Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67.166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 9/11/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a los apelantes, en virtud del resultado desfavorable que obtuvieron en esta instancia (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Causa nº: 2-67166-2024 "M. S. M. Y OTRO/A C/ D. G. J. Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "M. S. M. y otro/a c/ D. G. J. y otros s/ Cumplimiento de Contratos Civiles/Comerciales" (Causa n°67166). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 9/11/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. La demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios que dio inicio al presente juicio, fue promovida por S. M. M. y O. A. R., en su carácter de compradores del inmueble identificado con la matrícula 35.326 del Partido de Olavarría, según el boleto de compraventa que suscribieron - el día 7/5/2013- con el vendedor G. J. D., quien estuvo representado en ese acto por su apoderado M. C. J. (ver boleto de compraventa de fs.9/10 y recibos de fs.11/13).
Los actores dirigieron la referida demanda contra el vendedor G. J. D. y su apoderado M. C. J., así como también contra los escribanos H. H. K. y J. E. F., a quienes les atribuyeron responsabilidad por mala praxis profesional. Con respecto al escribano H. H. K. -adscripto al registro notarial del escribano F.- le adjudicaron responsabilidad como autor del control, confección y asistencia del acto jurídico, señalando que debió haber realizado los cuidados, estudios y diligencias correctas para el desempeño de su labor; mientras que con relación al escribano J. E. F., también lo consideraron responsable en su condición de titular del registro, alegando un factor de atribución objetivo de seguridad (ver fs.41 de la demanda de autos, presentada el día 6/9/2016).
En la parte medular de su demanda, expresaron los accionantes que cuando ya se había protocolizado la escritura traslativa de dominio a su favor -la que ya había sido suscripta por la parte vendedora y por el aquí accionante O. A. R.-, en la escribanía actuante no se procedió a receptar la rúbrica correspondiente a la compradora S. M. M., asumiendo los notarios y sus empleadas una actitud evasiva con respuestas ambiguas y confusas, lo que “generó sospechas e interrogantes incomprensibles, máxime ante la ausencia de información, denegatorias inconsistentes que evidenciaban negligencia, ocultamiento y mala fe” (ver fs.42/43). Procurando precisar los obstáculos que impidieron el otorgamiento de la escritura, expresaron los demandantes que la escribanía demandada dijo haber sido víctima de una sustitución de persona en la escritura anterior inscripta a favor del vendedor G. J. D., que se realizó ante el mismo registro notarial. Y así calificaron como imposible que la escribanía demandada no se haya percatado de las irregularidades de las que dijo haber sido víctima, siendo que debió haber dejado constancia en el protocolo, del documento nacional de identidad que obligatoriamente debe presentarse (ver fs.43/44vta.).
II. A los fines de esclarecer la concreta cuestión litigiosa, resulta de utilidad mencionar los instrumentos públicos de los que se valió el vendedor G. J. D., para suscribir a favor de los actores el mencionado boleto de compraventa de fecha 7/5/2013, sobre el que se sustenta la demanda que sirvió de inicio a este proceso.
Así se tiene que, con fecha 28/2/2013, se otorgó la escritura n° 124, por ante el escribano H. H. K., mediante la cual el titular de dominio del inmueble objeto de autos -D. J. V.- le confirió poder especial a G. J. D., para que éste, actuando en su nombre y representación, pudiera autocontratar o vender a favor de quien o quienes resulten adquirentes, el inmueble objeto del presente juicio identificado con la matrícula 35326 del Partido de Olavarría (ver copia de esta escritura de poder especial agregada a fs.72/73).
A los pocos días, con fecha 19/3/2013, se otorgó la escritura n° 145, por ante el mismo escribano Hernán Horacio Karp, por la cual G. J. D., en su carácter de apoderado del titular dominial D. J. V., transfirió a título de venta a su favor el inmueble objeto del presente litigio, designado con la matrícula 35326 del Partido de Olavarría (ver documentación agregada por el escribano K., en las audiencias que se celebraron con fechas 1/6/2022 y 19/8/2022).
Dado que se trata de un aspecto de relevancia a los fines de este proceso, corresponde acotar que, en las audiencias mencionadas en el párrafo precedente, el escribano K. puso a disposición los libros de protocolo del año 2013, donde se encuentran las referidas escrituras n° 124 y 145; y en la segunda de esas audiencias acompañó copia escaneada del documento nacional de identidad de la persona que confirió el poder especial -D. J. V.-, que se encontraba adjuntada a la escritura pública n° 124 (ver acta de la audiencia de fecha 19/8/2022, agregada a las actuaciones).
III. Pues bien, formuladas las aclaraciones precedentes, corresponde recalar en la contestación de demanda del notario H. H. K., quien refirió al poder especial que se labró en la escritura n° 124 del día 28/2/2013, a la posterior escritura de venta n° 145 de fecha 19/3/2013, a favor de G. J. D., y al boleto de compraventa que suscribió este último a favor de S. M. M. con fecha 7/5/2013. Y seguidamente aludió a la irregularidad que impidió el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor de los compradores aquí demandantes, puntualizando lo siguiente: “Finalmente con fecha 8.10.2013 recibo notificación formal del Sr. D. J. V. de que él no había firmado poder alguno a favor del Sr. D. por lo que dicho acto de apoderamiento era nulo (rectius:inexistente) y los subsiguientes eran nulos” (fs.77). Ante esta situación que se presentó con posterioridad, el notario codemandado puntualizó que, en el caso, se habría producido “una eventual sustitución de persona aparentemente verificada” (ver fs.77vta., cuarto párrafo).
Dijo que la génesis del planteo efectuado por los actores se remonta al poder instrumentado mediante la escritura n° 124 del día 28/2/2013, y recordó que “de conformidad a la ley 26.140 -que suplantó la obligación de dar ‘fe de conocimiento’ por la obligación de ‘identificar con documento auténtico’- la norma textualmente prevé que la identidad de los comparecientes deberá justificarse, entre otros medios, por exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo, lo que aquí aconteció” (fs.77, cuarto párrafo). De esta manera, consideró que no hay responsabilidad profesional de su parte, expresando lo siguiente: “En consecuencia, en la medida que, tal como surge de la copia de los documentos de identidad agregados al protocolo -en cumplimiento con el art.1002, inc. c, del Código Civil, entonces vigente-, tales instrumentos impresionaron idóneos, no hay responsabilidad alguna de mi parte en la eventual sustitución de persona aparentemente verificada” (ver fs.77vta., cuarto párrafo). Y culminó su contestación de demanda, aseverando: “En fin, como se lleva dicho, he cumplido con mis obligaciones de identificar al otorgante al momento de otorgar aquel poder por lo que mal puede endilgárseme responsabilidad por el daño aquí reclamado, todo lo cual me mueve a solicitar se rechace la demanda. Con costas” (fs.78, anteúltimo párrafo).
Más adelante contestó la demanda el escribano J. E. F., quien, en lo sustancial, opuso excepción de falta de legitimación pasiva a su respecto, por considerar que en la legislación argentina no existe ningún factor de atribución objetivo, ni de seguridad, para responsabilizar al escribano titular por los actos llevados a cabo con la intervención del escribano adscripto; menos aún, en lo que concierne a la “fe de conocimiento” (fs.121, anteúltimo párrafo). Y, por último, contestó demanda la aseguradora La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., con arreglo al contrato de seguro de responsabilidad civil de escribanos, que ha celebrado con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (ver presentación de fecha 8/6/2018).
Dentro del iter procesal, es de interés mencionar la audiencia preliminar que se llevó a cabo el día 11/9/2020, en la cual el apoderado de la parte actora manifestó “que desistió de los dos codemandados ante la imposibilidad de notificarles el traslado de la demanda. Que continúa la acción contra los Escribanos F. y K. por daños y perjuicios derivados de su responsabilidad profesional”. Ante esta circunstancia sobreviniente, la Jueza de la anterior instancia sostuvo que “si bien los actores tenían el derecho de desistir contra los demandados, ello aparejó en los hechos el desistimiento de la acción por cumplimiento de contrato, quedando entonces reducido el mismo únicamente a un reclamo por la responsabilidad profesional de los escribanos”. Y, en función de ello, en ejercicio de sus facultades ordenatorias, confirió un nuevo traslado a los demandados a fin de preservar su derecho de defensa (ver acta de la audiencia de fecha 11/9/2020; lo destacado es propio).
IV. Tramitada la etapa probatoria, se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 9/11/2023, donde se aclaró la situación acaecida en el transcurso del proceso, cuando los actores desistieron de la demanda contra los coaccionados D. y J., lo que provocó una modificación del objeto de la demanda. Y así se puntualizó que los actores, en definitiva, interponen demanda contra los escribanos K. y F., por daños y perjuicios derivados de su responsabilidad profesional (ver apartado I, 1, de los considerandos).
Luego de formularse esta importante salvedad y de reseñarse los hechos fundamentales del litigio, en la sentencia apelada se acometió el análisis de las constancias probatorias allegadas a la causa. Así se recaló en la carta documento que le remitió a los actores el escribano H. H. K. ,expresándose lo siguiente: “En la misma el notario expone haber tomado conocimiento que el Sr. D. resultó ser titular registral valiéndose de un instrumento público que prima facie resulta nulo, por haber sido firmado bajo el ardid de sustitución de identidad de persona, y por ende les notifica que se encuentra impedido fáctica y jurídicamente para intervenir y autorizar un instrumento público que conlleve como antecedente dominial un acto nulo, circunstancia que en forma personal le ha explicado. Relata asimismo que se ha presentado en su escribanía un señor llamado V., junto con su letrado el Dr. F.i quien habría sido sustituido en su identidad por persona desconocida en el otorgamiento de un poder que permitió la transferencia a favor de D.. Que tratándose de un hecho delictivo no se encuentra comprometida su responsabilidad profesional”.
Dicho esto, la Jueza de grado analizó las probanzas aportadas a las actuaciones, especialmente la documentación allegada por el Escribano K., así como también la prueba producida en la audiencia de vista de causa. Y sobre la base de estas constancias de la causa, se abocó a analizar “si existe responsabilidad del notario K. como otorgante de la escritura n° 124 y como partícipe de la operatoria del actor, en la frustración de dicho negocio”. Fue así que, a la luz de las normas legales aplicables (arts.1001 y 1002 del Código Civil, cuyos contenidos se receptaron en el art.306 del código actualmente vigente), sentó la conclusión medular de su pronunciamiento al señalar: “En este caso, ha quedado acreditado con la prueba ‘documental y documental en poder de la parte’ que el codemandado ha dado debido cumplimiento con lo normado por el inc. c del artículo en cuestión” (ver apartado III, última parte, de la sentencia apelada). Y sobre esta base, consideró que deviene abstracto el tratamiento de la legitimación pasiva del escribano titular del registro -J. E. F.-. De este modo, dispuso el rechazo de la demanda de daños y perjuicios interpuesta por S. M. M. y O. A. R., contra los escribanos H. H. K. y J. E. F., sin tratar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el escribano titular del registro, por haberse vuelto abstracta. En otro orden, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados con relación al coactor O. A. R., puesto que la única que tuvo intervención en el boleto de compraventa fue la coactora S. M. M.. Las costas del juicio se impusieron a los actores vencidos, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.
V. La referida sentencia fue pasible del recurso de apelación deducido por los actores, quienes en esta instancia expresaron agravios mediante la presentación de fecha 2/7/2024.
En la parte nuclear del presente voto abordaré los agravios vertidos por los apelantes, por lo que me remito a lo que allí puntualizaré. Sólo cabe señalar, en este momento, que no es procedente el planteo de deserción del recurso de apelación formulado en la contestación de agravios de fecha 7/8/2024, puesto que el escrito recursivo presentado por la parte actora alcanza el umbral mínimo de fundamentación exigido por la ley ritual (art.260 del Cód. Proc.).
Pues bien, luego de la contestación de los agravios se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, quedando el expediente en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. 1. Adentrándome en la temática litigiosa, resulta de utilidad recalar en las motivaciones centrales de la sentencia recurrida. Así se tiene que, al valorar las pruebas aportadas al proceso, la magistrada confirió especial gravitación a la documental acompañada por el escribano H. H. K. en las audiencias de los días 1/6/2022 y 19/8/2022. Así refirió, por un lado, a la escritura n° 145 de fecha 19/3/2013, “mediante la cual el Sr. D., como apoderado de V., transfiere a su favor, el bien que luego adquirieran los actores”. Y, por otro lado, aludió a la anterior escritura n° 124, de fecha 28/2/2013, es decir, “el poder especial de venta que V. le otorgara al Sr. D. respecto del mismo bien”. Finalmente, hizo mención de la copia del documento nacional de identidad del Sr. V., que fue agregada al protocolo notarial del escribano K. (ver apartado II, punto 3, de los considerandos de la sentencia de la anterior instancia).
Y es en esta escritura de poder especial n° 124, donde anida la grave irregularidad que impidió el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor de los aquí accionantes S. M. M. y O. A. R., quienes sustentaron su derecho en su calidad de compradores del inmueble, sobre la base del boleto de compraventa que celebraron -el día 7/5/2013- con el vendedor G. J. D., representado en este acto por su apoderado (ver apartado I del presente voto).
En efecto, esta grave irregularidad fue detallada por el escribano K. cuando contestó la demanda, al señalar: “Finalmente con fecha 8.10.2013 recibo notificación formal del Sr. D. J. V. de que él no había firmado poder alguno a favor del Sr. D. por lo que dicho acto de apoderamiento era nulo (rectius:inexistente) y los subsiguientes eran nulos” (fs.77). Ante esta situación que se presentó con posterioridad, el notario codemandado puntualizó que, en el caso, se habría producido “una eventual sustitución de persona aparentemente verificada” (ver fs.77vta., cuarto párrafo).
Fue así que la Jueza de grado abordó este aspecto central de la trama litigiosa, y puntualizó -con acierto- que “corresponde analizar si existe responsabilidad del notario K. como otorgante de la escritura n° 124 y como partícipe de la operatoria del actor, en la frustración de dicho negocio” (apartado III de los considerandos del fallo apelado). Y digo que este abordaje es correcto, porque, en virtud de la mutación que -durante el curso del proceso- tuvo la pretensión, la demanda de autos quedó limitada a la responsabilidad civil de los escribanos demandados -K. y F.-, por los daños y perjuicios que pudo haber causado su actuación profesional, ante la frustración del negocio concertado por los aquí demandantes, mediante el boleto de compraventa del día 7/5/2013.
2. Pues bien, centrada en el análisis de la responsabilidad que pudiera caber a los escribanos demandados, la juzgadora examinó la cuestionada escritura de poder especial n° 124, de fecha 28/2/2013, señalando que a través de la misma “el Sr. V. le habría conferido poder especial a D. para vender el inmueble objeto de la operatoria referida por los accionantes. Que así las cosas, y conforme surge de la carta documento remitida por K. a los actores, luego de otorgar la última escritura referida (n° 124) habría llegado a conocimiento del mismo que el Sr. V. no habría sido quien se presentó ante su escribanía. Es decir, que a mi entender, la base del reclamo y el análisis de la responsabilidad del accionado, habrá de realizarse a partir del otorgamiento de esa escritura, que infiero, ha originado la imposibilidad de escriturar a favor de los actores” (ver apartado III de los considerandos del fallo).
Seguidamente, destacó que la referida escritura pública n° 124, no ha sido atacada de nulidad en el presente juicio, por ninguna de las partes. Y, en virtud de ello, se limitó a analizar el caso “a la luz de las obligaciones del notario, y conforme fecha de otorgamiento, año 2013, según ley 26.140 modificatoria de los arts.1001 y 1002 del C.C.”. La ley 26.140 introdujo sustanciales reformas a la redacción originaria de los arts.1001 y 1002 del Código Civil, y en lo tocante a la justificación de la identidad de los comparecientes al acto notarial, suprimió la mención de la fe de conocimiento que contenía el anterior texto del art.1001, y admitió, en el art.1002, que esa acreditación de identidad se cumplimentara por diferentes medios, entre los cuales se encuentra el establecido en el inciso c), consistente en la “exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo”. Agrega este inciso que “en este caso se deberá individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes”.
Se señala acerca de esta reforma, que responde a los mismos principios de las conclusiones de la Comisión que trató el tema en las Cuartas Jornadas Rosarinas de Derecho Civil del año 2004, donde se puntualizó lo siguiente: “El DNI (ley 17.671/68), o en su caso la libreta de enrolamiento o cívica, o el pasaporte, son suficientes para que el notario, actuando con la diligencia que su función exige, pueda juzgar acreditada la identidad de los otorgantes. Se excepciona el supuesto en que dichos documentos sean ilegibles o estuvieran ostensiblemente adulterados…”. Y se agregó en estas conclusiones: “Los juicios que exprese el notario acerca de la identidad de los otorgantes al dar fe de conocerlos no quedan comprendidos en la fe pública a que alude el art.993 del Cód. Civil. En consecuencia, no pueden tipificar el delito de falsedad ideológica” (conf. Zinny Mario Antonio, El acto Notarial (Dación de fe), 3ª. edición, Bs. As. 2007, pág.223; lo destacado es propio).
En este mismo orden de ideas sostiene Orelle que “el punto esencial de las modificaciones introducidas por la ley 26.140 es la supresión de la identificación de los intervinientes como una expresión de la fe pública”, lo que ha hecho coincidir las expresiones técnicas con la realidad. Aclara este autor que, como siempre, el escribano debe desplegar la debida diligencia para identificar a los intervinientes en el acto, “por lo cual la ratio legis de la modificación es llevar a sus justos extremos la obligación de identificar, pero no suprimirla”. Y ahondando en el significado de la reforma, expresa que “esa obligación de identificar la cumple respetando la diligencia que le cabe a un oficial público, sin exigirle resultados imposibles o extremadamente gravosos” (conf. Orelle José M. R. Ley 26.140, Fe de conocimiento y fe pública, en Código Civil y leyes complementarias, Director Zannoni, Coordinadora Kemelmajer de Carlucci, Bs. As. 2007, tomo 11, pág.1349).
Más adelante, hace referencia Orelle a la sustitución de personas, que “consiste en la maniobra dolosa de terceros, que mediante ardides (falsificación de documentos de identidad, de poderes y aun de títulos) obtienen la venta de un inmueble -caso más común- a favor de otra persona (generalmente inocente). Una vez aparecido el verdadero dueño, éste interpone la pertinente reivindicación y el comprador queda despojado del inmueble y de su dinero”. Y al examinar la responsabilidad del notario en estas situaciones, destaca este autor los inconvenientes que se suscitaban durante la vigencia del texto originario del Código Civil, lo que torna razonables las reformas introducidas por la ley 26.140.
Seguidamente, pasa a analizar la identificación de los comparecientes mediante documento nacional de identidad, que se encuentra admitida en el inciso c) del art.1002, según la redacción de la referida ley 26.140. Claro que, en lo que respecta a la idoneidad del documento, señala que el mismo “debe estar físicamente apto para ser utilizado: con texto legible y con fotografía con poder identificatorio de quien lo exhibe. Además, su apariencia no debe generar suspicacias acerca de su validez (burdas falsificaciones). Debe agregarse reproducción certificada de sus partes pertinentes, a los efectos de la prueba de haber sido exhibido” (conf. Orelle, ob.cit. págs.1353 a 1356). Aquí debe destacarse que el inciso a) del art.306 del C.C.C.N., que, aunque no resulte aplicable al caso, se erige en una valiosa guía interpretativa, viene a recoger las directivas de la ley 26.140 en cuanto a la justificación de la identidad de los comparecientes “por exhibición que se haga al escribano del documento idóneo”.
Agregando el inciso que “en este caso, se debe individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes”. Claro que, como se señala en doctrina, “el texto legal dispone que debe exhibirse documento ‘idóneo’, lo que implica determinar cuáles son los documentos que revisten ese carácter. En una primera acepción la idoneidad del documento, cualquiera fuese el tipo, se vincula con su materialidad: el documento debe estar íntegro, bien conservado, ser legible, la fotografía contenida en él debe coincidir con la apariencia actual de la persona en un grado que permita aseverar su coincidencia” (conf. D’Alessio Carlos Marcelo, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Lorenzetti Director, Santa Fe 2015, tomo II, págs.197 y 198; ver en el mismo sentido Orelle José M., en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, Director general Jorge H.
Alterini, Director del tomo José W. Tobías, 3ª edición, tomo II, pág.645).
3. Volviendo, entonces, a la concreta situación fáctica del presente proceso, cabe destacar que en la audiencia realizada el día 19/8/2022, el escribano H. H. K. -autorizante de la cuestionada escritura de poder especial n° 124-, acompañó una copia del documento nacional de identidad de D. J. V., cuyos datos coinciden con los que el notario insertó en el texto del instrumento (DNI n° 10.159.744, fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1953). Asimismo, el escribano hizo constar que esa copia del DNI, se encontraba adjuntada en su protocolo a la escritura pública n° 124. Y en lo tocante a la idoneidad de dicho documento nacional de identidad, con arreglo las pautas doctrinarias indicadas precedentemente, corresponde puntualizar que el mismo se encuentra íntegro, bien conservado y plenamente legible, sin que en el curso del proceso se planteara que pudo haber sufrido algún tipo de adulteración (art.384 del Cód. Proc.). De esta manera, se encuentra debidamente justificada la identidad del compareciente, de conformidad con lo establecido en el art.1002 del Código Civil -según la modificación de la ley 26.140-, que es la norma aplicable en razón de la época de otorgamiento del instrumento público (art.7 del C.C.C.N.).
Es así que se encuentra ajustada a derecho la conclusión medular de la sentencia apelada, donde se sostiene que “en este caso, ha quedado acreditado con la prueba ‘documental y documental en poder de la parte’ que el codemandado ha dado debido cumplimiento con lo normado por el inc.c del artículo en cuestión”.
VII. Coincidiendo, entonces, con los fundamentos del pronunciamiento de grado, pasaré abordar los agravios vertidos por los recurrentes en su presentación del día 2/7/2024.
Así señalan los apelantes que “el notario intervino desde un primer momento en la realización del negocio malogrado, asesorando a los actores en las condiciones para el perfeccionamiento de la adquisición y traspaso del dominio, con la redacción del contrato de compraventa en el que se encuentra incorporada su firma…”. Estas aserciones carecen de sustento, ya que no ha sido controvertido en el curso del proceso, que las circunstancias que impidieron el otorgamiento de la escritura a favor de los actores, fueron sobrevinientes a la suscripción del boleto de compraventa de fecha 7/5/2013 (el escribano K. dijo haber tomado conocimiento de la supuesta sustitución de persona el día 8/10/2013, y no median constancias probatorias que contradigan este dato fáctico).
Más aún, al haberse verificado la identidad de la persona que dijo llamarse D. J. V. -al otorgarse la escritura de poder especial n° 124, de fecha 28/2/2013-, con arreglo al art.1002 inciso c) del Código Civil -texto según ley 26.140-, el escribano autorizante cumplió con la obligación de identificar al compareciente, mediante exhibición que se le hizo de documento idóneo. De esta manera, no hay nada que reprocharle al escribano desde el ángulo de su responsabilidad profesional, al no estar en tela de juicio la idoneidad del documento nacional de identidad que le fue presentado (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
Los apelantes critican el decisorio de la anterior instancia, al señalar que la magistrada no realizó una apreciación conjunta de la prueba, y puntualizar que “toda la documental aportada por las partes debió ser considerada a los fines del pronunciamiento”. Se trata éste de un agravio genérico e inaudible, porque no se mencionan los demás elementos probatorios que podrían contradecir las conclusiones sentadas en la sentencia apelada (art.260 del Cód. Proc.).
En otro párrafo de la expresión de agravios se dice que “no se puede apreciar la responsabilidad por el obrar del notario, únicamente en base a la normativa especial sino en conjunto con el resto de la normativa que refiere a la responsabilidad civil y en el contexto de los hechos traídos a juicio y probados”. Sin embargo, contrariamente a lo alegado en este párrafo, al haber quedado acreditado que el notario actuó con la debida diligencia y con arreglo a la expresa normativa que regula la identificación de los comparecientes al acto notarial, no hay mérito alguno para considerar que pudo haber una conducta antijurídica de su parte que lo obligue a responder por daños y perjuicios. En efecto, las normas que regían la responsabilidad civil en la época del otorgamiento del acto jurídico, no permiten arribar a una solución diferente a la dada en la sentencia recurrida, por lo que el agravio en análisis debe ser desestimado (arts.511, 512, 513, 514, 519, 520, 901, 902, 906, 909, 1066, 1067, 1068, 1069, 1109 y ccs. del Código Civil, aplicables al caso de conformidad con lo establecido en el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Más adelante, aseveran los recurrentes que “llevaron un negocio en base a la fe y confianza, que les otorgó el hecho de que se llevaran adelante todas las operaciones a través de la Escribanía F., en la persona del notario K., donde también realizaron los pagos y nunca pudieron perfeccionar el traslado de dominio, ni les fue devuelto lo pagado, ni reparado daño alguno”. Estas alegaciones tampoco pueden conmover lo decidido por la anterior sentenciante, porque más allá de la confianza que los actores pudieron haber depositado en la escribanía de los demandados, lo cierto es que, como ya lo señalé, las circunstancias que impidieron el otorgamiento de la escritura fueron sobrevinientes a la suscripción del boleto de compraventa de fecha 7/5/2013, y también a los recibos de fechas 18/7/2013 y 24/9/2013 (ver instrumentos allegados con la demanda a fs.9/13).
Y lo que sella la suerte desfavorable del recurso de apelación de los actores, es la falta de agravio respecto a una conclusión medular de la sentencia apelada (art.260 del Cód. Proc.), donde se ponderó la documentación allegada por el escribano a las audiencias de fechas 1/6/2022 y 19/8/2022 (ver punto 3 del apartado II de dicha sentencia), y sobre la base de la copia del documento nacional de identidad que se agregó al protocolo notarial, se puntualizó lo siguiente: “En este caso, ha quedado acreditado con la prueba ‘documental y documental en poder de la parte’ que el codemandado ha dado debido cumplimiento con lo normado por el inciso c. del artículo en cuestión” (ver parte final del apartado III). Cabe agregar, por último, que al haberse rechazado la demanda con relación al escribano adscripto que autorizó la escritura, ha devenido abstracto lo atinente a la responsabilidad del notario titular del registro -tal como se decidió en la sentencia apelada-, por lo que devienen insustanciales las consideraciones de los apelantes donde aluden a “factores objetivos de atribución de responsabilidad civil en el caso del Escribano F.”. En virtud de lo antedicho, corresponde rechazar los agravios hasta aquí analizados, confirmando lo decidido en el pronunciamiento de la anterior instancia.
VIII. Sólo resta abordar un agravio que se introduce en la parte final de la pieza recursiva, donde se cuestiona lo resuelto en la sentencia apelada al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados con relación al coactor O. A. R.. En efecto, se dijo en dicho decisorio que “más allá de sus manifestaciones en relación a la intervención en el negocio, resulta claro del boleto celebrado y que diera origen a las presentes, que la única que ha intervenido en el mismo como compradora resulta ser la Sra. M.” (ver apartado IV, anteúltimo párrafo).
En su expresión de agravios, sostienen los recurrentes que “esta parte contestó oportunamente las excepciones de falta de acción opuestas respecto del actor O. R., siendo probado que el mismo intervino como comprador, fue el único de los cónyuges que firmó escritura y pagó el precio conforme se ha acreditado y entregó en pago un vehículo a su nombre. Claramente tiene un interés legítimo y por consiguiente, solicita se revise la sentencia atacada no haciendo lugar a las excepciones opuestas” (ver último párrafo de la expresión de agravios presentada por los actores con fecha 2/7/2024).
Como puede advertirse rápidamente, los apelantes no se han hecho cargo de la motivación central de la Jueza de grado (art.260 del Cód. Proc.), quien sostuvo que, más allá de lo manifestado por O. A. R., lo cierto es que en el boleto de compraventa sólo intervino como compradora la coactora S. M. M. (ver instrumento de fs.9/10). Y este dato relevante de la causa no puede enervarse mediante las alegaciones que vuelcan los apelantes en su pieza recursiva, las que, por ende, deben ser desestimadas. En efecto, carece de toda trascendencia que O. A. R. pueda haber sido incluido en el proyecto de escritura confeccionado por el escribano demandado, pues lo cierto es que este proyecto fue dejado sin efecto por el notario, al advertir la sustitución de persona que se había producido en el instrumento público antecedente. Y tampoco tiene importancia que el Sr. R. haya entregado un vehículo en parte de pago (recibo de fs.12), o haya pagado gastos de escritura (recibo de fs.13), pues ello sólo está reflejando un aporte de su parte a la sociedad conyugal, al encontrarse casado con la Sra. M., según resulta del boleto de compraventa de fs.9/10 (arts.1261, 1262, 1271, 1272 y ccs. del Cód. Civil).
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio en tratamiento.
IX. Por las consideraciones antedichas, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 9/11/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a los apelantes, en virtud del resultado desfavorable que obtuvieron en esta instancia (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada a los apelantes, en virtud del resultado desfavorable que obtuvieron en esta instancia (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 11 de Marzo de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 9/11/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a los apelantes, en virtud del resultado desfavorable que obtuvieron en esta instancia (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia