Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.667-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución (DE PRLA) N° 1973, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en la Actuación SIGEA N° 12206-2239-2007. Costas al Fisco Nacional vencido.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-77138632-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, para resolver en los autos caratulados “3M ARGENTINA SACIFIA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente TFN Nº 39.667-A.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que regresan estos autos a conocimiento de este Tribunal Fiscal en virtud de la sentencia dictada, en fecha 29/10/24, por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39.667-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (véase fs. 139/143), mediante la cual se declaró la nulidad del pronunciamiento oportunamente emitido por esta Sala “F”, en fecha 3/02/23, (véase fs. 86/92) y se dispuso la devolución de las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo fallo.
Que, para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que este Tribunal Fiscal carece de facultades para efectuar un control de convencionalidad respecto de normas aduaneras, razón por la cual concluyó que la sentencia entonces dictada había excedido el marco de atribuciones conferidas por el artículo 1164 del Código Aduanero. Que, en consecuencia, dejó sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenó la remisión de las actuaciones a este organismo a fin de que se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo allí resuelto.
II. Que mediante la Resolución (DE PRLA) N° 1973, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en la Actuación SIGEA N° 12206-2239-2007, el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros condenó a la firma 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A., por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero en relación con la Destinación de Importación Temporaria N° 04 073 IT14 001225 F al pago de una multa de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 65.518,24) y, asimismo, le exigió el pago de tributos por la suma de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (U$S 16.855,74) y TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 36.821,17), con más los intereses correspondientes (v. fs. 9/10 y vta., de autos).
III. Que, en fecha 9/11/18, la firma 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 1973/16 (v. fs. 11/27), cuyo traslado es contestado por el Fisco Nacional en fecha 11/03/19 (v. fs. 36/45), oportunidad en la cual acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-2239- 2007.
Que en atención a que los antecedentes de la controversia, los agravios de la recurrente y las defensas opuestas por la representación fiscal fueron debidamente reseñados en la sentencia dictada por esta Sala “F” con fecha 3/02/23 (v. fs. 86/92), corresponde remitirse a dicho pronunciamiento en honor a la brevedad.
IV. Que de las actuaciones administrativas acompañadas por el servicio aduanero surge que, al contestar la vista conferida en sede administrativa en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, la firma 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. acompañó diversa documentación destinada a acreditar la cancelación de la Destinación de Importación Temporaria N° 04 073 IT14 001225 F.
Que, en particular, la administrada individualizó como documental adjunta copia de la referida destinación suspensiva; copia de los permisos de embarque Nros. 07 073 EC03 009250 L, 04 073 EC03 010356 K, 04 073 EC03 010816 L, 04 073 EC03 012120 B, 04 073 EC03 012123 E, 04 073 EC03 018809 V, 05 073 EC03 001238 K, 05 073 EC03 002065 J y 05 073 EC03 002327 K; copia de las solicitudes de Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) Nros. 061-012849/99, 061-000111/00, S01:0276207/02, S01:0276210/02 y S01:01050077/03; y una Declaración Jurada vinculada a la operatoria objeto de autos.
Que la documentación así individualizada se encuentra directamente vinculada con la cuestión sustancial debatida en el presente expediente, en tanto se hallaba destinada a demostrar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria y la efectiva reexportación de la mercadería involucrada. Que, por consiguiente, no se trata de antecedentes accesorios o meramente complementarios, sino de elementos documentales que guardan relación inmediata con los hechos que dieron origen a la imputación formulada por el servicio aduanero.
V. Que la incorporación de la referida documental al procedimiento administrativo y su efectiva consideración por parte del servicio aduanero se encuentran expresamente acreditadas en las propias actuaciones administrativas SIGEA Nº 12206-2239-2007.
Que, en efecto, mediante providencia de fecha 23 de marzo de 2016 la autoridad instructora dispuso remitir las actuaciones a la Sección Operativa y Registral de Ezeiza a fin de que informara si la destinación temporal denunciada había sido cancelada en tiempo y forma, dejando expresamente consignado que dicho requerimiento se formulaba en atención a la prueba documental acompañada por la firma sumariada (v. fs. 47ref., de las act. adm.)
Que, en cumplimiento de tal requerimiento, en fecha 6/04/16, la Sección Operativa y Registral de Ezeiza produjo la Nota N° 3148/16 (SE OPRE), en la cual dejó constancia de haber analizado la documentación aportada por la administrada e informó la imposibilidad de constatar la reexportación de la mercadería involucrada. A tal efecto, señaló que en las copias de los permisos de embarque Nros. 05 073 EC03 002327 K y 05 073 EC03 002065 J no se comprometían los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) utilizados y que, respecto de los restantes permisos de embarque aportados, no se declaraba informáticamente en hoja continuación el detalle de la “declaración a cancelar”.
Que sobre la base de dicho análisis técnico concluyó que no resultaba posible constatar la reexportación de la mercadería involucrada, propiciando la ratificación de la denuncia oportunamente formulada.
Que tales conclusiones fueron posteriormente receptadas por la Resolución (DE PRLA) N° 1973/16, constituyendo uno de los antecedentes determinantes tenidos en consideración por la autoridad aduanera para fundar el acto administrativo aquí impugnado.
VI. Que, no obstante lo expuesto, del examen de las actuaciones administrativas remitidas a esta instancia no surge agregada la documentación individualizada en el Considerando precedente.
Que, en particular, no obran incorporadas la copia de la Destinación de Importación Temporaria N° 04 073 IT14 001225 F, los permisos de embarque, las solicitudes de Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) ni la Declaración Jurada oportunamente acompañadas por la administrada al evacuar la vista conferida en sede administrativa.
Que dicha circunstancia resulta especialmente significativa si se considera que tales antecedentes fueron expresamente invocados y valorados por el propio servicio aduanero al emitir la Nota N° 3149/16 (SE OPRE), cuyas conclusiones fueron posteriormente receptadas por la Resolución (DE PRLA) N° 1973/16.
Que, en consecuencia, los antecedentes documentales que sirvieron de sustento al análisis efectuado por la autoridad aduanera no integran las actuaciones sometidas a revisión por este Tribunal.
VII. Que advertida tal circunstancia, mediante providencia PV-2026-49580297-APN-VOCXVI#TFN, de fecha 18 de mayo de 2026, este Tribunal Fiscal intimó al Fisco Nacional para que acompañara copia íntegra de la documentación referida o, en su defecto, informara las razones de su falta de incorporación a las actuaciones administrativas remitidas a esta instancia (v. fs. 160).
Que dicho requerimiento fue expresamente fundado en la circunstancia de surgir tanto de la contestación de vista efectuada por la firma actora como de la Nota N° 3148/16 (SE OPRE) la existencia de documentación vinculada con la DIT N° 04 073 IT14 001225 F que no obraba agregada a los antecedentes administrativos acompañados. Que, pese a encontrarse debidamente notificado, el servicio aduanero no acompañó la documentación requerida ni brindó explicación alguna respecto de su ausencia.
Que, por ende, la omisión constatada subsiste al momento del dictado de la presente sentencia.
VIII. Que la situación descripta no constituye una mera irregularidad formal carente de trascendencia jurídica. Que la documentación oportunamente acompañada por la administrada se encontraba destinada a acreditar la cancelación de la Destinación de Importación Temporaria N° 04 073 IT14 001225 F, cuestión que constituye precisamente el núcleo fáctico sobre el cual se sustentó la imputación formulada en autos.
Que, en tales condiciones, la ausencia de la copia de la referida destinación suspensiva, de los permisos de embarque, de las solicitudes de Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) y de la Declaración Jurada oportunamente aportadas por la administrada impide analizar los permisos de embarque invocados y contrastarlos con la Destinación de Importación Temporaria N° 04 073 IT14 001225 F y los restantes antecedentes acompañados, a fin de verificar si la mercadería ingresada al amparo del régimen suspensivo fue efectivamente reexportada.
Que, por consiguiente, no resulta posible corroborar las conclusiones alcanzadas por el servicio aduanero en la Nota N° 3149/16 (SE OPRE), posteriormente receptadas por la Resolución (DE PRLA) N° 1973/16, ni verificar la correspondencia entre los antecedentes considerados por la Administración y los hechos tenidos por acreditados en el acto recurrido.
Que si bien las actuaciones permiten tener por acreditado que dicha documentación existió y fue efectivamente considerada por el servicio aduanero, lo cierto es que tales antecedentes no integran el expediente administrativo sometido a revisión jurisdiccional ni fueron aportados con posterioridad pese al requerimiento formulado por este Tribunal.
Que ello compromete los requisitos esenciales de causa y motivación previstos en los incisos b) y e) del artículo 7 de la Ley N° 19.549, en cuanto el acto administrativo debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y expresar concretamente las razones que justifican su dictado, así como también afecta el cumplimiento de los procedimientos sustanciales contemplados en el inciso d) del mismo artículo.
IX. Que, por todo lo expuesto, corresponde concluir que la Resolución (DE PRLA) N° 1973/16 fue dictada con inobservancia de los requisitos esenciales previstos en el artículo 7 incisos b), d) y e) de la Ley N° 19.549, configurándose un supuesto de nulidad absoluta e insanable en los términos del artículo 14 inciso b) del mismo cuerpo legal.
Que, en consecuencia, VOTO por:
Declarar la nulidad de la Resolución (DE PRLA) N° 1973, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en la Actuación SIGEA N° 12206-2239-2007. Costas al Fisco Nacional vencido.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que por razones de brevedad, me remito al relato de los antecedentes de la causa efectuado por el Vocal preopinante.
II. Que sentado ello, adhiero a la propuesta que formula el Dr. Garbarino. Sin perjuicio de ello, estimo pertinente efectuar algunas manifestaciones.
III. Que no puedo dejar de señalar la paradoja que encierra el itinerario procesal de esta causa. La Cámara, al declarar la nulidad de la sentencia dictada por esta Sala el 3/02/23, sostuvo que este Tribunal carecía de facultades para ejercer el control de convencionalidad sobre normas aduaneras, encuadrando esa carencia dentro de la prohibición del artículo 1164 del Código Aduanero. Cabe observar, sin embargo, que dicha norma se refiere, en rigor, al control de validez constitucional de las normas —esto es, a la veda de declarar su inconstitucionalidad—, mientras que lo resuelto por esta Sala en la sentencia anulada constituyó un ejercicio de control de convencionalidad, categoría distinta de aquélla tanto en su fuente normativa como en su técnica de aplicación (inaplicación sin declaración, y no declaración de invalidez). La Cámara no formuló esa distinción, y calificó lo actuado por este Tribunal como un ejercicio de “control de constitucionalidad” comprendido en el art. 1164, asimilación que excede el objeto de este voto pero que no puedo dejar de señalar. Esa decisión, adoptada bajo la premisa de resguardar las garantías judiciales de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana, ha tenido sin embargo el efecto práctico de postergar, una vez más, la respuesta a la pretensión sustancial de la actora: transcurridos ya más de diez años desde el dictado de la resolución sancionatoria de origen, 3M Argentina SACIFIA continúa sin obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su reclamo —esta vez por una nulidad de naturaleza distinta, mas nulidad al fin—. El resguardo de las garantías judiciales no puede prescindir de aquello que constituye su fin último: garantizar al justiciable una decisión fundada sobre su pretensión dentro de un plazo razonable (art. 8.1, CADH).
IV. Que, por otra parte, el Reglamento de Procedimiento de este Tribunal establece que, anulada una sentencia por la Cámara con orden de dictar un nuevo pronunciamiento, corresponde que intervenga una Sala distinta de la que dictó la sentencia anulada. En cumplimiento de esa previsión, las actuaciones fueron remitidas a la Sala “G”; no obstante, ésta, mediante un arbitrio interpretativo fundado en que esta Sala “F” no se habría expedido sobre el fondo de la cuestión en la sentencia anulada —sino únicamente sobre el ejercicio del control de convencionalidad que la Cámara denominó, sin distinguirlo, “control de constitucionalidad” del art. 1164—, declinó su intervención y devolvió las actuaciones.
Que ese proceder configura, en rigor, una contienda negativa de competencia entre Salas, cuya dirimencia correspondería, conforme al Reglamento, al pleno de vocales de este Tribunal. No he de propiciar esa vía. Someter la cuestión a un nuevo trámite plenario importaría diferir una vez más la respuesta debida a la actora, agregando demora a un litigio que, según se relató, lleva ya años sin resolución. Entiendo que, frente a la disyuntiva entre la corrección procedimental estricta y la tutela judicial efectiva del administrado, corresponde a la responsabilidad de todo Vocal privilegiar esta última —del mismo modo en que incumbe a la Aduana la responsabilidad de conservar la documentación que sustenta sus propias imputaciones, cuya ausencia en autos, según lo expone el Vocal preopinante, torna insanablemente nulo el decisorio sumarial.
V. Que, sentado lo anterior, quiero añadir una razón adicional que refuerza, a mi juicio, la solución propuesta por el Vocal preopinante. La documentación que la actora dice haber acompañado al contestar la vista —los permisos de embarque, las solicitudes de CTC y la declaración jurada— no fue agregada ni foliada a las actuaciones administrativas. Esa omisión no solo priva a este Tribunal de la posibilidad de contrastar la imputación con sus antecedentes documentales —extremo ya señalado por el Vocal preopinante—, sino que compromete, con igual intensidad, el derecho de defensa de la actora en un plano distinto y anterior: si la documentación nunca quedó incorporada al expediente, tampoco puede tenerse por cierto que el propio servicio aduanero la haya evaluado en debida forma al dictar la resolución que aquí se recurre. La Nota N° 3149/16 (SE OPRE, fs. 49) afirma haber analizado esa documentación y descarta su eficacia cancelatoria; pero esa afirmación, huérfana del sustento que le daría verificabilidad, no puede merecer más crédito que la propia versión de la actora acerca de lo que esa misma documentación acreditaba. Sostener lo contrario importaría privilegiar sin más el dicho de la Aduana por sobre el de la administrada, precisamente en aquello que la Aduana no puede hoy demostrar y la actora tampoco puede hoy controvertir, por la sola razón de que ninguna de las dos partes —ni siquiera este Tribunal— cuenta con el elemento de juicio necesario para hacerlo.
Que esa situación no es neutral: fue la propia Aduana quien, al recibir la documentación aportada por la administrada al contestar la vista, asumió el deber de resguardarla y, cuanto menos, de vincularla o agregarla a las actuaciones que había de tramitar. No hacerlo —sea por negligencia, sea por cualquier otra causa que no ha sido explicada ni siquiera frente al requerimiento expreso de este Tribunal (v. considerando VII de la sentencia del Vocal preopinante)— no puede repercutir en contra de quien cumplió con la carga que le impone el régimen de importación temporaria, y sí en contra de quien tenía el deber de custodia. Ello confirma, desde esta perspectiva adicional, la solución nulificante propuesta.
VI. Por lo expuesto, adhiero a la propuesta del Vocal preopinante.
Por ello, VOTO por:
Declarar la nulidad de la Resolución (DE PRLA) N° 1973, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en la Actuación SIGEA N° 12206-2239-2007. Costas al Fisco Nacional vencido.
Por ello, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad de la Resolución (DE PRLA) N° 1973, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en la Actuación SIGEA N° 12206-2239-2007. Costas al Fisco Nacional vencido.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.08.10 18:55:49 ART Date: 2026.08.10 21:23:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.10 21:24:24 -03:00
Fin de la sentencia