Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32650-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada.
A fin de examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 95, cabe señalar que no surge de la causa que el monto del asunto se encuentre establecido en dólares estadounidenses (v. F4 a fs. 1, y resolución aduanera a fs. 49/52); asimismo, que esta Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por ello, y teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios establecidos en la resolución citada (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 21350/2023 - 3M ARGENTINA SACIFIA-TF 32650-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2024.- MLF Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. El Tribunal Fiscal resolvió a fs.87/89 confirmar parcialmente la Res. DE PRLA nro. 6561/12 recaída en el expte. SIGEA nro. 12209-2730- 2006, con excepción de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, respecto de las cuales se declaró extinguida la acción del Fisco para su reclamo. Las costas fueron distribuidas según sus respectivos vencimientos, que fueron fijados en un 26% a cargo del Fisco y un 74% a cargo de la actora, de acuerdo a lo expresado en el punto 1) de la regulación de honorarios de fs. 95/vta.
Para decidir en ese sentido, señaló que se encuentra a cargo del importador la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, por lo es aquel quien debe acompañar los documentos aduaneros que permitan acreditar la exportación para consumo en término de la mercadería, esto es, permisos de embarque (PE) y certificados de tipificación y clasificación (CTC) en caso de que la mercadería hubiera sido sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, a fin de acreditar la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Luego de examinar la documentación aportada por el importador, señaló el Tribunal Fiscal que en las hojas de descarga de los permisos de embarquye iinvolucrados los insumos fueron descargados en una unidad de medida diferente (metros cuadrados) respecto del DIT (metros) por lo que debe permitirse la conversión de un valor numérico en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Sin embargo, observó que para calcular los metros cuadrados de una superficie es necesario multiplicar el largo por el ancho en metros y, en el caso, no se ha acompañado ningún documento que permita determinar el largo de la mercadería del DIT en cuestión por lo que no se puede determinar la correspondencia entre ambas unidades de medida. Por otro lado, advirtió que en el DIT el ítem 1 tiene a su vez subítem 1 y 2 y en los PE involucrados solo se descargan insumos del ítem 1, subítem 1, sin imputar descarga de insumos al subítem 2.
Por estas dos razones, consideró el Tribunal Fiscal que no es posible determinar el cumplimiento de la reexportación total de la mercadería como pretende la empresa actora. Agregó, por otro lado, que con relación a la solicitud de CTC nro. 0018992/03 no pudo determinarse la relación insumo/producto ya que los pedidos de rectificación del CTC son extemporáneos (posteriores) a los PE en cuestión y la solicitud de CTC nro. 00135087/04 no fue acompañada en ninguna de las instancias por lo que tampoco se pudo constatar la relación insumo/producto.
Por estas razones, consideró que habiendo vencido el plazo de permanencia de la mercadería sin acreditar el cumplimiento de la obligación de reexportarla, corresponde tener por configurado el hecho gravado e importada para consumo la totalidad de la mercadería en cuestión (164.000 metros).
II. El pronunciamiento fue apelado por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 104 y fundado a fs. 105/111; sus agravios no han sido replicados (cfr. fs. 133).
Sostiene que la sentencia es arbitraria. Indica que de la prueba aportada se demuestra claramente que los 164.000 metros lineales importados temporalmente son, en definitiva, 205.000 metros cuadrados de acuerdo al siguiente cálculo: 164.000 m x 1.25 m (ancho de la cinta conforme la factura presentada a la aduana de Canadá) = 205.000 m2, que es el resultado total de las descargas realizadas por los PE acompañados pero que la sentencia confirma la resolución aduanera en base a una controversia que jamás se suscitó (el ancho de la cinta). En este aspecto, afirma que en ningún momento del procedimiento se puso en duda el ancho que presenta la cinta objeto de la importación temporal, lo cual importa una violación al principio de congruencia y coloca a su parte en un estado de indefensión al no poder aportar nueva prueba que demuestre de qué tamaño es el ancho de la cinta. Manifiesta que la prueba pericial ofrecida por denegada a fs. 71 y que oportunamente se agregó junto con la documentación cancelatoria copia de las facturas y junto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III con ellas copia de la CANADA CUSTOMS INVOICE donde se detalla la mercadería, en este caso la cinta y en “quantify” se agrega el peso en libras y kilos, los metros y abajo se pone la cuenta entre el acho y el largo de la cinta. Por lo expuesto, insiste en que ha quedado demostrado que los diferentes tipos de unidades de medida no genera que la destinación no haya sido cancelada. Menciona que su postura ha sido avalada en la sentencia del Tribunal Fiscal (Sala E) dictada el 23/3/2017 en la causa 29124-A, en la que se le imputaba la misma infracción por la misma mercadería.
III. Ante todo, cabe puntualizar que resulta improcedente la incorporación, al expresar agravios, de documentación de fecha anterior a la providencia de autos a sentencia de la instancia anterior que fueran conocidos por la recurrente; asimismo, que ésta no ha manifestado su interés en replantear la prueba denegada a fs. 71 ni ha solicitado la apertura a prueba en esta instancia (art. 260, aps. 2, 3 y 5, inc. b), del código procesal).
IV. La resolución cuestionada en esta causa, cuya copia obra a fs. 49/52, formuló cargo a la empresa 3M Argentina SACIFIA e impuso una multa por infracción al art. 970 del código aduanero en relación al DIT nro. 03 073 IT14 002769 S.
La aduana estimó que no se encontraba acreditada la reexportación y/ o nacionalización dentro del plazo concedido de la mercadería ingresada al amparo del DIT en cuestión, conclusión apoyada en el informe nro. 10879/09 en el cual el departamento técnico analizó la documentación aportada por el importador (permisos de embarque individualizados a fs. 62/63ref. de las actuaciones administrativas) y concluyó que no era posible determinar la cancelación del DIT ya que (1) mediante los permisos de embarque (PE) agregados no se descarga el ítem 1.1. de la mercadería importada; (2) con respecto al resto de las descargas de insumos declaradas, fueron efectuadas en una unidad de medida diferente a la correspondiente del insumo del DIT, sin que se encuentre acreditada la eventual correspondencia que pudieren tener al no haberse establecido la medida del ancho del film en la documentación aduanera; (3) no se aportó la solicitud CTC nro. 18992/03 y los pedidos de rectificación son extemporáneos ya que fueron realizados luego de la oficialización de los PE citados (v. fs. 112ref. del sumario).
Habiendo sido agregado el CTC involucrado, el área técnica emitió nuevo informe nro. 8182/12 ratificando la denuncia, agregando que “… en las descargas de insumos efectuadas en la documentación adjunta se establece un código de producto que no guardaría relación con los indicados en los subítems del DIT asi como la mención en dicha descarga del ítem 1 subítem 1, no indicándose descarga alguna para el subítem 2, siendo además la suma de las descargas superior a lo declarado como importado en el DIT del asunto” (v. fs. 155del sumario).
V. Surge además de la prueba aportada que en el DIT se importó 164.000 metros de mercadería, de acuerdo al siguiente detalle (v. fs. 8/10): a) subítem 1.1, código de producto AI (CG790707504), cantidad 65.000 b) subítem 1.2, código de producto AI (CG790107520), cantidad 99.000 El importador manifestó que esta mercadería fue reexportada mediante los siete PE cuyas copias obran a fs. 11/31, oficializados entre el 4 de marzo y el 5 de julio del año 2004, en los que se expresó la mercadería exportada en metros cuadrados -código de producto AI (KD 2118)- y se denunció la descarga de los insumos de acuerdo a los CTC nro. 0018992/03 (los seis primeros) y nro. 0135087/04 (el último).
En el CTC 0018992/03 se consignaron los insumos y el producto en metros cuadrados (v. fs. 147/150ref. de las actuaciones administrativas).
VI. Así reseñados los antecedentes del caso, se observa que contrariamente a lo afirmado en el memorial, la imposibilidad de determinar la conversión de medidas (metros lineales y metros cuadrados) por ausencia del valor correspondiente al ancho de la cinta ha sido observada en sede administrativa (v. informe técnico de fs. 112), cuestión central que, entre otras, fundó la resolución aduanera (v. su séptimo párrafo).
Por lo demás, se advierte que la ausencia de ese dato no fue la única razón que impidió tener por acreditada la reexportación de la mercadería sino que, como fue detallado precedentemente, tanto la aduana como el Tribunal Fiscal señalaron también que no se descargaron insumos en relación al ítem 1, subítem 2 y que las solicitudes de rectificación del CTC CTC nro. 0018992/03 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III fue posterior a las operaciones involucradas en esta causa, motivos que la recurrente soslaya en sus agravios.
VII. Reiteradamente se ha expresado que la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa -en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción- a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 314:1824; y esta sala, “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, del 30/09/2008; “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, expte. nro. 41400/14, del 21/4/2015; “Heil Trailer International SA c/ EN - DGA”, expte. nro. 1627/13, del 24/11/2016, entre otros).
Como corolario de ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón del otorgamiento de los beneficios previstos en el régimen de importación temporaria recae en cabeza del beneficiario (cfr. Sala IV de esta Cámara, “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sentencia del 31/8/2004) y a tal fin, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de la mercadería introducida en forma temporal son los permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto (cfr. sala IV, “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, causa 35.392/10, del 15/3/2011, y sus citas, arg. art. 14, dec. 1439/1996).
Y si bien es cierto que puede acreditarse la reexportación por otros medios (v. Sala IV, “Glaxo”, expte. nro. 11/2011, del 5/5/2011, que ha quedado firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expte. nro. G.496.XLVII, de fecha 10/7/2012), como se ha visto, no es lo que ha ocurrido en este caso.
Por las razones expresadas, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada.
A fin de examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 95, cabe señalar que no surge de la causa que el monto del asunto se encuentre establecido en dólares estadounidenses (v. F4 a fs. 1, y resolución aduanera a fs. 49/52); asimismo, que esta Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por ello, y teniendo presente la naturaleza y resultado del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios establecidos en la resolución citada (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia