Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la medida cautelar otorgada en primera instancia y disponer una reducción del 30% en las cuotas del plan de la actora, a aplicarse sobre todos los rubros -excepto el seguro del automotor- hasta que se resuelva el pedido de reajuste del contrato, sin perjuicio del mayor número de esas cuotas que la demandada tenga derecho a cobrar (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 53, 65 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 7, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 60 de la ley 27.541; arts. 195 ss. y cdtes., 204 del CPCC, doct. y jurisp. cit.).
2Disponer que durante el trámite del proceso la Administradora no podrá promover juicio alguno contra la actora con motivo del contrato de marras ( cfr. doct. Resol. IGJ nros. 14/2020, 5/2021, 11/2021 y 3/2022).
3Ordenar la apertura de una instancia de renegociación del contrato ante el Juzgado de origen, por un plazo de 90 días prorrogables, a fin de que las partes puedan acordar una solución al conflicto existente, para lo cual la Sra. Jueza de grado recabará de la Administradora la información descripta en el pto. V.e y toda otra información que considere conducente a sus efectos. Durante este plazo se mantendrá la medida cautelar dispuesta.
4Imponer las costas de alzada a las apelantes vencidas (arts. 68, 69 del CPCC), 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
Nro. Expte: 2-67187-2021 JAIMEZ MARIANELA C/ FCA S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA Azul, 25 de Agosto de 2022.
I. Arriban los autos a la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados, administradora del plan de ahorros, y FCA Automobiles Argentina S.A., en su carácter de fabricante, ambos interpuestos con fecha 28/12/2020, contra la resolución de fecha 06/04/2020 que dispuso a título cautelar, y hasta tanto se dicte sentencia de mérito, que las demandadas se abstengan de liquidar las cuotas del círculo de ahorro suscripto por la accionante (compra de un vehículo Marca Fiat Modelo Palio) que superen el 30% del valor de sus ingresos económicos salariales habituales al mes de Marzo de 2020, mientras dure el proceso hasta la sentencia definitiva e instó a la administradora del plan a acordar con los suscriptores y fabricantes, con la debida aprobación de la autoridad de aplicación (Inspección General de Justicia), mecanismos para una reprogramación y diferimiento de pagos.
Concedidos, los recursos fueron fundados mediante las presentaciones fechadas el 11/02/2021 y los memoriales fueron contestados el día 22/02/2021.
II.a. Memorial de agravios de FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados.
La Administradora señaló que la sentencia apelada no se encuentra debidamente fundada, no analiza el contrato de adhesión, y altera un contrato válidamente celebrado que se encuentra regulado por la Inspección General de Justicia. Señaló que no desconoce el aumento de valor de los vehículos y el incremento de las cuotas, pero no es responsable de la fijación de dichos valores, tampoco de la devaluación de la moneda, de la inflación acumulada, o el incremento de costos (impuestos, logística, etc.), que influyen en la importación al país de vehículos que, en su mayoría, no se producen en la Argentina.
Manifestó que administra los fondos de los ahorristas para adquirir los vehículos que van a ser adjudicados; no incrementa los precios, no fija los precios, por lo que no puede haber abuso ni ilicitud alguna de su parte. Destacó que el sistema de ahorro previo se encuentra regulado por la Inspección General de Justicia y no cabe presumir la ilegitimidad de los contratos. Señaló que la Administradora tiene prohibidas ciertas acciones, como reducir cuotas o realizar quitas, salvo excepciones normativas como el diferimiento de pagos.
Aseveró que la medida cautelar quiebra el sistema de ahorro previo, dado que no existe una mayor onerosidad sobreviniente en beneficio de la Administradora y en detrimento de la parte actora, sino que la mayor onerosidad del contrato afecta a ambas partes por igual, por lo que la confirmación de la cautelar no implica la restitución del equilibrio sino una alteración de lo pactado en perjuicio de la Administradora.
Señaló que no se encuentran reunidos los requisitos de las medidas cautelares, el aumento del valor del bien no justifica la medida dado que la actora aceptó suscribir un plan de 84 cuotas (siete años), que se ajusta al valor móvil del bien, y no puede invocar vicisitudes que no revisten el carácter de extraordinarias, ni imprevisibles. Expresó que la Administradora no toma el valor del dólar, ni la inflación, sino únicamente actualiza el valor del bien, y no existe una excesiva onerosidad, ni un quiebre de la ecuación económica del contrato en favor de la apelante y en contra de la parte actora.
Alegó la inexistencia de peligro en la demora. Señaló que el valor de las cuotas de los planes de ahorro previo se determina sobre un porcentaje del precio de lista que mensualmente informa el fabricante o el importador del vehículo. Expresó que el equilibrio entre las prestaciones reside en la adecuación entre el valor de la cuota del plan de ahorro y el porcentaje correspondiente al precio del vehículo modelo de ahorro, y la equivalencia de las prestaciones no depende de la relación entre el valor de la cuotas y los supuestos ingresos de cada ahorrista.
Afirmó que las eventuales dificultades económicas o financieras de algún ahorrista no expone la verosimilitud del derecho, y la medida cautelar otorgada garantiza que una persona que adquirió un bien de elevado valor en el mercado sea irresponsable y no cumpla con sus obligaciones. Afirmó que la imposibilidad de continuar abonando el plan no fue acreditada por la actora.
Impugnó los cálculos numéricos realizados en la anterior instancia, dado que fueron realizados a valores históricos, cuando en realidad, al momento de suscribirse, el plan el adherente no abonaba el "seguro del automotor", que recién se integra cuando la unidad está asignada, como es el caso de autos.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la medida cautelar, con costas. Hizo reserva del caso federal.
II.b. Memorial de agravios de FCA Automobiles Argentina SA.
El fabricante planteó la falta de legitimación pasiva con relación a la medida cautelar dictada, por imposibilidad de cumplir lo ordenado. Señaló que la medida cautelar debe dirigirse contra quien puede cumplirla, y no es su caso, porque no existe entre el fabricante y la actora ninguna relación contractual vinculada al plan de ahorro. Aseguró que FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automobiles Argentina SA son entidades diferentes, distintas, autónomas e independientes en los términos de la ley 19.550.
III. En anterior intervención de esta Sala -sentencia interlocutoria de fecha 9/09/2021- se describió la compleja situación generada a partir del aumento de las cuotas de los planes ahorro previo, que se traduce, cada vez con mayor frecuencia, en dificultades para el cumplimiento por parte de los suscriptores, llegando incluso a discontinuarse los pagos.
En dicha resolución se citó un precedente de la Sala I de este Tribunal, donde se dijo -entre otras consideraciones- que "...como es sabido, planteos como el de autos vienen replicándose cada vez con mayor asiduidad a nivel nacional, en virtud de las circunstancias económicas por las que atraviesa nuestro país, agravadas por la situación sanitaria global causada por la pandemia del COVID 19. En tal marco, el aumento que han experimentado las cuotas de los planes de ahorro traduce cada vez con mayor frecuencia las dificultades para su cumplimiento por parte de los suscriptores, llegando incluso a discontinuar el pago".
"De tal estado de cosas resultan consecuencias harto disvaliosas, pues no se reduce al mero incumplimiento de una relación contractual individual –negativa en sí misma-, en el que se interrumpe o irregulariza la obligación de pago asumida. Sino que la falta de ingresos de esos fondos hace que, por la propia dinámica y estructura contractual del círculo de ahorro, los entes administradores del plan no adquieran los bienes cuya entrega deberá efectuarse período tras período. Así entonces, la irregularidad en la que deviene un vínculo contractual, proyecta sus efectos adversos sobre el universo de suscriptores que conforman el grupo de ahorro".
"Por otra parte es de destacar que en el ámbito local, recientemente la Sala 2ª de esta Alzada se ha pronunciado en relación a una pretensión cautelar otorgada a un mutuario en el marco de una relación crediticia bajo sistema UVA, disponiendo como medida innovativa la limitación de la cuota a abonar a un porcentual de los haberes del peticionante y la apertura de una instancia de renegociación contractual, fijando las pautas a observar durante la misma (esta Cámara, Sala 2ª causa n° 66791 “Butera” del 18.03.2021)".
"Ahora bien, tal referencia deviene necesaria en tanto no se desconoce que en la materialidad de los hechos, la problemática económica resulta similar en ambas hipótesis, en tanto comparten un origen común signado por el desfasaje entre el valor de las cuotas comprometidas en relación con los ingresos de los adherentes/mutuarios. Sin embargo, las diferencias existentes en cuanto a la dinámica y estructura de las relaciones contractuales en las que cada una se desarrolla, los efectos y alcances subjetivos que proyecta la decisión en uno y otro caso, así como el régimen legal que subyace en cada uno de estos escenarios, obliga a efectuar un análisis diferenciado, sin que ello implique ingresar en una contradicción de criterios jurisprudenciales".
"En efecto, sin pretensión de pormenorizar en el análisis de la estructura y funcionamiento del contrato de ahorro para fines determinados, es necesaria una breve referencia a fin de situarlo en el actual contexto económico y reflexionar acerca de qué soluciones podrían adoptarse. El ahorro para fines determinados por círculos cerrados es una técnica de comercialización utilizada por las empresas fabricantes o importadoras de bienes con miras a la colocación de sus productos en aquellas economías en las que los consumidores no cuentan con fondos suficientes para su adquisición por otros medios ni cuentan con fácil acceso al crédito. En nuestro ámbito desde su implementación hasta la actualidad se advierte que su utilización ha quedado prácticamente reducida a la industria automotriz (Nicolau, Noemí “El sistema de ahorro para fines determinados por círculos cerrados y sus problemas en la emergencia”, RC D 128/2021 T° 2020 3 “Efectos de la emergencia sanitaria en las relaciones de consumo”)". "Funcionalmente su objeto es la formación de un grupo cerrado de adherentes cuya cantidad será numéricamente el doble de la cantidad de meses que dura el plan, fijándose una cuota mensual que representa un porcentaje del valor del bien a recibir y cuya sumatoria conforma el fondo común, administrado por una sociedad de ahorro, quien se obliga a entregar a cada uno de los suscriptores, al cumplirse la condición pactada en el contrato, una cosa determinada o un préstamo de capital. Tal fenómeno encierra, en su globalidad, una trama de contratos conexos en los que se aplicarán, además de la normativa específica emanada de la autoridad de contralor, las reglas del mandato y el plexo contractual consumeril. Así el contrato de suscripción de plan de ahorro, resulta ser nominado; conexo y de adhesión; cuyo objeto inmediato es el otorgamiento de un mandato irrevocable de administración a la sociedad de ahorro, mientras que el mediato es la integración a un grupo para la adquisición del bien determinado; y conmutativo en tanto las ventajas y sacrificios se encuentran determinados, recayendo el alea en el momento en que será adjudicado el bien. Agregándose y desde la perspectiva global del conjunto de contratos que se celebran en el grupo, que se trata de una figura asociativa y mutualista atento a su objeto mediato y el fin común tenido en miras (Nicolau N. ob cit)".
