Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 113.838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado el 29 de marzo de 2019 no es justo (arts. 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 68, 246 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se revoca el pronunciamiento dictado el 29 de marzo de 2019, y se dispone sin más trámite se dé curso a la ejecución iniciada. Con costas por su orden, conforme la forma de resolverse la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC).
as Causa N° 113838-3; Juz. N° 17 GAZZANEGO RAQUEL NOEMI Y OTR. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA Sala III En la ciudad de La Plata, a los 19 días de abril de 2022, reunidos en acuerdo ordinario el señor juez de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Jaime Oscar López Muro y el señor Presidente Francisco Agustín Hankovits, por integración de la Sala Tercera, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “GAZZANEGO RAQUEL NOEMI Y OTR. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA", (causa nº 113838-3), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio dictado el día 29 de marzo de 2019?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DR HANKOVITS DIJO:
1. El apoderado de los accionantes solicitó la formación de incidente de ejecución de la sentencia de mérito dictada en las actuaciones. En ese orden, sostuvo que apelada la misma fue confirmada en lo sustancial y elevados los montos de condena. Agregó que en dicha sentencia se condena a los demandados Marcos Rodríguez, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Daniel Valenga, Daniel R. Cinquino, Hugo Reyes y Marciano González. Los codemandados Marcelo Daniel Valenga, Daniel R. Cinquino, Hugo Reyes y Marciano González han interpuesto recurso extraordinario, no resuelto a la fecha.
Añadió que para los demandados Marcos Rodríguez y Fisco de la Provincia de Buenos Aires, la sentencia ha quedado firme y por ese motivo promueve la ejecución. Practicó liquidación y planteó la inaplicabilidad de la ley 12.836 en las actuaciones. Detalló que las circunstancias excepcionales para inferir luego que su aplicación generaría un perjuicio o gravamen irreparable a la esencia o sustancia de derechos constitucionales se dan en el caso.
Enfatizó que el crédito de los actores corresponde a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos por el fallecimiento del esposo (conviviente) y padre respectivamente; que la responsabilidad del Estado provincial le fue impuesta por su condición de superior del ex agente de policía de seguridad que ocasionó el daño y como propietario del arma de fuego con que se le provocara la muerte en la llamada MASACRE DE WILDE.
Enunció que la indemnización otorgada es comprensiva no sólo del daño material ocasionado a la familia (esposa e hijos y de carácter alimentario) por el fallecimiento del sostén familiar y económico de ésta, sino asimismo por el daño psíquico ocasionado que provocó una incapacidad del 15% a la esposa y del 10% a sus hijos, por los cuales ambos recibieron y deben recibir tratamiento psicoterapéutico y psicológico, como por el daño moral evaluado sobre la base del padecimiento y angustia sufridos por el dolor cuya mensuración cuantitativa no es posible, cual es la muerte de un esposo y padre de familia.
Aseveró que durante todo el tiempo transcurrido desde el siniestro a la fecha, sus mandantes no sólo perdieron la ayuda económica sino que debieron afrontar de sus propios peculios los tratamientos médicos para superar el dolor de su pérdida, siendo dable presumir además que tal circunstancia ha afectado la vida no solo familiar, su formación y crianza (en el caso de sus hijos), sino también en el aspecto laboral (en caso de su conviviente), significando ello una influencia negativa para la vida económica familiar.
Subrayó que la muerte de Edgardo ocurrió el día 10 de enero de 1994, es decir a la fecha han transcurrido más de 25 años del fallecimiento y 23 años de tramitación de la causa. Sostuvo que la demora en la misma no se le puede imputar ya que debió inclusive recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando por la demora en el dictado de sentencia. Afirmó que las alternativas procesales demuestran en forma clara y palmaria la actividad constante de esa parte tendiente a lograr la satisfacción del concepto de justicia y que no puede dejar de señalar que la notoria elongación de este proceso, repercutió en una franca colisión con derechos constitucionales, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la tutela judicial continua y efectiva, al tiempo razonable del proceso y al derecho al resarcimiento pleno e integral, resultando de aplicación el precedente de la SCBA, C.89.168 (v. 26/03/19).
La Sra. Juez de la primera instancia el 29 de marzo de 2019 dispuso que sin perjuicio que, a los fines de la formación del incidente de ejecución de sentencia solicitado, se deberá presentar toda la documentación en formato papel para su inicio en expediente separado, tener presente lo requerido para la oportunidad en que los presentes vuelvan de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, oportunidad en que el interesado deberá reiterar la petición; ello con cita del artículo 34 CPCC. El apoderado de los accionantes interpuso revocatoria con apelación en subsidio contra esa decisión. Reiteró que la sentencia dictada por este Tribunal que se pretende ejecutar se encuentra firme para los demandados Marcos Rodríguez y Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Destacó que el resultado del recurso deducidos por los restantes demandados Daniel Roque Cinquino, Marcelo Daniel Valenga y Hugo Reyes, en nada modificará la sentencia firme dictada contra Rodríguez y el Fisco por cuanto a través de tales remedios recursivos sólo se ataca la responsabilidad a ellos atribuida en el evento dañoso, sea cual fuere su resultado, en nada alterará la sentencia firme existente contra Marcos Rodríguez y Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
Expuso que siempre que existan ítems de la sentencia separados a los de apelación, que hayan pasado a autoridad de cosa juzgada en cuanto a los rubros sobre los que no se interpuso recurso, su ejecución es procedente. Es así que la sentencia consentida por el demandado, puede ser ejecutada en la parte firme, no siendo obstáculo a ese fin la ley y sin perjuicio de la ejecución posterior de las restantes pretensiones del actor sobre las cuales deberá decidir la alzada.
Indicó que la posibilidad de ejecución parcial de una sentencia, se adecua a los términos de los artículos 497 a 500 del CPCC.
Expresó que se ha postulado que el haber interpuesto contra la sentencia dictada varios recursos extraordinarios, no obsta al progreso de su ejecución parcial en los contenidos que han quedado firmes. Ello así en cuanto son separables los tópicos del pronunciamiento cuestionados y los que no lo han sido, subyaciendo un evidente interés en no demorar la plasmación del derecho en las personas de los respectivos acreedores, que de otro modo se verían afectados por una demora innecesaria.
Observó que el tribunal ha perdido jurisdicción sólo respecto de las cuestiones comprendidas en el recurso y que no se encuentran firmes; cuestiones estas que como indica la resolución de fecha 23/03/2019, no comprenden la ejecución pretendida.
Entendió que la resolución se aparta del concepto de una sentencia firme, con avasallamiento de la autoridad de cosa juzgada, así como de las normas aplicables para la correcta solución del caso. Violenta asimismo las garantías de propiedad, defensa en juicio y debido proceso, las cuales se ven vulneradas con la alteración sustancial de un derecho adquirido.
Recordó que sus mandantes llevan más de 25 años sin su justa reparación, no existe obstáculo legal para que esta sea satisfecha. Solicitó que se reconsidere la suspensión de la ejecución iniciada y se ordene el traslado de la liquidación practicada.
La Sra. Juez, el 10 de abril de 2019, señaló que la decisión dictada el 29 de marzo de 2019 se ajustaba a derecho pues en tanto que el superior ha dictado sentencia única con fecha 15 de noviembre de 2018 respecto de estas actuaciones y sus acumulados "DIAZ, CLAUDIO ANTONIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJUICIOS", "FERRERI, EVA RODRIGUEZ, MARCOS y OT. C/ RODRIGUEZ, MARCOS Y OT. S/DAÑOS Y PERJUICIOS", siendo que la sentencia definitiva ha sido recurrida por la Fiscalía de Estado (en los obrados "Díaz, Claudio A. c/Pcia Bs. As., expte. 113838-1) según consta del proveído de fecha 26 de febrero de 2019 emitido por el Superior, el cual ha concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada Fiscalía de Estado por resolución de fecha 28 de marzo de 2019, no encontrándose aún firme la sentencia definitiva, la cual podría modificar sus efectos en los procesos acumulados, no ha lugar a la revocatoria que se solicita (art. 238 CPCC). Concedió en relación el recurso de apelación incoado en forma subsidiaria (art. 248 CPCC).
El Sr. Juez subrogante ordenó la notificación, tanto de la formación del incidente de ejecución como de la revocatoria, a la Fiscalía de Estado, y corrió traslado de los fundamentos el 31 de marzo del 2021. La Fiscalía contestó el 28 de octubre de 2021. Sostuvo que la ejecución de sentencia pretendida deviene prematura. Manifestó que, si bien consintió la sentencia de Cámara, la misma fue apelada por los codemandados. Afirmó que no existe un presupuesto fundamental que habilite el objeto de reclamo, esto es, la falta de certeza de la condena, lo que deriva en saber quiénes serán en definitiva los obligados al pago. Recordó la doctrina legal sentada en la causa C.92176," Quintana Carlos c/ ESEME C S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios, sentencia del 13 de agosto de 2008", entre otros precedentes.
Indicó el proceso se encuentra radicado por ante la SCBA, para el tratamiento del recurso interpuesto por los codemandados, pretendiendo revertir la resolución de la Cámara que condenó al pago de la indemnización por la muerte del esposo y padre de los demandantes. Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por el Juzgado en cada uno de sus proveídos. Lo dicho se traduce en que aquí, uno de los codeudores ha instado la revisión de lo decidido en el pronunciamiento de marras, el cuál reúne las características descriptas, un decisorio indivisible o solidario, estando obligados todos los legitimados pasivos a saldar un crédito en común. Dicho marco, es el que habilita la aplicación al caso de la doctrina en cita, la que consagra el postulado del "benefici comuni remedi" (beneficio del remedio común), para las obligaciones con pluralidad de sujetos y objeto único, aún con fuente diversa. Así, la citada doctrina legal consagra la tesitura de que en los supuestos que existan dos o más acreedores más o dos o más deudores de una misma obligación, naciendo el vínculo que los une de una única fuente (la sentencia), existe unidad de causa. Y en estos supuestos, infiere que, de hacerse lugar al recurso interpuesto por uno de los codeudores solidario, sin perjuicio de la situación procesal del resto de las partes, "lo resuelto debe beneficiar a los coaccionados principales". Entendió que el presente caso se ajusta a dicha doctrina, dado que el objeto de este proceso consiste en determinar el monto del perjuicio irrogado en base a una sentencia con distintas partes condenadas, de acuerdo a los argumentos precedentemente desarrollados, corresponde se suspenda su curso, hasta tanto exista sentencia definitiva firme. Finalmente, advirtió que la tesitura expuesta también encuentra fundamento en la necesidad de evitar que, en el presente proceso, cuyo objeto es la determinación del monto de condena, queden sin defensa los codemandados en el juicio principal. Asimismo, tiende a evitar que en un eventual juicio de repetición contra los codemandados, estos puedan oponer contra el progreso del mismo, la exceptio mali proccesuss, lo cual pone en serio riesgo el derecho de propiedad y defensa de la provincia (art. 17 y 18 C.N.). Dejó planteada la cuestión federal en los términos del art. 14 de la Ley 48, como también lo relativo a la consolidación de la deuda.
2. Como se advierte de la reseña efectuada, en el caso en tratamiento, la Fiscalía de Estado reconoce la firmeza en relación a ella de lo decidido por este Tribunal, mas se opone a la procedencia de la ejecución contra ella por aplicación de la doctrina de nuestro Superior Tribunal emanada de los fallos que cita, a tenor de estar frente a una obligación concurrente y ante la impugnación extraordinaria ensayada el 12 de diciembre de 2018 por los otros codemandados. Esto es, manifiesta que consistió la sentencia condenatoria mas se opone al progreso de la ejecución peticionada a su respecto con invocación de la citada doctrina legal de la Suprema Corte.
Ahora bien, el caso en análisis tiene sus específicas singularidades que deben ser evaluadas a fin de determinar la procedencia o no de lo requerido y de la oposición formulada en contrario.
En ese orden, cabe referenciar como marco fáctico de la causa lo ya señalado en la sentencia dictada el 21 de febrero de 2018 por nuestra Corte local: "las demandas civiles de daños fueron promovidas el 10 de enero de 1996 (v. fs. 22, de estos autos "Gazzanego"); el 28 de diciembre de 1995 (v. fs. 15 vta., autos "Díaz") y el 21 de diciembre de 1995 (v. fs. 55 vta., autos "Ferreri"). Pues bien, desde la fecha de promoción de las acciones resarcitorias han transcurrido más de veinte años, sin que a la fecha se haya arribado a un pronunciamiento penal firme en la causa instruida a fin de dilucidar la responsabilidad penal de los involucrados, circunstancias que evidencian que la suspensión del dictado de la sentencia de mérito dispuesta por la Cámara, a la espera de la resolución final en el proceso penal, importa en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado (arts. 7, 1.775 inc. "b", Cód. Civ. y Com., 18 Const. nac.)" (parágrafo III. 2., al final). Esta situación se ha mantenido (aún sigue pendiente la realización del juicio penal por los hechos acaecidos en 1994) y agravado por el paso del tiempo (en la actualidad son ya más de 24 años) lo que "importa en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado", conforme los propios términos de nuestro superior Tribunal provincial.
La función primordial de un Juez o Jueza es dar plena y efectiva vigencia a las garantías constitucionales/convencionales en el asunto llamado a intervenir.
En ese sendero, se recuerda que la Corte Suprema de la Nación ha juzgado que es inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos (CS, Fallos: 312-2434; 311-1604; 305-913; entre otros). En el caso "Ataka", ésta expresó que una dilación indefinida del trámite ocasiona un agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, produciendo una efectiva privación de justicia (CSJN, en Ataka, sent. 20/11/73 en Fallos: 287:248) La reparación de los daños ocasionados a la víctima no puede esperar que se superen distintos estamentos burocráticos procesales de la administración de justicia, sino que en el tiempo actual el sistema judicial debe propender, respetando el debido proceso y el derecho de defensa, a brindar a la víctima una respuesta eficaz en tiempo oportuno. En la consecución de esta finalidad social está comprometido el activismo de los jueces y debería constituir un objetivo ineludible de todo el sistema de justicia (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). A partir de la reforma constitucional del año 1994, los pactos internacionales de derechos humanos, citados en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna Nacional, gozan de jerarquía constitucional y de aplicación obligatoria por parte de los tribunales de nuestro país.
En ese contexto, guarda relevancia el concepto de plazo razonable, que tiene su origen normativo en el año 1950 con el artículo 6.1 del "Convenio Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales" (CEDH). Ese principio fue receptado por el artículo 8.1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica; aplicable a la materia en tratamiento.
En virtud de ello, el derecho al Acceso a la Justicia requiere de la determinación de los derechos en tiempo razonable Corte IDH. Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258 párr. 152; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 14, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 196).
En ese sentido, "El lapso correspondiente a la etapa de ejecución de la sentencia judicial con el fin de realizar efectivamente el cobro de la indemnización, en el presente caso, hace parte del proceso y debe tomarse en cuenta para analizar el plazo razonable". Corte IDH. Caso Furlán y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246).
Igualmente, el Juez transnacional Cançado Trindade expresó en su voto en el caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, que: "… la ejecución de la sentencia forma parte del proceso - del debido proceso - y, por ello, los Estados deben garantizar que tal ejecución se realice dentro de un plazo razonable. Tampoco sería de más recordar - distintamente de lo que tiende a pensar o suponer los procesalistas tradicionales - que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio para la realización de la justicia. Hay una gran distancia entre la justicia formal y la material, que es, ésta última, la que tengo siempre presente en mis razonamientos. Más que esto, sostengo que el cumplimiento de la sentencia forma parte del propio derecho de acceso (lato sensu) a la justicia, entendido éste como el derecho a la prestación jurisdiccional plena, incluida ahí la fiel ejecución de la sentencia (…) El cumplimiento de las sentencias es, pues, un elemento constitutivo del propio derecho de acceso a la justicia, así ampliamente concebido, dando expresión a la vinculación entre las garantías judiciales y la protección judicial, bajo los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana…".
3. Sobre dicho marco decisorio, de las actuaciones surge que los hechos que han generado los reclamos indemnizatorios de daños por los accionantes (los múltiples homicidios cometidos con la intervención de personal de seguridad de la Provincia) tuvieron lugar el día 10 de enero de 1994 en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda (evento conocido públicamente como "La masacre de Wilde").
La esposa y los hijos del Sr. Cicutín demandaron el 10 de enero de 1996 al Estado provincial por el hecho de sus agentes, el propio Estado provincial se abstuvo de alzarse contra el pronunciamiento condenatorio de la Sra. Juez de primera instancia y el dictado de este Tribunal (v. 23/06/10 y 15/11/18).
Ambas sentencias condenaron a los agentes codemandados Valenga, Reyes, González y Cinquino junto con el Estado provincial. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pendiente de resolución lo interpuso el Sr. Cinquino. Reiteró en el mismo, en síntesis, que los disparos que le atribuyen no los efectuó (v. 12/12/18).
Dicho ello, de otro, se detalla que el apoderado de los accionante promovió el incidente de ejecución de sentencia el 26 de marzo de 2019. La Corte Interamericana ha juzgado también que, para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve Corte IDH Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de enero de 2019, párr. 196. Asimismo, dicho organismo internacional ha reiterado que las autoridades judiciales deben "actuar con la debida diligencia y celeridad" (Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, § 146.)
4. En atención al contexto referido y las citas jurisprudenciales realizadas, sin que pase inadvertida la doctrina sentada en relación al efecto extensivo, en el supuesto que se declare la procedencia de los recursos en litisconsorcios facultativos ante obligaciones concurrentes, respecto de los codemandados no impugnantes, se adelanta que la recepción favorable de la apelación.
En la dirección señalada se remarca el espíritu de la decisión de la Suprema Corte transcripta precedentemente, que indicó el camino que ha de seguir el trámite de estos obrados a los fines de procurar, en concreto, brindar en los mismos la tutela judicial efectiva y oportuna.
En efecto, en las especiales circunstancias referenciadas de la causa, la suspensión del trámite de ejecución de sentencia a quien no fue oportunamente recurrente hasta tanto las actuaciones sean devueltas de la Suprema Corte de Justicia local "… importaría en los hechos una frustración efectiva al derecho a ser indemnizado…" (arts. 18 y 75 inc. 22 del Const. Nac; 15 de la Const. provincial y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
En consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento dictado, y disponer sin más trámite se dé curso a la ejecución iniciada. Con costas por su orden, conforme la forma de resolverse la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC).
Voto pues por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor López Muro votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DR HANKOVITS DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde revocar el pronunciamiento dictado el 29 de marzo de 2019, y disponer sin más trámite se dé curso a la ejecución iniciada. Con costas por su orden, conforme la forma de resolverse la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El doctor López Muro adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 19 de abril de 2022.
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado el 29 de marzo de 2019 no es justo (arts. 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 68, 246 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se revoca el pronunciamiento dictado el 29 de marzo de 2019, y se dispone sin más trámite se dé curso a la ejecución iniciada. Con costas por su orden, conforme la forma de resolverse la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC). Regístrese. Notifíquese ( SCBA art. 10 de la AC. 4013 mod. por AC. 4039). Consentido, devuélvase.
JAIME O. LOPEZ MURO FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
Fin de la sentencia