Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Martín · Causa 11.394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192) en cuanto establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción;
2Consecuentemente, declinar la competencia de este Tribunal de Alzada y disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza (cfr. art. 38 y cc. de la Ley 5827, t.o. por Ley 13634);
3No adoptar en esta sede medidas en los términos del art. 12 del CPCC; ello, sin perjuicio de la vigencia de la medida cautelar dictada en la instancia de grado, en función de lo explicado en el Considerando 11°.
En la ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín celebran acuerdo ordinario, estableciendo el siguiente orden de votación en virtud del sorteo efectuado: Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar resolución en la causa n° LM-11394-2024, caratulada “A. , R. D.L. A. C/ IOMA S/ AMPARO”.
I. Conforme se desprende de las constancias obrantes en el Sistema Informático “Augusta” (en adelante “SIA”), con fecha 2/2/24 la Sra. R. D.L. A. A. –por derecho propio- promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.), con el objeto de que se condenara a dicho ente a que –dada su condición de persona con discapacidad derivada de un ACV padecido en 2.017- le proveyera la cobertura al 100% de la internación en el Centro Integral de Rehabilitación de Alta Tecnología u otro con planes de rehabilitación y plantel profesional equivalente, hasta tanto la condición médica y discapacidad que padecía lo requirieran, por cuanto el prestador que le había estado brindando atención domiciliaria le había informado el cese del servicio a partir de los últimos días del mes de enero del corriente año.
Asimismo, solicitó que se le reconociera inmediatamente –con carácter de medida cautelar- la cobertura inmediata de la internación requerida, a efectos de garantizarle la debida atención y cuidados urgentes que su delicado cuadro exigía.
II. Con fecha 5/2/24, y en lo que aquí interesa, el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial La Matanza –tras haber examinado la documentación aportada por la interesada y encontrado configurados los requisitos de procedencia de la tutela anticipada pretendida, en tanto aquella había quedado sin asistencia médica integral- resolvió admitir la medida cautelar requerida por la parte actora y ordenarle al I.O.M.A. que, en un plazo máximo de diez días, diera cumplimiento con un cupo en un centro de rehabilitación de alta tecnología (pudiendo tratarse del sugerido por la amparista u otro de similares características) y afrontara todos los gastos que de allí derivaran para llevar a cabo el tratamiento y asistencia clínica que requiriera el caso.
III. Con fecha 8/2/24, el mandatario de la Fiscalía de Estado bonaerense –en representación del ente accionado- interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento previamente detallado y con expresión de fundamentos.
En dicha pieza se agravió, en esencia, por entender que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar dictada en autos, toda vez que la tutela dispuesta coincidía con el fondo del objeto pretendido y con ello se vaciaba de contenido toda posible discusión futura sobre el tema; y, además, la amparista no había justificado haber requerido administrativamente el cambio de institución, circunstancia que descartaba la configuración de la verosimilitud en el derecho invocado.
IV. Con fecha 9/2/24, el Sr. Juez a quo subrogante decidió conceder el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y ordenó formar el correspondiente incidente para su remisión a esta Alzada.
V. Con fecha 14/2/24, el magistrado subrogante del juzgado de origen ordenó elevar las presentes actuaciones a esta Cámara y fueron recibidas en la jornada siguiente en forma electrónica, habiendo pasado al Acuerdo para resolver (arg. Res. n° 386/20 SCBA y Resolución Presidencia n° 14/20, 18/20 y 25/20 SPLA) previo sorteo de ley. Bajo tales condiciones, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:
¿Qué temperamento corresponde adoptar en las presentes actuaciones?
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Ana María Bezzi dijo:
1. En las condiciones relatadas, corresponde de modo liminar tratar la competencia deferida a esta Cámara en lo Contencioso Administrativo, por conducto del art. 17 bis de la Ley 13928.
En efecto, conforme los argumentos que desarrollaré más adelante, he de anticipar que -en orden a una nueva lectura de lo dispuesto por el art. 17 bis de la ley provincial n° 13928 (Artículo Incorporado por Ley 14192)- considero que la especial atribución de competencia en materia recursiva a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo en el marco de la acción de amparo deviene inconstitucional.
Ello así, en la medida en que se advierte que la referida norma, que establece que “En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción”, contraría lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Provincial, vulnerando principios de rango constitucionalidad, tales como el de Jerarquía Normativa, la garantía del Juez Natural, el principio de Tutela Judicial Continua y Efectiva y de Igualdad ante la ley. 2°) Cabe aclarar que el análisis de constitucionalidad de la norma en cuestión -art. 17 bis de la Ley 13928-, resulta procedente sin perjuicio de la falta de planteo al respecto.
Debe recordarse que la declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes (cfr. SCBA L 119011 S 14/12/2016 “Tarducci”).
En efecto, el debate en torno a la posibilidad de ejercer oficiosamente el control de la constitucionalidad de los actos de gobierno (y, en el caso de autos, de las leyes dictadas en su ejercicio) ha recibido respuesta positiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primeramente en la causa “Mill de Pereyra Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes” (sentencia del 27-IX-2001, LL 2001-F-891), y luego “Banco Comercial de Finanzas s/ Quiebra (sent. del 19-08-2004, LL 2004- E, 647).
Y es que el ejercicio de la atribución constitucional que emana del art. 31 de la Constitución nacional, constituye una cuestión de derecho y no de hecho, de ahí que la resolución de oficio no quiebra la igualdad de las partes en el proceso ni afecta la garantía de la defensa en juicio, la que no puede ser argumentada frente al derecho aplicable para resolver la contienda. Resulta, en tal sentido, que tanto la doctrina legal de esta Suprema Corte, cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas "Mill de Pereyra", sent. del 27-IX-2001 y "Banco Comercial de Finanzas S.A.", sent. del 19-VIII-2004) convalidan la facultad de los jueces para ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas (cfr. SCBA LP A 70619 RSD-4-16 S 11/02/2016 Juez KOGAN (MA); Carátula: Avelleyra, Eduardo c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley).
Al respecto, el Tribunal Cimero provincial tiene dicho que “La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes” (SCBA LP A 73799 RSD-338-18 S 26/12/2018 Juez NEGRI (SD); Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Agroservicios Pampeanos S.A. s/ Medida cautelar autónoma o anticipada. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley).
3. Sentado ello, cabe recordar que el art. 43 de la Constitución Nacional establece: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva…”.
En ese mismo sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su art. 20: “Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales: (…) 2- La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos. El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus (…) En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos (el énfasis me pertenece).
La SCBA definió a la acción de amparo como “un instrumento procesal, de fuente constitucional, que permite la protección de los derechos fundamentales de las personas por parte de los órganos jurisdiccionales, con el propósito de impedir su afectación o restituirlos en su uso y goce, cuando siendo ciertos fuesen lesionados por el Estado o por los particulares. Se trata, en suma, de un mandato constitucional en función protectoria (arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.)” SCBA LP C 120739 S 29/08/2018 Juez KOGAN (MA), Carátula: Ianni, Ariel Fernando contra Federación Regional de Automovilismo Mar y Sierras y otro. Amparo).
Por su parte, la Ley 13928 dispone: “ARTÍCULO 3°: En la acción de amparo será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos (…)” (el énfasis me pertenece).
Ahora bien, la Ley 14192 incorporó a la Ley 13928 el artículo 17 bis, el que reza “En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción”.
De los fundamentos de la referida ley surge: “También se prevé que en los amparos deducidos contra el Estado, será Tribunal de Alzada la Cámara Contencioso Administrativa correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público”.
4. En las condiciones descriptas, se advierte que la determinación de la competencia de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo dispuesta por el artículo 17 bis de la Ley 13928, resulta antagónica con lo consagrado por el art. 20 de la Constitución Provincial, en lo tocante al “juez competente”. Ello así, en la medida en que establece una competencia especial en cabeza de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, soslayando la garantía del juez natural, consagrada en la Carta Magna provincial e incurriendo, en consecuencia, en una vulneración del principio de jerarquía normativa.
Al respecto, se ha señalado que la intervención de los jueces naturales que integran un órgano es una de las garantías constitucionales que asegura el debido proceso en todas las causas, por lo que su apartamiento debe ser de especial consideración (conf. arts. 18, Const. nacional y 10, Const. provincial) (cfr. SCBA LP I 77047 RSI-511-22 I 27/05/2022, Carátula: Pilar Bicentenario S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad de la ley 15.239; SCBA LP I 71017 I 15/06/2011, Carátula: Necochea Entretenimientos S.A. y otros c/Municipalidad de Necochea s/Inconstitucionalidad Ordenanza 6873/2010 (y Decreto 1122/10).
Además, tampoco debe soslayarse que “El principio de competencia territorial consagrado en el art. 3 de la ley 13.928, establece como órgano judicial competente para entender en la acción de amparo aquel con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos. La amplia atribución de competencia consagrada en el art. 20 inc. 2° de la Constitución provincial que la establece en favor de "cualquier juez", conjugado con la norma transcripta, dan cuenta de la intención legislativa de confiar la decisión del asunto al órgano que cabe presumir, por su localización, en mejores condiciones de resolver la cuestión” (SCBA LP B 73292 RSI-24-15 I 19/02/2015, Carátula: Garate, Pablo Humberto y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia; SCBA LP B 73301 RSI-451-14 I 24/09/2014, Carátula: Villordo, Sergio Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia).
5. En esa inteligencia se observa, además, que la atribución de competencia en los términos que ha sido regulada por el art. 17 bis de la Ley 13.928, desnaturaliza la esencia de la acción de amparo en razón de la cual se justifica la intervención de cualquier juez, independientemente del fuero en el que desarrolle su actividad.
En efecto, teniendo en cuenta que la procedencia de la acción de amparo presupone la afectación de derechos constitucionales de forma manifiesta, de manera que pueda ser percibida por cualquier magistrado independientemente de su especialización, la atribución de competencia efectuada a través del art. 17 bis referido a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, se aprecia contradictoria con el espíritu de la acción constitucional de amparo.
Al respecto, la SCBA ha señalado que, en los procesos de amparo y a partir del régimen fijado en las resoluciones 1358/06 y 1794/06 -ratificadas por resolución 957/09-, se estableció que cualquier juez de primera instancia resultaba competente para conocer y decidir en tales acciones, independientemente de su concreta especialización material. Ello así, se sostuvo, por cuanto la determinación de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiva de derechos constitucionales primordiales en principio no la requería (conf. arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.) (cfr. SCBA LP B 78108 RSI-393-23 I 13/04/2023 Juez KOGAN (SD), Carátula: Etulain, Viviana c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008; SCBA LP B 77432 RSI-34-23 I 10/02/2023 Juez KOGAN (SD), Carátula: Lowy, Claudio René c/ Municipalidad de Tandil s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008; SCBA LP B 77433 RSI-35-23 I 10/02/2023 Juez KOGAN (SD), Carátula: Lowy, Claudio René c/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008).
En esa senda, la fundamentación que surge de la exposición de motivos de la Ley 14192 -que reformó la Ley 13928-, consistente en “evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público”, luce insuficiente a los efectos de justificar el apartamiento de lo dispuesto de manera clara y precisa por la Constitución Provincial en su art. 20: “El Amparo procederá ante cualquier juez”. Así las cosas, teniendo en consideración las características de la acción de amparo, no se advierte cómo la aplicación del principio de juez natural en las instancias recursivas pudiera derivar de manera razonable en el dictado de sentencias contradictorias, como se sostiene sin mayores fundamentos en la exposición de motivos.
6. Por otra parte, como adelantara, la atribución de competencia establecida mediante la incorporación del art. 17 bis a la Ley 13928, no sólo contradice lo dispuesto por la Constitución Provincial, sino que deriva, además, en el caso concreto de este Tribunal, en una afectación al principio de tutela judicial efectiva con relación a las demás materias de competencia propia de este fuero (Ley 12008, entre otras). No huelga recordar que el art. 15 de la Constitución local reza: “La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.
En efecto, el aumento exponencial en la cantidad de procesos de amparo en los que, en virtud del art. 17 bis de la Ley 13928, deben entender las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, llevó a este Tribunal a dedicar la mayor parte de sus recursos humanos a la pronta resolución de los mismos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la garantía consagrada en el art. 15 de la Constitución Provincial respecto del resto de los conflictos que, a través de los procesos ordinarios, llegan a este Tribunal para su dilucidación.
Repárese en ese sentido que, según dan cuenta las estadísticas de gestión enviadas periódicamente a la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2019 ingresaron a esta Cámara regional 267 juicios de amparo; en 2020, 258; en 2021, 361; en 2022, 365; y en 2023, 450, lo cual exhibe una marcada curva ascendente. Tal es así que en la primera mitad del mes en curso (febrero de 2.024) han ingresado cerca de 43 amparos, circunstancia que agrava el cuadro de situación existente al punto de comprometer también la resolución de ese tipo de proceso urgente y de las cautelares requeridas en dicho marco, dentro del exiguo plazo legal de tres días que se asigna a este tribunal colegiado para emitir pronunciamiento (art. 17 de la Ley 13928 y mod.).
Resulta imperioso resaltar, además, que conforme se desprende de las estadísticas publicadas en la página web de la SCBA (https://www.scba.gov.ar/estadisticas.asp?opcion) para el año 2022, en toda esta provincia las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal registraron un ingreso total de treinta y un (31) acciones de amparo y las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial observaron un ingreso de noventa y seis (96) causas; mientras que en el caso de las únicas cuatro Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo provinciales -con competencia regional-, la cantidad de acciones de amparo ingresadas fue de mil seiscientos cuarenta y siete (1.647), denotando ello un desequilibrio absoluto –en la materia- entre los tribunales de alzada que integran el servicio de justicia provincial. Como corolario de lo expuesto, no es posible soslayar que tal marcada concentración en el ingreso de amparos, al menos en esta Cámara de San Martín, ha impactado ciertamente de modo negativo en la celeridad de la respuesta jurisdiccional en el universo restante de procesos en los que esta Alzada interviene. Es que se ha generado no sólo un colapso que es sobrellevado a partir del gran compromiso y esfuerzo de sus miembros (magistrados, funcionarios y personal); sino también, y a pesar del esmero y dedicación antes mencionado, se ha producido un visible desbalanceo en el cumplimiento de los plazos para el dictado de las sentencias definitivas. Demoras que son puestas en conocimiento del Alto Tribunal en el marco de los pedidos de prórroga que se vienen realizando de conformidad con lo dispuesto por el art. 167 del CPCC.
Retomando el análisis de la cuestión, se estima oportuno adjuntar un cuadro comparativo confeccionado a partir de los datos estadísticos que se desprenden de la página web del Tribunal Cimero provincial, antes aludida. La diferencia en la cantidad de procesos de amparo que deben resolver los distintos tribunales de apelación de la provincia, implica una clara sobrecarga de tareas para este Tribunal que se traduce, en definitiva, en una afectación al principio de tutela judicial efectiva y continua respecto del universo de justiciables del fuero.
Ello, pues la situación descripta ha derivado en la imposibilidad de esta Cámara de cumplir con los plazos previstos por la normativa vigente para el dictado de sentencias definitivas, circunstancia que -como se anticipara- ha llevado a la necesidad de solicitar a la SCBA el otorgamiento de prórrogas para el dictado de las mismas de manera constante desde fines del año 2021 y hasta la actualidad.
Dicha circunstancia ha motivado numerosos pedidos de pronto despacho en las causas con llamamiento de autos para sentencia con pronunciamiento definitivo demorado (ver a modo de ejemplo causas nro. 8882, 9823, 5884, 10349, 5086, 10586, 10423, 10287, 9351, 10585, 10367, 6168, 10570, 10528, 9316, 8866 y 10502) y frecuentes consultas realizadas en sintonía a través del canal “Consultas a Organismos” contemplado en la MEV, en cuyas respuestas se ha puesto a los justiciables en conocimiento del complejo cuadro de situación que aqueja a este organismo.
Ese marco debe ser ponderado además tomando en cuenta que, en la actualidad, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín tiene una vasta competencia territorial que se extiende a los departamentos judiciales de La Matanza, Mercedes, Moreno- General Rodríguez, Morón, Merlo, San Isidro, San Martín y Trenque Lauquen, los cuales –en combinación- poseen una alta densidad demográfica (lo integran un total de 8.150.072 de habitantes; es decir casi el 50% de la población de la Pcia. de Buenos Aires, conforme Datos provisionales del Censo 2022 Fuente: INDEC - Dirección Provincial de Estadísticas; publicado en las Estadísticas de la SCBA) y un elevado componente de litigiosidad que se proyecta claramente en las estadísticas publicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (véanse Anexos I, II y III, los cuales han sido extraídos de los enlaces https://www.scba.gov.ar/planificacion/poblacion%20superficie%20organos.pdf; https://www.scba.gov.ar/planificacion/poblacion%20sup%20dens%20x%20parti do%202022%20departamental.pdf; y https://www.scba.gov.ar/planificacion/poblacion%20sup%20dens%20x%20parti do%202022%20departamental.pdf).
Una muestra de ello es que desde el año 2020 se ha incrementado exponencialmente el ingreso de causas a este tribunal –conforme dan cuenta las estadísticas que publica la SCBA en su sitio web y son de público acceso- y ese cuadro de situación no ha resultado ajeno a la labor legislativa. Véase que en la expresión de fundamentos de la Ley 15400 (https://normas.gba.gob.ar/documentos/B1eM4nc6.html) se expuso que el proyecto había surgido de un trabajo realizado en consonancia con las resoluciones 421/21 y 439/21 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y a partir del estudio de los datos y estadísticas suministradas por dicha institución a través de su Secretaria de Planificación, datos que se encontraban detallados y sustentaban varias modificaciones a la Ley 12074. En virtud de lo señalado, se pretendió modificar la competencia territorial de las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la Provincia y adicionarle a la Cámara de San Nicolás competencia territorial para conocer en las causas correspondientes a los Departamentos Judiciales Mercedes, Moreno - General Rodríguez y Trenque Lauquen, que actualmente son decididas por esta Cámara con asiento en San Martín.
Sin embargo, tal fundamental modificación en la atribución de competencias territoriales que hubiera permitido una reducción de un 30% aproximadamente en el número de expedientes ingresados a esta Alzada y que, se reitera, quedó plasmada en la exposición de motivos de la Ley 15400, se vio truncada del texto legal finalmente aprobado.
En el acuciante contexto apuntado, cabe recalcar que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple e inescindible enfoque: a) la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) el obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión; c) el que esa sentencia se cumpla, es decir, la ejecutoriedad del fallo (arts. 706, Cód. Civ. y Com.; 18, Const. nac.; 7, 8, 9 y 25, CADH; 10 y 11, DADDH; 14, PIDESC) (cfr. SCBA LP C 124589 S 21/03/2022 Juez TORRES (SD), Carátula: M.L.F. c/ C.M.E. s/ Acción de compensación económica).
Asimismo, debe tenerse en consideración que “La Suprema Corte dictó hace aproximadamente quince años las resoluciones que establecen el procedimiento que debe seguirse para la asignación de las acciones de amparo, ordenando que se haga un sorteo entre todos los órganos jurisdiccionales de primera o única instancia de los fueros civil y comercial, penal, laboral, familia, menores y contencioso administrativo. Ello no obstante, es frecuente que los magistrados que no integran el fuero contencioso administrativo, rehúsen conocer en esta clase de acciones con el único argumento de que los hechos que motivan su interposición subsumen en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Const. prov. y 1, ley 12.008). Tal temperamento resulta contrario a lo dispuesto por los arts. 20 de la Constitución provincial, 3 de la ley 13.928 y las resoluciones 1358/06, 1794/06 y 957/09 y resta eficacia a la acción de amparo, obstaculizando la tutela judicial continua y efectiva que consagra el art. 15 de la Carta local” (cfr. SCBA LP B 77242 RSI-444-21 I 19/08/2021, Carátula: Desarrollos Educativos S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008).
Lo dicho vislumbra, a mi entender, un posicionamiento en torno a que en el ejercicio jurisdiccional en materia de amparo (dejando de lado los asuntos ambientales) prima la competencia amplia sobre cualquier juez plasmada por el constituyente bonaerense en la última reforma de nuestra norma fundamental.
8. Por otro lado se observa, asimismo, que el art. 17 bis de la Ley 13928 resulta contrario al Principio de Igualdad, consagrado por el art. 16 de la Carta Magna y el art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, en la medida en que establece una competencia especial en razón de la materia con el fin de “evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público” (cfr. exposición de motivos Ley 13928); circunstancia que –siguiendo el espíritu de la norma-, importaría el reconocimiento de una garantía únicamente para aquellos justiciables cuya pretensión se enmarque en lo dispuesto por el artículo en cuestión (acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo), lo que dejaría -siguiendo la lógica de la norma en cuestión- al resto del universo de amparistas ante el riesgo de resultar sujetos al dictado de sentencias contradictorias.
Cabe recordar que el art. 11 de la Constitución Provincial establece: “Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución. La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social”.
Y que, al respecto, la SCBA ha sostenido que si bien el legislador puede válidamente establecer un tratamiento desigual para quienes se encuentren en diferente situación, ello lo es a condición de que la distinción no aparezca como arbitraria o irrazonable (cfr. SCBA LP I 76154 RSD-158-21 S 31/08/2021 Juez KOGAN (SD), Carátula: Darío, María Fernanda c/ Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad ley 10.579); y que “El principio de igualdad debe ser aplicado e interpretado a la luz de la razonabilidad” (SCBA LP I 73005 RSD-88- 21 S 26/05/2021 Juez PETTIGIANI (SD), Carátula: Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Consejo Profesional de Agrimensura).
En dichas condiciones, he de reiterar que, a mi juicio, el art. 17 bis de la Ley 13928 vulnera el principio de igualdad. Es que no resulta razonable que una distinción de la naturaleza de la dispuesta por la norma en cuestión, se sustente en un propósito básico y común de la administración de justicia toda: “evitar el dictado de sentencias contradictorias”.
Cabe apuntar que la SCBA ha sostenido que “Lo trascendente en cada caso suscitado por vicio de desigualdad es no sólo comprobar la existencia de un trato distinto, pues si bien ello es necesario no es suficiente para concluir que el principio se ha vulnerado, sino también cuál ha sido el criterio y el propósito seguidos por el legislador para efectuar la distinción de situaciones y de trato” (SCBA LP I 73005 RSD-88-21 S 26/05/2021 Juez PETTIGIANI (SD), Carátula: Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Consejo Profesional de Agrimensura).
Y que “El respeto de la igualdad ante la ley exige la paridad de tratamiento frente a la igualdad de situación o de circunstancias. Con arreglo a la fuerza obligatoria de este principio, toda norma que introduzca excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en las mismas condiciones debe ser descalificada. A la inversa, no cabe reputarlo infringido cuando la ley contempla de modo diferente situaciones no asimilables, si la distinción que incorpora no es arbitraria, irracional o segregativa, o si no responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases” (SCBA LP I 73162 RSD-85-20 S 27/08/2020 Juez SORIA (SD), Carátula:
Bengolea, Carlos Alberto c/ Pcia. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45, Ley 6716).
9. Sentado lo expuesto, resulta fundamental puntualizar que el temperamento que se viene exponiendo en orden a la inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley citada no se ve desvirtuado por la aplicación de tal precepto sin reparos en el dilatado tiempo que ha transcurrido desde que dicha atribución competencial se introdujera en la -hoy derogada- Ley 7166 y en la Ley 13928, actualmente vigente. Ello, insisto, en modo alguno resta sustento a la decisión que ahora se adopta.
En efecto, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado en numerosos precedentes la inconstitucionalidad de ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen pero que pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas, habiendo considerado que el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de tal manera que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad federal en su conjunto.
Con ese enfoque, el alto tribunal federal se pronunció en el marco de la causa “Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ Acción de amparo” (res. del 6/5/14; Fallos: 337:530), a raíz de una contienda negativa de competencia en la causa iniciada por un pensionado en los términos de la ley 23848 contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) con el objeto de obtener el pago de haberes, estimando oportuno revisar la validez constitucional de la competencia atribuida por el artículo 18 de la Ley 24463 a la Cámara Federal de la Seguridad Social como tribunal de apelación de las sentencias dictadas por los juzgados federales con asiento en las provincias.
Allí, en el marco del colapso en que se encontraba la citada Cámara debido a la sobrecarga de expedientes, el tribunal supremo comenzó por retomar el concepto de inconstitucionalidad sobreviniente y recordó que las leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley tiene –por su naturaleza- una visión de futuro y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291 y 328:566). A su vez, recalcó que ya había acudido a la declaración de inconstitucionalidad de oficio de las normas atributivas de competencia que excedían los límites constitucionales de sus atribuciones jurisdiccionales, en la medida en que la ausencia de planteamiento de la incompetencia en razón de la materia por los interesados no podía ser obstáculo para el pronunciamiento de oficio a su respecto (Fallos: 143:191; 185:140; 238:288 entre otros), pues de lo contrario se forzaría a los magistrados a declinar la propia jurisdicción o asumir la de otros tribunales u órganos sobre la base de normas constitucionalmente inválidas (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio).
Siguió el cimero tribunal con su análisis y precisó que mediante la Ley 24463 el Poder Legislativo, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 75, inc. 20 de la Constitución Nacional, había reglamentado el procedimiento en materia de seguridad social de acuerdo con un criterio cuya conveniencia o acierto esa Corte había reconocido como un ámbito ajeno a la posibilidad de revisión judicial (doctrina de Fallos: 300:642, 700 y 328:566, entre muchos otros), pero habiendo aclarado seguidamente que esa facultad legislativa no obstaba sin embargo a la valoración que cupiera efectuar acerca de la racionalidad de las medidas adoptadas, entendida ésta como la adecuación entre el medio elegido y el fin propuesto como bien social en un momento dado. Por ello, remarcó que ese medio sería admisible siempre que tuviera una relación racional con el fin que le sirviera el cual debería representar un interés social de intensidad tal que justificara la decisión; y, asimismo, que el medio sería admisible si no suprimiese ni hiriese sustancialmente otros bienes amparados por la misma estructura constitucional.
A partir de ello, señaló que el objetivo que el Estado perseguía mediante la creación de dicho fuero –Seguridad Social- y el establecimiento de la competencia de la Cámara había sido instalar un sistema eficiente que permitiese cubrir mejor los riesgos de subsistencia de la población de mayor edad o incapacitada para el trabajo, estableciendo un modo de revisión judicial de los actos que otorgaran o denegaran beneficios y reajustes, pero que no podía negarse la evidencia que demostraba que la vigencia de ese procedimiento de apelación había tenido el efecto contrario, en tanto en dicha Cámara se había producido una acumulación de causas provenientes de diferentes jurisdicciones federales del país que había derivado en el colapso, afectando de esa manera la posibilidad de que ciudadanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad obtuvieran en forma rápida y eficiente una respuesta jurisdiccional a sus reclamos.
De esa manera, frente al peligro cierto de ver comprometida su misión de velar por la vigencia real y efectiva de la Constitución Federal y de contrariar el propósito de “afianzar la justicia”, enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, el que no sólo se refería al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad (Fallos: 307: 326 y 328: 566), la Corte Nacional decidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 24463 –por cuanto no permitía efectivizar la pretensión fundamental del legislador de garantizar acciones y vías procesales que posibilitaran un efectivo acceso al servicio de justicia y a la tutela jurisdiccional, con el aseguramiento de una mayor eficiencia y celeridad de las decisiones judiciales (arg. Fallos: 328:566)- y estableció que la Cámara Federal de la Seguridad Social dejara de intervenir en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias y dispuso la competencia de la Cámaras federales que fueran tribunal de alzada.
En tales términos, cabe subrayar que las similitudes del cuadro de situación ponderado por el más alto tribunal federal para adoptar aquella decisión y la coyuntura que viene afectando a esta Cámara regional son evidentes; circunstancia que el tiempo ha demostrado que se agrava sin solución de continuidad por el aumento exponencial de las causas que ingresan diariamente y las dificultades para afrontar su resolución en los plazos legales con la estructura con la que se cuenta.
No es ocioso mencionar que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 15 de la Constitución bonaerense no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial, sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento, tal como así lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22) entre los cuales cabe citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1), lo que en nuestro caso se ve obstado por la incidencia de la numerosa cantidad de cuestiones urgentes que ingresan diariamente y que afectan negativamente en el necesario tiempo de estudio de las causas de pleno conocimiento que ingresan para sentencia definitiva, implicando –como se ha indicado- la necesidad de solicitar periódicamente a la SCBA la concesión de prórroga en el plazo para su dictado.
Nótese, en tal sentido, que tales pedidos de prórroga se encuentran habilitados por el art. 167 del CPCC exclusivamente respecto de los pronunciamientos definitivos, no así respecto de las decisiones interlocutorias ni las providencias simples. Tal situación -tal como se ha podido observar en el resultado de la Auditoría de gestión realizada por la SCBA en este Tribunal en octubre de 2023- ha exhibido el desbalanceo y desequilibrio que en el cumplimiento de los plazos se ha generado, en detrimento de los pronunciamientos definitivos de las restantes materias que son competencia de esta alzada; con la consecuente afectación de los principios constitucionales ya mencionados.
10. En definitiva, por todos los argumentos expuestos, corresponde declarar para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192) en cuanto establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción.
Por ello, en la especie, y como consecuencia de la inconstitucionalidad cuya declaración propongo, considero que esta Alzada debe inhibirse para el tratamiento del recurso de apelación articulado, debiendo remitirse la causa a la Alzada natural –y de pleno conocimiento- del Juzgado de origen; en el caso, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza (cfr. art. 38 y cc. de la Ley 5827, t.o. por Ley 13634).
11. He de precisar que el temperamento que propongo no implica desatender las cuestiones urgentes que pudieren suscitarse hasta tanto la causa quede radicada definitivamente ante el órgano de alzada respectivo. Es que, en la especie, no debe procederse de acuerdo a lo previsto en la primera parte del art. 12 del C.P.C.C. (por remisión del art. 25 de la Ley 13928 y mod.) desde que existe una medida cautelar concedida a favor de la parte actora y el recurso de apelación deducido contra la misma ha sido concedido con efecto devolutivo, pues en el caso no se ha hecho expresa excepción a tal regla (cfr. art. 17 de la Ley 13928 y mod.) en la providencia respectiva.
En otras palabras, corresponde dejar aclarado que -atento el bien jurídico involucrado y en resguardo del derecho a la vida y a la salud de la accionante- la medida cautelar dictada por el juzgado de origen ha de mantener su vigencia y ser consecuentemente cumplida por la accionada, hasta tanto tome intervención la Alzada en favor de la cual se declina la competencia.
Declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192) en cuanto establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción; 2)
consecuentemente, declinar la competencia de este Tribunal de Alzada y disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza (cfr. art. 38 y cc. de la Ley 5827, t.o. por Ley 13634); 3°) No adoptar en esta sede medidas en los términos del art. 12 del CPCC; ello, sin perjuicio de la vigencia de la medida cautelar dictada en la instancia de grado, en función de lo explicado en el Considerando 11°. ASÍ VOTO.
A la cuestión planteada, el Señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1. Adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede y a los fundamentos que la sustentan, pues coincido plenamente con el profundo desarrollo elaborado por mi distinguida colega que abre el presente acuerdo.
2. En esa inteligencia, entiendo oportuno remarcar que esta Cámara regional -compuesta por una única sala y actualmente con un cargo vacante- tiene competencia como tribunal de alzada de los Juzgados del fuero en la región conformada por los Departamentos Judiciales de La Matanza, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Merlo, San Isidro, San Martín y Trenque Lauquen (conf. art. 3 de la Ley 12074).
También este organismo interviene en instancia originaria en las demandas promovidas contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia y sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación provincial (conf. art. 2 Ley 12074 y mod.) y en la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario (conf. art. 74 Ley 12008 y mod - recursos directos).
Asimismo, la normativa prescribe un acotado plazo para resolver las sentencias definitivas (30 días), siendo la mitad del previsto tanto para la instancia de grado del fuero contencioso (60 días) -pese a tratarse de un tribunal colegiado- como del previsto para las alzadas del fuero civil y comercial en el CPCC.
A dicha vasta competencia se suma, además, lo señalado en relación a los amparos; es decir, este Tribunal es alzada para entender en los juicios de amparo contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo (conf. art. 17 bis de la Ley 13928), sorteados entre la totalidad de los juzgados de primera instancia y tribunales de instancia única (sin distinción de fuero) ubicados en los mencionados departamentos judiciales, los que –insistoingresan diariamente en gran cantidad y exigen una resolución urgente, conforme lo dispuesto por la propia ley dada la naturaleza de los asuntos implicados.
Por último, como apuntara la colega, resulta oportuno subrayar además que desde el año 2020 se ha incrementado exponencialmente el ingreso de causas a este tribunal –conforme dan cuenta las estadísticas que publica la SCBA en su sitio web y son de público acceso-.
3. Frente a tal cuadro de situación, y siguiendo el hilo argumentativo desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del caso “Pedraza” –referido en el voto que antecede- se advierte con claridad la sobreviniencia de la inconstitucionalidad de la norma en cuestión –art. 17 bis Ley 13928-, en la medida en que, con el único fundamento de “evitar sentencias contradictorias”, establece una competencia en cabeza de este Tribunal de una amplitud tal, que afecta de manera indubitable el derecho a una tutela judicial efectiva y continua del resto de justiciables que acuden al tribunal por las vías ordinarias, propias del fuero.
Lo finalmente resuelto en aquel precedente “Pedraza”, cuya doctrina fue ratificada por el alto tribunal federal al pronunciarse en el marco de la causa “Constantino, Eduardo Francisco c/ ANSeS s/ reajustes varios” (res. del 7/6/16; Fallos: 339:740), tiene su origen en lo decidido varios años antes en el fallo emitido en los autos “Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios” (res. del 29/3/05; Fallos: 328:566).
En la causa citada en último término, la Corte Federal ya había declarado la invalidez constitucional del art. 19 de la Ley 24463 que había establecido su competencia ordinaria en casos previsionales, lo que la había transformado en un tribunal de tercera instancia, desdibujando su rol de Tribunal Constitucional y produciendo la multiplicación de su volumen de trabajo de manera exponencial, con el consiguiente incremento en los tiempos de resolución y la producción de sustantivas demoras en la decisión de los expedientes.
Para ello, al igual que lo que sostendrían con posterioridad en el aludido precedente “Pedraza”, los ministros jueces que integraron la mayoría decisoria sostuvieron que si bien la sanción de aquella norma había tenido en miras agilizar los tiempos de decisión de los casos y garantizar un correcto tratamiento de ese tipo de cuestiones sensibles, había devenido inconstitucional en la práctica y con el paso del tiempo porque el enorme número de apelaciones que se había acumulado para la resolución por parte del tribunal supremo había demostrado que su aplicación, en vez de evitar el dispendio jurisdiccional que había sido el fin buscado por la norma, lo causaba y profundizaba.
Es dable resaltar que en el voto emitido conjuntamente en el fallo “Itzcovich” ya citado, los Sres. Jueces Maqueda y Zaffaroni han considerado y señalado que: “…en orden a la distribución constitucional de poderes, el Congreso Federal debe establecer las competencias, pero esta atribución no puede ser ejercida de modo que perturbe y hasta neutralice la función de control de constitucionalidad asignada por la Constitución al Poder Judicial, acudiendo a la potestad de agotar la capacidad juzgadora de sus órganos y menos aún de su última instancia constitucional. Si se admitiese la atribución del Congreso Federal en tan ilimitada medida, a) se produciría una quiebra del sistema de frenos y contrapesos constitucional, impidiendo la función controladora asignada al Poder Judicial, b) se reconocería al Legislativo la potestad de colapsar al Poder Judicial o a su órgano de última instancia, c) mediante el expediente de producir colapso, el Poder Legislativo podría desprestigiar públicamente a esta Corte o a cualquier otro órgano judicial, y d) en definitiva, se desbarataría la división de poderes y su racional equilibrio de recíprocos controles, o sea, e) se derrumbaría el sistema republicano.” (ver considerando 18° del aludido voto en el precedente invocado).
4. En definitiva, las circunstancias fácticas reseñadas, relativas a la acuciante situación que vive el Tribunal en razón del cúmulo de cuestiones urgentes que ingresan diariamente para su resolución, resultan una consecuencia directa de la amplia competencia asignada a los tribunales regionales de alzada en lo contencioso administrativo para entender en los procesos de amparo, por aplicación de lo normado por el artículo 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192).
A este respecto, el caudal de acciones de amparo que ingresan diariamente al Tribunal –del que dan cuenta los datos puntualizados por mi colega en su voto- se traduce en la imposibilidad de cumplir en los tiempos procesales correspondientes con el resto de los conflictos que, por vía ordinaria, llegan a esta Cámara para su dilucidación; extremo que deriva -sin más- en la afectación del principio de tutela judicial efectiva y continua, consagrado en el art. 15 de la Constitución Nacional y Provincial.
Cabe recordar que la garantía de la tutela judicial efectiva conlleva que los derechos que pudieren eventualmente asistirles a los interesados deben resguardarse en su tratamiento por medio de un proceso -o procedimiento- conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una decisión fundada (SCBA LP B 61941 S 13/11/2012 Juez SORIA [MA] Carátula: Varela, Aurora Angélica c/ Provincia de Buenos Aires [Dirección General de Cultura y Educación] s/Demanda contencioso administrativa; SCBA LP B 62942 S 18/12/2013 Juez GENOUD [SD], Carátula: Vilche, Ramón Félix c/Municipalidad de Junín s/ Demanda contencioso administrativa), de allí que su observancia también exige de una actuación jurisdiccional que no se desentienda de los tiempos que pueda consumir el proceso y que desaliente, evite y mitigue cualquier dilación indebida de los trámites (CA0000 MP P 1 RSD-3-8 S 17/04/2008 Juez RICCITELLI [SD] Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Vitali, Roberto Edgardo s/Apremio).
En esa inteligencia, corresponde destacar que el cimero tribunal local ha dicho que: “La competencia judicial es la aptitud otorgada por la ley a los jueces para conocer en las causas que corresponden a determinada materia, grado, valor o territorio. Puede definirse como la medida o alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Naturalmente, en cualquier ordenamiento procesal las reglas que fijan la competencia tienden ante todo a facilitar el objetivo que la ley sustancial procura y a posibilitar la actuación de las partes, no a complicarla o perturbarla, y son establecidas teniendo en cuenta los intereses generales y también los intereses particulares, atendiendo a los matices y especificidades que las circunstancias que cada hipótesis determine.
No otra cosa puede desprenderse de la enfática garantía del art. 15 de la Constitución de la Provincia en cuanto asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia.” (SCBA LP C 94669 S 25/09/2013 Juez DE LAZZARI [SD] Carátula: Alvarez, Avelino y otra c/"El Trincante S.A." y otros s/Daños y perjuicios; el subrayado me pertenece). Desde esa perspectiva, no puedo soslayar que la reforma constitucional de 1994 tuvo por finalidad concluir con la concentración del conocimiento y decisión de los casos administrativos en la Suprema Corte (art. 149 inc. 3 de la Const. Pcial. de 1934) y, al mismo tiempo, propender a la especialización así como a la desconcentración territorial de los órganos jurisdiccionales de la materia, para facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva (art. 15, Const.
Pcial.), ello conforme al diseño que razonablemente desarrollare la Legislatura (art. 166, primer párrafo, arg. arts. 215, primer párrafo, y concs., Const. Pcial.) (SCBA LP B 72999 RSI-345-15 I 17/06/2015 Carátula: OSSE - Obras Sanitarias Sociedad del Estado c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Recurso directo Tribunal Fiscal de Apelación. Cuestión de competencia); finalidad que se ha visto clara y seriamente comprometida con el devenir de la aplicación del art. 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192), al haberse producido un colapso en esta Cámara regional que ha llevado a la demora en la resolución de las sentencias definitivas en estudio –y, con el exorbitante ritmo de ingresos actual, ha comenzado a ocurrir también en los juicios de amparo-, lo que constituye un notorio retroceso en el espíritu del constituyente bonaerense de implementar una justicia administrativa no sólo cercana, sino también expeditiva.
5. Por consiguiente, y a pesar del esfuerzo y compromiso en la prestación de un adecuado servicio de justicia, es dable advertir que las circunstancias expuestas -entre otras- coadyuvan para generar una importante recarga de trabajo y, con ello, en una demora para resolver en plazo legal las causas que se encuentran en trámite ante este tribunal, respecto de lo cual – como se le informara con anterioridad- la SCBA se encuentra en conocimiento. En tales condiciones, reitero, acompaño la propuesta formulada en el voto preopinante por compartirla de manera plena. ASÍ VOTO.
De tal manera, terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. Declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 17 bis de la Ley 13928 (t.o. por Ley 14192) en cuanto establece que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción; 2°) consecuentemente, declinar la competencia de este Tribunal de Alzada y disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza (cfr. art. 38 y cc. de la Ley 5827, t.o. por Ley 13634); 3°) No adoptar en esta sede medidas en los términos del art. 12 del CPCC; ello, sin perjuicio de la vigencia de la medida cautelar dictada en la instancia de grado, en función de lo explicado en el Considerando 11°.
Regístrese, notifíquese a las partes -con carácter urgente- en sus dispuesta.
Fin de la sentencia