"Estructuralmente entonces se encuentran la sociedad administradora, en tanto mandataria del grupo de suscriptores, por un lado, y éstos quienes mientras abonan la cuota sin contar con el bien se los denomina ahorristas, mientras que al ser adjudicatarios –sea por sorteo o licitación- pasan a conformar la categoría de mutuarios, pues continúa su obligación de pago pero como beneficiario de un crédito cuyo importe está dado por la diferencia entre el monto abonado hasta la adjudicación y el saldo restante para completar el valor del bien adquirido".
"Ahora bien, dicho saldo crediticio se reajusta –al igual que las cuotas- por el denominado valor móvil, el que resulta de dividir el precio de lista que el fabricante publicita mensualmente al público por la cantidad de cuotas del plan –ello como cuota pura a la que se adicionan cargos administrativos, seguros, etc.- (González Vila, Diego “La situación jurídica del ahorrista suscriptor al sistema de planes de ahorro previo para la adquisición de automotores ante la pandemia Covid -19” Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor- Julio 2020 Edit. Erreius). La determinación del mentado valor móvil es uno de los factores que mayores problemas engendra en tiempos de crisis, más aún en economías como la argentina, inflacionarias y dependientes del valor de la moneda extrajera – dólar- . Pues en tiempos de alza como los actuales, tal aumento se traslada al precio de los automotores, y por vía de consecuencia, ello se traduce en el aumento constante del valor de la cuota. Aumentos que en nuestro medio comenzaron a verificarse en forma constante y abrupta luego de las sucesivas devaluaciones y sostenidos períodos inflacionarios que continúan al día de hoy, fenómenos agravados a partir de 2020 con la declaración mundial de pandemia y las restricciones decretadas a nivel nacional (Dec. 320/20 y siguientes)".
"Sintetizado así el sistema, la realidad ha demostrado que el aumento de las cuotas resulta desproporcionado frente a los ingresos de los suscriptores. Variable –la de ingresos- que si bien no resulta de fuente contractual, ni se tiene en cuenta en la estructuración del contrato –lo que se aclara en tanto no es un factor desconocido para el consumidor adherenteresulta en los hechos, la variable de cambio para el suscriptor, pues el aumento de los bienes en el mercado, traccionado como refiriéramos, por el alza de la divisa extranjera, la devaluación e inflación, no se condice con el aumento de los salarios o en el caso de los cuentapropistas, con los índices de facturación, verificándose, por el contrario, la caída del poder adquisitivo. Todo ello ha derivado en el incremento de los índices de morosidad en los grupos y el cumplimiento irregular de los pagos".
"En el otro extremo, desde un análisis estrictamente económico de la operatoria, tampoco se desconoce que a la par del aumento de las cuotas, también se ha visto incrementado el valor del bien, más aún en los adjudicatarios, quienes ya se encuentran en uso y goce de la unidad. Valores que, en algunos supuestos superan los índices de inflación y que reportan un incremento patrimonial efectivo para el beneficiario. Sin embargo, tales ventajas de corte estrictamente financiero, no se imponen sobre la realidad de los hechos, que dan cuenta de la imposibilidad de pago y que requieren de soluciones que compatibilicen los intereses de la totalidad de las partes" (Sala I, causa nro. 67.171, del 29/06/2021, "Ibarra...").
Tal situación fue contemplada en la Resolución General 14/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ), en los siguientes términos: "Que en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley 27.541 se halla comprendida la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de 'grupos cerrados' habida cuenta del fuerte incremento -del orden de no menos de un 200% promedio- que a partir y como impacto de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de agosto de 2019, se registró en el precio de los automotores cuya adjudicación directa constituye el objeto de estos planes, lo cual, por la funcionalidad propia del sistema, ha sido determinante de un fuerte incremento de las cuotas de ahorro y de amortización que las sociedades administradores liquidan y que deben pagar los suscriptores como medio de consecución de los bienes, y que ha determinado a su vez crecientes dificultades de aquellos para afrontar los pagos, lo que pone en crisis al sistema como medio de acceso masivo a bienes de consumo durable como los automotores" (Cfr. Considerandos de la Resolución General de la IGJ 14/2020, de fecha 10/04/2020) (cfr. sentencia interlocutoria de fecha 9/9/2021).
En la Res. Gral. de la IGJ 14/2020 se mencionó la manda legal contenida en el art. 60 de la ley 27.541, a los fines de que el Banco Central de la República Argentina evalúe la situación y estudie mecanismos para mitigar sus efectos negativos, tendiendo a la preservación del sistema en consideración de la pérdida de poder adquisitivo de vastos sectores de la población, dentro de los cuales se encuentran los suscriptores de planes de ahorro previo, que en muchos casos se ha visto agravada por las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia de COVID-19. En este contexto, se dispusieron medidas de diferimiento de pagos de un porcentual de la cuota de ahorro y/o amortización, según el caso, de ofrecimiento obligatorio para los administradores de planes y aceptación voluntaria por parte de los suscriptores, como así también la suspensión de las ejecuciones prendarias para resguardar la capacidad de pago de los suscriptores, en tanto ello puede ser apto para aumentar las probabilidades de recaudar en los grupos de suscriptores los fondos necesarios para la adjudicación de los bienes (cfr. Res. Gral. 14/2020 citada, y sucesivas prórrogas 38/2020 de fecha 26/08/2020, 51/2020 de fecha 16/12/2020, 5/2021 de fecha 19/04/2021, 11/2021, de fecha 19/08/2021). Se aclaró que a partir de la Res. Gral. 5/2021, dejó de prorrogarse la suspensión de las ejecuciones prendarias estableciéndose que, previo a su promoción, las sociedades administradoras deberán realizar tratativas extrajudiciales con los suscriptores y garantes, notificarlos del derecho a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y, en su caso, al procedimiento ante la Auditoría de las Relaciones de Consumo -Ley 26.993-, ámbitos en los cuales será obligatorio para las administradoras concurrir y colaborar activamente para alcanzar una solución adecuada de los diferendos.
En este marco general, sucintamente referenciado, este Tribunal dispuso como medida para mejor proveer que, previo a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar, se ofrezca a la actora el diferimiento de pagos que resulta de las resoluciones de la autoridad de aplicación, como una forma de componer el conflicto (cfr. sentencia interlocutoria de fecha 9/09/2021).
La demandada FCA SA de Ahorro para Fines Determinados cumplió parcialmente la medida al ofrecer el diferimiento de pagos en forma general a la ahorrista, manifestando la imposibilidad de realizar una simulación que informe en cuánto quedarían los montos de las cuotas en caso de acogerse al plan (cfr. presentación electrónica de fecha 14/06/2022).
La parte actora rechazó el diferimiento de pagos por considerarlo insuficiente para mitigar el desajuste de las prestaciones, y atento a que la demandada no informó con precisión el monto de las cuotas devengadas y en mora, haciendo caso omiso a la medida cautelar para mejor proveer dictada por esta Sala (cfr. presentación de fecha 23/06/2022).
IV. El Fiscal General Departamental señaló que, pese al arraigado uso que en nuestro país tienen los contratos de ahorro previo, tal práctica lleva implícito el incumplimiento de los parámetros fijados por el art. 36 de la ley 24.240. Puntualmente, uno de los incisos de mayor importancia al momento de la contratación de una compra financiada: el valor que deberá pagar mensualmente el consumidor, dado que la cuota varía de acuerdo al valor móvil del vehículo, lo que impide informarlo previamente al cliente.
Destacó la incidencia que el fabricante tiene sobre el mecanismo de fijación de precios de los vehículos, dado que conforma un grupo económico con la Administradora de los planes, y actúan con abuso de posición dominante, lo que exige una revisión judicial de estos contratos con el objeto de mejorar su implementación.
Propició la confirmación de la medida cautelar solicitada por la parte actora (cfr. dictamen de fecha 29/07/2021).
V. a- Ingresando al análisis de la medida cautelar, cabe señalar que la Sra. Jaimez reviste la condición de consumidora por haber adquirido el vehículo para uso personal o familiar (Uso particular dice la nota de pedido de fecha 19/10/2017), y como tal, goza de un status de sujeto de preferente tutela constitucional y protección de sus intereses económicos (arts. 42 de la CN, 38 de la Const. Prov., arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37 ss. y cdtes. de la Ley del Consumidor, arts. 1092, 1093, 1094, 1095 del Cód. Civ. y Com.). Invocando dicha condición la actora solicitó la nulidad parcial del contrato de Plan de Ahorro para Fines Determinados que la une con FCA SA de Ahorro para Fines Determinados, su integración judicial en lo que fuere nulo y el reajuste de las prestaciones. También peticionó que se reintegren los montos percibidos indebidamente, se reajuste el precio de la cuota, se declare el incumplimiento contractual, la obligación de las demandadas a cumplir los compromisos asumidos, el reintegro de los honorarios de administración del plan, la aplicación de la tasa activa a las devoluciones, la indemnización del daño moral, la imposición de una multa civil y la condena solidaria a la Terminal FCA Automobiles Argentina SA (demanda de fecha 14/03/2020)..
Como medida cautelar innovativa solicitó que mientras dure el proceso se limite el valor de la cuota hasta un tope del 20% de sus ingresos, retrotrayendo el monto de las cuotas a los valores vigentes al mes de Mayo de 2018. Para fundar el pedido alegó la desnaturalización del sinalagma contractual, que resultó imprevisible y confiscatorio de sus haberes. Manifestó haber abonado una cuota de $ 4.700 en enero de 2018, y en Febrero de 2020 una cuota de $ 26.168,91. Denunció su salario como Agente de la Policía Local de Olavarría en la suma de $ 31.721, y adujo que, de tener que afrontar el monto de las cuotas actuales, no podrá atender las necesidades alimentarias básicas propias, de su hijo y de su familia (cfr. Pto. V de la demanda).
b- La sentencia apelada otorgó la medida cautelar con fundamento en el costo del automóvil que varió en dos años desde $ 297.990,21 (Octubre de 2017), fecha en la cual se formalizó el vínculo, hasta $ 1.046.852,89 (Marzo de 2020), y se trasladó a la cuota, que pasó de $ 3.349,78 a $ 26.168,91. Tuvo por acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en tanto el valor actual de la cuota representa el 85,54% de los haberes mensuales de la actora, circunstancia que irroga perjuicios de magnitud sobre su capacidad económica.
Con relación al destinatario de la medida expresó que, si bien FCA SA de Ahorro para Fines Determinados es una persona jurídica diferente a FCA Automobiles Argentina SA, la experiencia indica que ambas empresas resultan vinculadas, en tanto promocionan beneficios para los productos de la marca Fiat, por lo que la medida alcanza a ambas empresas (cfr. sentencia apelada de fecha 02/12/2020).
c- Este Tribunal ha resuelto que: el aumento de las cuotas del crédito en los planes de ahorro previo debe ser analizado en relación al incremento del salario del ahorrista (esta Sala, causa nro. 66.676, sent. del 15/04/21 "Moronero..."). Ello así, porque si bien la situación económica general indica que un gran número de suscriptores no alcanzan a pagar las cuotas con los actuales incrementos, no puede darse por sentado que todos los casos se encuentren en dicha situación. Concretamente, el actor debe acreditar que el aumento de las cuotas a lo largo del tiempo, ha ido insumiendo un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos, poniendo en riesgo la continuidad del contrato (arts. 195, 232, 375 ccs. y cdtes. del CPCC) (esta Sala, causa nro. 67.736, del 22/12/2021 "Gachen..."). La regla general en materia contractual indica que "lo pactado obliga a las partes como la ley misma", pero tal regla supone la subsistencia en el tiempo, durante todo el íter contractual, de un cierto grado de equilibrio entre los compromisos a cumplirse y lo que las partes tuvieron en miras al momento de contratar. De manera que si tal equilibrio desaparece, y la prestación se torna excesivamente onerosa, los contratantes tienen la obligación de reacomodarse a la nueva situación y no intentar aferrarse a la letra de un contrato que se ha desquiciado (vid. CNCom., Sala C, Exp. N° 16.835, sent. del 7/03/2022 "Oyarzun..."). Analizando la documentación adjunta a la demanda se advierte que las condiciones tenidas en miras al momento de contratar indican que la cuota nro. 2 (10/2017) representaba el 16,22 % de los ingresos de la actora, mientras que pasados dos años y medio, en el período 02/2020, la cuota nro. 30 -anterior a la presentación de este juicio- representó el 82% de sus ingresos (cfr. recibos de haberes y comprobantes de las cuotas del plan). Este proceso de desmesurada elevación del precio de lista del automóvil generó el incremento de las cuotas que no fue acompañado por el aumento de los haberes de la actora, dado que en el mes 10/2017 ascendían a la suma de $ 20.648 (con una cuota de $ 3.349,78), mientras que en el mes 2/2020 ascendieron a $ 31.721,10 (con una cuota de $ 26.012,95).
La apelante manifiesta que buena parte del incremento de la cuota se debe a la inclusión del seguro del automotor, que comenzó a devengarse a partir de la entrega del vehículo (cfr. memorial). Ciertamente los rubros que conforman la cuota correspondiente al período 02/2020 tienen un componente casuístico, como es que la actora retiró el vehículo y comenzaron a devengarse nuevos conceptos tales como el seguro del automotor ($ 4.592,11). Además, la cuota incluye un acuerdo de pago de deuda por un monto mensual de $ 5.510,54, conceptos que, deducidos del monto de $ 26.012,95 arrojan un saldo de $ 15.910,03 (cfr. comprobante con vencimiento el día 10/2/2020). De esta manera, si se descuentan tales conceptos del período 2/2020, surge que la cuota del plan tiene una incidencia del 50 % del ingreso de la actora, que si bien es menor al estimado en la sentencia de grado, igualmente resulta prima facie demostrativo de la verosimilitud del derecho invocado en la demanda (art. 195 y sgtes. del CPCC).
Además, y como fue señalado, el caso se enmarca en un contexto de Emergencia Pública en materia Económica, Financiera, Fiscal, Administrativa, Previsional, Tarifaria, Energética, Sanitaria y Social, declarado por la Ley 27.541, que contempla lo siguiente: "El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor (cfr. art. 60 de la ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial del día 23/12/2019, mandato del legislador que fue recogido en la Resolución General de la IGJ 14/2020, de fecha 10/04/2020).
Posteriormente, con fecha 31/3/2022, la Inspección General de Justicia dictó la Resolución General 3/2022, que prorrogó del plazo previsto en el art. 1 de la Res. Gral. N° 14/2020 hasta el día 30 de septiembre de 2022, en cuyos Considerandos se expresa: "Que, en el contexto actual, verificándose la subsistencia de ciertas condiciones desfavorables para los suscriptores se torna necesario extender nuevamente la medida oportunamente dictada, tendiente a preservar la capacidad de pago de los suscriptores de planes de ahorro previo, que permitan la continuidad de sus contratos así como el cumplimiento del objeto y la preservación del sistema, y en ese sentido, resulta imprescindible continuar acompañando a aquellos suscriptores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a fin de morigerar el impacto económico que había generado la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 27.541, luego agravada en razón de la pandemia por coronavirus" (cfr. Considerandos de la Resol. Gral. de la IGJ N° 3/2022).
La apelante alegó no ser responsable del aumento de los valores de los automotores, dijo que no fija su precio, y no controla la devaluación de la moneda, la inflación acumulada o el incremento de costos (impuestos, logística, etc.). Adujo no verse beneficiada por la onerosidad sobreviniente del contrato, sino que la mayor onerosidad afecta a ambas partes por igual (cfr. memorial de fecha 11/02/2021).
Ciertamente, la mayor onerosidad del contrato afecta a ambas partes, pero no lo hace por igual, dado que afecta principalmente al ahorrista, que es el sujeto débil de la relación de consumo, y es quien absorbe el nuevo valor del vehículo. No puede dejar de señalarse que en los bosquejos realizados por el vendedor de Bahía Automotores -en el hall de un supermercado- la proyección de las cuotas, a valores de aquel momento, arrojaban guarismos del orden de los $ 3.068 mensuales para las primeras cuotas (2 a 12), $ 3.719 (de 13 a 24) y $ 4.400 (de 25 a 84), en concepto de cuota final, gastos administrativos y seguro de vida, con un 0% de interés, información en virtud de la cual la actora decidió acogerse al plan, al cual podía acceder con un ingreso mínimo de $ 15.000 (cfr. documental adjunta a la demanda). No puede presumirse que la ahorrista pudo prever que el valor del automotor pasaría de $ 297.990,21, en el mes de Octubre de 2017 en que se formalizó el vínculo, a $ 1.046.852,89 al momento de presentarse la demanda (14/3/2020), porque de haberlo sabido muy probablemente no hubiera contratado, o habría postulado un vehículo de menor valor. Lo anterior conlleva que, si bien es cierto que variables macroeconómicas ajenas a las partes afectaron el contrato, lo fundamental aquí es que las condiciones iniciales que llevaron a la actora a contratar no se mantienen en la actualidad y la Administradora insiste en que el contrato debe cumplirse tal cual fue concebido.
Señala Junyent Bas que "...la clave del ahorro de los grupos cerrados consiste en que el capital aportado por los suscriptores se actualiza mensualmente y, por tanto, no pierde valor adquisitivo, en especial cuando dicha actualización queda ligada al precio del bien o del servicio que el suscriptor desea adquirir, de lo cual se sigue que debe existir una relación entre la capacidad de ahorro del suscriptor y el precio del bien. Así, la actualización de la cuota que tiene directa relación con el valor del bien que la fábrica vende requiere el respeto del deber de información de los precios de dichos bienes que no pueden modificarse en forma irrazonable. De tal modo, esta relación entre cuota móvil y valor del bien permite a la fábrica cobrar de contado los automóviles que vende, pero, a la vez, instrumenta una forma de financiación que requiere de un plazo especial, como es el que se establece en este tipo de operatoria" (cfr. "Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles", La Ley 2019-B, 1108, AR/DOC/1044/2019).
Continúa señalando el autor citado que "De lo dicho surge la relevancia que tiene el ajuste de las cuotas y/o el ajuste de los precios para la subsistencia del sistema; si cualquiera de las dos variables se dispara, el esquema de los contratos vinculados entra en grave crisis, como sucede en la actualidad. Este último aspecto se encuentra presente en todo el espíritu de la normativa vigente y, en especial, en las resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), que imponen la obligación de dar a conocer tanto los precios de referencia de los bienes como el modo de ajuste de la cuota, todo lo cual implica que, ante una situación inflacionaria, tanto las fábricas como la administradora deben informar adecuadamente a los suscriptores de los eventuales aumentos de precios, sin imponer su posición dominante, pues, de lo contrario, ataca las bases mismas del sistema que le sirve para comercializar sus productos" (Junyent Bas, ob. cit.).
En autos puede verse como la demandada intenta trasladar el abrupto incremento del valor del automotor en exclusiva a la ahorrista, en tanto la normativa especial dictada en la materia expresa que el desfasaje producido en este tipo de contratos, por causas ajenas a las partes, debe ser atendido aplicando el criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor (art. 60 de la ley 27541, Resoluciones Generales de la IGJ 14/2020, 3/2022) (art. 1091 del Cód. Civ. y Com.).
En este mismo sentido, la Sala C de la Cámara Comercial de la Nación, consideró "...prima facie aceptable que los acontecimientos descriptos por la actora alteraron la relación de equivalencia que existía entre las prestaciones prometidas, no porque ella deba pagar un precio que no se corresponda con el mayor valor del automotor que tendrá derecho a adquirir, sino porque el esquema de financiamiento bajo el cual aceptó pagar ese precio ha perdido para ella su significación inicial, tornando su prestación excesivamente onerosa en comparación con la que había asumido" (C.Com. Sala C, "Oyarzun, Héctor Manuel c/ Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados y Otro s/ Ordinario", Exp. N° 16835/2021/CA1).
Por lo tanto, no cabe acoger el agravio de la apelante que apunta a la continuidad del contrato en los términos pactados, en un contexto que lo ha tornado excesivamente oneroso para la ahorrista, y la cuota insume el 50% de sus haberes, guarismo indicativo, a su vez, del peligro en la demora.
d- Ahora bien, la medida cautelar dispuesta en la sentencia apelada sujeta el monto de las cuotas del plan a los ingresos de la parte actora, limitando los incrementos hasta un 30% de sus haberes. Pero tratándose de un plan de ahorro previo que abarca a muchas personas, existen ingresos por demás dispares en los adherentes, no se trata de una relación bilateral entre la Administradora y el ahorrista, sino que involucra a todos los integrantes del grupo. Esta particularidad distingue a los planes de ahorro de los créditos UVA, en los que esta Sala admitió cautelarmente que la cuota del crédito no supere el 30% de los haberes del tomador del crédito (esta Sala, causa nro. 66.791, del 18/03/21 "Butera...").
Es que en los planes de ahorro, como bien se ha dicho, "el reajuste de las cuotas de integración está en directa relación con el incremento del precio de lista de los bienes cuya adquisición se pretende, llamado 'valor móvil del bien tipo', y que tiene su fundamento en la circunstancia de que todos los grupos se forman de manera tal que las sumas de las cuotas de cada período de pago alcancen para la adquisición de por lo menos un bien para uno de los miembros del grupo (arg. conf. doct. González Vila, Diego "La Tutela del Consumidor en los Planes de Ahorro Automotor", Mendoza, Editorial ASC, 2001, pág. 32) (cfr. Cám. Apel. Mar del Plata, Sala Tercera, causa nro. 172.232 "Corradi Sarti..."). En estas última sentencia se rechazó la posibilidad de que la medida anticipada de reajuste de cuota se efectúe en función de los ingresos del ahorrista, y se dispuso, como medida cautelar, que la administradora otorgue al actor la posibilidad de abonar las cuotas con una reducción del 20% durante el trámite del proceso (cfr. Cám. Apel. Mar del Plata, Sala Tercera, causa "Corradi Sarti" cit.).
Esta reducción de la cuota en un porcentaje va en línea con el mecanismo adoptado en las resoluciones de la IGJ que difieren un porcentaje de las cuotas para el final del plan y en algunos supuestos previstos en el art. 6 de la Resol. IGJ 12/2020 -entre los cuales se encuentran los modelos más económicos y utilitarios- prevé una bonificación en favor del adherente (cfr. Resol. IGJ 14/2020, de fecha 10/04/2020 y sucesivas prórrogas).
En la misma orientación, la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, ordenó reducir la cuota del plan de ahorro previo en un 30%, a título precautorio, y sin perjuicio del mayor número de esas cuotas que la demandada tenga derecho a cobrar (CNCom., Sala C, causa nro. 16835, sent. del 7/3/2022 "Oyarzun...").
Por lo tanto, resulta prudente modificar la medida cautelar otorgada en primera instancia, admitiendo parcialmente el agravio de la parte demandada, y morigerarla disponiendo una reducción del 30% en las cuotas del plan de la actora, a aplicarse sobre todos los rubros -excepto el seguro del automotor- hasta que se resuelva el pedido de reajuste del contrato, sin perjuicio del mayor número de esas cuotas que la demandada tenga derecho a cobrar (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 53, 65 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 7, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 60 de la ley 27.541; arts. 195 ss. y cdtes., 204 del CPCC, doct. y jurisp. cit.). Consecuentemente, y dado que la suspensión de las ejecuciones prendarias dispuesta en la Resol. Gral. de la IGJ N° 14/2020, no fue prorrogada en las Resol. Grales. de la IGJ Nro. 5/2021, 11/2021 y 3/2022, corresponde disponer que durante el trámite del proceso la Administradora no podrá promover juicio alguno contra la actora con motivo del contrato de marras (cfr. doct. Resol. IGJ nros. 14/2020, 5/2021, 11/2021 y 3/2022). e- Ahora bien, atento la complejidad de la problemática analizada es conveniente disponer que se abra una instancia de renegociación del contrato, por un plazo de 90 días prorrogables, a fin de que las partes puedan acordar una solución al conflicto existente, y durante el mismo se mantendrá la medida cautelar dispuesta.
La teoría general de la prevención del daño como principio general del derecho privado (arts. 10, 1710 a 1713 CCCN.) otorga sustento normativo a la revisión o renegociación del contrato, que puede llevarse a cabo sobre la base conjunta de diversas fuentes del CCCN.: las normas generales y específicas de prevención del daño (arts. 10, 1710 a 1713 y 1032 CCCN.), las propias del subsistema de los contratos y de los tipos negociales que prevén la renegociación, como los contratos de larga duración (art. 1011 CCCN.), la imprevisión (art. 1091 CCCN.), la renegociación del contrato de locación (art. 1221 bis incorporado por la ley 27.551) y las normas complementarias y de integración, por ejemplo las tratativas preliminares (arts. 990 a 993 CCCN.) (conf. Galdós, Jorge Mario "El deber legal de renegociar y la prevención del daño negocial", en La Ley del 10/8/2020, 1 AR/DOC/2567/2020; "La tutela preventiva del Coronavirus en el Código Civil y Comercial de la Nación", en La Ley del 7/4/2020; "Suspensión y renegociación preventivas del contrato. Una solución posible ante la emergencia por la pandemia del COVID-19", RCD 1664/2020) (esta Sala, causa nro. 65.611, del 22/09/2020 “Raguzzi…”).
La renegociación del contrato ha sido definida como el proceso formal y sustancial mediante el cual los contratantes -aunque no excluyentemente- frente a situaciones sobrevinientes y extraordinarias que alteran el equilibrio y la correlatividad de las prestaciones, realizan de buena fe, conforme a los principios de autonomía, conservación y colaboración, durante un tiempo razonable y en actitud pro activa, tratativas tendientes a revisar el contrato para que su adecuación mantenga el sinalagma funcional y evitando la extinción del negocio jurídico (cfr. Galdós, “El deber legal de renegociar…cit.). Ampliando y completando el concepto se añade que la prevención contractual constituye un deber legal fundado en los principios de buena fe, conservación del negocio jurídico y prohibición de abuso del derecho, con sustento normativo en la prevención del daño, nuevo paradigma del derecho privado que consagra legalmente el mandato constitucional de no dañar a otro en las esferas aquiliana y contractual (arts. 19 CN, arts. 9, 10, 1710 a 1713 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., Galdós, “El deber legal de renegociar…” cit.) (esta Sala, causa nro. 66.791, del 18/03/21 "Butera...").
Sobre estas bases, teniendo en cuenta la aplicación del medio menos lesivo y el respeto a la autonomía de la voluntad, resulta prudente habilitar una instancia de renegociación con la finalidad de que las partes puedan autocomponer el conflicto, procurando equilibrar el contrato devenido excesivamente oneroso para la actora por razones de política macroeconómica, ajenas al alea contractual, tratando de evitar un ejercicio disfuncional del derecho y al mismo tiempo resolver la cuestión suscitada. Durante este período es importante que el juez de grado cuente con un panorama lo más certero posible sobre los diferentes aspectos del plan de ahorro motivo del presente juicio, para lo cual se librará oficio por la instancia de origen a la Administradora para que informe: a) estado actual del grupo de la actora; b) adherentes que se han retirado en forma anticipada, si es que existen; c) cantidad de vehículos que se han adjudicado; d) cantidad de adherentes que han pagado normalmente las cuotas del plan y, en caso de existir, cantidad de ahorristas que se encuentran en mora en el pago de sus cuotas, detallando la específica situación de cada uno de éstos, e) toda otra información que el juzgado de origen considere conducente a sus efectos, para desarrollar estrategias y alternativas que compatibilicen los dispares intereses de las partes involucradas, para alcanzar una justa composición de los derechos en conflicto sobre la base del principio del esfuerzo compartido (art. 60 de la ley 27.541). Asimismo, la Administradora deberá informar los diferentes componentes de las cuotas, como el valor de costo de los automotores, carga tributaria, gastos administrativos, gastos de entrega, márgenes de ganancia del fabricante y de la Administradora.
VI. Por lo expuesto, se resuelve:
1. modificar la medida cautelar otorgada en primera instancia y disponer una reducción del 30% en las cuotas del plan de la actora, a aplicarse sobre todos los rubros -excepto el seguro del automotor- hasta que se resuelva el pedido de reajuste del contrato, sin perjuicio del mayor número de esas cuotas que la demandada tenga derecho a cobrar (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 53, 65 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 7, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 60 de la ley 27.541; arts. 195 ss. y cdtes., 204 del CPCC, doct. y jurisp. cit.).
2. Disponer que durante el trámite del proceso la Administradora no podrá promover juicio alguno contra la actora con motivo del contrato de marras ( cfr. doct. Resol. IGJ nros. 14/2020, 5/2021, 11/2021 y 3/2022).
3. Ordenar la apertura de una instancia de renegociación del contrato ante el Juzgado de origen, por un plazo de 90 días prorrogables, a fin de que las partes puedan acordar una solución al conflicto existente, para lo cual la Sra. Jueza de grado recabará de la Administradora la información descripta en el pto. V.e y toda otra información que considere conducente a sus efectos. Durante este plazo se mantendrá la medida cautelar dispuesta.
4. Imponer las costas de alzada a las apelantes vencidas (arts. 68, 69 del CPCC), 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese a las partes y al Fiscal General Departamental, por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia