Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 2356
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAprobar el cómputo de vencimiento de pena y liquidación de costas practicado en autos, declarando en consecuencia que a HÉCTOR OSCAR PELLEGRINI se le impuso por sentencia firme la pena de prisión perpetua, y que, de acuerdo a la ley aplicable no tiene derecho a acceder a la libertad condicional, sin perjuicio de lo cual se deja constancia que los treinta y cinco (35) años exigidos por la ley a quienes no están impedidos, se cumplirán, en el caso, el día 06 de enero de 2046, a los efectos indicados en los considerandos; que la caducidad registral operará a los diez años desde el vencimiento de la pena (art. 51 inc. 2 CP). Por último corresponde al penado tributar en concepto de costas la suma de trece mil novecientos veintiocho pesos ($ 13.928,00).
Rigen los arts. 2, 13 y 14 -texto según ley 25.892 -B.O.
26/05/2004-, 24, 55, 77, 142 bis penúltimo párrafo en remisión al inc. 1° y 167 inc. 1° y ccs., CP; 500, 530, 531, 535 y ccs., CPPBA; 110 de la Ley 12.256; 79 de la ley 15479.
2356 - 4509 - ANA LUISA H STUMER C/ PELEGRINI CLAUDIO JAVIER, PELEGRINI HECTOR OSCAR, PERALTA PATRICIO NICOLAS, ILARRAGORRI YESICA EVANA S/ P.I.L., ABUSO DE ARMAS Y LESIONES
La Plata.
Para resolver acerca del cómputo de vencimiento de pena impuesta a HÉCTOR OSCAR PELLEGRINI y liquidación de gastos y costas en la causa nº 2356/4509 que se le sigue a los nombrados por el delito de ROBO CALIFICADO POR SER COMETIDO EL ROBO EN LUGAR DESPOBLADO EN CONCURSO REAL CON PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR SER LA VÍCTIMA MAYOR DE 70 AÑOS Y POR LA MUERTE INTENCIONAL DE LA MISMA; y,
A las cuestiones planteadas el Sr. Juez Dr. Hernán J.
Decastelli dijo:
Que este Tribunal en lo Criminal N° 1 Departamental, en la presente causa nº 2356/4509, por sentencia de fecha 27 de diciembre de 2016, este Tribunal condenó a Héctor Oscar Pellegrini a la pena de veinte años (20) de prision, accesorias legales y costas, como coautor del delito de robo calificado por ser cometido el robo en lugar despoblado en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por ser la víctima mayor de 70 años y por la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor, en los términos de los arts. 45, 55, 142bis inc. 1ro. y 9no párr. del Código Penal; hecho acaecido el 30 de diciembre de 2010, en la localidad de San Miguel del Monte, Pdo. del mismo nombre, en perjuicio de Ana Luisa Herminia Stumer, en los términos de los arts. 5, 12, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 142 bis inc. 1ro. y 9no párr y 167 inc. 1ro. del Código Penal, y 373, 375 y 531 del Código Procesal Penal.
Posteriormente la Sala III del Tribunal de Casación con fecha 17 de mayo de 2018, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la Defensa, hacer lugar al recurso Fiscal y condenar a Héctor Oscar Pellegrini a prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos robo calificado por ser cometido el robo en lugar despoblado en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por ser la víctima mayor de 70 años y por la muerte intencional de la misma (arts. 29 inc. 3°, 45, 55, 142 bis penúltimo párrafo en remisión al inc. 1° y 167 inc. 1° del Código Penal. Que, a posteriori, esa sentencia fue revisada y confirmada por otra Sala del mismo Tribunal.
La sentencia dictada adquirió firmeza el 14 de junio de 2024.
Tal como surge de las constancias del expediente y lo certifica el Actuario en cómputo practicado conforme art. 500 del C.P.P., el condenado fue detenido el 06 de enero de 2011, por lo que registra un total de trece (13) años, once (11) meses y nueve (9) días cumplidos en prisión preventiva.
En esta instancia, corresponde señalar que conforme lo establecido por el art. 13 del C.P. y el art. 14 del mismo digesto según ley 25.892 - B.O. 26/05/2004- vigente al tiempo de cometerse el delito (aplicable de conformidad con el art. 2 del C.P.), el encausado no se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional, toda vez que este último decía: "La libertad condicional ... tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inciso 7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo". Por lo demás, cabe agregar que la ley posterior y actualmente vigente no resulta más beneficiosa, en tanto mantiene dicha prohibición (art. 14 inc. 3°, CP, texto seg. ley 27.375), además de agregar otros.
Es cierto que la Corte Federal ha determinado que las penas perpetuas no son a perpetuidad y que, por tanto, tienen un límite. El código penal carece de una regla expresa y, por ello, la fijación de ese límite resulta una cuestión altamente discutida. Ahora bien, no cabe soslayar que al día de hoy, ese debate de cariz constitucional sería prematuro, en tanto no se habría cumplido el recaudo temporal que exige el código penal para acceder a la libertad condicional de aquellos que no se ven impedidos. En tal sentido, dejo constancia de la fecha en la cual acaecería ese hito temporal -que de acuerdo a la ley vigente a la fecha del hecho es de treinta y cinco (35) años (art. 13, CP, texto seg. ley 25.892, B.O. 26/05/04)-, lo que ocurriría el día 11 de enero de 2046, momento en el cual, el perjuicio podría volverse concreto.
En el mismo sentido la caducidad registral operará a los diez años desde el vencimiento de la pena (art. 51 inc. 2 CP).
En lo atinente a las costas, su valor asciende a la suma de trece mil novecientos veintiocho pesos ($ 13.928,00), conforme lo normado en el artículo 79 de la ley 15.479.
Debe aprobarse en consecuencia la certificación de Actuario de que se trata.
Así lo voto por ser mi sincera convicción (arts. 2, 13 y 14 -texto según ley 25.892 -B.O. 26/05/2004-, 24, 55, 77, 142 bis penúltimo párrafo en remisión al inc. 1° y 167 inc. 1° y ccs., CP; 500, 530, 531, 535 y ccs., CPPBA; 80, ley 15.391).
A las cuestiones planteadas el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
Más allá del nomen iuris, es conocido que la Corte Federal viene sosteniendo una doctrina jurisprudencial que deslegitima las penas "materialmente" perpetuas. Conforme la sistemática original del Código Penal, las penas perpetuas se extinguían -por regla- vía libertad condicional; desde este esquema, frente a los sucesivas reformas de art. 14 CP y aquellas otras que en igual sentido se efectuaron en los regímenes de ejecución, aparece el problema de la extinción de la pena indeterminada como la aquí impuesta.
De acuerdo al diagrama de nuestro bloque constitucional, toda pena debe tener una fecha de extinción, aún las prima facie indeterminadas que se encuentran legalmente excluidas del instituto de la libertad condicional.
Sin embargo, y a contrario de lo recientemente fallado por la Cámara Nacional de Casación Penal, entiendo que el debate constitucional no puede adelantarse cuando todavía la norma sometida al escrutinio no deviene aplicable como tal (art. 14 segunda parte, CP [texto según ley 25892, B.O. 26/05/04]), en tanto faltan los presupuestos habilitantes que le dan base a su ingreso (art. 13 párr. 1ro. primera parte, CP [texto según ley 25892, B.O. 26/05/04]).
Luego, si cualquier condenado a pena perpetua tiene que esperar el tiempo que la ley le exige para discutir su libertad condicional -pues, además, se exigen otros requisitos-, la situación no puede variar para los condenados a dicha pena que se encuentren excluidos del citado régimen. En esta inteligencia, la falta de actualidad viene dada porque, aún cuando no existiera el catálogo impeditivo del art. 14 CP, de todos maneras no estarían dados los presupuestos positivos para iniciar la fase de libertad condicional y extinguir la pena por esa vía.
Por ello, partiendo que toda pena debe tener fecha de extinción, basta al momento del cómputo informar la fecha en la que se cumpliría el recaudo temporal exigido por el art. 13 CP (texto según ley 25892, B.O. 26/05/04), más allá del impedimento que lo atrapa en el caso (art. 14 segunda parte, CP [texto según ley 25892, B.O. 26/05/04]), pues es en ese momento donde el condenado podría pedir su libertad condicionada y abrirse, así, el debate constitucional correspondiente. Piénsese que, en todo ese tiempo intermedio, pueden modificarse las leyes y ser inmediatamente aplicables al supuesto de autos por imperio del art. 2 CP. Pero, además, el hecho de que se informe esa fecha revela que la cuestión no queda indeterminada sino sujeta a un momento específicamente señalado a tal fin, lo cual se erige como expectativa legítima del condenado si sabe la fecha certera en la que se iniciaría la discusión para determinar concretamente la fecha en la que se extinguirá su condena, porque de antemano se le comunica que sí tiene un momento de extinción, de suerte que no se vea impedido de proyectar su vida intra-carcelaria en pos de obtener su liberación.
Por lo demás, no sobra aclarar que la Corte Suprema de la Nación, con motivo del fallo citado al inicio, no ha fijado una postura contraria a la aquí sentada, en la medida que el holding de la decisión está configurado por el incumplimiento del apelante del requisito de fundamentación autónoma que exige el art. 15 de la ley 48, lo que determinó la declaración de que dicho recurso extraordinario había sido mal concedido (CSJN, CCC 45877/2012/TO1/3/CS1, "Guerra, Sebastián Alejandro y otros s/ incidente de recurso extraordinario", rta. el 21/11/2024, considerando 10°). Con estas consideraciones adicionales, adhiero al voto del Dr. Decastelli.
A las cuestiones planteadas la Sra. Jueza Dr. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Decastelli, por ser ésa mi sincera y razonada convicción.
POR ELLO, EL TRIBUNAL -por unanimidad- RESUELVE:
POR ELLO, EL TRIBUNAL RESUELVE:
APROBAR el cómputo de vencimiento de pena y liquidación de costas practicado en autos, DECLARANDO en consecuencia que a HÉCTOR OSCAR PELLEGRINI se le impuso por sentencia firme la pena de prisión perpetua, y que, de acuerdo a la ley aplicable no tiene derecho a acceder a la libertad condicional, sin perjuicio de lo cual se deja constancia que los treinta y cinco (35) años exigidos por la ley a quienes no están impedidos, se cumplirán, en el caso, el día 06 de enero de 2046, a los efectos indicados en los considerandos; que la caducidad registral operará a los diez años desde el vencimiento de la pena (art. 51 inc. 2 CP). Por último corresponde al penado tributar en concepto de costas la suma de trece mil novecientos veintiocho pesos ($ 13.928,00).
Rigen los arts. 2, 13 y 14 -texto según ley 25.892 -B.O.
26/05/2004-, 24, 55, 77, 142 bis penúltimo párrafo en remisión al inc. 1° y 167 inc. 1° y ccs., CP; 500, 530, 531, 535 y ccs., CPPBA; 110 de la Ley 12.256; 79 de la ley 15479.
NOTIFÍQUESE. Una vez firme, cúmplanse las comunicaciones de ley.
Fin de la sentencia