Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130127
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe dejan sin efecto las regulaciones efectuadas con fecha 26/03/2021 y se dispone que con arreglo al decreto ley 8904/77, se practique nueva regulación de honorarios en relación a los trabajos realizados por todos los profesionales intervinientes y en atención a las pautas fijadas en los considerandos que anteceden, tomando como base regulatoria la suma de $1.173.632,90 y estableciéndose -a su vez- que los honorarios que se regulen a la doctora María Alejandra Impollino lo serán sólo en carácter de trabajos particulares, es decir, también a cargo del único heredero declarado pero sin que importe ello reducir lo que les corresponda a los letrados del acreedor por la tercera etapa del sucesorio que la han diligenciado y procurado en forma íntegra (doct. arts. 28 y 35 del decreto ley 8904/77). Costas en el orden causado, atento el modo en que se resuelve (art. 68 y conc. del CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 130127; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 7 de Septiembre de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el heredero Sebastián Daniel Rubel, con el patrocinio letrado de la doctora María Alejandra Impollino (ver escrito electrónico de fecha 06/04/2021 -14:46:32 horas- y su archivo “.pdf” adjunto), contra la resolución del día 26/03/2021. El recurso fue fundado conjuntamente con su interposición, concedido el 12/04/2021, ordenado sustanciar mediante proveído de fecha 18/06/2021, el que mereciera la contestación del doctor Facundo Fernandez -letrado apoderado del acreedor interviniente en esta causa- patrocinado por el doctor Carlos Alberto Marin, según escrito electrónico del 22/06/2021 y copia digitalizada incorporada al mismo (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. Sostiene el apelante, en ajustada síntesis, que la regulación de honorarios es confiscatoria, por resultar de aplicación la ley de honorarios 8904 (en rigor, decreto ley 8904/77, Ley Arancelaria para las Profesiones de Abogados y Procuradores), que en su artículo 35 prevé que será de un 6 a un 20% de la valuación fiscal del inmueble que se transmite, entendiendo que la base regulatoria asciende a $586.816,45 y llegando a la conclusión que lo regulado representa un 27,62%. A su vez, cuestiona la división de tareas realizada en la resolución atacada, por no respetar las pautas del artículo 28 de la ley aplicable 8904 citada, indicando que al doctor Cavalieri (correctamente, Cavaliere) por su trabajo en las primeras dos etapas del sucesorio se le tarifó un importe igual al que se regula al doctor Fernández y su letrado patrocinante por una única etapa procesal y, asimismo, que a su letrada patrocinante (que considera ha intervenido en el proceso en la última etapa con varias presentaciones, pero fundamentalmente en su escrito acompañando el título de la propiedad en forma digital) no se le ha regulado estipendio alguno (ver escrito electrónico de fecha 06/04/2021 -14:46:32 horas-, sist. Augusta).
Los letrados del acreedor, en su respuesta, resumidamente alegan que en razón a los momentos de las actividades procesales de los profesionales se aplicaron tanto el decreto ley 8904/77 para el doctor Cavaliere como la ley 14967 (Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires -LHP-) para los doctores Fernández y Marin, conforme las vigencias de dichas normativas, entendiendo determinados los montos de las respectivas regulaciones con ajuste a ambas leyes (ver escrito electrónico del 22/06/2021, sist. Augusta).
3. A. Conforme el estado de las actuaciones y atento el alcance del recurso, repárase que en oportunidad del dictado del resolutorio atacado el señor juez de la instancia de origen, al ordenar la inscripción de la declaratoria de herederos y luego de dejar establecido que resultaba aplicable en estos obrados el decreto ley 8904/77 por haberse realizado los trabajos motivo de tarifación con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14967 -LHP-, reguló los honorarios del doctor Alberto Francisco Cavaliere -por las dos primeras etapas- con fundamento en el decreto ley 8904/77, y los del doctor Facundo Fernandez y su letrado patrocinante doctor Carlos Alberto Marin -por la última etapa- con expresa invocación de la ley 14967 (ver resolución de fecha 26/03/2021, sist. Augusta).
B. En este sentido y toda vez que el señor juez de grado efectúa -en definitiva y más allá de lo expuesto al inicio de la resolución apelada- la regulación de honorarios aplicando ambas leyes arancelarias, cabe señalar que en principio la regulación de honorarios de los abogados debe efectuarse según las pautas establecidas por la norma vigente al momento en que fueron realizados los trabajos, conforme los lineamientos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires expuso en el antecedente I 73.016, “Morcillo”, resol. del 08/11/2017 (conf. SCBA LP C 114917 sent. del 10/10/2018).
Sentado ello, si bien la presente sucesión se inició durante la vigencia del decreto ley 8904/77 (25/10/1999, ver cargo de Receptoría General de Expedientes surgente de hojas 13 vuelta -en formato papel-; art. 124 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -CPCC-), cierto es que se han hecho trabajos también luego del 21 de octubre de 2017, oportunidad en que entró a regir la ley arancelaria 14967.
De la lectura de ambas normas se evidencia que existe para el supuesto de estos obrados una divergencia en las proporciones que se han previsto a los efectos arancelarios entre las etapas, en tanto el decreto ley 8904 disponía que sea de un tercio -1/3- para cada una (inicio, trámites hasta la declaratoria de herederos e inscripción de los bienes) y la nueva norma que establece un cuarto -1/4-, para cada una de las dos primeras y un medio -1/2- para la tercera (artículos 28 y 35 de ambas legislaciones).
Es así que en tanto la aplicación de legislaciones distintas en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley anterior (SCBA en causa Morcillo, sent. del 08/11/2017; CSJN en causa “Establecimientos Las Marías” sent. del 4/9/2018) puede afectar los intereses de los letrados o sus patrocinantes, por la incompatibilidad de ambos criterios legales, habrá de buscarse en lo posible el modo de su coordinación.
Sin perjuicio de ello, toda vez que las proporciones computadas en cada etapa del sucesorio son consideradas de manera diferente en el decreto ley 8904 y en la ley 14967, se entiende que habrá que estar a lo dispuesto en la primera normativa, pues fue la ley inicialmente aplicable en la especie para la división de las etapas, con alcance a todo el proceso sucesorio, división a la que habrán de atenerse tanto las partes como los letrados, ya que no es factible en el caso la coexistencia de ambos regímenes por justipreciar en forma distinta las mismas etapas.
En consecuencia, en el caso corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas con fecha 26/03/2021 y disponer que con arreglo al decreto ley 8904/77 y a lo que a continuación se indica, se practique nueva regulación de honorarios en relación a los trabajos realizados por todos los profesionales intervinientes (conf. esta Sala, causas 124.289 del 18/9/18, reg.hon. 83/18; 124.395 del 2/10/18, reg.hon. 101/18; 124.419 del 11/10/18, reg.hon.118/18; 124.497 del 11/10/18, reg.hon.119/18; 124.682 del 8/11/18, reg.hon.135/18; 124.768 del 15/11/18, reg.hon.152; e/o).
C. Más allá de lo anterior, se ha sostenido que las disposiciones normativas contenidas en el decreto ley 8904/77 son de orden público (SCBA LP 48990 S 11/12/1984; esta Sala, causa 126346, RSI 91/21, sent. int. del 18/03/2021), especialmente en todo lo que se refiere a su naturaleza y fines tuitivos que se persiguen con su sanción: la dignidad y la jerarquización de la actividad profesional mediante la retribución y, en forma mediata, el mejoramiento de la justicia de la cual sus abogados son sus principales auxiliares (esta Sala -con anterior integración-, causa 120140, RSI 113/16, sent. int. del 24/5/2016).
De consuno con lo precedentemente considerado y en relación a la base regulatoria utilizada para la determinación de los estipendios, es del caso señalar que el artículo 35 del decreto ley 8904/77, aplicable en la especie, establece a los efectos regulatorios en los juicios sucesorios, que respecto de los inmuebles se tomará el valor sobre la valuación fiscal de los bienes vigente al momento de la regulación. A mayor abundamiento, cabe advertir que si se tomó como monto del acervo hereditario la valuación fiscal a efectos del pago de la tasa y contribución sobre tasa de justicia, conforme la documentación acompañada oportunamente (ver dos declaraciones juradas en copias digitales de páginas 24/25 y 30/31 -una por cada causante- del archivo “.pdf” adjunto al trámite del 12/03/2021, sist. Augusta), ese es el valor que cabe tener en cuenta, también, al efectuarse la determinación de los estipendios profesionales (esta Sala, causa 125592; RSI 161/19, sent. int. del 11/06/2019).
En este sentido, el monto de $586.816,45 aludido por el heredero apelante en la fundamentación de su recurso, se corresponde únicamente con el 50% que transmite uno de los causantes, debiendo aditarse el restante 50% relativo al segundo causante, lo que totaliza una base regulatoria de $1.173.632,90 (conforme valuación fiscal en copia digital de página 20 del archivo “.pdf” adjunto al trámite del 12/03/2021 -sist. Augusta-, con más el 10% de bienes muebles), que es la que deberá respetarse en la oportunidad de la nueva regulación precedentemente ordenada (artículos 35 citado, decreto ley 8904/77; 337 inc. f, 338 inc. c, Código Fiscal -ley 10397 y modificatorias-, texto ordenado Resolución Ministerio de Economía 39/11).
D. Ahora bien, tratándose en el caso particular de un único heredero interviniente en estas actuaciones (ver declaratoria de hojas 41 dictada el día 6 de octubre de 2003), todas las tareas redundaron en su exclusivo beneficio, sin que sea necesario a su respecto -entonces- clasificar trabajos en los términos del aludido artículo 35 decreto ley 8904/77.
Dicha tesitura no se ve modificada por la intervención de un acreedor -a través de su letrado apoderado con el patrocinio del caso-, desde que los gastos y costas que irrogara su actuación quedan a cargo del aludido único heredero por imperio de lo normado en el art. 729 CPCC y conforme proveído consentido de fecha 24/02/2021.
Así, se advierte que la regulación de honorarios atacada no ha contemplado las tareas realizadas por la doctora Impollino en su carácter de actual patrocinante del mencionado único heredero.
Los letrados intervinientes tienen derecho a que se les retribuya la labor concretamente realizada en el expediente. Por lo tanto, son interesados en la integridad de sus emolumentos, como beneficiarios directos, siendo de propiedad exclusiva del profesional que hubiere hecho los trámites pertinentes (arts. 1, 10 y conc. del decreto ley 8904/77; esta Sala, causa 120140 cit.).
Resulta evidente en la especie que en la resolución apelada se adjudicó -por así haberlo explícitamente establecido el señor juez de grado- la primer y segunda etapas del juicio sucesorio al doctor Cavaliere, y la tercera al doctor Fernandez con el patrocinio del doctor Marin, encontrándose claramente determinadas dichas etapas y la actuación profesional en las mismas (artículo 28, inciso c, apartados 1, 2 y 3, decreto ley 8904/77).
Como corolario, en la nueva regulación que se practique tal lo que aquí se ordena, deberá incluirse a la referida doctora Impollino pero no correspondiendo computar sus actuaciones como tareas comunes, desde que las mismas no pueden ser encasilladas en la tercer etapa considerada en el párrafo que antecede. Al efecto, nótese que el título de propiedad inmobiliario cuya inscripción se dispone en el decisorio en crisis ya se encontraba agregado en formato papel desde el inicio mismo de las actuaciones (ver hojas 7/11 en formato papel) y fue expresamente citado en el escrito de promoción del sucesorio con cargo de fecha 25/10/1999 (ver hojas 13 vuelta -también en formato papel-; art. 124 CPCC), razón por la cual su mera digitalización (ver presentación electrónica del 19/10/2020 y su archivo “.pdf” adjunto, sist. Augusta) no importa una labor común ni puede considerarse que ello formara parte de las tareas de la mencionada tercera etapa del proceso sucesorio, pues el título en sí en los términos del art. 23 ley 17.801 -del Registro de la Propiedad Inmueble- ya se encontraba acompañado físicamente desde los albores del procedimiento, más aún teniendo en cuenta que según lo dispone el art. 22 del Acuerdo 3975/20 SCBA “las actuaciones en soporte papel de los expedientes mixtos no deben ser digitalizadas”, ello sin desmedro que -eventualmente y de entenderlo necesario- podría haber sido incorporado digitalmente por el juzgado de trámite en los términos de los arts. 3 del Acuerdo 3886/18 SCBA y 11 del Acuerdo 3975/20 SCBA (temperamento este último que se condice con lo normado por los arts. 3, 6 y concs. del Acuerdo 4013/21 SCBA -aún no vigente-).
Entonces, los honorarios que se regulen a la aludida doctora Impollino lo serán sólo en carácter de trabajos particulares, es decir, también a cargo del único heredero declarado pero sin que importe ello reducir lo que les corresponda a los letrados del acreedor por la tercera etapa del sucesorio, que la han diligenciado y procurado en forma íntegra (doct. arts. 28 y 35 del decreto ley 8904/77).
4. En su consecuencia, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas con fecha 26/03/2021 y disponer que con arreglo al decreto ley 8904/77, se practique nueva regulación de honorarios en relación a los trabajos realizados por todos los profesionales intervinientes y en atención a las pautas fijadas en los considerandos que anteceden, tomando como base regulatoria la suma de $1.173.632,90 y estableciéndose -a su vez- que los honorarios que se regulen a la doctora María Alejandra Impollino lo serán sólo en carácter de trabajos particulares, es decir, también a cargo del único heredero declarado pero sin que importe ello reducir lo que les corresponda a los letrados del acreedor por la tercera etapa del sucesorio que la han diligenciado y procurado en forma íntegra (doct. arts. 28 y 35 del decreto ley 8904/77).
Con relación a las costas, cabe imponerlas en el orden causado, atento el modo en que se resuelve (art. 68 y conc. del CPCC).
POR ELLO, se dejan sin efecto las regulaciones efectuadas con fecha 26/03/2021 y se dispone que con arreglo al decreto ley 8904/77, se practique nueva regulación de honorarios en relación a los trabajos realizados por todos los profesionales intervinientes y en atención a las pautas fijadas en los considerandos que anteceden, tomando como base regulatoria la suma de $1.173.632,90 y estableciéndose -a su vez- que los honorarios que se regulen a la doctora María Alejandra Impollino lo serán sólo en carácter de trabajos particulares, es decir, también a cargo del único heredero declarado pero sin que importe ello reducir lo que les corresponda a los letrados del acreedor por la tercera etapa del sucesorio que la han diligenciado y procurado en forma íntegra (doct. arts. 28 y 35 del decreto ley 8904/77). Costas en el orden causado, atento el modo en que se resuelve (art. 68 y conc. del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/2020 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia