCCN el cual dispone que en caso de duda sobre la interpretación del CCCN o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor." (conf. vot. cit).
En la misma línea, sosteniendo la inaplicabilidad del art. 39 de la mencionada normativa a las relaciones de consumo, se pronunció la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Azul en la causa “Rombo Compañía Financiera SA c/ Pedroza, Juan Emanuel s/ Acción de secuestro prendario” RSD N° 79 sentencia del 12/06/19.
Por otro lado, la Corte Suprema de la Nación, en la causa “Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A c/ Martínez Ramón Vicente s/ secuestro prendario, en donde se estableció: “…privar al deudor –en la relación de consumo- de todo ejercicio de derecho de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
17. Conclusión Por los fundamentos expuestos entiendo que el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro –Decreto- Ley N°15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t. o. Dec. N° 897/95) no se puede integrar en el diálogo de fuentes (conforme ya he señalado en el pto. 4.2) al vulnerar los derechos constitucionales de igualdad, de propiedad y de defensa en juicio de los deudores en general y de los consumidores en particular, y en consecuencia propongo se declare la inconstitucionalidad y aconvencionalidad de la disposición mencionada. (Arts. 1 y 2 CCCN); (Art. 75 inc. 22 CN); Los derechos de igualdad (Art. 15 CN; 11 C. Prov. Bs. As.; de propiedad (Art. 17 CN; 31 C. Prov. Bs.
As; defensa en juicio (18 CN; 15 C. Prov. Bs. As). 28. 42 Y 43 CN; (Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) – Adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Arts. 1° y 7° - derecho de igualdad – ; 8° -derecho a un recurso efectivo -, 10° - derecho a ser oído públicamente y con justicia en un tribunal independiente - 11° - derecho a las garantías necesarias para su defensa -, art. 17° - derecho a la propiedad, individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad -, art. 22 ° - garantía a la protección de los derechos económicos y sociales -); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Art. 3° -garantías de los derechos económicos, sociales y culturales - ; Ley 23.313 –De aprobación de los Pactos Internacionales de Aprobación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por la República Argentina con fecha 8 de agosto de 1986, aprobado por ley 23.313, del 17 de abril de 1986, con reservas), -Art. 3 – derecho de igualdad de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto -; Art. 14° - Garantías de igualdad y de defensa en juicio. Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia; toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil - ; Art. 26° - todas las personas son iguales ante la ley -).
(Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, ratificada por la República Argentina: 14 de agosto de 1984. Aprobada por Ley 23.054 del 1 de marzo de 1984, con reservas, declaraciones interpretativas y aceptación de competencia.) – Arts. 8° - Garantías Judiciales -, entre ellas derecho a ser oído y a recurrir el fallo; 21° -Derecho a la propiedad privada). Sentado ello, introduciré una novedad al criterio expuesto en mi voto en "Rombo Compañía Financiera S.A. c/ Ruiz Fuentes, Juana s/ Acción de secuestro (art. 39 Ley 12962)" (Causa N°5040/1) RSD N°40/18, sentencia del 13/03/18, proponiendo la readecuación del presente proceso a la vía de la ejecución prendaria, proceso constitucional que garantiza la defensa del consumidor (art. 598 y cdtes. del CPCC), solución compartida por cámaras colegas (ver pto. 16), lo que importa, en el caso, dejar sin efecto todo lo actuado en los presentes obrados.
Si bien en autos se ha llevado adelante audiencia conciliatoria con las partes, entiendo que dicha circunstancia no modifica la necesidad de readecuar el procedimiento; ello a los fines de otorgar al presunto deudor garantías reales de defensa y debido proceso.
Del mismo modo, toda vez que el procedimiento de secuestro prendario vulnera garantías constitucionales de defensa en juicio y habiéndose declarado la inconstitucionalidad y aconvencionalidad del art. 39 de la Ley de Prensa con Registro, por lógica consecuencia y a mayor abundamiento de lo expuesto “ut supra”, corresponde dejar sin efecto la medida del secuestro automotor ordenado con fecha 16/07/2025; pues en definitiva dicha medida encontraba su sustento en la disposición legal que hoy ha sido descalificada legalmente.
Tornando por ende su procedencia, al menos prematura.
Finalmente, atento a la forma en que se resuelve, corresponde declarar abstractos e inoficiosos los agravios de la parte apelante; toda vez que el rechazo del secuestro prendario ha procedido por otros fundamentos.
Por otra parte, toda vez que el apelante ha denunciado el inicio de un juicio que podría encontrarse “prima facie” relacionado con las presentes actuaciones (véase constancias electrónicas de fecha 23/05/2023 y memorial de fecha 07/08/2025) y atendiendo a los principios de defensa en juicio, debido proceso; como así también ante la posible existencia de una eventual conexidad entre las causas denunciadas, póngase dicha circunstancia a conocimiento del juzgador de grado, a sus efectos; ello en miras de preservar la doble instancia (arg. arts. 18 de la CN, 15 Const. Prov. bs. As.; 34 inc. 5 ap. B, del CPCC; Ley 24240 y sus modificatorias). Sin costas de Alzada, atento la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68 CPCC)
Por ello, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada, el Dr. Héctor Roberto Pérez Catella y Dr. José Nicolás Taraborrelli adhieren en su totalidad a los fundamentos y consideraciones expuestas VOTANDO POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. RAMON DOMINGO POSCA DIJO:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE DECLARE DE OFICIO la inconstitucionalidad y aconvencionalidad del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro –Decreto- Ley N°15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t. o. Dec. N° 897/95); 2°) SE DEJE SIN EFECTO todo lo actuado en las presentes -incluso la orden de secuestro-, volviendo las actuaciones a la instancia de origen a fin de que las mismas se readecuen al proceso de ejecución prendaria. Del mismo modo, toda vez que el apelante ha denunciado el inicio de un juicio que podría encontrarse “prima facie” relacionado con las presentes actuaciones (véase constancias electrónicas de fecha 23/05/2023 y memorial de fecha 07/08/2025) y atendiendo a los principios de defensa en juicio, debido proceso; como así también ante la posible existencia de una eventual conexidad entre las causas denunciadas, se deberá poner dicha circunstancia a conocimiento del juzgador de grado, a sus efectos; ello en miras de preservar la doble instancia (arg. arts. 18 de la CN, 15 Const. Prov. bs. As.; 34 inc. 5 ap. B, 598 y siguientes del CPCC; Ley 24240 y sus modificatorias). 3°) SIN COSTAS DE ALZADA.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Dr. Héctor Roberto Pérez Catella y Dr. José Nicolás Taraborrelli adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme el resultado obtenido en la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal:
1. DECLARAR DE OFICIO la inconstitucionalidad y aconvencionalidad del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro –Decreto- Ley N°15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962 y sus modificatorias (t. o. Dec. N° 897/95); 2°) DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado en las presentes -incluso la orden de secuestro-, volviendo las actuaciones a la instancia de origen a fin de que las mismas se readecuen al proceso de ejecución prendaria. Del mismo modo, toda vez que el apelante ha denunciado el inicio de un juicio que podría encontrarse “prima facie” relacionado con las presentes actuaciones (véase constancias electrónicas de fecha 23/05/2023 y memorial de fecha 07/08/2025) y atendiendo a los principios de defensa en juicio, debido proceso; como así también ante la posible existencia de una eventual conexidad entre las causas denunciadas, póngase dicha circunstancia a conocimiento del juzgador de grado, a sus efectos; ello en miras de preservar la doble instancia (arg. arts. 18 de la CN, 15 Const. Prov. bs. As.; 34 inc. 5 ap. B, 598 y siguientes del CPCC; Ley 24240 y sus modificatorias). 3°) SIN COSTAS DE ALZADA. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia