Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68.370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 5/11/2021, que hizo lugar a la demanda, con costas. Las costas de alzada se imponen a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en esta sede (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-68370-2021 "LORENZO MARTIN GABRIEL C/ TAPALQUEN CO S.A. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintitrés días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Lorenzo Martín Gabriel c/ Tapalquen CO S.A. s/ Cobro sumario sumas dinero” (causa n°68.370), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de fecha 5/11/2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Martín Gabriel Lorenzo, por apoderado, promovió demanda de cobro de pesos contra Tapalquen CO S.A., a quien le reclamó la suma de $ 3.273.478, con más intereses desde la mora -acaecida el día 16/7/2020- y hasta el efectivo pago, con imposición de costas (presentación electrónica del 24/9/2020).
Sostuvo el actor en su demanda que, en fechas 20/1/2018, 22/1/2018, 28/3/2018, 10/4/2018 y 28/5/2018, celebró con la demandada -representada por su apoderado- cinco contratos de capitalización de hacienda vacuna, denominados contratos de capitalización de invernada y adjuntados a estos actuados, por la cantidad de 100, 28, 70, 20 y 90 animales vacunos, respectivamente. Aquí es dable precisar que dichos contratos fueron suscriptos por el apoderado de la demandada: Adolfo Miguel Laborde. Surge de estos contratos que el aquí accionante -denominado “el capitalizador”- entregó a la sociedad demandada -denominada “el ganadero”- las referidas cantidades de terneros, indicándose el peso inicial promedio de los mismos; mientras que la empresa demandada recibió esos bovinos para invernada, en una fracción de campo con una superficie de 1784 has., cuyo uso y goce detentaba en su calidad de propietaria, ubicada en el paraje denominado Media Estación Pourtalé, Circ. IV del Partido de Olavarría, ubicada a 15 kms. de la ciudad de Olavarría (cláusula primera de los contratos).
Dijo el demandante que estos contratos tuvieron una duración de vigencia estimada de doce meses, pero sujeto a la obtención del peso proyectado para los bovinos, para lo cual podría extenderse el término contractual hasta un lapso máximo de seis meses desde su inicio (cláusula quinta de los contratos). Se acordó, asimismo, que los bovinos se pesarían en la báscula pública más próxima, antes de su ingreso al campo de “el ganadero”, y se los clasificará de acuerdo al peso total de cada lote que se tomará como peso inicial, a los efectos de comprobar el engorde obtenido al finiquito del contrato (cláusula segunda). Reviste relevancia lo estipulado en la cláusula tercera, donde se acordó que “el producto o ganancia de la capitalización consistirá en el aumento de peso de los bovinos, respecto al inicial consignado en cláusula SEGUNDA, distribuyéndose entre las partes en el o los actos de venta de ellos, en la proporción siguiente: a) 50% (cincuenta por ciento) del producto o kg. producidos se liquidarán al CAPITALIZADOR; b) 50% (cincuenta por ciento) al GANADERO”
(cláusula tercera de los contratos). Por lo demás, se estableció en la convención que “el peso, precio, momento, medio y lugar de la venta se decidirá por acuerdo unánime de las partes. Se evaluará un óptimo estado de la hacienda y los mercados” (cláusula cuarta de los contratos). Pues bien, sobre la base de los mencionados contratos de capitalización de invernada, aseveró el apoderado del actor -en su demandaque “a la venta de los trescientos ocho (308) animales entregados en capitalización, la sociedad demandada (“el ganadero”) debía pagar a mi mandante (“el capitalista”) el valor de la mitad de los kilos ganados. Efectuada la venta parcial de la hacienda en las condiciones pactadas (peso, precio, momento, medio y lugar), fue imposible para mi mandante cobrar de la sociedad los kilos de carne convenidos” (lo destacado me pertenece). Se prosiguió expresando en el escrito inicial de demanda que, luego de innumerables e infructuosos reclamos y conversaciones, con fecha 17 de octubre de 2019, se firmó con el apoderado de la demandada Adolfo Miguel Laborde, el reconocimiento por escrito de la deuda y su determinación exacta en la cantidad de pesos equivalente al valor de 32.734,78 kilos de hacienda vacuna -novillo liviano-, según precio promedio del Mercado de Liniers. En este instrumento -que también se acompañó con la demanda- se hizo constar lo siguiente: “Habiéndose vendido la totalidad de la hacienda correspondiente a los cinco contratos referidos y efectuados pagos parciales al capitalizador, las partes convienen en determinar el saldo adeudado por el ganadero en la cantidad de pesos equivalentes al valor de 32.734,78 kilos de hacienda bovina (precio promedio novillo categoría 390 a 430 kilos del Mercado de Liniers) al valor vigente a la fecha de su efectivo pago”.
Resta señalar que, con la demanda, también se acompañó copia de la escritura n° 1046, autorizada por el Escribano Alfredo Enrique Catanzaro con fecha 3/9/2010, mediante la cual se instrumentó el poder general amplio de administración y disposición otorgado por la aquí demandada Tapalquen CO S.A. a favor de Adolfo Miguel Laborde, siendo este último quien celebró, en representación de su poderdante, los contratos de capitalización de invernada que han dado origen al presente litigio. Y, finalmente, también se allegó con la demanda, un acta notarial de manifestación personal -formalizada con fecha 31/7/2020-, donde Adolfo Miguel Laborde ratificó los hechos relatados por Martín Gabriel Lorenzo en el referido escrito inicial del proceso.
II. Cuando compareció a las actuaciones la demandada Tapalquen Co S.A., formuló una cerrada negativa sobre todos los aspectos fácticos delineados por el actor, desconociendo la autenticidad y certeza de los cinco contratos de capitalización de hacienda y del reconocimiento de deuda suscripto por Adolfo Miguel Laborde, afirmando que estos instrumentos son inválidos, tanto en lo formal como en lo sustancial. En párrafos que resumen la postura de la demandada, expresó su letrado al contestar la demanda: “Pues bien, mi parte desconoce expresamente la validez de dichos contratos y la oponibilidad de los mismos a mi mandante. Es más, afirmo en representación de Tapalquen Co S.A. que esos contratos nunca existieron, que Tapalquen Co S.A. no tiene ni tenía en esa época campos en Pourtalé y en especial que nunca se produjo el ingreso de hacienda de Lorenzo, en campos explotados por mi mandante, ni mucho menos se produjo la capitalización de hacienda que se intenta fraguar con esos pretensos contratos.
Como surge de la simple vista de los pretensos contratos, los mismos carecen de firma certificada, es decir que carecen de certeza de fecha en los términos del art.317 del Código Civil. Con lo cual únicamente pueden resultar oponible y eficaz como prueba respecto de mi mandante a partir de su presentación a juicio, es decir desde el día 24 de setiembre de 2020. No antes”. Y agregó el letrado de la demandada que “lo mismo ocurre con relación al pretenso Reconocimiento de deuda fechado el día 17 de octubre de 2019, suscripto por Laborde (Prueba Documental 1.6). El mismo es inoponible a mi mandante, quien resulta un tercero a su respecto, por carecer el mismo de fecha cierta en los términos del art.317 del Código Civil y Comercial” (lo destacado es propio).
En lo que reviste relevancia a los fines de la cuestión debatida en autos, alegó la demandada una connivencia entre el aquí accionante Martín Gabriel Lorenzo y Adolfo Miguel Laborde, con el propósito de perjudicarla. Y así sostuvo que el accionante “creyó que con facilidad, poniéndose de acuerdo con un ex apoderado de mi mandante, y antedatando la fecha de unos cuantos contratos de capitalización más un reconocimiento de deuda podían lucrar con facilidad a expensas de la demandada”. En este sentido, Tapalquen Co S.A. le negó validez al poder general amplio de administración y disposición, que otorgó a favor de Adolfo Miguel Laborde con fecha 3/9/2010 -al que aludí en el último párrafo del apartado I-, y afirmó que dicho poder fue revocado en fecha 27/3/2020.
III. Transcurrido el período probatorio se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 5/11/2021, donde se hizo lugar a la demanda promovida por Martín Gabriel Lorenzo contra Tapalquen Co S.A., y, en consecuencia, se condenó a esta última a abonarle al actor la suma de $ 3.273.478, con más intereses a la tasa pasiva -plazo fijo digitaldesde la fecha de mora que se situó en el día de notificación de la demanda -1/2/2021-. Las costas del juicio se impusieron a la demandada vencida (art.68 del Cód. Proc.).
En la sentencia apelada se valoró la prueba allegada al proceso, consistente en la documental allegada con la demanda -referida en el apartado I de este voto-, en la pericia contable practicada por el Cdor. Victor Chiclana, y en los testimonios brindados por dos empleados de la demandada: Pascual Irineo Ojeda y José Andrés Ojeda. En este decisorio se realizaron diversas consideraciones sobre las conclusiones del perito contador, y sobre la obligación de llevar libros contables, extrayéndose presunciones desfavorables para la parte demandada; si bien, con posterioridad, se dictó la resolución aclaratoria de fecha 9/11/2021. Fue así que, sobre esta plataforma probatoria, concluyó la juzgadora en que corresponde hacer lugar a la demanda incoada.
IV. Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte demandada, quien expresó agravios en esta sede mediante la presentación electrónica de fecha 16/3/2022.
Los agravios de la demandada se sustentan, esencialmente, en las críticas dirigidas a la sentencia de grado en torno a la valoración de la prueba pericial contable. Así expresa la apelante que en la sentencia se aplicaron erróneamente los institutos del indicio y de la presunción (art.163 inc.5 del C.P.C.C.), “dando por sentada que mi parte no llevaba documentación contable en regla, cuando en verdad, como surge de la sentencia aclaratoria de fecha 9 de noviembre de 2021, resulta ser la parte actora quien ‘no lleva libros contables’, lo que determina que la mentada presunción aplicada por la sentencia en crisis, en contra de la postura de mi parte, debió aplicarse exactamente al revés, es decir en contra de la parte actora, es decir del Sr. Lorenzo”.
Sostuvo la apelante que, habiéndose negado la verosimilitud de los contratos de capitalización de hacienda, la fecha de los mismos y la real existencia de esas operaciones, era el Sr. Lorenzo quien - ineludiblemente- debía probar la existencia de las operaciones comerciales en cuestión. Así dijo que correspondía al actor la carga de acreditar que era propietario de la hacienda pretensamente capitalizada; que contaba con el RENSPA habilitado para operar en el Partido de Olavarría; que la supuesta hacienda fue transportada al campo de Tapalquen CO S.A., y, finalmente, que esta empresa le adeudara la cantidad de 32.734,78 kgs. de carne, como consecuencia de los contratos de capitalización aludidos. Y así expresó que ninguno de tales hechos ha sido acreditado a lo largo del proceso, circunstancia que ha sido soslayada en la sentencia apelada.
Asimismo, la recurrente reiteró lo que ya había sostenido al contestar la demanda, expresando que los contratos en cuestión carecen de eficacia probatoria, en la medida que al no tener certificada la firma de los otorgantes, no cuentan con fecha cierta en los términos del art.317 del C.C.C.N.; lo que recién se produjo cuando fueron presentados a juicio al iniciarse la demanda de autos -el día 24/7/2020-, o bien, cuando se liquidó y abonó el impuesto de sellos respecto de estos pretensos contratos -el día 24/7/2020-. Y sobre esta base argumentó que, en estas fechas, el Sr. Laborde ya no era apoderado de Tapalquen CO S.A., “ya que el mandato había sido revocado en fecha 27 de marzo de 2020, circunstancia expresamente reconocida por el propio Laborde”.
Habiendo contestado la parte actora el traslado de la expresión de agravios, se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
V. Adelanto opinión en el sentido de que propiciaré la confirmación de la sentencia apelada, pero sobre la base de otros fundamentos que serán explicitados en el decurso del presente voto.
1. Corresponde recordar, en el inicio, que los cinco contratos de capitalización de hacienda vacuna sobre los que se asienta la demanda de autos -denominados contratos de capitalización de invernada y analizados en el apartado I del presente voto-, fueron celebrados en fechas 20/1/2018, 22/1/2018, 28/3/2018, 10/4/2018 y 28/5/2018. Estos contratos se celebraron entre el actor Martín Gabriel Lorenzo -denominado capitalizador- y la sociedad aquí demandada Tapalquen CO S.A. - denominada ganadero-, representada en ese acto por su apoderado Adolfo Miguel Laborde, quien contaba con suficientes facultades a tal fin, conforme se acreditó con la Escritura n° 1046, autorizada por el Escribano Público Alfredo Enrique Catanzaro con fecha 3/9/2010, en la cual se instrumentó el pertinente poder general amplio de administración y disposición.
Aquí debo recalar en los términos de esta escritura de poder, para dejar perfectamente remarcado que el apoderado Adolfo Miguel Laborde contaba con facultades suficientes para la celebración de los cinco contratos de capitalización de invernada, sobre los que se asienta la pretensión del actor -los que, como se dijo, se concretaron en los días 20/1/2018, 22/1/2018, 28/3/2018, 10/4/2018 y 28/5/2018-, así como también, para la formalización del reconocimiento de deuda que se plasmó en el instrumento de fecha 17 de octubre de 2019. Y, ante todo, es preciso poner de resalto que el referido poder general amplio de administración y disposición otorgado por Tapalquen CO S.A. a favor de Adolfo Miguel Laborde, se encontraba plenamente vigente al momento de formalización de dichos actos jurídicos, puesto que, como se desprende de las propias manifestaciones de la parte demandada, el mismo recién fue revocado el día 27/3/20, o sea, mucho tiempo después de aquellos actos. En lo atinente a las facultades dadas al apoderado en la escritura de poder en examen, basta con efectuar un somero repaso de sus cláusulas, para concluir en que las mismas fueron por demás suficientes para habilitar a Adolfo Miguel Laborde, para la realización de los actos jurídicos que formalizó con el aquí accionante Martín Gabriel Lorenzo. Así se tiene que, en el mencionado poder general amplio de administración y disposición, se le confirieron facultades al apoderado para que, en nombre y representación de Tapalquen CO S.A., realice los siguientes actos: “ADMINISTRACIÓN: Para administrar todos los bienes actuales y futuros, hacer y pagar los gastos de la administración; cobrar cuentas y alquileres; contratar locaciones de servicios y seguros…aprobar, impugnar, hacer pagos, cobrar, percibir, renunciar, ceder, formular protestos y protestas, conferir poderes, revocar y sustituir los mismos y ejecutar todo derecho en beneficio de la otorgante…ACTOS JURÍDICOS: podrá modificar, reconocer, rectificar, rescindir, confirmar, renovar, crear o extinguir actos jurídicos o contratos, aún siendo anteriores al mandato. ESCRITURAS: podrá otorgar y firmar todas las escrituras públicas o documentos privados necesarios para el cumplimiento de este mandato, en las condiciones, formas, plazos y modos inherentes a cada uno de ellos y que estime convenientes…ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN DE BIENES:
para que compre, venda o permute, o de cualquier otro modo enajene o transmita a título oneroso o gratuito toda clase de bienes muebles inmuebles o semovientes, ya sea al contado o a plazo, por los precios y demás condiciones que se estipule, abonando o percibiendo sus importes y dando o exigiendo los recibos, cartas de pago y las garantías reales o personales que fueren menester. Para que dé o tome posesión…” (lo destacado en negrita me pertenece; aclaro que me he limitado a transcribir las partes del poder que son de mayor interés para la cuestión litigiosa debatida en autos).
2. Con la transcripción precedente es posible advertir que el apoderado Adolfo Miguel Laborde contaba con amplias facultades para formalizar los contratos de capitalización de hacienda vacuna y el reconocimiento de deuda sobre los que se basa la pretensión del actor, cuyos términos y condiciones he detallado en el apartado I del presente voto, al cual me remito para evitar reiteraciones innecesarias. Y en este punto de mi desarrollo argumental, corresponde desestimar las alegaciones sobre las que se estructura la postura defensiva de la parte demandada, las cuales no se adecuan a las normas legales aplicables.
No pueden compartirse -en modo alguno- las aserciones de la demandada, cuando desconoce la autenticidad y certeza de los cinco contratos de capitalización de hacienda, afirmando que estos instrumentos son inválidos, tanto en lo formal como en lo sustancial. La accionada desconoce la validez de dichos contratos y la oponibilidad de los mismos a su parte, afirmando que los mismos nunca existieron, que no tenía ni tiene campos en Pourtalé, y, en especial, que nunca se produjo el ingreso de hacienda del actor en campos explotados por ella. Sin embargo, de la misma literalidad de los instrumentos en cuestión se desprende la sinrazón de los dichos de la accionada, bastando con los mismos para asegurar el éxito de la demanda incoada por Martín Gabriel Lorenzo, ante la carencia de otros elementos probatorios que evidencien una trama fáctica diferente (arts.1061, 1162, 1163, 1164 y ccs. del C.C.C.N.; arts.163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Se trata de alegaciones desprovistas de toda sustancia fáctica y normativa, al ignorar que el apoderado contaba con facultades suficientes para formalizar los mencionados contratos de capitalización de invernada, y que los instrumentos donde los mismos se plasmaron, reúnen todos los requisitos exigidos por las normas legales que rigen esta materia. En efecto, en dichos contratos se detallaron los diferentes aspectos de la contratación, entre los cuales pueden indicarse los siguientes: cantidad y características de los terneros dados en capitalización (cláusula primera); clasificación que se haría para obtener el peso inicial de cada lote, a los fines de comprobar el engorde obtenido al finiquito de los contratos (cláusula segunda); forma en que se distribuiría entre las partes, luego de la venta de los animales, el producto o ganancia de la capitalización, consistente en el aumento de peso de los bovinos (cláusula tercera); forma en que las partes decidirían por acuerdo unánime, el peso, precio, momento, medio y lugar de la venta, evaluando el óptimo estado de la hacienda y de los mercados (cláusula cuarta); plazo de vigencia de la relación contractual (cláusula quinta); forma en que las partes soportarían los diferentes gastos derivados de la operatoria comercial (cláusula décima).
Y para completar este cuadro probatorio, se agregó a la causa otro instrumento que resulta decisivo a los fines de reflejar la efectiva concreción de la capitalización de hacienda, puesto que el apoderado de la demandada -Adolfo Miguel Laborde-, en ejercicio de las facultades expresamente consignadas en el poder, extendió el reconocimiento de deuda de fecha 17/10/2019, el cual expresa en forma textual: “Habiéndose vendido la totalidad de la hacienda correspondiente a los cinco contratos referidos y efectuado pagos parciales al capitalizador, las partes convienen en determinar el saldo adeudado por el ganadero en la cantidad de pesos equivalentes al valor de 32.734,78 kilos de hacienda bovina (precio promedio novillo categoría 390 a 430 kilos del Mercado de Liniers) al valor vigente a la fecha de su efectivo pago”. Este instrumento donde se plasma el reconocimiento de deuda del apoderado de la demandada -acto para el cual estaba expresamente facultado-, reviste especial trascendencia porque da cuenta de la efectiva realización de la capitalización de invernada, de la venta de la hacienda objeto de los respectivos contratos, de la realización de pagos parciales al capitalizador, y, esencialmente, de la determinación del saldo adeudado al aquí accionante. Por lo demás, este instrumento se complementa con el acta de manifestación personal otorgada por Adolfo Miguel Laborde, mediante escritura n° 47 del 31/7/2020, donde esta persona -que ya había cesado en su rol de representante de la demandada-, dejó constancia del incumplimiento parcial en que había incurrido Tapalquen CO S.A., lo que generó un crédito a favor de Lorenzo, equivalente al indicado valor de 32.734,78 kilos de hacienda bovina, que fue cuantificado en la suma de $ 3.273.478.
3. Las categóricas conclusiones que emanan de la prueba instrumental analizada precedentemente, permiten desestimar las dogmáticas alegaciones de la accionada, quien sostuvo, sin sustento alguno, que nunca existieron los contratos de capitalización de hacienda y que nunca ingresó hacienda del actor a campos explotados por ella.
Lo que la parte demandada olvida es que los actos cumplidos por el apoderado Adolfo Miguel Laborde, durante la vigencia de la representación, producen efectos directos hacia ella, en virtud de lo dispuesto en el art.359 del C.C.C.N., que establece: “Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado”. Analizando este instituto expresa Lorenzetti: “La representación de fuente voluntaria, es una declaración unilateral de voluntad, emitida por el representado, dirigida a los terceros, y mediante la cual se da, normalmente, un poder al representante para que obre por cuenta y orden de aquél.
De este modo, los efectos de los vínculos jurídicos que celebre el representante con los terceros obligan directamente al representado. La eficacia directa es entonces el efecto jurídico principal que produce la representación” (Tratado de los contratos, Parte especial, tomo II, Santa Fe, 2021, pág.12; el destacado es propio). Y más adelante refiere el autor al citado art.359, al expresar: “Lo esencial al fenómeno representativo es que alguien actúe a nombre de otro, y que de ello se deriven efectos sobre el patrimonio del representado. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado, y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado (art.359, CCyC).
Para que esta actuación produzca tales efectos, será necesario que exista un poder o bien que sea ratificada (arts.359 y 369, CCyC)” (ob. cit. pág.46; lo destacado en negrita me pertenece; sobre esta temática, ver también Tobías, en Código Civil y Comercial Comentado Tratado Exegético, Alterini, Director general, 3ª edición, Bs.As. 2019, tomo II, págs.1028 y 1029). En el caso de autos, no pueden quedar dudas de que la demandada ha quedado obligada por los actos realizados por su apoderado Adolfo Miguel Laborde, porque los mismos estuvieron dentro de los límites del poder amplio de administración que he examinado en el punto 1 de este apartado V. Y, en lo que reviste especial trascendencia, dicho poder se encontraba plenamente vigente cuando se formalizaron los contratos de capitalización de hacienda (enero a mayo de 2018) y el reconocimiento de deuda (17/10/2019), dado que la revocación de ese poder recién se produjo el día 27/3/2020, conforme surge de las propias manifestaciones de la parte demandada (arts.359, 360, 366, 375 y ccs. del C.C.C.N.).
4. En este punto es menester refutar otra de las alegaciones de la demandada, cuando cuestiona los contratos de capitalización de hacienda y el reconocimiento de deuda, por carecer de firma certificada y de certeza de fecha en los términos del art.317 del Código Civil. Sobre esta base alega la inoponibilidad a su parte de estos instrumentos (ver reseña del apartado II de este voto).
Este planteo de la demandada parte de una base errónea, ya que al desconocer el efecto directo que sobre ella tiene la actuación cumplida por su apoderado dentro de los límites del poder -cuestión analizada en el anterior punto 3-, pretende colocarse en el carácter de tercero con relación a los actos jurídicos cumplimentados entre Martín Gabriel Lorenzo y Adolfo Miguel Laborde. Esta postura defensiva es claramente errónea, porque Tapalquen Co S.A. no puede ser calificada como un tercero en esos actos jurídicos, sino que ha sido parte de los mismos, al haber quedado obligada por los vínculos jurídicos concertados por su apoderado, que recayeron directamente sobre su patrimonio (art.359 y 366 del C.C.C.N., y doctrina precedentemente mencionada). Así lo destaca Tobías, al expresar: “El negocio jurídico tiene como parte al representado y no al representante; la declaración de voluntad es suya in toto” (ob. cit. pág.1029; ver también Reyna, en Tratado de Derecho Civil Parte General, Saux director, Santa Fe 2018, Tomo III, pág.524).
Y, como es sabido, el requisito de la fecha cierta opera únicamente en cuanto a la oponibilidad frente a terceros de los instrumentos privados, por lo que no es aplicable con relación a la demandada, quien -como se dijo- ha sido parte de los actos jurídicos en cuestión. Así expresa el art.317 del C.C.C.N., que: “La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta”. Resulta esclarecedora la doctrina elaborada en torno a esta cuestión, habiéndose señalado al respecto: “Fecha cierta es aquella que otorga certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado al momento de su producción, o no pudo ser firmado después de su acaecimiento. Su importancia radica en que de la fecha del instrumento pueden depender derechos de terceros, por lo que frente a éstos no vale necesariamente la fecha que exhibe el documento sino la que la ley considera como ‘fecha cierta’. La ausencia de fecha cierta no obsta a la plena validez del instrumento privado, pero su contenido no será oponible frente a terceros…De modo que los instrumentos privados que carecen de fecha cierta resultan inoponibles frente a terceros. Esa inoponibilidad puede ser invocada por terceros ajenos al instrumento y sólo puede alegarse por vía de excepción y en la oportunidad que alguna de las partes, o ambas, pretendan oponer el contenido del instrumento privado al tercero excepcionante” (Rivera y Crovi, en Derecho Civil Parte General, Rivera-Medina Directores, Bs.As. 2017, pág.760; lo destacado es propio).
5. Vinculado con la cuestión de la fecha cierta examinada en el punto anterior, sostuvo la sociedad accionada en su escrito de contestación de demanda (apartado IV), que hubo una clara connivencia entre el actor y su representante Adolfo Miguel Laborde, quienes habrían antedatado la fecha de firma de los contratos, con el propósito de perjudicarla. Y así agregó el letrado de la demandada que los contratos de capitalización “se están usando para agredir en forma indebida el patrimonio de mi representada”.
Quiere ello decir que en su escrito de responde, no se limitó la accionada a negar los hechos invocados en la demanda, sino que incorporó al proceso nuevos datos como motivo de debate, al haber alegado una verdadera maniobra dolosa de su apoderado, en connivencia con el actor, con la finalidad de agredirle su patrimonio a través de la promoción de la presente acción. Pero la demandada no ha allegado ninguna clase de prueba relativa a estos extremos fácticos, a través de los cuales pretendió enervar la pretensión del accionante, por lo que este planteo carece de respaldo probatorio y, en consecuencia, debe ser desestimado (arts.375 y 384 y ccs. del Código Procesal).
En este orden de ideas, ha puntualizado esta Sala que “la carga de la prueba sobre la referida alegación introducida en la contestación de demanda, pesaba sobre la accionada. Así ha analizado este Tribunal los supuestos en que la oposición del demandado no sólo se ha centrado en la negación de los hechos invocados en la demanda, sino que en la misma se han introducido, frente a las afirmaciones del actor, circunstancias impeditivas tendientes a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por dichas afirmaciones. Y al respecto resolvió este Tribunal que “es consecuencia fundamental de este tipo de oposiciones, la que incumbe al demandado la carga de la prueba respecto de esos nuevos datos que incorpora al proceso como motivo de debate (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.480; Carlo Carli, Extensión y alcance de la negativa genérica de los hechos constitutivos en la litis contestatio, L.L. 1984-C-816; Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales, tomo V-A, págs.26, 27 y 28; esta Sala, causa n° 55.147, “Metalúrgica Gobel S.A.”, sentencia del 27/9/11). En un mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que "la carga de la prueba no atiende tanto al carácter de actor o de demandado sino a la naturaleza de los hechos según sea la función que desempeñan respecto de la pretensión, de manera que mientras el actor debe probar el acto constitutivo de su derecho, el demandado debe probar los hechos contrapuestos que le son favorables por ser impeditivos o extintivos" (S.C.B.A., Ac. 47.610 del 27-12-91, Ac. 48.852 del 10-8-93, Ac.52.441 del 4-4-95, Ac.76.760 del 2-10-02, Ac. 87.123 del 3-8-05, L. 97.385 del 4-11-09, C 92790 del 18-5-11; en un mismo sentido, esta Sala, causa n° 54.800, "Seillant", sentencia del 14-7-11, voto del Dr. Galdós; causa n° 55.147, del 27/9/11, "Metalúrgica Gobel S.A."; causa n° 55.543, “Kleidernigg de Bilotto Genni c/Estrabeau Gustavo s/Cobro de pesos”, sentencia del 8/11/2011; causa n° 68.045, “Ciccimarra”, sentencia del 10/5/2022).
6. También resulta inaudible otra alegación volcada por la accionada en su contestación de demanda, cuando cuestiona el poder general amplio de administración y disposición que ella misma otorgó a favor de su apoderado Adolfo Miguel Laborde -analizado en el punto 1 de este apartado V-, expresando que el mismo contenía facultades que no pueden darse porque estarían en pugna con lo dispuesto en el art.375 del C.C.C.N. Dice la demandada que dicha norma veda la posibilidad de que el apoderado que cuenta con un poder conferido en términos generales, otorgue contratos donde se dispone de bienes inmuebles, y así manifiesta que éste “sería el caso de un contrato de capitalización de hacienda, donde se dispone del predio en favor del Aparcero Dador o capitalizador”. Esta aserción de la parte accionada debe ser desestimada en forma categórica, ya que los actos celebrados por su apoderado no implicaron -en modo alguno- una disposición de bienes inmuebles, sino que, muy por el contrario, consistieron en actos propios de la administración ordinaria de Tapalquen CO S.A., que encuadran en el primer párrafo del citado art.375 del C.C.C.N.
Y lo antedicho se ve reforzado con la constancia de inscripción de AFIP de esta sociedad anónima -que se allegó al proceso-, donde se observa que una de sus actividades registradas consiste en la “cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche”. Precisamente, el contrato de capitalización de hacienda encuadra claramente en la “cría de ganado bovino”, habiendo sido definido por un autor como “la convención en virtud de la cual, una parte denominada capitalista o hacendado se obliga a entregar un conjunto de animales a la otra parte denominada empresa agropecuaria a fin de que ésta provea los medios necesarios y útiles para obtener el desarrollo, engorde, reproducción, y/o aprovechamiento del ganado, y repartirse en común los frutos y utilidades resultantes en la proporción convenida” (conf. Adrogué, citado por Viale, Los contratos agrarios (como parte integrante del Derecho Privado Argentino), Bs.As. 1996, pág.317; ver también sobre esta temática, Facciano, Contratos Agrarios, Rosario, Santa Fe, 2006, págs.215 y sgtes.). Cabe rebatir, por último, la invocación que hace la demandada del inciso f) del citado art.375 del C.C.C.N., que requiere facultades expresas para “crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad”. Pues bien, en el caso de autos se está ante la formalización de contratos por parte del apoderado, para lo cual contaba con amplias facultades emanadas del poder amplio de administración y disposición que se le confirió; por lo que de ningún modo puede hablarse de una declaración unilateral de voluntad, ya que ésta es una fuente distinta de las obligaciones, regulada en los arts.1800 y sgtes. del C.C.C.N. En cuanto al reconocimiento de deuda, más allá de la facultad contenida en el poder de reconocer actos jurídicos o contratos -ver punto 1 del apartado V-, el mismo debe interpretarse como un acto necesario para la ejecución de los actos propios de administración ordinaria que realizó el apoderado (citado art.375, primer párrafo, del C.C.C.N.).
7. Resta abordar ahora, el aspecto que más ha desarrollado la demandada en su expresión de agravios, al criticar las conclusiones de la sentencia apelada en torno a la valoración de la prueba pericial contable practicada en el curso del presente proceso. Así asevera que el razonamiento de la juzgadora es erróneo, al concluir en que su parte no llevaba su documentación contable en regla, cuando de la resolución aclaratoria de fecha 9/11/2021, surge que era la parte actora quien “no lleva libros contables”. Y así señala la apelante que “la mentada presunción, aplicada por la sentencia en crisis, en contra de la postura de mi parte, debió aplicarse exactamente al revés, es decir en contra de la parte actora, es decir del Sr. Lorenzo” (ver apartado II A) del escrito recursivo de la demandada).
Ahora bien, más allá de las motivaciones de la sentencia apelada acerca de esta pericia contable, y de las críticas que la apelante le dirige al pronunciamiento de grado, lo cierto es que el dictamen pericial del Contador Público Victor Chiclama, ha dejado establecidas las siguientes conclusiones: a) Con relación al accionante Martín Gabriel Lorenzo, expresa el perito que “no lleva libros contables de forma legal. Lleva anotaciones de operaciones de compra-venta de manera informal”. Y seguidamente, puntualiza el experto que de la contabilidad informal que lleva el actor, surgen los cinco contratos de capitalización de invernada que celebró con Tapalquen CO S.A., representada por Adolfo Miguel Laborde, tras lo cual detalló las características principales de cada uno de ellos. b) Con relación a la demandada Tapalquen CO S.A., dijo el contador que esta sociedad “lleva sus libros contables en regla”, enumerando a los siguientes que tuvo a la vista: Registro de acciones y accionistas (rubricado), Depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas (rubricado), Libros de actas de asamblea y directorio (rubricados), y libros de IVA compra e IVA ventas correspondientes al año 2018.
Se desprende de lo antedicho que, más allá de la genérica expresión del perito de que la demandada “lleva sus libros contables en regla”, lo cierto es que su contabilidad -en lo que interesa al caso de autosse muestra bastante carente, puesto que no ha exhibido ninguno de los registros indispensables exigidos por la ley (art.322 del C.C.C.N.), especialmente el libro diario, en el que “se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio” (art.327 del mismo código). O sea que, dejando de lado los libros mencionados por el experto que hacen a la vida interna de la sociedad -que no interesan para este juicio-, la demandada sólo ha exhibido los libros de IVA compra e IVA ventas, cuya eficacia probatoria no puede asimilarse -de ningún modo- a la que presentan los libros que son reputados indispensables por la ley (arts.322. 323, 324, 325, 326 y 327 del C.C.C.N.).
Aquí debo traer a colación un fallo de esta Sala, donde se expresó: “En comentario al derogado Código de Comercio se precisaba en doctrina, con mención de un precedente de este tribunal, que “algunos tribunales propugnan una tesis más flexible y reconocen un valor corroborante a las constancias de los libros de IVA, en la medida que aparezcan elementos de juicio que apoyen sus registraciones” (esta Sala, sentencia del 6-9-99, “Sucar SRL c/Boragini Oscar J.”, J.A. 2000-I-318; Anastasio Julián Esteban, La eficacia probatoria del libro IVA, E.D. 167-286; citados por Rouillón-Alonso, ob. cit. pág.102). En posteriores pronunciamientos de este tribunal se sostuvo que el libro correspondiente al valor agregado (IVA), en determinados casos presenta valor coadyuvante o corroborante, cuando se lo integra con otros medios probatorios. Pero debe partirse de la base de que este libro responde a exigencias fiscales, y no alcanza el mismo rango probatorio que ostentan los libros exigidos por el Código de Comercio (arts.43, 44, 63 y ccs. de ese cuerpo legal; esta Sala, causa n° 45.793, “Taverna Hnos.”, sentencia del 21 de agosto de 2003, causa n° 46.496, “Blanco”, sentencia del 10 de junio de 2004, causa n° 63.275, “Radiodifusora Tandil SRL”, sentencia del 28/2/2019). Y en esa misma causa n° 63.275, se continuó puntualizando:
“Ya en comentario doctrinario al vigente Código Civil y Comercial de la Nación, se afirma –con cita de numerosa jurisprudencia- que: “Atento sus fines impositivos, el libro IVA (ventas/compras) no tiene la eficacia probatoria referida por el artículo 330, por no ser jurídicamente un libro integrante de la contabilidad en los términos de los artículos 321, 322 y concordantes, y no reflejar un cuadro verídico de los negocios. Además, el libro IVA no puede ser considerado como adecuada suplencia de los indispensables que requiere el artículo 322. Empero, como lo ha destacado la jurisprudencia, si bien por sí mismo el libro IVA no puede tener el valor probatorio asignado en el artículo 330, sus registros pueden servir, no obstante, para corroborar otras pruebas que se hubiesen rendido. Dicho con otras palabras, no puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoria cuando menos indiciaria, cuando lo que resulta de él cuenta con el correlato coadyuvante de otros medios probatorios y, particularmente, cuando sus registraciones no se encuentran contradichas por los libros de la adversaria. Caso contrario, si los libros o registros de la contraria llevados en legal forma contradicen lo que resulta del libro IVA, corresponderá estar a aquéllos primeros” (conf. Heredia, ob. cit. págs.327 y 328, lo destacado me pertenece).
Pero aún resta decir algo más sobre la prueba de libros contables, puesto que el perito contador, al examinar la documentación de Tapalquen CO S.A., señaló que “Del libro IVA ventas y libro IVA compras analizado por este perito no surgen operaciones registradas a nombre de Martín Gabriel Lorenzo”. Esto sólo está indicando una ausencia de registración de las operaciones invocadas por el actor -que obran registradas en su contabilidad informal-, por lo que de ningún modo importan asientos en contrario en los términos del art.330, quinto párrafo, del C.C.C.N. En la mencionada causa n° 63.275 de este Tribunal, se hizo constar que “el hecho de que una determinada operación no aparezca registrada no implica que exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se trata de una ‘ausencia de asiento’ que nunca puede llegar a identificarse con un asiento ‘contrario’; en este sentido ha sido dicho que la ‘falta de asiento’ no es propiamente un ‘asiento’, debiendo por ende aplicarse los principios generales (conf. Heredia, ob. cit. pág.323)” (esta Sala, citada causa n° 63.275, “Radiodifusora Tandil SRL”, sentencia del 28/2/2019).
Esta es, a mi juicio, la correcta valoración que debe hacerse de la prueba pericial contable practicada en autos, por lo que también desde este ángulo se muestra inviable el planteo revisionista de la demandada apelante (arts.375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
VI. En suma, habiendo quedado suficientemente rebatidos los agravios de la demandada, por los fundamentos expuestos en este decisorio, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 5/11/2021, que hizo lugar a la demanda, con costas.
Las costas de alzada también deben imponerse a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en esta sede (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, por los fundamentos expuestos en este decisorio, se resuelve confirmar la sentencia apelada de fecha 5/11/2021, que hizo lugar a la demanda, con costas. Las costas de alzada se imponen a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en esta sede (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 23 de Agosto de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 5/11/2021, que hizo lugar a la demanda, con costas. Las costas de alzada se imponen a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en esta sede (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia