Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68.805
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada, en cuanto estableció la aplicación de la ley 10.620 a los fines de determinar la base regulatoria a utilizar para la regulación de honorarios del veedor designado en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la actora previo a la traba de Litis, y proceder conforme lo establecido en el Considerando III de la presente.
2Revocar la resolución apelada en cuanto determinó una base regulatoria única sobre la que debían regularse los honorarios de los profesionales intervinientes, como asimismo dejar sin efecto el monto de base regulatoria establecido de U$S 2.126.977,90.
3Disponer la determinación de bases regulatorias diversas según lo determinado en los Considerandos III y IV de la presente, teniendo en cuenta la intervención cumplida en autos por los distintos profesionales intervinientes, la naturaleza y etapas de la labor cumplida por cada profesional , el Pacto de Cuota Litis denunciado, el pedido de aplicación del art. 27 dec.ley 8904/77 y el pedido de regulación de honorarios mínimos en los casos en que así se haya solicitado (arts. 304 y 305 CPCC; arts. 944,948, 1627 y concs. del Cód. Civil; arts.7 y 772 del CCCN; arts. 1, 2, 3, 16, 21,25,27 inc. a),28 inc. a) y concs. dec-ley 8904/77); ello, sin perjuicio de dar intervención a la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires (art. 2° dec. ley cit.). …
Causa nº: 2-68805-2022 " DUPONT ROXANA VICTORIA C/SFERRA MARIA ALICIA S/ACCION DE PETICION DE HERENCIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los quince del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Dupont Roxana Victoria c/ Sferra María Teresa s/ Acción de petición de herencia" (causa n° 68.805), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi – Dr. Louge Emiliozzi – Dra. Carrasco Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos con fechas 16/02/2022 y 17/02/2022 contra la resolución de fecha 10/02/2022? 2ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I).La resolución de fecha 10/02/2022 que llega apelada a esta instancia, en lo que aquí interesa, resolvió que la base regulatoria correcta para las regulaciones de todos los profesionales intervinientes en autos, era la determinada en su liquidación de fecha 03/10/2021 y contestación de fecha 20/10/2021, efectuada por el perito veedor Pablo Antonio Mikkelsen, de U$S 2.126.977,90.; que, considerando la cotización de divisas extranjeras del sitio web del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, del último cierre de operaciones, de $ 111 por dólar estadounidense, arrojaba un importe total de $ 236.094.546, valor que determinó a los fines regulatorios de autos. Sin perjuicio de ello, agregó que, siguiendo lo resuelto por el Superior Tribunal en casos análogos, se tendrá en cuenta la intervención y la tarea realizada por el perito veedor y se procederá a regular honorarios según la siguiente pauta (cito abreviado):”…la determinación de la base económica del pleito no lleva aparejado que los honorarios del perito contador deban fijarse en función del monto total de los gananciales……..el profesional será retribuido en función de la que constituyó la labor encomendada y que fuera objeto concreto y específico de la tarea profesional (cfr. fs…),pues no puede perderse de vista que “los honorarios de los peritos y auxiliares de la justicia deben guardar relación con los fijados a favor de los letrados intervinientes en cada causa, pues su regulación debe adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los honorarios de los profesionales que han intervenido en la causa……).
II). Contra la citada resolución, interpusieron recurso de apelación el Sr. Gastón Carlos Martín Campagnolle por intermedio de su letrado apoderado Dr. Marcos A. Comparato (escrito de fecha 16/02/2022) y la Sra. María Alicia Sferra, por intermedio de sus letrados apoderados Dres. Jorge Ricardo Dames y Guillermo Daniel Dupleix (presentación de fecha 17/02/2022). Ambos recursos fueron concedidos en relación, por resolución de fecha 21/02/2022 y fundados con fechas 23/02/2022(Sferra) y 04/03/2022(Campagnolle).
Los agravios referidos por la co-demandada, Sra. María Alicia Sferra, se vinculan con la improcedencia de la fijación de una única base regulatoria para todos los profesionales intervinientes. Afirma que la resolución en crisis le ocasiona dos agravios diversos: por una parte, la fijación de una base regulatoria única para todos los profesionales, incluyendo en ese caso, al veedor; y por la otra, la determinación concreta de las tareas concretadas(sic) por el perito en función de los requerimientos del Juzgado, que deben evaluarse. Que en cuanto a la oportunidad, deben fijarse en un mismo momento, previa determinación de la base regulatoria. Recuerda que al tiempo de establecer la base regulatoria respecto al establecimiento de su mandante (y según lo establecido en el acuerdo post-sentencia entre Dupont y Sferra), arribó a una base regulatoria de $ 6.584.739.
Entiende que, a los fines de regular los honorarios del veedor, se debe considerar la trascendencia de su labor, la que consistió en vigilar e informar el estado de los bienes relictos del acervo sucesorio de Juan Pablo Campagnolle, el curso de la explotación de los mismos, entradas, gastos, y dar cuenta de toda irregularidad que advirtiere en la administración. En consecuencia, sostiene que la base regulatoria debe componerse por los ingresos obtenidos durante la veeduría con prescindencia del valor de los bienes, sin perjuicio de evaluar la importancia y complejidad de la labor desarrollada.
Agrega que, sin perjuicio de las consideraciones efectuadas al respecto en la resolución que fijó la base regulatoria según la propuesta del veedor del 03/10/2021, el monto es de tal envergadura que cualquier evaluación que se efectúe, por mínima y ajustada que fuere, resultará de marcada relevancia. En cuanto al segundo agravio y sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por el a quo siguiendo el criterio del Tribunal Superior, insiste en que se determine cuál fue la tarea atribuida al veedor y cuáles fueron los excesos del mismo exorbitando las funciones conferidas a fs. 92/93 y pretendiendo conferirle una dimensión absolutamente desproporcionada.
A todo evento, plantea la inconstitucionalidad de los artículos 168, 182, 207, 208, 211 y concordantes de la ley 10.620.
Por su parte, el apoderado del co-demandado Gastón Carlos Martín Campagnolle, en sentido concordante con la Sra. Sferra, sostiene que la base regulatoria en autos no es una sola, sino que, para la regulación de los honorarios del veedor, corresponde determinar una base regulatoria vinculada con la función asignada al mismo (fs. 95 y 361, según indica la resolución apelada). Que la designación fue además en el marco de una medida cautelar solicitada por la actora (Dupont), en una etapa inicial del proceso, previo al traslado de la demanda y con fundamento en el art. 227 del CPCC. Dice que el fallo atacado omite considerar la doctrina sentada por esta Sala en la Causa 62.776, “C., M.A. s/Petición de herencia”, del 05/06/2018, en la que se resolvió que, considerando que en la especie el veedor, con independencia de su profesión, se desempeña en el marco de un proceso judicial (petición de herencia), por lo que a los fines de establecer la base regulatoria resulta de aplicación la normativa del dec. Ley 8904/77, por analogía; y que si el art. 32 determina la aplicación-para el caso de los administradores- de la escala del art. 21 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración, con mayor razón se lo debe hacer para regular los de un veedor, cuyo quehacer resulta más pasivo o de menor importancia que los de un administrador.
Coincide también en que la aclaración del final del decisorio no impide el agravio, por cuanto- tal como lo señalara Sferra- el punto de partida (base regulatoria) es tan elevado que cualquier regulación aún por mínima en porcentuales que se establezca, resultará desproporcionada en relación a la función y actividad desarrollada en autos por el veedor.
En lo que refiere a la base regulatoria para fijar sus propios honorarios, el Dr. Comparato reitera que la intervención de su mandante en autos (Gastón Carlos Martín Campagnolle), se produjo en un estado inicial previo al traslado de demanda, habiendo desistido a su respecto el accionante previo acuerdo con anterioridad a la sustanciación del proceso; limitándose a intervenir en esa etapa del marco cautelar previo al juicio, a efectuar las observaciones a los informes del veedor en el marco de la medida cautelar. Por lo cual, a los efectos de su regulación, tampoco habrá de tenerse en cuenta la que resulte del valor de los bienes reclamados en la demanda, teniéndose en cuenta que las costas en el acuerdo con la actora fueron pactadas por su orden y que su actividad no resultó oficiosa en el presente proceso, que culminó respecto a su parte conforme el art. 304 CPCC, sin traslado de demanda.
Por todo lo cual no debe fijarse una base regulatoria única para todos los profesionales intervinientes.
Encontrándose cumplidos todos los pasos procesales, debidamente integrado el tribunal y sorteado el orden de votación, se encuentran estos autos en condiciones de dictar sentencia.
III) 1. En primer lugar, por razones metodológicas, se abordarán en forma conjunta –por resultar coincidentes- los agravios de ambos apelantes en lo que se refiere a la base regulatoria adoptada para la determinación de los honorarios del veedor, Cr. Pablo Antonio Mikkelsen, quien fuera designado a fin de que “vigile e informe al juzgado sobre el estado de los bienes relictos, curso de la explotación de los mismos, entradas y gastos y dar cuenta de toda irregularidad que advirtiere en la administración” (sic. fs. 92/93).
Para un mejor análisis de esta cuestión, cabe recordar que en el momento de la presentación de la demanda inicial, el apoderado de la actora solicitó medidas cautelares para preservar la parte del acervo sucesorio de su representada ante la inminencia de una partición en el juicio sucesorio del causante y solicitó, de manera expresa (fs. 66), la suspensión de estas actuaciones hasta tanto se dictase sentencia definitiva en los autos promovidos contra los mismos demandados, por reconocimiento de filiación. Fundó su petición en el hecho de contar con un estudio de ADN favorable, que debía ser convalidado por sentencia.
El Juzgado dictó medidas cautelares, que incluyeron la designación de un veedor, cargo que recaería en el Cdr. Mikkelsen, y luego citó a una audiencia (fs. 82, el 4/3/2008) a la que concurrieron los letrados de las partes sin arribar a acuerdo alguno.
Con posterioridad y previo a la traba de Litis, la actora y el Sr. Gastón Carlos María Campagnolle arribaron a un acuerdo en el juicio sucesorio del causante, el que fue denunciado a fs.186/ 187vta.conforme al cual “los alcances de la pretensión que resulta objeto ahora de la demanda consisten en la reducción del exceso recibido vía la disposición testamentaria por María Alicia Sferra y en tanto resulto perjudicada por mi calidad de heredera legítima pero omitida de Juan Carlos Campagnolle”. Luego, a solicitud del Juez interviniente (fs. 188), se procedió a adecuar la demanda, desistiéndose de toda pretensión y todo derecho contra el Sr. Campagnolle y de la acción de nulidad de la partición por ascendiente efectuada por el causante Juan Pablo Campagnolle. Readecuada la demanda exclusivamente contra la Sra. María Alicia Sferra, y trabada la Litis, ya no tuvo ninguna otra intervención el veedor designado.
Esta Sala –con diferente composición- resolvió que “A falta de una norma específica que establezca cómo ha de conformarse la base regulatoria para regular los honorarios del veedor, la doctrina señala que el administrador, el interventor y el veedor judicial resultan figuras similares, razón por la cual, por más que la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados de la Provincia de Buenos Aires no lo establezca, en forma análoga serán de aplicación sus normas arancelarias a tales supuestos…” (comentario al art. 32 del dec.-ley 8904; Hitters, Juan Manuel – Cairo, Silvina, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Lexis Nexis Argentina, 2007, pág. 391 y ss.). Siendo ello así, el art. 32 del dec.-Ley 8904 establece : “Para la regulación de los honorarios del administrador judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará la escala del art.21 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración, con prescindencia del valor de los bienes” (causa n°62.776, “C.M. A. c/ H. L. M. C. s/ Petición de herencia”, del 5/02/2018, citada por uno de los apelantes). Además, en dicho pronunciamiento, se dijo que “…si a fin de regular los honorarios del administrador la norma indica que debe prescindirse del valor de los bienes administrados, con más razón se lo debe hacer para regular los del veedor, cuyo quehacer resulta más pasivo o de menor importancia respecto que el del administrador. Por lo tanto, por aplicación analógica de dicha norma, a fin de establecer la base regulatoria para cuantificar la tarea del veedor, deberá tomarse el monto de los ingresos obtenidos durante la veeduría”.
Asimismo, destaco como particularidad, que se dijo en la citada sentencia, que la tarea del contador que había ejercido la veeduría a propuesta de las demandadas por ser su contador de confianza, no era propia de su profesión, porque también podía ser desempeñada por otro profesional. Motivo por el cual se declaró inaplicable al caso la ley 10.620, quedando así desplazado el planteo de inconstitucionalidad contra la misma (causa n°62.776, “C.M. A. c/ H. L. M. C. s/ Petición de herencia”, del 5/02/2018). En el caso de autos se da una situación similar, porque la veeduría podría haber sido desempeñada por otro profesional ( vgr. un ingeniero agrónomo o un veterinario, dado la índole de la explotación agropecuaria).
En otro precedente de la Sala I de este mismo Tribunal, en un supuesto diverso al que se plantea en autos (en el que se cuestionaba además de la base regulatoria, la real envergadura de la labor desarrollada por el veedor en el marco de una medida cautelar previa a la traba de Litis, ya que la contadora allí designada había desempeñado su veeduría respecto de dos personas jurídicas, con una muy compleja y extensa labor), también se dijo que resulta ajustado a derecho que los honorarios sean calculados sobre los ingresos brutos (aunque en ese supuesto no se apeló la resolución de primera instancia que había rechazado su inconstitucionalidad y tampoco se pidió que los honorarios fueran fijados sobre el valor de los bienes, como dice el art. 208 de la ley 10.620 aquí cuestionado)(Causa n° 63.062, “Indavere”, Sent. Int. del 03/05/2018, Sala I).
Considero que en el caso presente no resulta necesario abordar el planteo de inconstitucionalidad en forma expresa, pues la cuestión, además de haber sido resuelta hace más de veinte años por nuestra Suprema Corte, en fallo que a continuación me referiré, puede ser abordada y solucionada mediante el juego armónico de las normas aplicables, respetando la jerarquía de las mismas y el principio de proporcionalidad (arts.1 ,2, 3, 7, 1255 y concs. CCCN).
2. En la causa Ac. 60.072 (“Blanco, Gustavo Adolfo s/ Incidente Inconstitucionalidad ley 10.620 en autos “Berti Susana c/Grimaldi, Rubén. Daños y Perjuicios”, sent. 21-4-98), en dictamen que luego hará suyo la Suprema Corte (con primer voto del Dr. Hitters), ante los recursos extraordinarios conjuntos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley de la contadora Pública M. M. J., que se alzó contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, que a su vez había confirmado la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 199 y 207 en Primera Instancia, la Procuración General dijo lo siguiente: “….entiendo que corresponde aplicar al caso la doctrina que V.E. estableció en la causa L. 44.096 del 27-12-89, reiterada posteriormente (Ac. 44.241, sent. del 7-5-91, entre otros).A partir de dicha causa decidió que "El ordenamiento en general establecido por la ley 10.620, no debe aplicarse en cuanto concierne a la actuación de los contadores como auxiliares de justicia, desde que contiene en su articulado diversas disposiciones que contrarían el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y elementales garantías de raigambre constitucional tales como el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la jerarquía normativa etc., que -entre otros- consagran los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y arts. 9, 10 y 27 de la Carta local”. El Dr. Hitters, en su voto compartido por unanimidad, recordó otros fallos similares (Ac. 44.241, causa “Drije, Mariano”, publicado en: LA LEY1992-A, 152 - DJBA142, 1548 - DJ1992-1, 1011, Cita: TR LALEY AR/JUR/945/1991 sent. del 7-V-91 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-I-671, o "J.A.", 1992-II-126, o "El Derecho", 144-152, o "La Ley", 1992-A-152, o D.J.B.A., 142-124; Ac. 40.584, sent. del 11-VI-91 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-105; Ac. 46.332, sent. del 3-VIII-93), agregando que “…En este sentido se ha considerado -puntualmente- que resulta irrazonable, y lesiona garantías constitucionales, el sistema adoptado por la ley 10.620 (arts. 114, 181, 206, 207, 215, 217, 218 y 219) para la determinación del honorario del perito contador (arts. 16 y 17 de la Constitución nacional; 10 y 27 de la Constitución provincial; el subrayado no es del original).
De manera similar a lo resuelto por esta Sala en la causa n°62.776 cit., se han pronunciado otras Cámaras provinciales, bajo el paraguas de la doctrina del Superior Tribunal, pero sin necesidad de llegar a la declaración expresa de inconstitucionalidad de las normas específicamente atacadas en cada caso, de la ley 10.620; pues han considerado, particularmente luego de dictada la nueva Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores 14.967 y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1255, similar al anterior 1627 del Cód. Civil), que la ley 10.620 resulta inaplicable cuando se trata de regular honorarios a contadores que actúen como auxiliares de la justicia, como administradores, veedores o interventoresrecaudadores.
Así, por ejemplo, la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata, en el Expte. Nº 154053, ("Giménez María Laura C/ Guazzalli Mario Leonardo S/Medidas Precautorias", sent. del 22/9/2020), dijo que “….más allá de que la ley 10.620 modificada por la ley 13.750, establece una serie de pautas regulatorias para estimar los honorarios de los peritos contadores en su rol de auxiliares de justicia, lo cierto es que dicha normativa establece un sistema por demás gravoso para los justiciables, debiendo estimarse ….conforme las normas previstas en la ley arancelaria local destinada a los abogados y teniendo siempre como norte el aludido principio de proporcionalidad (este Tribunal, Sala II, c. 85089 Reg. 4044 28/9/2010; arg.CC0001 LZ c. 69943 Reg. 247/2012; CC0001 QL c. 5331 Reg. 14/2011). Resulta inaplicable el ordenamiento general establecido en la ley 10.620 en lo que concierne a la actuación de los contadores como auxiliares dela justicia, debiendo recurrirse para la estimación de sus emolumentos a los guarismos y pautas arancelarias dispuestas por el Dto. Ley 8904, debiendo meritarse el intrínseco valor de la labor cumplida, la responsabilidad comprometida en ella y, con mayor énfasis, la proporcionalidad que debe existir con los honorarios del resto de los profesionales actuantes (arts. 15, 16, 21 y ccdts. Dto. Ley 8904); (esta Sala c. 128049 Reg.328/2007; c. 132783 Reg. 805/2006; c. 123903 Reg. 120/2006; c. 109256, Reg.
113/2000; c. 80382 Reg. 916/91; Sala II c. 75733 Reg. 384/89; c.78979 Reg. 64/91y ots.).” (cita en igual sentido: (CC0001 QL c. 10225 Reg. 210/2008; c. 5331 Reg. 14/2011; c. 11473, Reg. 65/2009).
2. Por todo ello, este Tribunal entiende que corresponde dejar sin efecto la base regulatoria establecida en primera instancia y determinar la inaplicabilidad, para el caso concreto, de las disposiciones de la ley 10.620, estableciéndose que la base regulatoria estará compuesta por los ingresos obtenidos durante la veeduría con prescindencia del valor de los bienes, y que al monto de los ingresos obtenidos durante la veeduría deberá aplicarse la escala del art. 21 del dec.-ley 8904 (conf.art.32 del dec.-ley 8904, por analogía), reducida conforme el art.37 de la ley arancelaria, por cuanto la veeduría se estableció en el marco de una medida cautelar.
Ahora bien, considerando el desfasaje de los montos de dichos ingresos, dado el transcurso del tiempo y la inestabilidad económica producida en el lapso transcurrido, deberán actualizarse dichos ingresos al valor actual de los frutos agrícolas percibidos (art.772 CCCN).
En efecto, tal como lo tiene dicho nuestra Suprema Corte de Justicia a partir de los fallos C.120.536 “Vera” y C.121.134 “Nidera” en relación a la cuestión de los intereses, en que se diferenció la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes jurídicos implicados de la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos: “el matiz distintivo entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se está ante una operación matemática, mientras que la primera no consiste exactamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (conf. doctr. causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialga", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.; SCBA, causa n°C.123.271, “Brizuela, Rubén Matías c/Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I. y otros s/Daños y Perjuicios. Autom. c/Les.o Muerte (Exc.Estado)”, 31.03.21).
Analógicamente procede efectuar, en el particular caso de autos, el mismo justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncie el fallo que fije la nueva base , ya que, de igual manera que el art.27 de la Ley 14.967 prevé la estimación del valor de los bienes inmuebles sobre la valuación fiscal actualizada al momento en que se determine la base regulatoria, idéntico criterio corresponde adoptar para reflejar los valores actuales ,respecto de los frutos percibidos que por la presente deberán estimarse como base regulatoria.
Asimismo, se procederá a regular los honorarios respectivos, a cuyo efecto deberá tener incidencia proporcional con el honorario que se le fije al veedor, la importancia y complejidad de la labor desarrollada, el lapso de actuación, el resultado y trascendencia que tuvo en relación con el proceso, etc. (art.16, dec. ley 8904).
En la misma línea corresponde remarcar, como pauta orientativa, que la ley 14.967 ha introducido una sustancial modificación al art. 32 del decreto ley 8.904/77, incorporando la figura del veedor y disponiendo que para regular sus honorarios se aplicará el 50% de la escala establecida para los administradores (art. 32, ley 14.967). De manera similar, la legislación nacional sobre honorarios prescribe que al veedor deberá regularse el 30% de lo que correspondería al administrador (art. 16 LHPN; Hitters – Cairo, ob. cit., pág. 398). Sin perjuicio de no resultar aplicables al presente caso, utilizando las referidas normas como pauta hermenéutica, al veedor deberá regulársele entre un 30% y un 50% de lo que correspondería al administrador (conf. doctrina de la causa n° 62.776 cit.).
4. En consecuencia de lo expuesto y sin perjuicio de la doctrina citada de la Suprema Corte provincial, corresponde declarar abstracto el planteo introducido por la Sra. Sferra respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 168, 182, 207, 208, 211 y concordantes de la Ley 10.620, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en el apartado precedente, la citada normativa no resulta aplicable al caso de marras, sino la Ley de Aranceles Profesionales para Abogados y Procuradores vigente al tiempo de desarrollarse las tareas de veeduría (dec-ley 8904/77);( art. 32 ley 14.967 y arts. 1,2,3 y 1255 CCCN, aplicables como pauta hermenéutica).
IV). 1) Corresponde abordar ahora los agravios de los letrados apoderados de la demandada María Alicia Sferra, Dres. Jorge Ricardo Dames y Guillermo Daniel Dupleix, y del apoderado del Sr. Gastón C.M. Campagnolle, Dr. Marcos A. Comparato, en cuanto se refirieron a la base para regular sus propios honorarios y a la labor cumplida por cada uno de ellos.
Anticipo que los recursos habrán de prosperar, quedando revocada la base regulatoria única establecida en la sentencia en crisis, de U$S 2.126.977,90, también respecto de los letrados intervinientes.
Acerca de la fijación de la base regulatoria en un proceso, debe tenerse presente que “el monto del asunto a los fines arancelarios debe mesurarse en términos pecuniarios mediante el interés puesto en juego por las partes, pues éste constituye la base regulatoria” (Juan Manuel Hitters, Silvina Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Ed. Abeledo Perrot, Pág. 174).
Debe tenerse en consideración en el presente caso, dado sus singularidades, que no sólo correspondió determinar legítimas diversas - teniendo en cuenta al testamento del causante Juan Pablo Campagnolle (cfr. Exp. N° 52.345- Sucesorio referido-), sino la presentación inicial de una demanda, luego desistida parcialmente en cuanto a los sujetos y en cuanto a los montos reclamados. Además, que este desistimiento se produjo en etapa anterior a la traba de Litis, por lo que también deberán tenerse en cuenta las etapas cumplidas por cada profesional, la transacción denunciada que motivara el desistimiento parcial, y la posterior adecuación de la Litis, que se transformó en la demanda de fs. 208/216 que fue la que en definitiva prosperó mediante una condena favorable a las pretensiones de la actora, exclusivamente respecto a la porción de bienes de la herencia reclamados a la co-heredera Sra. María Alicia Sferra. Todo ello dará como consecuencia la necesidad de establecer bases regulatorias distintas para los letrados intervinientes por las distintas partes.
2. El apoderado de la Sra. Dupont, Dr. José Manuel Arpaia, no apeló el auto en revisión, sin perjuicio de que en su presentación de fecha 01/02/2022- encontrándose a estudio la resolución ahora apelada-, agregó en autos copias del convenio transaccional con el co-heredero Sr. Gastón C.M. Campagnolle, incorporado al juicio sucesorio de Juan Pablo Campagnolle, por el cuál la aquí actora aceptó la cesión de acciones y derechos hereditarios en la porción convenida con el co-heredero Campagnolle y se comprometió a desistir respecto de este último, de la totalidad de acciones y derechos reclamados en estos autos, lo que fue efectivizado en la presentación de fs. 186/187vto. (arts. 304 y 305 CPCC), que determinó la resolución de fs. 188 que dispuso adecuar los términos de la presente demanda.
Asimismo, en la misma presentación del 01/02/2022, el Dr. Arpaia agregó copia del Pacto de Cuota Litis celebrado con anterioridad y por escrito con su clienta Sra. Roxana Victoria Dupont, con firmas certificadas ante Escribano Público y su ulterior modificación en cuanto al porcentual (reducido al 33%)( arts. 2 y 3 dec-ley 8904/77). De modo que al Dr. Arpaia, en relación a la porción reclamada en el primer escrito postulatorio al coheredero Gastón Carlos María Campagnolle y luego desistida, al igual que por la acción de nulidad de partición también desistida respecto de ambos futuros demandados, no corresponde regular honorarios, pues ha manifestado haberlos percibido con anterioridad en virtud de dicho pacto de cuota Litis, haciendo notar que en el primer convenio se estipularon costas por su orden y resultando la determinación judicial de honorarios subsidiaria a existencia de contrato escrito entre las partes (arts. 2 y 4 dec.-ley 8904, párr. primero).
Ello, sin perjuicio de las obligaciones del mismo en relación con el pago de aportes previsionales y demás cargas impositivas. A tales fines, (pago de aportes y obligaciones impositivas que pudieren corresponder), deberá considerarse que su labor en relación al coheredero Campagnolle-luego desistida, al igual que la demanda de nulidad de partición desistida respecto de ambos demandados- incluyó solamente la mitad de la primera etapa de las tres en que se divide el proceso contradictorio (art. 28 inc. a) dec. ley 8904/77) y el contenido de la pretensión estuvo determinado por las fracciones de campo denunciadas en el convenio de partes y en la presentación de fecha 23/9/2021 : dos lotes del Establecimiento “San José”, partida 088-008471, parcela 697-D y partida 088-000504-9-Parc. 704-NB), más la entrega en pesos del valor equivalente a U$S250.000 en plazo de varios años.
En virtud de dicho acuerdo, que constituyó el contenido o interés económico de la demanda desistida, la valuación fiscal de estos lotes de campo, actualizada de conformidad a los términos del art. 28 inc.a) LHP, con más la conversión a pesos al cambio oficial del Banco de la Nación Argentina (tipo vendedor) de los U$S 250.000 entregados en pesos en diversos pagos allí denunciados como efectivamente percibidos, constituirá la base regulatoria para satisfacer dichas cargas previsionales y las impositivas que pudieren corresponder y no hubiese sido obladas por el profesional actuante. Ello, en virtud de que el desistimiento no implicó la pérdida del juicio para la actora, como habitualmente es considerada esta figura a los fines arancelarios (SCBA, Ac. 66.102, sent. 3/6/97,” Banco Nacional de Desarrollo c/Ventura, Francisco Osvaldo y otro.
Cobro ordinario de fianzas solidarias”), sino que fue consecuencia directa del dictado de sentencia de reconocimiento de filiación a la actora en otro proceso y se plasmó en una transacción agregada al proceso sucesorio de Juan Pablo Campagnolle (Exp. Nro. 52.345- “Campagnolle Juan Pablo s/Sucesión testamentaria)…”; en trámite por ante el mismo juzgado).
Ello, sin perjuicio de dar vista a la Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores de esta provincia (arts. 1,2,3,16,19,21,22,25,27, 28 inc. a y concs. Dec. Ley 8904/77 y arts. 844, 853, 1627 y concs. del Cód. Civil).
3. Los apoderados de la Sra. Sferra, Dres. Dames y Dupleix, al expresar sus agravios sobre la base regulatoria a aplicar a los honorarios de los abogados, manifestaron que, según lo establecido en el acuerdo post sentencia entre la Sra. Dupont y la Sra. Sferra, se arribó a una base regulatoria de $ 6.584.739. Este importe surge de las valuaciones fiscales de ese momento, de los inmuebles cedidos a la Sra. Dupont como parte de su legítima, conforme a la sentencia y según la liquidación practicada por la actora con fecha 23/9/2021 ante el pedido del Juez de que las partes estimasen la base regulatoria, en cumplimiento de lo resuelto por esta Cámara con fecha 24/8/2021.
En la sentencia de esta Sala de fecha 05/02/2014 (fs. 498/510), que quedó firme luego de lo resuelto por la SCBA (29/3/2017) al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la demandada Sra. Sferra, se estableció que el monto que esta última debía entregar a la actora como complemento de su legítima, de acuerdo a los bienes que la demandada había recibido en el sucesorio de su difunto cónyuge Juan Pablo Campagnolle, era de U$S 376.399, que se cumpliría mediante la entrega de 367 Has. del Establecimiento “La Clemencia”, con más los frutos civiles percibidos por la Sra. Sferra desde la notificación de la demanda el 10/5/2011, cuyo pago posteriormente fue acordado por las partes con la entrega de 45 has. adicionales del mismo establecimiento, totalizando así 412 has., a lo que debe sumarse la cantidad de 10has. pactadas como honorarios del Dr. Arpaia (por condena en costas de la sentencia). En consecuencia y –se reitera-sin perjuicio del pacto de cuota Litis celebrado por el Dr. Arpaia con su clienta, a cuyo respecto en este caso sólo resta establecer el monto de las cargas previsionales e impositivas no satisfechas-, la base regulatoria del proceso finalizado entre Dupont y Sferra por sentencia de la SCBA de fecha 29/3/2017, constituida por el monto por el que prosperó la sentencia, conforme se indicara en el párrafo anterior, y no por el acuerdo ulterior (Hitters-Cairo, ob.cit, pg.290, ap.25.4.f.1), será la valuación fiscal actualizada conforme el procedimiento del art. 27 inc .a, en razón de haberlo así solicitado los letrados de la demandada condenada en costas. Ello, sin perjuicio de dar vista en oportunidad de regular los honorarios, a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. De Buenos Aires (art. 2°, arts. 16, 27 inc. a), 28 inc. a),31 y concs, , LHP 8904/77).)
4. Por su parte, el apoderado del Sr. Campagnolle, Dr. Marcos A. Comparato, se agravia en cuanto a la base estimada, la cual se ha fijado como única y en función del valor de todos los bienes demandados. En este sentido, el letrado manifiesta que las actividades por él desarrolladas en el marco del presente proceso no resultaron más que las observaciones a los informes del veedor en el marco cautelar y primigenio del juicio, por lo que no corresponde se determine a su respecto como base regulatoria la del valor de los bienes reclamados en la demanda, ya que no se pueden considerar dichas actuaciones como oficiosas en relación a la acción de petición de herencia, la que fue desistida respecto a su instituyente con anterioridad al traslado de la demanda. Que en todo caso, deberán considerarse dichas actuaciones sin contenido patrimonial ni relacionadas con el monto del juicio en el que ni su mandante ni el propio letrado participaron. Que tampoco debe tenerse en cuenta respecto a sus honorarios, el acuerdo transaccional (entre Sferra y Dupont), porque este proceso respecto a su parte no culminó en virtud del art. 308, sino del 304 y adicionalmente el art. 305 del CPCC.
Considero que le asiste parcialmente razón al apelante, pues efectivamente no tuvo ninguna actuación profesional en la Litis que concluyó con la sentencia de fs. 498/510. Ahora bien, aunque expresamente aclaró en sus presentaciones que no estaba trabada la litis, concurrió a la audiencia conciliatoria citada por el juez y posteriormente y en el marco de la medida cautelar de veeduría, efectuó observaciones a los informes presentados por el veedor. Es decir, que a los fines de su regulación de honorarios y sin perjuicio de su solicitud de que sean fijados como actuaciones sin contenido económico, deberá considerarse como base el monto de los ingresos informados por el veedor en su primer informe (reiterado varias veces ) en concepto de arrendamiento anual de los campos objeto de la veeduría, siempre en el marco de una medida cautelar ( art. 37 LHP).
Finalmente considero necesario aclarar, que el monto de U$S 2.126.977.30 que fue tomado por esta Sala en la sentencia de fs. 498/510 a fin de determinar el monto de la porción legítima que la Sra. Sferra debía integrar a la Sra. Dupont, no corresponde a una tasación realizada en estos autos sino, como allí se dijo, “ utilizando los valores que surgen de la pericia de tasación presentada en los autos de colación (causa nro. 54.805), tomados al año 2005”.
Por las consideraciones que anteceden, considero que corresponde y así lo propongo al acuerdo, revocar la resolución apelada en cuanto estableció una única base regulatoria para todos los profesionales y veedor intervinientes en autos, como asimismo el monto estimado de U$S 2.126.977,90, y proceder a fijar distintas bases regulatorias según las distintas actuaciones cumplidas en autos y teniendo en consideración el pacto de cuota litis denunciado por el Dr. José Manuel Arpaia y el pedido de regulación de honorarios de conformidad a las valuaciones fiscales de los bienes transmitidos conforme a la sentencia de fs.498/510;todo ello de conformidad a los Considerandos III y IV de la presente; como asimismo lo establecido en el Considerando II en lo que respecta a los honorarios del veedor.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Louge Emiliozzi y la Dra. Carrasco votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Longobardi dijo:
Atento lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, Corresponde: 1) Revocar la resolución apelada, en cuanto estableció la aplicación de la ley 10.620 a los fines de determinar la base regulatoria a utilizar para la regulación de honorarios del veedor designado en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la actora previo a la traba de Litis, y proceder conforme lo establecido en el Considerando III de la presente. 2)Revocar la resolución apelada en cuanto determinó una base regulatoria única sobre la que debían regularse los honorarios de los profesionales intervinientes, como asimismo dejar sin efecto el monto de base regulatoria establecido de U$S 2.126.977,90. 3)Disponer la determinación de bases regulatorias diversas según lo determinado en los Considerandos III y IV de la presente , teniendo en cuenta la intervención cumplida en autos por los distintos profesionales intervinientes, la naturaleza y etapas de la labor cumplida por cada profesional , el pacto de Cuota Litis denunciado, y el pedido de regulación de honorarios mínimos en los casos en que así se haya solicitado (arts. 304 y 305 CPCC; arts. 944, 948, 1627 y concs. del Cód. Civil; arts.7 y 772 del CCCN; arts. 1, 2, 3, 16, 21,25,27,28 inc. a) y concs. dec-ley 8904/77); sin perjuicio de dar intervención a la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires (art. 2° in fine dec.ley cit.). 4) Sin costas, atento que las cuestiones incidentales referidas a la base regulatoria y honorarios profesionales no generan costas. Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Louge Emiliozzi y la Dra. Carrasco votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Azul, 15 de Septiembre de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la resolución apelada, en cuanto estableció la aplicación de la ley 10.620 a los fines de determinar la base regulatoria a utilizar para la regulación de honorarios del veedor designado en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la actora previo a la traba de Litis, y proceder conforme lo establecido en el Considerando III de la presente. 2)Revocar la resolución apelada en cuanto determinó una base regulatoria única sobre la que debían regularse los honorarios de los profesionales intervinientes, como asimismo dejar sin efecto el monto de base regulatoria establecido de U$S 2.126.977,90. 3)Disponer la determinación de bases regulatorias diversas según lo determinado en los Considerandos III y IV de la presente, teniendo en cuenta la intervención cumplida en autos por los distintos profesionales intervinientes, la naturaleza y etapas de la labor cumplida por cada profesional , el Pacto de Cuota Litis denunciado, el pedido de aplicación del art. 27 dec.ley 8904/77 y el pedido de regulación de honorarios mínimos en los casos en que así se haya solicitado (arts. 304 y 305 CPCC; arts. 944,948, 1627 y concs. del Cód. Civil; arts.7 y 772 del CCCN; arts. 1, 2, 3, 16, 21,25,27 inc. a),28 inc. a) y concs. dec-ley 8904/77); ello, sin perjuicio de dar intervención a la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires (art. 2° dec. ley cit.). 4) Sin costas, atento que las cuestiones incidentales referidas a la base regulatoria y honorarios profesionales no generan costas.. Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia