Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA n° 6157/16, recaída en la Actuación n° 12210-4479-2008, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-114432480-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Noviembre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “F” Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “3M ARGENTINA S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 37.697-A, El Dr. Licht dijo:
I. Que a fs. 20/30 se presenta, por apoderado, la firma 3M ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA n° 6157/2016, que la condena en los términos del art. 970 del C.A. Manifiesta que el transcurso de más de diez años desde la fecha de la supuesta comisión de la infracción (20/4/06) hasta el 13/6/16 (notificación del auto de corrida de vista) resulta incompatible con el debido proceso amparado por el art. 18 de la C.N. y el art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Plantea la prescripción de la acción penal y la acción tributaria del Fisco. Niega la comisión de la infracción endilgada. En este sentido, sostiene que la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante el DIT en cuestión fue debidamente transformada y exportada con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia. En subsidio, solicita la atenuación de la multa; así como la aplicación del art. 898 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva de caso Federal y solicita se haga lugar al recurso.
II. Que a fs. 43/47 vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Entiende que la doctrina del plazo razonable no aplica en materia infraccional aduanera. Por otra parte, considera que los elementos aportados por la encartada para acreditar la regularización de la destinación temporaria resultan insuficientes. Y que no existe margen para la aplicación del principio de la duda del art. 898 del C.A. Alude a la carga de la prueba en materia infraccional. Se opone al planteo de atenuación de la multa, en atención a los antecedentes infraccionales de la actora. Acompaña las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que a fs. 48, se tiene por presentada a la representación fiscal, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 68 se certifica la prueba producida. A fs. 74 se resuelve habilitar la tramitación de las presentes actuaciones y se elevan los autos a esta Sala “F”. A 75 se ponen los autos para alegar, derecho del cual sólo hizo uso la actora a fs. 79. A continuación, se llaman los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación nro. 12210-4479-2008 se inició el 14/7/2008 con el acta denuncia formulada contra la firma 3M ARGENTINA S.A. por incumplimiento al régimen de importación temporaria, en relación a la DIT 04 073 IT14 001020 V, cuyo sobre contenedor se agrega a fs. 4. A fs. 6 obra el aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 7 se liquidan los tributos. A fs. 12/15 se agrega la Act. nro. 12206-5756-2005 en la que tramitó el pedido de prórroga de la DIT involucrada. A fs. 16 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 20 se reliquidan los tributos y se determina el importe de la multa mínima. A fs. 21 se corre vista a la imputada, quien resulta notificada el 13/6/16, conforme surge de la constancia de fs. 23, y se cita en garantía a las firmas ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. y EL COMERCIO CIA. DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. A fs. 26/32 vta. obra la contestación de la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. A fs. 35 se tiene por presentada a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. y se declara la rebeldía de la importadora 3M ARGENTINA S.A. A fs. 49 se declara la rebeldía de EL COMERCIO CIA. DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. A fs. 51 presenta su descargo la imputada 3M ARGENTINA S.A. y a fs. 67/87 obra la prueba documental acompañada. A fs. 89 se tiene por presentada a la firma 3M ARGENTINA S.A. y se ordena el cese de su rebeldía. A fs. 90 se ratifica la denuncia efectuada. A fs. 92/93 se adjuntan los antecedentes infraccionales de la imputada. Finalmente, a fs. 96/100, se dicta la resolución DE PRLA n° 6157/2016, aquí apelada.
Primera cuestión V.- Que, en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer lugar, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos y para imponer multas.
Que encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario. Ello así, como sostuve in re: “EX2019-91486944-APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras y máxime que no se trata de un acto de mero trámite, sino que es un acto administrativo interlocutorio; tanto es así que mis distinguidos colegas de sala han propiciado en otros precedentes la declaración de invalidez cuando su dictado no resultó precedido del cumplimiento de los requisitos esenciales (En tal sentido, "Vicente Luciano e Hijos SRL", expte N° 35.700-A, del 19/9/19; "Henkel Argentina S.A.", expte N° 35.406-A, del 10/10/19; "Algodonera Avellaneda S.A.", expte N° 35.593-A, del 2/10/19, Sala "F", entre otras).
Que, en relación al caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 6/12/11 (ver fs. 16 del expte. adm.), a sólo 25 días de cumplirse el plazo quinquenal previsto en los arts. 803 y 934 del C.A. no puede reputarse válido, en tanto no se advierte, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de la notificación del mismo a la actora en tanto esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento afecta la validez misma del acto.
Que, en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- y la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2007 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 20/4/06- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/11 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 6157/2016, aquí apelada, dictada el 5 de diciembre de 2016 (ver fs. 96/100 de las act.) y notificada a la actora el 10/2/17, según la constancia de fs. 104 vta. de las act.
Que, asimismo, cabe subrayar que el auto de corrida de vista a la importadora, obrante a fs. 21 y vta. de las act., fue dictado el 18/5/16, es decir, cuando el plazo prescriptivo se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde declarar la prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 073 IT14 001020 V, con costas a la D.G.A.
El Dr.Garbarino dijo:
I. Que de acuerdo a la posición sustentada por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 35.294-A; al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.363-A, caratulado “DANCAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse en toda su extensión, considero que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que la DGA haya dictado el correspondiente auto de apertura del sumario, en tanto surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
II. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
III. Que, por lo demás, cabe destacar que la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras y para percibir los tributos regidos en la legislación aduanera, de acuerdo a los plazos previstos en los artículos 803,805, 934 y 935 del Código Aduanero, solicitando la aplicación de la doctrina –de raíz convencional- del “plazo razonable de duración de los procesos infraccionales”, que fuera introducida por el suscripto en el ámbito nacional tributario, a partir de su arribo al Tribunal Fiscal de la Nación.
No obstante, corresponde destacar que también es jurisprudencia constante de la Vocalía a mi cargo que la falta de cumplimento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios, tanto los aduaneros como los impositivos, cuando se debaten cuestiones de naturaleza pecuniaria debe ser objeto de expreso tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para declarar la extinción de la acción en materia tributaria por estricta observancia del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (confr. mi voto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, Expte. Nº 15.598-A, del 5 de diciembre de 2013, Consid. XI in fine), cuya aplicación resulta ineludible en la especie.
Asimismo, cabe destacar que dicha doctrina, en relación a la indisponibilidad del crédito fiscal, ha sido expresamente destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar" con fecha 27/11/2018, donde señaló especialmente que la naturaleza de las obligaciones tributarias es de crédito público no disponible (en el mismo sentido: Fallos: 292:398; entre otros).
Por ello, cabe concluir que la extinción de la acción del Fisco para imponer penas sólo opera en materia infraccional (confr. Art. 929, inciso c), del Código Aduanero y Fallos: 334:1264, “Bossi García S.A.”, del 8 de noviembre e 2011), pero no en caso de determinarse tributos, atento su inexcusable indisponibilidad.
IV. Que, por último, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una compañía aseguradora y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 073 IT14 001020V.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 073 IT14 001020V.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar la procedencia de los tributos y multa reclamados a la aquí actora, por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, en relación al DIT nº 04 073 IT14 001020 V.
Que por el DIT n° 04 073 IT14 001020 V, oficializado el 20/4/2004, se importó en forma temporaria, mercadería de la P.A. 3919.90.00.243E, descripta como “De longitud superior o igual a 4500 m pero inferior a 5000 m En rollos de anchura superior a 120 m pero inferior o igual a 130 m De polietileno -Las demás PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS”, por un total de 22.323,25 metros, y por un valor en aduana de u$s 22.258,76, al amparo del régimen previsto en el Decreto 1439/96.
Que por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la importadora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, puede solicitarse su importación definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que por el decreto 1439/96 -en las condiciones de su vigencia- se instituyó un régimen especial de importación temporaria al regulado con carácter general en el C.A. con objetivos promocionales, por el cual podían importarse mercaderías para recibir un perfeccionamiento industrial con la obligación de exportarlas para consumo bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado, que, en el caso de autos, venció el 20/4/2006, fecha ésta que, como se dijo, no se halla controvertida.
Que a efectos de acreditar debidamente que los insumos importados en forma temporaria conforman el producto exportado, luego de ser sometidos los primeros al respectivo proceso de perfeccionamiento industrial, el art. 14 del citado decreto, preceptuó: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que el incumplimiento del referido plazo de permanencia sin que se acredite la regularización de la mercadería importada en forma temporaria configura el ilícito previsto en el art. 970, apartado 1, del C.A., y perfecciona, asimismo, el hecho generador de la obligación tributaria, al momento en que se produjo la transformación irregular en importación para consumo de la mercadería no exportada, conforme a los arts. 274, 638, inc. e), y 639 del C.A.
Que, en oportunidad de contestar la vista en sede aduanera, la firma importadora, aquí apelante, acompañó en carácter de prueba documental copias simples de los permisos de embarque nros. 05 001 EC03 013334 B y 05 001 EC03 013978 P (ver fs. 68/80 de los ant. adm.), así como copia de la solicitud de CTC nro. S01:0010641/2005 (ver fs. 81/85 de las act.). Que, sin embargo, a fs. 90 la Sección Operativa y Registral ratificó la denuncia de fs. 1, informando que, al no haberse aportado el certificado correspondiente, no podía determinarse la relación insumo producto de la mercadería exportada. Que en cumplimiento de la prueba ordenada en autos, la Dirección Exportaciones del Ministerio de Producción acompañó copia autenticada del expediente EXP-S01:0010641/2005, obrante a fs. 51/59, resultando infructuosa la obtención del CTC definitivo.
Que, si bien no se aportó el certificado definitivo, en lo que ahora interesa el 3° párrafo del art. 9 de la Res. ME 72/92, aplicable conforme el art. 36 del Dto. 1439/96- establece que: La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen.
Que de la compulsa de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, así como de la prueba obtenida en esta instancia, resulta que las destinaciones de exportación para consumo nros. 05 001 EC03 013334 B y 05 001 EC03 013978 P imputan en sus respectivas hojas de descargas los insumos correspondientes al DIT nro. 04 073 IT14 001020 V, aquí involucrado. La primera acredita la reexportación de 16.483,16 metros, mientras que la segunda, de los restantes 5.840,08 metros.
Que si bien los PE nros. 05 001 EC03 013334 B y 05 001 EC03 013978 P fueron presentados en copia simple por la actora (ver obrantes a fs. 69/80 de las act. adm.), la impresión de pantalla de fs. 87 de las act., corrobora que dichas exportaciones fueron perfeccionadas, al surgir del sistema informático que los cumplidos de embarque se efectuaron en ambos casos el 5/5/05, lo cual torna verosímil que dichas operaciones se cumplieron de conformidad a las constancias que emergen de las copias aportadas, siendo perfeccionadas y cumplidas dentro del plazo de permanencia autorizado, cuyo vencimiento operaba el 20/4/06.
Que a fs. 81/85 de los ant. adm. obra copia certificada de la solicitud de CTC nro. 0010641/2005, que se consigna en la descarga de los mencionados permisos, para acreditar la relación insumo-producto y las pérdidas sufridas en el proceso productivo. Dicho documento es verosímil y no fue atestado de falsedad por parte de la aduana.
Que surge de la citada documentación la debida imputación de la mercadería exportada al DIT aquí involucrado, así como la identidad entre los insumos importados suspensivamente y los que se exportan, quedando acreditada la relación insumo/producto, así como las pérdidas admitidas para dicho proceso productivo, que asciende al 3,9%.
Que conforme lo precedentemente expuesto, es que puedo concluir que se encuentra acreditada la cancelación de la totalidad de la mercadería documentada con el DIT 04 073 IT14 001020 V (22.323,25 metros de mercadería de la P.A. 3919.90.00 que incluyen las pérdidas determinadas en la solicitud de CTC), dentro del plazo establecido para hacerlo, por lo que corresponde revocar la resolución DE PRLA n° 6157/16 apelada en autos, en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero.
Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución DE PRLA n° 6157/16, recaída en la Actuación n° 12210-4479-2008, con costas.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero -en lo sustancial- al voto del Dr. Miguel Licht.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución DE PRLA n° 6157/16, recaída en la Actuación n° 12210-4479-2008, con costas.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.11.23 12:16:05 -03:00 Date: 2021.11.23 16:47:51 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.11.25 10:49:25 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.25 10:49:26 -03:00
Fin de la sentencia