Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa 37.479
Lo que resolvió el tribunal
I. NO ACEPTAR la declinación de competencia efectuada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, pues en el caso correspondía hacerlo en favor de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar éste el órgano competente para entender en el conocimiento de los remedios procesales articulados en autos y devolver los presentes actuados a conocimiento dicha Alzada departamental para conocimiento y efecto; todo ello por los fundamentos expuestos en los considerando (artículos 1, 3, 16, 17, 17 bis y concordantes de la Ley 13.928; 1, 2, y concordantes de la Ley 12.008; 1, 2, y concordantes de la ley 12.074; 1, 21 “a contrario”, y concordantes del rito penal; 18, 43, y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 20 inciso 2, 166 de la Constitución Bonaerense).
RA - 37479 - 2026 - BARRERA, MARIA CECILIA Y CAPURRO, RICRDO ANDRES C/ASOCIACION EDUCACIONISTA ARGENTINA S/ AMPARO RA-37479-2026/III
IPP nro. SI-14-2026 BARRERA, MARIA CECILIA Y CAPURRO, RICRDO ANDRES C/ASOCIACION EDUCACIONISTA ARGENTINA S/ AMPARO
Para resolver los recursos de apelación interpuestos en autos por el Dr. Hernán A. San Juan letrado apoderado de la demandada Asociación Educacionista Argentina y aquel otro impetrado por el Dr. Gustavo Martín Carabelli letrado patrocinante de los amparistas María Cecilia Barrera y Ricardo Andrés Capurro y concedidos por la Jueza a quo el decisorio emitido con fecha 10 de abril de 2026. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel, y para el caso de disidencia el Juez Leonardo Pitlevnik (artículo 440 del rito penal).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Llegan los presentes actuados a conocimiento de esta Alzada departamental a raíz de la sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2026, por la Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 departamental -Mirta Ravera Godoy- mediante la cual resolvió: I.- NO HACER LUGAR al pedido de excepción por falta de legitimidad pasiva por parte de la Fiscalía de Estado, II.- HACER LUGAR a la presente acción de amparo interpuesta contra la ASOCIACION EDUCACIONISTA ARGENTINA - INSTITUTO LA SALLE FLORIDA -, en los términos reclamados por la accionante en su escrito de fecha 26 de enero de 2026; la que se encuentra ejecutoriada en función del cumplimiento de la medida cautelar innovativa dispuesta en autos. III.- De conformidad con lo solicitado por la Asesora de Menores, y advirtiendo la suscripta la inobservancia de las estrategias señaladas por la DIEGEP Región 6ta., deberá el Instituto La Salle Florida, REVISAR EL ENTRAMADO CONVIVENCIAL, Y CONSTRUIR NUEVOS ACUERDOS, CONCEPTUALIZANDOSE A LOS COLEGIOS COMO TERRITORIOS DE PAZ Y QUE EDUCAR ES FORMAR.- IV.-Deberán DIEGEP junto al colegio, presentar a la Suscripta en el marco de la justicia restaurativa la propuesta de reparación y reinserción del joven Capurro Barrera, ello en el plazo de cinco días, señalándose que en esta estrategia el joven es un sujeto activo al que debe escucharse. V.- DISPONER LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO PSICOLOGICO del joven Maximiliano Capurro Barrera.
Notificadas las partes del proceso lo resuelto, el Dr. Hernán A. San Juan letrado apoderado de la demandada Asociación Educacionista Argentina -Colegio La Salle- como el Dr. Gustavo Martín Carabelli letrado patrocinante de los amparistas María Cecilia Barrera y Ricardo Andrés Capurro, interpusieron formales recursos de apelación. El primero de los nombrados, solicitando la revocación de la decisión jurisdiccional que resolvió hacer lugar al amparo interpuesto como a las medidas allí ordenadas y los segundos, respecto al quantum de los honorarios regulados, por bajos.
Cabe señalar, que además interpuso formal recurso de apelación la Dra. Rosana Analía García en representación de la Fiscalía de Estado -por la DIEGEP-, contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la provincia de Buenos Aires/DIEGEP, sosteniendo además que la mentada dirección cumplió en debida forma todas las obligaciones legales a su cargo y que no se incurrió en ninguna omisión imputable a dicho organismo.
En razón de ello, la Jueza a quo en fecha 10 de abril pasado, analizó los recursos interpuestos por las partes del proceso, resolviendo conceder con efecto devolutivo la apelación interpuesta por el Dr. Hernán A. San Juan letrado apoderado de la demandada Asociación Educacionista Argentina -colegio La Salley en igual sentido -como alcance- se expidió respecto de aquel deducido por el Dr. Gustavo Martín Carabelli letrado patrocinante de los amparistas.
No sucedió lo mismo respecto de aquella apelación interpuesta por la Dra. Rosana Analía García en representación de la Fiscalía de Estado/DIEGEP, al declararlo inadmisible por resultar extemporáneo.
En dichas condiciones, el expediente electrónico fue remitido a conocimiento de la Secretaría de Presidencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta departamental, para su sorteo quedando radicado en la Sala Tercera de dicho organismo colegiado, quien mediante el pronunciamiento de fecha 14 de abril pasado, resolvió declarar su incompetencia para entender en el caso, y devolver al Juzgado a quo interviniente, para su elevación a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías departamental, en el entendimiento que la apelación debe ser resuelta por la alzada natural del juzgado de origen.
Fue así, como sorteo de estilo mediante, resultó desinsaculado para intervenir esta Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías departamental, procediéndose a su correspondiente radicación.
II. En cuanto a la competencia de este Tribunal de Alzada Expuestas así las cosas, entiendo que este Tribunal de Alzada departamental no resulta el órgano jurisdiccional que debe tomar intervención en el caso, ello en razón de las consideraciones que seguidamente paso a exponer. Preliminarmente, debo recordar que el artículo 18 de la Carta Magna nacional es claro al imponer que “ningún habitante de la Nación puede (…) ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
Vale señalar además que el artículo 5° de la misma Carta Magna prevé que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”.
Siguiendo tales premisas, en el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se estableció que “La Legislatura establecerá los tribunales de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía”.
Sentado todo ello, en el vigente artículo 17 bis de la Ley provincial de Amparo 13.928 (incorporado a través de la Ley 14.192; B.O. 16/12/2010), se impuso que en aquellas “acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción” (los destacados me pertenecen).
A mi entender, la delimitación trazada por el legislador local no es antojadiza, ni mucho menos caprichosa. De hecho, fueron expresadas razones objetivas que fundadamente justifican la precitada asignación de competencia por apelación.
Apréciese que, atendiendo a la especialidad del fuero contencioso administrativo, el legislador provincial argumentó, en los fundamentos de la reseñada Ley 14.192, que: “en los amparos deducidos contra el Estado, será Tribunal de Alzada la Cámara Contencioso Administrativa correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público” (los destacados me pertenecen).
En definitiva, el temperamento adoptado respondió a un criterio estrictamente objetivo, fundado en la especialidad de ese fuero jurisdiccional. Recuérdese que, en la última parte del artículo 166 de nuestra Constitución provincial, el legislador provincial delimitó la competencia de los tribunales del fuero contencioso administrativo, para aquellos casos que hayan sido “originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas”.
Esas mismas prerrogativas fueron coincidentemente receptadas en el artículo 1° de la Ley provincial 12.008 y sus modificatorias, denominada “Del Procedimiento Administrativo” (B.O. 03/11/1997).
Allí, se impuso que corresponderá “a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones del presente Código.” (inciso 1°). Sumado a ello, se dejó expresamente establecido que: “La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los demás entes provinciales o municipales, se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho administrativo. Procederá esta presunción aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho privado o principios generales del derecho.” (inciso 2°).
Incluso más, todo ello fue reafirmado luego a través del artículo 1° de la Ley provincial 12.074 y sus modificatorias, denominada “Del Fuero Contencioso Administrativo” (B.O. 27/01/1998).
En dicha cláusula normativa, se estipuló que, mediante el dictado de esa ley, “se establecen los Tribunales competentes para decidir los casos correspondientes al Fuero Contencioso Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 166, último párrafo y 215 de la Constitución de la Provincia, con el alcance y en las condiciones establecidas en las disposiciones siguientes y en el Código Procesal Contencioso Administrativo”. Y, en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, se decidió crear “las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con competencia para entender como Tribunal de alzada en las causas previstas en el artículo 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia, con el alcance establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008)” (los destacados me pertenecen).
En síntesis, a la luz de las facultades constitucionales reservadas a nuestra provincia, el legislador local merituó la necesidad de asignar celeridad en la inicial tramitación de las distintas acciones de amparo que pudieran entablarse y, a esos fines, habilitó la competencia de todos los juzgados y tribunales de primera instancia.
No obstante, en determinados y puntuales casos (en los que vengan cuestionadas posibles actuaciones u omisiones de los referidos actores procesales), dejó establecida la exclusiva competencia para entender a “una jurisdicción especializada -la del fuero contencioso administrativo- en relación a una eventual instancia de apelación” (ver Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires: causas B. 72.870, de 4-XII-2013; B. 73.112, de 4-VI-2014; B. 73.096, de 25-VI-2014; B. 73.140, de 12-XI-2014; B. 73.316, de 29-XII-2014; B. 73.824, de 2-IX-2015; B. 74.116, de 11-V-2016; B. 74.233, de 22-VI-2016; B. 75.646, de 19-XII-2018; B. 77.163, resol. de 2-VI-2021; B. 77.473, resol. de 20-XII-2021, B. 78.950, resol. de 14-II-2024).
Dicho ello, y habida cuenta la naturaleza del conflicto que diera origen a los presentes actuados, entiendo que la declinación de competencia realizada en favor de esta Alzada por los Magistrados de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, no logra adecuarse a la normativa precedentemente citada.
Es que, teniendo en cuenta la entidad del litigio aquí suscitado, quien debe intervenir por el ser el órgano jurisdiccional competente en la materia, es la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial de General San Martín.
Ello es así, pues más allá del principio general aludido por los colegas de la Cámara Civil y Comercial departamental, lo cierto es que no solo por una cuestión de especialidad del fuero Contencioso Administrativo es debe intervenir, en función del litigio aquí suscitado -conforme artículo 17 bis de la Ley Nº 13.928 y artículos 166 último párrafo y 215 y 217 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires-, sino también ante la necesidad de sostener la mayor uniformidad posible en la resolución de casos en el ámbito de esta materia.
Este es el criterio rector adoptada por la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de San Martín, en causas Nº 417, “Conde, Alberto José Luis y Otro c/ Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA S.A.) s/ amparo” y Nº 4.552, “Emperador, Samanta Lorena y Puhlovsky, Fabián Rubén c/ Asociación Educacionista Argentina – Instituto La Salle s/ Amparo”, sentencia del 03 de febrero de 2.015, entre otras. Asimismo, en el marco de la causa Nº 1.602/09, caratulada “Colegio Juan de Garay SRL s/ acción de amparo”, de fecha 19 de marzo de 2.009, dicho cuerpo colegiado resolvió declarar su competencia para entender en el caso, siguiendo similar criterio jurisprudencial.
Sobre el punto, repárese que la ley 13.688 establece en su artículo 1° que: “La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, en la Constitución Provincial y en la Ley de Educación Nacional. Por su parte, el artículo 2 de dicho texto normativo establece que: “La educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales, garantizados por el Estado”, mientras que el artículo 3 señala que: “La educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado…”.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia en el marco del fallo dictado en el expediente Nro. 65.948, “Gerez” -de fecha19-12-2007, ha dicho que : “…en tanto la escuela pública como la privada, bien que con gradaciones, deben cumplir un fin de interés general (arg. arts. 1 a 5, 16, 64 y conos. Ley Nº 13.688). Los servicios de gestión privada integran el sistema de enseñanza provincial (arts. 19, 56, 64, 128 y concs. Ley 13.688) y la actividad que desarrollan está sujeta al reconocimiento y supervisión de las autoridades públicas; la Dirección General de Cultura y Educación los organiza, regula y supervisa (v. anteriores arts. 2, 102, 103, 105, 106 y concs. de la derogada Ley Nº 11.612 y 8, 18, 61 inc. “b”, 128, 129 y conos. de la Ley Nº 13.688)” .
Tal como entiendo sucedió en autos, pues desde los albores del conflicto aquí suscitado, se aprecia en el caso la intervención de la DIEGEP -Dirección de Educación de Gestión Privada-, organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, representada en autos a través de la Fiscalía de Estado provincial.
De hecho, a través del interlocutorio dictado en fecha 12 de febrero de 2026, la Magistrada interviniente resolvió tener a la Fiscalía de Estado como parte en el proceso -en representación de la DIEGEP-, decisión que si bien posteriormente fue impugnada, cierto es que en ocasión de emitirse la sentencia sobre el fondo del asunto en trato -en fecha 20/3/2026-, la Jueza a quo resolvió no hacer lugar al pedido de excepción por falta de legitimidad pasiva deducida por la Fiscalía de Estado y el recurso que ésta interpuso posteriormente fue declarado inadmisible por resultar extemporáneo, tal como se desprende del decisorio de fecha 10/04/2026. En tal sentido, debo señalar que en el marco de un caso de similares características al aquí planteado (en el que también se debatía la continuidad de un alumno en una institución escolar), la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo del departamento judicial de General San Martín, señaló que: “….la actividad educativa de los colegios privados está sujeta primariamente a un régimen de derecho público, pues se trata de una actividad que desborda la esfera privada y se proyecta sobre los intereses de la comunidad (cfr. CNCAF Sala IV, causa 364, 15/09/81). Si bien es cierto que, en algunos aspectos, es posible denominar a la relación colegio-alumno como un contrato y, como tal, regida por el derecho privado, no es menos que dicha convención se encuentra informada por la Constitución Nacional (pactos internacionales), Constitución Provincial y numerosas normas de derecho público.” (SIC). (causa Nro. 5.075, caratulada “Pacheco, Mabel Teresa s/ incidente de apelación”, del mes de marzo de 2016.)
También se dijo en dicho precedente que: “Si bien es cierto que, en algunos aspectos, es posible denominar a la relación colegio-alumno como un contrato y, como tal, regida por el derecho privado, no es menos que dicha convención se encuentra informada por la Constitución Nacional (pactos internacionales), Constitución Provincial y numerosas normas de derecho público. Es que, en el supuesto de autos y al solo efecto de determinar la competencia de este Tribunal, se advierte que la cuestión debatida excede la mera relación contractual entre el Colegio y la madre de los niños, en tanto involucra aspectos vinculados con el propio derecho de enseñar y aprender….” (SIC)
En igual sentido, el mismo órgano colegiado citado párrafos arriba en el marco del expediente n° MO - 13716 – 2026 caratulado: “Pellerano, Cristian Rodolfo C/ Asociación de padres Instituto Privado de Enseñanza General Bernadino Rivadavia S/ amparo” señaló que: “….la autoridad administrativa es la que, primariamente, debe atender requerimientos como el de la actora a través de los organismos competentes, a fin de velar por el interés superior de los menores y, en particular, conservar su regularidad escolar” (SIC). Y que: “Por ello, habida cuenta de que el Poder Judicial está facultado a impulsar medidas de acción positiva para asegurar la protección de los derechos constitucionales, considero apropiado que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a través de la DIEGEP o sus dependencias competentes, en caso de constatar la necesidad de instrumentarlas, arbitre los medios pertinentes en el marco de sus competencias privativas a fin de asegurar de manera efectiva la escolaridad y la continuidad educativa del menor involucrado en las presentes actuaciones (cfr. doct. CCASM, causa Nº 5075, "Pacheco", sent. del 04/04/2016, entre otras).
Finalmente, cabe señalar que -conforme se desprende del Sistema Augusta-, la Fiscalía de Estado ante la decisión de la Jueza a quo, de declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación deducido -contra la sentencia definitiva por la cual se rechazó el pedido de excepción por falta de legitimidad pasiva interpuesto-, dedujo en fecha 13 de abril pasado un recurso de queja directamente ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial de San Martín, quien tomó intervención en el mismo asumiendo su competencia e hizo lugar al remedio procesal articulado -con fecha 21/4/2026-.
En su pronunciamiento, dicha alzada resolvió:” 1º) Admitir el recurso de queja articulado; 2º) Conceder formalmente el recurso de apelación formulado por la parte codemandada, Fiscalía de Estado Provincial; 3º) Ordenar que en la instancia de origen se glose el presente incidente de queja al principal; 4º) Disponer que el magistrado de grado sustancie el recurso interpuesto y que, oportunamente, proceda a elevar las actuaciones a este Tribunal; 5º) Costas por su orden al no haber mediado sustanciación; y 6º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. Ley 14.697).”.
Planteadas así las cosas, entiendo que -en el caso- este Tribunal de Alzada departamental no resulta competente para entender en los recursos de apelación articulados en autos.
Es que, el cuadro fáctico de la causa permite, enmarcar el conflicto como un asunto alcanzado por la cláusula constitucional que define la materia contencioso administrativo (artículo 166 párrafo quinto de la Constitución Provincial). Ello, al tratarse de una acción suscitada a raíz de la denunciada actuación y/o omisión en el ejercicio de funciones administrativas por quien resulta parte en el legajo -ver interlocutorio de fecha 12/2/26-, me refiero a la DIEGEP -Dirección de Educación de Gestión Privada, organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires-, y que llega representada en autos por la Fiscalía de Estado.
Además de lo dicho, corresponde señalar -tal como se indicara párrafos arriba- que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, se halla interviniendo en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado respecto de la sentencia dictada en autos, circunstancia que también permite sostener que esta Alzada departamental no era competente para intervenir en el presente caso.
En función de las consideraciones precedentemente efectuadas, corresponde no aceptar la declinación de competencia realizada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, pues por aplicación del principio de especialidad como de la normativa y precedentes citados, quien debe intervenir en los recursos de apelación interpuestos en estos obrados, resulta ser la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar éste el órgano competente; correspondiendo devolver estos obrados al citado Tribunal colegiado para conocimiento y efecto.
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
Adhiero al voto del Juez Blanco, por los mismos motivos y fundamentos. Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
Por todo lo expuesto, el Tribunal
I. NO ACEPTAR la declinación de competencia efectuada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, pues en el caso correspondía hacerlo en favor de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de General San Martín, por resultar éste el órgano competente para entender en el conocimiento de los remedios procesales articulados en autos y DEVOLVER los presentes actuados a conocimiento dicha Alzada departamental para conocimiento y efecto; todo ello por los fundamentos expuestos en los considerando (artículos 1, 3, 16, 17, 17 bis y concordantes de la Ley 13.928; 1, 2, y concordantes de la Ley 12.008; 1, 2, y concordantes de la ley 12.074; 1, 21 “a contrario”, y concordantes del rito penal; 18, 43, y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 20 inciso 2, 166 de la Constitución Bonaerense).
II. Regístrese, notifíquese a los amparistas, al demandado, a la Fiscalía de Estado y a la Asesora de Menores e Incapaces interviniente. Fecho, cúmplase con la remisión dispuesta en el punto I que antecede. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia