Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado.
2Imponer las costas a la parte vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
3Regular honorarios en autos separados (art. 31 de la ley 14.697).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5912-25 caratulada "17 DE MAYO SOCIEDAD ANONIMA C/ COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ACEVEDO LIMITADA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", Expte. N° 67.282 del Juzgado Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Degleue y Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Robreto Degleue dijo:
El señor Juez de la anterior sede rechazó la demanda que instaurara 17 DE MAYO SOCIEDAD ANONIMA contra COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ACEVEDO LIMITADA. Aplicó las costas a la parte actora vencida. Reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes y mediador.-
En disconformidad con lo resuelto apela el apoderado de la parte actora el 8-10-2025, recurso concedido libremente el 13-10-2025. El 13-10-2025 apela el apoderado de la parte demandada, recurso concedido libremente el 20-10-2025, interponiendo el 15-10-2025 aclaratoria la que es desestimada por improcedente, y se concedió el recurso de apelación de misma fecha, en relación el 28-10-2025, el cual es declarado desierto el 12-11-2025. En fecha 13-11-2025 el Dr. Mazzei solicita se deseche la declaración de deserción dispuesta.
Ingresados los autos a este organismo el 13-11-2025, se ordena exprese agravios la parte actora efectuándolo el 19-11-2025.
En fecha 27-11-2025 se ordena vuelvan los autos al juzgado de origen ante el planteo efectuado por el Dr. Mazzei el 19-11-2025. Así el a quo proveyó el 5-12-2025 el escrito de fecha 13-11-2025 ( hora 10.15 a.m): "Del recurso de reposición planteado, córrase traslado a la parte actora, por el término de tres días.", evacuándolo el Dr. Risso el 10-12-2025. Mediante resolución del 30-12-2025 el a quo rechazó la revocatoria planteada, y concedió en relación y ambos efectos el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente.
Ingresados nuevamente los autos a esta Alzada en fecha el 30-12-2025, se ordena exprese agravios la parte demandada y el 22-2-2026 el Dr. Mazzei solicita la suspensión de plazos, dictándose el resolutorio el 31-3-2026 que confirma la providencia de fecha 12/11/2025 en cuanto decreta la deserción del recurso interpuesto en fecha 15/10/2025. En fecha 23-4-2026 se reanuda llamamiento de autos suspendido el 12-2-2026, ordenándose exprese agravios el apoderado de la parte demandada y habiendo transcurrido dicho plazo legal sin presentar el respectivo libelo de agravios el 7-5-2026 se declaró desierto el recurso de apelación deducido el 15-10-2025.
De los agravios expresados por la parte actora el día 19/11/2025, se dio traslado a la contraparte, contestando el 14-5-2026, llamándose autos para sentencia el 19-5-2026, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
En sustento de su crítica recursiva, la parte actora expresó los siguientes puntos de agravios:
1. Errónea calificación del lapso de cuarenta y cinco días previsto por la Resolución N° 238/1989 como plazo de caducidad.
El actor sostiene que el juez de grado interpretó indebidamente el art. 2 de la Resolución N° 238/1989 al considerar que el plazo de cuarenta y cinco días allí previsto importaba una caducidad del derecho sustancial y, más aún, que dentro de ese lapso debía promoverse la demanda judicial. Aduce que la norma no establece expresamente la caducidad del derecho a reclamar daños y perjuicios, ni impone la carga de iniciar una acción judicial dentro de dicho término. Por el contrario, afirma que la resolución sólo regula el período de responsabilidad administrativa o técnica del proveedor frente a reclamos por germinación y pureza físico-botánica de la semilla, sin desplazar las reglas generales sobre responsabilidad civil, prescripción y reparación del daño.
2. Imposibilidad jurídica de crear una caducidad por vía interpretativa o mediante una resolución administrativa.
En conexión con lo anterior, pero con autonomía conceptual y jurídica, el recurrente objeta que una consecuencia tan gravosa como la pérdida del derecho no puede derivarse de una interpretación extensiva, implícita o conjetural de una resolución administrativa. Señala que la caducidad debe surgir en forma expresa, clara y restrictiva de una norma legal con jerarquía suficiente, por tratarse de un modo excepcional de extinción del derecho. Desde esa perspectiva, critica que el fallo haya transformado un plazo previsto en una reglamentación sectorial sobre semillas en una barrera extintiva de la acción civil resarcitoria, con afectación del derecho de propiedad, del acceso a la jurisdicción y del principio de reparación plena.
3. Errónea valoración de los actos cumplidos por la parte actora dentro del plazo reglamentario.
El apelante plantea, en subsidio, que aun si se entendiera que el plazo de cuarenta y cinco días tenía alguna función conservatoria del derecho, esa carga fue cumplida. Afirma que reclamó tempestivamente ante la demandada mediante carta documento del 13 de diciembre de 2021, comunicó los problemas de germinación, promovió constataciones técnicas y notariales, y permitió la intervención de representantes de la cooperativa en los actos de verificación. En ese marco, reprocha al a quo haber omitido o minimizado que el reclamo fue efectuado dentro del plazo contado desde la entrega de la mercadería, confundiendo la carga de reclamar ante el proveedor con una inexistente obligación de demandar judicialmente dentro de ese mismo lapso.
4. Inconsistencia práctica y probatoria de exigir la promoción de la demanda antes de contar con los estudios técnicos pertinentes.
El recurrente también cuestiona la razonabilidad de la solución adoptada, pues entiende que el criterio del fallo importaría exigir al comprador que promueva la demanda antes de contar con elementos técnicos suficientes para determinar la calidad de la semilla, la causa del fracaso de la implantación y la entidad del daño. Destaca que los análisis y constataciones posteriores -incluidos los estudios técnicos referidos en el recurso- integraban el proceso lógico y probatorio necesario para verificar el incumplimiento atribuido a la demandada. Por ello, sostiene que la interpretación judicial no sólo carece de respaldo normativo, sino que además conduce a un resultado irrazonable: compelir a litigar prematuramente, antes de que el damnificado pueda reunir la prueba mínima de su pretensión.
5. Inexistencia de un plazo especial de prescripción o caducidad que desplace el régimen general del Código Civil y Comercial.
La parte actora se agravia de que la sentencia haya otorgado al plazo de cuarenta y cinco días previsto en la Resolución SAGyP N° 238/1989 un efecto extintivo equivalente al de un plazo especial de prescripción o caducidad de la pretensión indemnizatoria. En ese marco, cuestiona que una resolución administrativa pueda reducir o neutralizar el plazo de ejercicio de una acción contractual resarcitoria, pues ello -según su postura- vulnera el sistema de jerarquía normativa y altera indebidamente el régimen legal de prescripción.
6. Incorrecto tratamiento procesal de la defensa de caducidad y afectación del derecho de defensa.
El recurrente también cuestiona el modo en que fue introducida y resuelta la defensa de caducidad. Sostiene que, si la demandada entendía que el derecho de la actora se encontraba extinguido por el transcurso del plazo previsto en la Resolución N° 238/1989, debió articular esa cuestión como defensa de previo y especial pronunciamiento -o, en su caso, bajo el régimen procesal previsto para la prescripción- y no obtener su tratamiento recién al momento de la sentencia definitiva, luego de producida la prueba. A su turno, la parte demandada solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia.
Sostiene, en primer lugar, que el actor no puede cuestionar en alzada la aplicación de la Resolución N° 238/1989, pues debió impugnarla oportunamente al demandar -incluso mediante planteo de inconstitucionalidad si la consideraba contraria a derecho- y no hacerlo implicó consentimiento y preclusión. En esa línea, invoca doctrina de la SCBA sobre la necesidad de articular los planteos constitucionales en la primera oportunidad procesal disponible.
Asimismo, afirma que aun bajo la interpretación propuesta por la actora, los recaudos de la resolución no fueron satisfechos, porque el art. 3 no sólo contempla el reclamo ante el proveedor sino también la denuncia ante el Servicio Nacional de Semillas, exigencias que -según la demandadadeben leerse de modo conjunto por el uso de la conjunción copulativa “y”.
Por ello, niega que las cartas documento, actas notariales o estudios privados invocados por la recurrente resulten suficientes para mantener vivo el derecho reclamado.
Finalmente, y para el supuesto de ingresarse al fondo, la parte demandada mantiene su oposición a la responsabilidad y a los daños reclamados. Reitera que los defectos observados respondieron a una mala praxis en la siembra y no a la calidad del producto vendido; cuestiona la eficacia de las constataciones y análisis producidos por la actora; y objeta especialmente la procedencia y cuantificación del lucro cesante y del daño emergente, por entender que fueron construidos unilateralmente, sin control suficiente de la contraparte y sin respaldo documental adecuado sobre rindes, gastos de resiembra, insumos y demás erogaciones invocadas. La cuestión litigiosa sometida a revisión queda centrada entonces en determinar si fue ajustado a derecho el rechazo de la demanda con fundamento en la caducidad del derecho de la parte actora, tal como fue decidido en la sentencia de grado a partir de la aplicación de la Resolución N° 238/1989 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En particular, corresponde examinar si el plazo de cuarenta y cinco días previsto en dicha reglamentación para la responsabilidad de los proveedores de semillas frente a los adquirentes puede ser interpretado como un plazo de caducidad del derecho sustancial a reclamar daños y perjuicios; si dentro de ese término debía necesariamente promoverse la demanda judicial o si bastaba, en su caso, con formular el reclamo ante el proveedor y/o la denuncia administrativa correspondiente; y si los actos invocados por la actora -cartas documento, constataciones notariales, intervención de profesionales y análisis técnicos- resultaban idóneos para conservar su derecho, en caso de asignarse a ese plazo algún efecto jurídico limitativo.
Y en caso de descartarse la caducidad admitida en la instancia de origen corresponderá ingresar, en la medida de los agravios y defensas mantenidas, al examen de la cuestión sustancial omitida por el fallo: esto es, si se encuentra acreditado el incumplimiento contractual atribuido a la demandada por la venta de semillas defectuosas, su relación causal con el perjuicio invocado por la actora y la procedencia y cuantificación de los daños reclamados.
Como derivación práctica de lo anterior, y atendiendo a razones de orden lógico, el tratamiento de los agravios no seguirá necesariamente la secuencia expositiva del memorial, sino que se estructurará según la incidencia que cada crítica proyecta sobre la validez de la decisión apelada. En virtud de ello, corresponde examinar la cuestión dirimente vinculada con la defensa de caducidad admitida en la instancia de origen, esto es, si el plazo previsto por la Resolución N° 238/1989 podía ser interpretado como un límite extintivo del derecho sustancial o como una carga temporal para promover la demanda judicial. Y sólo en caso de descartarse ese obstáculo, o de considerarse incorrectamente aplicado, corresponderá avanzar sobre los restantes aspectos de la controversia: la suficiencia de los reclamos formulados por la actora, la existencia del incumplimiento contractual atribuido a la demandada, la relación causal y la procedencia y extensión de los daños reclamados
I. Ingresando en el tratamiento de los agravios, advierto que el primer aspecto crítico a dilucidar consiste en determinar si el plazo de cuarenta y cinco días previsto por el art. 2° de la Resolución N° 238/1989 tiene naturaleza de plazo de caducidad.
Al respecto, anticipo que la respuesta debe ser afirmativa, aunque con una precisión relevante: no se trata de un plazo de caducidad de la acción judicial indemnizatoria, ni de un término dentro del cual el adquirente deba necesariamente promover demanda, sino de un plazo de caducidad de la responsabilidad especial que el régimen de semillas impone al proveedor por la germinación y pureza físico-botánica de la semilla transferida. Esta conclusión surge, ante todo, de la propia formulación normativa. El art. 2° de la mentada resolución no se limita a establecer una oportunidad para comunicar disconformidades ni regula un simple deber de aviso, sino que dispone que “la responsabilidad de los proveedores ante los adquirentes” se extenderá por cuarenta y cinco días corridos desde la fecha del remito, salvo pacto en contrario.
La expresión utilizada por la norma es inequívoca en cuanto delimita temporalmente la subsistencia de la responsabilidad misma. Si la responsabilidad “se extiende” hasta un determinado momento, vencido ese lapso sin el cumplimiento del acto conservatorio previsto por el régimen aplicable, aquélla cesa. Esa consecuencia se corresponde jurídica y ontológicamente con la noción de caducidad receptada por el art. 2566 del Código Civil y Comercial, en cuanto dispone que la caducidad extingue el derecho no ejercido.
No obsta a ello que la Resolución N° 238/1989 no utilice literalmente la palabra “caducidad”. Lo determinante no es la denominación empleada, sino el efecto jurídico sustancial que la norma atribuye al vencimiento del plazo. Y aquí el efecto consiste en la cesación de una responsabilidad especial, temporalmente acotada, vinculada con condiciones técnicas de la semilla que son particularmente sensibles al paso del tiempo, a la conservación, a la manipulación, a la siembra y a las variables agronómicas posteriores.
Por consiguiente, el plazo no opera como una prescripción abreviada ni como una barrera procesal de acceso a la jurisdicción, sino como un límite sustancial de la responsabilidad del proveedor. La norma no regula un simple plazo de cortesía comercial ni una mera carga informal de comunicación, sino el límite temporal de subsistencia de una responsabilidad especial del proveedor por la germinación y pureza físico-botánica de la semilla vendida.
De allí que la crítica de la parte apelante sólo sea atendible en un aspecto parcial: la resolución no exigía iniciar la demanda judicial dentro de los cuarenta y cinco días. Pero ello no significa que el plazo carezca de efecto extintivo. Su vencimiento produce la caducidad de la responsabilidad especial del proveedor si el adquirente no cumplía, dentro de ese lapso, el acto previsto para conservarla. Y en este punto cobra relevancia el art. 3° de la Resolución N° 238/1989, que no contempla únicamente el reclamo ante el proveedor, sino también la formulación de la denuncia ante la autoridad técnica de aplicación.
En consecuencia, el plazo de cuarenta y cinco días sí reviste naturaleza de plazo de caducidad, pero con el alcance propio del régimen especial aplicable: extingue la responsabilidad del proveedor por germinación y pureza físico-botánica cuando el adquirente no cumple oportunamente el acto conservatorio previsto por la normativa sectorial. Insisto, no se extingue por sí mismo una acción judicial por no haber sido promovida dentro de ese término, sino el presupuesto sustancial específico sobre el cual la actora funda su pretensión resarcitoria. Por lo tanto, no se advierte error judicial en punto a la calificación del término mencionado como plazo de caducidad, por lo que el agravio debe ser rechazado.
II. En cuanto a la segunda crítica planteada, he de anticipar que la objeción de la apelante referida a la jerarquía de la fuente normativa y a la imposibilidad jurídica de crear un supuesto de caducidad vía reglamentaria no resulta atendible.
Ello así, por cuanto el art. 14 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 establece que quien transfiere semillas es responsable del correcto rotulado de la mercadería y agrega, en lo que aquí interesa, que la reglamentación determinará los casos en que, por el transcurso del tiempo u otros factores, pueda cesar dicha responsabilidad. A su vez, el art. 14 del Decreto N° 2183/91 dispone que la autoridad sectorial establecerá, a propuesta del organismo técnico competente, los plazos máximos y mínimos de responsabilidad sobre la calidad de la simiente, prohibiendo la venta o exposición al público de semillas con plazo de responsabilidad vencido. De manera que existe una habilitación normativa suficiente para que la autoridad administrativa especializada establezca plazos de responsabilidad en esta materia, sin que la Resolución N° 238/1989 pueda ser descalificada, en el marco de este proceso, como una disposición autónoma o extraña al sistema de fuentes que regula la comercialización de semillas.
Esta conclusión se ve reforzada por el propio sistema de fuentes del derecho privado vigente. El Código Civil y Comercial no estructura la interpretación contractual sobre la base de una autosuficiencia cerrada del contrato ni de una aplicación aislada de sus normas generales, sino a partir de un esquema de integración normativa. En efecto, el art. 1° dispone que los casos regidos por el Código deben resolverse según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, teniendo en cuenta la finalidad de la norma; y el art. 2° impone interpretar la ley atendiendo a sus palabras, finalidades, leyes análogas, principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Esa pauta de coherencia impide examinar la compraventa de semillas como una operación contractual común, desligada del régimen legal y reglamentario especial que disciplina la producción, rotulado, comercialización y responsabilidad por calidad de la simiente.
En la misma dirección, los arts. 962 y 963 del Código Civil y Comercial establecen reglas específicas para las fuentes contractuales. El primero dispone que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que de su modo de expresión, contenido o contexto resulte su carácter indisponible; y el segundo fija una prelación normativa según la cual, cuando concurren disposiciones del Código y de alguna ley especial, se aplican en primer término las normas indisponibles de la ley especial y del propio Código, luego las normas particulares del contrato, después las normas supletorias de la ley especial y finalmente las normas supletorias del Código. Esta arquitectura normativa confirma que la autonomía de la voluntad no agota el régimen aplicable al vínculo contractual, especialmente cuando el objeto de la contratación se encuentra sometido a una regulación sectorial dictada por razones de calidad, fiscalización y tutela del tráfico agrario.
Desde esa perspectiva, la Ley N° 20.247, su decreto reglamentario y la Resolución N° 238/1989 integran el bloque normativo especial que gobierna la comercialización de semillas y delimitan, en ese ámbito, el contenido jurídico de la relación contractual celebrada entre proveedor y adquirente. No se trata de sustituir la ley por un decreto ni de desplazar el régimen general de los contratos, sino de aplicarlo en diálogo con la normativa especial que regula el objeto contratado.
Por ello, el plazo de responsabilidad y los actos exigidos para su conservación no pueden ser tratados como meras recomendaciones técnicas, sino como condiciones normativas propias del régimen jurídico especial de responsabilidad por la calidad de la simiente, incorporadas al contrato por imperio del sistema de fuentes aplicable.
Incluso, desde el punto de vista constitucional y administrativo, no se advierte que la solución importe una creación ilegítima de caducidad por una fuente sublegal. El principio de legalidad, leído junto con la supremacía normativa del art. 31 de la Constitución Nacional, exige que las restricciones sustanciales a los derechos tengan una base legal suficiente; pero ello no impide que la ley remita a la reglamentación la determinación de aspectos técnicos, operativos o variables del régimen que instituye, siempre que esa reglamentación no altere el espíritu de la ley. Esta es, precisamente, la función de los reglamentos de ejecución previstos por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, que autoriza al Poder Ejecutivo a expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes.. De manera que, en este aspecto, no se advierte que el fallo haya creado una caducidad sin fuente normativa. Lo que hizo fue aplicar un régimen reglamentario especial -por expresa delegación legal- que fija temporalmente la subsistencia de la responsabilidad del proveedor y que, a la vez, indica el acto que el adquirente debe cumplir para conservarla. Esta conclusión resulta compatible con el art. 2569 del Código Civil y Comercial, en cuanto dispone que la caducidad se impide por el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico; regla que presupone, precisamente, que la subsistencia del derecho puede quedar condicionada al cumplimiento oportuno de un acto determinado por la normativa aplicable.
Tampoco resulta atendible presentar la cuestión como una indebida afectación del acceso a la jurisdicción o del principio de reparación plena. Ello así por cuanto la normativa especial no impide al adquirente acudir a la justicia ni obtener una indemnización integral, sino que tan sólo condiciona la subsistencia de la responsabilidad técnica del proveedor al ejercicio oportuno y completo de los recaudos previstos por el régimen aplicable. La pérdida del derecho no deriva, entonces, de una barrera judicial creada por interpretación extensiva, sino de la falta de cumplimiento del acto conservatorio exigido normativamente dentro de un plazo legalmente habilitado para una materia que, por su propia naturaleza, requiere pronta constatación técnica.
En definitiva, el agravio debe ser rechazado, toda vez que la caducidad considerada en la sentencia no proviene de una creación judicial ni de una resolución administrativa aislada, sino de la articulación entre la ley especial de semillas, su reglamentación, la resolución sectorial dictada en ese marco y las reglas generales del Código Civil y Comercial sobre fuentes contractuales y actos impeditivos de la caducidad.
III. El tercer agravio relativo a la errónea valoración de los actos cumplidos por la parte actora dentro del plazo reglamentario ha de seguir una suerte igualmente adversa.
Es que, si bien los actos invocados por la parte apelante -la carta documento de diciembre de 2021 y las constataciones notariales de los días 17 de diciembre de 2021 y 7 de enero de 2022- no son irrelevantes, tampoco resultan suficientes para revertir la conclusión apelada. Tales actos demuestran que la parte actora tomó conocimiento del defecto que atribuía a la semilla, anotició a la demandada y procuró resguardar elementos probatorios, incluso con intervención de representantes o dependientes técnicos de la cooperativa. De hecho, la propia expresión de agravios sostiene que la carta documento comunicó los problemas de germinación y que el acta del 17/12/2021 se realizó con presencia del Ing. Mora, en representación técnica de la demandada. También la sentencia apelada reseñó que el 17/12/2021 se llevó adelante la constatación notarial y que el 07/01/2022 se extrajeron muestras de una bolsa reservada para su posterior análisis.
Pero la cuestión no radica en desconocer valor probatorio a esas diligencias, sino en determinar si ellas satisfacen la totalidad de los recaudos previstos por la norma especial para impedir la caducidad del derecho indemnizatorio de la parte actora. Y aquí la respuesta se torna invariablemente negativa.
Al respecto, la parte apelante no afirma ni acredita haber formulado en término denuncia ante el Servicio Nacional de Semillas -actualmente INASE-, sino que sostiene que el reclamo ante el proveedor bastaba para conservar su derecho. Esa interpretación no se compadece con la estructura del art. 3° de la resolución, que contempla conjuntamente el reclamo ante el proveedor y la denuncia ante la autoridad competente. La demandada, al contestar los agravios, hizo eje precisamente en esa omisión y sostuvo que la actora había tomado sólo un tramo de la norma, soslayando la exigencia de denuncia administrativa.
Tampoco resulta decisiva la afirmación del recurrente según la cual el régimen no podía exigirle la promoción de una demanda judicial dentro de los cuarenta y cinco días. Aun aceptando que la resolución no imponía la carga de iniciar una acción judicial en ese plazo -punto en el que la crítica actoral no carece de plausibilidad-, ello no conduce a la revocación de la sentencia. Lo determinante no es si la actora debía demandar dentro del término reglamentario, sino si ejerció íntegramente, dentro de ese lapso, los actos que la resolución contemplaba para mantener vigente la responsabilidad especial del proveedor. Y, como se dijo, aun cuando haya existido reclamo ante la vendedora, no se acreditó la denuncia ante el organismo técnico de aplicación. Por eso, la crítica de la apelante desplaza el eje del problema: discute una exigencia de demanda judicial inmediata, pero no logra desvirtuar el fundamento normativo relativo a la falta de cumplimiento completo del art. 3° de la mentada fuente normativa. A mayor abundamiento, a ello se suma que el prolongado lapso transcurrido entre los hechos de diciembre de 2021/enero de 2022 y la promoción de la instancia prejudicial y judicial refuerza la conclusión adversa a la apelante. La demandada invocó que el vencimiento del plazo de responsabilidad se produjo a comienzos de enero de 2022 y que la actividad prejudicial recién tuvo lugar en marzo de 2024, mientras que la demanda fue radicada el 25 de noviembre de 2024. Esa demora, si bien no resulta determinante a los efectos de la caducidad, deviene incompatible con la finalidad de pronta consolidación que caracteriza a los plazos de responsabilidad en materia de semillas, donde la posibilidad de constatación técnica se debilita sensiblemente con el paso del tiempo, la evolución del cultivo, la conservación de las muestras y la intervención de variables agronómicas ajenas al producto vendido.
Por lo expuesto, y en tanto la parte actora no acreditó haber formulado la denuncia ante la autoridad de aplicación dentro del plazo reglamentario, los reclamos extrajudiciales y diligencias notariales que invoca resultan insuficientes para tener por preservada aquella responsabilidad especial y, por ende, carece de trascendencia la crítica vertida. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio en tratamiento y confirmar, en este aspecto, la sentencia apelada.
IV. En igual sentido corresponde desestimar el agravio mediante el cual el recurrente sostiene que la solución de grado la obligaría irrazonablemente a promover demanda judicial antes de contar con los estudios técnicos necesarios para determinar la calidad de la semilla, la causa del fracaso de la implantación y la entidad del daño.
Debo reconocer que es cierto que la sentencia apelada estructuró buena parte de su razonamiento sobre la tardía promoción de la instancia prejudicial y judicial. Sin embargo, aun dejando a salvo que el régimen especial no imponía necesariamente iniciar demanda dentro de los cuarenta y cinco días desde el remito, ello no conduce automáticamente a la admisión del agravio.
La cuestión decisiva radica -como ya he dicho mas arriba- en que la actora tampoco acreditó haber cumplido dentro de ese lapso el mecanismo conservatorio completo previsto por la Resolución N° 238/1989: esto es, el reclamo ante el proveedor y la denuncia ante la autoridad administrativa de aplicación.
Desde esa perspectiva, los informes técnicos, análisis de laboratorio y constataciones privadas podían resultar útiles para robustecer una eventual pretensión indemnizatoria, precisar la hipótesis causal o cuantificar el daño. Pero esa función probatoria no los convierte en actos equivalentes a la denuncia ante el organismo técnico competente. El recurrente invoca que acudió al Ing. Flageat, que luego solicitó un nuevo dictamen técnico y que el INTA emitió su informe el 27/01/2022, con posterioridad al plazo que la sentencia ubicó a comienzos de enero de 2022; pero esa secuencia sólo demuestra actividad de preconstitución probatoria, no cumplimiento del recaudo administrativo exigido por el régimen especial.
A ello se suma que la actora había advertido tempranamente el problema de germinación y desplegó actividad extrajudicial dentro del plazo, mediante carta documento y constataciones notariales con intervención de representantes de la demandada. Precisamente por eso, no se advierte una imposibilidad práctica de activar el cauce reglamentario correspondiente; lo que existió fue una sustitución unilateral de la intervención administrativa prevista por la norma por diligencias privadas de constatación y prueba. En consecuencia, aun cuando pueda matizarse el fundamento de la sentencia de grado en cuanto puso el acento en la demanda tardía, la solución debe mantenerse por una razón jurídicamente dirimente: no se acreditó la denuncia ante la autoridad administrativa de aplicación dentro del plazo reglamentario. Por ello, el agravio fundado en la supuesta imposibilidad práctica de litigar antes de contar con todos los estudios técnicos debe ser rechazado.
V. El quinto agravio según el cual la actora sostiene que ni la Ley N° 20.247 ni su reglamentación establecen un plazo especial de prescripción para la acción contractual resarcitoria y que, por ello, debe regir el plazo genérico quinquenal del art. 2560 del Código Civil y Comercial, tampoco puede ser favorablemente receptado.
La crítica confunde nuevamente dos planos distintos: el de la prescripción y el de la caducidad.
Es verdad que el régimen especial de semillas no instituye un plazo autónomo de prescripción de la acción indemnizatoria por daños derivados de la compraventa. También lo es que, en ausencia de un plazo especial, la prescripción de la acción contractual debe regirse por las reglas generales del Código Civil y Comercial, en particular por el art. 2560. Pero de ello no se sigue que la responsabilidad especial del proveedor por germinación y pureza físico-botánica permanezca indefinidamente vigente hasta el vencimiento del plazo prescriptivo general.
La prescripción regula el tiempo para ejercer judicialmente una acción; la caducidad, en cambio, extingue el derecho no ejercido cuando no se cumple oportunamente el acto previsto para su conservación. Dicho de otro modo: la prescripción define hasta cuándo puede demandarse; la caducidad aquí analizada define si subsiste el derecho sustancial específico sobre el cual se pretende demandar. Así lo establecen los arts. 2566 y 2569 del Código Civil y Comercial.
En esta tónica, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín ha sostenido que: "La prescripción extingue la acción y no el derecho, como ocurre en la caducidad. Quien sufrió la caducidad de su derecho ya no lo posee, pues se acabó, en cambio quien posee un derecho prescripto, lo sigue poseyendo aunque no puede reclamar su cumplimiento por vía judicial, a través de una acción. Sin embargo es titular de un derecho creditorio natural, que significa que este existe, y que si el deudor paga, puede retener el acreedor lo pagado" (CC0002 SM 74173 103 I, Carátula:
"SIRACUSA, ANA MARIA C/ SIRACUSA, JOSE RECLAMACION DE ESTADO", 18/06/2020).
En el caso, la sentencia no sustituyó el plazo de prescripción quinquenal por un plazo administrativo de cuarenta y cinco días. Lo que tuvo extinguido -por caducidad- fue la responsabilidad especial del proveedor prevista por el régimen sectorial de semillas, cuya cesación por el transcurso del tiempo se encuentra expresamente habilitada por el art. 14 de la Ley N° 20.247. Esa norma dispone que quien transfiere semillas es responsable del correcto rotulado y que la reglamentación establecerá los casos en que, por el transcurso del tiempo u otros factores, pueda cesar dicha responsabilidad.
Por ello, la Resolución SAGyP N° 238/1989 no desplazó el régimen general de prescripción ni creó un plazo prescriptivo abreviado. Se limitó, dentro del marco legal especial, a fijar el plazo de subsistencia de una responsabilidad técnica vinculada a la calidad de la simiente, materia en la que la comprobación del defecto se encuentra condicionada por factores temporales, de conservación, siembra y evolución del cultivo. El Decreto N° 2183/91 confirma esa estructura al prever que la autoridad sectorial establecerá los plazos máximos y mínimos de responsabilidad sobre la calidad de la simiente.
De tal modo, aun cuando la acción resarcitoria pudiera hallarse formalmente no prescripta bajo el art. 2560 del Código Civil y Comercial, ello no basta para hacer renacer una responsabilidad especial que caducó por falta de cumplimiento oportuno del acto conservatorio exigido por la normativa aplicable.
En consecuencia, no se advierte que la sentencia haya alterado indebidamente el régimen legal de prescripción. Por lo que el agravio debe ser rechazado.
VI. En cuanto al sexto agravio, relativo al incorrecto tratamiento procesal de la defensa de caducidad y a la alegada afectación del derecho de defensa, habré de apartarme también de la crítica esbozada.
En primer lugar, porque la caducidad sustancial aquí debatida no constituye, en el régimen del CPCCBA, una excepción previa autónoma de obligatoria articulación y resolución preliminar.
El art. 344 del código ritual regula específicamente el tratamiento de la prescripción cuando ésta es opuesta como excepción, pero de allí no se sigue que toda defensa extintiva fundada en el transcurso del tiempo deba recibir idéntico trámite. Como he dicho antes, prescripción y caducidad son institutos diversos: la primera extingue la acción por el transcurso del tiempo; la segunda, en cambio, extingue el derecho no ejercido en las condiciones normativamente previstas. Por ello, no corresponde trasladar mecánicamente a la caducidad el régimen procesal propio de la excepción de prescripción.
En segundo término, tampoco se advierte afectación concreta del derecho de defensa. La defensa de caducidad fue introducida por la demandada al contestar demanda, de modo que la actora conoció oportunamente el planteo, pudo controvertirlo, producir prueba vinculada con los actos que consideraba impeditivos de la caducidad y, finalmente, cuestionar su recepción mediante el recurso de apelación. No hubo, por tanto, sorpresa procesal ni privación de debate.
Es cierto que, desde una perspectiva de economía procesal, podría discutirse si resultaba más conveniente resolver la defensa con anterioridad a la producción íntegra de la prueba. Pero esa consideración no basta para invalidar el trámite ni para revocar la sentencia. La eventual inconveniencia metodológica no configura nulidad si no se demuestra un perjuicio procesal concreto, actual e irreparable. Y en el caso, la recurrente no identifica qué defensa, prueba o argumento se vio impedida de articular por el hecho de que la caducidad fuera resuelta en la sentencia definitiva. Al respecto, la Corte bonaerense ha dicho que: "El llamado "principio de trascendencia" en materia de nulidades procesales significa que el nulidicente al promover su planteo debe expresar -indefectiblementeel perjuicio sufrido y las defensas que se ha visto privado de oponer. Tanto uno como otro recaudo deben ser demostrados, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, pero no teórica, ni abstracta, sino que ha de ser concreta y efectiva (art. 172, C.P.C.C.)" (SCBA, "Faroco S.A. c/ Municipalidad de San Cayetano. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa" 09/10/2019). Además, si la propia actora sostiene que la cuestión exigía valorar cartas documento, actas notariales, intervención de técnicos, toma de muestras y demás constancias destinadas a demostrar el ejercicio oportuno de su derecho, mal puede afirmar simultáneamente que se trataba de una cuestión exclusivamente preliminar y de puro derecho. La discusión no se agotaba en la interpretación abstracta de la Resolución N° 238/1989, sino que también requería verificar si se habían cumplido los actos exigidos por el régimen especial para conservar la responsabilidad del proveedor. En consecuencia, no se verifica el vicio procesal denunciado. La defensa fue introducida oportunamente, debatida por las partes y resuelta en la sentencia definitiva, sin afectación concreta del derecho de defensa.
Por ello, el agravio debe ser rechazado.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión el señor Juez Roberto Degleue dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado.
2. Imponer las costas a la parte vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
3. Regular honorarios en autos separados (art. 31 de la ley 14.697).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado.
2. Imponer las costas a la parte vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
3. Regular honorarios en autos separados (art. 31 de la ley 14.697).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.-
Fin de la sentencia