Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 68.782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso que la ejecución sólo debe prosperar contra la sociedad de hecho, disponiendo que la condena también debe incluir a los socios de la misma;
2En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución contra “Guerrero Antonio Montoya Victor S.H.” y contra sus socios Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya, por el capital e intereses establecidos en la sentencia apelada, que en este aspecto no fue materia de agravio;
3Establecer que los socios de la sociedad de hecho responderán en forma mancomunada y por partes iguales, dado que en autos no se acreditó ningún supuesto de solidaridad previsto en el art.24 de la ley 19.550, según ley 26.994, sin contar con el beneficio de excusión previsto en el art.56 de esa misma ley;
4Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en esta sentencia, imponiéndolas en su totalidad a los condenados vencidos (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.);
5Imponer las costas de alzada a los condenados vencidos (arts.68 y 556 del Cód. Proc.);
6Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-68782-2022 "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GUERRERO MONTOYA VICTOR MODESTO SH Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Guerrero Montoya Víctor Modesto SH y otros s/ Cobro Ejecutivo” (causa n°68.782), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 6/12/2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. El Banco de la Provincia de Buenos Aires promovió cobro ejecutivo contra la sociedad de hecho “Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”, y contra los socios integrantes de la misma: Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya, a quienes les reclamó la suma de $ 956.504,51, con más intereses compensatorios, moratorios y punitorios desde el cierre de la cuenta corriente bancaria que sirve de base a la presente ejecución -el que fue formalizado el día 22/10/2019-.
Con la demanda se acompañó una certificación de saldo deudor de cuenta corriente, expedida con fecha 23/3/2021 y firmada por dos apoderados de la institución bancaria accionante. Mediante la misma se certificó que la cuenta corriente n° 3575/6, de titularidad de la sociedad de hecho “Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”, radicada en la unidad de negocios Villa Italia, se encuentra cerrada desde el día 22/10/2019, arrojando un saldo deudor a esa fecha de $ 956.504,51. Se hizo constar, asimismo, que dicho saldo deudor y la fecha de cierre han sido notificadas a la cuentacorrentista mediante carta documento de fecha 31/8/2020 (este envío postal también se allegó con la demanda). De acuerdo a la forma en que fue planteada la demanda, se libraron los pertinentes mandamientos de intimación de pago, embargo y citación de remate, que se dirigieron a la sociedad de hecho y a sus dos integrantes, habiendo sido diligenciados los tres mandamientos el día 22 de octubre de 2021 (ver constancias de la causa).
II. De esta manera se llegó al dictado de la sentencia de origen, que ha sido apelada por el apoderado del banco accionante, en la cual se rechazó la acción intentada contra Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya -socios de la sociedad de hecho-, y se mandó llevar adelante la ejecución únicamente contra “Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”, por el capital reclamado de $ 956.504,50, con más “el interés compensatorio que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, desde la notificación del cierre de la cuenta corriente (31/08/2020) y hasta la del efectivo pago, sujeto a liquidación”. Se dispuso, además, que “los intereses fijados se capitalizarán trimestralmente, atento a la índole de la obligación (art.1398 del CCCN)”. Al fundar el rechazo de la acción contra los socios de la sociedad de hecho, destacó el magistrado de la anterior instancia que la cuentacorrentista es la sociedad de hecho “Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”, por lo que no cabe hacer caso omiso de la legitimación pasiva que debe surgir del propio título reclamado. Y en función de ello, sentó la conclusión medular de su decisorio, al afirmar que “la persona jurídica resulta poseer una personalidad distinta a la de sus miembros, no surgiendo del instrumento reclamado la constancia de cierre de cuenta en relación a los socios y/o administradores demandados -Sr. Antonio Guerrero y Sr. Victor Modesto Montoya-, y no habiéndoseles notificado del cierre de la misma ni expedido documentación de cierre que haga eficacia ejecutiva a su respecto, en los términos del art.1403 y 1406 del CCCN., corresponde rechazar la acción a su respecto. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que les asiste a los socios en los términos del art.17 y ccdtes. de la ley 19.550”.
III. El banco ejecutante dedujo recurso de apelación contra la parcela del decisorio que rechazó la acción dirigida contra los socios de la sociedad de hecho, por lo que solicitó el acogimiento de esa acción, con la consiguiente revocación de la sentencia atacada en lo que ha sido materia de recurso (ver memorial de fecha 29/12/2021).
Entre otras consideraciones, señaló el apelante que “conforme la Ley de Sociedades Comerciales los socios y quienes contraten en nombre de la sociedad quedan solidariamente obligados por las operaciones sociales sin poder invocar el beneficio del art.56 L.S. ni otras limitaciones fundadas en el contrato social. Asimismo, el mismo art.56 L.S. establece que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios y puede ser ejecutada contra ellos”. Y agregó que “siendo que los efectos de la condena a la sociedad de hecho se extienden a todos los socios, es así que se ha demandado a unos y otros y notificados todos de la presente acción”.
Más adelante dijo el recurrente que “todo lo expuesto permite colegir que el acreedor puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos, la cuestión no se limita a la solidaridad sino a un aspecto procesal. Tal razonamiento conjuga con el art.56 de la L.S. que para proceder individualmente debe haber una condena contra la sociedad, y aquí demandada la sociedad y sus socios, encuentra cabida no sólo la intervención debida que garantiza el derecho de defensa de los mismos, sino que, además, mi mandante ha pedido la extensión de la sentencia a sus integrantes”.
Habiendo arribado las actuaciones a esta alzada se practicaron los pasos procesales de rigor y se realizó el sorteo de ley, habiendo quedado el expediente en condiciones de ser examinado a los fines del dictado de la presente sentencia.
IV. Corresponde señalar, en el inicio, que el apelante confunde el régimen legal que resulta aplicable en la especie, al hacer referencia a la solidaridad de los socios que contemplaba el derogado art.24 de la ley 19.550, el cual establecía, en su primer párrafo: “Los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del art.56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social”. En efecto, dada la fecha de la situación jurídica de autos, el presente litigio se encuentra sometido a la Ley General de Sociedades (ley 19.550 t.o. según ley 26.994), que se encuentra vigente desde el día 1/8/2015 (art.7 del C.C.C.N.).
El nuevo texto legal del art.24 de la Ley General de Sociedades, con la modificación introducida por la ley 26.994, presenta una sustancial innovación con respecto al régimen derogado, al haber establecido el siguiente régimen: “Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten:
1. De una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones; 2) De una estipulación del contrato social en los términos del art.22; 3) De las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales”. Tal como se puede apreciar, esta nueva norma dejó sin efecto el carácter solidario de las obligaciones de los socios por las operaciones sociales, que contemplaba el artículo derogado, consagrando como regla la responsabilidad mancomunada de los socios, aunque condicionada a estipulaciones determinadas y a las reglas comunes del tipo que las partes manifestaron adoptar y cuyos requisitos dejaron de cumplir (conf. Verón Alberto Víctor- Verón Teresita, Ley General de Sociedades y otros entes asociativos, actualizada, comentada y concordada, Bs. As., La Ley 2019, págs.49 y 50). Asimismo, el nuevo régimen ha dejado sin efecto la anterior denominación de “sociedades irregulares y de hecho”, las que ahora se denominan “sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2” (art.21 de la ley 19.550, según ley 26.994).
Esta trascendente modificación legal con relación al carácter de las obligaciones de los socios, ha sido criticada por autorizada doctrina, habiéndose sostenido, entre otros conceptos, que “esta nueva previsión no estará exenta de polémicas, toda vez que implica admitir, en determinados casos, un régimen particularmente benigno para sociedades que han omitido requisitos esenciales o que han incumplido formalidades legales propias del tipo, cuyos socios tendrán responsabilidad mancomunada y por partes iguales, mientras que los asociados integrantes de una entidad debidamente instrumentada y registrada, con todas las formalidades legales, tendrán una responsabilidad más agravada - por ejemplo, en el caso de sociedades colectivas-” (conf. Grispo, Ley General de Sociedades, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni 2017, tomo I, págs.219 a 223; lo destacado es propio). En similar sentido se expresa Nissen, quien se manifiesta en total desacuerdo con la reforma, aseverando que “la tradicional responsabilidad ilimitada, solidaria y no subsidiaria de los integrantes de las sociedades no constituidas regularmente -tanto civiles como comerciales- ha quedado reemplazada por una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales, que sin duda conduce a resultados incoherentes e injustos” (Ley de Sociedades Comerciales Comentada, Bs.As. La Ley 2017, págs..522 y sgtes.).
V. Incursionando en el análisis de la cuestión medular, cabe recordar que en el contrato de cuenta corriente bancaria objeto de este proceso, la cuentacorrentista es la sociedad de hecho “Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”, tal como fue puntualizado en la sentencia apelada y surge de la documentación allegada con la demanda (ver apartado II, primer párrafo, del pronunciamiento en examen).
Ahora bien, al fundamentar el rechazo de la demanda contra los socios de esa sociedad de hecho (Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya), sostuvo el Juez de grado que del instrumento reclamado no surge la constancia de cierre de cuenta en relación a ellos, “no habiéndoseles notificado del cierre de la misma ni expedido documentación de cierre que haga eficacia ejecutiva a su respecto, en los términos del arts.1403 y 1406 del CCCN”. Esta exigencia del decisorio recurrido no se compadece con el régimen legal aplicable, conforme lo pondré de resalto en los desarrollos siguientes.
En efecto, siendo que las partes del contrato de cuenta corriente bancaria son el banco accionante y la nombrada sociedad de hecho, y que el cierre de la cuenta se produjo por decisión unilateral del primero, lo cierto es que la emisión de la constancia de ese cierre de cuenta, la notificación del mismo y la expedición de la certificación con eficacia ejecutiva, sólo pudieron haberse realizado con relación a la firma cuentacorrentista (“Guerrero Antonio Montoya Victor Modesto S.H.”); sin que hubiera ninguna posibilidad de que tales actos se concretaran con relación a los socios de esa sociedad de hecho, que no son cuentacorrentistas y, naturalmente, no son parte integrante del contrato. Esta conclusión surge -con absoluta claridad- del art.1406 del C.C.C.N., según el cual: “Producido el cierre de una cuenta, e informado el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: a) el día de cierre de la cuenta; b) el saldo a dicha fecha; c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título” (lo destacado me pertenece).
En comentario a esta norma se puntualiza: “La entidad financiera crea, de este modo, un título con eficacia ejecutiva que se basta a sí mismo y que debe ser emitido en ocasión de la clausura de la cuenta corriente ya que en ese momento se determinará el saldo, tras la compensación de créditos y débitos. El documento por el cual se conforma el título en cuestión deberá indicar el día de cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha y el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. No sólo es imprescindible adjuntar el certificado, sino también la notificación fehaciente por la cual se ha notificado al cliente el cierre y el saldo deudor. El inciso c, del artículo 1406 exige la comunicación al cuentacorrentista del día de cierre de la cuenta y del saldo a dicha fecha (Cám. Nac. Com., Sala A, 29-7-2020, “Banco Credicoop”, RC J 4521/21). Ello permite concluir con la discusión que se había generado acerca de la necesidad de notificar o no al cliente bancario del cierre y la deuda generada” (conf. Lorenzetti, Tratado de los Contratos, Parte Especial, Santa Fe, Rubinzal Culzoni 2021, tomo III, págs.500 y 501; lo resaltado es propio). Sobre la comunicación al cuentacorrentista que prevé la citada norma, se ha señalado que “es una importante novedad relacionada con el deber de información de la entidad financiera” (conf. Di Chiazza, Contratos, Bs. As. Erreius, 2018, tomo II, págs.1601 a 1604).
De esta manera, ha quedado desarticulado el fundamento dado en la sentencia apelada en orden al rechazo de la acción contra los socios integrantes de la sociedad de hecho, los cuales deben quedar incluidos en la condena, tal como lo explicaré en el siguiente apartado.
VI. En este punto de la cuestión, es de aplicación el art.56 de la Ley General de Sociedades, según el cual, “la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa excusión de los bienes sociales, según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate”. Este artículo de la ley 19.550 se ha mantenido inalterado, no habiendo sido pasible de modificación por la ley 26.994.
En virtud de lo dispuesto en el citado art.56 de la LGS, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa excusión de los bienes sociales cuando corresponda según el tipo de sociedad de que se trate. De esta manera, como se señala en doctrina, “la ley exige que haya una sentencia dictada contra la sociedad, de modo que no puede intentar la ejecución de los bienes particulares de un socio quien se limita a constituir en mora a la sociedad o a citarla en juicio. Los acreedores tienen que haber obtenido antes, por lo menos, una sentencia de condena contra la sociedad” (conf. Verón- Verón, ob. cit., pág.131; lo destacado es propio). O sea que, al exigir la norma que haya una sentencia de condena contra la sociedad, la importancia del precepto legal parece radicar “en la innecesariedad de un nuevo juicio y sentencia contra los socios para poder cobrar la deuda, ahorrándose tiempo y costos procesales” (Verón-Verón, ob. cit., pág.130).
Se ha planteado en doctrina si es necesaria la citación a juicio de los socios, en los términos de los arts.90 y siguientes del Código Procesal. Desde una óptica se ha señalado que el mencionado art.56 debe armonizarse con los principios constitucionales que aseguran el derecho de defensa en juicio (conf. Farina, Tratado de sociedades comerciales, tomo I, pág.146). Pero esto ha sido puesto en tela de juicio por otro sector de la doctrina, según el cual, en aquellas sociedades en que los socios tienen comprometida su responsabilidad personal, éstos deben vigilar las actividades realizadas por los administradores u otros socios, máxime cuando se trata del ejercicio del derecho de defensa de la sociedad en sede judicial, cargando en caso contrario con las responsabilidades correspondientes (conf. Nissen, ob. cit. pág.661; ver también Cám. 2da. Civ. y Com. La Plata, Sala III, sentencia del 8/2/2007, TR LALEY AR/JUR/12048/2007, con nota de Salvatierra, Ejecución de sentencia contra integrantes de una sociedad de hecho no demandados y otras cuestiones, LLBA 2008 (junio), pág.474).
En el caso que nos ocupa no es necesario adentrarse en la cuestión esbozada en el párrafo precedente, puesto que los socios de la sociedad no constituida según los tipos legales, fueron expresamente demandados y citados a juicio -sin que hubieran comparecido al proceso-, garantizándoles el pleno ejercicio de su derecho de defensa (art.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). En consecuencia, no quedan dudas de que los socios deben quedar comprendidos en la condena dictada en autos, tal como lo vengo sosteniendo en el decurso del presente voto.
Sólo debe aclararse, finalmente, que más allá de la distinta redacción del art.24 de la LGS, que, a diferencia de la norma anterior, no hace alusión a la privación del beneficio de excusión del art.56, lo cierto es que en las sociedades reguladas en los arts.21 a 26 no es aplicable este beneficio, precisamente, porque no son tipos sociales sino una clase de sociedades no incluidas en el capítulo 2 de la Ley General de Sociedades (conf. Nissen, ob. cit. pág.661). En efecto, es posible advertir de la simple lectura del art.56, que la previa excusión de los bienes sociales se encuentra supeditada a que la misma “corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate”.
VII. En consecuencia, propongo adoptar la siguiente resolución: 1) Revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso que la ejecución sólo debe prosperar contra la sociedad de hecho, disponiendo que la condena también debe incluir a los socios de la misma; 2) En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución contra “Guerrero Antonio Montoya Victor S.H.” y contra sus socios Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya, por el capital e intereses establecidos en la sentencia apelada, que en este aspecto no fue materia de agravio; 3) Establecer que los socios de la sociedad de hecho responderán en forma mancomunada y por partes iguales, dado que en autos no se acreditó ningún supuesto de solidaridad previsto en el art.24 de la ley 19.550, según ley 26.994, sin contar con el beneficio de excusión previsto en el art.56 de esa misma ley; 4) Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en esta sentencia, imponiéndolas en su totalidad a los condenados vencidos (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.); 5) Imponer las costas de alzada a los condenados vencidos (arts.68 y 556 del Cód. Proc.);
6. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso que la ejecución sólo debe prosperar contra la sociedad de hecho, disponiendo que la condena también debe incluir a los socios de la misma; 2) En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución contra “Guerrero Antonio Montoya Victor S.H.” y contra sus socios Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya, por el capital e intereses establecidos en la sentencia apelada, que en este aspecto no fue materia de agravio; 3) Establecer que los socios de la sociedad de hecho responderán en forma mancomunada y por partes iguales, dado que en autos no se acreditó ningún supuesto de solidaridad previsto en el art.24 de la ley 19.550, según ley 26.994, sin contar con el beneficio de excusión previsto en el art.56 de esa misma ley; 4) Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en esta sentencia, imponiéndolas en su totalidad a los condenados vencidos (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.); 5) Imponer las costas de alzada a los condenados vencidos (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 15 de Diciembre de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada en cuanto dispuso que la ejecución sólo debe prosperar contra la sociedad de hecho, disponiendo que la condena también debe incluir a los socios de la misma; 2) En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución contra “Guerrero Antonio Montoya Victor S.H.” y contra sus socios Antonio Guerrero y Victor Modesto Montoya, por el capital e intereses establecidos en la sentencia apelada, que en este aspecto no fue materia de agravio; 3) Establecer que los socios de la sociedad de hecho responderán en forma mancomunada y por partes iguales, dado que en autos no se acreditó ningún supuesto de solidaridad previsto en el art.24 de la ley 19.550, según ley 26.994, sin contar con el beneficio de excusión previsto en el art.56 de esa misma ley; 4) Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en esta sentencia, imponiéndolas en su totalidad a los condenados vencidos (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.); 5) Imponer las costas de alzada a los condenados vencidos (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia