Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 39.579
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución recurrida, declarando competente para continuar interviniendo en el proceso al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
2Admitir la medida cautelar requerida, en los términos y con los alcances dispuestos en el punto vii. "b." del presente; a cuyo efectos deberá en la instancia de origen librarse los instrumentos pertinentes.
3Desestimar la inhibitoria requerida por el Juzgado Federal de Quilmes, Secretaría N° 5, debiendo en la instancia de grado formarse incidente de competencia en los términos del art. 12 del CPCCN y remitirse el mismo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con copia de lo aquí resuelto, y oficio al mencionado Juzgado a fin de comunicar lo decidido.
4Costas por su orden atento la forma en que se resuelve y el estado procesal del presente (art. 68 y 69 del CPCC.)
MUNICIPALIDAD DE LANUS C/ EXOLGAN S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC.
AUTOM./ESTADO)
Exp Nº: AL-39579-2025 Jz 3 AV. LN (SG)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. En fecha 05/12/2025 se presentó la Municipalidad de Lanús promoviendo demanda de daños y perjuicios y acción preventiva del daño contra una pluralidad individualizada de empresas privadas que operan en el complejo portuario de Dock Sud.
El objeto de su demanda incluyó así, en apretada síntesis, dos pretensiones principales: por un lado, la reparación económica del menoscabo hasta ahora producido en la infraestructura vial del partido de Lanús —el cual se atribuyó a la intensa circulación por sus calles de camiones de carga vinculados a las empresas demandadas— y, por otro, la cesación de los daños y su potencial agravamiento producto del incremento de la capacidad operativa que se adujo derivada de la obra de ampliación que una de ellas —Exolgan S.A.— se encuentra llevando a cabo en el lugar; por lo que, en definitiva, solicitó se condene a las accionadas a tal cese del daño mediante el desarrollo de un plan de inversión sobre la infraestructura vial de la comuna de Lanús.
Con respecto a Exolgan S.A., señaló que la misma es adjudicataria de una concesión para operar comercialmente su propia terminal en el Puerto de Dock Sud, concentrando de esta forma la actividad logística de containers y siendo, por tanto, la principal responsable por el voluminoso flujo de tránsito pesado que daña las calles del municipio. Finalmente, solicitó se decretara una medida cautelar inaudita parte consistente en la suspensión preventiva y transitoria de la obra de reconstrucción que está desarrollando actualmente la referida empresa en su terminal portuaria.
ii. Mediante resolutorio de fecha 12/12/2025 el magistrado de primera instancia se declaró incompetente para entender en la contienda, desestimó la medida cautelar peticionada y ordenó que, firme lo decidido, se remitieran las actuaciones a la justicia ordinaria en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires.
iii. En fecha 22/12/2025 la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento, siendo concedido en relación en fecha 23/12/2025.
iv. Interin, y mientras aún corría el plazo legal para que la apelante fundare su recurso, en fecha 30/12/2025 el juzgado de origen recibió oficio proveniente del Juzgado Federal de Quilmes, Secretaría N° 5, librado en el marco de los autos caratulados "Exolgan S.A c/ Municipalidad de Lanús s/ Inhibitoria" - Expte. FLP N° 56707/2025, mediante el cual el señor Juez federal comunicó la resolución que había dictado el 29/12/2025 y por la cual admitió el planteo de inhibitoria deducido por Exolgan S.A. ante el fuero federal, declarándose juez competente para intervenir en las presentes actuaciones.
Que de la copia adjunta de dicha resolución se extrae que su decisorio se fundó en tres cuestiones centrales:
1. Que la acción iniciada por la Municipalidad de Lanús tiene como objetivo intervenir judicialmente en la operatoria desarrollada por Exolgan S.A. en el Puerto de Dock Sud, comprometiendo por tanto cuestiones de competencia federal, tales como la circulación interprovincial e interjurisdiccional de bienes y servicios, el comercio internacional, la navegabilidad de las aguas nacionales e interjurisdiccionales y la actividad portuaria.
2. Que en la especie "entran en juego" cuestiones relativas al derecho ambiental y, según reconocimiento expreso en el escrito de demanda, el área involucrada integra la Cuenca Matanza-Riachuelo, un sistema ambiental que se encuentra sometido a un régimen federal concreto.
Resaltó en tal sentido que, por su propia naturaleza, las cuestiones de carácter colectivo ambiental resultan de alcance interjurisdiccional y destacó que el caso de autos configuraba la excepción prevista por el art. 7 de la ley 25.675 por tratarse de un conflicto de incidencia ambiental en el que se verifica la interjurisdiccionalidad del recurso afectado, dado que se peticionan medidas sobre una cuenca hidrográfica e infraestructura portuaria y vial, integrando el Puerto de Dock Sud el sistema portuario nacional, con implicancias en el comercio exterior argentino y en la navegación interjurisdiccional e internacional.
3. Finalmente, fundó su competencia en que, desde una perspectiva constitucional, la regulación de la navegación y del comercio interjurisdiccional e internacional y de los puertos se encuentra expresamente reservada al orden federal por aplicación del art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional y de la ley de Puertos Nro. 24.093, sistema normativo de base federal que reconoce a los puertos como infraestructuras estratégicas, integradas a un sistema nacional, aun cuando su administración sea ejercida por entes provinciales o mediante concesiones y permisos de uso.
Consecuentemente, luego de declararse juez competente para entender en las presentes actuaciones, remitió la ya referida rogatoria al juzgado a quo, en los términos y a los efectos dispuestos por el art. 9 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
v. En respuesta a dicho requerimiento, en fecha 30/12/2025 el señor Juez provincial indicó no poder expedirse en los términos del artículo 10 del Código Procesal de esta provincia por haberse inhibido para entender en estas actuaciones mediante providencia del 12/12/2025.
A su vez, informó que este último resolutorio había sido apelado por la Municipalidad de Lanús y que, al haber concedido dicho recurso, se había desprendido del conocimiento de la causa, motivo por el cual debía estarse a lo que oportunamente resuelva esta Cámara de Apelaciones, momento en el que se determinará el juzgado que habrá de dar cumplimiento a lo dispuesto por la norma antes citada.
vi. Así las cosas, en fecha 04/02/2026 la recurrente Municipalidad de Lanús fundó su recurso de apelación, siendo elevadas las actuaciones a este Tribunal para su tratamiento.
vii. Que, para un adecuado orden metodológico, se abordará en primer término el agravio relativo a la competencia contencioso administrativa, luego el tocante a la medida cautelar y, finalmente, por los motivos y en los términos que se desarrollarán, se abordará la cuestión relativa a la inhibitoria requerida por la justicia federal.
a. De la competencia Civil y Comercial.
Reiteradamente tiene dicho esta Sala, siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a fin de resolver las cuestiones de competencia han de tenerse en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos expresados en la demanda por quien acciona, para recién después y sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión, así como también la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (arg. arts. 330 y conds. del CCPC; CSJN, Fallos: 306:1056; 308:2230; 328:73 y 329:5514, entre muchos otros; esta Sala Primera, causa LZ-35248-2020, sent. del 14/4/2021).
Analizando bajo estas directrices las constancias de autos, se advierte que en la especie no ha variado la relación jurídica sustancial en virtud de la cual la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires se pronunciara en favor de la competencia del fuero Civil y Comercial de esta provincia para entender en el Expediente Nº AL-20760-2024 de diligencias preliminares que precediera a las presentes actuaciones (sent. del 31/3/2025).
En dicha causa, el fundamento de su decisorio radicó en que, aun cuando la actora fuese un sujeto enumerado en la cláusula general del contencioso administrativo (arts. 166, último párr., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA), toda vez que la demanda se entablaría contra sujetos no aforados y estaría regida por normas de derecho privado, el conflicto constituía un supuesto excluido del ámbito de conocimiento del fuero señalado.
Tales presupuestos fácticos no se han visto modificados en la presente litis, donde —conforme surge de los términos del escrito postulatorio— los hechos que se invocan como generadores del daño provienen exclusivamente del accionar desplegado por empresas privadas, no aforadas.
Deviene, entonces, irrelevante si la solicitud de iniciativa privada de reconstrucción presentada por Exolgan S.A. y el acto de otorgamiento emitido por el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud conforman o no un contrato administrativo en los términos desarrollados por el a quo en su resolutorio, puesto que el conflicto de marras no se ha suscitado entre las partes integrantes de dicho vínculo jurídico, ni refiere a la ejecución de sus cláusulas o las de los contratos de concesión adjudicados a las empresas accionadas.
La demanda aquí entablada por el municipio actor se direcciona y circunscribe concretamente al obrar de dichas empresas privadas, por fuera de aquellas relaciones jurídicas e, incluso, por fuera de la actividad esencialmente portuaria tal como la navegación, el comercio internacional o el tránsito interjurisdiccional de bienes.
En efecto, y si bien se mira, la actora imputa concretamente a las entidades demandadas los daños y perjuicios —actuales y futuros— que derivan del intenso tránsito pesado producido por los camiones que ingresan y egresan principalmente desde y hacia Exolgan SA —dada su concentración de la actividad logística de containers— así como el cese o mitigación futura de tales daños.
Por tanto, y en definitiva, el reclamo se inserta en el campo de los daños y perjuicios extracontractuales y de la acción preventiva del daño, instituto este último que si bien comparte ciertos aspectos con el daño temido o la tutela anticipada, constituye una acción autónoma regida por normas del derecho común.
En tal sentido, resulta útil recordar que "La acción preventiva, también conocida como tutela inhibitoria, puede consistir en una medida cautelar o definitiva y tramitar en un proceso autónomo o accesorio de otra pretensión [...] El Código regula la función preventiva desde el punto de vista sustantivo (art. 1710), que es diferente de la legislación procesal [...] Esta acción da lugar a un proceso cuya finalidad es terminar con una sentencia que establezca que ese evento no debe producirse, es decir, evita el daño (proceso urgente). Durante ese proceso, pueden pedirse medidas cautelares cuya finalidad es adelantar los tiempos del proceso (por eso es diferente a la cautelar que apunta al tiempo, del proceso sustantivo preventivo que se refiere a evitar el daño)". (Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo VIII. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015 págs. 295/296).
Se desprende de lo antedicho que la demanda instaurada involucra un conflicto de índole privada que se estructura sobre dos institutos exclusivamente regulados por normas del derecho común (arts. 1710 a 1715 y 1716 a 1752 del Código Civil y Comercial de la Nación) y, por lo tanto, escapan al ámbito de conocimiento de la justicia contencioso-administrativa.
Por último, y en relación a la competencia fijada por las diligencias preliminares, tiene dicho esta Sala que, conforme ha sentado el máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, la medida preliminar (art. 323 inc. 8° del C.P.C.C.) dictada por juez competente para conocer en el principal fija su competencia, debiendo éste radicarse ante él aunque las actuaciones hayan concluido (doct. Art. 6 inc. 4 del C.P.C.C., SCBA, Ac. 81845 I 20-6-2001, in re “Cane, Pablo c/ López, Eduardo Julio s/ Despido y cobro de pesos”; confme. esta Sala I, “Elizaga Juan Andrés y otro c/ Ing. Raul E. Baud S.R.L. y ot. s/ Ds. y Ps.” Reg. Sent. Def. N° 159 del 20/05/2008).
El artículo 6 inciso 4° del Código Procesal de la materia está inspirado en el principio de accesoriedad, con arreglo al cual corresponde conocer al juez que intervino en las diligencias preliminares en el proceso principal: su competencia se determina por las reglas aplicables a dicho proceso principal y, así, si tales diligencias fueron decretadas por el juez que hubiera sido competente para el principal este debe tramitar ante él, aunque la actuación de aquellas hubiesen concluido (esta Sala I, “Gomez Maximiliano Javier c/Gonzalez Angel Abel y Otros s/ Desalojo Excepto por Falta de Pago - Exp Nº: LZ-29001-2023” RR-592-2023 del 25/08/2023). Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar el decisorio recurrido en este punto, declarando competente para continuar interviniendo en el proceso al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, por ante quien deberá continuar el trámite de las presentes según su estado y conforme infra se especificará.
b. De la medida cautelar.
Ha de recordarse liminarmente que la prohibición de innovar es una orden de abstención de realizar actos que signifiquen un cambio o alteración de la cosa litigiosa, que el juez impone a los litigantes en el proceso.
En el caso particular de la prohibición de innovar, la misma tiene por objeto evitar que se cambie la situación de hecho o de derecho existente al momento que se decretó. En otras palabras, conserva el statu quo y obsta a que se modifique o altere, pendiente el juicio, el estado de la cosa o el derecho litigioso, evitando así los perjuicios que se puedan derivar de ello (Conf. Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas y Berizonce, Roberto; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados, Tomo II-C , Ed. Platense, La Plata, págs. 952/953).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el fundamento jurídico de la prohibición de innovar reposa en la garantía de la defensa en juicio y en la necesidad de asegurar la igualdad de las partes en el proceso, impidiendo toda lesión o modificación del bien o del derecho litigioso con el fin de que la sentencia a pronunciarse no sea inocua o extemporánea (Cfr. CSJN; Fallos 24:166; 35:265; 37:235; 122:255). Dicha medida será admisible en ausencia de cualquier otra figura típica, resultando por lo tanto improcedente cuando la seguridad puede alcanzarse a través de otros remedios legales, quedando al prudente arbitrio judicial.
Ahora bien, su admisibilidad ha sido prevista en toda clase de juicio, siempre que: a) el derecho fuere verosímil; b) existiere peligro de que si se mantuviere o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible y c) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.
Siguiendo estos lineamientos, considera este Tribunal que la actora ha aportado elementos probatorios que acreditan —prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión en examen— que la red vial de tránsito pesado de Lanús atraviesa un serio deterioro que guarda estrecha relación con la actividad que aquí se aduce dañina. En tal sentido, resultan relevantes las fotografías y actas de operativos desplegados en el municipio en el año 2025, así como el Informe de Relevamiento del Estado de la Infraestructura Vial en la Red de Tránsito Pesado de fecha 01/12/2025, emitido por el Subsecretario de Infraestructura e Ingeniería de la Municipalidad de Lanús.
También se han aportado elementos probatorios que dan cuenta de que aproximadamente el 39,45% de los camiones que circulan por el municipio lo hacen con destino o procedencia a EXOLGAN S.A., destacándose respecto a este punto el Informe Final de Tránsito Pesado emitido en fecha 17/10/2025 y suscripto por el Director General de Fiscalización y Control de Tránsito de la Municipalidad de Lanús, junto con su documentación respaldatoria.
Complementariamente, se ha acreditado en forma sumaria la incidencia del tránsito pesado como factor determinante de la reducción de la resistencia de la infraestructura vial de Lanús, ello a través del análisis empírico de fecha 07/11/2025, efectuado a partir de un modelo econométrico basado en la toma de muestras de pavimento en distintas calles del municipio.
Se evidencia a su vez, —con la suficiencia exigible en este análisis cautelar— que la obra de reconstrucción y ampliación que se encuentra ejecutando actualmente Exolgan S.A. incrementará significativamente su capacidad operativa (estimada en 33%), lo cual tendrá necesaria repercusión en el volumen de vehículos de carga que circulan por las zonas aledañas al puerto, entre las que naturalmente se encuentra el partido de Lanús.
Resulta clarificadora tocante a este punto la información contenida en el Anexo 1, pto. 2.2, titulado "Flujo de ingreso estimado", del informe IF-2018-15004321-GDEBA-SSIMYAPMPGP que obra en el Nro. de orden 0006 - IF-2023-29617043-GDEBA-SSAPMPCEITG del expediente EX-2023-29343811-GDEBA-DTAYLDLIMPCEITGP, en el cual se proyecta un incremento operativo del 33% en la terminal portuaria Exolgan S.A., producto de su obra de reconstrucción del Muelle Nro. 1. Respecto a los informes, actas y restantes instrumentos públicos hasta aquí referidos, resulta oportuno recordar que los mismos gozan de la presunción de legitimidad que les confiere el ordenamiento legal (cfr. doc. arts. 292 y 296 Código Civil y Comercial de la Nación).
Que, sumado a lo expuesto, cobra especial relevancia en la especie la proximidad geográfica del partido de Lanús respecto del complejo portuario de Dock Sud, al punto tal que dicha comuna integra la región de municipalidades prevista por el Decreto Provincial N.º 13/2019, Anexo Único, art. 17; lo que denota la incidencia e impacto que la actividad portuaria puede tener sobre dicho municipio.
Por otro lado, no comparte este Tribunal los fundamentos del a quo relacionados con la doctrina de los actos propios, puesto que en la especie no se impugna la pertinencia o validez del permiso de uso otorgado a Exolgan S.A. por el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, ni se discute la legitimidad de su derecho a realizar la obra de reconstrucción del Muelle Nro. 1.
Tampoco corresponde identificar al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud con la Municipalidad de Lanús, como si se trataran del mismo agente. Es claro que el Consorcio no es la Municipalidad, ni depende de ella. Se trata, antes bien, de un ente público no estatal independiente, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, cuyo objeto específico es llevar a cabo por sí la administración, explotación y gestión operativa del Puerto Dock Sud (Decreto Provincial N.º 13/2019, Anexo Único, art. 7).
El hecho de que su directorio esté integrado, entre otros, por un miembro que representa a la región municipal no se traduce, en modo alguno, en que el municipio de Lanús no pueda efectuar reclamos en sede judicial si alguno de los operadores portuarios provoca un daño en su jurisdicción a raíz de la actividad que despliega en las calles de su partido.
Finalmente, se encuentra también acreditada la existencia de peligro en la demora, toda vez que la obra de reconstrucción que conllevaría un importante incremento de la capacidad operativa de Exolgan S.A. se encuentra actualmente en pleno desarrollo, por lo que el agravamiento del daño resultaría inminente.
Que, no obstante lo expresado precedentemente, sabido es que en el marco cautelar y con el objeto de evitar perjuicios innecesarios, la ley faculta de los magistrados para disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, adecuarla o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger y los intereses en disputa; lo que es inherente al carácter instrumental, provisional y flexible propio de este tipo de medidas y congruente con el principio de razonabilidad de toda decisión judicial. (doc. art. 204 del CPCC.; art. 3 del CCyCN.) Y en ese sentido, observa el Tribunal que —en el estado liminar en el que se encuentra el proceso— es posible adoptar medidas menos gravosas que la originalmente requerida por la apelante, permitiendo conciliar los intereses comprometidos en el caso sin afectar la continuidad de una obra que se estima relevante para la provincia de Buenos Aires y su desarrollo económico, al margen de los derechos de terceros que podrían también verse menoscabados.
Tal conclusión, se asienta a su vez en lo que se aprecia como la intención subyacente que atraviesa la petición cautelar, expresada reiteradamente por la municipalidad recurrente al enfatizar que "el objeto final de su reclamo no es frustrar ni entorpecer la actividad económica portuaria, sino armonizar tales actividades con la realidad de la infraestructura vial del Partido de Lanús, en el entendimiento de que la operación portuaria y sus proyecciones logísticas son determinantes para la integración económica y el desarrollo sostenido de un territorio". Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden y en uso de las prerrogativas antes aludidas, estima el Tribunal que corresponde revocar lo decidido en la instancia de origen y admitir, consecuentemente, la petición cautelar aunque adecuada —en este estado del proceso— a las medidas que seguidamente se detallarán; para una vez producidas éstas, trabada la litis y oída la posición de las accionadas, efectuar un nuevo análisis de la cuestión y, en su caso, adoptar otras a las que eventualmente hubiere lugar por derecho.
De modo que, como medida precautoria, por el momento requiérase: 1º) del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, remisión de copia certificada de las actuaciones administrativas que tramitan bajo el Nro. EX-2025-2111-CGPDS-PRES y de toda documentación que obre en sus registros relacionada a la obra de reconstrucción y/o ampliación del Muelle Nro. 1 del Puerto Dock Sud, en desarrollo por parte de Exolgan S.A.; y 2º) de la accionada Exolgan S.A., del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informe circunstanciado acerca de si con motivo de la obra de reconstrucción y/o ampliación del Muelle Nro. 1 del Puerto Dock Sud se ha efectuado estudio alguno de impacto del tránsito pesado en la red vial del partido de Lanús y, en su caso, si se previeron, contemplaron o adoptaron medidas de mitigación del daño, remitiendo todo estudio que se hubiere realizado y la respectiva documentación respaldatoria. Otórgase, para su cumplimiento, el plazo de veinte (20) días, a cuyo fin deberán librarse en la instancia de grado los instrumentos pertinentes. (arts. 195, 200 inc. 1º, 204 y 232 del CPCC.)
c. De la competencia federal.
Resulta propicio recordar que cuando un expediente llega a la Cámara de Apelación en virtud de un recurso, es la Alzada quien adquiere la plenitud de la jurisdicción, ocupando desde entonces la misma posición que tenía el juez de la primera instancia; le corresponden idénticos deberes y derechos (en tal sentido, CSJN., 2-11-95, in re "Miguel, Lorenzo c/ Estado Nacional"; "Sandler, Héctor c/ Estado Nacional", Rep. El Derecho, T. 30, pág. 1072,n 21; esta Alzada, 4-IV-06; Causa 62.061, Reg. Sent. Def. 60, Diario "El Derecho", 12-IX-06, n° 11.591, fallo 54.240).
Que, por tanto, y si bien la contienda suscitada ante el planteo de inhibitoria radicado en la justicia federal de primera instancia ha sido dirigida al juzgado provincial de primer grado, encontrándose abierta y habilitada la jurisdicción de este Tribunal a raíz del recurso de apelación traído a estos Estrados y habiéndose aquél desprendido del conocimiento de la causa en función del recurso, en miras de la celeridad y economía procesal corresponde atender el planteo y expedirse al respecto. A tal efecto, y siendo que la Corte tienen resuelto que "las contiendas de competencia planteadas entre tribunales de distinta jurisdicción deben ser resueltas por aplicación de las leyes nacionales de procedimientos (Fallos 330:1629, 'Pirelli neumáticos SAIC' y 344:3472, 'B., J. C.', entre otros), y que ello constituye un medio razonable de mantener la coexistencia entre las diversas jurisdicciones dentro de una organización federal (Fallos: 340:221, 'Gigas SRL')"; habrá de observarse tal normativa para la consideración del presente. (CSJN, Fallos: 345:1084).
Por lo expuesto, y abordando entonces el análisis de la contienda, resulta conveniente recordar que uno de los caracteres de la competencia federal es que debe ser "limitada" o "excepcional", ya que no cabe su ejercicio más allá de los casos expresamente contemplados en las normas constitucionales y sus leyes reglamentarias (ley 48; dec. ley 1258/58 y sus modificatorias).
Al respecto, el más Alto Tribunal de la Nación tiene decidido que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, esto es, que se encuentra circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fija su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva (CSJN, Fallos 305:193, entre otros). Y la pauta decisiva para determinar si la competencia es de orden federal la constituye el hecho o la circunstancia de que la causa se halle —o no— directa o indirectamente regida por las precisiones contenidas por una norma federal, y que la pretensión esgrimida por la actora exija o tienda a precisar el sentido o alcance de aquéllas, es decir, cuando está en juego su interpretación (SCBA, causa C. 98495, sent. del 9/11/2011).
En el caso que nos ocupa, y tal como fuera adelantado en los puntos precedentes, de la exposición de los hechos efectuado en el escrito de demanda (arts. 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) se advierte que el debate gira en torno a cuestiones que no comprometen reglas de derecho público.
En efecto, la controversia no refiere ni al tráfico de bienes y servicios, ni al comercio internacional, a la navegabilidad de las aguas o a la actividad portuaria propiamente dicha. Antes bien, el reclamo se circunscribe al daño que se atribuye a la actividad de las accionadas, con efectos exclusivos en las calles que conforman la red vial del partido de Lanús; por lo que se trata de un conflicto netamente local, sin vislumbrarse un interés nacional directo o una ley federal involucrada.
Con respecto a los fundamentos relativos a que el área geográfica del conflicto integra la Cuenca Matanza-Riachuelo e involucra cuestiones de carácter colectivo ambiental que, como tales, exigirían la intervención de la justicia federal, se advierte que en ningún tramo de la demanda instaurada se efectúan reclamos que refieran al daño ambiental. De sus términos se desprende, antes bien, que las referencias efectuadas por la actora respecto de la Cuenca Matanza-Riachuelo son a los exclusivos fines de ilustrar el sustrato sobre el que se extiende geográficamente la infraestructura vial del partido de Lanús y la vulnerabilidad que dicha hidrografía representa para sus calles, la que alega haber sido desatendida por las demandadas.
No reprocha ni imputa a ninguna de las accionadas, siquiera tangencialmente, el desarrollo de actividades que provoquen contaminación ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Por lo demás, aún en el hipotético caso de que pudiere entenderse involucrado el mentado impacto ambiental, lo cierto es que tampoco ello habilitaría la competencia federal en el caso bajo estudio, por cuanto no se verifica una afectación que trascienda los límites locales del municipio de Lanús y, por tanto, no se configura el presupuesto de interjurisdiccionalidad exigido por el art. 7°, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente Nro. 25.675.
Y ello resulta decisivo en la especie puesto que la interjurisdiccionalidad del impacto ambiental constituye un presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal.
En tal sentido se ha pronunciado la Corte en la causa "Corrado Soto" al resolver, por remisión a los fundamentos del dictamen fiscal, que "corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan [...] Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución Nacional la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce expresamente en su art. 41, anteúltimo párrafo, a las jurisdicciones locales en la materia, que por su condición y raigambre no pueden ser alteradas (Fallos: 329:2280 y 2469; 330:4234). Además, el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio, máxime cuando no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción (Fallos: 330:4234). En efecto, no se encuentra acreditado, con el grado de evidencia suficiente, que 'el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales” (art. 7º de la ley 25.675) y que los residuos peligrosos hayan afectado o puedan 'afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado' (art. 1º de la ley 24.051), de modo de surtir la competencia federal". (CSJN, Fallos: 345:1085).
En la especie, y desde el punto de vista hidrográfico, la demanda se ciñe a reclamar por roturas causadas en la infraestructura pluvial dentro de las calles del municipio (sumideros, cordones cuneta, alcantarillado y desagües, obstrucción de cañerías y acumulación de agua), pero de ello no se desprende que existan cuestiones que pudieren involucrar la afectación de un recurso ambiental, ni mucho menos la interjurisdiccionalidad del daño por el que se reclama.
Pero, incluso si se concediera que en el caso de autos se involucran cuestiones de impacto ambiental, es doctrina de nuestro Máximo Tribunal nacional —derivada del fallo "Mendoza"— que la competencia federal en casos de reclamos ambientales no se extiende a la pretensión que tiene por objeto la indemnización de los daños individuales que los damnificados invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales y que, en asuntos de esa naturaleza, debe descartarse la presencia de una cuestión que corresponda a la competencia federal por razón de la materia. (CSJN, Fallos: 329:2316).
En suma, no se observa que en esta causa se encuentren comprometidas las competencias propias de la jurisdicción de excepción a las que refiere el resolutorio dictado por el Juzgado de Federal de Quilmes —circulación interprovincial e interjurisdiccional de bienes y servicios, comercio internacional, navegabilidad de las aguas nacionales e iternacionales, actividades portuarias—, por lo que considera este Tribunal que la cuestión debe ser resuelta por la justicia de la provincia de Buenos Aires, por lo que corresponde en consecuencia desestimar la inhibitoria requerida por el juzgado federal oficiante.
Verificándose así una contienda positiva de competencia que debe ser dirimida por el superior común jerárquico; esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 10, 11 y cctes. CPCCN.); deberá en la instancia de grado procederse a la formación de incidente de competencia (art. 12 CPCCN) para su remisión al Alto Tribunal, y comunicarse lo aquí resuelto al Juzgado Federal de Quilmes, Secretaría N°5, a sus efectos.
viii. Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Revocar la resolución recurrida, declarando competente para continuar interviniendo en el proceso al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
2. Admitir la medida cautelar requerida, en los términos y con los alcances dispuestos en el punto vii. "b." del presente; a cuyo efectos deberá en la instancia de origen librarse los instrumentos pertinentes.
3. Desestimar la inhibitoria requerida por el Juzgado Federal de Quilmes, Secretaría N° 5, debiendo en la instancia de grado formarse incidente de competencia en los términos del art. 12 del CPCCN y remitirse el mismo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con copia de lo aquí resuelto, y oficio al mencionado Juzgado a fin de comunicar lo decidido.
4. Costas por su orden atento la forma en que se resuelve y el estado procesal del presente (art. 68 y 69 del CPCC.) REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
(parte actora - Dr. Nielsen Enemark)
Fin de la sentencia