Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68.763
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 9/11/2021, en todo lo que se resolvió y ha sido materia de agravios;
2Con costas de alzada al apelante que ha resultado vencido en el trámite recursivo (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); y 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-68763-2022 "FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726 C/VIVARELLI, EDBERTO FEDERICO Y OTRO S/EJECUCION HIPOTECARIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veinte días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintidós, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/20) los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 Y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados “Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726 c/ Vivarelli, Edberto Federico y Otro s/ Ejecución Hipotecaria” (causa nro. 68.763), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art.168 de la Constitución Provincial; y arts.263 y 266 del CPCC), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes – Dra.Longobardi Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 09.11.21?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr.Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726, en su carácter de cesionario, conforme a la cesión de crédito con garantía hipotecaria que realizó a su favor el Banco de la Provincia de Buenos Aires, promovió ejecución hipotecaria contra Edberto Federico Vivarelli y Rosa Gregoria Cataldi de Vivarelli, sobre la base de la escritura de hipoteca n° 465, que se otorgó con fecha 21/11/1996, ante el registro del Escribano Roberto Edgardo Moro. La ejecución hipotecaria se promovió por la suma de $ 55.000, con más la actualización prevista por aplicación de las leyes de pesificación (ley 25.561 y decreto 214/02), intereses que por derecho correspondan hasta el día de su efectivo pago, y costas (ver escrito de demanda de fecha 8/5/2020). Se señaló en la demanda que, según surge de dicha escritura hipotecaria n°465 de fecha 21/11/1996, el Banco de la Provincia de Buenos Aires acordó la reprogramación de pagos de la deuda consolidada, solicitada por los aquí demandados Edberto Federico Vivarelli y Rosa Gregoria Cataldi de Vivarelli, por la suma total de u$s 55.000, y con garantía hipotecaria. Se dijo también que la suma reprogramada iba a ser devuelta por los aquí accionados en el plazo de diez años, a partir del mes de marzo de 1998, mediante el pago de nueve cuotas de capital, venciendo la primera de ellas el día 1/3/1998, y las restantes el mismo día de los años siguientes consecutivos. Se puntualizó que el acuerdo de pago devengaría un interés compensatorio aplicado sobre el saldo adeudado del 9,50% anual fijo, estipulándose que “este interés debía pagarse en forma semestral venciendo el primer servicio el 2 de septiembre de 1996 y los restantes el mismo día de los semestres siguientes consecutivos”. Se precisó que la mora operaría de pleno derecho sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna, quedando habilitado el Banco para dar por decaídos los plazos y exigir el pago de la totalidad de las sumas adeudadas por todo concepto, previéndose un recargo en concepto de intereses punitorios según el porcentaje que el Banco tenga establecido o que el BCRA determine con carácter general.
También se hizo constar en el escrito inicial de este proceso de ejecución que, en garantía de dicha obligación, Federico Augusto Vivarelli afectó con derecho real de hipoteca, en primer grado de privilegio en favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires y por la suma de u$s 55.000, una fracción de terreno ubicada en la localidad de 16 de Julio del Partido de Azul, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, sección C, Manzana 1, Parcela 2-a, Matrículas n° 1074/87 del Partido de Azul. Y se continuó afirmando que “los deudores no cumplieron con las obligaciones asumidas, luego de intensas gestiones tendientes a la regularización de la deuda llevadas a cabo primero por el Banco y luego por esta parte en carácter de cesionario del crédito. El 19 de abril de 2007 y luego en el 2010 el demandado hizo sendas propuestas para reconducir la deuda, las que no fueron viables y por lo tanto no prosperaron. De acuerdo a dicha documentación la parte demandada ha reconocido la existencia de la deuda”.
En la demanda se hizo referencia al reconocimiento de deuda efectuado por los demandados, a través de la formulación de sendas propuestas de refinanciación. Y en respaldo de esta afirmación, se acompañaron dos notas que contienen propuestas de pago presentadas al Fideicomiso de Recuperación Crediticia, por el demandado Edberto Federico Vivarelli: la primera de ellas, consiste en una nota de fecha 19/4/2007, donde se alude a dos adelantos de dinero de $ 27.000 y $ 26.000, más un saldo restante en efectivo, en 20 cuotas semestrales, con los intereses correspondientes; y la segunda de esas propuestas de pago, consiste en una nota presentada con sello fechador del día 21/12/2009, donde se planteó el pago en bonos del 50% en el mes de febrero de 2010, y del 50% restante en el mes de junio de 2010 (ver esta documentación adjuntada al escrito de demanda).
En este orden de ideas, sostuvo la parte actora que “la deuda que se reclama no se encuentra prescripta sino que, por el contrario, el reconocimiento de la misma que efectuó el deudor interrumpe el plazo de prescripción y por tal motivo este instituto no podrá ser opuesto como excepción, para que el reclamo que mi mandante efectúa sea desestimado”. De esta manera, con invocación del art.2545 del C.C.C.N., aseveró la parte ejecutante que “el reconocimiento de deuda será el punto de partida de una nueva prescripción” (ver el escrito de demanda presentado el día 8/5/2020).
Asimismo, en un escrito posterior de fecha 18/5/2020, la parte accionante amplió su demanda contra el garante hipotecario Federico Augusto Vivarelli.
II. Cuando comparecieron al proceso los ejecutados Edberto Federico Vivarelli y Rosa Gregoria Cataldi, contestaron la demanda y opusieron excepción de prescripción. Con cita del art.2537 del C.C.C.N., sostuvieron que, en el caso del crédito de autos, por encontrarse en curso el plazo establecido en el Código Civil al momento de entrar en vigencia el nuevo código, corresponde aplicar el plazo decenal previsto en el art.4023 del código derogado. Y dijeron que, aún admitiendo hipotéticamente que el reconocimiento de deuda se hubiera presentado al acreedor el día 21 de diciembre de 2009, la acción ejercida en este juicio habría prescripto el día 21 de diciembre de 2019 (ver escrito del 24/8/2020).
A su vez, cuando la parte actora contestó el traslado de la excepción de prescripción, procurando mantener vivo su derecho, acompañó nueva documentación y recaló en la nota que, con fecha 23 de septiembre de 2010, le presentó en su mesa de entradas, el estudio que se encontraba a cargo de la gestión de la deuda aquí reclamada. Dijo que, en esa nota, el Estudio Corach & Asociados le acompañó índice de titularidad del Sr. Vivarelli, siendo éste un elemento necesario para determinar la capacidad económica del deudor y, en consecuencia, analizar la procedencia de la propuesta de pago realizada. Afirmó que todas estas gestiones estaban en conocimiento del deudor, quien era el principal interesado en lograr la aprobación de su propuesta y la consiguiente regularización de su deuda (ver escrito del 7/9/2020).
III. Posteriormente, compareció a los autos Edberto Federico Vivarelli, en su condición de heredero de Federico Augusto Vivarelli, respecto a quien se había ampliado la demanda, citándoselo a juicio, tal como lo puntualicé en el último párrafo del apartado I de este voto. El heredero del citado opuso excepción de inhabilidad de título, por considerar que su causante Federico Augusto Vivarelli no revestía la condición de deudor, ya que sólo era hipotecante no deudor; y, además, por entender que, al momento de promoverse la presente ejecución, ya se había extinguido el derecho real de hipoteca por haber transcurrido el plazo fijado en el art.3197 del Código Civil. Seguidamente, opuso excepción de prescripción, al sostener que el reconocimiento de deuda esgrimido en la demanda, no tiene efecto interruptivo de la prescripción con relación a su padre Federico Augusto Vivarelli (ver escrito del 5/8/2021). Esta presentación fue contestada por la parte actora, por conducto del escrito fechado el día 18/8/2021.
IV. De esta manera se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 9/11/2021 -que ha llegado apelada a esta alzada- , en la cual se hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el heredero de Federico Augusto Vivarelli; se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Edberto Federico Vivarelli y Rosa Gregoria Cataldi; se rechazó la demanda interpuesta por el Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726; se impusieron las costas del juicio a la actora vencida; y se difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art.23 de la ley 14.967.
Los fundamentos de la sentencia apelada, por razones de brevedad, se expondrán en la parte medular de este voto, donde brindaré las motivaciones de mi pronunciamiento.
V. La sentencia de grado fue apelada por el ejecutante, quien expresó sus agravios mediante el memorial de fecha 6/12/2021, donde brindó argumentos por los cuales no correspondería receptar la excepción de prescripción. Señalo el apelante que “la resolución ha hecho una evaluación parcial y antojadiza de los antecedentes aportados por esta parte para acreditar la existencia de actos interruptivos del período prescriptivo”. Aseveró que la prescripción es de interpretación restrictiva, y recaló en la documentación que acompañó al contestar la excepción de prescripción, a la cual aludí en el segundo párrafo del apartado II. Concluyó efectuando consideraciones jurídicas sobre el reconocimiento de obligaciones como acto interruptivo del curso de la prescripción liberatoria. Y, finalmente, citó jurisprudencia y doctrina en el sentido de que, tratándose de un mutuo hipotecario, se está en presencia de una deuda única que debe ser restituida en cuotas con vencimiento escalonado, por lo que la prescripción corre para cada una de las cuotas desde el momento en las mismas sean exigibles. Este memorial fue contestado por los demandados, quienes solicitaron la declaración de deserción del recurso de apelación, por entender que el mismo no satisface la carga técnica de fundamentación establecida en el art.260 del código de rito. Este planteo debe ser desestimado, puesto que -conforme reiterada jurisprudencia de este Tribunal- el escrito recursivo supera el umbral mínimo de admisibilidad que resulta exigible, por lo que en los desarrollos siguientes se procederá al examen de su procedencia (esta Sala, causa n°61.297, “Plan Rombo S.A. de Ahorro…”, sentencia del 29/12/2016, entre muchas otras).
Elevados los autos a esta instancia, emitió su dictamen el Señor Fiscal de Cámaras, tras lo cual se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado estos actuados en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. 1. Tal como lo puntualicé en el primer apartado del presente voto, el crédito reclamado por la parte actora reviste una considerable antigüedad, habiéndose otorgado la escritura hipotecaria el día 21/11/1996, en la cual se previó la devolución de la suma reprogramada en el plazo de diez años, a partir del mes de marzo de 1998, mediante el pago de nueve cuotas de capital, venciendo la primera de ellas el día 1/3/1998, y las restantes el mismo día de los años siguientes consecutivos (o sea en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006). Debo acotar en este punto que, tal como puede apreciarse prontamente, todas las cuotas del mutuo hipotecario se encontraban ampliamente vencidas al momento de promoverse la presente ejecución, por lo que carece de asidero la argumentación introducida en el memorial recursivo, en orden a la forma en que debe operar la prescripción de las cuotas de este tipo de operatorias (ver apartado V, primer párrafo).
Y en atención a que la demanda de autos recién fue promovida el día 8/5/2020, la parte ejecutante remarcó en ese escrito inicial que, el día 19 de abril de 2007 y luego en el año 2010, el demandado hizo sendas propuestas para reconducir la deuda, las que no fueron viables y por lo tanto no prosperaron. Pero destacó que “de acuerdo a dicha documentación la parte demandada ha reconocido la existencia de la deuda”, y así sostuvo que este reconocimiento por el deudor interrumpió el plazo de prescripción. De este modo, afirmó que este reconocimiento de deuda es el punto de partida de un nuevo plazo de prescripción.
2. A su turno, cuando los demandados opusieron la excepción de prescripción, negaron “que el reconocimiento de deuda que acompaña la actora se haya llevado a cabo el 19 de abril de 2007”, y sostuvieron: “Muy por el contrario el mismo se efectuó en fecha muy anterior”. Y seguidamente negaron “que el reconocimiento de deuda cuyo sello dice haber sido presentado el 21 de diciembre de 2009, lo fuera en esa fecha, cuando lo fue un año y medio antes del día indicado” (ver apartado II del escrito de fecha 24/8/2020).
Más adelante, invocaron los demandados el art.2537 del C.C.C.N., cuyo primer párrafo regula la modificación de los plazos de prescripción por ley posterior, y establece, como principio general, que “los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior”. Y dijeron los accionados que esta norma permite sostener que, por hallarse en curso el plazo decenal establecido en el art.4023 del Código Civil, al momento de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (1/8/2015), el crédito que se ejecuta en autos se encuentra sujeto a ese plazo de prescripción. Así puntualizaron que, aún admitiendo que el reconocimiento de deuda se haya concretado el día 21 de diciembre de 2009 -como resulta del sello fechador colocado en el reverso de la nota acompañada con la demanda-, la acción deducida en autos habría prescripto el día 21 de diciembre de 2019.
3. Pues bien, en la sentencia de la anterior instancia que ha llegado apelada a esta sede, puntualizó la juzgadora que “en relación al comienzo del cómputo del plazo de la prescripción entiendo que debemos partir desde el reconocimiento de deuda alegado por el actor, y que no fuera negado categóricamente por el ejecutado. Esto es, el del año 2009 (conforme documental acompañada por la actora al momento de contestar la excepción en análisis)”. Aquí debe aclararse que, en realidad, este documento ya había sido acompañado por la parte actora con el escrito de inicio de la ejecución hipotecaria, tal como lo destaqué en el cuarto párrafo del apartado I del presente voto. En definitiva, en la sentencia apelada se situó el momento inicial del plazo de prescripción en el día 21/12/2009, cuando el deudor presentó la segunda propuesta de pago y, por ende, reconoció la deuda; lo que implicó la interrupción del plazo de prescripción hasta entonces transcurrido, en virtud de lo establecido en el art.3989 del Código Civil.
4. En cuanto al plazo de prescripción, analizó la Jueza la cuestión de derecho transitorio que se plantea con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación el día 1/8/2015, que, como es sabido, redujo el plazo de prescripción decenal del art.4023 del Código Civil y lo estableció en cinco años (art.2560 del C.C.C.N.). Y esta temática fue bien resuelta en la sentencia apelada, al concluir la magistrada que en el caso en análisis debe aplicarse el plazo de diez años previsto en el art.4023 del Código Civil, en virtud de lo dispuesto por el citado art.2537 del C.C.C.N.
En efecto, según dispone este art.2537, cuando el plazo de la ley antigua -que se encuentra en curso- finaliza antes que el plazo establecido en la nueva ley -contado éste a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma-, se mantiene el plazo de la ley anterior. Según las expresiones vertidas por la doctrina, opera la ultraactividad de la ley derogada (Código Civil), cuando el plazo de prescripción establecido en la misma finalizó antes del que hubiera correspondido de aplicarse la nueva ley (Código Civil y Comercial de la Nación), computando este último a partir de la entrada en vigencia de esa nueva norma (1/8/2015) (conf. Santarelli, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, 3ª edición, Alterini Director General, tomo XI, pág.896). Pues bien, trayendo estos conceptos teóricos al caso en análisis y partiendo del momento inicial fijado en la sentencia apelada (21/12/2009), se concluye en que el plazo decenal de prescripción del art. 4023 del Código Civil se cumplió el día 21/12/2019, o sea, con anterioridad al que hubiera correspondido de aplicarse el plazo quinquenal del art.2560 del C.C.C.N., que habría comenzado a correr el día 1/8/2015 y tendría su vencimiento el día 1/8/2020 (ver también sobre esta temática, Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Santa Fe, 2015, págs.71, 72 y 75).
En consecuencia, resulta ajustado a derecho lo resuelto en la sentencia apelada, cuando decidió que en el caso de autos debe aplicarse el plazo decenal previsto en el derogado Código Civil, ya que el mismo finalizó el día 21/12/2019, o sea antes del que hubiera correspondido de aplicarse el plazo quinquenal establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación (que, como se vio, habría fenecido el día 1/8/2020). De esta manera, concluye sosteniendo -en forma acertada- la magistrada de la anterior instancia, que el crédito del actor prescribió en el año 2019 (el día 21/12/2019), es decir, un tiempo antes al de la demanda que dio inicio al presente juicio (8/5/2020).
5. Sólo resta abordar otra cuestión que la parte actora introdujo al contestar la excepción de prescripción (ver escrito del día 7/9/2020), cuando acompañó nueva documentación de la cual, en su parecer, surgirían hechos interruptivos del curso de la prescripción que habrían acaecido con posterioridad al momento inicial establecido en la sentencia recurrida (21/12/2009).
O sea que en procura de mantener vivo su derecho al cobro del crédito, dado que -como ya señalé- la demanda de autos recién se promovió el día 8/5/2020, el accionante Fideicomiso de Recuperación Crediticia hizo referencia a dos notas que, en la mesa de entradas de ese Fideicomiso, presentó el Estudio Corach & Asociados, quien se encontraba a cargo del caso. Y prosiguió expresando el ejecutante que, luego de la propuesta de pago presentada por el deudor en diciembre del año 2009, continuó recabando la información y documentación necesaria para analizar en profundidad la solicitud, y dar una respuesta al solicitante que, en el caso, fue negativa. De esta manera, recaló en la nota que le presentó el Estudio Corach & Asociados el día 23/9/2010, pretendiendo darle a este instrumento el carácter de hecho interruptivo del curso de la prescripción.
Mediante esta nota que el mencionado estudio le presentó al Fideicomiso de Recuperación Crediticia, el día 23/9/2010-, se limitó a remitir “INDICE DE TITULARES del deudor de referencia a los fines de evaluar la propuesta presentada oportunamente por el deudor antedicho”. Éste es el limitado alcance de la nota presentada por el Estudio Corach al Fideicomiso accionante, que, por supuesto, resulta enteramente ajena a los aquí demandados y que, por ende, no puede ser calificada como un hecho interruptivo de la prescripción liberatoria. Por lo demás, no ha sido acreditado -en modo alguno- que los deudores estuvieran en conocimiento de estos trámites internos cumplidos entre el acreedor y el estudio a cargo de la gestión de la deuda, que son posteriores a la propuesta de pago formalizada el día 21/12/2009; por lo que carecen de todo sustento las aseveraciones vertidas en este sentido por el accionante (art.163 inc.5 y 375 del C.P.C.C.).
También en este aspecto se muestra acertado el pronunciamiento apelado, cuando la Jueza de Grado puntualiza: “Lo que no corresponde tener presente, como pretende el actor, es tenerse en cuenta la fecha (23 de septiembre de 2010) en que ingresa la nota en la Mesa de Entradas por el Estudio que a esa fecha tenía a su cargo la gestión de la deuda, acompañando índice de titularidad del Sr. Vivarelli, por cuanto tal documento, claramente no se desprende del ejecutado” (lo destacado es propio).
O sea que en la sentencia apelada se abordó -expresamenteel análisis de esta documentación, siendo inaudible el planteo del apelante al sostener, en su memorial, que sobre este punto hubo una omisión de la juzgadora. En efecto, en la sentencia se dejó bien en claro que esta documentación no puede ser considerada, por cuanto resulta completamente ajena a los aquí ejecutados, ya que -como lo apunté- se encuentra referida a trámites internos que se habrían llevado a cabo entre el acreedor y el estudio a cargo de la gestión de la deuda. Al analizar el supuesto de interrupción de la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, previsto en el art.3989 del Código Civil, expresa Llambías que “se comprende fácilmente el fundamento de esta regla.
El reconocimiento importa confesión de la subsistencia del derecho del adversario, por lo que no puede darse un hecho más concluyente sobre la aniquilación del curso precedente de la obligación” (Conf. Tratado de Derecho Civil, Parte General, tomo II, n° 2144, pág.697). Y brindando un concepto muy explicativo sobre el carácter interruptivo del reconocimiento, señala López Herrera -con citas de Wayar y Colmo- que “es el acto jurídico unilateral en cuya virtud una persona, supuesto un previo y cuidadoso examen de la cuestión, acepta que, por causa legítima, es deudor” (Wayar, Obligaciones, tomo II, pág.681). Y agrega que “el reconocimiento del que habla el art.3989, CCiv., es el mismo que está reglamentado en los arts.718 a 722, CCiv.” (Tratado de la Prescripción Liberatoria, Bs.As. 2007, tomo I, pág.358; lo destacado es propio).
De allí que el reconocimiento debe emanar el mismo deudor, por lo que en modo alguno puede considerarse como hecho interruptivo del curso de la prescripción, a la nota que vengo analizando, la cual se corresponde con trámites internos realizados entre el Fideicomiso de Recuperación Crediticia y el Estudio Corach & Asociados. Bien expresa López Herrera, que “el reconocimiento es una causal de interrupción que se origina exclusivamente en la persona del deudor, pues su naturaleza jurídica es la de ser un acto jurídico unilateral emanado del deudor si es expreso, o bien un hecho jurídico si es tácito. Por ese carácter unilateral no necesita ser aceptado por el beneficiado” (ob. cit. págs.358 y 359).
Y en cuanto a los efectos de ese reconocimiento como interruptivo de la prescripción, manifiesta este mismo autor que “el reconocimiento como causal interruptiva tiene un efecto instantáneo y no duradero como la demanda o el proceso arbitral. Esto significa que el curso de la prescripción vuelve a correr a partir del momento en que tuvo lugar el acto jurídico de reconocimiento” (ob. cit. pág.360; lo destacado me pertenece).
En virtud de todo lo antedicho, debe confirmarse lo decidido en la sentencia de grado, cuando la magistrada descarta esta documentación allegada por la ejecutante, al señalar que la misma “claramente no se desprende del ejecutado”. Y si se recala en el memorial recursivo, puede observarse que la parte actora no ha formulado una crítica concreta y razonada sobre esta conclusión de la sentencia, sino que discurre sobre conceptos teóricos acerca del carácter restrictivo de la prescripción y del reconocimiento de obligaciones, y vuelve a explicar que la nota remitida al acreedor por el estudio a cargo de la gestión de la deuda, era “un elemento necesario para determinar la capacidad económica del deudor y en consecuencia la procedencia de la propuesta fuera de políticas que realizara”. Es indudable que se está ante argumentos insustanciales, puesto que, como bien lo expresa la Jueza de Grado, se trata de documentación no emanada de los deudores y, como tal, carente de todo efecto en orden a la cuestión que nos ocupa. Por lo demás, tal como ya lo señalé, no obra en la causa ningún elemento probatorio del que pudiera surgir que los deudores estaban en conocimiento de estos trámites internos de la institución acreedora, que, como tales, les resultaban completamente ajenos (arts.163 inc.5, 260, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
6. Por las consideraciones hasta aquí expuestas, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 9/11/2021, que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726, con costas a la actora vencida. Sólo resta señalar que la cuestión de la prescripción ha sido la única materia del recurso de apelación deducido por la parte actora, habiendo devenido firme la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el heredero de Federico Augusto Vivarelli.
Las costas de alzada deben imponerse al apelante que ha resultado vencido en el trámite recursivo (arts.68 y 556 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra.Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: Confirmar la sentencia apelada de fecha 9/11/2021, en todo lo que se resolvió y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada al apelante que ha resultado vencido en el trámite recursivo (arts.68 y 556 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra.Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A -
Azul, 20 de Septiembre de 2022.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 9/11/2021, en todo lo que se resolvió y ha sido materia de agravios; 2) Con costas de alzada al apelante que ha resultado vencido en el trámite recursivo (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); y 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia