Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 6075
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres, con el patrocinio del Dr. Christian Javier Tolosa y en consecuencia confirmar la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, en cuanto deniega a la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres autorización judicial para aceptar, mediante escritura pública ante el notario de su elección, la oferta de donación instrumentada el 29 de julio de 2004 mediante Escritura Pública N° 76 pasada ante el escribano Alfredo C. Troilo Marcos, sobre el inmueble con Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H, Quinta 100, Manzana 100a, Parcela 1 "h", Partida Inmobiliaria N° 21414, Matrícula 30801 del Partido de Pergamino. Teniendo por caduca la oferta de donación invocada, fallecido el donante y no aceptada durante la vigencia del Código anterior.
2Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento tratarse de una cuestión dudosa de derecho (último párrafo del art. 68 del CPCC y su doctrina).
3Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto se encuentre determinada la base regulatoria (art. 27 inc. a, Ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 6075-26 caratulada "LOLLO PERES SILVIA MARIANA S/ AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11867)", Expte. 78.162 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la acción intentada por resultar contradictoria a la conducta procesal desplegada por la actora en el sucesorio del donante y tuvo por caduca la oferta de donación invocada, fallecido el donante y no aceptada durante la vigencia del Código anterior. Difirió la regulación de honorarios del letrado interviniente, hasta que se haya determinado la base para ello.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto el día 17-4-2026, concedido en relación el 22-4-2026 y fundado el 28-4-2026. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 26-5-2026 se dictó el llamamiento de autos, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
1. Antecedentes:
La Sra. Silvia Mariana Lollo Peres promovió acción de autorización judicial con el objeto de aceptar mediante escritura pública, la oferta de donación que su padre el Sr. Horacio Pascual Lollo formulara en su favor en fecha 29 de julio de 2004 mediante Escritura Pública N° 76 pasada ante el escribano Alfredo C. Troilo Marcos, recayendo sobre el inmueble identificado con Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H, Quinta 100, Manzana 100a, Parcela 1 "h", Partida Inmobiliaria N° 21414, Matrícula 30801. El donante Sr. Horacio Pascual Lollo falleció el día 27 de junio de 2007, es decir, bajo la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, habiendo transcurrido casi tres (3) años desde la instrumentación de la oferta de donación hasta su muerte sin que mediara aceptación formal. La madre de la actora, Sra. Nilda Ofelia Peres, co-oferente del bien donado, se encuentra con vida.
El 17/09/2018 se inició su proceso sucesorio en los autos Nro 7294 en trámite por ante el mismo Juzgado, verificándose que requerida la celebración de escritura pública para aceptar la donación por parte de la beneficiaria fue informada por el notario elegido que operada la reforma del Código de Vélez, el registro de la Propiedad Inmueble adoptó el criterio impuesto por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación , inscribiendo únicamente las aceptaciones de donaciones efectuada en vida del donante y del donatario, razón por la cual inicia el presente trámite de autorización judicial.- Desde la fecha de la oferta de donación (29/07/2004) al inicio de la formalización del pedido de autorización (13/03/2023) transcurrieron 19 años, lo que surge de las constancias electrónicas.
El operador de grado rechazó la acción con fundamento en dos ejes: a) la aplicación del art. 1545 del CCyC como norma inmediatamente aplicable a las situaciones jurídicas en formación, con sustento en el art. 7 del mismo cuerpo normativo; y b) la invocación de la doctrina de los actos propios, por haber la actora denunciado el bien en el proceso sucesorio del causante.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la actora, cuya expresión de agravios presentada con fecha 28 de abril de 2026 puede sintetizarse en: a) errónea aplicación del art. 7 del CCyC con efecto retroactivo sobre una relación jurídica consolidada bajo el régimen anterior; b) indebida aplicación de la teoría de los actos propios; y c) existencia de precedentes jurisprudenciales provinciales que resuelven en sentido favorable en casos de análogas circunstancias.
2. La cuestión central que debe resolver esta Alzada consiste en determinar si el art. 1545 del CCyC -que exige que la aceptación de la oferta de donación se produzca en vida del donante y del donatario- resulta aplicable a una oferta de donación formalizada el 29 de julio de 2004, cuando el donante ya había fallecido antes de la entrada en vigencia del nuevo Código el 1° de agosto de 2015; o si por el contrario como lo pretende el quejoso, ha de aplicarse el sistema normado por el Código Vélezano. Cabe recordar que el derogado Código Civil establecía en su art. 1795 la posibilidad de la "donación con aceptación después de la muerte" con la particularidad que la voluntad del causante sobrevivía a su propio deceso y los herederos se encontraban obligados a entregar la cosa ofrecida en donación, así si el donante no la había revocado antes de ser aceptada o antes de su propia muerte (art. 1793 del Código Vélez Sarfield) ni la cónyuge supérstite o sus herederos estaban legitimados para contradecir la voluntad del donante (Cfr SCBA LP C 116503 S 20/05/2015). Pero actualmente el art. 1545 del Código Civil Unificado veda esta posibilidad al establecer en forma expresa que la aceptación de la donación debe producirse en vida del donante o donatario quedando la donación sujeta entonces a los principios generales en cuanto a la formación del consentimiento de los contratos.
Teniendo en cuenta que el art. 7 del mismo cuerpo legal determina que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias y relaciones jurídicas existentes, y que no tienen efecto retroactivo -salvo disposición en contrario- se trata aquí de un problema de derecho transitorio, en el cual ha de analizarse si corresponde admitir la aceptación de la donación realizada con posterioridad al fallecimiento del donante, cuya oferta fuera formulada antes de la sanción del Código Civil Unificado.
En la especie la oferta de donación y la muerte del causante acaecieron durante la vigencia del Código Civil Vélez Sarfield, más la aceptación de la donación pretende realizarse durante la vigencia del Código Civil Unificado, a través del pedido de autorización formalizado en primera instancia.
Se trata sin duda de un tema vinculado a la aplicación del art. 7 del CCyCN que regula la eficacia temporal de la ley, sobre los que grandes juristas han argumentado en un sentido y otro.
La norma citada dispone que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, sin que tengan efecto retroactivo. Sin embargo, la misma norma aclara que la nueva ley no puede afectar las relaciones y situaciones jurídicas ya constituidas ni las consecuencias ya producidas.
La diferencia conceptual entre "situación jurídica" y "relación jurídica" resulta aquí determinante. La oferta de donación instrumentada en el año 2004 no generó por sí sola la transmisión del dominio ni perfeccionó el contrato; requería de la aceptación del donatario.
Cabe preguntarse si ello convierte automáticamente a la situación en una mera "situación jurídica en formación" sobre la cual el nuevo ordenamiento pueda operar sin restricción alguna, centrándose aquí el punto de crisis de la quejosa.
La relación jurídica entre el donante y la donataria nació en el año 2004, bajo las reglas del Código de Vélez, que en su art. 1795 expresamente establecía: "Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa dada". Es decir, al momento de fallecer el Sr. Lollo en 2007, la donataria contaba con un derecho -nacido al amparo del ordenamiento entonces vigente- a aceptar la oferta incluso post mortem del donante.
Pero el 1 de agosto de 2015 entra en vigencia el Código Civil Unificado, originándose una cuestión de derecho transitorio que corresponde despejar en cuanto la quejosa ha controvertido la aplicación al caso de la nueva normativa que impide la aceptación post mortem. A tenor de lo normado por el art. 5 del CCCN, art. 7 del CCN y calificada doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires quien ha expresado que "sólo puede considerarse que existe un derecho adquirido, cuando bajo la vigencia de una determinada ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la misma para ser titular del derecho consagrado. De tal modo, la situación jurídica general creada por la ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que se hace inalterable y no pude ser consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional" (cfr sala 1 de la Cám. CyC de La Plata, causa 135.267 del 31/10/2023 con cita de la SCBA, cusas B 50.638, 16/6/87 Ac y Sent. 1987-II, 451.
En el marco del derecho argentino actual, la aceptación de una donación con posterioridad a la muerte del donante es jurídicamente inviable y provoca la caducidad de la oferta, obligando a que el bien forme parte del proceso sucesorio del fallecido.
La situación jurídica se define bajo las siguientes reglas y distinciones: a) Bajo el código vigente, la donación es estrictamente un contrato y requiere el consentimiento de ambas partes en vida. El artículo 1545 del CCCN estipula de forma implícita, en concordancia con la teoría general de los contratos, que la aceptación debe ocurrir en vida del donante y del donatario.
El artículo 976 del CCyC (aplicable por remisión) dictamina que la oferta de un contrato caduca cuando el proponente fallece o pierde su capacidad antes de recibir la aceptación.
Si el donante muere sin que el donatario haya manifestado su aceptación, la oferta queda sin efecto jurídico de pleno derecho. El inmueble o bien mueble se mantiene en el patrimonio del causante y debe ser transmitido por vía sucesoria a sus herederos legítimos o testamentarios. Una de las mayores controversias ocurre cuando la oferta de donación se firmó antes del 1 de agosto de 2015 (bajo el régimen del Código Civil de Vélez Sarsfield, cuyo artículo 1795 permitía expresamente la aceptación post mortem), pero el donante fallece o se pretende aceptar el bien después de esa fecha.
La jurisprudencia mayoritaria de las cámaras civiles (como el fallo de la Cámara 2ª de Apelación de La Plata) ha resuelto aplicando el artículo 7° del CCCN: La oferta de donación por sí sola no es un contrato consolidado, sino una situación jurídica en proceso de formación (in fieri). Al no haberse perfeccionado el acuerdo de voluntades antes del cambio legislativo, el nuevo artículo 1545 se aplica de forma inmediata. Por lo tanto, incluso si la oferta es antigua, si el donante muere bajo la vigencia del CCCN, ya no se puede aceptar válidamente. Se contemplan excepciones Específicas: Ofertas Conjuntas o Solidarias: El único escenario técnico donde la aceptación puede ocurrir tras la muerte del donante se da en las donaciones ofertas de manera conjunta o solidaria reguladas en el artículo 1547 del CCCN: Si la donación fue ofrecida solidariamente a varios donatarios (por ejemplo, a tres hermanos) y al menos uno de ellos la aceptó en vida del donante, el contrato ya quedó perfeccionado y el derecho nació. En ese caso particular, los donatarios restantes sí pueden aceptar con posterioridad a la muerte del donante, ya que su aceptación expande un contrato que ya existía jurídicamente gracias al primer aceptante. Justamente esta situación excepcional no se configura en la especie, sellando la suerte adversa del recurso.
Se puede afirmar que "no estamos frente a una situación agotada o concluida a la que se le aplique la ley vigente al momento de su formulación (Código Vélezano) sino de una situación in fieri, en formación, pues no hay contrato mientras no exista aceptación, y la aceptación no se formalizó con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil. Por ello no se puede afirmar válidamente que la situación estaba agotada cuando comenzó a regir el nuevo sistema normativo, salvo que se considere que con el perfeccionamiento de la donación, que se realiza a través de la aceptación, hubo consumo jurídico y corresponde aplicar el régimen anterior, lo cual no es correcto, ya que se trata de un tramo no concluído..." (La Plata, S 1 Causa 135.267 del 31/10/2023).
Al respecto, el art. 7 CCCN consagra el principio de aplicación inmediata -no retroactiva- de las nuevas leyes (art. 7, CCyC). Dicho artículo señala lo siguiente: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
En relación con ello, la Suprema Corte ha dicho que "a la luz de la regla general establecida en su art. 7, las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que -al igual que el anterior ordenamientoconsagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están “in fieri” o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico" (Sup. Corte Bs. As., 10/8/2016, "Zubiarrain, Raúl A. y otros c/ Cámara de Senadores s/ Demanda contencioso administrativa").
Tanto el texto legal del art. 3 del Código Civil como el art. 7 del Código Civil y Comercial, e incluso la jurisprudencia de la Corte expuesta ut supra, se inspiran en la teoría de Roubier, para quien la nueva ley rige no solo para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores si se trata de situaciones no agotadas (ROUBIER, Paul: Les conflits de lois dans le temps. Théorie dite de la non-rétroactivité des lois. París, Recueil Sirey, 1929). Dicho en otros términos, las situaciones jurídicas ya consumadas o ya extinguidas se rigen por la ley bajo la cual se llevaron a cabo las tareas, es decir, por la ley vigente en el momento en que se producen. En rigor, los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia no pueden ser alcanzados por la nueva ley conforme a la noción de consumo jurídico, y si los afecta, se incurriría en retroactividad (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2015, p. 115). De donde se sigue que el legislador es el único que puede determinar -con la sola limitación de respetar los derechos amparados o tutelados por garantías constitucionales- la vigencia hacia el pasado de una ley (HITTER, Juan Manuel, y CAIRO, Silvina: Honorarios de abogados y procuradores, Estudio analítico del Decr.-Ley 8904/1977 de la Provincia de Buenos Aires y normas complementarias. Breve comentario de la Ley Nacional 21.839 y su concordancia. Prólogo de Roberto O. Berizonce. Buenos Aires, LexisNexis, 2007).
Este principio general en materia de aplicación temporal de la ley debe conjugarse con otro criterio jurídico imperante en materia procesal, el cual es la aplicación inmediata de las nuevas normas adjetivas, salvo que se vulneren derechos definitivamente incorporados al patrimonio de la persona a la que dichas normas se pretenda aplicar (MORELLO, Augusto M.; SOSA, Gualberto L., y BERIZONCE, Roberto O.: Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados, 4.ª ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, LEP, 2015, t. 1, P- 177). Los fallos citados por el doliente van en apoyatura de su posición, pero no puedo dejar de señalar que numerosos precedentes de los Tribunales de Alzada provinciales han propiciado una solución distinta. Destaco el pronunciamiento de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, con el primer voto de los Doctores Juan José Guardiola, Ricardo Manuel Castro Durán y Gastón Mario Volta en causa nº JU-1604-2018 caratulada: "C: C/ P. S/ ACCION REIVINDICATORIA" donde se ha abordado con extrema claridad y excelencia el tema vinculado con el alcance temporal de la nueva regulación, la distinción entre situación jurídica agotada y la in fieri, el enfoque del art. 1545 CCyC y su inmediata aplicación y se ha repasado la posición de destacados juristas en sus comentarios sobre el art. 7 del Código unificado.
Por otra parte no vislumbro un menoscabo de derechos subjetivos como lo plantea la doliente, en tanto la aceptación podría haberla concretado "post mortem" con la vigencia del Código Civil Vélezano, más del hito documental se desprende que la escritura de oferta de donación data del año 2004, que el donante fallece el 27 de junio de 2007 y que el 13/03/2023 se pide autorización judicial para celebrar la escritura de aceptación de la oferta de donación por parte de la donataria, con lo cual se desprende la cantidad de años (23 años) que tuvo para convalidar con su aceptación el acto, y con su inactividad carga con los efectos de enfrentar la vigencia temporal de una nueva legislación (arts. 7, 976,1542 y 1545 y ccs del CCyCN).
3. Sobre la teoría de los actos propios:
El sentenciante de grado imputó a la actora una conducta contradictoria por haber denunciado el bien donado como parte del acervo hereditario en el proceso sucesorio del causante.
No comparto esa apreciación. La sucesión ab intestato del Sr. Lollo constituye un proceso de naturaleza universal, cuya apertura resultaba necesaria para inventariar el patrimonio del causante, determinar la existencia de acreedores y de otros herederos, y regular los derechos de quienes concurren a la herencia. La denuncia del bien en dicho proceso no implica renuncia a los derechos emergentes de la oferta de donación, máxime cuando la propia actora dejó constancia en aquellas actuaciones de la existencia de la oferta de donación y de las compensaciones efectuadas a favor de su hermano.
La teoría de los actos propios exige para su aplicación que la conducta anterior sea jurídicamente relevante, voluntaria, y que genere en la contraparte una confianza razonable en que la postura precedente será mantenida ("venire contra factum proprium non valet"). Ninguno de estos presupuestos se verifica en el caso: iniciar una sucesión -acto procesal legalmente impuesto- no importa la renuncia a derechos autónomos emergentes de una relación jurídica distinta.
Por lo demás, señala la actora con acierto que de no haber iniciado el proceso sucesorio, no habría podido conocer el estado del bien, la existencia de acreedores ni la de eventuales herederos que pudieran oponerse a la donación. Ambas actuaciones responden a cauces procesales diferenciados y no son incompatibles entre sí.
Entiendo que no es éste el argumento por el cual ha de rechazarse el pedido de autorización sino que las razones son las expuestas en el punto 1 y 2 de los considerandos.
De acuerdo a la Resolución 315/18 dictada por el Procurador General, en cuanto a la actuación del Ministerio Público Fiscal en materia no penal, se hace saber que su intervención se encuentra prevista entre otros en los supuestos de procesos sucesorio (art. 3) y no correspondiendo en este específico trámite. Por lo demás se dio vista al Agente Fiscal en primera instancia.
4. Consideraciones finales.
En síntesis, concluyo que:
(a) La oferta de donación fue instrumentada en el año 2004 bajo la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, cuyo art. 1795 autorizaba expresamente la aceptación post mortem del donante.
(b) El donante falleció el 27 de junio de 2007, con anterioridad a la entrada en vigencia del CCyC.
(c) El donatario no aceptó la donación durante la vigencia del Código velezano y dedujo varios años después el pedido de autorización para celebrar escritura de aceptación de la oferta de donación, estando en vigencia el Código Civil Unificado que deroga el art. 1795 del CC y lo reemplaza por el art. 1545 del nuevo sistema, que impide la aceptación de la donación post mortem.
(d) Por la conjugación del art. 7 del CCyC, doctrina y jurisprudencia citada llego a la conclusión que la aplicación instantánea de la nueva normativa no implica retroactividad de la ley nueva sobre derechos ya adquiridos bajo el ordenamiento derogado, porque como ya se ha explicado en el caso de autos no había un negocio jurídico perfeccionado en tanto la situación no estaba jurídicamente agotada cuando empezó a regir el nuevo Código, ni tampoco existía un derecho adquirido del donatario antes de la reforma ( art. 7 del CCyC y art. 17, CN).
(e) La doctrina de los actos propios fue aplicada incorrectamente en la instancia anterior pero no cambia la suerte del recurso.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada el 13 de abril de 2026, en cuanto tuvo por caduca la oferta de donación invocada, al haber fallecido el donante sin que aquella hubiera sido aceptada durante la vigencia del Código Civil anterior.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres, con el patrocinio del Dr. Christian Javier Tolosa y en consecuencia confirmar la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, en cuanto deniega a la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres autorización judicial para aceptar, mediante escritura pública ante el notario de su elección, la oferta de donación instrumentada el 29 de julio de 2004 mediante Escritura Pública N° 76 pasada ante el escribano Alfredo C. Troilo Marcos, sobre el inmueble con Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H, Quinta 100, Manzana 100a, Parcela 1 "h", Partida Inmobiliaria N° 21414, Matrícula 30801 del Partido de Pergamino. Teniendo por caduca la oferta de donación invocada, fallecido el donante y no aceptada durante la vigencia del Código anterior.
2. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento tratarse de una cuestión dudosa de derecho (último párrafo del art. 68 del CPCC y su doctrina).
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto se encuentre determinada la base regulatoria (art. 27 inc. a, Ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres, con el patrocinio del Dr. Christian Javier Tolosa y en consecuencia confirmar la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, en cuanto deniega a la Sra. Silvia Mariana Lollo Peres autorización judicial para aceptar, mediante escritura pública ante el notario de su elección, la oferta de donación instrumentada el 29 de julio de 2004 mediante Escritura Pública N° 76 pasada ante el escribano Alfredo C. Troilo Marcos, sobre el inmueble con Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H, Quinta 100, Manzana 100a, Parcela 1 "h", Partida Inmobiliaria N° 21414, Matrícula 30801 del Partido de Pergamino. Teniendo por caduca la oferta de donación invocada, fallecido el donante y no aceptada durante la vigencia del Código anterior.
2. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento tratarse de una cuestión dudosa de derecho (último párrafo del art. 68 del CPCC y su doctrina).
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto se encuentre determinada la base regulatoria (art. 27 inc. a, Ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 y mod. SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.-
Fin de la sentencia