Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39667-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad -por ausencia de jurisdicción- del control de convencionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo. Con costas de esta instancia en el orden causado. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
30378/2023 3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39667-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 29 de octubre de 2024.- SH Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por la sentencia del 3 de febrero de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la inaplicabilidad al caso -en virtud de su inconvencionalidad- del inciso a) del art. 805 del Código Aduanero (conf. art. 1165 del CA); tuvo por extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa (conf. art. 929 inciso c) del CA, revocó el artículo 3° de la resolución (DE PRLA) n° 1973/2016, de fecha 3 de mayo de 2016, recaída en el expediente SIGEA N° 12206 -2239-2007 y declaró prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación con la destinación de importación temporaria 04 073 IT14 001225F. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, consideró que las causales de prescripción que surgen del art. 805, inciso a) del Código Aduanero deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otro c/BCRA”, del 26/06/2012, siendo que la misma ha sido expreso seguimiento por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero VIP SA” (Sala V, 19/06/2014) y “Alles Import SACIFI” (Sala I, 8/04/2014), entre otros, y por la Sala F de ese organismo, en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/DGA”, expte 15598-A, del 5/12/2013 y “Carossio Vairolatti & Cía SRL c/DGA”. Expte 16915-A, del 11/07/2013, entre muchas otras. Desde esta perspectiva, expuso que de las actuaciones administrativas surge que: (i) la supuesta infracción imputada por el servicio aduanero habría sido cometida el 10/05/2004; (ii) la aduana demoró más de dos años y cinco meses en notificar la resolución DE PRLA 1973/2016, puesto que fue dictada el 3/05/2016 y notificada a la firma recurrente el 18/10/2018.
En estas condiciones, concluyó que a la fecha del dictado de ese pronunciamiento (3/02/2023) el procedimiento había excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (art. 18, Constitución Nacional, y art. 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
Añadió que toda vez que no existe en el Código Aduanero norma alguna que imponga a la Aduana un plazo para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1017 del CA. Citó el texto anterior del art. 40 del RLNPA (vigente al momento del dictado de la sentencia), el cual establece un plazo de 5 días, desde el dictado del acto para notificarlo.
Reiteró que la circunstancia que la notificación de la resolución administrativa haya ocurrido dos años y cinco meses transcurridos desde su dictado, conjugada con que el procedimiento llevaba a esa altura dieciocho años, permiten concluir que se debe declarar extinta la acción penal conforme lo previsto en el art. 929, inciso c), del CA.
En lo atinente a los tributos exigidos a la empresa, sostuvo que la redacción del inciso a) del art. 805 del CA, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en colisión con la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En seguida, justificó las facultades del Tribunal Fiscal de la Nación para ejercer un control de convencionalidad y manifestó una honda preocupación por la extensión del sumario aduanero.
II.-Que, contra la sentencia, el Fisco Nacional AFIP - DGA interpuso el recurso previsto en el art. 1171 del CA, fundándolo, en los términos del art. 1173 del CA, por el escrito de fs. 102/116, cuyo traslado fuera contestado por la importadora a fs. 125/136vta. En primer lugar, plantea que el Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano administrativo y que no puede declarar la inconstitucionalidad ni inconvencionalidad de las normas.
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30378/2023 3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39667-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En segundo orden, critica la interpretación que hizo respecto de la notificación de la resolución, apartándose de lo dispuesto por el art. 937, inciso d), del CA. Manifiesta que resulta de aplicación la doctrina plenaria que emana de la sentencia “Hughes Tools”.
En el tercer capítulo, alega que la interpretación que se hizo del art. 805 del CA -escindida de la demostración de la comisión de la infracción- es una virtualidad sostenida para escindir la faz tributaria de la infraccional y así no contrariar explícitamente el art. 937 inciso d del CA -que en el caso resulta aplicable por tratarse de un procedimiento infraccional- y resultar una condición sine qua non para la exigibilidad de los tributos la acreditación de la materialidad de la infracción, que es exactamente el supuesto que prevé el art. 805 inciso a del CA.
En cuarto y último término, postula que el procedimiento ha tenido una duración razonable y que la CAIDH no resulta aplicable a un procedimiento no penal, en donde no esté en juego la libertad de un imputado, el que por otro lado debería ser una persona humana, circunstancia que tampoco acontece en el caso.
III. Que preliminarmente, es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
IV. Que a fin de determinar si el Tribunal Fiscal de la Nación tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de una norma aduanera, resulta conveniente comenzar por precisar el alcance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha atribuido a los términos “control de constitucionalidad” y “control de convencionalidad”.
Desde el año 1888, el Cimero Tribunal ha sentado la doctrina según la cual resulta “elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los poderes públicos”. Y que el “control de constitucionalidad de las leyes, que es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo, que hace la Constitución, y de la naturaleza esencialmente subordinada y limitada de este último, se halla especialmente consagrada por el artículo 3 de la ley de 16 de octubre de 1862 y artículo 21 de la Ley de Jurisdicción)” (cfr. Fallos 33:162 “Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo”, del año 1888).
La Corte ha señalado, siempre refiriéndose al órgano judicial, que “en la admisión de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio no puede verse la creación de un desequilibrio de poderes a favor del Judicial ya que si la atribución de invalidar normas no es negada en sí misma, entonces carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay (voto de los jueces Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio en la causa "Juzgado de Instrucción Militar n° 50 de Rosario", Fallos: 306 :303; voto de los mismos jueces en “Mill de Pereyra”, Fallos: 324:3219; “Banco Comercial de Finanzas S.A., Fallos: 327:3117, y “Rodríguez Pereyra”, Fallos: 335:2333). El juez Rosatti se remite a lo afirmado en los considerandos 3° y 4° de su voto en Fallos: 343:345. El juez Lorenzetti se remite, al respecto y mutatis mutandis, al considerando 5° de su voto en disidencia en Fallos: 347:178” (cfr., más recientemente, CSJN “Chacón Luis Gustavo s/audiencia de sustanciación de impugnación”, del 15/10/2024).
En efecto, en el precedente de Fallos 335:2333 el Alto Tribunal ha explicitado que “tras la reforma constitucional de 1994 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 30378/2023 3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39667-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos”.
En este orden de ideas, recordó que en el precedente “Mazzeo” (Fallos·: 330:3248), enfatizó que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que importa “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y¡ en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.
Asimismo, en ese mismo precedente “Mazzeo” enfatizó que la CIDH “ha señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional corno la Convención Americana, sus jueces, corno parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Concluyó que “[e]n otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21) (cfr. Considerando 11°, “Rodríguez Pereyra Jorge Luis y otra e/ Ejército Argentino s/ danos y perjuicios”, del 27/11/2012). En seguida citó las “diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el citado precedente ‘Almonacid’. En efecto, en el caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso’ precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también "de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana ["Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú", del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia" (del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gornes Lund y otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre de 2010, parágrafo 176) y "Cabrera García y Montiel Flores vs. México" (del 26 de noviembre de 2010, parágrafo 225).
Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" del 29 de noviembre de 2011).
En tales condiciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que “[L]a jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar. examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango” (ver Considerando 12°, “Rodríguez Pereyra” ya citado).
De este modo, resulta razonable colegir que el “control de constitucionalidad” que ejerce el Poder Judicial acarrea la obligación de analizar las normas que rigen las circunstancias de hecho, cotejarlas con el texto constitucional. Para la hipótesis que no se adecúen a los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 30378/2023 3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39667-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO derechos y garantías consagrados en la norma fundamental y que entren en colisión con ésta, la persona que ejerza la magistratura deberá declararlas inconstitucionales y, por consiguiente, inaplicables en un caso concreto. Este control debe ejercerse aun de oficio bajo ciertas pautas, tales como a) que no exista ningún otro medio para la solución adecuada del juicio; b) que no se trate de una declaración en abstracto, sino en un caso o conflicto contencioso; c) que produzca efecto en el caso concreto. Por su parte, el “control de convencionalidad” implica concretar las obligaciones estatales asumidas en el seno internacional y ejercer una labor de revisión acerca de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia.
Ahora bien, el art. 1164 del Código Aduanero al referirse al contenido y alcance de las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Nación establece que “no podrá contener un pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”
A la luz de la claridad del texto de la citada norma, cabe concluir que dicho organismo no está facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma y que tampoco puede hacer aquello que implica cotejar normas supranacionales, tal como lo es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a fin de ejercer el control de convencionalidad.
En tal sentido, resulta acertada la reflexión que propicia el Fiscal General en el dictamen nro. 811/2023, en cuanto a que la disposición aduanera “es conteste con el ordenamiento constitucional y con la ubicación orgánica del Tribunal Fiscal de la Nación, por cuanto sus vocales no se encuentran sujetos a los mecanismos de designación y remoción previstos en la Constitución Nacional para los jueces de la Nación y, por tal razón, su actividad —en cuanto recayera sobre la del Poder Legislativo, invalidándola— no está expuesta a los “pesos” y “contrapesos” institucionales que tienden a asegurar la división de poderes” (cfr. Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/07/2023).
Por lo demás, esta Sala en su composición histórica, en un caso similar al presente ha declarado la nulidad, por ausencia de jurisdicción -por expresa prohibición legal- de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la que efectuó una revisión de la constitucionalidad y convencionalidad del sistema prescriptivo, en razón de haber excedido el marco de las facultades que el art. 1164 del CA le otorgan (cfr. expte nro. 23452/2016 in re “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/04/2018), de modo coincidente con lo sostenido por la Sala I en la causa nro. 37.320/22 “Newsan SA (TF 09753823-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/05/2023; Sala II, causa nº 55.640/2016, “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 2/02/2017; Sala IV, causa nº 46.118/2015, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/03/2016; Sala V, causa nº 49.663/2016, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 07/03/2017. Estos precedentes no son los únicos, puesto que en cada Sala se ha reiterado la cuestión, se ha declarado la nulidad respecto del ejercicio del control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, lo cual autoriza a considerar que el asunto -en este fuero- se encuentra en situación de plenario virtual.
A su vez, resulta atinado recordar la jurisprudencia de esta Cámara que, de modo general, ha sentado la doctrina, según la cual, la competencia del citado organismo no alcanza a cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera por más compleja que ésta resulte, sino exclusivamente a aquellas que resulten del texto de la ley de su creación (Sala IV expte. Nº 21.560/07, in re, “Flecamet S.A. (T .F. 25.377-I) c/ D.G.I.”, 5/06/08; Sala II expte. N° 62654/2018, in re, “ADM Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 30378/2023 3M ARGENTINA SACIFIA (TF 39667-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del 18/10/2018; Sala III, expte. N°5171/2023 “ADM Argentina SA -TF 37288-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/04/2024).
A lo antedicho, no está de más añadir que el propio “Acuerdo Plenario” dictado 26/04/2022 por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA. c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en ocasión del decreto 793/2018, se adecúa a esta interpretación que es unánimemente postulada por la Cámara.
Por consiguiente, corresponde admitir la queja formulada por el Fisco Nacional, declarar la nulidad -por ausencia de jurisdiccióndel control de convencionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo.
V. Que en atención a las particularidades de la cuestión y de las alternativas procesales suscitadas en autos las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Por ello, en mérito a lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: declarar la nulidad -por ausencia de jurisdicción- del control de convencionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo. Con costas de esta instancia en el orden causado. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase al organismo de origen para que -por quien corresponda- se dicte un nuevo fallo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia