Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 68.082
Lo que resolvió el tribunal
I. Modificar la sentencia de la anterior instancia en los siguientes términos: 1) haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Naldo Lombardi S.A.;
2Aplicar al importe resultante en concepto de daño emergente, una tasa pura de interés del 6% anual desde el 23/10/2013 hasta transcurridos 10 días de quedar firme la sentencia, y de allí en más, y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días;
3Reducir a la suma de $ 200.000 el monto fijado por el magistrado de la anterior instancia en concepto de daños punitivos, y confirmarla en los restantes aspectos que han sido materia de agravio.
II. Imponer las costas de primera instancia y las de Alzada a la parte actora respecto de la excepción de falta de legitimación activa que prospera (arts. 68 y 274 del CPCC); y distribuir las costas de Alzada en un 20% al actor y en el 80% restante a la demandada de acuerdo al resultado del recurso interpuesto por Samsung Argentina S.A. (art. 71 del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a esta instancia para la oportunidad prevista en el art. 31 de la Ley de Arancel 14.967.
Causa: 1-68082-2021 - "IGLESIAS WALTER MIGUEL C/ SAMSUNG ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Yamila Carrasco, Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "IGLESIAS WALTER MIGUEL C/ SAMSUNG ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ", (Causa Nº 1-
68082-2021), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO - CARRASCO - LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 23/8/2021?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
- V O T A C I O N -
A LA PRIMERA CUESTION: la Sra. Jueza Dra. Comparato dijo:
I.-
El magistrado de grado, luego de determinar la aplicación del Código Civil velezano -por ser el que regía al momento del hecho antijurídico dañoso-, y de la ley 24.240, aclara que también aplicará el CCyCN en lo relativo a las normas imperativas o supletorias del consumo, lo que constituye una excepción al régimen.
Seguidamente, desestima la prescripción planteada por los codemandados y la falta de legitimación pasiva opuesta por Naldo Lombardi S.A., condenándolos de manera solidaria a abonar al actor dentro de los 10 días de quedar firme la sentencia el importe equivalente al último modelo lanzado en Argentina por Samsung (equipo de igual gama y similares características que a la fecha de adquisición 2/11/12, poseía el celular Samsung Galaxy S3), con más la suma de $ 80.000 por daño moral y la de $ 500.000 en concepto de daños punitivos.
Dispone que -a excepción de la suma reconocida por daños punitivos, la cual posee naturaleza resarcitoria-, a los demás importes se les adicionarán los intereses calculados mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos, computados desde el efectivo acaecimiento de los perjuicios provocados (ingreso al servicio técnico de fecha 23/10/2013) hasta el efectivo pago.
II.-
El decisorio de la anterior instancia recibió los siguientes embates recursivos: 1) con fecha 30/8/21 apela Samsung Argentina S.A.; recurso que funda mediante presentación electrónica del 11/11/21, obteniendo réplica de la actora con fecha 15/12/21; y 2) el 31/8/21 plantea su recurso Naldo Lombardi S.A., el cual es fundado con fecha 10/11/21, recibiendo respuesta de la parte actora el 25/11/21.
LOS AGRAVIOS DE SAMSUNG ARGENTINA S.A.:
El codemandado Samsung plantea 4 agravios.
PRIMER AGRAVIO:
Mediante el primer agravio objeta que la sentencia –basándose sólo en la alegación de la parte actora de que le había sido entregado un teléfono distinto al suyo-, haya admitido que el equipo presentaba un vicio constructivo, en contra del informe elaborado en C.A.B.A. que indicaba que dicho equipo no tenía defecto alguno sino el software adulterado.
SEGUNDO AGRAVIO:
En el segundo agravio considera que el magistrado falló más allá de lo peticionado en el escrito inicial, en tanto la condena a abonar un monto equivalente al precio actual del celular Samsung de última generación más los intereses, que excede ampliamente la suma de $ 25.000 más intereses pretendida por la parte actora; destacando que los intereses a tasa variable (como los judiciales), contienen ajuste por inflación. Agrega que no existe razón para aplicar los intereses desde octubre de 2013 (fecha de ingreso a reparación del viejo celular) y no desde agosto de 2014 (fecha en que el nuevo equipo ingresó al servicio técnico).
TERCER AGRAVIO:
Aquí, cuestiona el rubro daño moral por entender que no se probó la afectación a los sentimientos más profundos, sino que se concedió por tal concepto la suma de $ 80.000, considerando el magistrado que el mismo se produjo de manera automática.
CUARTO AGRAVIO:
Mediante este agravio, la recurrente sostiene que no existe prueba de que haya incurrido en una conducta dolosa o abusiva que amerite la admisión de los daños punitivos; máxime –agrega-, que la OMIC de Tandil, no le imputó falta alguna.
Finaliza diciendo que resulta sumamente agraviante que en base a una presunción se le haya impuesto una condena por daño punitivo de $ 500.000, diez veces superior a lo pedido por el actor.
LA RÉPLICA DE LA PARTE ACTORA:
Al contestar los agravios, el actor comienza planteando la deserción recursiva por entender que la expresión de agravios no contiene la crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que el recurrente considera equivocados en los términos del art. 260 del CPCC. Seguidamente, destaca que al contestar la demanda Samsung ofreció prueba para peritar si el teléfono tenía un vicio constructivo; circunstancia que -a criterio del actor-, da cuenta de que el equipo se encontraba en poder de la codemandada, quien no lo presentó a los fines de la pericia cuando fue intimada para ello, acompañando en su lugar, un comprobante correspondiente a un teléfono distinto al que ocasiona estas actuaciones.
Por otra parte, sostiene que la alteración del software invocada por la recurrente, fue producto de una directiva que la misma empresa le dio al servicio técnico (Sr. Berroeta) según surge de las órdenes de reparación acompañadas y reconocidas como prueba documental que integran el expediente administrativo.
Continúa diciendo que la sentencia no falló ultrapetita, en tanto desde el primer momento, solicitó el dinero equivalente al equipo que adquirió que era el mejor teléfono móvil de la marca en el mercado, lo cual fue corroborado por el testimonio del Sr. Berroeta. En cuanto al daño moral y al punitivo, considera que se encuentran probados por cuanto las empresas demandadas jamás allanaron el camino al actor (consumidor) que les demostró haber adquirido un producto que resultó fallido.
LOS AGRAVIOS DE LA CODEMANDADA NALDO LOMBARDI S.A.:
El primer agravio de la codemandada Naldo Lombardi se refiere a la legitimación pasiva.
Al respecto, sostiene que al momento de producirse la falla del equipo, habían transcurrido más de 11 meses desde la compra, habiendo expirado para entonces la garantía legal (6 meses), prevista en el art. 11 de la ley 24.240.
Agrega que la garantía de 12 meses es una garantía que reconoce el fabricante y que durante la vigencia de la misma, la vendedora debe aconsejar el ingreso del bien al servicio técnico oficial designado por aquella.
Por tales motivos, sostiene que no era responsable por el desperfecto que podía tener el equipo adquirido en su sucursal, y además porque no tuvo intervención en la sustitución del equipo realizada por la empresa fabricante.
Pasando a los rubros, considera que cuando el daño moral tiene un origen contractual debe ser considerado con carácter restrictivo, estando a cargo de quien lo reclama, la prueba concreta de su producción, no bastando el incumplimiento de las obligaciones contraídas que conlleva al resultado del pleito y no al contenido conceptual del daño moral.
En base a tales consideraciones, sostiene que el perjuicio no se encuentra demostrado, habiéndose concedido el rubro como consecuencia de una apreciación amplia por parte del magistrado. Tampoco –agrega-, se han demostrado las incomodidades físicas y mentales sufridas por el actor, derivadas de cada uno de los reclamos que efectuó.
Concluye afirmando que no hay argumento alguno que justifique el monto ($80.000) admitido por el juez en concepto de daño moral.
Se agravia también del rubro daños punitivos admitido por la suma de $500.000 por entender que no existe la intencionalidad (dolo o grosera negligencia) por parte del demandado, exigida para su procedencia, no bastando el mero incumplimiento del proveedor.
LA RÉPLICA DE LA PARTE ACTORA:
Aquí también el actor comienza planteando la deserción recursiva por considerar que la expresión de agravios no se ajusta a los términos del art. 260 del CPCC, en tanto advierte que existe identidad de planteos respecto de los realizados en la contestación de demanda. Seguidamente, para replicar los agravios de la codemandada Naldo Lombardi S.A., reitera los argumentos sostenidos por el magistrado en la sentencia.
Con fecha 01/02/2022 dictamina el Sr. Fiscal General, adhiriendo en lo sustancial a los términos de la sentencia puesta en crisis.
II.-
Expuestos los agravios y su réplica, seguidamente me abocaré a la consideración de los mismos.
Siguiendo un criterio de orden lógico, comenzaré con el tratamiento del plateo de deserción recursiva formulado por la parte actora respecto de las expresiones de agravios de las codemandadas. Al respecto, debemos recordar que "la expresión de agravios constituye para el apelante una verdadera carga procesal trascendente. Que la crítica concreta está referida a lo preciso, indicado, determinado. Lo razonado, indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones. Deben precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del "a quo", a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (Morello, Augusto Mario - Sosa Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto O. "Códigos Procesales...", tomo III, pág. 351; esta Sala, causas nº 33.534 “Patronelli” del 29.10.92; nº 34.602, “Santomauro" del 23.02.94; nº 49.772, “Bussetti”, del 20.09.06.; nº 53.074, “Tutelar Fiduciaria” del 31.03.09.; nº 54.904, “Basualdo” del 17.05.11.; n° 65.078, “Musa” del 22/10/20; n° 65.981, “García” del 6/11/20, entre otras). Con especial referencia a la prueba, se ha dicho que "...el recurrente deberá puntualizar qué medio pertinente y atendible fue desechado; cuál de los invocados resulta inexistente, impertinente o inatendible; o las probanzas cuyas fuentes hayan sido desinterpretadas, suministrando los argumentos de prueba que patenticen el error y su relevancia para la suerte final de la pretensión u oposición.” (Azpelicueta, Juan José - Tessone, Alberto "La Alzada. Poderes y Deberes", pág. 25, ésta Sala causa n° 52489 del 19-2-2009, “Heim, German Luis y otro c/ Zito Cono y otro s/ Daños y perjuicios”, entre muchas otras).
En el mismo sentido claramente Carlos Camps en su obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires - anotado, comentado, concordado”, expone: “La parte frente a un fallo adverso tiene la posibilidad de exigir su revisión. Esta revisión se basa en que la sentencia es considerada injusta por contener transgresiones normativas que pueden ser de variado rango (procesal, de fondo o constitucional). Muchas veces esa violación legal se manifiesta por el quiebre de las reglas de valoración de la prueba, más allá de que en esos casos el defecto del sentenciante se muestre predominantemente referido al mundo fáctico.
La carga impuesta por el art. 260, 1ª parte, CPCC requiere especial esmero cuando se cuestiona la valoración de las pruebas colectadas en el proceso, porque en ese cometido los jueces deben formar su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Es, pues, indispensable desplegar un claro discurso impugnativo, capaz de individualizar los posibles yerros del juez en orden a la selección e interpretación de las probanzas escogidas, y de patentizar, en su caso, cómo ha soslayado o infringido dichas reglas del raciocinio.
Pues bien, toda esta anomalía debe ser expuesta clara y detalladamente al juzgador de segunda instancia. Deben ser juicios concretos respecto de los pasajes de la sentencia considerados defectuosos, no meras elucubraciones teóricas o desconectadas de lo concretamente ocurrido en el fallo. Y tales asertos tienen que ser razonados. Así como se exige un adecuado razonamiento al juez para exponer sus ideas y que se pueda percibir el camino lógico seguido desde la ponderación fáctica hasta la solución del fallo pasando por la subsunción normativa, así también el litigante si quiere conmover una norma individual dictada por un órgano del Estado deberá argumentar de manera adecuada, con solidez y objetividad.
Ha dicho nuestra Corte que el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260, CPCC, supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho” (ob. Cit. pág. 475; esta Sala, causas 55995, “Lovecchio” del 10.05.12.; n° 55504, “Trovato”, del 29.05.12.; n° 56.192, “Cenoz”, del 28.06.12.; n° 59238, “Mendizábal…” del 4.8.15; n° 61.121 ”Schamberger” del 9/2/18; n° 62.993, “Di Fonzo” del 23/8/18; n° 65.078, “Musa” del 22/10/20; n° 65.981, “García” del 6/11/20; n° 67674, “Blasina” del 30/12/21, entre muchas otras).
Cabe señalar también, que este Tribunal ha venido aplicando un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894, “Ane”, del 20.02.2002; nº 49665, “Adami”, del 16.03.2006; nº 51438 “Bonnat”, del 29.11.2007; nº 51278, “Valerio”, del 06.12.2007.; n° 53.567, “Bruni”, del 28.10.2009; n° 58.450, “Enrique”, del 10.04.2014; n° 67674, “Blasina” del 30/12/21). En esa senda, hemos señalado que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida, bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas, no querido por el ordenamiento legal (conf. causas n° 44262 “Banca Nazionale del Lavoro S.A.” del 17.05.2002; n° 61.121 ”Schamberger” del 9/2/18; n° 62.526 “García” del 12/4/18; n° 62.993, “Di Fonzo” del 23/8/18; n° 65.632, “Lattour” del 6/10/20; n° 65.078, “Musa” del 22/10/20; n° 67674, “Blasina” del 30/12/21, entre otras).
Analizando las expresiones de agravios de las codemandadas, percibo que si bien las mismas no presentan el rigor técnico indicado en las consideraciones que anteceden, aplicando el criterio amplio de apreciación que viene utilizando esta Sala, considero que corresponde abordar su tratamiento, por lo que el planteo de deserción no puede ser admitido.
Pasando ahora a la consideración de los agravios de las codemandadas, comenzaré por el relacionado con la falta de legitimación pasiva planteado por Naldo Lombardi S.A.
Como vimos, dicha defensa se basa en que al momento en que el actor inició el reclamo por el desperfecto que presentaba el teléfono celular, ya había transcurrido el plazo de la garantía legal (6 meses) previsto en el art. 11 de la ley 24.240.
En torno a este término legal, la doctrina sostiene que: “La “garantía legal” es por tres meses si se trata de cosas muebles no consumibles usadas y de seis meses para los demás casos. Para estos plazos se cuentan tanto los días hábiles como los inhábiles. Se lo ha considerado como un plazo de caducidad. (el destacado me pertenece).
El término a quo comienza con la entrega de la cosa, aunque haya sido abonada parcial o totalmente con anterioridad….” “…Dicho plazo puede ser extendido por convenio de partes, pero nunca disminuido, y menos aún renunciado…. Todo plazo menor a los previstos en la norma se tendrá por no convenido, ya que significaría una cláusula que importará una renuncia o restricción a los derechos del consumidor o ampliación de los derechos de la otra parte (conforme el art. 37, inc b), ley 24.240)” (“Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada. Picasso – Vazquez Ferreyra – directores, Ed. La Ley, comentario al art. 11 por Fernando A. Sagarna, págs. 177/178).
De lo dicho se desprende con total claridad que el término de la garantía legal constituye un plazo de caducidad, y que la misma no puede ser renunciada ni reducida por acuerdo de partes, aunque sí extendida.
Muchas veces tal extensión es dada por el fabricante como muestra de confiabilidad del producto que pone en el mercado, exhibiéndola en las especificaciones del mismo.
En otras ocasiones, la extensión de la garantía es ofrecida al consumidor por el vendedor mediante el pago de un precio adicional al costo del producto; supuesto este último en el que –en rigor-, nos encontraríamos en presencia de un contrato de seguro por desperfecto de la cosa (Sagarna, ob. cit. pág. 180).
Debo señalar aquí, que en la práctica comercial ha dejado de ser habitual el llenado del certificado de garantía al momento de la compra de un producto nuevo, pues ahora, para activar el funcionamiento de la misma, basta con exhibir la factura que acredite la fecha de adquisición a partir de la cual se computará el plazo de vigencia de la garantía (legal y/o extendida). Este extremo –en el caso que nos ocupa-, se verifica con el sello puesto por el vendedor en el frente de la factura del que se lee que debe conservare la misma para el reclamo de la garantía. De modo que la inexistencia –en el caso bajo análisis- de un certificado de garantía suscripto por el vendedor, no cambia la situación del consumidor que se encontraba amparado por la garantía legal de 6 meses prevista en el art. 11 de la ley 24.240 respecto de todos los involucrados en la cadena de venta (fabricante y vendedor), y por la extensión de otros 6 meses otorgada por el fabricante, bien a través de las especificaciones del producto o del reconocimiento expreso frente al reclamo que efectuara el Sr. Iglesias.
En este sentido, la doctrina destaca que la solidaridad en el otorgamiento y cumplimiento de la garantía sólo se refiere a la legal cuyo plazo máximo será de 6 meses (conf. art. 13 de la ley 24.240); en cambio, si las partes pactaran una extensión temporal se limita la responsabilidad a los integrantes de la cadena de comercialización y distribución que voluntariamente se hayan obligado (Esteban J. Arias Cáu, en “Manual de Derecho del Consumo” dirigido por Federico M. Alvarez Larrondo, Ed. Erreius, pág. 494).
Ello ocurre en la práctica –continúa explicando el auto citado-, cuando se perfecciona un contrato de seguro con una compañía aseguradora que toma a su cargo la extensión del plazo, totalmente variable, según el producto; o bien, cuando es el propio fabricante, oferente del producto, quien extiende el plazo de garantía legal (por. Ej., uno o dos años de garantía) (ob. cit. págs. 494/495). Por otra parte, en el caso bajo análisis, no existe prueba de que Naldo Lombardi S.A. haya generado en el consumidor una creencia o expectativa distinta acerca de la extensión de la garantía del producto que adquiría; lo cual condice con la diversidad de productos que la empresa vendedora ofrece al público.
Aún más, los propios dichos del actor demuestran que conocía la distinta extensión de la garantía según se tratare de la empresa fabricante o de la vendedora.
Ello se evidencia cuando al contestar la excepción de falta de legitimación pasiva, sostiene haber efectuado reclamos telefónicos con anterioridad al mes de octubre de 2013. En efecto, de haber creído que la garantía era de 12 meses respecto de ambas codemandadas, no se hubiera molestado en aclarar que realizó reclamos con anterioridad al mes de octubre de 2013. Advierto aquí que las anotaciones manuales con las que el actor pretende probar los reclamos telefónicos realizados antes de la fecha indicada en los párrafos anteriores, fueron puestas al dorso de distintos comprobantes de ingreso del equipo al servicio técnico de la fabricante a cargo del Sr. Berroeta, de manera que mal pueden referirse a conversaciones telefónicas realizadas con anterioridad; además, las fechas consignadas en dichas notas son posteriores a la expiración de la garantía legal.
Por otra parte, en ningún momento el actor expresa haber dirigido reclamo alguno a Naldo Lombardi dentro de los 6 meses posteriores a la compra del teléfono; y de haberlo hecho, era él quien se encontraba en mejores condiciones de acreditarlo mediante sus registros telefónicos o a través de algún número de reclamo que pudiera haber solicitado. Trasladar a la codemandada (Naldo Lomabardi) la carga de dicha prueba, implicaría imponerle la producción de una prueba negativa: que el actor nunca se comunicó para formular un reclamo por el mal funcionamiento del equipo.
En suma, de las constancias de autos no surgen elementos que permitan inferir que la garantía de 12 meses alcanzaba también al vendedor.
Naturalmente, no paso por alto lo dispuesto por el art. 40 de la ley 24.240 que en materia de responsabilidad dispone que: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.
La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Sin embargo, la extensión de la responsabilidad y sus consiguientes efectos, operan respecto de aquellos que no demuestren que la causa del daño les ha sido ajena, supuesto en el cual, la liberación de responsabilidad podrá ser total o parcial.
En el caso bajo análisis, el actor no probó haber realizado reclamo alguno a la codemandada Naldo Lombardi dentro del término de caducidad de 6 meses cubiertos por la garantía legal (art. 11 ley 24.240) es decir entre el 2/11/2012 (fecha de compra y entrega del teléfono) y el 2/5/2013 (fecha límite de dicha garantía computada a partir de la entrega del producto); por lo tanto, Naldo Lombardi S.A. no debe responder por el mal funcionamiento del equipo y por ende tampoco (art. 40 ley 24.240), por los daños sufridos por el consumidor derivados de dicha situación. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo modificar la sentencia de grado, admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta al progreso de la acción por la codemandada Naldo Lombardi S.A., con costas al actor en ambas instancias (arts. 68, 274 y conc. del CPCC).
Corresponde ahora, abordar los agravios planteados por la codemandada SAMSUNG ARGENTINA S.A., comenzando con el referido al que objeta que la sentencia –basándose sólo en la alegación de la parte actora de que le había sido entregado un teléfono distinto al suyo-, haya admitido que el equipo presentaba un vicio constructivo, en contra del informe elaborado en C.A.B.A. que indicaba que dicho equipo no tenía defecto alguno sino el software adulterado. Al respecto debo señalar que el agravio en cuestión no contiene ningún argumento dirigido a refutar las conclusiones del magistrado que, lejos de basarse en las afirmaciones del actor, tuvo en cuenta que el teléfono entregado a este último por la empresa fabricante no era el que motivó el reclamo (conf. constancia de entrega agregada por Samsung el 15/9/2020), a lo que se agrega que la fabricante no puso a disposición el equipo para su peritaje pese al apercibimiento dispuesto por el magistrado de considerarse en su contra el incumplimiento de dicha carga. Por el contrario, es la recurrente la que pretende el rechazo del rubro en tratamiento en base a su afirmación de que el software del teléfono había sido adulterado, sin permitir –como quedó expuesto- la realización de la pericia a fin de comprobar tal extremo. De modo que el agravio bajo análisis no puede ser admitido.
Mediante el segundo agravio, la recurrente considera que el magistrado falló más allá de lo peticionado en el escrito inicial, en tanto la condena a abonar un monto equivalente al precio actual del celular Samsung de última generación más los intereses, que excede ampliamente la suma de $ 25.000 consignada en la demanda.
Cuestiona también los intereses, destacando que los mismos contienen ajuste por inflación, como asimismo que no existe razón para aplicar los intereses desde octubre de 2013 (fecha de ingreso a reparación del viejo celular) y no desde agosto de 2014 (fecha en que el nuevo equipo ingresó al servicio técnico).
Respecto al pronunciamiento “ultra petita”
denunciado por la codemandada Samsung, me adelanto a señalar que –a mi modo de ver-, no asiste razón al recurrente.
Ello así, en tanto del punto IV.I. DAÑO MATERIAL del escrito inicial se lee: “Se reclama a las empresas demandadas reparen al actor con la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000), el daño que ocasiona reemplazar el producto defectuoso vendido, a los fines que brinde al actor un servicio telefónico de última tecnología; requisito este que ha sido tenido en cuenta por el señor Iglesias al momento de adquirir el celular que nunca funcionó conforme a los servicios que ofrecía brindar…”.
Si a ello agregamos que el punto I.- OBJETO, el accionante –luego de cuantificar su reclamo- utilizó la frase y/o de lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, podemos concluir que la pretensión resarcitoria en concepto de daño material, es la equivalencia de valor respecto del bien adquirido (teléfono celular de última tecnología).
Nótese que en la demanda el actor no reclama el monto abonado $ 3.142,50 (conf. fc. De fs. 13) más sus intereses, sino el valor del equipo al momento de interposición de la misma, haciendo la salvedad de que su intención es procurarse un equipo de una gama equivalente a la que representaba el oportunamente adquirido.
De admitirse el agravio de la recurrente, se estaría convalidando una notable desproporción de valor en perjuicio del consumidor, producto del alongado transcurso del tiempo en dar respuesta al reclamo, imputable a la codemandada Samsung.
En cuanto a los intereses, debo señalar que el daño al actor debe computarse desde la fecha del primer ingreso del equipo al servicio técnico (23/10/2013), cuya falta de respuesta satisfactoria motivó el inicio de las actuaciones administrativas primero y luego, el de estas actuaciones.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la sentencia, al condenar a los demandados a abonar al actor en el término de 10 días de quedar firme el importe equivalente al último modelo lanzado en Argentina por Samsung (equipo celular de igual gama y similares características que a la fecha de adquisición 2/11/2012, poseía el celular Samsung Galaxy S3), tiene en cuenta montos actualizados, el importe resultante devengará una tasa pura de interés del 6% anual desde el 23/10/2013 hasta el momento antes indicado (10 días de quedar firme la sentencia), y de allí en más, y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días (conf. SCBA causas C. 120.536, “Vera” del 18/4/18 y C. 121.134, “Nidera” del 3/5/18; causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. De 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI- 2016); esta Sala, causas n° 63.124, “Talamonti” del 4/9/18; n° 66.574, “Robles” del 13/7/2021, entre otras).
Por las razones expuestas, considero adecuado modificar los intereses dispuestos en la sentencia de grado respecto del rubro daño material, del modo indicado en el párrafo anterior.
El tercer agravio, se refiere al daño moral, acerca del cual, la recurrente entiende que el actor no probó la afectación a los sentimientos más profundos, habiéndosele concedido por tal concepto la suma de $ 80.000 de manera automática.
En materia de daño moral derivado del incumplimiento de un contrato, se ha dicho que más allá de resultar una cuestión atinente a la órbita contractual es dable reclamar los daños no patrimoniales siempre que se encuentren afectados los sentimientos y la moral del reclamante, toda vez que como es sabido el daño moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, etc., hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, causa nº 65.920, “Pereyra” del 10/11/20; y n° 66.742, “Izarra” del 08.06.21, entre muchas otras).
En numerosos precedentes de esta Sala se ha resuelto que “cuando se trata del daño moral contractual (art. 522 del C.C.), la reparabilidad debe consultar razones de equidad, en relación al incumplimiento, quedando diferida la condena al prudente arbitrio judicial, aunque no procede frente a cualquier molestia... y por tanto no cubre el riesgo propio del mundo de los negocios, para lo cual será importante determinar la naturaleza particular tanto del daño como de las personas que quedan vinculadas al mismo” (causas nº 52.599 “Tifner...” del 18.02.09.; nº 52.518 “Johnston...” del 26.03.09.; y n° 66.742, “Izarra” del 08.06.21, entre muchas otras).
Analizada la cuestión que aquí se presenta bajo los parámetros indicados en los párrafos anteriores, observamos que desde el primer ingreso del teléfono al servicio técnico ocurrido el 23/10/2013 las expectativas del actor (consumidor) generadas a partir de la adquisición de un teléfono celular de alta gama, se vieron frustradas por la conducta de la empresa fabricante que no dio respuesta satisfactoria al reclamo por mal funcionamiento; tanto que ante la negativa por parte de Samsung a efectuar la reparación –luego de varios e infructuosos ingresos al mencionado servicio técnico-, el Sr. Iglesias se vio en la obligación de continuar el reclamo por las vías administrativa y judicial (aún en trámite luego de 7 años y 7 meses), si quería obtener la reparación del perjuicio sufrido. Esta circunstancia que surge de las constancias de la causa, permiten tener por acreditada la lesión a las afecciones a la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, en suma, a los sentimientos personales del Sr. Iglesias.
Por lo tanto, propongo al acuerdo confirmar el aspecto de la sentencia referido al daño moral.
Finalmente, en el cuarto agravio, la recurrente cuestiona los daños punitivos por entender que no existe prueba de que haya incurrido en una conducta dolosa o abusiva que amerite la admisión de los mismos; resultándole además, desproporcionado el monto de condena en relación al pretendido en la demanda.
Para comenzar, en cuanto a la procedencia de este rubro, me permitiré transcribir el análisis efectuado por mi estimado colega Dr. Louge Emiliozzi en la causa n° 63.536, “Tagliani”, del 2/7/19, que considero adecuado para despejar toda duda a su respecto.
Allí se decía:
“… recordemos que el art. 52 bis de la ley 24240 dispone que “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.”
La doctrina más calificada ha dicho que en atención al carácter punitivo de la figura no basta el mero incumplimiento, sino que es necesario que se trate de una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, 2ª edición, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, pág. 563, citado por la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca en autos “C., M. C. c/ Banco de Galicia y Bs. As. S.A. s/ Nulidad de acto jurídico”, del 28.08.14.).
También es muy ilustrativo el desarrollo que se hizo sobre los presupuestos para la procedencia del daño punitivo en un precedente de la Sala II de esta Cámara, cuyos párrafos pertinentes me permitiré transcribir a continuación (causa n° 57494, “Rossi”, del 11.06.13., con primer voto del Dr. Galdós, citado por esta Sala en causa n° 59.268, “Zampieri”, del 22.12.14.).
Allí, mi ex colega de la Sala II decía:
“Dado que se cuestiona la procedencia del instituto cabe –brevemente- puntualizar que el daño punitivo previsto en el art. 52 bis de la L.D.C. (…) consiste en adicionar al dañador un "plus" de condenación pecuniaria sancionando su grave inconducta, lo que repercutirá con efectos ejemplificadores con relación a terceros” (“Daños punitivos. Diálogos de la Doctrina” Llamas Pombo, Eugenio - Mayo, Jorge A. - Galdós, Jorge: L.L. 2011-E, 1155; “Los daños punitivos. Su recepción en el Código Civil de 1998. Primeras aproximaciones”, RCyS, 1999-23 y “Daño moral colectivo. Daños punitivos y legitimación procesal activa”, Revista de Derecho de Daños n 6-Daño Moral, p. 133.). Señala Pizarro que los daños punitivos “son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro Ramón, “Derecho de Daños-Segunda Parte-Homenaje al Dr. Profesor Félix A. Trigo Represas”, pág. 291). Kemelmajer de Carlucci acota “que “los punitive damages” se conceden para sancionar al demandado (el sujeto dañador) por haber cometido un hecho particularmente grave y reprobable con el fin de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo” (Kemelmajer de Carlucci, Aída “¿Conviene la introducción de los llamados “daños punitivos” en el derecho Argentino?” Nº. 3). (…)”
“Pese a las críticas vertidas a la regulación del instituto que efectúa el art. 52 bis L.D.C., lo cierto es que esa norma es objeto de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales correctoras. La configuración de los daños punitivos requiere de dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.
El elemento subjetivo exige algo más que la culpa y debe concurrir una conducta deliberada, culpa grave o dolo, negligencia grosera, temeraria, actuación cercana a la malicia; es decir si se trata de "una subjetividad agravada en la conducta del sujeto pasivo (dolo o culpa grave)" y “proceden únicamente en casos de particular gravedad que trasunten menosprecio” por los derechos ajenos (conf. “Daños Punitivos. Prólogo de Doctrina” cit. L.L. 2011-E, 1155). “La condena por daños punitivos es procedente sólo ante la presencia de un hecho doloso o gravemente culpable” (López Herrera Edgardo “Los daños punitivos en el Derecho Argentino art. 52 bis. Ley de Defensa del Consumidor” Lexis N° 003/013877).
La jurisprudencia al interpretar el art. 52 bis de la ley 24240 siguió ese criterio de considerar insuficiente la culpa como factor de atribución subjetivo exigiéndose: “grosera indiferencia” (Cám. Civ. y Com. Salta Sala I, 13/4/11 “P., D.H. c/ Telecom Personal S.A.” con nota aprobatoria de Ondarcuhu, José “Los daños punitivos vienen marchando en la jurisprudencia nacional” L.L. 2011-C-123); haber “actuado con desdén” (Cám. Civ. Com. y Minería Gral. Roca, 26/03/10 “Ríos Juan Carlos c/ Lemano SRL”, RCyS 2010-225); mediar “abuso de posición de poder del proveedor que evidencia un menosprecio grave de derechos individuales y de incidencia colectiva” (C.C. Com. Mar del Plata Sala II, 27/5/09, “Machinandiarena Hernández c/ Telefónica de Argentina” cit. L.L. 2009-C- 647); “graves inconductas de los proveedores de bienes y servicios” (C.C.Com. Rosario Sala II, 29/07/10 “Rueda Daniela c/ Claro Amx Argentina S.A.”, LL 2010-F, 397); “una conducta particularmente grave” (Cám. Nac. Com., 26/04/11 “Fasan Alejandro c/ Volkswagen S.A., elDial.com-AG21ED); un “daño causado con malicia, mala fe, grosera negligencia” (Cám. Civ. de 1ª Nominación de Córdoba, 27/10/11 “Navarro c/ Gilpin”, cita online:
AR/JUR/69904/2011).
Se advierte claramente que la interpretación correctora del texto legal se inclina mayoritariamente por no aplicar la multa civil ante el mero incumplimiento (Rua María Isabel “El daño punitivo a la luz de los precedentes judiciales”, J.A. 09/11/2011 fasc. 6, pág. 10; citar Abeledo Perrot N°: 0003/015640).”
“Con relación al segundo requisito, el elemento objetivo, consiste –en lo conceptual- en una conducta que produzca un daño que supere un piso o umbral mínimo y que le confiera, por su trascendencia social, repercusión institucional o por su gravedad una apoyatura de ejemplaridad (conf. “Daños Punitivos. Diálogos de la Doctrina” cit. L.L 2011-
E, 1155).
La Suprema Corte de Buenos Aires la admitió cuando confirmó el “leading case” de la Cámara de Mar del Plata en la que se juzgó un supuesto de grave conculcación del trato digno del consumidor (Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 27/05/2009 cit. L.L. 2009-C-640). Sostuvo la Suprema Corte que “al examinar la admisibilidad de la multa civil puede repararse en la relación de consumo, puesto que de la comisión de un hecho ilícito –el acto discriminatoriopueden originarse diferentes consecuencias o efectos jurídicos, más aún cuando los reclamos no son incompatibles entre sí (doct. art. 499, 896, 1066 y concs. Cód. Civ.; arts. 1, 3, 8bis, 52 bis, ley 24.240)” (S.C.B.A. Ac. C109005, 06/11/12 “Marchinandiarena Hernández Nicolás c/ Telefónica de Argentina S.A.”, con nota de Carlos A, Ghersi “La importancia del daño punitivo y la reparación integral”, L.L.B.A. dic.2012 pág.1175).” Por su parte, en un trascendente fallo de la Excma. S.C.B.A. que reiteradamente he citado a lo largo de este voto (causa C. 119.562, “Castelli”, del 17.10.2018), también se vierten consideraciones muy precisas en torno a la procedencia de los daños punitivos, orientándose, claramente, hacia un criterio amplio.
En efecto, en el voto del Dr. de Lázzari se hace referencia a las pautas establecidas en el art. 52 bis de la ley 24.240 en estos términos: “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.
Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Valentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196).”…”
Aplicando estos principios al caso de autos, entiendo que la multa civil resulta procedente.
Arribo a esta conclusión pues, la conducta asumida por la demandada demuestra una subjetividad agravada proveniente del abuso de una posición de poder que se traduce en una grave conculcación al trato digno que debe darse al consumidor (art. 8 bis de le lay 24.240); con el consecuente menosprecio por los derechos ajenos y cuya gravedad social surge evidente pues el retardo en la solución del desperfecto del equipo persigue desalentar el reclamo judicial, o bien licuar el monto de la reparación del daño por el transcurso del tiempo; tal como se desprende de la posición argumentativa asumida por la codemandada a lo largo del proceso.
Llegados a este punto, queda por analizar el monto del rubro bajo análisis, donde la idea central gira en torno a las pautas que han de tenerse en cuenta para determinarlo.
Sobre dicho aspecto, esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones (causas n° 59.268, “Zampieri”, del 22/12/14; n° 63536 “Tagliani” del 2/7/19, entre muchas otras) donde se expusieron los argumentos y antecedentes a los que seguidamente haré referencia.
Allí se explicaba que, según lo dispone el art. 52 bis de la ley 24240, la multa debe graduarse considerando la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso con independencia de las otras indemnizaciones que correspondan, agregándose como pauta de interpretación por la doctrina la índole del hecho generador, proporcionalidad de la sanción con la gravedad de la falta, su repercusión social, peligro de la conducta del accionado en los términos del beneficio que obtiene, perjuicio que la infracción genera en el consumidor, grado de intencionalidad, gravedad de los riesgos o afectaciones sociales generados, existencia de reincidencia, etc. (Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier “Ley de Defensa del Consumidor”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 278 y sig.; citado por la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca en autos “C., M. C. c/ Banco de Galicia y Bs. As. S.A. s/ Nulidad de acto jurídico”, del 28.08.14.). En un párrafo del citado fallo de la Cámara Bahiense, también se dice que fijar el monto de los daños punitivos es una tarea delicada, siendo premisas ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que es una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de la falta; d) que no tiene relación directa y lineal con los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una función preventiva disuadiendo al infractor de reincidir en conductas análogas.
En la misma senda, en el voto del Dr. Pettigiani en causa C. 119.562, “Castelli”, del 17.10.2018, se vierten pautas muy precisas sobre la cuantificación de los daños punitivos, en los siguientes términos:
“Cierto es que los jueces deben ser en extremo prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo, en tanto la norma del art. 52 bis de la ley 24.240 (texto agregado por ley 26.361), que refiere a la gravedad del hecho y demás elementos de la causa, resulta vaga, laxa e imprecisa, ocasionando que su cuantificación quede librada al ámbito de apreciación judicial (bien que se impone reconocer que someter dicho cálculo a pautas o reglas fijas devendría asimismo impracticable).
Es menester entonces que la labor jurisdiccional de cuantificar la sanción civil prevista en la norma responda a pautas orientadoras y mecanismos que en todos los supuestos dejen translucir la valoración de las concretas circunstancias del caso, así como contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos y fines del instituto.”
“En tal entendimiento, por un lado, la valuación de la condenación punitiva puede considerar la índole y gravedad de la falta cometida por el agente dañador en su relación con los derechos conculcados y el perjuicio resultante de la infracción; así como la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización; la repercusión social de su inconducta o del daño ocasionado (carácter antisocial); la naturaleza y grado de desequilibrio de la relación entre el dañador y la víctima; la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación (pluralidad de víctimas); la cuantía del beneficio o ahorro procurado u obtenido por el agente dañoso con el ilícito (rédito); su situación o solvencia económica (carácter irrisorio); su posición en el mercado (hegemonía, estandarización); el número y nivel de empleados involucrados en la inconducta (atribución y fidelidad); la posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el peligro y evitar el daño (indiferencia, ligereza, imprevisión); el grado de su intencionalidad (negligencia o dolo); la existencia de antecedentes de sanciones similares impuestas al responsable del daño (reincidencia) o a similares proveedores de bienes o servicios; la posibilidad de reiteración de la conducta reprochada (o similares) si no mediara condena pecuniaria; la actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la pena (mitigación y no agravamiento del daño); la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas (en cuanto la sumatoria pueda conducir a una sanción excesiva o irrazonable); la existencia de precedentes judiciales (homogeneidad en los montos de condena); y las diversas funciones que el instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva de futuros daños, etc.; conf. XVII y XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 1999 y 2007 respectivamente; Proyecto de Código Civil y Comercial, 1998;
análogamente, art. 49, ley 24.240)”.
Es interesante advertir que en la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Bahía Blanca en ese mismo proceso, se afirmó como premisa inicial, que “El quid de la cuantificación del daño punitivo radica en una cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no sea inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas, postura que ha sido aprobada por unanimidad en el citado Tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores…”.
Analizando el caso que nos ocupa a la luz de las consideraciones referidas anteriormente, encuentro al menos tres pautas de relevancia determinante para la cuantificación del daño punitivo. La primera de ellas, se relaciona con la preponderante y por ende ventajosa posición de la compañía fabricante respecto del consumidor, fundamentalmente desde el punto de vista técnico y económico; la segunda, con la gravedad de la falta cometida por la demandada, pues el trato indigno que le brindó al consumidor en ocasión del reclamo por mal funcionamiento del teléfono celular, y la falta de respuesta adecuada y oportuna, lo obligó a accionar administrativa y judicialmente habiendo transcurrido 7 años y 7 meses desde el ingreso del equipo al servicio técnico; y la tercera, con la actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la pena (mitigación y no agravamiento del daño), en tanto, la empresa fabricante tuvo la etapa de mediación para mitigar el daño sin haberlo hecho.
Sin embargo, encuentro dos elementos que considero morigeradores de la sanción impuesta por el juez de la anterior instancia a Samsung Argentina S.A.. Uno de ellos, está dado por la baja proyección social que aparenta tener la conducta asumida por la empresa fabricante; y el otro, por la falta de prueba acerca de reclamos contra la misma de similares características al que aquí se presenta.
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta las condiciones económicas reinantes en el país al momento del dictado de la presente sentencia, considero justo reducir a la suma de $ 200.000 el monto fijado por el magistrado de la anterior instancia en concepto de daños punitivos por resultar una cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no es inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas, por lo que propongo su confirmación.
Así lo voto.
La Dra. Carrasco y el Dr. Louge Emiliozzi adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA SEGUNDA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. Comparato, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al
I. Modificar la sentencia de la anterior instancia en los siguientes términos: 1) haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Naldo Lombardi S.A.; 2) aplicar al importe resultante en concepto de daño emergente, una tasa pura de interés del 6% anual desde el 23/10/2013 hasta transcurridos 10 días de quedar firme la sentencia, y de allí en más, y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días; 3) reducir a la suma de $ 200.000 el monto fijado por el magistrado de la anterior instancia en concepto de daños punitivos; y confirmarla en los restantes aspectos que han sido materia de agravio.
II. Imponer las costas de primera instancia y las de Alzada a la parte actora respecto de la excepción de falta de legitimación activa que prospera (arts. 68 y 274 del CPCC); y distribuir las costas de Alzada en un 20% al actor y en el 80% restante a la demandada de acuerdo al resultado del recurso interpuesto por Samsung Argentina S.A. (art. 71 del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a esta instancia para la oportunidad prevista en el art. 31 de la Ley de Arancel 14.967.
Así lo voto.
La Dra. Carrasco y el Dr. Louge Emiliozzi adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC.; se Resuelve:
I. Modificar la sentencia de la anterior instancia en los siguientes términos: 1) haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Naldo Lombardi S.A.; 2) aplicar al importe resultante en concepto de daño emergente, una tasa pura de interés del 6% anual desde el 23/10/2013 hasta transcurridos 10 días de quedar firme la sentencia, y de allí en más, y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días; 3) reducir a la suma de $ 200.000 el monto fijado por el magistrado de la anterior instancia en concepto de daños punitivos, y confirmarla en los restantes aspectos que han sido materia de agravio.
II. Imponer las costas de primera instancia y las de Alzada a la parte actora respecto de la excepción de falta de legitimación activa que prospera (arts. 68 y 274 del CPCC); y distribuir las costas de Alzada en un 20% al actor y en el 80% restante a la demandada de acuerdo al resultado del recurso interpuesto por Samsung Argentina S.A. (art. 71 del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a esta instancia para la oportunidad prevista en el art. 31 de la Ley de Arancel 14.967. Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
MODIFICA
Fin de la sentencia