Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 20.760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar con el alcance indicado la resolución recurrida.
2Costas por su orden, habida cuenta estado del proceso y la ausencia de contradictor. (art. 68 y 69 del CPCC.)
MUNICIPALIDAD DE LANUS Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS
Exp Nº: AL-20760-2024 Jz 3 AVELLANEDA LANUS (J.E.V.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Vienen los autos por ante este Tribunal a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por las Municipalidades de Lanús y Quilmes contra la resolución dictada en fecha 10/9/2024, por la cual el señor Juez a quo se declarara incompetente para intervenir en este proceso, ordenando consecuentemente la remisión de las actuaciones a la justicia en lo Contencioso Administrativo.
ii.- Se agravian las recurrentes por considerar que el judicante de origen ha anticipado su declaración de incompetencia cuando aún no se encontraban reunidas las condiciones para expedirse sobre la cuestión. Explican, resumidamente, que en función de las características propias de pleito principal que pretende eventualmente plantearse en el futuro resulta competente la justicia ordinaria en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires; ello puesto que el objeto de ese potencial pleito es la cesación de un perjuicio actual mediante una acción preventiva. Sostienen que, a efectos de encuadrar correctamente dicha pretensión, delimitar su objeto e identificar los eventuales legitimados pasivos, se han propuesto estas medidas preliminares que deben tramitar por ante la justicia común.
Exponen, además, que aún soslayando lo precipitado de la resolución, la naturaleza de la relación jurídica sustancial escapa a la competencia contencioso administrativa, la cual posee una delimitación jurídica privativa plasmada en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que prevé la excepción de aquellas cuestiones sometidas al derecho privado, y asimismo en la constitución provincial de cuyo articulado surge con claridad las características específicas que contiene la materia contencioso administrativa, que entienden no se encuentra verificada en la especie.
En virtud de todo ello peticionan se revoque lo decidido en la instancia de origen, declarando competente para continuar interviniendo a la justicia en lo Civil y Comercial.
iii.- Reiteradamente tiene dicho esta Sala, siguiendo los lineamientos trazados sobre la cuestión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a fin de resolver las cuestiones de competencia, han de tenerse en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos expresados en la demanda por quien acciona, para recién después y sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión, así como también la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes. (arg. arts. 330 y conds. del CCPC; CSJN, Fallos: 306:1056; 308:2230; 328:73 y 329:5514, entre muchos otros; esta Sala Primera, causa LZ-35248-2020, S. 14/4/2021)
Sentado ello, atendiendo entonces el planteo inicial y el motivo por el cual han sido requeridas las medidas preliminares solicitadas —los que se corresponden, además, con los agravios traídos a consideración—, puede afirmarse sin hesitación que nos encontramos frente a la etapa gestacional y preparatoria de lo que, según expresamente alegan las recurrentes, ulteriormente podría configurar una acción preventiva regulada por el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación; instituto que fuera incorporado a nuestro ordenamiento de fondo con la sanción del referido Digesto de derecho privado y que, en sustancia, tiene por finalidad hacer cesar producción de un daño, su continuación o agravamiento cuando aquél pueda resultar previsible; de modo que aparece prima facie inequívoco que se trataría entonces de una contienda que habría de enmarcarse, en principio, en la esfera del derecho privado. (cfr. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo VIII, pgs. 305 y sgtes., Ed. Rubinzal - Culzoni)
Evaluada así la cuestión, resulta entonces atendible la crítica traída a consideración, pues, como lo tiene decidido el cimero Tribunal de la Nación corresponde declarar la competencia de la Justicia Civil en la tramitación de las medidas preliminares, si el objeto del juicio principal se relaciona prima facie con la interpretación de cuestiones vinculadas al régimen de responsabilidad civil extracontractual, pues esta materia compromete con influencia decisiva el examen de aspectos propios del derecho común, cuyo abordaje corresponde a ese fuero; ello aún cuando los hechos tuvieran lugar en un medio interjurisdiccional, si lo que se pretende es la reparación del perjuicio causado. (Cfr. dictámen del procurador general al que remite la CSJN en autos "Margarita Noemí y otros s/ medidas preliminares", expte. CIV 104588/2013/CS1, S. 27/3/2015) Ello sin perder de vista, además, que como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires "no toda contienda que involucre a uno de los sujetos enumerados en el artículo 166, quinto párrafo, de la Constitución Provincial constituye ipso facto un caso contencioso administrativo", debiéndose en caso de resultar una materia de controversia que verse sobre cuestiones gobernadas por el derecho privado y por ende extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado, declarar competente para continuar conociendo en el asunto al juzgado de primera instancia en lo civil y comercial asignado. (Cfr. SCBA in re "Municipalidad de Almirante Brown c/ Provincia de Buenos Aires s/ rectificación de asiento registral - cuestión de competencia art. 7 Ley 12.008, S. 23/2/2021)
En tales condiciones, siguiendo por último los lineamientos propios trazados por este Tribunal en cuestiones análogas a la presente —en los cuales nos hemos expedido sosteniendo que si la controversia se encuentra regida por normas de derecho privado, resulta por tanto ajena a la competencia del fuero contencioso administrativo—; consideramos que la decisión adoptada en la instancia de origen resulta prematura; en tanto tampoco se avizoran en este estado liminar del proceso elementos que atiendan la existencia de un caso que involucre "...en el ejercicio de funciones administrativas..." a alguno de los sujetos identificados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sino antes bien, un supuesto de excepción tal y como lo prevé el artículo 4, incíso 1 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires —art. 166 CPBA—. (Cfr. Este Tribunal, autos "Cuello, María Sol c/ Hirtner, Cristian y otros s/ daños y perjuicios, expte. 4263/2019, S. 42631/2019) En virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde en consecuencia revocar el decisorio recurrido, declarando competente para continuar interviniendo en el proceso al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, por ante quien deberá continuar el trámite de las presentes según su estado.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Revocar con el alcance indicado la resolución recurrida.
2. Costas por su orden, habida cuenta estado del proceso y la ausencia de contradictor. (art. 68 y 69 del CPCC.) REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
(parte actora - Dr. Nielsen Enemark)
Fin de la sentencia