Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 67.904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar en lo principal que decide la sentencia del día 15/07/2021, y modificarla en los siguientes aspectos: a) El rubro correspondiente a la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado se aumenta a la suma de $ 968.895,11, el cual, sumado a la suma de $ 500.000 otorgada en concepto de daño moral –que se confirma- eleva el monto total de condena a la suma de $ 1.468.895,11, con más los intereses dispuestos en la instancia de origen que también se confirman; b) Las costas de primera instancia se imponen a la parte demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros rechazados que estarán a cargo de la actora y constituirán la base de una regulación de honorarios independiente para los letrados intervinientes (arts. 71 del C.P.C.C. y 23 2do. párrafo de la ley 14.967);
II. Con costas de alzada por su orden (art. 71 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967, momento en el cual se tomará como base regulatoria para los honorarios de alzada la sumatoria de las dos bases regulatorias de primera instancia, es decir, la de los rubros que prosperan y la de los rubros desestimados.
1-67904-2021 - "MECHONI OSCAR JOSE C/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Esteban Louge Emiliozzi, Yamila Carrasco y Lucrecia Inés Comparato, para dictar sentencia en los autos caratulados: "MECHONI OSCAR JOSE C/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ", (Causa Nº 1-67904-2021), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI-COMPARATO-CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia del día 15 de julio de 2021?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I.a. El presente proceso es iniciado por el Sr. Oscar José Mechoni, quien acciona contra “Pépsico de Argentina S.R.L.” reclamando la suma de $ 10.921.460, o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más intereses y costas, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la extinción unilateral, sorpresiva e incausada, por parte del accionado, de una relación contractual iniciada en el año 1983 y concluida el día 29/04/2019, la cual, a estar a los dichos de la actora, no se limitaba a un mero contrato de distribución sino que consistía en un contrato de colaboración empresaria (v. demanda, p. 8).
b) Bilateralizada la demanda bajo el cauce del proceso sumario (conf. providencia del día 30/06/2020), el demandado la contestó el día 08/09/2020, solicitando su rechazo, con costas, fundando su defensa –en lo medular- en que el contrato que vinculó a las partes era de distribución no exclusiva y que su parte ejerció legítimamente su derecho a concluir dicha relación (v. contestación de demanda, p. 12, segundo párrafo).
II. Luego de transitarse por la etapa probatoria (v.
apertura a prueba del 05/10/2020 y certificación del 26/02/2021) se arriba al dictado de la sentencia que viene apelada, en cuya parte resolutiva se dispone lo siguiente: “I.- HACER LUGAR a la demanda de Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual promovida por el Sr. Oscar José MECHONI contra PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L., condenando a esta última a abonar al actor la suma de $ 827.513,94 (comprensiva de $ 327.513,94 por falta de Preaviso y $ 500.000 Daño Moral) con más los intereses fijados en el Considerando VII de la presente, dentro del plazo de 10 días de quedar firme la liquidación que deberá practicarse. II.- IMPONER LAS COSTAS a la demandada vencida (Art. 68, CPCC). III.- DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista por el Art. 51 de la Ley 14.967.”
III. El decisorio mencionado en el apartado anterior fue apelado por ambas partes.
En efecto, la parte actora lo apeló el día 26/07/2021, el recurso se le concedió libremente el día 03/08/2021, expresó agravios el día 27/09/2021 y obtuvo respuesta de la contraria el día 08/10/2021.
Por su parte, la demandada apeló el día 31/07/2021, el recurso se le concedió libremente el día 03/08/2021, cumplió con la carga de expresar agravios el día 30/09/2021 y obtuvo respuesta de la contraria el día 18/10/2021.
Al contenido de estas piezas lo iré mencionando más abajo, a medida que vaya tratando los distintos agravios y demás planteos, para ganar en claridad y evitar reiteraciones.
IV. El día 20/10/2021 se llamó autos para sentencia y el día 15/11/2021 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
V.a. Por razones de orden lógico cabe considerar en primer término el primero de los agravios vertidos por el actor, por el cual disiente con la calificación del contrato que dio origen a esta litis, por entender que la relación comercial que lo vinculó con el demandado incluyó el contrato típico de distribución, pero sin excluir otras características o prestaciones.
Entiendo que este primer agravio no es de recibo, con los alcances que a continuación iré precisando.
En la sentencia que viene apelada se entendió que no se encuentra controvertido que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de distribución, con la diferencia que mientras el actor considera que existió un contrato de distribución exclusiva, el demandado alega que existió una relación contractual informal de distribución comercial no exclusiva y sin asignación de zona específica (v. sentencia, p. 4, considerando 1).
De la atenta lectura de los escritos constitutivos de la litis surge que no es exacto que este tema no se haya encontrado controvertido. Es que, como ya se señaló en la brevísima reseña inicial, en el escrito de demanda el actor sostuvo que su vínculo con el demandado no se limitó a un mero contrato de distribución sino que consistía en un contrato de colaboración empresaria (v. demanda, p. 8), mientras que el demandado sostuvo que se trató de un contrato de distribución no exclusiva, y que su parte nunca asignó a la actora otras tareas tales como logística, servicios de representación exclusiva, venta, entrega, cobranza, depósito, entre otras (v. contestatación de demanda, p. 9 y siguientes).
Ahora bien, dejando de lado tal salvedad, entiendo –como ya lo anticipé- que esta primera crítica no es fundada. Calificar un contrato consiste en determinar qué tipo de vínculo se ha celebrado (Lorenzetti, Ricardo L., “Tratado de los Contratos. Parte General”, Rubinzal-Culzoni, 2004, pág. 460; esta Sala, causas n° 54330, “Aulicino”, del 19.10.10.; n° 59582, “Mc. Coubrey”, del 07.04.15.; n° 59773, “Díaz”, del 12.02.16.; n° 64619, “Supertrans SRL”, del 04.02.20., entre otras).
Si bien más abajo volveré sobre la cuestión de derecho transitorio que se presenta en este caso, es sabido que el contrato de distribución no se encontraba regulado en el Código de Comercio actualmente derogado, ni tampoco lo está –al menos de modo directo- en el Código Civil y Comercial vigente en la actualidad.
Es por tal motivo que han sido la doctrina y la jurisprudencia quienes se han encargado de caracterizar y definir el contrato de distribución.
En tal sentido, y como bien se apunta en la sentencia apelada, la Excma. S.C.B.A. ha dicho que el contrato de distribución "strictu sensu" es aquél mediante el cual la empresa productora o fabricante otorga a otra empresa (distribuidora) sus productos para que ésta, obrando a su propio nombre, por su cuenta y riesgo, los coloque masivamente en distintos lugares y diversos clientes del mercado (AC 67254 S 17/12/2003 Juez RONCORONI (OP), carátula: “Fernández, Eugenia y otro c/Escudero, Roberto Rubén s/Daños y perjuicios”).
Del mismo modo, en la sentencia en crisis se recoge la definición de Ghersi, según la cual "Si vincula a las partes una relación de colaboración interempresarial, operada por sujetos jurídicamente autónomos, vinculados en una actividad mercantil integrada, en la que el productor derivó la comercialización de sus productos hacia distintas bocas de venta, regulando su penetración en el mercado para potenciar el mutuo beneficio, puede decirse que las partes mantuvieron una relación contractual de distribución. La falta de instrumento que acredite por escrito el contrato no es óbice para admitir su existencia, en tanto se trata de una figura innominada y no formal (CNCom, Sala C, 10/5/94, DJ, 1995-1-763)" (Ghersi, Carlos, Contratos Civiles y Comerciales, Ed. Astrea, pág. 331, 332. T° I, los destacados me pertenecen).
Así caracterizado el contrato de distribución comercial, entiendo que no caben dudas de que la relación que vinculó a las partes debe calificarse de ese modo, ya que las tareas principales que el actor llevaba a cabo, y que menciona en la demanda, encuadran básicamente en el concepto de esa figura.
No soslayo que para llevar a cabo la tarea primaria de distribución pueden ser necesarias otras tareas secundarias y auxiliares, más ello no es suficiente para afirmar que se trata de un contrato distinto a la distribución, ya que consisten precisamente en tareas auxiliares para cumplir con las prestaciones principales de dicho contrato. Por lo demás, si entre las partes era habitual que esas tareas se facturaran y abonaran por separado, las mismas pueden ser tenidas en cuenta al fijar las indemnizaciones que correspondan -tema sobre el cual volveré más abajo por ser objeto de un agravio autónomo y más específico-, pero ello no resulta por sí mismo dirimente para mutar la naturaleza del contrato. En esa senda, se ha dicho que dentro del concepto de “remuneraciones” debe entenderse comprendidas todas las retribuciones, sean comisiones o cantidades fijas, obtenidas por métodos directos (operaciones en las que actúa el propio distribuidor) o indirectos (comisiones indirectas), e igualmente retribuciones por cualquier otro servicio (CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”, voto del Dr. Heredia, con cita de Vélaz Negueruela).
Por otro lado, no debe pensarse que los contratos de distribución y de colaboración empresaria son figuras distintas, ya que, como surge de la definición de Ghersi transcripta más arriba, que es recogida en la sentencia apelada, los contratos de colaboración empresaria son un género, una idea marco, dentro de la cual tiene cabida el contrato de distribución como una de sus especies.
En tal sentido, ya tuvo oportunidad de decir este tribunal que la distribución es un contrato de colaboración, por lo que existen un conjunto de obligaciones para cada sujeto que no pueden ser concebidas en forma individual, sino integrados a su totalidad para obtener la finalidad económica que tuvieron en miras al contratar (causa 58092, “Sottile”, sentencia del 12.11.13., primer voto de nuestro estimado ex colega Dr. Ricardo Bagú, con cita de Turrín, “Contrato de Distribución” RDCO 1989- 200).
Todo lo dicho sella la suerte adversa de esta primera crítica.
b) Abordaré ahora diversos agravios cruzados que vierten ambas partes en relación a la procedencia y cuantificación de los distintos rubros indemnizatorios, los cuales recaen tanto sobre aquellos que la anterior magistrada consideró procedentes –indemnización sustitutiva de preaviso no otorgado y daño moral- como así también respecto a otros que desestimó –pérdida de chance, pérdida de clientela y daño emergente por las indemnizaciones laborales en trámite judicial- .
1. Como punto de partida, es necesario que me pronuncie respecto a la cuestión de derecho transitorio que se presenta en este caso, tal como lo postula la actora en su expresión de agravios, en especial para lograr por esa vía la aplicación directa de ciertas normas contenidas en el Código Civil y Comercial actualmente vigente (v. expresión de agravios, p. 2 y sig.).
Creo pertinente aclarar que la sentencia en crisis no contiene una definición clara sobre la cuestión de derecho transitorio que se plantea en este caso, por lo que la manifestación de la actora, más que un agravio propiamente dicho (doctr. art. 260 del C.P.C.C.), es un pedido de aclaración o definición sobre el particular (doctr. art. 273 del mismo Código). En esa faena, debemos partir de la base que no se encuentra controvertido que la extinción del vínculo contractual que nos ocupa se produjo el día 29/04/2019, cuando la demandada hizo saber a la actora su decisión de rescindir los servicios de distribución a través de una carta documento.
Así las cosas, siendo que la extinción del vínculo contractual en cuestión se produjo bajo la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las consecuencias derivadas de la misma deben resolverse de acuerdo al mismo. Ello es así por aplicación de los principios generales que indican que a la extinción de una relación jurídica no operada bajo la ley anterior se le aplica la nueva ley (art. 7 del CCyC; Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, págs. 35 y 63), y así también lo entendió la jurisprudencia en casos especialmente referidos a la extinción del contrato de distribución, aunque en general para aclarar que era aplicable el Código derogado porque la extinción había sido anterior al nuevo Código, de modo que se trata de un criterio jurisprudencial que en este caso resulta aplicable a contrario sensu (esta Sala, causa n° 59492, “Camplone”, del 17.11.2015, tramitó ante la Excma. S.C.B.A. como C. 120.633, y recayó sentencia el 07.06.2017 en la cual también se abordó la cuestión de la ley aplicable; CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”; CCivCom. de Mar del Plata, Sala II, “Piantoni Hnos. SACIFI c/ Procter and Gamble SRL s/ Ds. y Ps.”, del 01.02.18., comentado por Eduardo Gregorini Clusellas "La ruptura intempestiva en la distribución comercial. Su situación antes y después del Código Civil y Comercial" La Ley 2018-C, 419; CCivCom. de Junín, caratulada "Marisi, Marcelo Alberto c/Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20.).
2. Corresponde analizar ahora otro agravio – vinculado al anterior- que plantea la actora, en relación a la indemnización sustitutiva del preaviso, ya que a su entender resultan de aplicación al caso ciertas disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial, en especial los arts. 1492, 1508 y 1511 inc. b). Ello se contrapone con uno de los agravios de la demandada, quien alega que en este caso no corresponde disponer tal indemnización y, en subsidio, considera excesivo el plazo de 12 meses computado en la sentencia.
Previo a ingresar en el desarrollo del tema al que me conduce la crítica de ambas partes creo conveniente hacer dos breves aclaraciones o consideraciones.
La primera es que estos agravios, y en especial los de la actora, resultan muy trascendentes desde lo cuantitativo –al margen del interés jurídico de la cuestión-, ya que la anterior magistrada tuvo por acreditado que la relación contractual entre las partes se extendió por más de 35 años, pero a los fines de determinar el cálculo indemnizatorio lo redujo a 12 meses, valorando para ello doctrina y jurisprudencia que se habían expedido en igual sentido, como así también que Pepsico tenía otros distribuidores en la zona (v. sentencia, p. 10). A través de esta crítica la actora propugna una modificación sustancial de esta parcela, porque de acuerdo a las normas que considera aplicables la indemnización por omisión de preaviso se debería incrementar a un mes por cada año de relación contractual (arts. 1492 y 1493 del CCyC).
La segunda aclaración que creo pertinente efectuar es que la cuestión atinente a la aplicación de esas normas al caso de autos no se limita a un tema de derecho transitorio, o de “eficacia temporal” de las leyes (conf. terminología del art. 7 del CCyC), ya que, de ser así, la cuestión ya habría quedado zanjada mediante la consideración del agravio anterior. Por el contrario, y como tendremos oportunidad de ver a continuación, además de la cuestión del derecho transitorio entran a jugar otros factores que tornan dudosa la cuestión, en especial porque las normas que se refieren específicamente a la indemnización por omisión de preaviso (arts. 1492 y 1493 del CCyC) están incluidas en el capítulo destinado al contrato de agencia, y resulta controvertido si también son aplicables al contrato de distribución.
Tal como surge de toda la doctrina y jurisprudencia que he mencionado más arriba –y cuyas citas doy por reproducidas en honor a la brevedad- los Códigos Civil y de Comercio hoy derogados no regulaban el contrato de distribución ni otros contratos comerciales “de larga duración” (conf. terminología del art. 1011 del CCyC), de modo que eran negocios con tipicidad social más no legal. No obstante, existía un marcado consenso en que cualquiera de las partes podía poner fin en algún momento a esa relación contractual, ya que los derechos personales, a diferencia de algunos de los derechos reales, no tienen vocación de perpetuidad, lo que equivale a decir que no se puede obligar a las partes a estar vinculadas contractualmente por siempre.
No obstante, también existía consenso en señalar que la rescisión unilateral del contrato debía ser hecha regularmente y de buena fe (doctr. arts. 1071 y 1198 del Código Civil derogado), lo que en general implicaba preavisar con una antelación razonable, y si no se actuaba de ese modo debía procederse a la indemnización por omisión de preaviso, sin perjuicio de la eventual procedencia de otros rubros indemnizatorios (tema sobre el cual volveré). Ahora bien, más allá de que antes del año 2015 existían coincidencias en esos lineamientos básicos, la falta de una regulación legal expresa dio lugar a algunas cuestiones muy controvertidas, lo que quedó reflejado en soluciones jurisprudenciales dispares.
Una de ellas es la atinente al plazo de preaviso o a la eventual indemnización por omisión de preaviso. Este tema es abordado con su habitual profundidad por el Dr. Pablo Heredia al emitir su voto en uno de los precedentes citados más arriba (CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”), donde explica que ese tribunal ha resuelto que los meses por los que debe ser formalizado el preaviso no se corresponden con exactitud numérica, ni con el número de años por el que se extendió la relación ni con el número de meses faltantes para concluir el período contractual, sino que el plazo de preaviso debe ser aquel que se estime suficiente para permitir la reinserción o reacomodamiento del distribuidor a la nueva situación creada.
En esa línea, señala que en materia de contratos de comercialización, la jurisprudencia ha juzgado suficiente un preaviso de 12 meses para concluir un contrato que había durado 60 años (conf. CN Com. Sala C, 17/03/2006, “Org. Gómez Páez S.R.L. c. L’Oreal Argentina S.A.”); en uno de 47 años, validó un preaviso de 18 meses (conf. CN Com. Sala D, 22/05/2001, “José Moranderia c. Nobleza Piccardo S.A.”); también de 18 meses para un contrato vigente por 40 años (CN Com. Sala D, 13/09/2009, “Donati Hnos. S.A. c. Renault de Argentina”); 6 meses para un contrato de 30 años (CN Com. Sala B, 04/12/2003, “Pandeb S.A. c. Massalin Particulares S.A.”); 10 meses con relación a un contrato que perduró 25 años (conf.
CN Com. Sala 22/12/2009, “Automotores Valsecchic c. Autolatina S.A.”); 12 meses para un contrato de 24 años de vigencia (conf. CN Com. Sala B, 10/06/2004, “Godicer S.A. c. Cervecería Quilmes S.A.”); etcétera. A la luz de esas consideraciones, concluyó el Dr. Heredia en el caso sometido a su conocimiento que tratándose de un contrato que llevaba ejecutándose algo más de 12 años, exigir un preaviso de 12 meses y reprochar a la demandada —como lo hizo el fallo recurrido— por haberlo dado por 9, equivale a la consagración de un criterio cuya aplicación maquinal puede conducir a resultados no valiosos. Otra cuestión que antes del año 2015 se había tornado muy controvertida era sí, a falta de preaviso, la indemnización de los daños debían limitarse a ese rubro (es decir, la indemnización por omisión de preaviso) o si era procedente la indemnización de otros conceptos.
En opinión de Marzorati, el distribuidor afectado por la ruputura intempestiva del contrato podía reclamar: 1) la pérdida de la utilidad obtenida por la privación de la actividad durante el período necesario para reestablecer el ciclo de operaciones comerciales que, siguiendo precedentes extranjeros, se estimaba en plazos variables entre seis y dieciocho meses;
2. las indemnizaciones por despido de personal como consecuencia de la ruptura; 3) los gastos por reparaciones efectuadas en los vehículos para retirarles el nombre, el emblema o la enseña del proveedor si éste les había impuesto obligatoriamente su incorporación; 4) los gastos de publicidad que hubieran pasado a ser estériles; 5) en algunos casos el llamado “valor llave”; y 6) también en algunos casos, el daño moral (Marzorati, Osvaldo J. “Sistemas de distribución comercial”, Astrea, Bs. As. 1990, p. 84, citado por la CCivCom. de Mar del Plata, Sala II, “Piantoni Hnos. SACIFI c/ Procter and Gamble SRL s/ Ds. y Ps.”, del 01.02.18., comentado por Eduardo Gregorini Clusellas "La ruptura intempestiva en la distribución comercial. Su situación antes y después del Código Civil y Comercial", La Ley 2018-C, 419). Tal como venimos diciendo, esta situación cambió sustancialmente a partir del año 2015, ya que el Código Civil y Comercial reguló algunas de estas cuestiones, aunque lo hizo con ciertas particularidades que generan las dudas de aplicación de normas que anticipé, y sobre las que más abajo volveré. Ahora bien, antes de seguir avanzando, no es ocioso advertir que no es casual que el nuevo Código haya regulado estas temáticas, ya que –en el plano de las hipótesis- el legislador también podría haber decidido que esos contratos que contaban con fuerte tipicidad social siguieran siendo regidos por los usos y costumbres mercantiles. En tal sentido, es dable recordar que en las primeras páginas de los Fundamentos del por entonces Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, que son sumamente importantes porque en las mismas se mencionan los “aspectos valorativos” que caracterizan al nuevo cuerpo legal, se explican las razones de esta decisión legislativa en los siguientes términos: “Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas” (los destacados me pertenecen).
Pues bien, adentrándonos en el tratamiento de estas figuras en el nuevo Código, observamos que dentro del Libro Tercero (Derechos Personales), Título IV (Contratos en Particular), se regularon sucesivamente los contratos de agencia, concesión y franquicia (Capítulos 17 a 19, respectivamente).
Las normas referidas al preaviso y a la indemnización por omisión de preaviso son los arts. 1492 y 1493, están contenidas dentro del contrato de agencia, y dicen así:
“ARTICULO 1492.- Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. / El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. / El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquél opera. / Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. / Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo.”
“ARTICULO 1493.- Omisión de preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso, otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período.”
Obsérvese que la conjugación de ambas norma resulta muy clara. El art. 1492, en su segundo párrafo, dispone un plazo de un mes de preaviso por cada año de vigencia del contrato, tiempo que evidentemente el legislador ha considerado prudente para que el agente reorganice sus recursos o, en su caso, se encamine hacia la liquidación de la empresa. Abro un breve paréntesis para hacer notar que en general la doctrina y la jurisprudencia mencionan que el preaviso tiene por finalidad permitir al empresario reorganizar los recursos, lo que básicamente implica realizar las adaptaciones necesarias para seguir distribuyendo productos de otros fabricantes, lo cual resultará más sencillo si el distribuidor ya lo venía haciendo con anterioridad; no obstante, va de suyo que otra alternativa que el empresario podrá evaluar ante el preaviso es la liquidación de la empresa, decisión que obviamente dependerá de una multiplicidad de circunstancias generales e individuales, y es por eso que con acierto algunos fallos mencionan esta posibilidad (vgr. CNCom., Sala F, 06.06.17., “Canoura, Salvador c/ La Salteña S.A. s/ Ordinario”). Retornando a lo que venía diciendo respecto a la articulación de los arts. 1492 y 1493, si se cursa el preaviso es obvio que el distribuido nada deberá indemnizar, el contrato continuará desenvolviéndose hasta la finalización del plazo comunicado en el preaviso conforme a las pautas que dispone la norma, y durante ese tiempo el agente seguirá percibiendo las ganancias propias del contrato, tal como lo venía haciendo antes del preaviso, que podrán ser mayores o menores de acuerdo a las variables propias del mercado. En cambio, omitido el preaviso, el productor debe indemnizar por las ganancias dejadas de percibir durante todo ese período, por lo que claramente se trata de una indemnización sustitutiva del preaviso omitido.
Ahora bien, la particularidad que tiene la regulación de estos contratos, y que complejiza en alguna medida la determinación de las normas aplicables a algunos de ellos, es que el legislador recurrió a una serie de remisiones, con el evidente propósito de no hacer demasiado extensa la regulación de determinados contratos que tienen cierta afinidad entre sí. Más específicamente, el art. 1508, ubicado dentro del contrato de concesión, dispone en su inciso a) que son aplicables los arts. 1492 y 1493 (normas que como ya vimos están contenidas dentro de la regulación del contrato de agencia), mientras que el art. 1511 –también ubicado en el capítulo destinado al contrato de concesión- dispone que las normas de dicho capítulo son aplicables a “b) los contratos de distribución, en cuanto sean pertinentes.”
En este estado de cosas, la gran cuestión a decidir es si los arts. 1492 y 1493 resultan aplicables al contrato de distribución.
Dentro de los antecedentes de esta Sala contamos con un precedente en el cual se proporcionó una respuesta negativa a ese interrogante, con fundamento en que “(l)as inversiones en la distribución no son tan cuantitativas como en la concesión, y por ende el objeto de la indemnización en la concesión por falta de preaviso y el objeto de la compensación al distribuidor para su reacomodamiento responden a criterios bien diferentes.” De todos modos, es dable aclarar que se trató de una consideración vertida obiter dicta y sin implicancias directas para el caso concreto, ya que resultaba aplicable el Código derogado, y además el reclamo se fundaba en una resolución por incumplimiento y no en una rescisión unilateral (causa n° 59492, “Camplone”, del 17.11.2015, primer voto del Dr. Bagú al que la Dra. Comparato y el sucripto prestamos nuestra adhesión; tramitó ante la Excma. S.C.B.A. como C. 120.633, y recayó sentencia el 07.06.2017).
Es interesante advertir que ese criterio adoptado por este tribunal –con una composición parcialmente distinta a la actual- en el precedente citado está en línea con la preocupación que viene manifestando un sector de la doctrina y la jurisprudencia frente a la posibilidad de que el cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso omitido arroje un monto demasiado elevado, en especial porque el actual Código tomó como fuente el art. 1373 del Proyecto del año 1998, pero le quitó el tope de seis meses que preveía el segundo párrafo del texto proyectado (v. CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”, con voto del Dr. Heredia, ya citado, y que en este aspecto es comentado favorablemente por Gonzalo Anaya y Francisco Anaya, “La compensación por clientela en el contrato de distribución”, Deconomi, Año 1, número 2, pág. 37 y sig., apartado V, “El preaviso en el fallo Diageo”; ídem CCivCom. de Junín, caratulada "Marisi, Marcelo Alberto c/ Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20., primer voto del Dr. Juan José Guardiola).
Ahora bien, en un renovado análisis de la cuestión, propondré al acuerdo modificar el criterio sentado por este tribunal en el precedente antes citado –sin perjuicio de reiterar que en ese caso ninguna influencia tuvo esta cuestión para la solución del litigio-, por entender que las previsiones contenidas en los arts. 1492 y 1493 resultan aplicables al contrato de distribución. A continuación procuraré sintetizar las distintas consideraciones que me inclinan a proponer esta modificación en la doctrina del tribunal.
En primer lugar, un criterio hermenéutico básico indica que no debe presumirse el olvido o la imprevisión del legislador. En tal sentido, debemos tener presente que al regular el contrato de concesión el legislador dispuso en el art. 1508 inc. a) que resultan aplicables los arts. 1492 y 1493, y no se advierten razones de peso para pensar que esos artículos no resultan también aplicables al contrato de distribución en virtud de la nueva remisión dispuesta en el art. 1511 inc. b).
En segundo lugar –aunque estrechamente vinculado a lo anterior- es importante advertir que la no aplicación de los arts. 1492 y 1493 al contrato de distribución nos deja huérfanos de toda norma que regulen esta importante cuestión (es decir, lo atinente al plazo de preaviso y a su indemnización sustitutiva en el contrato de distribución), lo cual implica un retroceso a la situación anterior al año 2015, con la proliferación de criterios a la que ya hemos hecho referencia, y la consecuente inseguridad jurídica que los autores del Código buscaron superar. Ello refuerza la idea de que el legislador no pudo omitir la regulación de un tema de tanta trascendencia práctica, en especial por la gran cantidad de contratos de distribución existentes y la litigiosidad a la que los mismos dan lugar.
En tercer lugar es dable observar que, incluso aquellos que se han mostrado críticos con las pautas sentadas en el nuevo Código para calcular el plazo de preaviso o la indemnización sustitutiva, han admitido –en un gesto de honestidad intelectual que debe destacarse- que en virtud de las remisiones normativas antes mencionadas el art. 1492 es aplicable a la distribución, aunque se hayan abstenido de aplicarlo por una cuestión de derecho transitorio (CCivCom. de Junín, caratulada "Marisi, Marcelo Alberto c/ Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20., voto del Dr. Guardiola).
En cuarto lugar, resulta claro que la indemnización prevista en el art. 1493 consiste en una “indemnización tarifada”, o “tabulada” (conf. Gregorini Clusellas, “La ruptura…”, cit.), con todas las ventajas que ello implica a la hora de cuantificar indemnizaciones y evitar litigios, por lo que ha de propiciarse su utilización.
En quinto lugar, entiendo que no ha de presumirse que la aplicación del art. 1493 conduce inexorablemente a indemnizaciones desproporcionadas o exorbitantes. El caso de autos es un claro ejemplo de ello, ya que en la demanda –que es bastante actual ya que fue incoada el día 05/05/2020- se reclama la suma de $ 1.733.820 por este concepto, lo cual no parece prima facie irrazonable teniendo en cuenta que el actor debió montar una determinada estructura empresaria para cumplir con su rol de distribuidor. Es más, conforme tendremos oportunidad de ver más adelante, en este caso este rubro no prosperará por ese monto sino por un monto sensiblemente menor, en especial porque la indemnización se calcula en base a ganancias netas, lo cual reafirma que dicha norma no conduce necesariamente a indemnizaciones demasiado elevadas.
En sexto lugar, entiendo que en esta tarea de buscar una respuesta justa y razonable al interrogante planteado –esto es, si la indemnización por omisión del preaviso regulada en el art. 1493 es aplicable al contrato de distribución- han de analizarse todos los efectos económicos del distracto en su conjunto. En tal sentido, y como ya lo mencioné antes, uno de los problemas interpretativos más arduos que se habían generado bajo el régimen derogado era si, a falta de preaviso, la indemnización de los daños debía limitarse a ese rubro (es decir, la indemnización por omisión de preaviso) o si era procedente la indemnización de otros conceptos, los cuales podrían incrementar exponencialmente el monto de la indemnización. El presente caso también es un claro ejemplo de ello, ya que tanto en la demanda como en el intercambio epistolar previo la actora reclamó una indemnización superior a los diez millones de pesos, resultante de la sumatoria de varios rubros indemnizatorios (en la demanda la suma de $ 10.921.460 en concepto de indemnización por falta de preaviso, pérdida de chance, pérdida de clientela, indemnizaciones laborales y daño moral; en la carta documento del día 10/06/2019 la suma de $ 13.325.000 en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral). A mi modo de ver, y conforme tendré oportunidad de explicar más adelante, la “indemnización tabulada” contenida en el art. 1493 es comprensiva de algunos de estos “otros rubros” que habitualmente se reclaman por separado, mientras que otros (como la pérdida de clientela) directamente no son indemnizables en el marco de un contrato de distribución. Este es un importante factor a tener en cuenta a la hora de analizar la razonabilidad de aplicar el art. 1493 al contrato de distribución, ya que si bien existe ese temor generalizado a que se convierta en una indemnización demasiado elevada, no puede perderse de vista, en un análisis económico global, los distintos rubros que quedan “absorbidos” por la misma, o que directamente no corresponden ser indemnizados en un contrato de distribución.
Por último, entiendo que si bien la indemnización prevista en el art. 1493 debe ser aplicada al contrato de distribución por todas las razones antes apuntadas, nada impide que en casos muy excepcionales se disminuya o aumente el monto resultante, lo cual garantiza la coherencia y razonabilidad del sistema (arts. 1 y 2 del CCyC). Este último fundamento exige ciertas precisiones adicionales a las que dedicaré los dos párrafos que siguen.
En cuanto a la primera posibilidad –monto indemnizatorio demasiado elevado- la situación ya fue contemplada por Gregorini Clusellas, quien afirma que si la indemnización sustitutiva del preaviso resultase excesiva a criterio del juez, podría recurrir a la facultad morigeradora del art. 1742 del CCyC y a la expresión “en cuanto sean pertinentes” utilizada en la norma de remisión contenida en el art. 1511 inc. b) del mismo Código (aut. cit., “La ruputura…”, cit., apartado V, “Conclusiones”).
A la inversa, entiendo que podría suceder que la indemnización tarifada prevista en el art. 1493 resulte demasiado reducida, en cuyo caso podría disponerse una indemnización superior, atendiendo a las circunstancias del caso y a los principios generales del derecho y de los contratos (buena fe, proscripción del abuso del derecho, protección de la confianza, etcétera). Ello podría ocurrir, por ejemplo, en los casos de una rescisión unilateral que resulte “intempestiva” en sentido estricto, salvedad ésta última que merece una breve aclaración terminológica. En efecto, en general la doctrina y la jurisprudencia suelen calificar de “intempestiva” a toda rescisión unilateral de un contrato de larga duración que no es precedida de un preaviso.
Ello queda claramente reflejado en el excelente trabajo de Gregorini Clusellas que se cita en la sentencia apelada y que también he citado reiteradas veces a lo largo de este voto, cuyo título es precisamente "La ruptura intempestiva en la distribución comercial. Su situación antes y después del Código Civil y Comercial" (el destacado me pertenece). En esa misma línea, en un clarificador pasaje de ese trabajo, ubicado en sus conclusiones, se dice lo siguiente: “Respecto de la irregularidad incurrida por la demandada para extinguir la relación y la consiguiente omisión del preaviso coinciden la primera y la segunda instancia pues el hecho no parece ofrecer dudas tampoco en caso de aplicarse la ley hoy vigente.
El fundamento reside en la necesidad de otorgar en los contratos de plazo indeterminado un tiempo para reacomodar la actividad y la organización empresarias que se presume necesario a partir del finiquito, sin necesidad de otra prueba. Se deja en claro que el hecho resarcible no es el distracto por sí mismo, que es una circunstancia previsible en estas relaciones cuyos efectos normales el distribuidor debe absorber, sino el hecho de que sea intempestivo y por ende potencie el efecto dañoso.” (los destacados me pertenecen). Ahora bien, si se tiene en cuenta que –conforme lo explicamos al principio- en los contratos de larga duración cualquiera de las partes puede ponerle fin en cualquier momento, no toda rescisión unilateral puede ser considerada intempestiva en sentido estricto, por lo que se infiere que en esos casos el adjetivo “intempestivo” se utiliza en un sentido más amplio, para significar que el distracto fue inesperado o sorpresivo, precisamente por la falta de preaviso (v. también en tal sentido a Nicolás J.
Negri, “Responsabilidad civil contractual”, Astrea, 2017, T. 2, p. 229). Por lo tanto, una resolución unilateral puede ser considerada “intempestiva” en un sentido más estricto no cuando se produce sin preaviso sino cuando se produce “demasiado pronto”, en especial cuando no se ha pactado un plazo mínimo de duración, ya que de lo contrario en principio ha de estarse a ese plazo. Esta idea es recogida en un pasaje de uno de los fallos ya citados, en el cual se afirma que en el caso el preaviso no era “intempestivo”, es decir “… realizado cuando el distribuidor todavía no había podido recuperar las inversiones realizadas para entrar al contrato y ejecutarlo adecuadamente” (CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A.
S/Ordinario”, voto del Dr. Heredia). Efectuada la aclaración terminológica, y retomando la idea inicial, entiendo que la indemnización resultante de la aplicación del art. 1493 del CCyC podría resultar demasiado reducida en los supuestos de rescisiones unilaterales “intempestivas” en sentido estricto, es decir, en aquellos supuestos en los cuales el distribuidor se ve sorprendido por una rescisión unilateral demasiado prematura en atención a los gastos que debió asumir para llevar adelante su actividad, y que la otra parte, actuando con razonabilidad y buena fe, debe tener en cuenta a la hora de rescindir unilateralmente el contrato, inclusive cuando éste no cuente con un plazo mínimo.
Todo este análisis me lleva a concluir que es de recibo el agravio de la actora por el cual solicita la aplicación al caso de los arts. 1492 y 1493 del CCyC en virtud de las remisiones de los arts. 1508 inc. a) y 1511 inc. b) del mismo cuerpo legal.
A la inversa, concluyo que no son atendibles las críticas de la demandada por medio de las cuales plantea la improcedencia o, en subsidio, la reducción del plazo del preaviso.
Ello es así porque el primero de esos planteos – improcedencia- se funda en un precedente de esta Sala en el que era aplicable el Código derogado y cuyos antecedentes fácticos difieren sustancialmente del presente caso (causa n° 64320, “Crovetto”, sentencia del 28.10.2019, primer voto de nuestra estimada colega Dra. Yamila Carrasco).
En cuanto a lo segundo –reducción sustancial del monto de condena-, puede apreciarse que el accionado también considera excesivo el plazo de 12 meses contenido en la sentencia (expresión de agravios del 30/09/2021), para lo cual invoca distintos precedentes en tal sentido, algunos de los cuales he citado en esta propuesta decisoria. Ahora bien, como ya he tenido ocasión de explicar, la mayoría de esos precedentes fueron resueltos mediante la aplicación del Código derogado, o se trata de opiniones que sostienen que los arts. 1492 y 1493 del CCyC no resultan aplicables al contrato de distribución, las cuales –por respetables que seanno son compartidas en este voto.
Sentado lo anterior, resta que me pronuncie sobre otros dos agravios que vierte la parte actora en relación a este rubro, y que no han quedado desplazados o superados por el tratamiento anterior, vinculados a la fecha de inicio de la relación contractual y a la base de cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso.
i. En relación a lo primero, en rigor no se trata de un agravio propiamente dicho sino de la observación de cierta contradicción en la que se habría incurrido en la sentencia, la cual como veremos es exacta y debe ser aclarada.
En efecto, tal como lo señala la actora en su expresión de agravios (p. 2, punto b), en el considerando I de la sentencia apelada se dice que la relación contractual nació el 24/12/1984 (v. sentencia p. 4), pero en otro pasaje se dice que tuvo su inicio en octubre de 1983 (v. sentencia p. 10).
Antes de dar respuesta a este agravio o pedido de aclaración, creo útil hacer notar que en la sentencia recurrida esta diferencia temporal no tenía efectos prácticos significativos, ya que –como vimos- no se aplicó directamente el art. 1493 del CCyC, y por lo tanto se estimó justo un período indemnizatorio de 12 meses (v. sentencia p. 10). Por el contrario, si se entiende que resulta de aplicación al caso dicha norma –tal como lo he propiciado en el desarrollo que antecede- sí resulta importante establecer la duración exacta de la relación contractual.
Aclarado lo anterior, es evidente que la verdadera intención de la anterior magistrada es la que quedó reflejada en la página 10 de su sentencia, ya que allí señala con mayor desarrollo que la relación contractual se mantuvo entre el mes de octubre de 1983 y el 03/05/2019 y que ello implicó una duración del vínculo de más de 35 años, mientras que en la página 4 sólo se observa una mención tangencial a una fecha de inicio distinta.
Por lo demás, esa fecha de inicio es la que el actor mencionó en la demanda (v. p. 2 y 6), para lo cual trajo a colación el documento de constitución de aval del 27/10/83, que adjuntó en formato PDF a la presentación electrónica del día 06/05/2020, y cuenta con firmas certificadas del Secretario del por entonces Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Olavarría. Del mismo modo, la demandada reconoció al absolver posiciones que la relación contractual nació en el año 1983 (audiencia de vista de causa del 09/02/2021, minuto 6:18 aprox.), y en el mismo sentido se pronunció en esa misma audiencia el testigo que pudo dar más precisiones sobre el particular (testigo Mattaini minuto 17:30).
Por lo tanto, asiste razón a la actora en cuanto a que la relación contractual comenzó en el mes de octubre del año 1983 y por lo tanto tuvo una duración de 35 años, 6 meses y algunos días.
ii. En relación a lo segundo (base de cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso), la doctrina y la jurisprudencia han entendido que la indemnización sustitutiva del preaviso debe calcularse en base a las ganancias netas (v. CNCom., sala D, 01.03.16., “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”; CNCom., Sala F, 06.06.17., “Canoura, Salvador c/ La Salteña S.A. s/ Ordinario”; CCivCom. Dolores, "Calonge c/ Cervecería Argentina S.A. Isenbek", del 30.07.20.).
Este tema es explicado con gran claridad en uno de los trabajos antes citados (Anaya-Anaya, “La compensación…”), en los siguientes términos: “Para entender el negocio de los distribuidores es importante efectuar la siguiente distinción: una cosa es la facturación bruta, otra es la utilidad neta y otra el margen. / Está claro que, en estos casos, mientras la facturación bruta es el dinero percibido por el distribuidor por la venta de los productos, la utilidad neta es la ganancia final que el distribuidor se lleva al bolsillo luego de cubrir todos sus costos. A esos dos básicos conceptos hay que añadirle al menos el concepto de margen que es la diferencia entre el precio al que el distribuidor le compra al fabricante y luego revende al punto de venta (ejemplo: compra a $ 10 al fabricante y revende a $12). Como se advierte, el conocimiento del margen es fundamental en tanto incide directamente en la determinación de la utilidad neta.”
A los fines de aplicar estos conceptos al caso de autos, es necesario efectuar una breve reseña de cómo se fue abordando esta cuestión a lo largo del proceso.
En esa faena, puede apreciarse que la actora, al momento de cuantificar en la demanda lo reclamado por este concepto, mencionó que de acuerdo a la facturación global del último año, es decir entre mayo de 2018 y abril de 2019, el mejor período había sido el de noviembre de 2018, por la suma de $ 271.331,11. A ello sumó que la ganancia era del orden del 18%, lo que da un valor mensual de $ 48.840, que multiplicado por los 35,5 meses que duró la relación arrojan la suma de $ 1.733.820 (demanda, p. 8/9).
Si bien los cálculos efectuados por la actora son claros, prima facie se advierte que son susceptibles de dos observaciones. La primera es que la actora eligió la facturación del mejor mes del último año, lo que en principio no parece procedente, en especial porque las ganancias pueden ser fluctuantes, máxime para determinados productos y por cuestiones estacionales. En segundo lugar resulta claro que aplicó el porcentaje del margen (18%) sobre la facturación, lo que indica cuál es la ganancia bruta, más no la ganancia neta, sobre la cual nada dijo. Ello fue observado en la contestación de demanda (p. 15), donde el accionado manifiesta que la indemnización por preaviso debe calcularse tomando en cuenta la utilidad neta del último año de la relación comercial. En la sentencia que viene apelada se consideró apropiado a los fines de la cuantificación del presente rubro tomar como promedio un porcentaje de ganancia “neta” del Sr. Mechoni del 15% sobre la facturación acreditada, siendo que -como surge de la pericia contable- Mechoni comercializaba diversos productos de la demandada, variando los porcentajes que se le habilitaban como ganancia entre el 18 y el 11% según el producto de que se tratara. Consecuentemente, aplicando el mentado porcentaje de ganancia (15%) sobre los $ 181.952,19 informados por la experta como mejor período facturado entre mayo del '18 y abril del '19, se arribó a la suma de $ 27.292,82 por mes, suma que multiplicada por la cantidad de meses considerados debidos por falta de preaviso (12 meses) ascendió a la suma $ 327.513,94 por la que en definitiva prosperó este rubro (v. sentencia, p. 10/12, esp. p. 12).
Contra lo así decidido se alza el actor, quien además de cuestionar la cantidad de meses por la cual procede la indemnización por preaviso –tema que ya fue analizado- cuestiona también la base para efectuar el cálculo, en base a una multiplicidad de argumentos, que en especial están referidos a la existencia de otros ingresos vinculados a otras funciones distintas al contrato de distribución propiamente dicho, y a los márgenes de ganancia (v. expresión de agravios de la actora, p. 5/7). Entiendo que estos agravios no son de recibo.
En cuanto a lo primero, fue la propia actora – como recién vimos- quien al cuantificar este rubro solo hizo referencia a la facturación y al margen de ganancia del 18%, sin incluir otros conceptos en esa base de cálculo, por lo que la anterior magistrada no podría haber tenido en cuenta otros ingresos (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y conc. del C.P.C.C.). Sin perjuicio de ello, es dable señalar que las eventuales ganancias adicionales que pudo haber obtenido el Sr. Mechoni con motivo de su relación comercial con Pepsico deberían haber quedado reflejadas en el resultado computable a los fines del impuesto a las ganancias, el cual –como tendremos oportunidad de ver a continuación- es el que mejor refleja las ganancias netas que servirán de base para el cómputo de este rubro.
En relación a lo segundo, el problema de base que tiene el reclamo del actor –y que se refleja en la sentencia que viene apelada- es que directamente se aplica el porcentaje correspondiente al margen de ganancia (que en la demanda se dijo que era del 18%) sobre la facturación, pero ello en todo caso nos indicará cuál es la ganancia bruta, más no la ganancia neta, porque para obtener esta última es necesario hacer una prolija deducción de todos los costos.
En tal estado de cosas, ha de estarse a la respuesta proporcionada en la pericia contable a los puntos solicitados por la parte demandada, en especial al punto 5, porque allí se estima cuál es la ganancia neta, y es lógico que el accionado haya requerido al experto que informe sobre este punto porque –como vimos- en la contestación de demanda advirtió que el actor cuantificaba su reclamo en base a una ganancia bruta. En la mencionada pericia del día 04/02/2021 se transcribe el punto de pericia y se le da respuesta en los siguientes términos: “5) Determinar el Resultado Neto Anual del actor atribuible a las operaciones con productos de PepsiCo durante el último año de la relación comercial (período mayo 2018 a abril 2019), practicando la segregación de las Ventas de productos de ésta de las de productos de otros proveedores, si los hubiere, y de productos de propia producción, y/o a las diversas actividades declaradas en su objeto social, determinando los costos de la mercadería vendida respectivos, y efectuando una asignación apropiada de los gastos de comercialización, de administración, resultados financieros e impuestos. Dicha asignación deberá basarse en información acerca del ciclo operativo relacionado con cada tipo de producto, que permita apropiar los costos en base a unidades de medida del uso de los recursos, y no a través de un mero prorrateo en función del monto de las ventas brutas de cada uno.”
“Considerando que el señor Mechoni no se encuentra obligado a presentar estados contables, este perito pudo compulsar las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los periodos 2018 y 2019. El resultado neto atribuible al periodo 2018 fue de $ 340.887,34 mientras que para el año 2019 fue de $ 93.932,96.”
“Cabe aclarar que el mencionado impuesto es de carácter anual. Por lo que si se considera un resultado promedio atribuible al periodo solicitado es de $ 258.569,20. El mismo surge de considerar los ingresos promedios de mayo a diciembre de 2018 ($ 28.407,28 promedio mensual x 8 meses) y los ingresos promedios de enero a abril de 2019 ($ 7.827,74 promedio mensual x 4 meses)”
En base de dicha pericia, si se tiene en cuenta que el resultado neto correspondiente a los últimos doce meses de la relación comercial fue de $ 258.569,20, nos da un promedio de $ 21.547,43 por mes, el cual es inferior al ingreso mensual computado en la sentencia ($ 27.292,82), pero naturalmente no puede reducírselo pues implicaría una reformatio in pejus, ya que quien apela dicho monto es la parte actora. Así las cosas, tomando como base de cálculo un ingreso mensual de $ 27.292,82, y multiplicándolo por la cantidad de meses correspondiente (35,5), nos arroja una cifra final de $ 968.895,11, por la cual ha de prosperar este rubro.
Con tal alcance propongo al acuerdo admitir el agravio de la parte actora.
3. Continuando con el tratamiento de los distintos agravios de acuerdo al orden empleado en la sentencia apelada, cabe abordar ahora las críticas vertidas por la actora contra el rechazo del rubro “pérdida de chance”, aunque, como explicaré a continuación, en este caso es más propio denominarlo “lucro cesante” (v. sentencia p. 12 y expresión de agravios de la actora p. 7/12).
Como punto de partida, es dable observar que bajo el título de “pérdida de chance” la actora reclamó las ganancias que dejó de percibir durante los 35 meses en los que se debería haber prolongado la relación contractual si la parte accionada hubiera cursado el preaviso, y por tal motivo reclama por este rubro la misma suma que determinó para el rubro “indemnización por falta de preaviso”, es decir, $ 1.733.820 (v. demanda, p. 9).
Así las cosas, y para dar inicio al tratamiento de los agravios referidos a esta partida indemnizatoria, creo pertinente dejar aclarado que bajo el rótulo de “pérdida de chance” la parte actora reclamó un rubro que habitualmente se reclama en estos casos bajo la calificación de “lucro cesante”. Infiero que la actora recurrió a tal calificación porque el cese de la relación contractual trajo como consecuencia que las ganancias que se dejaron de obtener no se pueden cuantificar con total precisión, pero ese margen de incertidumbre, si bien es más propio de la pérdida de chance, no es ajeno al lucro cesante, precisamente porque por tratarse de una ganancia no percibida no se la puede cuantificar con total exactitud sino que se la debe estimar “de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención” (doctr. arts. 1738 y 1739 del CCyC).
Creo necesario dejar aclarado, a los fines de que este pasaje de mi propuesta decisoria no resulte desinterpretado, que la recalificación que antecede obedece a que me he ceñido a los términos empleados en la demanda al reclamar este rubro (doctr. art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.), ya que, como dije, bajo el título de “pérdida de chance” la actora reclamó las ganancias que dejó de percibir durante los 35 meses en los que se debería haber prolongado la relación contractual con la demandada (demanda, p. 9). Efectúo esta salvedad porque la jurisprudencia también se ha representado la posibilidad de que en el marco de estos litigios tenga cabida un reclamo de “pérdida de chance” propiamente dicho, aclarándose que “… debería tratarse de ganancias de índole distinta que dejó de obtener porque confió en la subsistencia del contrato. Generalmente son otras oportunidades de negocios que se rechazaron, y que constituían chances" (Lorenzetti ob. cit. p. 573), o como expresaron los Dres. Alterini, Cifuentes y Durañona y Vedia en el plenario "Civit" (La Ley 1990-B,474) la privación de aquellas que pudo haber logrado de no verse impedido de celebrar con terceros otro negocio. En otras palabras las expectativas dañadas del distribuidor (no referidas al cumplimiento del contrato sino de otras oportunidades negociales), no siendo posible de utilizar un standard subjetivo (lo que creyó o supuso) sino de acuerdo a parámetros objetivos.” (CCivCom. de Junín, "Marisi, Marcelo Alberto c/Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20.).
Despejado lo anterior, se impone efectuar otra aclaración preliminar, esta vez referida a la sentencia apelada. En efecto, la Sra. Juez de grado rechazó este rubro por entender que al haberse admitido el reclamo por indemnización sustitutiva de preaviso “los restantes rubros devienen abstractos” (sentencia, p. 12). Creo pertinente aclarar que en ese pasaje la anterior magistrada se refirió a “los restantes rubros” en alusión a la “pérdida de chance” y a la “pérdida de clientela”, pero lo cierto es que el rubro “pérdida de clientela” fue retomado más abajo para desestimarlo con fundamentos distintos (de los que me ocuparé en el apartado siguiente), de modo que ha de interpretarse que el fundamento esgrimido por la anterior magistrada para desestimar estos rubros solo está referido a la pérdida de chance.
Efectuadas estas aclaraciones preliminares, entiendo que los distintos agravios que vierte la actora para intentar revertir este pasaje del fallo no son de recibo.
En primer lugar, la actora esgrime en su pieza recursiva que la indemnización sustitutiva del preaviso fue de solo 12 meses y la “pérdida de chance” (o lucro cesante) se reclamó por un período de tiempo mucho mayor. Claramente este primer agravio quedó superado por la admisión del primer agravio de la misma parte actora según el cual la indemnización sustitutiva del preaviso ha de extenderse por un período mayor por aplicación del art. 1493 del CCyC.
En segundo lugar, la actora argumenta que el rubro “pérdida de chance” (o “lucro cesante”) reconoce autonomía e independencia respecto a la indemnización por falta de preaviso. Entiendo que este segundo planteo –que es el único que conserva vigencia- no procede por las razones que paso a desarrollar.
Como ya dijimos, el Código de Comercio derogado no regulaba el contrato de distribución ni otros contratos comerciales de larga duración y, por añadidura, nada preveía acerca de las indemnizaciones debidas en caso de rescisiones unilaterales no preavisadas. Esto generó que fueran la doctrina y la jurisprudencia las encargadas de ir delineando qué rubros se debían resarcir frente al distracto. Para ello se acudió en un primer momento a los rubros resarcitorios más conocidos, tomados básicamente de la teoría general de la responsabilidad civil, aunque también a otros más propios del derecho comercial. Ello se ve claramente reflejado en la obra de Marzorati mencionada más arriba, en la cual, como ya vimos, se decía que el distribuidor afectado por la ruptura intempestiva del contrato podía reclamar: 1) la pérdida de la utilidad obtenida por la privación de la actividad durante el período necesario para reestablecer el ciclo de operaciones comerciales que, siguiendo precedentes extranjeros, se estimaba en plazos variables entre seis y dieciocho meses; 2) las indemnizaciones por despido de personal; 3) los gastos por reparaciones efectuadas en los vehículos para retirarles el nombre, el emblema o la enseña del proveedor; 4) los gastos de publicidad;
5. en algunos casos el llamado “valor llave”; y 6) también en algunos casos, el daño moral (Marzorati, Osvaldo J. “Sistemas…”, cit., p. 84). Obsérvese que en esta enunciación de rubros indemnizatorios que propone Marzorati se menciona a la pérdida de utilidades (es decir, al “lucro cesante”) pero no a la “indemnización sustitutiva del preaviso”, aunque en la misma obra queda claro que son conceptos estrechamente relacionados, en especial porque el lucro cesante se calcula en función del plazo de preaviso que hubiera correspondido (ob. cit., p. 84 punto 1 y 86).
Ahora bien, la observación de la doctrina y jurisprudencia de los últimos años anteriores al nuevo Código permite apreciar que de algún modo se procuró ir “automatizando” la reparación a la que venimos haciendo referencia, ya que se tendió a disponer una indemnización tarifada, aunque –como ya vimos- existían importantes diferencias a la hora de establecer las bases del cálculo, lo cual es natural por tratarse de una cuestión que no se encontraba prevista en la ley. Este proceso terminó de plasmarse con la sanción del Código Civil y Comercial, el cual, como ya vimos, prevé la indemnización sustitutiva del preaviso en el art. 1493.
En este estado de cosas, entiendo que queda claro que el “lucro cesante” y la “indemnización sustitutiva del preaviso” no son conceptos distintos sino que son dos formas distintas de denominar a un mismo fenómeno resarcitorio, y la diferencia terminológica se explica porque la expresión “lucro cesante” alude al daño en sentido naturalístico, mientras que la expresión “indemnización sustitutiva del preaviso” alude al desembolso que se debe efectuar para reparar tal perjuicio.
En esa misma línea se ha pronunciado la jurisprudencia, señalando que “… el lucro cesante se configura como una indemnización sustitutiva del preaviso…” (CNCom., Sala F, 06.06.17., “Canoura, Salvador c/ La Salteña S.A. s/ Ordinario”).
También se dijo en otro de los fallos ya citados, en total sintonía con lo que venimos señalando, que el art. 1493 del CCyC establece que la omisión del preaviso otorga a la otra parte el derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período, con lo cual se otorga mayor certeza a la reparación, pero a la vez pareciera que se ha “automatizado” la reparación del lucro cesante (CCivCom. de Mar del Plata, Sala II, “Piantoni Hnos. SACIFI c/ Procter and Gamble SRL s/ Ds. y Ps.”, del 01.02.18., con sus citas).
Otro tanto cabe decir del precedente de la Cámara de Junín, en el cual –como ya vimos- se distingue claramente el lucro cesante de la pérdida de chance, y luego se dice, en relación al primero, que “Por regla la indemnización por falta de preaviso tiende a reemplazar la actividad lucrativa del contratista durante el plazo que se considera adecuado de modo de permitir su reconversión, incluyendo el lucro cesante (C. Nac. Com., sala B, 10/8/1989, "Domogas AS v. Agip Gas SA"). (…) / El fundamento de la pretensión, al circunscribirse a la relación extinguida y su duración, a todas luces demuestra la superposición con la partida anterior, cuya aceptación aparejaría una duplicidad resarcitoria …” (CCivCom. de Junín, "Marisi, Marcelo Alberto c/Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20.).
Por todo lo expuesto, concluyo que este agravio no es de recibo.
4. Siguiendo el mismo orden empleado en la sentencia apelada, me ocuparé ahora de los agravios vertidos por la actora contra la desestimación del rubro “pérdida de clientela” (v. sentencia, p. 12/14).
Como punto de partida, es dable precisar que la “compensación por clientela” se encuentra específicamente regulada en el art. 1497 del CCyC, también ubicado dentro de las disposiciones del contrato de agencia, el cual dispone lo siguiente: “ARTICULO 1497.- Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a éste. / En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus herederos. / A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el período de duración del contrato, si éste es inferior. / Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario.”
Esta regulación específica de la “compensación por clientela” en el art. 1497 ya nos da una clara pauta de que se trata de un instituto distinto a la “indemnización por omisión de preaviso” regulada en el art. 1493 que analizamos en el apartado anterior.
Tanto el concepto como la autonomía de la “compensación por clientela” fueron explicados con su habitual profundidad por el Dr. Heredia en su voto en los autos “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario”, en palabras que me permitiré transcribir para preservar su claridad:
“El distribuidor actúa en nombre propio, comprando al productor o distribuido y vendiendo a otros comerciantes o directamente al consumidor las mercaderías adquiridas (conf. Marzorati, O., Sistemas de distribución comercial, Buenos Aires, 1995, ps. 70/71, n° 20). En esa actividad gana una clientela que pierde cuando el contrato se extingue, pues aquella pasa al productor o distribuido en razón de que sigue a la marca que no es del distribuidor. En otras palabras, en los productos de marca la clientela compra la marca y desde el momento en que el distribuidor deja de comercializarla, lógicamente pierde la que ha ganado con su actividad y que, no obstante, sigue siendo aprovechada por el productor o distribuido.”
“De tal suerte, extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el distribuidor que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del distribuido, tiene derecho a una compensación si su anterior actividad puede seguir rindiendo frutos o continuar produciendo ventajas sustanciales a éste último en razón de la clientela con la que seguirá vinculado.”
“Así, la indemnización por clientela se debe por el sólo hecho de la terminación del contrato. No es necesaria, pues, la existencia de una causa para que sea procedente la compensación, tal como lo sería el incumplimiento del contrato, la carencia de preaviso, etc.” “Dicho de otro modo, la compensación por clientela es adeudada en todo supuesto de extinción contractual (con solo algunas excepciones, que no son necesarias identificar aquí pues no se dan con relación al caso de autos) y no como un resarcimiento a título de culpa o dolo en el cumplimiento del contrato (que, por hipótesis, puede no haberse incumplido), y ello es así con fundamento en la doctrina del enriquecimiento sin causa (conf. Ribas, A. (h), La indemnización por clientela en los contratos de agencia y distribución, rev. Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, año IV, n° 3, junio 2013, p. 147, cap. 7 y 8; Vélaz Negueruela, J., Las Redes Comerciales - Tipología, eficiencia e indemnizaciones de los canales de distribución, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 143), ya que no es justo que, extinguido el contrato, siga el distribuido obteniendo ventajas de una clientela ganada por el distribuidor, sin que este reciba compensación alguna. De alguna manera, se dice, la compensación por clientela es una contraprestación a los servicios prestados en ese terreno (conf. Klein, Michele, El desistimiento unilateral del contrato, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1997, p. 238, nota n° 496).”
Ahora bien, pese a que resulta indudable que la “compensación por pérdida de clientela” no se confunde con la “indemnización por omisión de preaviso”, surge el interrogante respecto a si dicha compensación es aplicable al contrato de distribución. Es dable aclarar que este interrogante ya se había planteado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, existiendo fallos en distintos sentidos (a favor: CNCom., sala D, 01.03.2016, “Sola C/ Diageo Argentina S.A. S/Ordinario” –en el cual se aclara que se modifica el criterio sustentado con anterioridad por el mismo tribunal- y CNCom., Sala F, 06.06.17., “Canoura, Salvador c/ La Salteña S.A. s/ Ordinario”; en contra CCivCom. de Junín, "Marisi, Marcelo Alberto c/Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20., citada por la anterior magistrada). Y ese mismo interrogante se reedita con el nuevo Código - aplicable a nuestro caso-, aunque aparece renovado por la aparición de nuevas aristas a considerar, en especial porque se presenta una cuestión de interpretación normativa similar a la considerada en el apartado anterior, ya que se debe analizar si el art. 1497, que como ya dijimos está ubicado dentro de las disposiciones del contrato de agencia, es también aplicable al contrato de distribución.
Este tema fue abordado en uno de los trabajos antes mencionados, donde se analiza principalmente el tratamiento de este rubro en los dos fallos de la Cámara Nacional Comercial citados en el párrafo anterior, arribándose a la conclusión de que la compensación por clientela no resulta aplicable al contrato de distribución (Gonzalo Anaya y Francisco Anaya, “La compensación por clientela en el contrato de distribución”, Deconomi, Año 1, número 2).
Los fundamentos que proporcionan estos autores para arribar a dicha conclusión son básicamente de dos órdenes. El primero es de orden normativo. Señalan al respecto que al contrato de concesión le resultan de aplicación únicamente tres artículos del contrato de agencia (los arts. 1492 y 1493 a los que remite el 1508 y el art. 1494 al que remite el art. 1509) y que la propia regulación del contrato de concesión será aplicable al contrato de distribución únicamente cuando fuere pertinente (art. 1511 inc. b). Sobre esa base, afirman que la regulación del CCyC no prevé la aplicación de la compensación por clientela al contrato de distribución, y ni siquiera al de concesión. Por lo tanto –continúan razonando- la aplicación de la compensación por clientela al contrato de distribución podría tener lugar únicamente de manera analógica, más todo parecería indicar que no fue esa la intención del legislador, ya que cuando consideró pertinente la remisión de la concesión a las pautas sentadas para la agencia dispuso expresamente la remisión, y ello ocurrió únicamente en dos oportunidades. Concluyen este análisis diciendo que ni siquiera puede pensarse que la falta de remisión a la regulación de la compensación por clientela fue un mero olvido del legislador, por cuanto esta ausencia viene de larga data, esto es, desde el proyecto de reforma del año 1998.
El segundo es de orden conceptual, ya que explican que la generación de clientela en beneficio del productor es más propia del contrato de agencia que del de distribución.
Estos dos fundamentos –el normativo y el conceptual- también son claramente explicados por el Dr. Guardiola en el precedente ya citado de la Cámara de Junín que se recoge en la sentencia apelada ("Marisi, Marcelo Alberto c/Pepsico s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", del 04.08.20., cuyos pasajes más salientes me permitiré transcribir:
“Para resolver esta cuestión, debe tenerse presente que la idea de indemnizar por clientela al distribuidor, agente o concesionario debido a la ruptura unilateral del contrato por su contraparte no venía muy bien encaminada en la jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial y no era doctrina unánime en el ámbito nacional, ni en otros. El Código Civil y Comercial la dispuso sólo para el contrato de agencia:(arts. 1497 y 1498). Todo se deriva lógicamente de las profundas diferencias en el objeto de los contratos de concesión y distribución, respecto de la agencia. El tema de la compensación por clientela en el contrato de agencia resulta ser muy particular porque el objeto del contrato consiste -precisamente- en que el agente genere clientela para su contraparte, denominada empresario. Por tal razón es que parte importante de la doctrina y jurisprudencia ha entendido que la compensación (en terminología más precisa) por clientela no es trasladable a los contratos de concesión y distribución, en razón de su objeto, salvo cuando esos contratos contengan obligaciones de promoción de negocios a favor del concedente o del distribuido (asimilables a la agencia) y retribuidos mediante comisiones (Botteri (h) José D. "La compensación por clientela" La Ley 2018-E, 782)”.
“Dejando a un lado las atinentes observaciones de que parece un error en la actualidad, teniendo especialmente después de la reforma del 94 a la CN -art. 42- y la ley 24.240, sostener que la clientela tenga dueños ya que los derechos del consumidor como tal se resisten a una valoración en tal sentido, cabe distinguir la asignación de los resultados: el agente, al conducirse en nombre y por cuenta de su principal, 'genera' clientela a favor de éste, "mientras que el distribuidor persigue la constitución de una masa de clientes en su interés, lo que puede verificarse en un escenario en el cual la marca se encuentra fuertemente acreditada y difundida -donde la actividad del distribuidor para la comercialización del producto será secundaria e incluso puede significar una incorporación sinérgica a su catálogo de ofertas- y donde la clientela, indudablemente, pertenece a la esfera del productor; o, en la situación exactamente inversa, donde el producto carece de significación y la labor del distribuidor para posicionarlo en el mercado es intensa, correspondiéndole, al menos en teoría, la atribución de la misma, y una situación intermedia, donde no encontrándose posicionado el producto, los esfuerzos para hacerlo resultan compartidos entre el productor y el distribuidor y la atribución de la clientela a uno u otro dependerá de cuestiones de hecho correspondientes a cada caso particular" (Remaggi Luis A "El valor de la clientela y la conclusión de los contratos de agencia y distribución" AR/DOC/4195/2016) Es más como una de las características del consumo actual, si de alguna fidelidad puede hablarse es más hacia el titular de la marca instalada masivamente que hacia el fabricante, proveedor o distribuidor del producto en sí.” “En razón de ello, la postura minoritaria que en el régimen anterior la admitía exigía "que se trate de clientela donde sea demostrable una participación del distribuidor en su formación, sea a través de su actividad concreta, del incremento de clientes antes y después de prestar su actividad, de su participación en gastos de publicidad en la red...Un segundo aspecto es la cesibilidad. La clientela tiene que transformarse en un capital cesible y para ello, identificable. De manera que, como regla, debe haber un listado de clientes, con domicilios y, además, con demostración de la vinculación con el distribuidor a través del volumen de compras" (Lorenzetti idem p. 583)”.
“Incluso en el fallo “Sola c Diageo”, que con el nuevo código ha sido reputado por Papa en el artículo citado como un leading case en la materia, al cambiar el criterio que sostuvo la misma sala Comercial D en el fallo "Emporio Automotores SRL c/ CIDEF Argentina SA" 28/12/2011) entendiendo que la omisión legal no debe ser interpretada como una exclusión, conserva requisitos que pueden resumirse en: 1) que se hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con relación a los preexistentes, 2) que ello sea consecuencia directa del obrar del agente (en el caso el distribuidor), al margen de la exclusividad territorial que pudiere tener y 3) la permanencia de la ventaja después de extinguido el contrato.”
A mi modo de ver, y sin dejar de reconocer que se trata de un tema altamente opinable y controvertido, el fundamento normativo esgrimido por quienes afirman que la compensación por clientela no se aplica al contrato de distribución es de mucho peso, y además no parece infundado ni fruto de un olvido del codificador, sino que encuentra su razón de ser en las diferencias existentes entre los distintos contratos. En esa línea de ideas, entiendo que ha de estarse a esa conclusión a la que se arriba tras una interpretación integral y armónica de la ley (arts. 1 y 2 del CCyC), teniendo especialmente en cuenta que ello coadyuva a la seguridad jurídica, valor que –como vimos- fue determinante a la hora de decidir al legislador a regular estos contratos comerciales.
Por lo tanto, concluyo que este agravio no es de recibo.
5. Corresponde abordar ahora los agravios vertidos por la actora con motivo del rechazo del rubro daño emergente ocasionado por las indemnizaciones laborales que deberá afrontar. Este reclamo se funda en la existencia de tres procesos laborales en trámite en el Tribunal de Trabajo de Olavarría, que no cuentan con sentencia, promovidos por tres hijos del actor (Saulo, Daiana y Jonatan Mechoni), en los cuales también se demandó a Pepsico (v. demanda, p. 9/10; contestación de demanda p. 21/23; y escrito electrónico del 04/06/2021 donde la actora denuncia a título de hecho nuevo la existencia de un nuevo proceso laboral en su contra y de la demandada PEPSICO DE ARGENTINA S.A. caratulado “MECHONI JONATAN C/ MECHONI JOSE OSCAR Y OTRO s/ DESPIDO”, Expte. OL-4959-2020, en trámite por ante el Tribunal del Trabajo de Olavarría, ya que el mismo era el único que no se encontraba iniciado al momento de la demanda que dio origen a este proceso).
Este rubro fue desestimado por la anterior magistrada en base a dos fundamentos. El primero es que PEPSICO también resulta demandada en los reclamos que denuncia el Sr. MECHONI que tramitan por ante el fuero laboral. El segundo es que la relación contractual que ha existido, reconocida por ambas partes, da cuenta de dos organizaciones empresarias autónomas que se beneficiaban mutuamente de dicha relación, de modo que ni el Sr. Mechoni era un empleado en relación de dependencia con la demandada ni los empleados que éste hubiese contratado para llevar a cabo la tarea que desarrollaba su empresa, son empleados de PEPSICO. No obstante, también aclaró que ello no obsta a que en base a lo normado por la Ley laboral, PEPSICO pueda o no, deba o no, tener que responder de manera solidaria o indirecta frente a un reclamo de un trabajador de uno de sus distribuidores (v. sentencia, p. 13). Ambos fundamentos son objeto de agravios (v.
expresión de agravios de la actora, p. 12/14), por lo que me abocaré a su tratamiento.
Entiendo que el agravio vertido contra el primer fundamento es de recibo.
En efecto, como bien lo advirtió la presentenciante en la parte final de tratamiento de este rubro, lo que se decida en este proceso que tramita ante el fuero civil y comercial en nada incide sobre lo que oportunamente se deberá resolver en el fuero laboral. Adviértase que este es un proceso originado en una relación comercial de distribución, en el cual resulta parte actora el distribuidor y parte demandada el distribuido, y no intervienen ninguno de los tres empleados. En cambio, en los procesos laborales resultan ser actores cada uno de los tres empleados, y codemandados el distribuidor y el distribuido. Sobre la base de esta distinción, entiendo que el hecho de que PEPSICO también resulte demandado en los reclamos que tramitan por ante el fuero laboral no es motivo suficiente para negar al distribuidor un pronunciamiento sobre la pretensión que él deduce en este juicio, en especial porque no se sabe si en sede laboral prosperarán los reclamos, y en su caso si resultará condenado el Sr. Mechoni, o Pepsico, o ambos. En tal inteligencia, ha de interpretarse que la pretensión del Sr. Mechoni en este proceso está dirigida a que se deje decidido, mediante la aplicación de normas y principios del derecho comercial, que en las “relaciones internas” entre el distribuidor y el distribuido deberá ser éste quien en definitiva tenga que afrontar el costo de las eventuales indemnizaciones laborales.
Ahora bien, por el contrario, entiendo que el agravio contra el segundo fundamento no prospera.
Debemos partir por admitir que la cuestión atinente a la inclusión de las indemnizaciones por despido dentro de los rubros resarcibles por rupturas contractuales no preavisadas es muy controvertido, a tal punto que en la obra de Marzorati que ya hemos mencionado se las menciona como el segundo rubro a indemnizar (autor citado, “Sistemas…”, cit., pág. 84). Ahora bien, por otro lado, no debemos olvidar que –como bien advierte Gregorini Clusellas (“La ruptura…”, cit…) el hecho resarcible no es el distracto por sí mismo, que es una circunstancia previsible en estas relaciones cuyos efectos normales el distribuidor debe absorber, sino el hecho de que sea intempestivo y por ende potencie el efecto dañoso. Así las cosas, se abren dos escenarios posibles. Si el distribuido opta por preavisar en los términos del art. 1492 del CCyC, el distribuidor seguirá cumpliendo su función hasta el fin del contrato, pero también deberá ir evaluando distintas opciones para cuando el mismo llegue a su fin, tales como seguir desempeñándose como distribuidor de otros proveedores, o en su defecto liquidar la empresa, en cuyo caso deberá prepararse para afrontar las indemnizaciones con fondos que haya previsionado para esos fines con anterioridad, a los cuales puede sumar otros fondos que logre reunir en el tramo final del contrato. De modo que queda claro que aunque el distribuido curse el preaviso existe la posibilidad de que el distribuidor deba liquidar la empresa y deba indemnizar a sus empleados. El segundo escenario posible es que el proveedor no curse el preaviso, en cuyo caso su indemnización sustitutiva, que como vimos viene a reemplazar al lucro cesante, también puede ser afectado –en todo o en parte- a las indemnizaciones laborales.
En este orden de ideas, y como bien lo señala la accionada al contestar los agravios de la actora, la jurisprudencia ha entendido que la posibilidad del despido de los empleados es un riesgo que la empresa debe estar preparada para soportar por sí misma (CNCom, Sala D, 01/10/2003, “Servicio Integral para Empresas S.R.L. c/ Ascensores Otis S.A. s/ sumario”, Lexis Nº 11/36507 y CNCom, Sala C, 29/10/1996, “Álvarez, Arsenio c/ Centuria Compañía Argentina de Seguros S.A.”, JA, 2000-I, síntesis).
Por otra parte, y a modo de argumento coadyuvante que creo conveniente sumar por tratarse de una cuestión controvertida, no ha de olvidarse que en este voto he propiciado la aplicación al contrato de distribución de la indemnización prevista en el art. 1493 del CCyC en toda su extensión, lo cual, como ya lo advertí, es visto con preocupación por una parte importante de la doctrina y la jurisprudencia por entender que puede resultar demasiado elevada. No obstante, y como antes expliqué, ese legítimo reparo puede ser contrarrestado si se analizan todos los efectos económicos que produce el distracto unilateral, entre los cuales se incluyen las indemnizaciones laborales en caso de decidirse la liquidación de la empresa o al menos la reducción del personal.
Por último, no paso por alto que, pese a lo dicho en el párrafo anterior, la indemnización prevista en el art. 1493 del CCyC también puede en algunos casos resultar insuficiente para afrontar todas las indemnizaciones laborales, en especial cuando la empresa tiene varios empleados y sus márgenes de ganancias netas son reducidos. Sin embargo, ese es un problema que afronta toda empresa que tiene relaciones laborales muy extendidas en el tiempo y no ha podido reservar los fondos necesarios en concepto de previsiones para despidos.
Por todo lo expuesto, y como ya lo anticipara, entiendo que este agravio no es de recibo, por lo que propicio confirmar la improcedencia de este rubro.
6. Me ocuparé ahora de los agravios vertidos por ambas partes contra la procedencia y cuantificación del daño moral, que la anterior magistrada admitió por la suma de $ 500.000 (v. sentencia, p. 14/15), comenzando –por evidentes razones lógicas- por los agravios vertidos por la demandada contra la procedencia de este rubro (v. escrito electrónico del 30/09/2021, p. 10/14).
A título introductorio, y tal como fuera señalado por esta Sala en las causas n° 65592 “Rigada” del 11.08.2020, n° 66742 “Izarra” del 08.06.21. y nº 67013, “Andreozzi”, del 02.09.21. (entre otras), es dable destacar que el Código Civil y Comercial ha consagrado la unidad de la responsabilidad contractual y extracontractual. Así lo expresa el art. 1716 según el cual “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme las disposiciones de este Código”.
Asimismo el art. 1082 dice: “Reparación del daño.
La reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones: a) el daño debe ser reparado en el caso y con los alcances establecidos en este capítulo, en el Título V de este Libro, y en las disposiciones especiales para cada contrato…”.
En ese sentido en la obra “Código Civil y Comercial comentado”, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, T° VIII, págs. 349/350, Sebastián Picasso dice: “Siguiendo el pensamiento ampliamente predominante de la doctrina argentina, el Código ha unificado la responsabilidad civil. Como lo dispone el artículo en comentario (se refiere al art. 1716), cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño (la violación del deber general de no dañar, o el incumplimiento de una obligación), la responsabilidad se rige, en principio por las mismas reglas.
Concordantemente, y a salvo las excepciones…, las normas que integran el presente capítulo (arts. 1078 a 1780) se aplican indistintamente a la responsabilidad contractual y extracontractual”.
Por su parte Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas en su obra “Responsabilidad por daños-Código Civil y Comercial de la Nación”, T° II-A dicen que “En el Código Civil y Comercial hay que conjugar el art. 1082 con las normas generales en materia de responsabilidad a las que remite, y en particular dentro de éstas, en materia de daño moral o consecuencias no patrimoniales, debemos estar al artículo 1741 del Código Civil y Comercial, el que desde nuestra perspectiva debe ser también complementado con el artículo 1747 y las normas especiales para cada uno de los contratos o situaciones que se puedan plantear…”. De lo expuesto resulta claro que, más allá de resultar una cuestión atinente a la órbita contractual, es dable reclamar los daños no patrimoniales siempre que se encuentren afectados los sentimientos y la moral del reclamante, toda vez que como es sabido el daño moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, causa nº 65.920, “Pereyra” del 10/11/20).
Asimismo en otros precedentes de esta Sala se dijo que “cuando se trata del daño moral contractual (art. 522 del C.C., arts. 1716, 1740, 1741 y cctes. CCyC), la reparabilidad debe consultar razones de equidad, en relación al incumplimiento, quedando diferida la condena al prudente arbitrio judicial, aunque no procede frente a cualquier molestia... y por tanto no cubre el riesgo propio al mundo de los negocios, para lo cual será importante determinar la naturaleza particular tanto del daño como de las personas que quedan vinculadas al mismo” (causas nº 52.599 “Tifner” del 18.02.09. y nº 52.518 “Johnston” del 26.03.09., con cita de la CC0102 La Plata causa n° 224760 del 3/12 entre muchas otras).
En lo que respecta a la prueba, reiteradamente se ha dicho que para que resulte procedente no se requiere producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por probado ante una razonable presunción, ello se encuentra previsto así en el artículo 1744 del Código Civil y Comercial que al regular la prueba del daño admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos (esta Sala, causa nº 65.920, “Pereyra” del 10/11/20).
Asimismo, y en relación a la cuantificación del daño, en las causas n° 64.739 “Arca” del 26.11.19. y nº 65.920, “Pereyra” del 10.11.20, entre otras, se recurrió a la búsqueda de sucedáneos que produzcan placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos, es decir, remedios para la tristeza y el dolor; tesitura adoptada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en el último párrafo del art. 1741 –referido a la indemnización de consecuencias no patrimonialesdispone: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” (ver asimismo comentario al art. 1738, Galdós, Jorge Mario “Código Civil y Comercial de la Nación”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir), Tomo VII, p. 485).
Aplicando los principios expuestos al caso de autos, creo importante comenzar por señalar que en virtud de la remisión contenida en el art. 1082 inc. a) del CCyC, y de las otras remisiones que hemos analizado con anterioridad, al contrato de distribución le resulta aplicable la disposición especial contenida en el art. 1493, es decir, la “indemnización sustitutiva del preaviso”, pero también el art. 1741, referido a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, por estar contenido dentro del Título V del Libro Tercero al que también remite el art. 1082 inc. a).
Entiendo que resulta claro que ambas reparaciones no interfieren ni se excluyen, ya que la indemnización sustitutiva del preaviso prevista en el art. 1493 sólo contempla los efectos patrimoniales del distracto, lo cual es de toda lógica y se robustece si tenemos en cuenta que se trata de una indemnización “automatizada y tarifada”, mientras que el daño moral es de distinta naturaleza y procederá o no de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
Como ya vimos, esta idea ya estaba plasmada en la obra de Marzorati, quien afirma que frente al distracto intempestivo puede resultar procedente el daño moral en ciertos casos (“Sistemas…”, cit.). En ese mismo orden de ideas, en general la jurisprudencia ha admitido el reclamo de daño moral en los casos de rescisiones unilaterales del contrato de distribución (a favor: CNCom., sala F, “Canoura”, cit.; CCivCom. Junín, caratulada "Marisi”, cit.; en contra: CCivCom. Dolores, "Calonge c/ Cervecería Argentina S.A. Isenbek", del 30/07/2020).
Yendo a los agravios concretos que esgrime la accionada para cuestionar la procedencia del daño moral en este caso, los mismos son básicamente de orden procesal, ya que enfatiza en que la anterior magistrada valoró especialmente que tras la rescisión unilateral su parte no hizo un ofrecimiento resarcitorio al actor, lo cual, a su criterio, no es exacto –ya que la sentenciante no puede saber qué negociaciones hicieron las partes en el ámbito extrajudicial o en la mediación previa- y además no había sido alegado en la demanda para reclamar este rubro. Sobre esa base, alega que la valoración de un hecho no invocado lesiona su derecho de defensa, a la par que señala que no existen pruebas que den cuenta de la afección moral del actor.
Entiendo que estos agravios no son de recibo.
En primer lugar, es cierto que en la sentencia se asignó especial importancia al hecho de que Pepsico rescindió unilateralmente el vínculo y no hizo ningún ofrecimiento económico en concreto (v. sentencia, p. 15). Ahora bien, no es exacto que ese hecho no fuera mencionado en la demanda. Adviértase que cuando la actora narró los hechos en su escrito postulatorio transcribió la carta documento que remitió a la demandada en fecha 10/6/19 en respuesta a la carta documento por medio de la cual se le notificó la rescisión unilateral, y en la misma se destaca la falta de una propuesta indemnizatoria (demanda, p. 4), tema que se retoma en un pasaje posterior (p. 8). Por su parte, al reclamar el daño moral, la actora hace referencia a la violencia y menoscabo espiritual padecidos por su parte y que resultan hartamente acreditados del relato de los hechos (demanda, p. 11), lo que deja en claro que esa ausencia de ofrecimiento indemnizatorio formó parte de los hechos en los que se sustenta el reclamo. Así las cosas, no es objetable que la anterior magistrada haya asignado especial importancia a dicho aspecto, ni tampoco tenía cómo conocer eventuales ofrecimientos económicos que no surgían de las actuaciones, en especial de las cartas documento que las partes se intercambiaron al momento mismo de la ruptura contractual y en los días y meses subsiguientes.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo antes dicho sobre la prueba del daño moral, tampoco es exacto que los padecimientos espirituales que sufrió el actor como consecuencia de la rescisión unilateral del vínculo no hayan sido acreditados. Por el contrario, los mismos fueron claramente descriptos por distintos testigos ofrecidos por el actor, todos conocidos o amigos suyos pero altamente creíbles a razón de la espontaneidad y coincidencia de sus dichos (arts. 384 y 456 del C.P.C.C.), quienes se refirieron al alto impacto emocional que implicó la ruptura del contrato en el ánimo del actor, en especial por la antigüedad de la relación comercial, por tratarse de los únicos productos que distribuía y por las implicancias en todo el ámbito familiar (v. audiencia videograbada del 09.02.2021, en especial testigo Mattaini minuto 21:00; testigo Aller minuto 33, testigo Stieb minuto 41, testigo Santaniello minuto 53:50). Por último, y dado que ambas partes se desconforman por la cuantificación del daño moral –en el caso de la actora a modo de único agravio referido a este rubro, y en el caso de la demandada como agravio subsidiario del planteo de improcedencia- entiendo que el monto fijado por la anterior magistrada ($ 500.000) es razonable y adecuado a las circunstancias del caso, y permitirá al actor acceder a ciertas satisfacciones sustitutivas y compensatorias (art. 1741 del CCyC), tales como viajes, adquisición de productos tecnológicos, etcétera.
Por lo tanto, concluyo que esta parcela del fallo ha de ser confirmada en todos sus aspectos.
c) Me ocuparé ahora de los agravios que vierte el actor respecto a la tasa de interés aplicable a los rubros que prosperan. La anterior magistrada abordó esta cuestión en el considerando VII. Allí dispuso que los intereses moratorios habrán de liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, desde la fecha de mora - 03/05/2019- hasta el día de su efectivo pago. No obstante, aclaró que respecto del daño moral, habiéndose fijado el monto indemnizatorio al momento del dictado de la sentencia de acuerdo a parámetros actuales, la tasa antes establecida rige desde la fecha de dicha sentencia y hasta el efectivo pago, por lo que, de acuerdo a la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en causas "Vera" (C. 120.536) y "Nidera" (C. 121.134), deberá emplearse el denominado interés puro, estableciéndose que para el cálculo de dichos intereses deberá aplicarse una alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde la fecha de mora y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.).
Contra lo así decidido se alza la parte actora, quien afirma que en mérito a la naturaleza contractual del antecedente que generara el presente proceso, se debe aplicar al mismo los respectivos intereses según la Tasa Activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descubierto en cuenta corriente, o, en su caso, corresponde se aplique un índice o criterio de actualización que resulte razonable, proporcional y lógico frente a pautas inflacionarias actuales superiores al 50% anual de estos 2 últimos años, so riesgo de “premiar” el incumplimiento de la parte deudora.
Este agravio no prospera.
Bajo la vigencia de los Códigos de fondo hoy derogados este Tribunal ya había tenido oportunidad de fijar criterio en acatamiento a la doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia Provincial, en los que se dijo que el art. 565 del Código de Comercio no imponía que a todas las obligaciones comerciales les sea aplicada necesariamente la tasa activa (S.C.B.A., Ac. 51.259 del 20.12.94.; Ac. 55.356 del 04.04.95.; Ac. 55.593 del 14.06.96.; Ac. 59.006 del 10.12.96.; Ac. 61.335 del 18.11.97.; Ac. 57.803 del 17.02.98.; Ac. 78.860 del 30.06.04.; C. 94.239 del 30.06.2010 y C. 101.538 del 14.09.11.; esta Sala en causas nº 48.254, “Cano” del 18.05.05.; nº 48.354, “Banca Nazionale del Lavoro” del 27.05.05.; n° 51.811 “Gómez” del 02.07.08.; n° 47.650 “Transportes” del 18.10.11.; n° 56.079 “Moreira Hnos.
S.H.” del 17.04.12.; n° 56.828, “Falcón”, del 04.12.12.; n° 57.754, “Díaz”, del 04.07.13.; n° 58.915, “Lange”, del 24.06.14.; n° 67.219, “Frigo Peixe”, del 13.07.21., entre otras). Tal como se explica en esas causas, y tomando textualmente las palabras utilizadas por la Corte Provincial en una de las últimas citadas (C. 94.239), “la norma en su período inicial es supletoria de la voluntad de las partes respecto de la estipulación de intereses cuando en ésta falte la indicación de su cantidad o tiempo de inicio del curso. En tal situación, que supone necesariamente el pacto de intereses, remite a la tasa activa bancaria. El segundo párrafo, agregado por el decreto 4777/1963 (ratif. Ley 16.478), se refiere a una cuestión ajena al tema.
Y el último ratificando el carácter complementario del precepto respecto de la convención o de la ley expresa que cuando en ellas se habla de intereses corrientes o de plaza, se entiende los que cobra el “Banco Nación”. Al no tratarse de ninguno de estos casos referidos, (…) resulta de aplicación en autos la doctrina de esta Corte que establece que a partir del 1 de abril de 1991 corresponde aplicar a los créditos pendientes de pago reconocidos judicialmente, la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 8 ley 23.928 y 622, Código Civil; conf. causas Ac. 43.448, “Cuadern”, sent. del 21VI1991; Ac. 49.439, “Cardozo”, sent. del 31VIII1993; Ac. 57.981, sent. del 27XII1996; Ac. 68.681, “Mena de Benítez”, sent. del 5IV2000; L. 80.710, sent. del 7IX2005; ver también doct. causas C. 101.774, “Ponce” y L. 94.446, “Ginossi”, ambas sentencias del 21X2009).”
Con posterioridad la Corte provincial modificó su doctrina legal respecto a la tasa de interés aplicable cuando ni las partes ni la legislación especial habían previsto una alícuota determinada, sentando como doctrina legal que la tasa de interés aplicable -cuando ni las partes ni la legislación especial habían previsto una alícuota determinada- es la denominada “tasa pasiva digital” que utiliza la misma entidad bancaria (causas "Zocaro", L.118.615, sent. del 11-III-2015; L. 118.340, "Miño", sent. del 15-VII-2015; L. 118.487 "Campos", sent. del 15-VII-2015; C. 119.176, "Cabrera", sent. del 15-VI-2016, entre otras; esta Sala, causas n° 59970, “Fernández”, del 22.09.15.; n° 60196, “Díaz Toledo”, del 29.09.15., entre otras).
Este análisis permite concluir que la tasa fijada por la anterior magistrada se ajusta a la doctrina legal vigente respecto a la tasa de interés aplicable. Por lo tanto, y como ya lo anticipé, esta crítica ha de ser desestimada.
d) Por último, resta considerar los agravios del accionado en torno a la condena en costas, ya que a su criterio existió un vencimiento parcial y mutuo que exige que las costas sean distribuidas (v. expresión de agravios de la accionada, p. 14/16).
Este agravio debe prosperar.
Como punto de partida, es dable señalar que si bien en caso de ser compartida mi propuesta decisoria esta sentencia resultará modificatoria de la de primera instancia, ello no implicaría una modificación sustancial de la condena en costas por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., ya que la modificación de la sentencia solo recae sobre el quantum de uno de los dos rubros que prosperan, mientras que muchos otros son rechazados. De modo que, pese a la modificación de la sentencia que propongo, el agravio conserva vigencia.
La doctrina legal, reiteradamente seguida por este tribunal, determina que cuando algunos rubros prosperan, y otros son desestimados, debe procederse a la distribución de costas en los términos del art. 71 del C.P.C.C. (Excma. S.C.B.A. en causas Ac. 78.451, “Carquen S.A.” del 29.10.03., Ac. 85.695, “Rendichi” del 10.11.04., C. 93.236, “Cáceres” del 26.09.07.; C. 100.646, “Sánchez” del 07.10.09.; C. 96.859, “Banco de la Provincia de Buenos Aires” del 02.12.09.; C. 104.484, “Sánchez”, del 16.12.09.; doctrina seguida por esta Sala en causas nº 52.008, “Dirazar” del 25.09.08.; nº 52.016, “H.J. Navas y Cía. S.A” del 29.10.08.; nº 52.301, “Mascetti del 26.11.08.; nº 52.365, “Rivera” del 11.12.08.; nº 52.328, “Cooperativa” del 23.12.08.; n° 52.590, “Girbent” del 11.03.09.; n° 53.830, “Augelli” del 24.02.11.; n° 54.908, “Vidaguren” del 07.07.11.; n° 55.098, “Volonté”, del 15.07.11.; nº 55193, “Sucesores de Abdala” del 25.08.11.; n° 55395, “Gordillo de Fernández” del 13.09.11.; n° 47.650, “Transportes” del 18.10.11.; nº 56.079, “Moreira” del 17.04.12. ; n° 56.328, “Kirsch”, del 03.07.12.; n° 57.601, “López Osornio” del 09.04.13.; n° 58.355, “Echeverría” del 17.12.15.; n° 60.002, “De Liberato”, del 23.12.15.; n° 62.057, “Salvi” del 08.08.17.; n° 62.431, “Schmale” del 14.11.17., entre muchas otras).
En esa dirección y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 23 segundo párrafo de la ley 14.967, las costas de primera instancia se imponen a la parte demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros rechazados que estarán a cargo de la actora y constituirán la base de una regulación de honorarios independiente para los letrados intervinientes (doctr. art. 23 2do. párrafo de la ley 14.967; esta Sala, causas n° 66.742, “Izarra” del 08.06.21; n° 66.019, “Otonelli”, del 06.07.21.; n° 67378, “Prátula”, del 09.11.21.).
Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- A LA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I. Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo confirmar en lo principal que decide la sentencia del día 15/07/2021, y modificarla en los siguientes aspectos: a) El rubro correspondiente a la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado se aumenta a la suma de $ 968.895,11, el cual, sumado a la suma de $ 500.000 otorgada en concepto de daño moral –que se confirma- eleva el monto total de condena a la suma de $ 1.468.895,11, con más los intereses dispuestos en la instancia de origen que también se confirman.
b) Las costas de primera instancia se imponen a la parte demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros rechazados que estarán a cargo de la actora y constituirán la base de una regulación de honorarios independiente (arts. 71 del C.P.C.C. y 23 2do. párrafo de la ley 14.967).
II. En cuanto a las costas de alzada, sabido es que rigen parámetros distintos a los antes explicados, ya que ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causas n° 53.223, “Orella”, del 21.10.09.; n° 60.002, “De Liberato”, del 22.12.15., entre muchas otras). En el caso de autos, se verifica un vencimiento parcial y mutuo, ya que prosperan algunos agravios de ambos apelantes y se desestiman otros. En este escenario, atendiendo prudencialmente al resultado obtenido en esta instancia por cada uno de los recurrentes, no sólo respecto a los agravios que prosperaron sino a los que fueron desestimados, propongo al acuerdo distribuir las costas de alzada por su orden (art. 71 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967, momento en el cual se tomará como base regulatoria para los honorarios de alzada la sumatoria de las dos bases regulatorias de primera instancia, es decir, la de los rubros que prosperan y la los rubros desestimados.
Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: I) Confirmar en lo principal que decide la sentencia del día 15/07/2021, y modificarla en los siguientes aspectos: a) El rubro correspondiente a la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado se aumenta a la suma de $ 968.895,11, el cual, sumado a la suma de $ 500.000 otorgada en concepto de daño moral –que se confirma- eleva el monto total de condena a la suma de $ 1.468.895,11, con más los intereses dispuestos en la instancia de origen que también se confirman; b) Las costas de primera instancia se imponen a la parte demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros rechazados que estarán a cargo de la actora y constituirán la base de una regulación de honorarios independiente para los letrados intervinientes (arts. 71 del C.P.C.C. y 23 2do. párrafo de la ley 14.967); II) Con costas de alzada por su orden (art. 71 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967, momento en el cual se tomará como base regulatoria para los honorarios de alzada la sumatoria de las dos bases regulatorias de primera instancia, es decir, la de los rubros que prosperan y la de los rubros desestimados.
Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase .-
CONFIRMA
Fin de la sentencia